Homicidio De Subcomisario Personal Policial Investigacion Policial Violacion De Derechos Humanos Responsabilidad Internacional Del Estado

JURISPRUDENCIA

 

 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO GUTIÉRREZ Y FAMILIA VS. ARGENTINA

SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el Caso Gutiérrez y familia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:

Diego García-Sayán, Presidente; Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez; Roberto F. Caldas, Juez; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 62 a 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

I.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

III. COMPETENCIA

IV. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO Y ACUERDO SOBRE REPARACIONES

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

B. Consideraciones de la Corte

V. CONSIDERACIONES PREVIAS

A. Determinación del marco fáctico

B. Sobre los alegados déficits estructurales

VI. PRUEBA

A. Prueba documental, testimonial y pericial

B. Admisión de la prueba

B.1. Admisión de la prueba documental

B.2. Admisión de las declaraciones y de los dictámenes periciales

VII. HECHOS

A. Etapa de instrucción y juicio oral (1994 a 1998)

A.1. Etapa de instrucción

A.2. Juicio oral

A.3. Recursos interpuestos con posterioridad al juicio oral

B. Otras investigaciones realizadas entre 1994 a 1998

B.1. Sumario Administrativo No. 808.998/94 Policía Bonaerense

B.2. Sumario Administrativo No. 357-18-000001/94 Policía Federal

B.3. Investigación de la Comisión Especial Investigadora del Congreso de la Nación

B.4. Causa No. 57.927, denuncia de apremios ilegales

C. Investigaciones iniciadas a partir del año 1998

C.1. Investigación disciplinaria

C.2. Investigación penal

VIII. FONDO

VIII-1 DERECHO A LA VIDA, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

B. Consideraciones de la Corte

VIII-2 DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

B. Consideraciones de la Corte

B.1. Omisiones en el seguimiento de líneas de investigación y en la recaudación de prueba

B.2 Irregularidades y obstaculizaciones dentro de las investigaciones y del proceso penal

B.3. Plazo razonable

B.4 Consecuencias de las deficiencias en la investigación de los hechos

B.5. Conclusiones

VIII-3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

B. Consideraciones de la Corte

IX. REPARACIONES

A. Parte lesionada

B. Obligación de investigar e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos relacionados con la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez

C. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición

C.1. Satisfacción

C.1.1. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas

C.1.2. Publicación y difusión de la Sentencia

C.1.3. Medidas de conservación y señalización del galpón y la comisaría donde ocurrieron los hechos

C.1.4. Establecimiento del “Día Nacional de Lucha contra el Narcotráfico”

C.2. Garantías de no repetición

C.2.1. Capacitación de funcionarios policiales

C.2.2. Regulación e implementación de mecanismos de control externos para las fuerzas policiales federales, mejoras a la capacidad de investigación del sistema de justicia, implementación de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires y de sistemas efectivos de protección de víctimas y testigos

D. Indemnización compensatoria

D.1. Daño material

D.1.1. Daño emergente

D.1.2. Pérdida de ingresos

D.1.3. Daño patrimonial familiar

D.2. Daño inmaterial

E. Costas y gastos

E.1. Argumentos de las partes

E.2. Consideraciones de la Corte

F. Otras medidas solicitadas

G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

X. PUNTOS RESOLUTIVOS

I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. El caso sometido a la Corte. - El 19 de agosto de 2011, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso de Jorge Omar Gutiérrez y familia contra la República Argentina (en adelante “el Estado” o “Argentina”). Según la Comisión, el caso se relaciona con “el asesinato del subcomisario Gutiérrez el 29 de agosto de 1994, quien se encontraba investigando un caso de corrupción posteriormente conocido como [el] ‘caso de la aduana paralela'[,] en el que se encontraban involucrados importantes empresarios y funcionarios gubernamentales de alta jerarquía”. Por los hechos materia del caso se habría abierto una investigación en el fuero penal ordinario, en la cual presuntamente “existieron deficiencias fundamentales”. Es así que, “[a]unque la investigación estuvo plagada [de] irregularidades y medidas de encubrimiento, y pese a la creación de una comisión especial establecida por la Cámara de Diputados [del Congreso de la Nación], el Estado no adoptó las medidas necesarias para aclarar los hechos y las correspondientes responsabilidades”. Por ello, después de “17 años de la ejecución del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez[,] aún no se t[endría] certeza de las circunstancias de su muerte ni se ha[bría] sancionado a persona alguna por los hechos”. Finalmente, la Comisión sostuvo que las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez y sus familiares persistirían como consecuencia de la alegada falta de investigación efectiva por parte de las autoridades judiciales “sobre la participación de agentes estatales en el asesinato del señor Gutiérrez”.

2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

a. Petición. – El 12 de mayo de 1999 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó la petición inicial, la cual fue ampliada por el CELS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y los señores Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez y Francisco Gutiérrez el 6 de octubre del mismo año.

b. Informe de admisibilidad. – El 20 de febrero de 2003 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de admisibilidad No. 1/03(1).

c. Informe de Fondo. – El 31 de marzo de 2011 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 63/11, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 63/11”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado:

c.1. Conclusiones. La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de:

- El derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez, y

- Los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de sus familiares Nilda del Valle Maldonado (su viuda), J. G. G., D. G. y M. V. G. (sus tres hijos) y Francisco Gutiérrez (su hermano).

c.2. Recomendaciones. En consecuencia, la Comisión hizo al Estado las siguientes recomendaciones:

- Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en los hechos relacionados con la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez;

- Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta respecto de las personas adscritas a los diferentes órganos estatales que han estado involucradas en las investigaciones y procesos llevados a cabo con ocasión de los hechos del presente caso, a fin de determinar la responsabilidad (administrativa, disciplinaria, penal o de otra índole que aplique) por las deficiencias en la investigación, procesamiento de los hechos y obstaculización, que ha derivado en la impunidad, y

- Reparar adecuadamente a los familiares de Jorge Omar Gutiérrez, por las violaciones de sus derechos humanos(2).

d. Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado de Argentina mediante comunicación de 19 de abril de 2011, otorgándosele un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. El 17 de junio de 2011 el Estado solicitó una prórroga para presentar información sobre los avances en la implementación de las mismas, que fue otorgada por el plazo de un mes, una vez finalizado, el 1 de agosto de 2011, el Estado presentó el informe requerido.

e. Sometimiento a la Corte. – El 19 de agosto de 2011, al considerar “que de la información aportada no resulta[ba] que el Estado h[ubiera] adoptado medidas concretas para cumplir con las recomendaciones del Informe de Fondo”, la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el mismo, “por la necesidad de obtención de justicia […]”. La Comisión designó como delegados a la entonces Comisionada Luz Patricia Mejía y a su entonces Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton, y como asesores legales a su Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y a Karla I. Quintana Osuna, Paulina Corominas y María Claudia Pulido, abogadas de la Secretaría Ejecutiva.

3. Solicitud de la Comisión Interamericana. - Con base en lo anterior, la Comisión solicitó al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional de Argentina por la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez, y los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de la víctima, en específico, de su viuda, Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez, de sus tres hijos, M. V., J. G. y D., todos de apellido G., y de su hermano, Francisco Gutiérrez. Adicionalmente, solicitó al Tribunal que ordenara al Estado determinadas medidas de reparación, las cuales se detallarán y analizarán en el Capítulo IX de esta Sentencia.

II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

4. Notificación al Estado y a los representantes. - El sometimiento del caso por parte de la Comisión Interamericana fue notificado al Estado y a los representantes de las presuntas víctimas el 26 de enero de 2012.

5. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. - El 26 de marzo de 2012 el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante, “los representantes de las presuntas víctimas”, “los representantes” o “el CELS”) remitió su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana. Sin embargo, incluyeron como presunta víctima de las afectaciones a los derechos contenidos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, a Nilda Gutiérrez, hermana de Jorge Omar Gutiérrez, quien no había sido incluida como presunta víctima por la Comisión en su Informe de Fondo. Finalmente, solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado diversas medidas de reparación.

6. Escrito de contestación. - El 27 de julio de 2012 el Estado presentó su escrito de contestación al escrito de sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “la contestación”). En dicho escrito Argentina manifestó “su voluntad de aceptar las conclusiones contenidas en el Informe de [F]ondo adoptado por la Comisión Interamericana […], como así también las consecuencias jurídicas que de ello se derivan”. Sin embargo, expresó que “rechaza[ba] aquellos pasajes del escrito de los representantes que intenta[ría]n identificar los hechos del caso con situaciones de índole sistemática o generalizada”. Asimismo, el Estado solicitó a la Corte que rechazara algunas de las pruebas ofrecidas por los representantes y presentó observaciones a las medidas de reparación solicitadas por éstos. El Estado designó como Agente titular al señor Alberto Javier Salgado y como Agentes alternos al señor Julio Cesar Ayala y la señora Andrea G. Gualde.

7. Observaciones al reconocimiento de responsabilidad. - El 28 septiembre de 2012 la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus observaciones al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado (supra párr. 6).

8. Audiencia pública y prueba. - Mediante Resolución de 20 de diciembre de 2012(3), el Presidente del Tribunal (en adelante, “el Presidente”) ordenó recibir mediante declaración jurada ante fedatario público (en adelante, “affidávit”), las declaraciones de cinco presuntas víctimas y el dictamen de ocho peritos, propuestos por los representantes. Asimismo, el Presidente convocó a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado a una audiencia pública a celebrarse los días 5 y 6 de febrero de 2013 para recibir la declaración de una presunta víctima y un dictamen pericial ofrecido por los representantes, así como para escuchar los alegatos finales orales de los representantes y del Estado, y las observaciones finales orales de la Comisión sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas.

9. Aplazamiento de la audiencia pública y presentación de un “Acuerdo sobre reparaciones”. - El 21 y 26 de diciembre de 2012 el Estado y los representantes, respectivamente, informaron a la Corte que habían dado “inicio a una instancia de diálogo en vista […] a consensuar una agenda de reparaciones”, por lo que solicitaron el aplazamiento de la audiencia pública convocada, así como la suspensión de los plazos para la producción y remisión de la prueba requerida en la Resolución del Presidente de 20 de diciembre de 2012 (supra párr. 8). De este modo, el 26 de diciembre de 2012 se informó que el Presidente había decidido suspender la celebración de la audiencia pública y los plazos establecidos en la referida Resolución de 20 de diciembre de 2012. El 12 de marzo de 2013 se informó a las partes y a la Comisión sobre los nuevos plazos para que el Estado formulara preguntas a los declarantes por affidávit, para la remisión de dichas declaraciones por parte de los representantes y para que el Estado presentara sus observaciones al respecto. El 12 de abril de 2013 se informó a las partes y a la Comisión que el Presidente había decido convocar a las partes a la celebración de la audiencia pública los días 21 y 22 de mayo de 2013. Ese mismo día se recibieron algunas de las declaraciones requeridas por affidávit mediante la Resolución del Presidente de 20 de diciembre de 2012. El 17 de mayo de 2013 Argentina remitió al Tribunal un “Acuerdo sobre reparaciones” celebrado entre los representantes de las víctimas y el Estado.

10. Audiencia pública. - La audiencia pública fue celebrada en la sede del Tribunal los días 21 y 22 de mayo de 2013, durante el 99º Período Ordinario de Sesiones de la Corte(4). Durante ésta, el Tribunal solicitó a las partes y a la Comisión la remisión de determinadas aclaraciones, información adicional y prueba para mejor resolver, al presentar sus alegatos y observaciones finales escritas.

11. Alegatos y observaciones finales escritos. - El 24 de junio de 2013 el Estado y los representantes remitieron sus respectivos alegatos finales escritos y la Comisión presentó sus observaciones finales escritas. El Estado y los representantes remitieron las aclaraciones solicitadas durante la audiencia pública, y los representantes presentaron la prueba para mejor resolver requerida (supra párr. 10), así como comprobantes de gastos y otra documentación. El 9 de julio de 2013 se solicitó al Estado la presentación del “cronograma de trabajos” mencionado en el “Acuerdo sobre reparaciones” de 17 de mayo de 2013 (supra párr. 9). El 16 de julio de 2013 el Estado señaló que, “una vez que la Corte dicte sentencia, todas las partes concernidas […] avanzarán en la elaboración de un cronograma de trabajo que contemple fechas aproximadas para la consecución de cada uno de [los] puntos” acordados.

12. Observaciones a la prueba remitida con los alegatos finales escritos e información solicitada. - El 31 de julio de 2013 los representantes remitieron sus observaciones a las aclaraciones, documentación y prueba para mejor resolver solicitada en la audiencia pública, y la Comisión solicitó una prórroga hasta el 6 de agosto de 2013 para la presentación de observaciones, la cual fue concedida. El 7 de agosto de 2013 y de manera extemporánea, la Comisión remitió sus observaciones.

13. Prueba para mejor resolver. - El 23 de agosto de 2013 la Corte requirió al Estado y los representantes la remisión de los códigos penal y procesal penal aplicables en las investigaciones realizadas por los hechos del caso. El 30 de agosto de 2013 los representantes explicaron que la información requerida se puede localizar en determinadas páginas web del Estado, y Argentina solicitó a la Corte una prórroga para tales efectos. Dicha prórroga venció el 9 de septiembre de 2013, sin embargo, el Estado no remitió la información requerida. El 16 de octubre de 2013 la Corte requirió a Argentina que informara, a más tardar el 22 de octubre de 2013, sobre el estado actual de la causa 5-10888-2, la cual, para el 30 de diciembre de 2009, se encontraba ante el Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata. El Estado solicitó una prórroga para la remisión de dicha información, por lo que se otorgó un plazo improrrogable hasta el 30 de octubre de 2013 a tales efectos. El 30 de octubre de 2013 el Estado remitió la información requerida y el 7 de noviembre de 2013 la Comisión y los representantes presentaron sus respectivas observaciones.

III. COMPETENCIA

14. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Argentina es Estado Parte de la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984 y reconoció la competencia contenciosa del Tribunal en esa misma fecha.

IV. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO Y ACUERDO SOBRE REPARACIONES

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

15. El Estado manifestó en su escrito de contestación “su voluntad de aceptar las conclusiones [y recomendaciones] contenidas en el Informe de [F]ondo adoptado por la Comisión Interamericana […], como así también las consecuencias jurídicas que de ello se derivan”. Para ello, sostuvo que “habría[n] elementos suficientes para tener por configurada la responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires en los hechos denunciados y, por ende, del Estado Nacional”. A su vez, el Estado tomó en cuenta “la circunstancia de que cabía con alto grado de verosimilitud, la posibilidad de que en la muerte de[l señor] Gutiérrez hubiesen estado envueltos agentes de la Policía Federal Argentina, esto es, funcionarios del gobierno federal”. No obstante, “rechaz[ó] aquellos pasajes del escrito de los representantes que intenta[rían] identificar los hechos del caso con situaciones de índole sistemática o generalizada”, y solicitó a la Corte “que se acote el objeto de discusión a las circunstancias concretas que llevaron a la muerte de[l señor] Guti[é]rrez y a la trama que se suscitó en materia de investigaciones de sus responsables”. En dicho escrito, el Estado tampoco reconoció a la señora Nilda Gutiérrez, hermana de Jorge Omar Gutiérrez, como víctima dentro del caso.

16. En cuanto a las reparaciones pecuniarias solicitadas por los representantes, Argentina solicitó a la Corte que las fije en equidad y teniendo en cuenta “los esfuerzos desplegados oportunamente” por el Estado, aun cuando éstos “no hayan arrojado los resultados integrales que el caso amerita”. Además, objetó algunas pretensiones realizadas por los representantes dentro de los rubros de “daño emergente”, “daño patrimonial familiar” y “lucro cesante”. En lo que se refiere a las medidas no pecuniarias solicitadas por los representantes, Argentina argumentó que “si bien se requieren medidas para el mejoramiento del funcionamiento institucional, su implementación excede[ría] el ámbito y consecuencias del presente caso”. Además, según el Estado, excedería la función de una sentencia “la fijación de metas específicas de políticas públicas que en definitiva deben ser discutidas y llevadas adelante por las autoridades elegidas en el marco de un sistema democrático […]”. Igualmente, señaló que “no es éste el ámbito adecuado para hacer un planteo” sobre el “desarrollo de mecanismos efectivos para el cumplimiento de decisiones de organismos internacionales de derechos humanos”.

17. El 17 de mayo de 2013 Argentina presentó un “Acuerdo sobre reparaciones” (en adelante “el Acuerdo”) celebrado con los representantes, el cual también contiene un reconocimiento de responsabilidad internacional, en los siguientes términos:

1) El Estado ratifica que, habiendo examinado el informe N° 63/11 a la luz de las constancias del caso, asume su responsabilidad internacional por la violación, en el caso en especie, de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana […], en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1(1) de la [misma], en perjuicio del señor Jorge Omar Gutiérrez y su grupo familiar especificado en el [e]scrito de [solicitudes, argumentos y p]ruebas.

2) A los efectos de especificar los alcances de la asunción de responsabilidad internacional del E[stado], se deja constancia de que conforme surge del Informe N° 63/11 y del [e]scrito de [s]olicitudes, [a]rgumentos y [p]ruebas […] de las víctimas, la investigación judicial de los hechos que derivaron en el homicidio de Jorge Omar Gutiérrez no fue sustanciada de conformidad con los estándares internacionales exigibles.

3) En tal sentido, y en atención a que las conclusiones que sobre el particular la […] Comisión Interamericana […] desarrolló en su informe N° 63/11 y las víctimas en su [escrito de solicitudes y argumentos], permitirían inferir que la autoridad de cosa juzgada conferida a la absolución de uno de los imputados por el homicidio de Jorge Omar Gutiérrez merecería ser calificada de ‘fraudulenta', las partes solicitan a la […] Corte que en su sentencia se pronuncie expresamente sobre este punto y sobre las consecuencias jurídicas que de ello se derivarían en orden a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en el marco de la Convención Americana […].

A su vez, en atención a las particularidades del caso, las partes requieren a la […] Corte que se expida sobre la inadmisibilidad de las disposiciones de prescripción para la investigación y sanción de los demás responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Jorge Omar Gutiérrez.

4) En cuanto al listado de víctimas presentado por los representantes en su [escrito de solicitudes y argumentos], el Estado acepta que se considere como tal a la señora Nilda Gutiérrez, hermana del señor Jorge Omar Gutiérrez.

5) A su vez, las partes se comprometen a realizar un seguimiento conjunto de los compromisos que por este medio se asumen respecto de las siguientes cuestiones:

a) El Estado Nacional se compromete a hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto de Jorge Omar Gutiérrez y sus familiares.

b) En honor a la memoria de Jorge Omar Gutiérrez, el Estado Nacional y la [P]rovincia de Buenos Aires se comprometen a adoptar medidas de conservación y señalización del galpón y la comisaría donde ocurrieron los hechos que originaron el presente caso.

c) El Estado Nacional y la [P]rovincia de Buenos Aires se comprometen a incluir el “Caso Gutiérrez” en las currículas de formación de las fuerzas de seguridad que actúan bajo su órbita.

d) El Estado Nacional se compromete a establecer el día 29 de agosto como ‘Día Nacional de Lucha contra el Narcotráfico'.

e) El Estado Nacional se compromete a llevar adelante junto con las autoridades de la [P]rovincia de Buenos [Aires] una estrategia de participación en el procedimiento judicial seguido contra [un presunto partícipe en la ejecución], así como en las investigaciones judiciales a los responsables del encubrimiento del asesinato de Jorge Omar Gutiérrez.

f) El Estado Nacional y la [P]rovincia de Buenos Aires se comprometen a la plena […] implementación de la Policía Judicial provincial, incluyendo la constitución de la Comisión de Seguimiento para su efectiva ejecución en la Legislatura Bonaerense. A su vez, se comprometen al establecimiento de un sistema efectivo de protección de víctimas y testigos.

g) El Estado Nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación se compromete a avanzar en la regulación e implementación de mecanismos de control externos sobre el accionar de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad federales y a avanzar en las acciones administrativas y sumariales pendientes sobre el personal de la Policía Federal Argentina a su cargo que hayan participado en el crimen, lo hayan encubierto o hayan entorpecido la investigación. En este marco, se estima conveniente que la Corte […] homologue esta agenda consensuada entre la parte peticionaria y el Estado argentino y su respectivo cronograma de trabajos. Este cronograma fue objeto de debate y tratamiento durante las reuniones realizadas con posterioridad al dictado del informe N° 63/11, en el marco de los contactos establecidos entre la parte peticionaria y todos los estamentos de Gobierno concernidos en el presente proceso (Gobierno de la Nación y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires).

6) Finalmente, las partes solicitan a la […] Corte […] que tenga a bien expedirse – conforme a lo establecido en el artículo 63 de la [Convención Americana] – sobre el alcance de las reparaciones a favor de las víctimas, las cuales deben incluir las garantías de satisfacción y medidas de no repetición, la indemnización por los daños materiales e inmateriales, sobre la base del principio de equidad, así como las costas y gastos incurridos en sede interna e internacional. […]

18. Es de destacar que, en forma concordante, en el transcurso de la audiencia pública el Estado reiteró los compromisos adquiridos en el mencionado Acuerdo y reconoció “la lucha incansable de la familia de Jorge Omar Gutiérrez [y] de sus representantes legales, el [CELS] y el doctor Luis Valenga, [en] ese camino hacia la búsqueda de justicia [, y…] la enorme paciencia, dignidad y fuerza moral que han tenido durante todo este proceso”. El Estado también expresó que no tenía “ninguna duda que la decisión que esta Corte adopte contribuirá de manera decisiva a que el manto de impunidad que cubre este caso desaparezca para siempre, para que los responsables del crimen [perpetrado en contra] de Jorge Omar Gutiérrez sean juzgados y debidamente sancionados, para que la familia de la víctima, a pesar de todo, alcance lo que todos anhelamos para este caso: verdad, justicia, reparación y […] memoria”.

19. La Comisión expresó su satisfacción por el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y por la disposición de las partes para efectuar el Acuerdo. Así, observó que “la controversia sobre los hechos, las violaciones, los familiares reconocidos como víctimas y la existencia correlativa de un deber de reparar a dichos familiares, ha cesado”. Sin perjuicio de ello, consideró “necesaria la emisión de una sentencia pormenorizada, […] para responder a los fines de la justicia interamericana, concretamente, el efecto reparador para la familia de Jorge Omar Gutiérrez y el esclarecimiento judicial de las violaciones sucedidas, pero además porque las partes y la Comisión han coincidido en solicitarle a la Corte un pronunciamiento que favorezca la implementación efectiva de las reparaciones”. En este sentido, señaló que “[la] determinación fáctica y la calificación jurídica adecuada de los hechos se encuentra inextricablemente relacionada con el alcance de la obligación de investigar y sancionar a los responsables y hacer cesar la impunidad en circunstancias procesales muy particulares en las que se encuentra la investigación a nivel interno”. Asimismo, destacó que el Acuerdo “incorpora una cláusula genérica sobre la aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana”, por tanto, “no excluye otras medidas de no repetición o de satisfacción que la Corte […] pudiera ordenar en el ejercicio de su competencia y de conformidad con los estándares interamericanos sobre la materia”.

20. Los representantes valoraron el reconocimiento de responsabilidad del Estado. No obstante, manifestaron que en su escrito de solicitudes y argumentos no había alegatos que intentaran identificar los hechos del caso con situaciones de índole sistemática, sino que habían señalado “déficits institucionales estructurales (del sistema de justicia provincial y del funcionamiento de las policías involucradas) que favorecieron las irregularidades y maniobras que permitieron, consagraron y perpetuaron hasta el día de hoy, el encubrimiento corporativo y la impunidad del homicidio cometido por agentes del [E]stado involucrados en una red criminal”. Sobre este punto, argumentaron que “[l]o que el Estado pretende[ría] desconocer es justamente esta dimensión del caso, vinculada directamente a las violaciones alegadas y a las medidas de no repetición solicitadas”. Difirieron, además, con la postura del Estado en cuanto a que “medidas que tiendan a revertir ciertos elementos - aunque ellos provengan de limitaciones normativas o prácticas institucionales que requieran medidas de amplio alcance - no puedan ser dictadas en un […] caso concreto litigioso”. Por otro lado, los representantes reiteraron sus solicitudes pecuniarias y expresaron que estaban “convencid[o]s de la validez de [sus] exigencias”. Adicionalmente, en sus alegatos finales escritos, los representantes destacaron que las partes suscribieron el Acuerdo bajo el entendimiento de que contribuirían de esta manera con la labor del Tribunal al avanzar en la identificación de algunas medidas “que corresponde que se adopten en el camino de la reparación integral”, es decir, “el [A]cuerdo no se pretende exhaustivo en cuanto a las reparaciones que han de determinarse en el caso”. Por tal razón y haciendo referencia al artículo 63 de la Convención, en dicho Acuerdo las partes transmitieron “su voluntad de que el propio Tribunal establezca, además de las medidas ya acordadas, [las] reparaciones que considere que han de proceder”.

B. Consideraciones de la Corte

21. De conformidad con los artículos 62 a 64 del Reglamento(5) y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión que trasciende la voluntad de las partes(6), incumbe al Tribunal velar porque los actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano para la protección de los derechos humanos(7). En esta tarea no se limita únicamente a constatar, registrar o tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes(8), de manera tal que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido(9). En tal sentido, el reconocimiento no puede tener por consecuencia limitar, directa o indirectamente, el ejercicio de las facultades de la Corte de conocer el caso que le ha sido sometido(10)y decidir si, al respecto, hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención(11).

22. En lo que se refiere a los hechos del presente caso, la Corte constata que, al aceptar las conclusiones en el Informe de Fondo, el Estado señaló que “habría[n] elementos suficientes para tener por configurada la responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires” y, por ende, del Estado Nacional, y tomó en cuenta “la circunstancia de que cabía con alto grado de verosimilitud, la posibilidad de que en la muerte de[l señor] Gutiérrez hubiesen estado envueltos agentes de la Policía Federal”. Al respecto, la Corte considera que no ha quedado claramente determinado cuáles son los actos cometidos por agentes estatales que generaron la responsabilidad internacional reconocida por Argentina. En razón de lo anterior y, más aún, dado que la determinación amplia y puntual de los hechos ocurridos contribuye a la reparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos(12), la Corte estima necesario establecer los hechos que rodearon la muerte violenta del Subcomisario Gutiérrez y la investigación iniciada con motivo de la misma, a fin de precisar, en cuanto sea posible, la verdad de lo acontecido y determinar la responsabilidad del Estado que de ellos se deriva, así como las medidas para el restablecimiento del goce de los derechos conculcados y las reparaciones correspondientes.

23. Por otra parte, en cuanto a los alegatos de derecho dirimidos por las partes, la Corte nota que el Estado rechazó las partes del escrito de solicitudes y argumentos que identificarían los hechos del presente caso con situaciones de índole sistemática o generalizada. Por su parte, los representantes aclararon que sus alegatos se referirían a “déficits institucionales estructurales” del sistema de justicia provincial y del funcionamiento de las policías involucrados (supra párr. 20). La Corte considera que subsiste la controversia respecto de este punto, además, observa que los argumentos presentados por las partes se encuentran estrechamente vinculados con la delimitación del marco fáctico del caso, lo cual será analizado en el Capítulo de consideraciones previas.

24. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal constata que el Estado asumió su responsabilidad internacional por la violación del artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez, así como de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de su viuda, Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez(13), sus tres hijos, M. V., J. G. y O. D.(14), todos ellos de apellido G., y sus hermanos, Francisco Virgilio Gutiérrez y Nilda Elena Gutiérrez(15). La Corte decide aceptar el reconocimiento formulado por el Estado respecto de dichas violaciones y analizará el alcance de las mismas en los capítulos correspondientes.

25. Asimismo, mediante el Acuerdo, el Estado y los representantes solicitaron a la Corte que se pronuncie expresamente sobre la autoridad de cosa juzgada conferida a la absolución de uno de los imputados por el homicidio de Jorge Omar Gutiérrez, la cual, a su juicio, “merecería ser calificada de ‘fraudulenta'”, y sobre las consecuencias jurídicas que de ello se derivarían. De igual modo, solicitaron a la Corte que se refiere a la inadmisibilidad de las disposiciones de prescripción para la investigación y sanción de los demás responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Jorge Omar Gutiérrez. Al respecto, la Corte se referirá a dichas solicitudes en el capítulo correspondiente de esta Sentencia.

26. En cuanto a las reparaciones solicitadas, en el Acuerdo las partes consideraron “conveniente” que la Corte homologara la “agenda consensuada” entre ellas y “su respectivo cronograma de trabajos”. No obstante, una vez que se solicitó la presentación del cronograma referido, el Estado informó que las partes “avanzaron en el mencionado [A]cuerdo en sucesivas reuniones de trabajo, sin que ello implicase un cronograma detallado o puntal […]”, y que se estimaba “que una vez que la Corte dicte sentencia, todas las partes concernidas […] avanzarán en la elaboración de un cronograma de trabajo que contemple fechas aproximadas para la consecución de cada uno de [los] puntos” acordados (supra párrs. 11 y 17). Sobre este punto, la Corte constata que, no obstante la realización del Acuerdo mencionado, aún subsiste la controversia en relación con algunas medidas de reparación solicitadas y el alcance de las mismas (supra párrs. 16 y 17). Consecuentemente, el Tribunal resolverá lo conducente en el capítulo correspondiente tomando en cuenta el Acuerdo alcanzado.

27. Considerando lo expresado, la Corte valora positivamente la voluntad del Estado al manifestar un reconocimiento de responsabilidad internacional, por su trascendencia en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y que las partes hayan consentido en posibilitar un Acuerdo en materia de reparaciones. Asimismo, el Tribunal resalta el reconocimiento a la lucha de la familia de Jorge Omar Gutiérrez realizado por Argentina en la audiencia pública. Todas estas acciones constituyen una contribución positiva al desarrollo de este proceso y al pronto imperio de la justicia en este caso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención(16)y, en parte, a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos(17). Por ende, después de haber examinado dicho reconocimiento, y en vista de que las partes y la Comisión coinciden en la importancia de que el Tribunal se pronuncie al respecto, considera necesario dictar una Sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias en cuanto a las reparaciones(18).

V. CONSIDERACIONES PREVIAS

A. Determinación del marco fáctico

28. La Corte constata que, en su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes se refirieron a hechos que no fueron incluidos en el Informe de Fondo de la Comisión, relativos a las supuestas limitaciones en la legislación penal aplicable al caso para la participación de los familiares del señor Gutiérrez en las investigaciones iniciadas por su muerte(19).

29. Este Tribunal ha establecido que el marco fáctico del proceso se encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de Fondo sometidos a su consideración(20). En consecuencia, no es admisible que las partes aleguen nuevos hechos distintos de los contenidos en dicho Informe(21), sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que hayan sido mencionados en el mismo y hayan sido sometidos a consideración de la Corte(22). La excepción a este principio son los hechos que se califican como supervinientes, siempre que se encuentren ligados a los hechos del proceso(23). La Corte constata que los hechos referidos por los representantes no explican, aclaran o desestiman los incluidos en el Informe de Fondo, relativos a la muerte del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez y los actos y omisiones por parte de agentes estatales en las investigaciones iniciadas a raíz de este hecho. En consecuencia, la Corte no los tomará en cuenta en su decisión en el presente caso.

B. Sobre los alegados déficits estructurales

30. En su escrito de contestación, el Estado, “rechaz[ó] aquellos pasajes del escrito de los representantes que intenta[rían] identificar los hechos del caso con situaciones de índole sistemática o generalizada”. Por su parte, los representantes aclararon que en su escrito de solicitudes y argumentos no había alegatos que intentaran identificar los hechos del caso con situaciones de índole sistemática, sino que habían señalado “déficits institucionales estructurales (del sistema de justicia provincial y del funcionamiento de las policías involucradas) que favorecieron las irregularidades y maniobras que permitieron, consagraron y perpetuaron hasta el día de hoy, el encubrimiento corporativo y la impunidad del homicidio cometido por agentes del [E]stado involucrados en una red criminal”. Sobre este punto, argumentaron que “el Estado pretende[ría] desconocer es justamente esta dimensión del caso, vinculada directamente a las violaciones alegadas y a las medidas de no repetición solicitadas”.

31. La Corte constata que, en su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes incluyeron afirmaciones referentes a supuestos déficits estructurales en los sistemas judiciales y policiales encargados de la investigación de la muerte del Subcomisario Gutiérrez. No obstante, dichas afirmaciones no guardan relación con el debate ante la Comisión ni se refieren a hechos específicos que expliquen, aclaren o desestimen aquellos contenidos en el Informe de Fondo (supra párr. 2). Por lo tanto, la Corte no se pronunciará al respecto.

VI. PRUEBA

32. Con base en lo establecido en los artículos 46, 50, 57 y 58 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación(24), la Corte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, las declaraciones rendidas mediante affidávit y en la audiencia pública, así como las pruebas para mejor resolver solicitadas por la Corte. Para ello, este Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente(25).

A. Prueba documental, testimonial y pericial

33. El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión y por los representantes adjuntos a sus escritos principales, así como la prueba para mejor resolver solicitada por el Tribunal (supra párrs. 11 y 13). Asimismo, recibió las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por Francisco Virgilio Gutiérrez(26), Nilda Elena Gutiérrez(27), J. G. G., O. D. G.(28) y M. V. G.(29). De igual forma, recibió los dictámenes de los peritos Alejandro Rúa(30), Gabriel Eduardo Pérez Barberá(31), Luis María Chichizola(32) y Ricardo Favarotto(33). Asimismo, durante la audiencia pública la Corte recibió la declaración de Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez(34)y el dictamen del perito Alberto Binder(35).

B. Admisión de la prueba

B.1. Admisión de la prueba documental

34. En el presente caso, como en otros, el Tribunal admite aquellos documentos remitidos por las partes en la debida oportunidad procesal que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, exclusivamente en la medida en que son pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y eventuales consecuencias jurídicas(36). Asimismo, los documentos solicitados por la Corte en audiencia pública y con posterioridad a la misma que fueron aportados oportunamente por las partes(37), son incorporados al acervo probatorio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento.

35. Por otro lado, los representantes solicitaron que “se requi[riera] al Estado […] información precisa sobre la evolución del sueldo de un subcomisario [bonaerense…] a partir de 1994 […], detallando los salarios correspondientes […] hasta el […] de Comisario General”. Por su parte, el Estado alegó que dicha solicitud resultaba improcedente por tratarse de “una franca especulación”. La Comisión no se pronunció. La Corte considera que no es necesario requerir a Argentina la presentación de la documentación señalada, dado que no resulta indispensable, puesto que en el Acuerdo suscrito por las partes (supra párr. 17.6) se solicitó a la Corte que fijará “la indemnización por daños materiales e inmateriales, sobre la base del principio de equidad”.

36. En cuanto a las notas de prensa(38), este Tribunal ha considerado que podrán ser apreciadas cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso(39). El Tribunal decide admitir aquellos documentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar su fuente y fecha de publicación, y los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica.

37. Respecto a algunos documentos señalados por medio de enlaces electrónicos(40), la Corte ha establecido que, si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal porque es inmediatamente localizable por la Corte y por las otras partes(41). En este caso, no hubo oposición u observaciones de las partes ni de la Comisión sobre el contenido y autenticidad de tales documentos.

38. En relación con el libro “Maten a Gutiérrez, un crimen de la Aduana Paralela” presentado por los representantes, en el cual se señalan hechos relativos a este caso(42), la Corte considera que se trata de una obra escrita que contiene declaraciones o afirmaciones de sus autores para su difusión pública. En tal sentido, la valoración de sus contenidos no se encuentra sujeta a las formalidades requeridas para las pruebas testimoniales. No obstante, su valor probatorio dependerá de que corroboren o se refieran a aspectos relacionados con el caso concreto(43). Por lo anterior y dado que el Estado no ha impugnado el contenido de dicho libro, la Corte decide valorarlo tomando en cuenta el conjunto del acervo probatorio y aplicando las reglas de la sana crítica.

39. El Tribunal observa que los representantes remitieron con sus alegatos finales escritos, comprobantes de gastos de litigio relacionados con este caso. Al respecto, la Corte solamente admitirá aquellos comprobantes que se refieran a costas y gastos presuntamente incurridos con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos.

B.2. Admisión de las declaraciones y de los dictámenes periciales

40. La Corte estima pertinentes las declaraciones y los dictámenes periciales rendidos mediante affidávit y durante la audiencia pública, sólo en aquello que se ajuste al objeto que fue definido por el Presidente del Tribunal en la Resolución mediante la cual ordenó recibirlos (supra párr. 8) y al objeto del presente caso. Éstos serán valorados en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio. Asimismo, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias(44).

VII. HECHOS

41. El señor Jorge Omar Gutiérrez nació el 5 de noviembre de 1952 en la Capital Federal, Buenos Aires, Argentina(45). El 28 de junio de 1974 se casó con Nilda del Valle Maldonado, con quien tuvo tres hijos, a saber: J. G. G., O. D. G. y M. V. G.(46). El 1 de marzo de 1970 ejerció como Cadete de la Escuela Juan Vucetich de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y en agosto de 1994 prestaba sus servicios como Subcomisario de la Policía de Buenos Aires, en la Comisaria Número 2 de Avellaneda(47).

42. El 29 de agosto de 1994 el Subcomisario Gutiérrez, entonces de 41 años de edad, fue asesinado mediante un disparo en la nuca(48), mientras viajaba en un tren con dirección a la localidad de Quilmes, donde vivía con su esposa y sus tres hijos. Para el momento de su muerte, el señor Gutiérrez se encontraba investigando un “depósito fiscal […] lindante por la parte trasera a la Comisaría [Segunda] de [la] localidad [de Avellaneda]”. Tiempo después dicha investigación hizo parte de una serie de casos de corrupción, contrabando, fraude, narcotráfico y asociación ilícita de funcionarios públicos, entre otros, a nivel nacional, conocidos como el “caso de la aduana paralela”. Dicho caso se refirió a la existencia de “varias aduanas paralelas de diversos tamaños”, las cuales estaban compuestas por “diversas organizaciones que realiza[ba]n operaciones [ilícitas] a gran escala y c[ontaban…] con la complicidad de funcionarios de la administración e integrantes de los organismos de seguridad”(49), y que hicieron parte de “una profunda crisis institucional […] en los años 1994 a 1996” con las “disputas internas entre sectores [de] la Policía Federal y la [P]olicía bonaerense”(50).

43. El cuerpo sin vida del Subcomisario Gutiérrez fue encontrado el 29 de agosto de 1994 por un guarda del tren que viajaba como pasajero. El cuerpo del señor Gutiérrez estaba sentado en uno de los vagones del tren y junto a él se encontraba su maletín “abierto, y en el interior del mismo […] unos papeles, una agenda, y dos lapiceras negras”(51). El hallazgo fue informado al guarda en turno, quien al llegar el tren a la estación terminal de La Plata dio aviso al auxiliar de la estación de turno, el cual a su vez también dio aviso a la policía(52).

A. Etapa de instrucción y juicio oral (1994 a 1998)

44. El 29 de agosto de 1994 el Comisario Jorge Luis Piazza y tres agentes de la Seccional Segunda de Policía de La Plata, Provincia de Buenos Aires, se constituyeron en el lugar de los hechos. Durante dicha diligencia se dio aviso al Juez de turno del Departamento Judicial de La Plata y se dispuso la presencia del grupo SEIT (Servicio Especial de Investigaciones Técnicas) de la Provincia de Buenos Aires. Al cabo de unos minutos dicho personal se hizo presente con expertos en química pericial, balística, planimetría, fotografía, levantamiento de rastro y un médico forense, al igual que el Juez de turno, del Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 5 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, quien dispuso realizar las diligencias correspondientes por los peritos y, finalmente, el traslado de los restos para su posterior examen forense(53). La necropsia se realizó ese mismo día por un médico forense del SEIT(54).

A.1. Etapa de instrucción

45. El 29 de agosto de 1994 se inició la causa penal por el delito de homicidio con número de expediente 10.888 ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 5(55), bajo el Código Penal de la Nación Argentina (Ley 11.179 T.O. 1984 actualizado) y el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 3.589)(56). La investigación estuvo a cargo del Comisario Jorge Luis Piazza de la Comisaría Segunda de Policía de La Plata, Provincia de Buenos Aires, el cual recibió la colaboración de un grupo operativo de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata a cargo de un Oficial Inspector(57). Dentro de la investigación se identificó a dos testigos presenciales de los hechos, un señor y una señora, y se llevaron a cabo las siguientes diligencias, inter alia: a) entre el 30 agosto y 23 de septiembre de 1994 el Comisario a cargo de la investigación y el Juez instructor recibieron diversas declaraciones, entre otras, las de dos menores de edad que denunciaron haber prestado declaraciones testimoniales en las cuales habían implicado falsamente a dos “chicos” en el homicidio del Subcomisario Gutiérrez, bajo amenazas de policías federales(58); b) el 22 de septiembre de 1994 se realizó la reconstrucción de hechos ante el Juez instructor, con la colaboración del señor testigo presencial y la presencia del Comisario Piazza(59); c) el 22 de septiembre de 1994 se recibieron ante el Juez instructor, las declaraciones de los dos testigos presenciales de los hechos(60); d) el 24 de septiembre de 1994 dichos testigos presenciales participaron en diligencias de reconocimiento en rueda de personas ante el Comisario Piazza(61), y e) el 29 de septiembre de 1994 el señor testigo presencial ratificó el contenido del acta del reconocimiento en rueda de personas ante el Juez instructor(62). Por su parte, la señora testigo presencial manifestó que se encontraba “aterrada”, que “tem[ía] por su vida” y que “no se enc[ontraba] en estado anímico para desarrollar […] ningún acto”(63).

46. Concluidas dichas diligencias investigativas, se tuvo a un único imputado en autos, el cual era agente de la Policía Federal(64) perteneciente a la División Vigilancia Preventiva de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria(65) y quien para el 23 de septiembre de 1994 se encontraba a disposición del Juez instructor(66). Finalmente, se formuló acusación en su contra por el delito de homicidio calificado por alevosía, solicitándose la pena de reclusión perpetua más accesorias legales y costas(67).

A.2. Juicio oral

47. En juicio oral ante la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata, Provincia de Buenos Aires (en adelante “la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones”), se procesó al único imputado en autos por el delito de homicidio del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, bajo el número de expediente 85.714(68). En el marco del referido juicio oral, el 26 de mayo de 1995 se reconoció a Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez la calidad de particular damnificada(69), el 5 de noviembre de 1996 se realizó la reconstrucción de hechos(70) y el 11 y 12 de noviembre de 1996 se llevó a cabo la audiencia oral y pública(71).

48. El 15 de noviembre de 1996 la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones emitió su veredicto(72) y sentencia(73), mediante los cuales “absolvió libremente” al policía federal procesado en autos por el delito de homicidio que se le imputaba, “por no haberse probado la acusación Fiscal”, al encontrarse “una situación de duda insuperable que deb[ió] ser resuelta a favor del acusado”. Dentro del veredicto de absolución se hicieron, entre otras, las siguientes consideraciones: a) que no se acreditó que el imputado tuviera algún motivo para matar al Subcomisario Gutiérrez; b) que los reconocimientos en rueda de personas aparecían “sospechado[s] de señalamiento”, debido a que la señora y el señor testigos presenciales de los hechos señalaron que “realizaron reconocimientos sin rueda de personas y antes de la diligencia legal”; c) se descartó el testimonio del señor testigo presencial debido a que, entre otros, indicó “no haber visto de frente al autor del hecho”; d) que la señora testigo presencial habría “incurri[do] en contradicción” y en manifestaciones que “debilita[ron] su testimonio”; y e) se tomaron en cuenta los testimonios de la entonces compañera sentimental del policía federal procesado y la madre de ésta. A su vez, un Juez integrante de la Sala se refirió en términos generales a “la existencia de falencias investigativas” producidas en dicho caso(74). Así, la Sala Primera dispuso la libertad inmediata del policía federal procesado y devolvió los autos al Juzgado de origen para que se continuara con la investigación(75). Igualmente dispuso, entre otros, la remisión de las declaraciones de algunos testigos al Juzgado en lo Criminal y Correccional de turno, “a fin de que se investig[aran] las posibles irregularidades cometidas en el procedimiento […]”(76).

49. De la prueba presentada ante esta Corte se desprende que se formó una comisión investigadora en la Dirección de Investigaciones de Alta Complejidad y Criminalidad de la Policía bonaerense, que investigó la muerte del señor Gutiérrez(77).

A.3. Recursos interpuestos con posterioridad al juicio oral

50. En contra de la sentencia de 15 de noviembre de 1996 (supra párr. 48), el apoderado de la particular damnificada Nilda del Valle Maldonado interpuso los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad por nulidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal(78). El 20 de diciembre de 1996 la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones decidió “[n]o hacer lugar a los recursos”, dado que “el particular damnificado carec[ía] de atribuciones para interponer recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia”(79). En razón de ello, el apoderado de la particular damnificada interpuso un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires(80). El 22 de abril de 1997 dicho Tribunal declaró “bien denegado[s] los recursos extraordinarios interpuestos”(81). Contra este rechazo, el apoderado de la particular damnificada interpuso un recurso extraordinario federal en subsidio de los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, el cual fue concedido por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones el 28 de abril de 1998, remitiéndose lo actuado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación(82). El 12 de noviembre de 1998 dicho tribunal declaró “mal concedido el recurso extraordinario interpuesto”, dado que “no se dirige contra la sentencia dictada por el tribunal superior”(83).

B. Otras investigaciones realizadas entre 1994 a 1998

51. Debido a la muerte del Subcomisario Gutiérrez, se iniciaron y tramitaron de manera paralela a la instrucción, juicio oral, dictado de sentencia y recursos interpuestos (supra párrs. 44 a 50), tres investigaciones, a saber: (i) el Sumario Administrativo No. 808.998/94 Policía Bonaerense; (ii) el Sumario Administrativo No. 357-18-000001/94 Policía Federal, y (iii) la investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Además, se inició una causa penal en relación con las denuncias de “apremios ilegales” realizadas por los dos menores de edad ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 5 (supra párr. 45).

B.1. Sumario Administrativo No. 808.998/94 Policía Bonaerense

52. El 9 de septiembre de 1994 se inició en la Dirección de Sumarios Administrativos de la Policía Bonaerense el Sumario Administrativo No. 808.998/94. En éste, el 13 de septiembre de 1994 la Dirección General de Asuntos Judiciales de la Policía Bonaerense declaró “el fallecimiento del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez imputable al servicio ‘in-itinere'”(84). No obstante, en razón de la causa judicial incoada (supra párrs. 44 a 50), de la cual resultaba prima facie “que el mismo realizaba tareas de inteligencia”, el Interventor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto dicha decisión el 23 de marzo de 1998 y declaró “imputable al servicio el fallecimiento del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez”(85).

B.2. Sumario Administrativo No. 357-18-000001/94 Policía Federal

53. El 26 de septiembre de 1994 se instruyó en el Ministerio del Interior de la Policía Federal Argentina el Sumario Administrativo N° 357-18-000001/94, caratulado “Juzgar la conducta” por causa disciplinaria, en contra del policía federal procesado como presunto autor material del homicidio del señor Gutiérrez(86). El instructor de la investigación designado fue el Jefe de la División Vigilancia Preventiva de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria, por ser la dependencia en que prestaba servicios dicho policía federal(87) (supra párr. 46). Posteriormente, el 6 de octubre de 1994 se elevó la causa disciplinaria al Director General de Operaciones y Administración de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria(88). A su vez, éste remitió la instrucción al Jefe del Departamento de Investigaciones Administrativas(89), quien el 16 de noviembre de 1994 dispuso proseguir la instrucción en dicha dependencia(90).

54. Se desprende del expediente que dentro de este Sumario Administrativo se realizaron las siguientes diligencias investigativas, entre otras: a) de septiembre de 1994 a septiembre de 1995 se recibieron diversas declaraciones, entre ellas, la del señor testigo presencial de los hechos(91); b) se realizó citación a la señora testigo presencial, sin que se haya presentado a declarar(92); c) el 28 de septiembre de 1994 se solicitó a la Superintendencia de Personal e Instrucción los antecedentes disciplinarios del policial federal procesado(93), los cuales fueron remitidos el 6 de octubre de 1994(94); d) el 3 de octubre de 1994 se solicitó a la División de Despacho Superintendencia de Bienestar, la Planilla Individual de Deudas del policía federal investigado, la cual se recibió el 11 de octubre de 1994; e) el 14 de diciembre de 1994 se requirió al Jefe de la División Vigilancia Preventiva de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria que se detallara nómina de la totalidad de personal que integraba la Unidad Operativa juntamente con el policía federal investigado, el horario de dicha Brigada el 28 y 29 de agosto de 1994, y que se adjuntara copia del Libro Parte de Brigada, lo cual fue remitido el 20 de diciembre de 1994(95), y f) el 29 de junio de 1995 el policía federal investigado se reservó el aporte de elementos de prueba en su defensa, hasta que finalizara el juicio oral y público al que sería sometido(96).

55. El 2 de octubre de 1995 se decidió concluir la instrucción(97) y ese mismo día el Jefe del Departamento de Investigaciones Administrativas realizó el informe respectivo. En dicho informe opinó que debería sobreseerse provisionalmente la causa disciplinaria, “al no surgir en forma nítida responsabilidad […] en el orden administrativo y disciplinario”. El 29 de febrero de 1996 se realizó el acto de vista del sumario administrativo al policía federal investigado y el período de vistas reglamentarias finalizó el 15 de marzo de 1996, sin que éste expresara alegato de defensa alguno. Finalmente, la Dirección General de Personal dispuso sobreseer provisionalmente la causa administrativa(98).

B.3. Investigación de la Comisión Especial Investigadora del Congreso de la Nación

56. La Comisión Especial Investigadora de la probable comisión de hechos ilícitos perpetrados o producidos en la Administración Nacional de Aduanas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (en adelante “la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso” o “la Comisión Especial Investigadora”) inició su actividad “con el objetivo de investigar los ilícitos, determinar responsabilidades y proponer soluciones desde lo legislativo”. El 5 de noviembre de 1996 se realizó la primera reunión de dicha Comisión y el 26 de diciembre de 1996 ésta asumió conocimiento del homicidio del Subcomisario Gutiérrez(99). De enero a febrero de 1997 al menos veinte personas declararon ante la Comisión Especial Investigadora en relación con este caso, algunas de las cuales denunciaron haber falseado sus testimonios en la causa penal iniciada por dicho homicidio debido a las amenazas que recibieron por parte de policías federales y por particulares vinculados con el policía federal procesado(100). El 20 y 24 de febrero de 1997, “habiendo detectado posibles irregularidades referidas a la causa N° 85.714” mencionada, la Comisión Especial Investigadora remitió a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la cual se encontraba considerando un recurso de queja interpuesto por los particulares damnificados en relación con dicha absolución (supra párr. 50), las versiones taquigráficas de las reuniones que mantuvo como prueba “para ser consideradas en el expediente judicial”(101) y “a los efectos que sea considerada la posibilidad de la reapertura de dicha causa”(102). La Comisión Especial Investigadora emitió su Informe Final en noviembre de 1997. Como se señaló anteriormente (supra párr. 42), en dicho Informe Final la Comisión Especial Investigadora “pudo comprobar que el [S]ubcomisario Gutiérrez habría estado investigando a una asociación ilícita que presuntamente estaba integrada por miembros de las fuerzas de seguridad y que el depósito fiscal [que estaba investigando…] aparentemente funcionó por más de dos años sin su correspondiente habilitación”(103). Asimismo, estableció la existencia de “operaciones a gran escala [que] c[ontaban…], cada una de ellas[,] con la complicidad de funcionarios de la administración e integrantes de los organismos de seguridad”(104).

B.4. Causa No. 57.927, denuncia de apremios ilegales

57. El Juez instructor de la causa ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 5 iniciada en relación con el homicidio del señor Jorge Omar Gutiérrez (supra párr. 45), remitió las declaraciones de dos menores de edad presuntamente rendidas bajo amenaza en dependencias de la Policía Bonaerense y de la Policía Federal, al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción No. 32. En septiembre de 1994 se inició la causa No. 57.927 ante este último Juzgado bajo la carátula de apremios ilegales(105), la cual fue archivada por el Juez de instrucción a cargo de la investigación el 13 de marzo de 1995, en atención a que los menores “efect[uab]an una pobre descripción [de los oficiales que presuntamente los obligaron a declarar], con lo cual se v[io] imposibilitado el accionar de[l t]ribunal en procura de individualizar a los mismos”(106).

C. Investigaciones iniciadas a partir del año 1998

58. A partir del año 1998 se inició una investigación disciplinaria por las actuaciones realizadas por el Juez instructor de la causa No. 10.888 y se continuó con la investigación penal.

C.1. Investigación disciplinaria

59. Con base en las actuaciones llevadas a cabo por el Juez instructor durante la sustanciación de la causa No. 10.888 en el Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 5 de la ciudad de La Plata (supra párrs. 45 y 46), se inició una investigación disciplinaria en la Secretaría de Control Judicial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. El 12 de mayo de 2004 el Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rindió su informe, en el que concluyó, “[l]uego de la información sumaria dispuesta”, que “las irregularidades que pudo constatar fueron decisivas para el fracaso de la investigación”(107).

C.2. Investigación penal

60. Dado que en la sentencia de 15 de noviembre de 1996 la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones ordenó devolver los autos al Juzgado de origen para que se continuara con la investigación, una vez tramitados los recursos interpuestos con posterioridad al juicio oral (supra párr. 50), el 17 de diciembre de 1998 ingresó la causa 5-10888-2 al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, ya que el ex-Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 5 inicialmente encargado de la causa penal, fue incorporado a aquél Juzgado(108). Consta en el expediente que, en agosto de 2009, dicho tribunal se encontraba establecido como el Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata(109). En la causa penal mencionada, Nilda del Valle Maldonado y Francisco Gutiérrez participaron como particulares damnificados.

61. El 6 de mayo de 1999 el Oficial Inspector que colaboró en la investigación desde su inicio (supra párr. 45) aportó a la Jueza de la causa un escrito detallando presuntas obstaculizaciones en dicha investigación e identificando a una persona como partícipe en el homicidio(110). El 17 de abril de 2000 la Jueza de la causa decidió archivar el expediente(111). A su vez, el 17 y 24 de mayo de 2000 la particular damnificada presentó ante la Jueza de la causa un escrito, mediante el cual consideró necesario, entre otros, que “se reactiv[ara] la investigación en forma urgente, al menos respecto de [la persona identificada como partícipe en los hechos por el Oficial Inspector]”, y ofreció tres testimonios(112). En respuesta, el 5 de septiembre de 2000 la Jueza de la causa resolvió, entre otros, dejar sin efecto el archivo dispuesto y designó una audiencia para que prestaran declaración los testigos ofrecidos(113).

62. Posteriormente, en el marco de la investigación penal se realizaron las siguientes diligencias: a) la Jueza de la causa recibió diversas declaraciones entre el 21 de septiembre y 7 de diciembre de 2000, algunas de las cuales se referían a la participación en el homicidio del señor Gutiérrez del policía federal procesado, del presunto partícipe identificado y de otros agentes policiales, así como a presuntas obstaculizaciones en la investigación del mismo(114); b) una vez ordenado por la Jueza de la causa(115), se procedió al secuestro del libro de guardia en la Comisaria Segunda de Avellaneda y se realizó una pericia caligráfica a partes pertinentes de dicho documento. El 23 de octubre de 2000 el perito calígrafo oficial presentó su dictamen(116), y c) una vez ordenado por la Jueza de la causa(117), el 1 de diciembre de 2000 la Instructora Judicial y el Oficial Mayor del Juzgado comisionados acudieron a la Dirección Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora y a la Comisaría Segunda de Avellaneda a cumplir con el secuestro y sustracción de diversos documentos, dejando constancia de que obtuvieron resultados negativos en su búsqueda(118).

63. El 12 de julio(119) y 17 de septiembre de 2001(120) la Jueza de la causa solicitó al Fiscal General del Departamento Judicial de La Plata la designación de Instructores Judiciales de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires para continuar con la investigación. En respuesta, el 20 de septiembre de 2001(121) el Fiscal General informó que el Secretario de la Policía Judicial de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires no podía dar curso favorable al pedido debido a la falta de disponibilidad de los Instructores.

64. El 16 de septiembre de 2002 la particular damnificada pidió a la Jueza de la causa, entre otros, la designación de una comisión policial para poder llevar adelante la investigación del homicidio del Subcomisario Gutiérrez(122). El 2 de octubre de 2002 la Jueza de la causa solicitó al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la designación de una comisión policial para que continuara con la investigación, entre otros(123). En respuesta, se creó una Comisión Especial Investigadora del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires(124).

65. De la prueba presentada en este caso se desprende que, ante los Subcomisarios a cargo de dicha Comisión, se realizaron las siguientes diligencias: a) se recibieron diversas declaraciones entre el 20 de enero de 2003 y el 25 de marzo de 2004, una de las cuales denunció amenazas en contra de un testigo y otra de las cuales denunció la participación de un Comisario de la Policía bonaerense como quien “dio la orden” de ejecutar al Subcomisario Gutiérrez(125); b) el 26 de febrero de 2003 se procedió a adjuntar a la causa penal una nota periodística y un aviso fúnebre sobre el fallecimiento, el 24 de febrero de 2003, del Comisario Jorge Luis Piazza, cuya declaración había sido solicitada por la particular damnificada a la Jueza de la causa(126) y cuya muerte fue investigada como un homicidio(127); c) el 4 de abril de 2003 se realizó un acta policial en la Dirección Departamental de Investigaciones de Quilmes sobre la persona identificada como presunto partícipe en el homicidio del señor Gutiérrez(128), y d) el 14 de septiembre de 2004 el señor testigo presencial de los hechos y un vendedor ambulante participaron en una diligencia de reconocimiento en rueda de personas por fotografías ante la Jueza de la causa. Durante dicha diligencia identificaron al presunto partícipe en el homicidio(129), quien, según consta en el expediente, con anterioridad al homicidio del señor Jorge Omar Gutiérrez fue “Agente de Policía en la Comisaría de Avellaneda Cuarta” y posteriormente tuvo el nombramiento de “Aspirante Agente” de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mismo que fue revocado el 1 de octubre de 1981(130).

66. El 30 de septiembre de 2004(131) la Jueza de la causa nuevamente solicitó la designación de Instructores Judiciales de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires para la investigación del caso, por lo cual la Procuradora General designó dos instructores judiciales el 22 de octubre de 2004(132), los que remitieron a la Jueza de la causa sus actuaciones investigativas el 13 de septiembre de 2006(133).

67. El 28 de diciembre de 2006 la Jueza mencionada resolvió sobreseer provisionalmente la causa. En dicha decisión, se tomó en consideración que “muchas de las declaraciones testimoniales recepcionadas en es[a] sede y en las otras dependencias de instrucción, relacionaban al hecho en investigación al ex-detenido […], en contra del cual no se puede disponer diligencia procesal alguna por el principio ‘non bis in idem'”. También se tomó en cuenta que, “a pesar de las múltiples y minuciosas diligencias llevadas a cabo por los Instructores Judiciales, el personal judicial y por último los Instructores de la Policía Judicial de la Procuraduría General, no se ha[bía] podido determinar la participación de otros autores, encubridores o cómplices del hecho”(134). Dicha decisión fue apelada por la Agente Fiscal y por la particular damnificada. La apelación fue resuelta el 12 de noviembre de 2008(135) por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata (en adelante, “la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal”), la cual revocó el sobreseimiento dictado por considerar que, de las declaraciones testimoniales prestadas por el señor testigo presencial de los hechos y de un testigo vendedor ambulante, “se extra[ía]n indicios que permit[ía]n sospechar la intervención” de la persona identificada como presunto partícipe en el homicidio del señor Gutiérrez. El 31 de marzo de 2009 la Jueza de la causa se excusó para seguir interviniendo en el trámite de la investigación(136), pero dicha excusa fue rechazada el 7 de agosto de 2009 por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal(137).

68. El 18 de agosto de 2009 y con base en lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (supra párr. 67), la Jueza de la causa designó una audiencia a los fines de que la persona identificada como presunto partícipe en el homicidio del Subcomisario Gutiérrez y vinculado a la investigación (supra párr. 65) compareciera a prestar declaración informativa “en carácter de partícipe secundario”(138). Los particulares damnificados presentaron un recurso de apelación en contra de dicha decisión, debido a que, a diferencia de las declaraciones indagatorias, la presentación de una declaración informativa “no tiene efecto interruptivo ni suspensivo alguno [sobre el plazo de prescripción]” y porque, según estos, dicha decisión desatendía lo dispuesto por el tribunal de alzada(139). Dicho recurso fue concedido el 25 de agosto de 2009 por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, la cual ordenó que antes del 29 de agosto de ese año se convocara a la persona mencionada a prestar declaración indagatoria “como partícipe primario en el delito de homicidio calificado por alevosía del que resultara víctima Jorge Omar Gutiérrez”(140).

69. En cumplimiento de esta determinación, el 26 de agosto de 2009 la Jueza de la causa ordenó la detención del presunto partícipe y designó audiencia de indagatoria, “interrumpiendo así el curso de la prescripción en la causa”(141). Por su parte, el Defensor Oficial presentó una recusación en contra de la Jueza de la causa, la cual fue resuelta con lugar. No obstante, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal declaró competente a la Jueza(142), la que el 9 de septiembre de 2009 prorrogó el término para dictar el auto de prisión preventiva. El 18 de septiembre de 2009 la Jueza de la causa resolvió “[d]ecretar la libertad por falta de mérito [al detenido]”, “debiéndose proceder a [su] inmediata libertad”(143). Esta decisión fue apelada por el particular damnificado, quien ante la negativa de dicho medio recursivo también interpuso un recurso de queja, el cual fue negado el 6 de noviembre de 2009(144).

70. El 30 de diciembre de 2009 la Jueza mencionada resolvió sobreseer provisionalmente al presunto partícipe en el homicidio del señor Gutiérrez y ordenó “la averiguación del paradero” de los dos testigos presenciales de los hechos como “medida tendiente a la prosecución de la investigación”. En dicha decisión, consideró nuevamente que no era posible realizar diligencia alguna en relación con el policía federal procesado en atención al principio “non bis in ídem”, y que, “a pesar de las múltiples y minuciosas medidas dispuestas en autos, […] con relación al imputado […], no existe reunida la suficiente [prueba] para imputarle el hecho que se investiga”(145).

71. No obstante lo anterior, consta en el expediente que el 26 de agosto de 2011 el Juzgado de Garantías No. 5 remitió la causa No. S- 85.714(146) a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, y fue repartido a la Sala I de dicha institución el 30 de agosto de 2011(147). Posteriormente, una vez notificadas las partes, el 26 de septiembre de 2011 el particular damnificado presentó una petición de inconstitucionalidad de la ley 13.153(148). Adicionalmente, en el marco de dicha causa, el 29 de septiembre de 2011 dos de los jueces que integraban la Sala I resolvieron, mediante auto, excusarse del conocimiento del caso. El 8 de noviembre de 2011 los jueces restantes de la Sala I decidieron rechazar la excusa, y posteriormente la defensa del imputado interpuso un recurso de casación en contra de esta última decisión. Este recurso fue concedido el 12 de diciembre de 2011 y el 7 de junio de 2012 la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dio lugar a la excusación planteada. En razón de lo anterior, el 6 de agosto de 2012 se integró nuevamente la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, y el 13 de agosto de 2012 dicho tribunal recibió las actuaciones realizadas hasta el momento(149).

72. Respecto de la petición planteada por el particular damnificado, mediante resolución de 30 de agosto de 2012 la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal dispuso improcedente la declaración de inconstitucionalidad de la ley 13.153 y manifestó su incompetencia para intervenir en la sustanciación del juicio oral, por lo que se asignó la causa a la “Receptoría Penal de la Cámara de Apelación y Garantías” a fin de desinsacular un tribunal en lo criminal(150). El 3 de octubre de 2012 se concedió el recurso de casación interpuesto por el particular damnificado en contra de dicha resolución, y este recurso fue resuelto el 7 de mayo de 2013 por la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires(151). En contra del anterior pronunciamiento el particular damnificado interpuso recursos de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de la ley, los cuales fueron remitidos a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el 30 de mayo de 2013(152). Posteriormente, el 18 de junio de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó una resolución mediante la cual “acog[ió] parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el particular damnificado y orden[ó] que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal [del Departamento Judicial] de La Plata, llev[ara] a cabo el juicio oral y público del [presunto partícipe]” y desestimó por inadmisibles el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario de nulidad(153). En contra de dicha resolución los particulares damnificados interpusieron un recurso extraordinario federal. Finalmente, el 27 de septiembre de 2013 la Secretaría Penal de la Suprema Corte informó que el recurso extraordinario federal se encontraba en estudio para resolver sobre su admisibilidad(154).

VIII. FONDO

73. A la luz de lo dispuesto en el Capítulo IV sobre el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Argentina y el Acuerdo realizado por las partes, en este capítulo la Corte analizará, en particular respecto del deber de respetar y garantizar el derecho a la vida, en primer lugar, los hechos que constituyeron un incumplimiento por parte del Estado de su deber de respetar el derecho a la vida; en segundo lugar, aquéllos hechos que derivaron en un incumplimiento por parte de Argentina de su obligación de investigar de manera efectiva el homicidio del señor Jorge Omar Gutiérrez, a fin de garantizar su derecho a la vida y los derechos a las garantías y a la protección judicial de sus familiares, y finalmente, la vulneración del derecho a la integridad personal de estos últimos por los hechos acontecidos.

VIII-1. DERECHO A LA VIDA, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

74. La Comisión consideró, tomando en cuenta el acervo probatorio y los indicios de participación de agentes estatales, así como la falta de una investigación diligente por parte del Estado, que Argentina incumplió su obligación de respetar y proteger la vida de Jorge Omar Gutiérrez, en violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Al respecto, encontró que existían suficientes elementos de prueba, “tanto en el proceso penal, como en la investigación especial llevada a cabo por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados”, para confirmar la participación de agentes del Estado en la violación del derecho a la vida, lo cual generó la responsabilidad de Argentina por la vulneración del deber de respeto. Además, en el marco de la obligación de garantía, la Comisión señaló que la muerte del señor Gutiérrez aún se encuentra en la impunidad. También destacó que el Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados haría referencia a la relación existente entre la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez y el caso de la “aduana paralela”. Por su parte, los representantes coincidieron en términos generales con los argumentos presentados por la Comisión.

75. El Estado reconoció su responsabilidad por la violación del artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez, “atento a que no se ha logrado desvirtuar la posibilidad de que al menos un agente estatal haya tenido participación en [su] asesinato[, …] reconociendo que existe presunción de su efectiva participación […] y considerando las falencias habidas en torno a la identificación, investigación y sanción de los responsables […]”. Así, sostuvo que “cabía con alto grado de verosimilitud, la posibilidad de que en la muerte de[l Subcomisario] Gutiérrez hubiesen estado envueltos agentes de la Policía Federal Argentina […]”.

B. Consideraciones de la Corte

76. El Tribunal ha establecido que, de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella(155). Al respecto, la Corte ha sostenido que la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. Es así que en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal(156). Es un principio del Derecho Internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de cualquiera de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia(157) e independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana(158). A su vez, este Tribunal ha señalado que parte de la obligación general de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, es el deber específico de investigar los casos en que se aleguen violaciones de esos derechos; es decir, dicho deber surge del artículo 1.1 de la Convención en relación con el derecho que debe ser amparado, protegido o garantizado(159).

77. Asimismo, el Tribunal ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos(160).

78. Como se mencionó anteriormente (supra párr. 22), al reconocer su responsabilidad por la violación del artículo 4 de la Convención, el Estado no precisó claramente los actos perpetrados por agentes estatales que generaron dicha violación. De este modo, teniendo en cuenta los alegatos presentados por la Comisión y los representantes (supra párr. 74), en este capítulo la Corte analizará los hechos que derivaron en el incumplimiento por parte del Estado, de la obligación de respetar el derecho a la vida del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez. Al respecto, la Corte recuerda que, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención, no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, ni es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios(161). Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste(162), esto es, que ese hecho ilícito le sea atribuido(163) . En efecto, no corresponde a la Corte analizar las hipótesis de autoría manejadas durante la investigación de los hechos del presente caso y, en consecuencia, determinar responsabilidades individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos, sino evaluar las acciones u omisiones de agentes estatales, según la prueba presentada por las partes(164).

79. La Corte recuerda que los tribunales internacionales tienen amplias facultades para apreciar y valorar las pruebas, de acuerdo a la sana crítica, a las reglas de la lógica y con base en la experiencia, sin que deban adoptar una rígida determinación del quantum necesario para fundar un fallo(165), siendo esencial que el órgano jurisdiccional preste atención a las circunstancias del caso concreto y tenga en cuenta los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes(166). Ahora bien, el Tribunal ha establecido que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos(167). A su vez, la Corte no puede ignorar la gravedad especial que reviste la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio violaciones tales como las referidas en el presente caso. Por ello, debe aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de ello, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados(168).

80. El Tribunal observa que de la prueba presentada en este caso se desprenden una serie de indicios sobre la participación de agentes estatales en el homicidio del señor Gutiérrez, así como en la obstrucción de la investigación.

81. En primer lugar, durante la etapa de instrucción de la causa penal (supra párrs. 45 y 46), los días 14 y 22 septiembre de 1994, el señor y la señora testigos presenciales de los hechos declararon ante el Comisario a cargo de la investigación y el Juez instructor, que se encontraban a bordo del tren cuando ocurrió el homicidio del Subcomisario Gutiérrez y que fueron dos las personas que participaron en el mismo, respecto de las cuales proporcionaron sus descripciones. El señor testigo presencial sostuvo que a ambas personas las conocía y sabía que actuaban como policías, y la señora testigo presencial manifestó que una de dichas personas le expresó que eran policías y le mostró “la chapa”(169). A su vez, en diligencias de reconocimiento en rueda de personas de 24 de septiembre de 1994, ambos testigos identificaron a un policía federal(170) como uno de los supuestos autores del homicidio del Subcomisario Gutiérrez(171).

82. Más de cuatro meses después, en el marco de la causa disciplinaria del Sumario Administrativo en el Ministerio del Interior de la Policía Federal Argentina (supra párrs. 53 a 55), el 1 de febrero de 1995 el señor testigo presencial de los hechos modificó su declaración ante el instructor de la investigación, indicando, entre otros, que al ocurrir los hechos “realmente [….] no prestaba atención a lo que sucedía”, que vio “siempre de espaldas y de pie” al autor de los hechos, y que “fue solo un segundo cuando lo vio”. También refirió que con anterioridad a la diligencia de reconocimiento en rueda de personas le mostraron al policial federal procesado(172). Esta declaración fue ratificada por dicho testigo durante la audiencia oral y pública del juicio oral en contra del policía federal mencionado, ante la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones el 11 de noviembre de 1996 (supra párr. 47).

83. Aproximadamente tres meses después del dictado del veredicto y sentencia de 15 de noviembre de 1996 y ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (supra párr. 56), el señor testigo presencial de los hechos manifestó que habría sido obligado a cambiar sus declaraciones debido a que lo “agarr[ó] la Federal, [lo] lleva[ro]n detenido [a la dependencia en] Constitución y [le] emp[ezaron] a pegar, [l]e hicieron tortura psicológica [y l]e pusieron arma en la cabeza”, agregando que aún seguía amenazado(173). En el mismo sentido, en el marco de la causa penal, el 25 de marzo de 2004 manifestó ante el Subcomisario a cargo de la Comisión Especial Investigadora del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (supra párrs. 64 y 65): “lo que yo declaré en la Brigada de La Plata al principio es […] la verdad, después me agarró la Federal, me amenazó, me hicieron que me fusilaban, me apretaron que me iban a matar, por eso en el juicio dije lo que dije, la verdad de todo lo que sé es lo que dije en la [C]ámara de Diputados”. Explicó que “durante el [j]uicio [o]ral se vio obligado a dar una versión distinta a la realidad ya que fue amenazado [por] distintas personas a las que conocía como policías federales”, las cuales “también le decían qu[é] era lo que ten[í]a que declarar”. Sobre el contenido de la declaración que prestó en el Sumario Administrativo (supra párr. 54), manifestó “que la misma fue hecha bajo amenaza de muerte”(174).

84. En segundo lugar, de la prueba se desprende que, durante la audiencia del juicio oral ante la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (supra párr. 47), el 12 de noviembre de 1996 se llamó a declarar a la entonces compañera sentimental del policía federal procesado en autos, y a la madre de ésta. Posteriormente, ante la Comisión Especial Investigadora del Congreso de la Nación (supra párr. 56), la entonces suegra del policía federal procesado “reconoció haber falseado su declaración en la causa penal por haber recibido presiones de su ex yerno”(175). Además, declaró que después de que arrestaron al mencionado policía federal, el padre de éste fue “a buscar todas las armas que él tenía en la casa. Así que las armas [se] las llevó él”(176). Surge de la prueba que el 17 de febrero de 1997 esta testigo prestó declaración en los mismos términos ante la Comisaría Quinta de la Policía Federal(177).

85. En tercer lugar, el 17 de noviembre de 2000 el hermano de la entonces compañera sentimental del policía federal procesado declaró ante la Jueza de la causa que, el día de la muerte del Subcomisario Gutiérrez, aquél le expresó al llegar a su casa que “tuvimos que voltear a un pata”. Señaló, además, “[q]ue pasados unos días” el padre del policía federal procesado se llevó de su casa, junto con otras dos personas, “una caja de zapatos donde […] guardaba armas, revólveres y pistolas, algunas de ellas desarmadas”, y que en esa oportunidad fue amenazado por el padre de dicho policía federal para que declarara que éste se encontraba en su domicilio el día y hora de los hechos, lo cual se negó a hacer(178).

86. En cuarto lugar, consta en la prueba que durante la etapa de instrucción de la causa penal, dos menores de edad declararon el 18 de septiembre de 1994 ante el Comisario a cargo de la investigación (supra párr. 45), que habían prestado declaración testimonial en otras dependencias de la Policía Bonaerense y de la Policía Federal, en las cuales habían implicado falsamente a dos “chicos” en el homicidio del Subcomisario Gutiérrez. Al respecto, rectificaron dichas declaraciones y manifestaron que fueron obligados a prestarlas bajo “amenazas” por parte del personal de la “División Roca de la Policía Federal Argentina”, proporcionando los nombres con que los conocían y su descripción(179). Los dos menores de edad en la época de los hechos ratificaron dichas declaraciones ante la Comisión Especial Investigadora del Congreso de la Nación (supra párr. 56) y agregaron que fueron “golpeados” por el personal de la “División Roca” y que, luego de revelar la verdad de sus falsas confesiones, aún seguían amenazados(180).

87. En quinto lugar, en el marco de la causa penal, el 6 de mayo de 1999 el Oficial Inspector que colaboró en la investigación de la muerte violenta del señor Gutiérrez en 1994 presentó un escrito ante la Jueza de la causa describiendo, entre otros, una “serie de roces e incidentes entre la víctima […] y la custodia privada del gran depósito lindero a [la Comisaría Segunda de Avellaneda]”, resaltando que dicha custodia contaba con agentes y ex agentes de la Policía Federal Argentina(181). También sostuvo que: i) la noche del asesinato, el relevo del Subcomisario Gutiérrez habría llegado horas después de lo normal, aduciendo que había asistido a una boda que “en realidad nunca existió”; ii) la noche del homicidio, el chofer del móvil policial que trasladó al señor Gutiérrez decidió llevarlo hasta la estación de trenes de Avellaneda, aunque éste habría requerido ser llevado hasta su domicilio; iii) varios testimonios por parte de oficiales y suboficiales de la Policía Federal habrían prolongado el falseamiento deliberado de información sobre las funciones cumplidas habitualmente por el policía federal procesado a bordo de los trenes, y iv) habría encontrado algunas falsificaciones de “horarios que son de importancia” en el libro de guardia de la Comisaría Segunda de Avellaneda(182).

88. En sexto lugar, en el marco de la misma causa penal, el 24 de octubre de 2000 y el 24 de septiembre de 2003 un testigo que se encontraba detenido declaró que la orden para que se cometiera el homicidio del Subcomisario Gutiérrez fue desde por “quien para esa época era Comisario Inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y el motivo fue porque […] lo estaba investigando […] por el tema de la droga y en ese momento era uno de l[o]s m[á]s responsables del grupo que traficaba” (supra párrs. 62 y 65). Al respecto, explicó que dicho grupo estaba conformado por varios policías de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina. Asimismo, proporcionó el nombre de una tercera persona a quien identificó como “partícipe de ese trabajo”. Además, sostuvo que el policía federal procesado en la causa penal “formaba parte del grupo” y que fue “el autor material” del hecho(183).

89. Finalmente, como ya se señaló, a la fecha de su muerte, el señor Gutiérrez se encontraba investigando un depósito fiscal posteriormente vinculado con una serie de casos de corrupción, contrabando, fraude, narcotráfico y asociación ilícita de funcionarios públicos, entre otros, a nivel nacional, conocidos como el “caso de la aduana paralela” (supra párr. 42).

90. En vista del reconocimiento de responsabilidad efectuado por Argentina, la Corte considera razonable otorgar valor probatorio a la serie de indicios anteriormente analizados, en particular a aquellos derivados de los propios órganos estatales encargados de la investigación que no han sido desvirtuados. Dichos indicios permiten concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, así como en la obstrucción de la investigación. Al respecto, la Corte constata que el incumplimiento del deber de respeto de los derechos humanos reviste de especial seriedad al ser una violación directa de los mismos por parte de agentes del Estado.

91. Cabe señalar que, en este caso, el análisis sobre la obligación de llevar a cabo una investigación con la debida diligencia, bajo una tutela judicial efectiva y en cumplimiento del plazo razonable, se hace en el Capítulo VIII-2 relativo a los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el 1.1 del mismo instrumento.

92. En consecuencia, el Tribunal considera acreditado que la muerte del señor Jorge Omar Gutiérrez es atribuible al Estado, por lo que éste violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

VIII-2. DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

93. La Comisión señaló que las investigaciones judiciales en el presente caso “mostraron indicios de manipulación [y negligencia en el] recabo de la prueba, obstrucción de la justicia, y retardo procesal[,] aunado a la falta de debida diligencia en la investigación”(184), por lo que se ha vulnerado el derecho de los familiares del señor Jorge Omar Gutiérrez al “acceso a la justicia y a la verdad”. Según la Comisión, Argentina “no procuró de manera pronta y efectiva los medios de prueba que permitieran la identificación de los responsables, no obstante contar con la información brindada por los familiares de la víctima y con testigos presenciales de los hechos”. Por todo lo anterior, sostuvo que el Estado violó los artículos 8 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de Jorge Omar Gutiérrez.

94. Los representantes señalaron que “las autoridades argentinas encargadas de garantizar una respuesta judicial efectiva por el homicidio de Jorge Omar G[utiérrez](185) faltaron al deber de llevar a cabo una investigación y un proceso judicial serio que condu[jera] al enjuiciamiento y la sanción de los responsables. Esto[,] en clara afectación del derecho de los familiares de [aquél] a ser oídos dentro de un plazo razonable(186) y a tramitar sus acusaciones ante un tribunal independiente e imparcial”. En este sentido, indicaron que los familiares del señor Gutiérrez “se constituyeron en los principales impulsores de la investigación”, la cual estuvo signada por un fuerte encubrimiento corporativo de la Policía Federal Argentina con el apoyo de la Policía bonaerense que incluyó “graves amenazas, detenciones ilegales y torturas a testigos”, así como el asesinato del primer instructor judicial de la causa iniciada por la ejecución del señor Gutiérrez “días antes de que tuviera que ir a declarar por el homicidio [de este]”. Alegaron que, a su vez, el “poder judicial consagró la impunidad” al “llev[ar] adelante una investigación muy deficiente y plagada de irregularidades”, con “deliberada inacción”(187). Por todo lo anterior, los representantes alegaron que Argentina violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez y sus familiares.

95. El Estado “aceptó los términos del Informe de Fondo de la Comisión […] con respeto a los familiares de[l Subcomisario] Gutiérrez […] por la alegada violación de los derechos […] consagrados en los artículos […] 8 y 25 [de la Convención Americana,] en relación al artículo 1.1 del mencionado instrumento internacional”, ya que la investigación judicial del homicidio de Jorge Omar Gutiérrez “no fu[e] sustanciad[a] de conformidad con los estándares internacionales exigibles”.

B. Consideraciones de la Corte

96. A la luz del reconocimiento por parte de Argentina de la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales, en perjuicio de los familiares del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, la Corte se referirá a la falta de efectividad de las investigaciones y procesos realizados en relación con la ejecución extrajudicial de este, tomando en cuenta el deber de los actores estatales de actuar con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, de conformidad con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

97. La Corte ha establecido que, de conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25)(188), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1)(189), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)(190). Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables(191).

98. Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia reiterada que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares(192). La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos(193). La obligación referida se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”(194). Asimismo, la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención(195).

99. Por otro lado, esta Corte ha señalado que “el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”(196), y que “los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”, pues de lo contrario “se conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones”(197).

100. Esta Corte constató que, en el presente caso, el 29 de agosto de 1994 se inició una causa penal por el delito de homicidio ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 5 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Una vez finalizadas las investigaciones, se tuvo a un único imputado en autos, el cual era agente de la Policía Federal, y se formuló acusación en su contra por el delito de homicidio calificado por alevosía (supra párrs. 45 y 46). Los días 11 y 12 de noviembre de 1996 se llevó a cabo la audiencia oral y pública ante la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata, Provincia de Buenos Aires. El 15 de noviembre de 1996 dicha Sala emitió veredicto y sentencia absolviendo al imputado por considerar, entre otros, que la prueba aportada por la acusación no logró superar la duda razonable en cuanto a la autoría del delito, y devolviendo la causa al Juzgado de origen, el cual fue incorporado posteriormente al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. El 17 de diciembre de 1998 ingresó la causa 5-10888-2 a dicho Juzgado, y en ésta se identificó al que presuntamente acompañó al policía federal procesado en la ejecución extrajudicial, en calidad de partícipe, entre otras personas posiblemente involucradas en el homicidio. El 28 de diciembre de 2006 se sobreseyó provisionalmente la causa, decisión que fue apelada y revocada, y el 30 de diciembre de 2009 la Jueza de la causa sobreseyó provisionalmente y por segunda vez al presunto partícipe. No obstante lo anterior, consta en el expediente que el 26 de agosto de 2011 se remitió la causa No. S- 85.714 a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, la cual debe llevar a cabo el juicio oral y público del mencionado presunto partícipe, de conformidad con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de 18 de junio de 2013 (supra párrs. 44 a 50 y 60 a 72).

B.1. Omisiones en el seguimiento de líneas de investigación y en la recaudación de prueba

101. Esta Corte ha establecido que, en aras de garantizar su efectividad, en la investigación de violaciones a los derechos humanos se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación(198).

102. Como se señaló supra, no corresponde a la Corte analizar las hipótesis de autoría manejadas durante la investigación de los hechos y en consecuencia determinar responsabilidades individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos(199). No obstante, este Tribunal ha precisado que, cuando los “hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada deb[e] ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma, en particular de aquellas de las cuales se colige la participación de agentes estatales” (200).

103. Al respecto, primeramente la Corte constata que, con posterioridad a la absolución del policía federal procesado en el presente caso, el Juez a cargo de la instrucción de la causa penal fue sometido a una investigación por parte de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires por su actuación en la misma. Así, en el informe del Subprocurador presentado al Presidente de dicho tribunal se constató que “las irregularidades que [encontró] fueron decisivas para el fracaso de la investigación”. En dicho informe, el Subprocurador detalló las líneas de investigación que debieron ser profundizadas para la determinación del móvil del homicidio, entre otras, la “cuestión […del] depósito lindero a la Comisaría donde prestaba funciones [el señor Gutiérrez...]. En cuanto a la determinación del móvil y la posible vinculación entre el imputado […] y la víctima, tanto como la individualización del segundo participante del homicidio, […s]e critic[ó…] la falta de actividad investigativa en esta dirección […]”(201).

104. En el mismo sentido, la Corte constató que, durante la etapa de instrucción, se recopilaron los siguientes indicios respecto del móvil de la ejecución extrajudicial del Subcomisario Gutiérrez, entre otros: a) mediante declaración de 7 de septiembre de 1994 ante la Comisaría Segunda de La Plata (supra párr. 45), la señora Nilda del Valle Maldonado, esposa el señor Gutiérrez, señaló como hecho relevante que éste había concurrido al depósito fiscal mencionado y que, al recibir sus efectos personales luego de su muerte, le llamó la atención que el cofre de su esposo se encontraba abierto, ya que éste siempre lo mantenía bajo llave(202); b) mediante declaración de 18 de septiembre de 1994 ante la Comisaría Segunda de La Plata, un menor de edad denunció que había señalado falsamente a otros dos jóvenes por el homicidio del señor Gutiérrez ante la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía bonaerense y la División Roca de la Policía Federal Argentina (supra párr. 45), bajo amenazas de golpes y de muerte por parte de un policía federal, y que “tenía temor de que lo mat[aran] por la denuncia”(203), y el 7 de marzo de 1995 denunció ante otro juzgado haber sufrido “apremios ilegales” junto con un segundo menor de edad, y haber recibido golpes “en la pierna derecha y en el estómago” por parte del policía federal mencionado y de otro policía(204); c) mediante declaraciones de 22 de septiembre de 1994 ante el Juzgado Criminal y Correccional No. 5 de la Ciudad de La Plata, el señor testigo presencial reconoció al autor material del homicidio como agente de la Policía Federal Argentina (supra párr. 45), y la señora testigo presencial señaló que uno de los autores materiales del asesinato se identificó como policía, mostrándole una credencial y un “escudo de metal”(205), y d) mediante declaración de 29 de septiembre de 1994 ante el mismo Juzgado, la señora testigo presencial señaló que se encontraba “‘aterrada' y que tem[ía] por su propia vida y por la del otro testigo que ha[bía] declarado en la causa” (supra párr. 45).

105. No obstante lo anterior, no consta en el expediente que se hayan realizado diligencias a fin de determinar si dichos indicios podrían haber estado vinculados al móvil de la ejecución del señor Gutiérrez, o a determinar si otros agentes estatales podrían haber estado involucrados en este hecho. En efecto, según señaló el Oficial Inspector que colaboró en la investigación de la ejecución del señor Gutiérrez desde su inicio, el “único móvil que alguna vez […] fuera mencionado como razonable […] nunca fue profundizado, en ninguna de las dos etapas del proceso penal”(206). En este mismo sentido, otro Oficial Inspector que participó en la investigación sostuvo que “una de las versiones fuertes que se corrió en un primer momento, fue que el homicidio del Sub-Comisario Gutiérrez, tendría relación con un depósito fiscal ubicado detrás de la Comisaría Avellaneda [Segunda]”, sin embargo, no sabía por qué “no se siguió investigando esta pista”(207). De este modo, dentro de dicho proceso no “se [pudo] acreditar el motivo por el que fuera muerto el [Subc]omisario Guti[é]rrez”(208). En consecuencia, la Corte considera que en la investigación iniciada por este hecho se omitió el seguimiento de líneas lógicas de investigación surgidas a raíz de la misma.

106. Por otro lado, durante el juicio oral en contra del policía federal procesado, dirigido por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (supra párr. 47), también hubo determinadas omisiones en el recaudo de prueba. En este sentido, la Corte constata que al menos tres testigos no comparecieron a declarar en el mismo, a pesar de haber sido citados, y que otro “no fue habido”(209). Además, la Fiscalía solicitó el careo de los testimonios de dos personas que consideraba se contradecían entre sí, a lo cual la Presidente de la Sala contestó “que como los testigos anteriores ya se ha[bía]n retirado era imposible llevar a cabo dicha diligencia”(210).

107. No obstante dichas omisiones en la recepción de declaraciones de testigos, no consta en el expediente que la Sala Primera haya hecho consideración alguna respecto a la falta de comparecencia de las personas mencionadas. Al respecto, cabe señalar que el artículo 151 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires aplicable en este caso establecía las medidas que debían realizarse en el supuesto que “el testigo no compareciere o se negare a declarar sin causa justificada”(211). Asimismo, a pesar de las “falencias investigativas dentro del proceso” constatadas por uno de los jueces de dicha Sala(212), el 15 de noviembre de 1996 ésta procedió a rendir veredicto sin subsanar las falencias mencionadas. Al respecto, la Corte constata que, de conformidad con el artículo 71.4.b del Código de Procedimiento Penal señalado, era deber de los jueces “[…d]irigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites impuestos por las circunstancias: […s]eñalar, antes de dar trámite a cualquier actuación, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades […]”. De este modo, la Corte considera que la Sala Primera omitió tomar las medidas correspondientes, tendientes a corregir las falencias en la investigación en la etapa de instrucción, así como las omisiones en la recaudación de prueba en el juicio oral, antes de rendir su veredicto y sentencia.

B.2. Irregularidades y obstaculizaciones dentro de las investigaciones y del proceso penal

108. Por otro lado, del expediente judicial se evidencian una serie de irregularidades y obstaculizaciones en la causa penal, presentadas durante el juicio oral en contra del policía federal procesado y con posterioridad a su absolución, así como con motivo de la devolución de la causa al Juzgado en lo Criminal y Correccional No. 5 y su posterior traslado al Juzgado de Transición No. 2.

109. Primero, durante el juicio oral, un testigo señaló que, al ser detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, previo a ser llevado a la dependencia policial, “fue trasladado a un descampado donde lo interrogaron”(213).

110. En segundo lugar, en la etapa de instrucción de la causa penal, el señor testigo presencial de los hechos declaró ante el Comisario a cargo de la investigación y el Juez de la causa, que fueron dos las personas que participaron en el homicidio del señor Gutiérrez y proporcionó sus descripciones. Además, sostuvo que a ambas personas las conocía y sabía que actuaban como policías, y en diligencia de reconocimiento en rueda de personas de 24 de septiembre de 1994 identificó al policía federal procesado. Más de cuatro meses después, el 1 de febrero de 1995, dicho testigo acudió a declarar en la causa disciplinaria administrativa que se inició de manera paralela a la causa penal en el Departamento de Investigaciones Administrativas del Ministerio del Interior de la Policía Federal Argentina. En dicha declaración y ante el instructor de la investigación, el testigo modificó su declaración y señaló que al ser detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, previo a ser llevado a la dependencia policial, también fue trasladado a un “descampado” donde fue interrogado, y que con anterioridad a la diligencia de reconocimiento en rueda de personas le mostraron al policía federal procesado(214).

111. Posteriormente, el 11 de noviembre de 1996, durante la audiencia oral y pública del juicio oral ante la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones, se leyó esta última declaración y el testigo la ratificó “en todos sus términos”(215). Aproximadamente tres meses después, en el marco de la investigación de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, dicho testigo declaró que fue obligado a cambiar sus declaraciones debido a las amenazas perpetradas por agentes de la Policía Federal(216). En particular, el 25 de marzo de 2004, en la causa penal y ante la Comisión Especial Investigadora de Quilmes, dicho testigo manifestó que la declaración que prestó en la causa disciplinaria administrativa en el Departamento de Investigaciones Administrativas del Ministerio del Interior de la Policía Federal Argentina “fue hecha bajo amenaza de muerte” de agentes de la Policía Federal(217).

112. En tercer lugar, también en el marco de la investigación de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (supra párr. 56), entre enero y febrero de 1997: a) la entonces suegra del policía federal procesado “reconoció haber falseado su declaración en la causa penal por haber recibido presiones de su ex yerno”(218), y b) dos personas que eran menores de edad en la época de los hechos manifestaron que, bajo maltrato y amenazas de agentes de la Policía Federal, fueron obligados a declarar e involucrar a dos “chicos” en el homicidio del Subcomisario Gutiérrez.

113. En cuarto lugar, una vez trasladada la causa al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata, entre septiembre y noviembre de 2000 se recibieron ante dicho Juzgado las siguientes evidencias respecto de irregularidades y obstaculizaciones en las investigaciones realizadas por la ejecución del señor Gutiérrez, entre otras:

a) el 23 de octubre de 2000 se informó que, de la pericia caligráfica realizada a las partes pertinentes (“horarios”) del libro de guardia de la Comisaria Segunda de Avellaneda, se había concluido que éste había sido adulterado(219);

b) el ex Oficial Inspector que participó en la investigación desde 1994 manifestó ante la Jueza de la causa, entre otros, que “en una oportunidad [se] entrevist[ó] con [los dos] guardas del tren [que] halla[ron] muerto [a] Guti[é]rrez, [quienes le comentaron] que en varias ocasiones antes del juicio oral, habían sido tentados a recibir dinero por parte de los federales”(220). También declaró que, en una oportunidad, el entonces Ministro de Seguridad de la Provincia le había manifestado que conocía de la culpabilidad del policía procesado, pero que “tenía las manos atadas”. Además, señaló que poseía pruebas relacionadas con el presunto partícipe previamente mencionado, pero que éstas fueron sustraídas de “la UOM – Seccional Quilmes”, en un robo que “rev[estía] ciertas particularidades puesto que no sustrajeron objetos de valor sino información relacionada con la investigación del homicidio de[l señor] Gutiérrez”(221);

c) uno de los guardas del tren mencionados declaró que, quince días después del homicidio, se presentó en su domicilio una persona vestida de civil quien le dijo, “vos venías en el tren, pibe mira acá hay mucha plata, si viste algo olvídate porque hay mucha plata”(222);

d) el hermano de la entonces compañera sentimental del policía federal procesado declaró que el padre de éste lo había amenazado a fin de que declarara falsamente dentro de la causa penal (supra párr. 85);

e) un ex policía bonaerense declaró que, durante el tiempo que participó en la investigación, pudo constatar “diversas irregularidades en lo que hace a la parte investigativa[, c]omprobando también [la] irresponsabilidad y de[s]idia de algunos funcionarios públicos en lograr buscar la verdad”. Igualmente, sostuvo que “no pud[o] contar con los medios logísticos y [el] personal para llevar adelante la investigación”, y que tampoco recibió colaboración en la misma por parte del Comisario Inspector quien se desempeñaba como su superior(223). Como ya se mencionó, dicho Comisario Inspector fue señalado por un testigo que se encontraba detenido como la persona que dio la orden para que se cometiera la ejecución del Subcomisario Gutiérrez (supra párr. 88);

f) otro Oficial Inspector manifestó que participó en la investigación de la muerte del Subcomisario Gutiérrez desde su inicio, no obstante, fue apartado de la investigación sin saber el motivo por su traslado(224), y

g) un Subcomisario de la policía bonaerense quien participó desde el inicio en la investigación manifestó que, después de la ejecución del señor Gutiérrez, el policía federal procesado por dicho homicidio lo llamó por teléfono para pedir información sobre la investigación, con el objetivo de “colaborar” con ella(225).

114. Posteriormente, en julio y septiembre de 2001 la Jueza de la causa solicitó al Fiscal General la designación “urgente” de Instructores Judiciales de la Procuración General de la Suprema Corte de Buenos Aires, puesto que, “de los testimonios […recogidos,] surg[ía] que podrían estar involucrados en el hecho en cuestión, personal jerárquico de la Policía Bonaerense y Federal”(226). Dichas solicitudes fueron negadas el 20 de septiembre de 2001 debido a la falta de “disponibilidad” de instructores judiciales(227). En relación a lo anterior, esta Corte observa que el artículo 436 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires aplicable a este caso imponía a los jueces y a los funcionarios de policía la obligación de “instruir sumario de todos los delitos de acción pública que en cualquier forma llegaren a su conocimiento”, siendo éstos últimos los “auxiliares” del juez(228). Al respecto, el perito Gabriel Pérez Barberá señaló ante este Tribunal que:

si un ilícito es cometido por el integrante de una institución con cultura y prácticas corporativas, es altamente probable que si es esa misma institución la que debe llevar a cabo la investigación para establecer quiénes han sido los responsables del ilícito, tal investigación tenderá a encubrirl[o…].

115. Asimismo, la Corte constata que el 20 de enero de 2003 uno de los guardas del tren en que murió el señor Gutiérrez refirió dentro de la causa que, luego de la detención del policía federal procesado, fue citado por la Policía Federal Argentina a presentarse en “el departamento de ellos, adentro de Plaza Constitución”, donde le preguntaron sobre el homicidio y “le dijeron que les diera una mano para ayudar a su compañero […], que estaba preso por haber matado al Sub[c]omisario G[utiérrez], y que ellos querían sacarlo”(229).

116. Ese mismo mes fue asesinado el Comisario Jorge Luis Piazza(230), quien estuvo a cargo de la investigación de la ejecución del señor Gutiérrez desde su inicio y cuya declaración había sido solicitada por los particulares damnificados en mayo de 2001(231). Se abrió una causa penal respecto del homicidio del Comisario Piazza, sin embargo, el 19 de junio de 2008 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires decretó “el sobreseimiento total y definitivo de [tres personas] en orden al delito de privación ilegal de libertad seguido de muerte”(232).

117. Además, en septiembre de 2004 se recibieron nuevamente las declaraciones del señor testigo presencial y del testigo vendedor ambulante (supra párr. 65), quienes refirieron haber recibido presiones y amenazas por parte de policías por su participación en el juicio del policía federal procesado(233).

118. Ahora bien, respecto de las obstrucciones en el proceso, esta Corte se ha pronunciado en el sentido de que el Estado, para garantizar un debido proceso, debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos(234), pues de lo contrario eso tendría un efecto amedrentador e intimidante en quienes investigan y en quienes podrían ser testigos, afectando seriamente la efectividad de la investigación(235).

119. Aunado a lo anterior, la Corte ha considerado que las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos en el proceso interno no pueden verse aisladamente, sino que se deben considerar en el marco de obstaculizaciones de la investigación del caso. Por ende, tales hechos se convierten en otro medio para perpetuar la impunidad e impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido(236). La Corte ha definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos”(237).

120. Por otro lado, la Corte considera que, para que una investigación sea efectiva, las personas encargadas de la misma deben de ser independientes, tanto jerárquica e institucionalmente como en la práctica, de aquellas personas implicadas en los hechos que se investigan(238).

121. Al respecto, la Corte constata que, en el presente caso, al menos cinco testigos denunciaron haber sido presionados o amenazados por policías federales o por los familiares del policía federal procesado, debido a su intervención en las investigaciones por la ejecución del Subcomisario Gutiérrez (supra párrs. 56, 57, 65 y 83 a 86), lo que creó temor e inseguridad en ellos, sin que conste que el Estado haya adoptado medidas de seguridad a su favor una vez que tomó conocimiento de estos hechos. Más aún, el Comisario Piazza, quien estuvo a cargo de la investigación desde su inicio y cuya declaración había sido solicitada por la particular damnificada ante el Juzgado de Transición No. 2, fue asesinado (supra párrs. 65 y 116). Por otro lado, la Corte constata que en este caso también se denunciaron intentos de soborno y el robo de evidencias, sin que conste que estos hechos hayan sido investigados (supra párrs. 104 y 113.b). Todos estos hechos han configurado obstrucciones en el proceso, afectando la determinación, juzgamiento y sanción de los responsables por la ejecución del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez. En este sentido, la Corte constata que los testimonios de descargo de personas que luego desmintieron los mismos fueron tomados en cuenta para la absolución del policía federal procesado por este hecho, y la declaración de cargo del señor testigo presencial fue descartado a consecuencia de aseveraciones que realizó bajo amenaza (supra párr. 48).

122. Asimismo, la Corte constata que la Jueza de la causa, en la resolución de abril de 2000 a través de la cual archivó el expediente y en las resoluciones de diciembre de 2006 y diciembre de 2009 mediante las cuales sobreseyó provisionalmente la causa y al presunto partícipe en la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez, respectivamente, no realizó consideración alguna respecto de la vinculación de dicha ejecución extrajudicial a la investigación de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso, sobre una serie de casos de corrupción, contrabando, fraude, narcotráfico y asociación ilícita de funcionarios públicos conocidos como el “caso de la aduana paralela”, ni respecto de las amenazas evidenciadas a lo largo del proceso, tratándose el caso del señor Gutiérrez de manera aislada a estos hechos, lo cual no favoreció la determinación de la verdad ni de las responsabilidades correspondientes.

123. Igualmente, la Corte considera que, en este caso, la denegación de los pedidos por parte de la Jueza de la causa de instructores judiciales debido a la “indisponibilidad” de los mismos resulta un incumplimiento del deber de las autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires de asegurar que las investigaciones desarrolladas por sus auxiliares en la policía bonaerense no se vieran afectadas por posibles obstaculizaciones por parte de agentes de dicho órgano.

B.3. Plazo razonable

124. Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables(239).

125. Tal como lo reconoció Argentina, luego de más de 19 años, los hechos del caso aún no han sido esclarecidos y no se ha determinado la verdad de lo ocurrido, afectando el derecho al acceso a la justicia de los familiares del señor Gutiérrez en un plazo razonable. La Corte no considera necesario realizar mayores consideraciones al respecto.

B.4. Consecuencias de las deficiencias en la investigación de los hechos

126. Los representantes(240), el Estado y la Comisión(241) solicitaron a la Corte que se pronuncie expresamente sobre las conclusiones desarrolladas por la Comisión y los representantes en el Informe de Fondo y en el escrito de solicitudes y argumentos, las cuales, a su juicio, “permitirían inferir que la autoridad de cosa juzgada conferida a la absolución de uno de los imputados por el homicidio de Jorge Omar Gutiérrez merecería ser calificada de ‘fraudulenta'”. También solicitaron que se pronuncie “sobre las consecuencias jurídicas que de ello se derivarían en orden a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en el marco de la Convención Americana”. A su vez, en atención a las particularidades del caso, solicitaron al Tribunal “que se expida sobre la inadmisibilidad de las disposiciones de prescripción para la investigación y sanción de los demás responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Jorge Omar Gutiérrez” (supra párr. 17).

127. Al respecto, la Corte estima necesario reiterar que, en casos como el de autos, le corresponde pronunciarse acerca de la conformidad de lo actuado por el Estado con la Convención Americana(242).

128. Habida cuenta lo precedente, la Corte considera que lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Convención, en orden a que “[e]l inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”, se inserta en el marco de las normas relativas al “juicio justo” o a las garantías del “debido proceso”, previstas en el mismo artículo 8(243) de dicho tratado. Por lo tanto, el artículo 8.4 de la Convención debe interpretarse en armonía con estas últimas normas y con las demás disposiciones de la Convención.

129. En vista de ello, así como de los hechos probados en relación a esta materia (supra párrs. 96 a 125), y teniendo presente, además, que las partes coinciden en que la investigación judicial de los hechos que derivaron en la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez no fue sustanciada de conformidad con los estándares internacionales exigibles y que debe investigarse (supra párr. 17.2), la Corte concluye que, en el caso de autos, las diligencias judiciales no se ajustaron, en realidad, a las garantías del “debido proceso” previstas en el referido artículo 8 y, por ende, tampoco se produjo la “sentencia en firme” aludida en el numeral 4 del mismo. Aunado a lo anterior esta Corte considera que en el presente caso la ejecución extrajudicial del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez reviste una particular gravedad debido a las circunstancias que la enmarcaron, a saber: a) que al momento de su muerte el Subcomisario Gutiérrez se encontraba investigando un depósito fiscal que posteriormente fue vinculado al caso de la “aduana paralela”, en el cual estuvieron involucrados agentes estatales; b) que agentes estatales estuvieron involucrados en la ejecución del señor Gutiérrez, y c) que agentes estales obstruyeron la investigación iniciada en relación con su muerte. Es en razón de todo lo expuesto que la Corte concluye que no resulta aplicable en este específico caso lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Convención.

130. Suponer que lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Convención se aplicaría en toda circunstancia implicaría que lo resuelto por un juez nacional tendría preeminencia frente a lo que pueda decidir esta Corte de conformidad a la Convención. También implicaría, consecuentemente, que la aplicación, en toda circunstancia, del referido artículo 8.4 de dicho tratado, podría conducir, en definitiva, a la impunidad e inaplicabilidad de las correspondientes normas internacionales, lo que no se condeciría con el objeto y fin de la Convención.

131. Cabe agregar que lo mismo acontecería si se aceptara, en todo evento, la procedencia, a nivel internacional, de la institución de derecho interno de la prescripción, la que, empero, en los casos en que podría proceder, lo debería ser en plena correspondencia con lo dispuesto por la Convención.

B.5. Conclusiones

132. En este caso Argentina aceptó, y la Corte estableció, que la ejecución extrajudicial del Subcomisario Gutiérrez es atribuible al Estado y que a la fecha de dicha ejecución el señor Gutiérrez realizaba funciones investigativas en torno al depósito fiscal que se encontraba al lado de la Comisaría Segunda de Avellaneda y que posteriormente formó parte del llamado caso de la “aduana paralela” (supra párr. 42). Asimismo, Argentina aceptó “los términos del Informe de Fondo de la Comisión” en cuanto a que “es responsable por no haber investigado de manera seria, imparcial y efectiva la ejecución de la víctima, dentro de un plazo razonable y conforme a los principios del debido proceso”(244). Así, en razón de lo expuesto en este capítulo, el Tribunal considera que la investigación y la causa penal realizadas con motivo de la ejecución extrajudicial de Jorge Omar Gutiérrez estuvieron plagadas de irregularidades y omisiones por parte de los agentes estatales encargados de las mismas en la recaudación de prueba, en el seguimiento de líneas lógicas de investigación y en el análisis de los hechos del caso. Asimismo, durante el proceso se presentaron serias obstaculizaciones y amenazas hacia testigos, en algunos casos perpetradas por policías federales, así como la muerte de una persona cuya declaración había sido solicitada. Frente a ello, luego de 19 años, los hechos del caso no han sido esclarecidos y permanecen en la impunidad.

133. Aunado a lo señalado, la Corte ha considerado que, en casos de muerte violenta, como el presente, la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida(245). En el caso de autos, es un dato irrefutable que, transcurridos más de 19 años desde el homicidio del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, aún no se ha esclarecido los hechos del caso ni establecido las responsabilidades correspondientes, por lo que, tal como lo ha hecho en otras oportunidades(246), el Tribunal observa que llegar a una conclusión distinta a la atribución de responsabilidad al Estado por la ejecución extrajudicial del señor Gutiérrez, implicaría permitir a éste ampararse en la inefectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad pero, además, la Corte estima que resulta de toda evidencia que los obstáculos a los que se enfrentaron las diversas diligencias judiciales en el caso de autos no admiten calificarlas como investigación efectiva, lo que, por lo demás, fue reconocido por las partes al señalar en el Acuerdo sobre reparaciones que “la investigación judicial de los hechos que derivaron en el homicidio de Jorge Omar Gutiérrez no fue sustanciada de conformidad con los estándares internacionales exigibles”.

134. Tal como lo reconoció Argentina, la Corte concluye que la investigación de los hechos en este caso no ha cumplido con los criterios de debida diligencia, tutela judicial efectiva y plazo razonable, en contravención al derecho al acceso a la justicia, contemplado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares del señor Jorge Omar Gutiérrez.

VIII-3. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA

A. Argumentos de las partes y de la Comisión

135. La Comisión manifestó que las declaraciones de los familiares del señor Jorge Omar Gutiérrez “dan cuenta del sufrimiento y angustia causados” por las violaciones cometidas en este caso, las cuales generaron un “profundo daño moral cuyas secuelas persisten […] hasta el día de hoy”. Resaltó que “los miembros de la familia inmediata de Jorge Omar Gutiérrez han experimentado sufrimientos morales, sensaciones de inseguridad, frustración e impotencia como consecuencia de su ejecución”. Además, según la Comisión, fueron los familiares quienes “promovi[eron] el impulso de la investigación”, y la falta de diligencia en la misma contribuyó a “prolongar [su] sufrimiento”. En consecuencia, concluyó “que los derechos protegidos por el artículo 5 de la Convención Americana fueron violados con respecto a los familiares de la víctima Jorge Omar Gutiérrez: su viuda, Nilda del Valle Maldonado; sus tres hijos J. G. G., [O.] D. G. y M. V. G. y su hermano Francisco Gutiérrez”.

136. Los representantes indicaron que la muerte de Jorge Omar Gutiérrez “tuvo un gran impacto en el funcionamiento [de su familia], quienes perdieron de un día para otro un importante referente”. Resaltaron que su “padre y madre y su hermano Fabián, fallecieron sin poder ver realizado su deseo de justicia”. Según los representantes, Jorge Omar Gutiérrez mantenía muy buenas y estrechas relaciones con sus familiares, los cuales “nunca permanecieron pasivos” luego de su homicidio, ya que “Nilda del Valle Maldonado, J. G., D. y M. G., así como Francisco y Nilda Gutiérrez estuvieron involucrados en la denuncia del crimen, en la búsqueda de justicia y en el mantenimiento de la memoria de Jorge Omar Gutiérrez”. En consecuencia, los representantes manifestaron que la muerte del señor Gutiérrez y la impunidad en que se encuentra este hecho dejaron a su familia “en una situación de angustia e incertidumbre permanentes que determinó la vulneración de su derecho a la integridad psíquica y moral consagrado en el artículo 5 de la [Convención Americana]”.

137. El Estado “aceptó los términos del Informe de Fondo de la [Comisión] con respeto a los familiares [de Jorge Omar] Gutiérrez […] por la alegada violación de [su] derecho a la integridad personal […] consagrado en [e]l artículo 5 […]”. También reconoció como víctima de dicha violación “a la señora Nilda Gutiérrez, hermana del señor Jorge Omar Gutiérrez”.

B. Consideraciones de la Corte

138. La Corte ha señalado en otras oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas(247). El Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de algunos familiares con motivo del sufrimiento que estos han padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales(248), tomando en cuenta, entre otros, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar(249). También se ha declarado la violación de este derecho por el sufrimiento generado a partir de los hechos perpetrados en contra de sus seres queridos(250).

139. Asimismo, este Tribunal ha resaltado que se puede presumir un daño a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos, conforme ha sucedido, por ejemplo, en los casos de algunas masacres(251), desapariciones forzadas de personas(252), o ejecuciones extrajudiciales(253).

140. El Tribunal valora el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado respecto de la violación al derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de Jorge Omar Gutiérrez, a saber: su esposa Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez; sus tres hijos, J. G. G., O. D. G., y M. V. G., y sus hermanos, Francisco Gutiérrez y Nilda Gutiérrez (supra párr. 25). No obstante lo anterior, la Corte estima pertinente referirse a las afectaciones sufridas por estas personas, tal como lo solicitaron las partes (supra párrs. 135 y 136), a fin de establecer el alcance del daño causado.

141. En el presente caso, la Corte constata que los familiares de Jorge Omar Gutiérrez reclamaron justicia por su muerte ante autoridades estatales en reiteradas ocasiones, sin poder acceder a un recurso efectivo en un plazo razonable (supra párr. 125). Al respecto, la señora Nilda del Valle Maldonado, esposa de la víctima, señaló en la audiencia pública que:

“la muerte de Jorge fue [un] antes y un después porque para mis hijos y para mí y para toda la familia, creo que fue terrible […] sigue siendo terrible aún a pesar de casi ya 19 años. Creo que fue un impacto que no se va a poder reparar nunca porque no lo vamos a volver a tener a Jorge nunca más, el impacto fue muy grande, muy grande para todos, tanto para los hijos como para los hermanos, la madre [y] el padre […]. Todo lo que […] hizo toda la familia creo que fue nuestro mérito. Mérito todo de la familia […] las veces que golpeamos puertas y […] no hubo una autoridad que no hayamos ido a ver [para averiguar] qué había pasado con Jorge o que se estaba haciendo con la causa […]. [L]a causa hubiese estado cerrada sino hubiese sido por la familia, [por] la gran lucha que tuvimos que poner en todo”.

142. Francisco Gutiérrez, hermano de Jorge Omar, manifestó que, a partir del asesinato de su hermano, su vida cambio para siempre. También señaló que:

“desde ese mismo momento me juramenté para dar con los responsables, con sus autores, cómplices y encubridores, llevarlos ante la [j]usticia [para que…] recib[ier]an la sanción […]. Nunca me imaginé la impunidad que nos esperaba. […P]rimero murió mi madre, Ruth, en el año 1997, donde la angustia por la muerte de Jorge y la impunidad que rodeo el juzgamiento de su crimen, pudo más que todo; después fallec[ió] mi hermano Fabián, en extrañas circunstancias, en 2007 y finalmente mi padre, Francisco, al año siguiente, en 2008, aquejado severamente en su salud física y fatalmente lastimado en su espíritu, de tener que irse de este mundo viendo el crimen de su hijo Jorge todavía impune”(254).

143. Por su parte, Nilda Gutiérrez señaló que la noticia del asesinato de su hermano suscitó una reacción desconsolada en ella que “conmovió todas [sus] convicciones, incluso las religiosas”. Sobre ella recayó la responsabilidad de transmitir la noticia de la muerte violenta de Jorge Omar a sus padres. Además, al vivir muy cerca de la casa de la madre, no solo sufrió por la pérdida de su hermano, sino por presenciar de manera directa las constantes expresiones de dolor y desconsuelo de sus padres, así como el progresivo deterioro del estado de salud de aquéllos, hasta su muerte(255).

144. En cuanto a los hijos del señor Jorge Omar Gutiérrez, el Tribunal resalta el profundo dolor que sintieron a partir de su ejecución. Al respecto, J. G. manifestó que “siempre se vivió con miedo, con dudas [y] todo era temor”(256). Por su parte, O. D. señaló que le causa mucha “angustia, rabia, impotencia, y una mezcla de sentimientos que […] hayan matado así de manera tan traicionera y cobarde” a su padre(257). Finalmente M. V. relató que “nunca pud[o] dejar de participar [en la investigación del homicidio de su padre], [su]s conversaciones siempre estuvieron y están marcadas por estos hechos, de impunidad, de desazón, de bronca, de impotencia y de dolor”(258).

145. La Corte constata que la ejecución extrajudicial de Jorge Omar Gutiérrez atribuible al Estado indudablemente causó sufrimiento, dolor y angustia a sus familiares, particularmente por la falta de una investigación seria y efectiva para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los perpetradores de su ejecución, pese a los esfuerzos continuos de aquéllos por conocer la verdad de los hechos, y la impunidad actual en que se encuentra el presente caso (supra párr. 133).

146. Por lo expuesto, el Tribunal concluye que el Estado violó el derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez, J. G. G., O. D. G., M. V. G., Francisco Gutiérrez y Nilda Gutiérrez.

IX. REPARACIONES

(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)

147. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana(259), la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente(260) y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado(261).

148. En consideración del Acuerdo alcanzado entre las partes, el cual ha sido previamente valorado por este Tribunal con base en los artículos 62 a 64 del Reglamento (supra párr. 21), la Corte analizará las medidas acordadas con el fin de determinar su alcance y formas de ejecución. A su vez, de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención Americana declaradas en los capítulos anteriores, el Tribunal procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes sobre las cuales subsiste la controversia (supra párr. 25). Todo ello, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y el alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar integralmente los daños ocasionados a las víctimas(262).

149. Este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho(263). El Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una indemnización que compense los daños ocasionados.

A. Parte lesionada

150. La Corte reitera que se considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho consagrado en la misma(264). Por lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a Jorge Omar Gutiérrez, así como a Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez (esposa de Jorge Omar Gutiérrez), J. G. G., O. D. G. y M. V. G. (hijos de Jorge Omar Gutiérrez) y Francisco Gutiérrez y Nilda Gutiérrez (hermanos de Jorge Omar Gutiérrez).

B. Obligación de investigar e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos relacionados con la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez

151. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en los hechos relacionados con la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez. Asimismo, en sus observaciones finales solicitó la remoción de todo obstáculo de hecho y de derecho para el avance de las investigaciones judiciales y que se garantice la plena participación de las víctimas en la totalidad de las investigaciones.

152. Los representantes solicitaron en su escrito de solicitudes y argumentos que la Corte ordene al Estado “la reapertura de la [investigación] contra [el policía federal procesado]” como presunto autor material de la ejecución extrajudicial del señor Gutiérrez y que se “avance con la investigación y el juzgamiento efectivo [del presunto partícipe que habría acompañado a dicho policía federal], así como [con] la investigación cabal, el juzgamiento y la sanción de los autores intelectuales del homicidio y la totalidad de aquellos que estuvieron involucrados en su encubrimiento”. Asimismo, en sus alegatos finales solicitaron la remoción de todo obstáculo de hecho y de derecho para el avance de las investigaciones judiciales y que se garantice la plena participación de las víctimas en la totalidad de las investigaciones.

153. El Estado aceptó la recomendación de la Comisión respecto a su obligación de investigar (supra párr. 151) y, en el marco del Acuerdo, se “compromet[ió] a llevar adelante junto con las autoridades de la [P]rovincia de Buenos [Aires] una estrategia de participación en el procedimiento judicial seguido contra [el policía federal procesado], así como en las investigaciones judiciales a los responsables del encubrimiento del asesinato de Jorge Omar [Gutiérrez]”.

154. Habida cuenta: a) lo convenido en el Acuerdo sobre reparaciones (supra párr. 17); b) que en las investigaciones y proceso penal internos se vulneró el derecho de acceso a la justica (supra párr. 125); c) que la ejecución extrajudicial del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez perpetrada por agentes estatales es una violación que reviste una particular gravedad debido a las circunstancias que la enmarcaron (supra párr. 129); d) que los familiares del señor Gutiérrez sufrieron una afectación a sus derechos de acceso a la justicia, de verdad y de reparación, en razón de la actuación del Estado (supra párr. 134), y e) los obstáculos que tuvo que enfrentar la investigación y proceso penal (supra párr. 121), este Tribunal dispone que el Estado debe, a fin de cumplir de buena fe con los compromisos asumidos, llevar a cabo con la debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes. Lo anterior, con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos relacionados con la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez, así como establecer la verdad sobre los mismos, considerando los criterios señalados sobre investigaciones en este tipo de casos (supra párrs. 96 a 99, 101, 102, 118 a 120, 124, 128 a 131, y 133). A tal fin, el Estado debe:

a) remover todos los obstáculos de facto y de jure que impidan la debida investigación de los hechos en los respectivos procesos, a fin de evitar la repetición de lo ocurrido en circunstancias como las del presente caso(265);

b) asegurar que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar sus tareas de manera adecuada, independiente e imparcial y que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad(266);

c) asegurar que la debida diligencia en la investigación implique que todas las autoridades estatales estén obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, por lo que deberán brindar al juez, fiscal u otra autoridad judicial toda la información que requiera y abstenerse de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo;

d) asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez en todas las etapas de esta investigación, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana(267), y

e) divulgar públicamente los resultados de los procesos para que la sociedad conozca los hechos objeto del caso, así como a sus responsables(268).

C. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición

155. La jurisprudencia internacional, y en particular de la Corte, ha establecido reiteradamente que la Sentencia puede constituir per se una forma de reparación(269). No obstante, considerando las circunstancias del caso y las afectaciones a las víctimas derivadas de las violaciones de la Convención Americana declaradas en su perjuicio, así como el Acuerdo realizado por las partes, la Corte estima pertinente determinar las siguientes medidas de reparación.

C.1. Satisfacción

C.1.1. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas

156. Los representantes solicitaron que la Corte ordene al Estado “reconocer públicamente su responsabilidad internacional por los hechos en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez y sus familiares, y a otorgar una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido”, así como por la “falta de investigación eficaz de lo ocurrido”. Al respecto, solicitaron que se organice un acto de reconocimiento de responsabilidad en el cual participen autoridades nacionales y provinciales y en el que se conmemore la memoria de la víctima. La Comisión no se refirió específicamente a este punto.

157. En el marco del Acuerdo (supra párr. 17), Argentina se comprometió a hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez y sus familiares.

158. La Corte valora altamente la disposición del Estado de llevar a cabo un acto público en el que reconozca su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, por lo que homologa dicha medida en los términos acordados entre las partes. Asimismo, el Tribunal estima, como lo ha hecho en otros casos(270), que en dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de los derechos humanos declaradas en la presente Sentencia y brindar disculpas por los hechos del presente caso. Para ello, Argentina deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento y las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización, así como también brindar a las víctimas las facilidades necesarias de transporte, logística, entre otras, para tal fin. Para la realización del acto, el Estado cuenta con el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

C.1.2. Publicación y difusión de la Sentencia

159. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado la difusión masiva de la sentencia del presente caso. Asimismo, solicitaron que se publique el reconocimiento de responsabilidad internacional en dos de los medios gráficos más importantes del país y en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ, www.cij.gov.ar - Agencia de Noticias del Poder Judicial). Indicaron que tal reconocimiento debe ir acompañado de un relato en el que consten el conjunto de irregularidades y obstrucciones a la justicia que llevaron a la impunidad en este caso. Ni la Comisión ni el Estado se refirieron a este punto en específico.

160. La Corte dispone, como lo ha ordenado en otros casos(271), que el Estado publique en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el resumen oficial de la misma elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional. Asimismo, Argentina deberá publicar la Sentencia íntegra por al menos 12 meses ininterrumpidos en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ, www.cij.gov.ar), así como en los sitios web oficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

C.1.3. Medidas de conservación y señalización del galpón y la comisaría donde ocurrieron los hechos

161. En el marco del Acuerdo realizado con los representantes, el Estado se comprometió a “adoptar medidas de conservación y señalización del galpón y la comisaría donde ocurrieron los hechos que originaron el presente caso”. La Comisión no se pronunció al respecto.

162. La Corte valora positivamente el compromiso adquirido por el Estado, encaminado a reivindicar la memoria de Jorge Omar Gutiérrez. En consecuencia, el Tribunal homologa esta medida acordada entre las partes y ordena al Estado implementar la misma dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia.

C.1.4. Establecimiento del “Día Nacional de Lucha contra el Narcotráfico”

163. En el marco del Acuerdo realizado con los representantes, el Estado se comprometió a “establecer el día 29 de agosto como ‘Día Nacional de Lucha contra el Narcotráfico'”. La Comisión no se pronunció al respecto.

164. La Corte valora la voluntad del Estado de establecer el día 29 de agosto como “Día Nacional de Lucha contra el Narcotráfico” como medida de satisfacción, y toma nota del compromiso adquirido por éste. La Corte no supervisará la implementación de esta medida dentro del proceso de supervisión de cumplimiento de la Sentencia.

C.2. Garantías de no repetición

165. La Corte recuerda que el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como las descritas en este caso y, por ello, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos(272), de conformidad con las obligaciones de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana(273).

C.2.1. Capacitación de funcionarios policiales

166. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado garantizar que la carrera de Jorge Omar Gutiérrez y las razones de su muerte sean parte del currículo obligatorio en el programa de formación de los Policías Federales y de la Provincia de Buenos Aires, así como de la Policía Judicial bonaerense. En el Acuerdo suscrito por los representantes y Argentina, el “Estado Nacional y la [P]rovincia de Buenos Aires se comprometi[eron] a incluir el ‘Caso Gutiérrez' en l[o]s currícul[o]s de formación de las fuerzas de seguridad que actúan bajo su órbita”. La Comisión no se refirió a este punto.

167. Teniendo en cuenta las particularidades del presente caso, la Corte considera importante fortalecer las capacidades institucionales a nivel provincial en Buenos Aires y federal en Argentina mediante la capacitación de sus fuerzas de seguridad, a fin de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan. En relación con la capacitación en materia de protección de derechos humanos, en su jurisprudencia la Corte ha considerado que ésta es una manera de brindar al funcionario público nuevos conocimientos, desarrollar sus capacidades, permitir su especialización en determinadas áreas novedosas, prepararlo para desempeñar posiciones distintas y adaptar sus capacidades para desempeñar mejor las tareas asignadas(274).

168. La Corte valora positivamente la voluntad del Estado de incluir el “Caso Gutiérrez” en los currículos de formación de las fuerzas de seguridad que actúan bajo la órbita del Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires. De este modo, teniendo en cuenta las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, así como la impunidad en la que se encuentra el caso, la Corte ordena que, sin perjuicio de los programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de derechos humanos que ya existan en Argentina, el Estado integre a los currículos de formación o planes de estudio de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, así como de la Policía Judicial de dicha Provincia, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, cursos de capacitación sobre las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, y sobre la obligación de investigar con debida diligencia y la tutela judicial efectiva, así como el control de convencionalidad, refiriéndose al presente caso y a esta Sentencia.

C.2.2. Regulación e implementación de mecanismos de control externos para las fuerzas policiales federales, mejoras a la capacidad de investigación del sistema de justicia, implementación de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires y de sistemas efectivos de protección de víctimas y testigos

169. Entre sus diversas solitudes, los representantes presentaron cuatro grupos de medidas de no repetición, las cuales desarrollaron ampliamente y a detalle, y que a saber son: i) regulación e implementación de mecanismos de control externo para las fuerzas policiales federales, en el cual se refirieron a la “implementación de mecanismos civiles e independientes que garanticen el control eficiente de la legalidad del desempeño de los funcionarios policiales y de las actuaciones administrativas internas”; ii) mejoras a la capacidad de investigación del sistema de justicia de la Provincia de Buenos Aires en casos complejos con funcionarios estatales involucrados; iii) la implementación de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se refirieron al deber de adoptar “medidas de hecho y de derecho que permitan la creación de un cuerpo de investigación criminal que cumpla funciones distintas a las fuerzas policiales de prevención y que pueda asistir al ministerio público fiscal en estas investigaciones”; y iv) “medidas de hecho y de derecho para el desarrollo e implementación de sistemas efectivos de protección de testigos y víctimas”. La Comisión no se pronunció al respecto.

170. En el marco del Acuerdo, el Estado se comprometió a lo siguiente: “avanzar en la regulación e implementación de mecanismos de control externos sobre el accionar de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad federales”; “a la plena […] implementación de la Policía Judicial provincial, incluyendo la constitución de la Comisión de Seguimiento para su efectiva ejecución en la Legislatura Bonaerense”, y “al establecimiento de un sistema efectivo de protección de víctimas y testigos”. Asimismo, el Estado señaló “que estas medidas ya han sido impulsadas al interior del Poder Ejecutivo Provincial y Nacional respectivamente”, y que “el compromiso que cabe en este escenario es el de fortalecimiento y avance de lo ya existente”.

171. La Corte toma nota de los compromisos adquiridos por el Estado, los cuales están dirigidos a garantizar que las obstaculizaciones a la investigación y proceso penal, así como las amenazas a testigos, acreditadas en este caso, no vuelvan a suceder. La Corte no supervisará la implementación de estas medidas dentro del proceso de supervisión de cumplimiento de la Sentencia.

D. Indemnización compensatoria

172. Primeramente, la Corte constata que, en el marco del Acuerdo, los representantes y el Estado solicitaron al Tribunal que se pronuncié “sobre el alcance de las reparaciones a favor de las víctimas, las cuales deben incluir […] la indemnización por los daños materiales e inmateriales, sobre la base del principio de equidad”. La Corte tomará en cuenta dicha solicitud al pronunciarse sobre los alegatos de las partes al respecto.

D.1. Daño material

173. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y ha establecido que el mismo supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”(275).

D.1.1. Daño emergente

174. Los representantes alegaron que el Estado debe resarcir los gastos sufragados por la familia Gutiérrez como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez. En este sentido, solicitaron a la Corte que ordene al Estado que resarza “los gastos que realizó la familia para dar una sepultura digna a la víctima”, así como “los gastos que implicó el mantener abierta la causa y el reclamo de justica”, lo cual implicó la realización de actos públicos, de afiches y folletos, y traslados semanales de Quilmes a La Plata, desde septiembre de 1994 hasta marzo de 1998. No obstante, manifestaron que por la complejidad de cuantificar en un total estos gastos y la imposibilidad de presentar comprobantes de lo que se hubiere incurrido, solicitaron a la Corte que contemple la asignación de un monto figurativo y simbólico que refleje dichos gastos. La Comisión no se pronunció al respecto.

175. El Estado consideró “objetable que dentro del rubro [de] daño emergente, la peticionaria haya incluido gastos causídicos y costas”, puesto que, a su parecer, se repiten algunos rubros de los representantes “en el apartado especial de [c]ostas y [g]astos”.

176. La Corte verificó que los representantes de las víctimas remitieron tres comprobantes en los que constan algunos gastos fúnebres en que incurrió Nilda del Valle Maldonado entre los años 1994 a 2004(276). No obstante, la Corte presume que desde el momento de la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez, los familiares incurrieron en diversos gastos a raíz de este hecho. En consecuencia, la Corte fija en equidad una compensación de USD $ ... (... dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño emergente. Esta cantidad deberá ser entregada a Nilda del Valle Maldonado. Por otra parte, la Corte valorará en el acápite de costas y gastos aquellas erogaciones económicas relacionadas con los gastos que implicó el mantener abierta la causa y el reclamo de justica (infra párr. 194).

D.1.2. Pérdida de ingresos

177. Los representantes indicaron que Jorge Omar Gutiérrez tenía 41 años cuando fue asesinado y que, de conformidad con los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo -INDEC- de 1999, el promedio de vida en Argentina para varones es de 68,53 años, por lo que estimaron que a Jorge Omar Gutiérrez le faltaban 27,53 años de vida y 330,36 sueldos por percibir. Sin embargo, los representantes indicaron que no solamente debe tomarse en cuenta los ... pesos argentinos que recibía por mes en 1994, sino que dicho cálculo debería proyectarse, teniendo en cuenta su compromiso y la calidad de su trabajo, por lo que se podía esperar que durante su carrera ascendiera, por lo menos, al grado de Comisario General, cuyo salario mensual actual es de ... pesos argentinos. Según los representantes, al monto de los ingresos calculados debería deducirse el 25% como monto que la víctima habría gastado en satisfacer gastos personales. Finalmente, los representantes solicitaron a la Corte que fije en equidad la tasa que debe usarse para calcular los intereses, cuya proyección debía incluir los intereses calculados desde la fecha de los hechos hasta el momento en que se realice el pago. La Comisión no se pronunció al respecto.

178. El Estado consideró “infundada la manifestada expectativa de asimilar la carrera policial de [Jorge Omar] Gutiérrez a una pretendida ‘carrera exitosa-tipo' que culmine con la obtención uno de los rangos escalafonarios de la más alta jerarquía, y por ende, el mayor ingreso salarial de la escala existente”. Asimismo, solicitó que la “delimitación de los rubros que vayan a ser considerados por [la] Corte sean fijados estrictamente bajo criterios de equidad”, teniendo en cuenta que tanto la viuda como los hijos de Jorge Omar Gutiérrez, “han sido y continúan siendo titulares de la correspondiente pensión [del] instituto de la seguridad social que viene a sustituir los ingresos con los que [el señor] Gutiérrez costeaba la vida de su familia, y por tanto, parte fundamental de lo que pretende entenderse como lucro cesante”.

179. La Corte constata que los representantes remitieron un comprobante del sueldo de Jorge Omar Gutiérrez como Subcomisario(277), así como tablas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre la expectativa de vida al nacer por sexo y por jurisdicción, en Argentina, para los años 1990/1992 y 2000/2001(278). Por su parte, el Estado señaló que tanto la viuda como los hijos de Jorge Omar Gutiérrez han sido y continúan siendo titulares de la pensión correspondiente a éste del instituto de la seguridad social, sin aportar prueba al respecto. Los representantes no desvirtuaron este alegato del Estado, sin embargo, este Tribunal constató que la Dirección General de Asuntos Judiciales de la Policía Bonaerense resolvió declarar “imputable al servicio el fallecimiento del Subcomisario Jorge Omar Gutiérrez [y] notificar a los causahabientes […] de la indemnización prevista”(279), así como compulsar copias a la “Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones” para los fines pertinentes. Por tanto, la Corte no ordenará un monto en compensación a los familiares de Jorge Omar Gutiérrez por dichos salarios dejados de percibir desde el momento de su ejecución.

D.1.3. Daño patrimonial familiar

180. Los representantes manifestaron que la familia del señor Jorge Omar Gutiérrez perdió la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas debido al cambio de sus circunstancias personales como consecuencia de la ejecución de aquél. Al respecto, señalaron que Nilda del Valle Maldonado, a partir de la muerte de su marido se vio obligada a empezar a trabajar, no pudiendo consagrarse únicamente al funcionamiento de su hogar y al cuidado de sus hijos. Alegaron que J. G., hijo mayor de Jorge Omar Gutiérrez y quien tenía 18 años al momento de la muerte de su padre, debió empezar a trabajar y garantizar el sustento y la protección de toda la familia. Además, O. D., de 16 años al momento del hecho, tuvo que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por su parte, M., quién tenía 13 años al momento de los hechos, también sufrió las consecuencias de estos cambios en su vida cotidiana. Asimismo, todos ellos, incluso Nilda y Francisco Gutiérrez, hermana y hermano de Jorge Omar Gutiérrez, consagraron una gran parte de su tiempo al avance de la investigación y la búsqueda de justicia por la ejecución, en detrimento de otras actividades que podrían haber realizado, y también, “conjuntamente, cubrieron los gastos relacionados a [la] búsqueda de justicia y al mantenimiento de [su] memoria”. En consecuencia, los representantes solicitaron a la Corte que determine un monto en compensación conforme a criterios de equidad. La Comisión no formuló observaciones al respecto.

181. Por su parte, el Estado señaló que, al expresar que “los hermanos de Jorge Omar [Gutiérrez] fueron quienes, conjuntamente, cubrieron los gastos relacionados a esa búsqueda de justicia”, se pretendía incluir en este rubro, cuestiones que corresponderían al rubro de “costas y castos”.

182. Este Tribunal ha otorgado una indemnización por concepto del daño patrimonial familiar en casos en que, aun cuando no exista un mecanismo idóneo que demuestre con exactitud la cifra o valor del daño, se denote de los hechos un detrimento patrimonial evidenciado por factores como los siguientes: un cambio sustancial en las condiciones y calidad de vida que se deriven como consecuencia directa de hechos imputables al Estado; la realización de gastos relacionados con el exilio o con la reubicación del hogar; gastos de reincorporación social; gastos realizados para obtener empleos que fueran perdidos a raíz de las violaciones cometidas por el Estado; gastos relacionados a la pérdida de estudios; pérdida de posesiones, así como el detrimento de la salud física, psíquica y emocional de la familia afectada(280).

183. La Corte constata que en este caso, los familiares del señor Jorge Omar Gutiérrez fueron declarados víctimas de la violación a los derechos a las garantías y la protección judicial, así como a la integridad personal por la muerte de aquél y la impunidad en que permanece el caso. De este modo, considera que lo señalado por los representantes como “daño patrimonial familiar” no es consecuencia directa de estas violaciones, y que se encuentra subsumido, en este caso, dentro de los montos por daño material e inmaterial. Por tanto, la Corte no ordenará un monto adicional por este concepto. Por otra parte, la Corte valorará en el acápite de costas y gastos aquellas erogaciones económicas relacionadas con los gastos que implicó el mantener abierta la casusa y el reclamo de justica (supra párr. 176 e infra párr. 193).

D.2. Daño inmaterial

184. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas”(281).

185. Los representantes manifestaron que “los daños inmateriales sufridos por los familiares de Jorge Omar Gutiérrez, se derivan de: a) la muerte violenta de un ser querido a manos de agentes del Estado; b) la inoperancia del sistema de justicia para investigar los hechos; c) la tergiversación y encubrimiento de los hechos por parte de funcionarios públicos, algunos de ellos compañeros de la víctima; d) las versiones tendientes a afectar el buen nombre Jorge Omar Gutiérrez e instalar la impunidad; e) el fracaso de las acciones penales iniciadas […] (pese al persistente reclamo e investigación directa de los familiares); f) las intimidaciones, amenazas, ataques y demás actos de violencia sufridos por testigos clave en las causas judiciales; g) las acusaciones en su contra por llevar adelante actos que eviten el olvido colectivo del crimen; h) la falta de protección del Estado ante posibles agresiones de parte de los autores materiales e intelectuales interesados en asegurar la impunidad, pese a las manifestaciones de temor de los familiares[, e] i) la ausencia de voluntad política del Estado y el menosprecio de las demandas de justicia por parte de los funcionarios públicos y una deliberada falta de respeto durante el proceso de [s]olución [a]mistosa”. Asimismo, los representantes alegaron como parte del daño inmaterial “el cambio de las condiciones de vida de cada uno de los integrantes de la familia”. En consecuencia, los representantes solicitaron a la Corte que fijé en equidad una reparación compensatoria para la esposa de Jorge Omar Gutiérrez, sus tres hijos, su hermana Nilda Gutiérrez y su hermano Francisco Gutiérrez. A su vez, en el Acuerdo las partes solicitaron a la Corte que se pronuncie sobre el alcance de las reparaciones a favor de las víctimas, las cuales debían incluir la indemnización por los daños inmateriales, sobre la base del principio de equidad (supra párr. 17). La Comisión no se pronunció sobre este punto.

186. Tal como lo ha señalado la Corte en otras oportunidades(282), en casos como el presente el daño inmaterial infligido a la víctima resulta evidente. Al respecto, la Corte decide ordenar al Estado el pago de una compensación de USD $ ... (... dólares de los Estados Unidos de América) por los daños inmateriales sufridos por Jorge Omar Gutiérrez. Dicha cantidad deberá ser entregada en su totalidad y en partes iguales a la esposa y los hijos de la víctima, respectivamente, Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez, J. G., O. D. y M. V. G. Por otra parte, la Corte constató el dolor y el sufrimiento padecido por los familiares de Jorge Omar Gutiérrez a raíz de los hechos del caso y de la impunidad en que permanece su muerte (supra párrs. 141 a 146). En el caso particular de Nilda del Valle Maldonado y Francisco Gutiérrez, la Corte constató afectaciones adicionales derivadas de su participación como particulares damnificados en la causa penal (supra párrs. 141 y 142). En consecuencia y a la luz del Acuerdo alcanzado entre las partes, la Corte considera que el Estado debe compensar en equidad, las siguientes sumas de dinero, en dólares de los Estados Unidos de América, a favor de las víctimas:

 

Nombre

Parentesco

Cantidad

Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez

Esposa

US$ ...

J. G. G.

Hijo

US$ ...

O. D. G.

Hijo

US$ ...

M. V. G.

Hija

US$ ...

Francisco Gutiérrez

Hermano

US$ ...

Nilda Gutiérrez

Hermana

US$ ...

 

E. Costas y gastos

E.1. Argumentos de las partes

187. Los representantes manifestaron que las víctimas fueron asistidas por dos abogados particulares hasta principios de 1998, fecha en la que asumió otra persona su representación. Asimismo, debieron abonar el juicio a nivel interno. De este modo, solicitaron que la Corte ordene una indemnización que contemple en términos de equidad un monto simbólico por los gastos incurridos en sede interna durante los diecinueve años que lleva tramitándose.

188. En cuanto a las costas por el trámite ante el sistema interamericano, los familiares de Jorge Omar Gutiérrez fueron representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según los representantes, ellos debieron enfrentar gastos ordinarios de tramitación del caso (gastos de teléfono, fax, correspondencia y suministros) que ascendieron a USD $ ... (... dólares de los Estados Unidos de América), más los gastos de tres viajes y sus respectivos hospedajes en Washington D.C., en ocasión de haber sido convocados a audiencias y/o reuniones de trabajo en las cuales asistieron dos personas cada vez. Según los representantes, la familia Gutiérrez solventó sus propios gastos para estar presentes en los referidos espacios ante la Comisión, siendo que fueron dos personas en la primera ocasión y tres personas para las dos restantes. Al respecto, los representantes manifestaron que no poseen comprobantes de los montos abonados, por lo que solicitaron a la Corte que ordene en equidad un monto de USD $ ... (... dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno de estos viajes, por persona, con un total de USD $ ... (... dólares de los Estados Unidos de América) para el CELS y USD $ ... (... dólares de los Estados Unidos de América) para la familia.

189. Finalmente, los representantes alegaron que, con motivo de la asistencia a la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, se realizaron las siguientes erogaciones entre pasaje y hospedaje: la señora Nilda del Valle Maldonado gastó el monto de USD $ ... (... dólares con ... centavos de dólar de los Estados Unidos de América); el viaje del señor Luis Valenga que fue sufragado por la familia Gutiérrez generó el costo de USD $ ... (... dólares con ... centavos de dólar de los Estados Unidos de América), y los viajes de Paula Litvachky y Gabriela Kletzel que fueron pagados por el CELS representaron un costo de USD $ ... (... dólares con ... centavos de dólar de los Estados Unidos de América). En consecuencia, solicitaron al Tribunal que ordene al Estado el reembolso de estos gastos. En cuanto a los honorarios del CELS por su trabajo en la causa internacional, solicitaron a la Corte que los establezca con base en el principio de equidad. La Comisión no se pronunció sobre este punto.

190. El Estado señaló que “aguarda[ría] el [fallo] que se adopte al respecto”, en el marco del criterio de la razonabilidad que debe primar al momento de solicitar y fijar los montos que corresponden al reintegro de los gastos necesarios para el acceso a los trámites nacional e internacional y en virtud de que los representantes han solicitado que aquellos sean fijados en equidad. A su vez, en el Acuerdo las partes solicitaron a la Corte que se pronuncie sobre el alcance de las reparaciones a favor de las víctimas, las cuales debían incluir las costas y gastos incurridos en sede interna e internacional.

E.2. Consideraciones de la Corte

191. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia(283), las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que las actividades desplegadas por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implican erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria.

192. En cuanto al reembolso de gastos, corresponde a la Corte apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable(284).

193. En primer lugar, si bien los representantes no presentaron prueba de los gastos incurridos por el reclamo de justicia de la familia Gutiérrez ante las autoridades argentinas, el Tribunal ha constatado la actividad constante de Nilda del Valle Maldonado y Francisco Gutiérrez en los procesos penales iniciados por los hechos del caso (supra párrs. 47, 60, 141 y 142). En consecuencia, la Corte ordena en equidad al Estado que pague a cada uno de éstos, la suma de USD $ ... (... dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas incurridas en el litigio nacional.

194. Por otra parte, en cuanto al litigio interamericano, la Corte constató que los representes remitieron diversos comprobantes de boletos aéreos a la sede de la Comisión Interamericana en Washington, D.C., que ascendieron a un total de USD $ ... (... dólares con ... centavos de dólar de los Estados Unidos de América). El Estado no formuló observaciones al respecto. En consecuencia, la Corte ordena que el Estado reintegre esta suma a los representantes de las víctimas. Por otro lado, la Corte constata que los representantes no aportaron prueba ni indicaron qué miembros de la familia del señor Gutiérrez habrían viajado a la sede de la Comisión Interamericana en Washington, D.C., con motivo del caso, por lo que no ordenará un monto en este concepto. Igualmente, la Corte no tomará en cuenta los comprobantes remitidos por los representantes, relacionados a un viaje a Nueva York, Estados Unidos, ya que aquéllos no indicaron cómo éste guardaría relación con el caso.

195. Finalmente, la Corte constató que los representantes remitieron comprobantes relacionados con los gastos sufragados para asistir a la audiencia pública celebrada ante esta Corte. En consecuencia, la Corte ordena al Estado que reintegre a los representantes de las víctimas la suma de USD $ ... (...dólares con ... centavos de dólar de los Estados Unidos de América), así como reintegre a Nilda del Valle Maldonado la suma de USD $ ... (... dólares con ... centavos de dólar de los Estados Unidos de América). Además, la Corte ordena en equidad que el Estado reintegre a los representantes la suma de USD$ ... (... dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de honorarios. Las cantidades fijadas a favor de los representantes de las víctimas, deberán ser entregadas directamente al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En la etapa de supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte podrá disponer el reembolso por parte del Estado a las víctimas o sus representantes de gastos posteriores razonables y debidamente comprobados(285).

F. Otras medidas solicitadas

196. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinar la responsabilidad administrativa, disciplinaria, penal o de otra índole que aplique, por las deficiencias en la investigación, procesamiento de los hechos y obstaculización que ha derivado en la impunidad. En el marco del Acuerdo celebrado con los representantes, el Estado se comprometió “a avanzar en las acciones administrativas y sumariales pendientes sobre el personal de la Policía Federal Argentina a su cargo que hayan participado en el crimen, lo hayan encubierto o hayan entorpecido la investigación”.

197. Adicionalmente, los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado: legislar y regular la participación plena de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil en los sumarios administrativos y la implementación de un mecanismo de control externo de las actuaciones administrativas; incorporar a las “normas que rigen la actuación de las fuerzas de seguridad del país, una cláusula que establezca la posibilidad de iniciar e instruir, o revisar las actuaciones disciplinarias sobre aquellos hechos que hubieren dado lugar a una condena, decisión o recomendación de una instancia internacional de supervisión y control en procesos por violaciones de derechos humanos, respecto del Estado”; desarrollar mecanismos efectivos para el cumplimiento integral de las decisiones provenientes de organismos internacionales en materia de derechos humanos; modificar la regulación actual de los sistemas de defensa institucional y de defensas corporativas de las fuerzas de seguridad; creación e implementación de mecanismos de protección de funcionarios dispuestos a investigar; crear “una beca con el nombre de Jorge Omar Gutiérrez, para la realización de cursos de derechos humanos para estudiantes de la carrera de policía”; reconocer “la memoria de Jorge Omar Gutiérrez durante la ceremonia del 2 de noviembre en la que cada año se conmemora a los policías caídos en cumplimiento del deber”; disponer “de las medidas necesarias para que el local donde funcionaba el depósito lindante a la Comisaria 2da. de Avellaneda pueda destinarse a un fin de bien público”, y apoyar “la difusión del documental que actualmente se está realizando sobre los hechos del presente caso, así como la reedición del libro ‘Maten a Gutiérrez' de Daniel Otero”.

198. Al respecto, la Corte estima que las medidas de reparación ordenadas en la presente Sentencia son suficientes en atención a los hechos y violaciones de a los derechos humanos establecidas.

G. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

199. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a las personas indicadas en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los siguientes párrafos.

200. En caso de que los beneficiarios fallezcan antes de que les sean entregadas las indemnizaciones respectivas, éstas se efectuarán directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

201. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o moneda argentina, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.

202. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera argentina, en dólares de los Estados Unidos de América y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria de Argentina. Si al cabo de 10 años las indemnizaciones no han sido reclamadas, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.

203. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización deberán ser entregadas a las personas indicadas en forma íntegra conforme a lo establecido en este Fallo, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

204. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en la República Argentina.

X. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por tanto,

LA CORTE DECIDE,

por unanimidad, que:

1. Acepta el Acuerdo sobre Reparaciones en los términos de los párrafos 15 a 27 de esta Sentencia.

DECLARA, por unanimidad, que:

2. El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Jorge Omar Gutiérrez, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 74 a 92 de esta Sentencia.

3. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez, J. G. G., O. D. G., M. V. G., Francisco Gutiérrez y Nilda Gutiérrez, todos ellos familiares de Jorge Omar Gutiérrez, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 93 a 134 de esta Sentencia.

4. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez, J. G. G., O. D. G., M. V. G., Francisco Gutiérrez y Nilda Gutiérrez, todos ellos familiares de Jorge Omar Gutiérrez, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 135 a 146 de esta Sentencia.

Y DISPONE,

por unanimidad, que:

5. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

6. El Estado debe llevar a cabo con la debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes, con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos relacionados con la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez, así como establecer la verdad sobre los mismos, considerando los criterios señalados sobre investigaciones en este tipo de casos, de conformidad con lo establecido en los párrafos 151 a 154 de esta Sentencia.

7. El Estado debe llevar a cabo, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, un acto público en el que reconozca su responsabilidad internacional y brinde disculpas por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en los párrafos 156 a 158 de este Fallo.

8. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el resumen oficial de la misma elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional. Asimismo, la República Argentina deberá publicar la Sentencia íntegra por al menos 12 meses ininterrumpidos en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ, www.cij.gov.ar), así como en los sitios web oficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los párrafos 159 y 160 de esta Sentencia.

9. El Estado debe adoptar medidas de conservación y señalización del galpón y la comisaría donde ocurrieron los hechos que originaron el presente caso, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, de conformidad con lo establecido en los párrafos 161 y 162 de la misma.

10. El Estado deberá integrar a los currículos de formación o planes de estudio de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, así como de la Policía Judicial de dicha Provincia, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, cursos de capacitación sobre las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, y sobre la obligación de investigar con debida diligencia y la tutela judicial efectiva, así como el control de convencionalidad, refiriéndose al presente caso y a esta Sentencia, de conformidad con lo establecido en los párrafos 166 a 168 de la misma.

11. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 176, 186 y 193 a 195 de esta Sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 172 a 204 de la presente Sentencia.

12. El Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta Sentencia, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma.

13. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 25 de noviembre de 2013.

 

Diego García-Sayán

Presidente

Manuel E. Ventura Robles

Alberto Pérez Pérez

Eduardo Vio Grossi

Roberto F. Caldas

Humberto Antonio Sierra Porto

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

Comuníquese y ejecútese,

 

Diego García-Sayán

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

 

Notas:

  (1) Informe de admisibilidad 1/03 (expediente ante la Comisión, folios 1353 a 1380). En dicho informe, la Comisión concluyó que era competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre las presuntas violaciones de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma.

  (2) Cfr. Informe de Fondo No. 63/11 (expediente de fondo, folio 35).

  (3) Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Convocatoria a Audiencia Pública. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012. Esta Resolución se encuentra disponible en: http://corteidh.or.cr/index.php/en/16-juris/193-convocatorias.

  (4) A esta audiencia pública comparecieron: por la Comisión Interamericana, Silvia Serrano Guzmán, Asesora; por los representantes, Paula Litvachky, Gabriela Kletzel, Luis Valenga; por la República Argentina: Javier Salgado, Agente, Director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Gonzalo Bueno, Asesor Legal de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Yanina Berra Rocca, funcionaria de la Dirección de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y María Eugenia Carbone, Coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

  (5) Los artículos 62, 63 y 64 del Reglamento de la Corte establecen:

Artículo 62. Reconocimiento

Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.

Artículo 63. Solución amistosa

Cuando la Comisión, las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandando y, en su caso, el Estado demandante, en un caso ante la Corte comunicaren a ésta la existencia de una solución amistosa, de un avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución del litigio, la Corte resolverá en el momento procesal oportuno sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.

Artículo 64. Prosecución del examen del caso

La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos precedentes.

  (6) Cfr. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 42, y Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr. 20.

  (7) Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 24, y Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 16.

  (8) Cfr. Caso Kimel, supra, párr. 24, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 19.

  (9) Cfr. Caso Kimel, supra, párr. 24, y Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 266.

  (10) El artículo 62.3 de la Convención establece: La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

  (11) El artículo 63.1 de la Convención establece: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

  (12) Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 56, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 28.

  (13) Cfr. Copia de pasaporte (expediente de fondo, folio 818).

  (14) Cfr. Actas de nacimiento (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2631 a 2633).

  (15) Cfr. Declaraciones mediante afidávit de 9 de abril de 2013 (expediente de fondo, folios 697 y 715).

  (16) Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C No. 58, párr. 43, y Caso García y Familiares, supra, párr. 22.

  (17) Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 18, y Caso Pueblo Indígena de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 27.

  (18) Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 69, y Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229, párr. 37.

  (19) Los representantes refirieron que: “[l]a ley procesal vigente en ese momento (Ley provincial 3589) […] les reconocía limitadas facultades a los familiares del señor Gutiérrez para intervenir en el proceso […]”. Según los representantes, las “muy limitadas” facultades del particular damnificado están establecidas taxativamente en el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, “según el artículo 89 [de dicho Código] el particular damnificado no es ‘parte' en el proceso, dejándolo en un plano secundario respecto del fiscal y la defensa”. Cfr. Escrito de argumentos y pruebas (expediente de fondo, folio 125).

  (20) Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 153, y Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 47.

  (21) Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 178, y Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 133.

  (22) Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 124, y Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párr. 17.

  (23) Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 57, y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, supra, párr. 27.

  (24) Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párrs. 69 al 76, y Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 30.

  (25) Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Fondo, supra, párr. 76, y Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244, párr. 13.

  (26) La víctima Francisco Virgilio Gutiérrez declaró sobre “la supuesta relación que tenía con su hermano al momento de su asesinato, sobre las gestiones presuntamente realizadas por él con el fin de colaborar con la justicia en el esclarecimiento del hecho y su rol como Diputado Nacional o Intendente de Quilmes, sobre cómo vivió el proceso de solución amistosa, y las supuestas represalias y amenazas de las que fueron víctimas él y su familia por comprometerse en la búsqueda de justicia por el supuesto asesinato de su hermano”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 1.A.2.

  (27) La víctima Nilda Elena Gutiérrez declaró sobre “la supuesta relación que tenía con su hermano y la vida de la familia Gutiérrez antes de su presunto asesinato. Asimismo, declar[ó] sobre las supuestas consecuencias de dicho suceso y de la presunta ‘impunidad en la salud física y mental de sus padres y las relaciones con ellos', sobre las gestiones realizadas por ella y la familia, cómo supuestamente repercutió en sus valores y en los de su familia la actuación de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, así como sobre las consecuencias que tuvo y tiene en su vida la alegada impunidad de los hechos”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 1.A.1.

  (28) Las víctimas J. G. y O. D. G. declararon sobre “cómo eran sus vidas al momento del supuesto asesinato de su padre y cuáles fueron las presuntas repercusiones en sus proyectos de vida personal y profesional, sobre las gestiones realizadas por ellos y su familia para conocer la verdad acerca de lo ocurrido, las supuestas consecuencias que tuvieron en su vida las alegadas acciones de encubrimiento y obstaculización por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, y sobre las presuntas consecuencias que tuvo y tiene en sus vidas la alegada impunidad de los hechos”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 1.A.3.

  (29) La víctima M. V. G. declaró sobre “cómo era su vida al momento del alegado asesinato de su padre y las supuestas consecuencias que tuvo en la vida familiar, las gestiones realizadas por ella y lo que supuestamente le implica convivir desde la adolescencia con la presunta impunidad de los hechos, y sobre los supuestos obstáculos enfrentados por ella y su familia en la búsqueda de justicia”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 1.A.4.

  (30) El perito Alejandro Rúa rindió dictamen sobre “los actuados, tanto judiciales como administrativos, del presente caso, y si fueron o no adecuados, sobre cómo se encararon las actuaciones administrativas de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en torno al supuesto homicidio de Jorge Omar Gutiérrez, y sobre las medidas institucionales que debieran asumirse para revertir las supuestas condiciones que posibilitaron estos hechos, su presunto encubrimiento corporativo y la presunta impunidad administrativa”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 1.B.5.

  (31) El perito Gabriel Eduardo Pérez Barberá rindió dictamen sobre “la necesidad de que los sistemas de justicia penal cuenten con cuerpos de investigación criminal autónomos de las policías, especialmente en aquellos casos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 1.B.4.

  (32) El perito Luis María Chichizola rindió dictamen sobre “la estructura y el funcionamiento del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, las supuestas fallas de la investigación judicial y sobre cómo podría mejorarse la justicia de esa Provincia para este tipo de casos, particularmente, en relación con el Ministerio Público”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 1.B.6.

  (33) El perito Ricardo Favorotto rindió dictamen sobre “las supuestas deficiencias de la actuación judicial en el presente caso, cuáles de esos presuntos problemas supuestamente constituyen falencias estructurales actuales y sobre las medidas institucionales para superarlas”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 1.B.3. Asimismo, el 26 de marzo de 2013, los representantes informaron su decisión de desistir de la presentación de los dictámenes periciales a cargo de María Victoria Pita, Lila Caimari, Julián Axat e Ignacio Cano, oportunamente ofrecidos y aceptados para ser dispuestos bajo la modalidad de affidávit mediante la Resolución del Presidente de 20 de diciembre de 2012 emitida en el presente caso (supra párr. 8).

  (34) Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez, esposa de Jorge Omar Gutiérrez, declaró sobre “cómo era su vida al momento en que su esposo fue supuestamente asesinado, las gestiones que ella y su familia realizaron para conocer la verdad acerca de lo ocurrido, la actuación de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, los alegados obstáculos enfrentados por su familia en la búsqueda de justicia, y el supuesto impacto que tuvo en su vida y en la de su familia la muerte de su esposo y la presunta impunidad de los hechos”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 5.1.

  (35) El perito Alberto Binder rindió dictamen sobre “el funcionamiento de la justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Bonaerense, en particular, las supuestas deficiencias que llevaron a la reforma judicial y policial de los años 1997 y 1998, y sobre el objetivo, contenido y principales características de esta reforma, y su grado de cumplimiento frente a su funcionamiento actual”. Cfr. Caso Gutiérrez y familia Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de diciembre de 2012, punto resolutivo 5.1.

  (36) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 140, y Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260, párr. 53.

  (37) Los representantes remitieron el Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (expediente de fondo, folios 905 a 1096). Asimismo, mediante escrito de 30 de agosto de 2013, explicaron que los códigos penal y procesal penal aplicables en las investigaciones realizadas por los hechos del caso se pueden localizar en determinadas páginas web del Estado (supra párr. 13). El Tribunal no tomó en cuenta el escrito de la Comisión de 7 de agosto de 2013, ya que fue presentado de forma extemporánea (supra párr. 12).

  (38) Cfr. “Un Fallo Critica con Severidad Caso de la Aduana Paralela”, la Nación, 12 de octubre de 2000, y “El Ranking de los Hechos de Corrupción”, CNA Agencia de Noticias, 7 de diciembre de 2009 (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 38 a 48).

  (39) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra párr. 146, y Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 44.

  (40) Entre otros, los representantes señalaron las páginas web del Estado en donde se pueden localizar el Código Penal de la Nación Argentina actualmente vigente (http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=codigos, http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro=LEYNAC&docid=CPE%20C%20011179%201984%2012%2021) y el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, texto conforme a la Ley 3589 (http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1334, http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-3589.html), los cuales, según aquéllos, fueron aplicados a la investigación iniciada por los hechos de este caso. También aportaron enlaces a la Ley 12.059 (http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/l12059.pdf) y a la Ley 13153 (http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13153.html).

  (41) Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 26, y Caso Vélez Restrepo y Familiares, supra, párr. 63.

  (42) Cfr. Daniel Otero, "Maten a Gutiérrez, un crimen de la Aduana Paralela", Editorial Planeta, Buenos Aires, Argentina, 1998 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2348).

  (43) Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 72, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 55.

  (44) Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 22, párr. 43, y Caso Mendoza y otros, supra, párr. 54.

  (45) Cfr. Extracto del legajo policial de Jorge Omar Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1998).

  (46) Cfr. Certificado de nacimiento de J. G. G. (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2631); Certificado de nacimiento de O. D. G. (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2633), y Certificado de nacimiento de M. V. G. (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2632).

  (47) Cfr. Extracto del legajo policial de Jorge Omar Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1995, 1998 y 2004).

  (48) Cfr. Certificado de defunción de Jorge Omar Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2627).

  (49) Cfr. Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de la Probable Comisión de Hechos Ilícitos Perpetrados o Producidos en la Administración Nacional de Aduanas de noviembre de 1997 (expediente de fondo, folios 911, 912, 917, 964 y 1022).

  (50) Cfr. Declaración pericial rendida por Alberto Binder ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada el 21 de mayo de 2013.

  (51) Cfr. Declaración de un guarda de tren de 30 agosto 1994 ante la Comisaría Segunda de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1713 a 1715), y Acta de inspección ocular de 29 de agosto de 1994, Comisaría Segunda de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1705 a 1710).

  (52) Cfr. Declaración de un guarda de tren de 30 agosto 1994 ante la Comisaría Segunda de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1713 a 1715); Declaración de un segundo guarda de tren de 29 de septiembre de 1994 ante la División de Vigilancia Preventiva de la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria, Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2122 y 2123), y Declaración del mencionado segundo guarda de tren de 20 de enero de 2003 ante la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro, Policía de Investigaciones en Función Judicial, Policía Bonaerense (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1849 a 1850).

  (53) Cfr. Acta de inspección ocular de 29 de agosto de 1994, Comisaría Segunda de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1705 a 1710).

  (54) Cfr. Reconocimiento médico legal de 29 de agosto de 1994 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1717 a 1720).

  (55) Cfr. Resolución de 28 de diciembre de 2006 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 300); Resolución de 30 de diciembre de 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 319), y Sumario administrativo 357-18-000001/94, Ministerio del interior de la Policía Federal Argentina (anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2212, 2217 y 2270).

  (56) La Ley 12.059 de 11 de diciembre de 1997 establecía en su artículo 3 que “[l]as causas pendientes al 1 de marzo de 1.998 continuarán tramitándose según las normas de la Ley 3.589 […], hasta su finalización. Estas causas deberán ser concluidas antes del 1 de enero del año 2.000. Transcurrido dicho plazo, tramitarán según el nuevo Código (Ley 11.922)”. Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/intranet/digesto/PDF/l12059.pdf. Sin embargo, el artículo 1 de la Ley 13.153 de 18 de diciembre de 2003 posteriormente sustituyó el artículo 3° de la Ley 12.059, estableciendo que “[l]as causas pendientes al 1º de marzo de 1998 continuarán tramitándose hasta su finalización, según las normas de la Ley 3.589”. Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13153.html.

  (57) Cfr. Declaración de 31 de marzo de 2005 ante instructores judiciales (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1966).

  (58) Consta en el expediente de esta Corte que se recibieron al menos nueve declaraciones (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1713 a 1715, 1730 a 1732, 1722 a 1724, 1726 a 1728, 1740, 1749 a 1754, 2039, 2098 a 2100, y 2101 a 2102).

  (59) Cfr. Acta de reconstrucción de hechos de 22 septiembre 1994 ante el Juzgado Criminal y Correccional No. 5 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1737 y 1738).

  (60) Cfr. Declaraciones de los dos testigos presenciales (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 107 a 108, y 111 a 113).

  (61) Cfr. Actas de rueda de reconocimiento de 24 de septiembre de 1994 (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 116 a 117, y 119 a 120).

  (62) Cfr. Acta de audiencias de 29 de septiembre de 1994 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1759 y 1760).

  (63) Cfr. Acta de audiencias de 29 de septiembre de 1994 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1747).

  (64) Cfr. Veredicto de 15 de noviembre de 1996 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 135), y Sentencia de 15 de noviembre de 1996 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1784).

  (65) Cfr. Portada del expediente Sumario Administrativo N° 357-18-000001/94. Causa: juzgar conducta. Departamento Investigaciones Administrativas de la Policía Federal Argentina (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2113).

  (66) Cfr. Comunicación de 26 de septiembre de 1994, Proceso Sumario Administrativo No.1, expediente 357-18-000001/94 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2116), y Comunicación de 24 de septiembre de 1994, Proceso Sumario Administrativo No.1, expediente 357-18-000001/94 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2118).

  (67) Cfr. Acta del Juicio Oral de 11 y 12 de noviembre de 1996, Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1778 a 1780).

  (68) Cfr. Veredicto de 15 de noviembre de 1996 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 123).

  (69) Cfr. Auto de 26 de mayo de 1995, Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1762).

  (70) Cfr. Acta del Juicio Oral de 11 y 12 de noviembre de 1996, Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1773).

  (71) Consta en el expediente que en dicha audiencia: a) prestó declaración el único procesado en la causa penal; b) se llamó a declarar a trece testigos policiales, a ocho testigos civiles y a ocho peritos quienes además ratificaron las firmas de sus informes obrantes en la causa; c) comparecieron los dos testigos presenciales de los hechos, entre los que se realizó un careo; d) la defensa desistió de tres testimonios, y e) el Fiscal y la defensa presentaron sus alegatos. Cfr. Acta del Juicio Oral de 11 y 12 de noviembre de 1996, Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1765 y 1775).

  (72) Cfr. Veredicto de 15 de noviembre de 1996 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento del caso, folios 123 a 136).

  (73) Cfr. Sentencia de 15 de noviembre de 1996 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1784 a 1788).

  (74) Cfr. Veredicto de 15 de noviembre de 1996 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 123 a 136).

  (75) Cfr. Sentencia de 15 de noviembre de 1996 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1785 y 1788).

  (76) Cfr. Sentencia de 15 de noviembre de 1996 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1784 a 1788).

  (77) Cfr. Declaración de 11 de octubre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 225), y Declaración de 4 de abril de 2005 ante instructores judiciales, en el cuerpo de Instructores de la Policía Judicial de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1961).

  (78) Cfr. Escrito de interposición de recursos extraordinarios de inconstitucionalidad por nulidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2042).

  (79) Cfr. Resolución de 20 de diciembre de 1996 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1790 y 1791).

  (80) Cfr. Resolución de 28 de abril de 1998 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1800).

  (81) Cfr. Resolución de 22 de abril de 1997 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1793 a 1797).

  (82) Cfr. Resolución de 28 de abril de 1998 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1800 a 1802).

  (83) Cfr. Resolución de 12 de noviembre de 1998 dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1805).

  (84) Cfr. Resolución No. 81974 de 13 de septiembre de 1994 de la Dirección General de Asuntos Judiciales (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 103 y 104).

  (85) Cfr. Resolución No. 104097 de 23 de marzo de 1998, Interventor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 2623 a 2625).

  (86) Cfr. Acta Inicial del Proceso Sumario Administrativo No.1, expediente 357-18-000001/94 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2115).

  (87) Cfr. Oficio de 26 de septiembre de 1994, Proceso Sumario Administrativo No.1, expediente 357-18-000001/94 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2116).

  (88) Cfr. Oficio de 6 de octubre de 1994, Proceso Sumario Administrativo No.1, expediente 357-18-000001/94 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2134).

  (89) Cfr. Oficio de 11 de octubre de 1994, Proceso Sumario Administrativo No.1, expediente 357-18-000001/94 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2135).

  (90) Cfr. Acta de prosecución de 16 de noviembre de 1994, Proceso Sumario Administrativo No.1, expediente 357-18-000001/94 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2138).

  (91) Consta en el expediente que se recibieron al menos siete declaraciones (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2122, 2124, 2198 a 2209, 2125, 2127, 2183 a 2185, 2151 a 2154).

  (92) Cfr. Constancia de Instrucción de 23 de enero de 1995 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2188); Acta de citación de 24 de enero de 1994 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2192), e Informe Final de 2 de octubre de 1995 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2268).

  (93) Cfr. Solicitud del 28 de septiembre de 1994 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2129).

  (94) Cfr. Remisión de antecedentes disciplinarios de 5 de octubre de 1994 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2140 y 2141).

  (95) Cfr. Proceso Sumario Administrativo, expediente 357-18-000001/94 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2143 a 2146, 2174 y 2172).

  (96) Cfr. Declaración de Descargo del policía federal procesado de 29 de junio de 1995 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2235 y 2236).

  (97) Cfr. Diligencia de cierre y análisis de las actuaciones de 2 de octubre de 1995 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2263).

  (98) Cfr. Expediente administrativo 357-18-000001/94 del Ministerio del Interior de la Policía Federal Argentina (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2264 a 2283, 2316, 2318, 2324 a 2329).

  (99) Cfr. Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de noviembre de 1997 (expediente de fondo, folios 911, 915 y 963).

  (100) Cfr. Copia de las versiones taquigráficas ante la Comisión Especial Investigadora (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 148 a 173, y 175 a 199); Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de noviembre de 1997 (expediente de fondo, folio 963), y Escritos de 20 y 24 de febrero de 1997 remitidos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por el Presidente de la Comisión Especial Investigadora (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 143 a 145).

  (101) Cfr. Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de noviembre de 1997 (expediente de fondo, folio 964).

  (102) Cfr. Escritos de 20 y 24 de febrero de 1997 remitidos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por el Presidente de la Comisión Especial Investigadora (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 143 a 145).

  (103) Cfr. Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de noviembre de 1997 (expediente de fondo, folio 964).

  (104) Cfr. Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de noviembre de 1997 (expediente de fondo, folio 1022).

  (105) Cfr. “Causa 57.927, Juzgado Nacional de 1a, en l[o] criminal, de instrucción Nro. 32” (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2098).

  (106) Cfr. Auto del Juez de Instrucción de 13 de marzo de 1995 (anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2105).

  (107) Cfr. Informe del Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires de 12 de mayo de 2004 (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 287).

  (108 ) Cfr. Resolución de 28 de diciembre de 2006 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 300 y 301), y Resolución de 30 de diciembre de 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 320).

  (109) Cfr. Resolución de 18 de agosto 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2075 a 2078); Resolución de 18 de septiembre de 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1976 a 1980), y Resolución de 30 de diciembre de 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 322 y 323).

  (110) Cfr. Escrito dirigido a la Jueza de la causa de 6 de mayo de 1999 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1826-9 a 1826-11 y 1826-20).

  (111) Cfr. Auto de 17 de abril de 2000 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1815).

  (112) Cfr. Escrito presentado el 17 y 24 de mayo de 2000 al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1817 a 1819).

  (113) Cfr. Auto de 5 de septiembre de 2000 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 205 y 206).

  (114) En el expediente de la Corte constan quince declaraciones ante el Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de apéndices al escrito de sometimiento, folios 879, 883 a 887, 888 a 892 y 1016 a 1019; anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1855 a 1857, y expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 48 a 51, 53, 54, 56 a 99, 213 a 217, 219 a 222, 224 a 229, 231, 232, 235 a 244 y 246 a 253).

  (115) Cfr. Auto de 28 de septiembre de 2000 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de apéndices al escrito de sometimiento, folio 856); Acta de 29 de septiembre de 2000 de diligencia de oficio de secuestro del libro de guardia ante el Departamento Judicial de La Plata (expediente de apéndices al escrito de sometimiento, folio 874), y Comunicación de 3 de octubre de 2000 dirigida al Jefe de la Asesoría Pericial de Tribunales por el Secretario del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 211).

  (116) Cfr. Dictamen pericial de 18 de octubre de 2000 dirigido al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 208 a 210).

  (117) Cfr. Auto de 30 de noviembre de 2000 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 255 y 256).

  (118) Cfr. Oficio de 1 de diciembre de 2000 de la Comisaría Segunda de Avellaneda (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 268), y Acta de 1 de diciembre de 2000 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 270 y 271).

  (119) Cfr. Auto de 12 de julio de 2001 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1821).

  (120) Cfr. Oficio de 17 de septiembre de 2001 dirigido al Fiscal General por el Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 276).

  (121) Cfr. Oficio de 20 de septiembre de 2001 dirigido por el Fiscal General Hector Vogliolo al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1824).

  (122) Cfr. Escrito de 16 de septiembre de 2002 dirigido por Nilda del Valle Maldonado al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1829 a 1832).

  (123) Cfr. Auto de 2 de octubre de 2002 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1834).

  (124) Resolución de 28 de diciembre de 2006 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 301).

  (125) En el expediente de la Corte constan dos declaraciones ante la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro, cuatro declaraciones ante la Delegación Departamental de Investigaciones Quilmes, dos ante la Comisión Especial Investigadora Quilmes y una ante el Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1848 a 1852, 1864 a 1868, 1871 a 1873, 1876 a 1878, 1881 a 1884, 1886 a 1889, 1902 a 1907, 1909 a 1913 y 1915 a 1918).

  (126) Cfr. Escrito de 2 de mayo de 2001 dirigido por los particulares damnificados a la Jueza de la causa (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1836 a 1837).

  (127) Cfr. Investigación Penal Preparatoria Nro.167.253 sobre el homicidio del Comisario Jorge Luis Piazza (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2331 a 2344).

  (128) Cfr. Acta de identificación de 4 de abril de 2003, Comisión Especial Investigativa, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1892 a 1893).

  (129) Cfr. Acta de diligencia de reconocimiento en rueda de personas por fotografías de 14 de septiembre de 2004, practicada por el señor testigo presencial ante el Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1920 a 1925), y Acta de diligencia de reconocimiento en rueda de personas por fotografías de 14 de septiembre de 2004, practicada por un vendedor ambulante ante el Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1931 a 1935).

  (130) Cfr. Acta de identificación de 4 de abril de 2003, Comisión Especial Investigativa, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1892 a 1893).

  (131) Cfr. Auto de 30 de septiembre de 2004 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1938).

  (132) Cfr. Oficio de 22 de octubre de 2004 dirigido por la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1958).

  (133) Cfr. Oficio de 13 de septiembre de 2006 remitido por instructores judiciales del cuerpo de Instructores de la Policía Judicial de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires al Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1971 a 1974).

  (134) Cfr. Resolución de 28 de diciembre de 2006 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 300 a 303).

  (135) Cfr. Resolución de 12 de noviembre de 2008 de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (expediente apéndices al escrito de sometimiento, folios 1577 a 1579).

  (136) Cfr. Auto de 31 de marzo de 2009 del Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 312 a 314).

  (137) Cfr. Resolución de 7 de agosto de 2009 de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 307 a 309).

  (138) Cfr. Resolución de 18 de agosto 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2075 a 2078).

  (139) Cfr. Recurso de apelación interpuesto por Nilda del Valle Maldonado y Francisco Gutiérrez ante la Primera Sala de Apelación y Garantías en lo Penal (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2079 a 2088).

  (140) Cfr. Resolución de 25 de agosto de 2009 de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2089 a 2091).

  (141) Cfr. Comunicación de 10 de septiembre de 2009 de la Secretaria de Transición Penal, Departamento Judicial de La Plata, dirigida a la Secretaría de Asuntos Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (expediente de apéndices al escrito de sometimiento, folios 1090 a 1091).

  (142) Cfr. Resolución de 30 de diciembre de 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 322 y 323).

  (143) Cfr. Resolución de 18 de septiembre de 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1976 a 1980).

  (144) Cfr. Resolución de 6 de noviembre de 2009 de la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1982 a 1990).

  (145) Cfr. Resolución de 30 de diciembre de 2009 del Juzgado de Garantías No. 5 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 319 a 324).

  (146) Cfr. Comunicación de 29 de octubre de 2013 dirigido por el Presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal al Subsecretario de protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de fondo, folios 1449 y 1450).

  (147) Cfr. Comunicación de 29 de octubre de 2013 dirigido por el Presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal al Subsecretario de protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de fondo, folios 1449, 1479 y 1480).

  (148) El particular damnificado presentó, inter alia, las siguientes “razones generales y particulares”: “[l]las primeras redundarían en cuanto que el procedimiento de la Ley 3.589 se enc[ontraría] en franca violación con los principios que anidan en el procedimiento acusatorio y por sobre todo, en aquellos concebidos a partir de los Tratados Internacionales receptados por [la] Carta Magna […], solicitando entonces que el proceso [fuese] encaminado en el marco de la Ley 11.922, y por ante los nuevos órganos jurisdiccionales instituidos a partir de [… la Ley 12.060,] en el caso y de acuerdo a la fase del proceso, un Tribunal en lo Criminal”; “[l]as segundas [se] abriga[rían] en la injerencia y participación que le atañe al particular damnificado en el proceso regulado por la Ley 11.922 y sus modificatorias (Ley 13.943), donde le dan un rol más amplio y se prioriza su figura, a diferencia del antiguo régimen que a su juicio lo somete a ser parte contingente”. Cfr. Resolución del 30 de agosto de 2012 de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (expediente de fondo, folios 1458 a 1480).

  (149) Cfr. Comunicación de 29 de octubre de 2013 dirigido por el Presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal al Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de fondo, folios 1450 y 1451).

  (150) Cfr. Resolución del 30 de agosto de 2012 de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (expediente de fondo, folios 1479 y 1480).

  (151) El 7 de mayo de 2013 la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires dictó un “Acuerdo” en el cual: i) declaró la nulidad de la incompetencia dispuesta por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal; ii) rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 13.153; iii) comunicó a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que debía de forma urgente citar a juicio con vista a las partes para que ofrecieran pruebas que debían llevarse a cabo en la necesaria investigación y designar la imprescindible audiencia preliminar, y iv) dio inmediata intervención al Fiscal General de La Plata a fin que designara los agentes que debían realizar una investigación completa, imparcial y efectiva con el objetivo de determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los demás que hubiesen intervenido en la preparación y ejecución del homicidio, así como en la alteración o desaparición de pruebas, y omisiones de investigar y denunciar lo que correspondía. Cfr. Acuerdo de 7 de mayo de 2013 dictado por la Sala III del Tribunal de Casación Penal (expediente de fondo, folios 1484 a 1494).

  (152) Cfr. Comunicación de 29 de octubre de 2013 dirigido por el Presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal al Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de fondo, folio 1452).

  (153) Cfr. Resolución de 18 de junio de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (expediente de fondo, folios 1496 a 1502).

  (154) Cfr. Comunicación de 29 de octubre de 2013 dirigido por el Presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal al Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (expediente de fondo, folio 1453). Los representantes señalaron en su escrito de observaciones a la prueba para mejor resolver remitida por el Estado, que su “reclamo [en contra de la impunidad] también ha sido desatendido en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de fecha 23 de octubre de 2013, [la cual] rechazó el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por los peticionarios y que ha motivado recurrir en Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Sin embargo, no proporcionaron prueba de lo informado.

  (155) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra, párr. 163, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, supra, párr. 142.

  (156) Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21, y Caso Masacre de Santo Domingo, supra, párr. 189.

  (157) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra, párr. 173, y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 45.

  (158) Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 79, y Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 234.

  (159) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra, párr. 162, y Caso Palma Mendoza y otros Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 247, párrs. 81 a 84.

  (160) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144, y Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, párr. 117.

  (161) Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra, párr. 110, y Caso Luna López, supra, párr. 119.

  (162) Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 113, y Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 27 de noviembre de 2012. Serie C No. 256, párr. 112.

  (163) Art. 2 de “Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, preparados por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, anexados a la Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/56/589 y Corr.1)] 56/83. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos”, 85ª sesión plenaria, 12 de diciembre de 2001, Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 10 y correcciones (A/56/10 y Corr.1 y 2). 2 Ibíd., párrs. 72 y 73, que recoge la costumbre internacional en la materia.

  (164) Cfr. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra, párr. 87, y Caso Castillo González y otros, supra, párr. 113.

  (165) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra, párr. 127, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 184.

  (166) Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 96, y Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro), supra, párr. 58.

  (167) Cfr. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 136 y 137, y Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros), supra, párr. 173.

  (168) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra, párr. 129, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 70.

  (169) Cfr. Declaración del señor testigo presencial de 14 septiembre 1994 ante la Comisaría Segunda de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1748 a 1754); Declaración de la señora testigo presencial de 22 septiembre 1994 ante el Juzgado Criminal y Correccional No. 5 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 111 a 113), y Declaración del señor testigo presencial de 22 septiembre 1994 ante el Juzgado Criminal y Correccional No. 5 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 107 y 108).

  (170) Cfr. Veredicto de 15 de noviembre de 1996 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 135); Sentencia de 15 de noviembre de 1996 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1784), y Expediente Sumario Administrativo N° 357-18-000001/94. Causa: juzgar conducta. Departamento Investigaciones Administrativas de la Policía Federal Argentina (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2113).

  (171) Cfr. Acta de rueda de reconocimiento practicada por el señor testigo presencial de 24 de septiembre de 1994 ante la Comisaría Segunda de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 116 y 117), y Acta de rueda de reconocimiento practicada por la señora testigo presencial de 24 de septiembre de 1994 ante la Comisaría Segunda de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 119 y 120).

  (172) Cfr. Declaración del señor testigo presencial, Departamento de Investigaciones Administrativas, Ministerio del Interior de la Policía Federal Argentina (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2198 a 2209).

  (173) Cfr. Copia de las versiones taquigráficas de las declaraciones presentadas ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 150 a 152, 166 y 168).

  (174) Cfr. Declaración de 25 de marzo de 2004, Comisión Especial Investigadora de Quilmes (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1917).

  (175) Cfr. Informe Final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación de noviembre de 1997 (expediente de fondo, folio 946).

  (176) Cfr. Versiones taquigráficas de las declaraciones de la entonces suegra del policía federal procesado y del señor Francisco Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 175 a 178 y 181).

  (177) Cfr. Declaración de 17 de febrero de 1997 ante la Comisaría Quinta de la Policía Federal Argentina (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 202 y 203).

  (178) Cfr. Declaración de 17 de noviembre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 247 a 248).

  (179) Cfr. “Causa 57.927, ‘[d]enuncia apremios ilegales', Juzgado Nacional de 1a, en l[o] criminal, de instrucción Nro. 32” (anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2098 a 2100), y Declaración ante la Comisaría Segunda de La Plata de 18 de septiembre de 1994 (anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2101 y 2102).

  (180) Cfr. Copia de las versiones taquigráficas de las declaraciones presentadas ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 161 a 164).

  (181) Cfr. Escrito dirigido a la Jueza de la causa de 4 de mayo de 1999 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1826-9 a 1826-11).

  (182) Cfr. Escrito dirigido a la Jueza de la causa de 4 de mayo de 1999 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1826-13 a 1826-16, 1826-19, 1826-20).

  (183) Cfr. Declaración del testigo detenido de 24 de octubre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 231 y 232), y Declaración del testigo detenido de 24 de septiembre de 2003 ante el Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1902 a 1907).

  (184) La Comisión destacó que: a) “[s]e plantearon hipótesis, por parte de la policía, que no respondían lógicamente a los claros indicios de que el crimen tenía un móvil específico […]”; b) “[a]utoridades como la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la Policía Federal, adopt[aron] ciertas medidas que dificultaron la individualización del agente policial descrito por los dos testigos presenciales”; c) “[l]a Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la Policía Federal presentó ante la justicia federal a dos adolescentes detenidos por la policía federal, quienes se autoincriminarion de la muerte del señor Gutiérrez. Posteriormente, los adolescentes indicaron que fueron víctima[s] de tortura para autoincriminarse”; d) “[un] testigo presencial recibió amenazas y hostigamientos que l[o] llevaron a retractarse de su declaración contra el mencionado policía […]”; y e) “[l]a ex pareja y ex suegra del [policía federal procesado como autor material de los hechos], posteriormente absuelto, manifestaron […] haber sido presionadas y amenazadas con ‘quitarles a su hija y nieta'[,] respectivamente, si no apoyaban la coartada presentada como defensa”.

  (185) Según los representantes, en este caso “este deber de brindar protección judicial no sólo recae en los magistrados judiciales y miembros del Ministerio Público, sino que comprende también el accionar de los miembros de las policías bonaerenses y federal, que funcionaron como auxiliares de la justicia”.

  (186) Resaltaron que “no existe un pronunciamiento judicial que permita establecer quién asesinó al [S]ubcomisario […] Gutiérrez, quién encubrió su crimen y por qué razones”. Lo anterior, pese a que en este caso “no se han presentado […] cuestiones que puedan encerrar una gran complejidad jurídica” y a que “los familiares de la víctima instaron el avance de la causa y hasta lucharon para que no se archiv[ara]”. En cuanto a la conducta de las autoridades competentes, señalaron que “[e]l actuar de los jueces a cargo de la instrucción, su falta de capacidad para sortear las férreas intenciones de las fuerzas policiales de obstaculizar la investigación, el desinterés […] de investigar seriamente y en profundidad la responsabilidad de los autores intelectuales del asesinato de[l Subcomisario] Gutiérrez, así como respecto del coautor del homicidio […], y la férrea y sostenida oposición de la jueza a las peticiones de los particulares damnificados […], son algunos de los motivos por los cuales […] aún existe impunidad” en este caso.

  (187) Entre otros, los representantes señalaron que: a) no se siguieron pistas importantes surgidas al inicio de la investigación; b) no se buscó testigos en forma diligente; c) se omitió investigar al otro presunto responsable de la muerte del señor Gutiérrez; d) nunca se tomaron medidas adecuadas para proteger a los testigos amenazados; e) los avances de la investigación fueron producto del impulso de los familiares del señor Gutiérrez; f) “distintos funcionarios de la policía bonaerense que intentaron avanzar en la investigación y fueron descubriendo irregularidades, se les asignaron repentinamente nuevas tareas que les impidieron continuar”; g) “desde ambas fuerzas policiales se hicieron circular versiones falsas sobre las causas de la muerte” del señor Gutiérrez, y h) la Jueza de la cauda dio por concluida la investigación y decidió archivarla a los pocos meses de asumirla y teniendo medidas de los particulares damnificados sin resolver.

  (188) Cfr. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 90, y Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C. No. 250, párr. 191.

  (189) Cfr. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 92, y Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012. Serie C No. 255, párr. 82.

  (190) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, supra, párr. 242

  (191) Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, supra, párr. 242.

  (192) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra, párr. 177, y Caso Castillo González y otros, supra, párr. 151.

  (193) Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 127, y Caso García Lucero y otras Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267, párr. 121.

  (194) Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párr. 177, y Caso Luna López, supra, párr. 155.

  (195) Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 83, y Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 62.

  (196) Caso Bulacio Vs. Argentina, supra, párr. 115, y Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 93.

  (197) Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 211, y Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 120 y 125.

  (198) Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 88 y 105, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 146.

  (199) Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37, y Caso Manuel Cepeda Vargas, supra, párr. 41.

  (200) Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 96.

  (201) Cfr. Informe del Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires de 12 de mayo de 2004 (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 287).

  (202) Cfr. Declaración de Nilda del Valle Maldonado de Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1731 a 1732).

  (203) Cfr. Causa 57.927, “[…] Denuncia apremios ilegales”, Juzgado Nacional de 1ª en lo Criminal de Instrucción Nro. 32 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2097 a 2100).

  (204) Cfr. Causa 57.927, “[…] Denuncia apremios ilegales”, Juzgado Nacional de 1ª en lo Criminal de Instrucción Nro. 32 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2104). Además, consta en la resolución de 13 de marzo de 1995 del Juez de Instrucción que también había denunciado que los policías mencionados “lo obligaron a declarar en el caso” del señor Gutiérrez “mediante la aplicación de diversos golpes”.

  (205) Cfr. Copia de la declaración de la [señora testigo presencial] prestada ante el Juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional No.5 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 112 a 113).

  (206) Cfr. Escrito de 4 de mayo de 1999 dirigido al Juzgado de Transición No.2 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1826-9).

  (207) Cfr. Declaración ante el Juzgado de Transición No. 2 de 5 de octubre de 2000 (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 213 a 217).

  (208) Cfr. Veredicto de 15 de noviembre de 1996 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 133).

  (209) Cfr. Acta del debate del juicio oral, fs.1253/1261, causa 10.888 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1767 y 1775).

  (210) Cfr. Acta del debate del juicio oral, fs.1253/1261, causa 10.888 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1772).

  (211) El artículo 151 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires establece: “Si el testigo no compareciere el día señalado o se negare a declarar sin causa justificada, se observarán las siguientes reglas: 1- En caso que no obedeciere a la primera citación se le hará comparecer por la fuerza pública a la audiencia siguiente. 2- Si se negare a declarar, se le tendrá arrestado por cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra por su desobediencia”.

Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1334.

  (212) Cfr. Veredicto de 15 de noviembre de 1996 dictado por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 134).

  (213) Cfr. Acta del debate del juicio oral, fs.1253/1261, causa 10.888 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1777); Sentencia del juicio oral de 15 de noviembre de 1996 de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1786), e Informe de la Instructora Judicial de 19 de julio de 1999 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1811).

  (214) Cfr. Expediente Sumario Administrativo N° 357-18-000001/94. Causa: juzgar conducta. Departamento Investigaciones Administrativas de la Policía Federal Argentina (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2275).

  (215) Cfr. Acta del debate del juicio oral, fs.1253/1261, causa 10.888 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1773).

  (216) Cfr. Copia de las versiones taquigráficas de las declaraciones presentadas ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 151).

  (217) Cfr. Declaración de 25 de marzo de 2004 ante la Comisión Especial Investigadora de Quilmes (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1917).

  (218) A su vez, la entonces suegra del policía federal procesado prestó declaración el 17 de febrero de 1997 en la Comisaría Quinta de la Policía Federal Argentina, mediante la cual aclaró que “siempre fue amenazada por los padres [del policía federal procesado,] y no por [é]ste, ya que se encontraba alojado en un centro de de detención”. Cfr. Declaración de Claudia Acuña de 17 de febrero de 1997 ante la Comisaría Quinta de la Policía Federal Argentina (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 202 y 203).

  (219) Cfr. Dictamen pericial de 18 de octubre de 2000 dirigido al Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 208 a 210).

  (220) Cfr. Declaración de 26 de septiembre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1826-47 a 1826-48 y 1826-59).

  (221) Cfr. Declaración de 21 de septiembre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 73, 74 y 242).

  (222) Cfr. Declaración de 17 de octubre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1856).

  (223) Cfr. Declaración de 11 de octubre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 227).

  (224) Cfr. Declaración de 5 de octubre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folio 216).

  (225) Cfr. Declaración de 6 de octubre de 2000 ante el Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento, folios 220 a 221).

  (226) Cfr. Oficio de 17 de septiembre de 2001 de la Jueza de la causa al Fiscal General del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de sometimiento del caso, folio 276), y Oficio de 12 de julio de 2001 de la Jueza de la causa al Fiscal General del Departamento Judicial de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1821).

  (227) Cfr. Oficio de 20 de septiembre de 2001 del Fiscal General del Departamento de La Plata al Juzgado de Transición No. 2 de La Plata (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1824).

  (228) El artículo 436 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires establece: “Los funcionarios de policía y el Juez procederán inmediatamente a instruir sumario de todos los delitos de acción pública que en cualquier forma llegaren a su conocimiento. Los primeros dentro del término de veinticuatro (24) horas pondrán el hecho en conocimiento del segundo, así como del Agente Fiscal, Defensor Oficial de turno, y continuarán la investigación hasta que se presente el Juez, en cuyo caso seguirán como auxiliares de éste. Asimismo el funcionario instructor comunicará al Juez el haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 210° de este Código”. Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=1334.

  (229) Cfr. Testimonio de 20 de enero de 2003, Fs. 2092/2094, Causa 10.888 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1850 a 1851).

  (230) Cfr. Aviso fúnebre de Jorge Luis Piazza, Fs. 2187, Causa 10.888, de 26 de febrero de 2003 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1859), y Resolución de 19 de junio de 2008, Causa No. 19325, de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2331 y 2344).

  (231) Cfr. Escrito de 2 de mayo de 2001 dirigido por los particulares damnificados a la Jueza de la causa (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1837).

  (232) Cfr. Resolución del 19 de junio de 2008 obrante a Fs. 3448/3455, Investigación Penal Preparatoria No. 167.253 sobre el homicidio del Comisario Piazza (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2331 y 2344).

  (233) El testigo vendedor ambulante señaló que, en la Brigada de la Policía Federal en la Estación Constitución, un oficial que solía acompañar en los trenes al policía absuelto le preguntó sobre lo que había declarado en el juicio oral y le dijo que “se fije bien que [el policía absuelto] era una buena persona y […] no había matado al Subcomisario”. También indicó que después de eso, sentía presión en los trenes por parte de la policía, y “lo trababan mal”. Cfr. Testimonio de 18 de marzo de 2004 ante la Comisión Especial Investigativa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 1912). El testigo presencial sostuvo, inter alia, que fue obligado cambiar su declaración con una pistola apuntada a la cabeza. Cfr. Testimonio Fs. 2907/2908, Causa 10.888, presentado el 25 de marzo de 2004 (anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 1915 a 1918).

  (234) Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra, párr. 199, y Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 171.

  (235) Cfr. Caso Kawas Fernández, supra, párr. 106, y Caso Luna López, supra, párr. 173.

  (236) Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres, supra, párr. 145.

  (237) Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra, párr. 173, y Caso De La Masacre de las Dos Erres, supra, párr. 234.

  (238) Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 95. Véase, además, TEDH, Caso de Giuliani y Gaggio Vs. Italia, Sentencia de 24 de marzo de 2011, párr. 300: “De manera general, se puede considerar que para que una investigación sobre un supuesto homicidio ilícito cometido por funcionarios del Estado sea efectiva, es necesario que las personas encargadas sean independientes de las personas implicadas (ver, por ejemplo, Güleç, antedicha, aps. 81-82, y Oğur, antedicha, aps. 91-92). Esto supone, además de la ausencia de cualquier relación jerárquica o institucional, también una independencia práctica”.

  (239) Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 188 y Caso García Lucero y otras, supra, párr. 121.

  (240) Los representaron argumentaron que, debido a “las irregularidades que rodearon al enjuiciamiento de uno de los autores materiales de la muerte de Jorge Omar Gutiérrez […] resulta aplicable la noción de ‘cosa juzgada fraudulenta'”. En la audiencia pública y en sus alegatos finales escritos, los representantes precisaron que en el presente caso “no ha existido [una] ‘intención real de someter al responsable a la acción de la justicia'”, dado que, según aquéllos: “[l]a investigación estuvo signada por un fuerte encubrimiento corporativo de la Policía Federal Argentina con el apoyo de la Policía bonaerense para garantizar la impunidad”; dichas “maniobras implicaron a su vez graves amenazas, detenciones ilegales y torturas a testigos[; n]inguna investigación sobre esos hechos prosperó”, y “[l]a justicia interviniente llevó adelante una investigación muy deficiente y plagada de irregularidades como para descubrir el móvil del crimen, e identificar a todos los involucrados”. Además, solicitaron a la Corte establecer que el presente caso se trató de una “ejecución extrajudicial cometida por policías, con apoyo y cobertura institucional, contra otro policía dispuesto a investigar redes criminales enquistadas en el Estado, que ha sido condenada a la impunidad desde hace casi 19 años”, por lo que se estaría ante una “grave violación de derechos humanos que hace imprescindible su investigación y sanción”, y deben entenderse inadmisibles las disposiciones de prescripción que podrían aplicarse. Asimismo, alegaron que un “juicio de ponderación en este caso demanda sopesar la gravísima afectación que esta familia trasuntó por casi una década y el impacto para la sociedad argentina que representaría que un crimen de esta naturaleza que involucra el activo y profuso encubrimiento institucional por parte de las fuerzas de seguridad federales y de la [Policía Federal Bonaerense] quede finalmente impune”.

  (241) La Comisión solicitó a la Corte en la audiencia pública y en sus alegatos finales escritos, establecer la inaplicabilidad de la figura de prescripción al presente caso, por un lado, por tratarse de “una grave violación de derechos humanos”, y por otro lado, al evidenciarse, a través de “múltiples acciones y omisiones que estuvieron deliberadamente dirigidas a desviar la investigación y a encubrir las responsabilidades”, que el transcurso del tiempo ha sido determinado por actuaciones u omisiones procesales dirigidas, con clara mala fe o negligencia, a propiciar o permitir la impunidad. Además, la Comisión señaló que en el marco del presente caso el tribunal que conoció la causa en que fue absuelto un policía federal obedeció al propósito de sustraer al acusado de la responsabilidad penal, y que no hubo una intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Asimismo, señaló que “la severidad de la afectación a la familia Gutiérrez por la imposibilidad de obtener justicia ante una absolución obtenida de manera incompatible con la Convención, no se encontraría justificada por una aplicación absoluta de la garantía de ne bis in idem en favor de una persona cuya afectación, en todo caso, podría verse compensada con el estricto respeto al debido proceso y a su derecho de defensa”.

  (242) Es decir, de conformidad a la norma consuetudinaria internacional según la cual “la calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional” y que “tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como lícito por el derecho interno”, a la Corte le compete determinar la licitud del proceder del Estado acorde a lo dispuesto por la Convención. Cfr. Artículo 3 de Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, preparados por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, anexados a la Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/56/589 y Corr.1)] 56/83. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 85ª sesión plenaria, 12 de diciembre de 2001, Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 10 y correcciones (A/56/10 y Corr.1 y 2). 2 Ibíd.

  (243) El artículo 8.1 de la Convención establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

  (244) Cfr. Informe de Fondo No. 63/11 (expediente de fondo, folio 35).

  (245) Cfr. Caso Kawas Fernández, supra, párr. 75.

  (246) Cfr. Caso Kawas Fernández, supra, párr. 97, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños, supra, párr. 164.

  (247) Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra, párrs. 113 y 114, y Caso Luna López, supra, párr. 201.

  (248) Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114, y Caso Luna López, supra, párr. 201.

  (249) Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 163, y Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar"), supra, párr. 290.

  (250) Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra, párr. 113 y 114, y Caso Mendoza y otros, supra, párr. 273.

  (251) Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra, párr. 146 y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 119.

  (252) Cfr. Caso Blake, supra, párr. 114, y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, párr. 119.

  (253) Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 218 y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra, párr. 119.

  (254) Cfr. Declaración rendida ante fedatario público de Francisco Gutiérrez (expediente de fondo, folios 697 a 689 y 706).

  (255) Cfr. Declaración rendida ante fedatario público de Nilda Gutiérrez (expediente de fondo, folios 719 y 720).

  (256) Cfr. Declaración rendida ante fedatario público de J. G. G. (expediente de fondo, folio 728).

  (257) Cfr. Declaración rendida ante fedatario público de O. D. G. (expediente de fondo, folio 739).

  (258) Cfr. Declaración rendida ante fedatario público de M. V. G. (expediente de fondo, folio 752).

  (259) El artículo 63.1 de la Convención dispone que “[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

  (260) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 243.

  (261) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Reparaciones y Costas, supra, párr. 25, y Caso Luna López, supra, párr. 213.

  (262) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 a 27, y Caso Luna López, supra, párr. 214.

  (263) Cfr. Caso Ticona Estrada y otros, supra, párr. 110, y Caso Luna López, supra, párr. 215.

  (264) Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela, supra, párr. 233, y Caso Luna López, supra, párr. 216.

  (265) Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros, supra, párr. 232, y Caso Kawas Fernández, supra, párr. 192.

  (266) Cfr. Caso Kawas Fernández, supra, párr. 195.

  (267) Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr.149, y Caso Kawas Fernández, supra, párr. 194.

  (268) Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros, supra, párr. 233, y Caso Kawas Fernández, supra, párr. 194.

  (269) Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 56, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros), supra, párr. 250.

  (270) Cfr. inter alia, Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 81, y Caso Nadege Dorzema y otros, supra, párr. 265.

  (271) Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párrs. 42 y 45, y Caso Luna López, supra, párr. 224.

  (272) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Reparaciones y Costas, supra, párr. 166, y Caso Luna López, supra, párr. 234.

  (273) Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Reparaciones y Costas, supra, párr. 166, y Caso Suárez Peralta, supra, párr. 195.

  (274) Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2008, Considerando décimo noveno, y Caso Radilla Pacheco, supra, párr. 346.

  (275) Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y Caso Luna López, supra, párr. 246.

  (276) Los comprobantes ascienden a un monto de ... pesos argentinos. Cfr. Comprobantes de gastos funerarios (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folios 2634 a 2637).

  (277) El comprobante es por un valor neto de ... pesos argentinos y por un valor liquidado de ... pesos argentinos. Cfr. Comprobantes de sueldo de Jorge Omar Gutiérrez (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2030).

  (278) Cfr. Tablas del INDEC sobre la esperanza de vida al nacer por sexo y por jurisdicción, en Argentina, años 1990/92 y 2000/2001 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2032).

  (279) Cfr. Resolución No. 104097 (expediente de anexos ante la Comisión, folio 101).

  (280) Cfr. Caso Gutiérrez Soler, supra, párr. 78, y Caso Baldeón García, supra, párr. 186.

  (281) Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra, párr. 84, y Caso Luna López, supra, párr. 251.

  (282) Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros, supra, párr. 142, y Caso Kawas Fernández, supra, párr. 194.

  (283) Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 39, y Caso Luna López, supra, párr. 258.

  (284) Cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones y Costas, párr. 82, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros), supra, párr. 316.

  (285) Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra, párr. 291, y Caso Luna López, supra, párr. 260.

 

  Correlaciones:

Mendoza y otros vs Argentina - Corte Interamericana de Derechos Humanos - 14/05/2013

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