Contrato De Trabajo Despido Perdida De Confianza Contemporaneidad De La Sancion Derechos Y Deberes

JURISPRUDENCIA

 

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, el 31-10-14 para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas: “A.I.A. C/STARBUCKS COFFEE ARGENTINA S.R.L. S/DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- Contra la sentencia dictada en primera instancia de fs. 217/218vta. que rechazó la acción se alza la parte actora a mérito del memorial que luce agregado a fs. 219/226vta., contestado por la contraria a fs. 231/233vta.

II- Cuestiona la parte actora -en lo principal- la decisión del Sr. Juez “a quo” de considerar justificado el despido decidido por la empleadora y, a mi juicio, no le asiste razón porque las insistencias de la apelante no resultan eficaces para revertir el panorama adverso que surge de la sentencia atacada.

Ello pues, llega firme a esta Alzada que la trabajadora fue despedida mediante telegrama de fecha 18/03/2013, cuya parte pertinente transcripta en la demanda a fs. 6vta. dice: “...Ud. Ha ofrecido tramitar y ha tramitado en forma totalmente irregular las libretas sanitarias (ley 2183 de la Ciudad de Buenos Aires) de los meses de enero y julio del año 2012 de todos ellos. Que conforme lo disponen los artículos 2 y 7 de la ley 2183 dicha libreta debe ser otorgada con posterioridad a un examen médico que acredite la salud del solicitante, involucrando exámenes clínicos, radiológicos y de laboratorio, entre otros muchos requisitos de la ley 2183, Ud. Se ofrecía a tramitarles y otorgarles la Libreta Sanitaria Obligatoria para desempeñarse como empleados afectados a la actividad de la Alimentación. Que luego de este ofrecimiento Ud., previo al cobro a cada uno de ellos de la suma de ... ($...), les otorgaba una Libreta Sanitaria que reproducía sus datos. Consideramos que los hechos detallados constituyen un gravísimo incumplimiento a expresas instrucciones y políticas internas de trabajo, exponiendo gravemente y comprometiendo económicamente a esta Empresa, representando una violación al principio de la buena fe y al de comportamiento que debe guardar un buen empleado (art. 63 de la L.C.T.), lo que sumado a su inexplicada conducta, generan una gravísima pérdida de confianza en su accionar, nos sentimos gravemente injuriados y lo despedimos por su culpa a partir del 22/02/2013...”.

En este sentido, comparto el criterio expuesto en la sentencia de grado en punto a la suficiencia de los elementos probatorios colectados en la causa a fin de acreditar las irregularidades imputadas a la actora en el aludido despacho telegráfico.

Se queja, en particular, por cuanto el Sr. Juez “a quo” no habría analizado la totalidad de las testimoniales producidas en la causa alegando que de haberlo hecho hubiera llegado a la conclusión que el despido dispuesto se ajustó a derecho.

Ahora bien, la lectura de los términos utilizados en el memorial recursivo permite afirmar que este segmento de la queja no cumple con los requisitos previstos en el art. 116 L.O., al indicar que la sentencia de grado se habría basado en los testimonios de M. y T. siendo que en autos prestaron declaración once testigos que no identifica ni analiza en su totalidad, lo que por sí solo bastaría para decidir la suerte adversa de este agravio porque la sentencia se sustenta, además, en las declaraciones de S., M. y la documental de fs. 30/32 reconocidas a fs. 185, 174, 179 y 145 que seguidamente analizaré.

Así, recordaré que el Juez no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las conducentes para resolver el conflicto (cfe. CSJN, Fallos 258:304, entre muchos otros y art. 386 del C.P.C.C.N.).

Sentado ello, comenzaré por la queja respecto de la valoración del testigo T. quien declaró a fs. 176/178, y de la que surge claramente que la actora dio dos opciones, hacer las libretas sanitarias en el plazo de una semana “legalmente” o mediante un contacto que las otorgaba por un precio, sin que la impugnación efectuada por la parte actora a fs. 182 y vta. -que cuestiona el reclamo de horas extras- constituya más que mera una discrepancia subjetiva con el análisis que el “a quo” efectuó sobre el tema, toda vez que omitió individualizar concretamente cuáles serían los aspectos que denotarían esas falencias y que, en definitiva, permitirían probar su postura inicial (arts.386 del C.P.C.C.N. y 90 L.O.).

Por otra parte advierto que la testigo reconoció que la forma fraudulenta de tramitar las libreta sanitaria fue elegida por ella pero también que fue la actora quien facilitó el contacto para tramitarlas mientras que la plata era colectada por una compañera (Lucila).

Por tales motivos, considero adecuado el valor probatorio otorgado a la prueba testimonial referida, con lo cual la queja relativa a tales cuestiones será desestimada.

La testigo S. -no impugnada ni cuestionada oportunamente-, a fs. 174/175 reconoció la documental glosada a fs. 31 que dice: “en el mes de enero varios compañeros fuimos obligados bajo la amenaza de intimaciones y sanciones a la entrega de $....- para la libreta sanitaria, ya que sería ahorrarse un trámite”.

El testigo M. a fs. 179/181 declaró con contundencia que fue la actora quien le proveyó el número del teléfono celular de una persona que conseguía las libretas sanitarias “falsificadas” previa intimación verbal para que la presentara en el exiguo plazo de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de no poder ingresar a trabajar. Por otra parte reconoció la documental de fs. 32, de la que surge claramente que fue la actora quien facilitó el contacto para comprar la libreta apócrifa. Así pues, sugiero otorgar plena eficacia convictiva a los dichos del testigo, dado que analizados a la luz de la sana crítica, se advierte veraz su declaración aún ante la genérica impugnación de la accionada de fs. 187, toda vez que lo declarado en autos coincide con lo escrito de puño y letra en la documental de fs. 32 (arts. 386 C.P.C.C.N. y 90 L.O.).

Por último, lo declarado por M. a fs. 145/146 sólo ratifica la información que surge de las testimoniales analizadas, sin que las observaciones realizadas por la actora a fs. 160/161 le quiten virtualidad probatoria al testimonio, puesto que se basa en aspectos genéricos que en nada afecta los alcances de lo declarado.

Por lo demás, sus dichos no resultan contradictorios con la documental reconocida por la testigo (fs. 33), puesto que sólo destaca una parte de la declaración relacionada con la falta de pago del importe de $....-. pero -en líneas generales y en lo fundamental- coincide con lo depuesto por los restantes testigos analizados (art. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N).

Lo hasta aquí tratado me permite coincidir con la sentenciante de grado en orden a que la parte demandada ha logrado acreditar los presupuestos fácticos que habilitan la rescisión causada; es decir, hechos objetivos que denotan un obrar negligente de la actora en su calidad de store manager y como correlato, la pérdida de confianza en ella depositada.

Desde esta perspectiva, estimo que los embates de la apelante en orden a la apreciación de la prueba testifical no resultan suficientes en cuanto apuntan a quitar valor convictivo a tales declaraciones, frente a los elementos concordantes que surgen de éstas y que fueron puestos de manifiesto en la sentencia recurrida. En efecto, las apreciaciones que formula en el recurso de apelación relativas al mérito probatorio de las citados testigos carecen de la relevancia pretendida para desmerecer y conmover tales declaraciones, y no alcanzan -como dije- para desvirtuar la valoración que efectuó la magistrada anterior, toda vez que los aspectos en los cuales habría -a criterio de la apelante- ausencia de convicción y falta de coincidencia en los testimonios referenciados, no revisten una gravedad tal que quite fuerza probatoria a los aspectos sustanciales de los mismos.

Por lo demás, soslaya la apelante que el hecho de que los deponentes sean empleados de la demandada no justifica la exclusión total o parcial del mérito probatorio de un testigo, sino que requiere analizar su declaración con especial rigor crítico (arts. 386, 427 del C.P.C.C.N. y 90 L.O.).

Ahora bien, la apelante critica la sentencia de primera instancia en cuanto no habría valorado la declaración del testigo S.A. (fs. 147/149) siendo que es el único que no tenía vínculo laboral con la empresa e impugna la colisión de intereses entre los deponentes S., T. A., R. Murilllo, Díaz e Hidalgo y la actora porque habrían reconocido haber obtenido por propia decisión libretas apócrifas.

Ello así, la argumentación vertida merece reparos en los términos del 116 de la L.O., pues se advierte que los fundamentos vertidos en la queja no concretan el interés ni la medida del agravio, luciendo por demás dogmáticas y subjetivas las apreciaciones esgrimidas respecto al punto cuestionado porque omite señalar qué elementos aportaría el deponente A. para revertir la decisión de origen.

En el mismo sentido, la conclusión arribada precedentemente respecto de las concordantes declaraciones de T., S. y M. respecto de la participación de la reclamante en los incumplimientos imputados llevan a concluir que lo expuesto en el memorial recursivo luce por demás dogmático y subjetivo.

Repárese en que la apelante se limita a discrepar con la conclusión que le fuera adversa, más lo hace sin siquiera indicar dónde radica el yerro de la decisión o los parámetros que deberían tenerse en cuenta para resolver de modo disímil.

En consecuencia, ante la orfandad argumental del planteo, propongo desestimar lo peticionado al respecto art. 116 de la L.O.).

Desde tal perspectiva, las probanzas analizadas tornan verosímil la versión de los hechos brindada en el responde y de ellas puede concluirse que existió una intención real de la actora de ofrecer un contacto para la tramitación de las libretas sanitarias de los empleados, al margen de lo dispuesto por la legislación vigente, extremo que contribuye a sustentar objetivamente la “falta de confianza” invocada por la demandada y torna carente de basamento el planteo de la parte actora al insistir en la conclusión contraria, con alusión a referencias aisladas de los testigos.

III- Por otra parte, no resultan atendibles los argumentos que se exponen en el escrito recursivo en orden a la falta de cumplimiento del recaudo de “contemporaneidad” del despido. Al respecto, y más allá de los reparos que me merece la queja con relación a lo normado por el art. 116 de la L.O., considero relevante que el argumento planteado no fue invocado oportunamente y trasciende el marco de la postura plasmada en el inicio, lo que obsta su tratamiento, conforme el principio pautado en el art. 277 del C.P.C.C.N. y art. 18 de la Constitución Nacional.

No obstante lo expuesto, que resultaría suficiente para declarar desierto el recurso interpuesto, con la finalidad de dar cumplimiento a la garantía constitucional de la defensa en juicio, habré de analizar de modo sucinto los agravios deducidos por la recurrente y a tal fin comenzaré por destacar que esta Sala tiene dicho que la “contemporaneidad” no supone una absoluta inmediatez, sino sólo una prudencial proximidad en el tiempo que relacione la falta cometida y la sanción aplicada. Es decir, debe sancionarse sin dejar transcurrir desde el incumplimiento del trabajador un lapso que indique que la falta ha sido consentida, circunstancias todas éstas que deben ser valoradas en concreto en cada caso, no verificándose en el presente una afectación al referido recaudo toda vez que el testigo M. (fs. 179/181) declaró que la actora lo intimó el 15 de enero para que presente la libreta sanitaria. No soslayo que el testimonio mereció la impugnación a fs. 187/188, sin embargo en la misma se destacan meros aspectos irrelevantes que no resultan idóneos para enervar la fuerza probatoria de su declaración y para más resulta concordante y coincidente con el resto de las probanzas colectadas, no sólo en relación a la testimonial ponderada (conf.art.90 L.O. y art.386 CPCCN), razón por la cual resulta verosímil que la demandada haya tomado conocimiento de los incumplimientos en forma contemporánea a la auditoría que realiza (cfe. documental de fs. 30/33) y al distracto acaecido mediante carta documento del 18/03/13.

IV- El agravio relativo a la falta de perjuicio económico por parte de la empleadora como consecuencia de las libretas sanitarias apócrifas y la falta de lucro personal por el exiguo monto solicitado para tramitarlas resulta inatendible e ineficaz para revertir este segmento del decisorio basado -fundamentalmente- en la falta de confianza que los incumplimientos acreditados acarrean a la empleadora. Digo ello por cuanto, la crítica esgrimida en el agravio noveno adolece de los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 116 de la L.O. dado que esgrime una mera disconformidad con la decisión que le fue adversa limitándose a sostener la falta de inspecciones de las autoridades, la falta de daño en concreto y lucro personal soslayando las circunstancias en torno a ello emergentes de la prueba documental y testimoniales rendidas en autos mediante las cuales el Magistrado de grado basó su decisión adversa a la pretendida y cuya confirmación se sugiere en esta instancia por cuanto la mera remisión generalizada no cubre plenamente las exigencias previstas en el art. 116 de la L.O. para otorgarle el tratamiento que pretende.

V- Por lo demás, la apelante fundamenta parte de su argumentación recursiva en la falta de formulación de denuncia penal por parte de su ex empleadora (agravio décimo), mas considero que ello resulta irrelevante en la especie, habida cuenta de que la accionada no atribuyó al dependiente la comisión de delito alguno, sino que ciñó su decisión rupturista a la falta de cumplimiento por parte de aquélla de los deberes a su cargo.

Ello así porque los hechos que se hubieran ventilado en jurisdicción penal resultan irrelevantes para dirimir la contienda pues la culpa laboral se forma de principios diferentes y, por ende, carece de trascendencia para lo que aquí interesa toda vez que los incumplimientos reprochados resultan por sí solos configurativos de una inconducta o incumplimiento contractual injuriante en los términos del art. 242 de la L.C.T (conf. art. 377 C.P.C.C.N.).

En este marco, no obstante el esfuerzo argumental respecto de los elementos de juicio aportados lo cierto es que la apelante no se hace cargo -reitero- que el despido obedeció a la “falta de confianza” y que dicha causal resulta razonable en relación al lugar de autoridad que ocupaba la actora en el marco de la organización empresarial de la demandada teniendo en consideración las funciones que desarrollaba y la conducta que le era requerible de acuerdo a la índole de las tareas a su cargo -store manager (encargada de local)-, extremo que no resulta controvertido en esta Alzada.

A mayor abundamiento considero que por el análisis expuesto anteriormente, la accionada procedió con la prudencia y el equilibrio exigidos en la ocasión, a fin de exponer claramente los hechos en que fundó la causal de despido, es decir, la "falta de confianza" que el accionar de la demandante le había generado.

Respecto de la gravedad de la falta, se prescinde de la incidencia que otorgara el sentenciante de primera instancia al factor confianza sobre quien desempeña las tareas jerárquicas de conducción encargadas a la accionante quebrada irremediablemente en la situación acreditada, sin que la alusión a la falta de antecedentes disciplinarios pueda compensarla con anterioridad a la ruptura mientras la confianza se hallaba indemne. Tal situación merituada a la luz de las circunstancias propias del caso bajo análisis, la entidad de la falta cometida lleva a formar convicción sobre la imposibilidad de continuar la relación laboral porque la gravedad de la injuria no deja como alternativa que el despido, ya que torna imposible la prosecución del vínculo (conf. art. 242 de la L.C.T.).

Tampoco se acreditó que el despido obedeciera a las causales invocadas en el escrito inicial, esto es, reestructuración y ante la falta de elementos que permitan -de algún modo- justificar el comportamiento de A. para con su empleadora, cabe concluir que en el caso de marras se ha configurado una injuria de entidad suficiente que justificó el despido decidido por la demandada, toda vez que el comportamiento observado por A. ha implicado un incumplimiento a las obligaciones que ponen a su cargo los artículos 62 y 63 de la L.C.T.

En efecto, los deberes de conducta que establecen los artículos 62 y 63 de la L.C.T., suponen no sólo la obligación del dependiente de desempeñar su trabajo, observando reglas de corrección y comportamiento adecuado a las funciones que se le han encomendado, sino y fundamentalmente, vedan la posibilidad de realizar actos que directa o indirectamente atenten contra los intereses legítimos de su empleadora, lo cual conlleva la obligación de abstenerse de realizar actos que la perjudiquen ante los organismos de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En suma, todas estas consideraciones me persuaden acerca de que la actitud adoptada por la reclamada frente a la falta cometida devino proporcionada.

La forma en que se sugiere resolver el despido importa desestimar el agravio primero en el que se transcriben dos párrafos de la carta documento que decide el distracto pero en concreto sin atacar los fundamentos decisivos de la sentencia de primera instancia cuya confirmación se propone conforme lo resuelto en el considerando II, en violación a lo dispuesto por el art. 116 de la L.O.

En base a todo lo expuesto, propicio desestimar la queja incoada por la parte actora y confirmar el decisorio de primera instancia.

VI- Atento el modo en que se ha resuelto la queja voto imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte actora (art. 68 del C.P.C.C.N) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el ...% de lo que le correspondió por lo actuado en la anterior instancia, conforme las pautas y normativa precedentemente expuestas.

El Doctor Alvaro E. Balestrini dijo: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Doctor Gregorio Corach dijo: No vota (art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo que decide y ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada. 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes, por sus actuaciones en esta alzada, en el ...%, de lo que, en definitiva, le corresponda percibir por sus actuaciones en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

 

Dr. Alvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Dr. Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

 

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