Contrato De Trabajo Despido Sancion Por Temeridad Y Malicia Caracter Excepcional Proceder Malicioso Dolo O Culpa Grave

JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Despido. Sanción por temeridad y malicia. Carácter excepcional. Proceder malicioso. Dolo o culpa grave

 

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda en todas sus partes, por lo que se rechaza la aplicación de la sanción por temeridad y malicia a la demandada, dado que su aplicación es extrema y no se acreditaron los requisitos de procedencia. Asimismo, se rechaza la extensión de responsabilidad solidaria al presidente de la demandada, pues no se acreditaron irregularidades registrales.

 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Junio de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 248/250, se alza la actora a tenor de los memoriales que lucen a fs. 223I/225I. La representación letrada de la parte actora apela sus honorarios por considerarlos bajos a fs. 222I.

II. El accionante se agravia por el rechazo de la multa del artículo 80 L.C.T., del art. 2 Ley 25.323 y del art. 275 L.C.T.. También cuestiona que no se condenó en forma personal al codemandado Badino Héctor Enrique.

III. El accionante se agravia toda vez que la indemnización dispuesta por el art. 45 de la Ley 25345, fue rechazada por la falta de cumplimiento de lo normado por los arts. 43 y 45 de la ley 25.345 (arts. 1 y 3 del decreto 146/01).

En primer lugar corresponde señalar que de la lectura de los telegramas remitidos a su empleador los días 22/11/11, 29/11/11 y 16/11/11 (ver sobre por cuerda) no surge que hubiese intimado de modo fehaciente a fin de que se le entreguen los certificados de trabajo y tampoco surge cumplida la intimación que establece el decreto 146/01.

Así las cosas corresponde señalar que teniendo en cuenta lo establecido en el último párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo incorporado por el art. 45 de la Ley 25.345 no se advierte cumplimentada en forma debida la intimación allí exigida y que la norma establece que tal intimación sólo puede cursarse una vez que el empleador se encuentra en mora respecto de su obligación de entregar las certificaciones, lo que según la reglamentación (dec. 146/01) sólo ocurre a los treinta días de extinguido el contrato de trabajo. El cumplimiento de tal requisito no surge del intercambio telegráfico obrante en el sobre por cuerda acompañado por el accionante.

Propiciaré desestimar este segmento del recurso interpuesto y confirmar lo resuelto sobre este punto en origen.

IV)- En cuanto al incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25323, considero que le asiste razón al apelante.

En este sentido destaco que de las piezas acompañadas en el sobre por cuerda (desglosado a fs. 6) surge que el actor efectivamente intimó a la demandada al pago de las indemnizaciones derivadas del despido dispuesto por Badino Turismo SA. Esta circunstancia se verifica de la lectura de los telegramas remitidos por el accionante los días 29/11/11 y 16/11/11 que fueron remitidos como contestación a la decisión rupturista adoptada por su empleadora el día 24/11/11.

Así las cosas y toda vez que el actor se vio obligado a iniciar la presente demanda por la falta de pago de las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744, propondré revocar lo decidido en origen y hacer lugar a la indemnización establecida por el art. 2 Ley 25323, de tal manera es que corresponde diferir a condena la suma de $..., puesto que el monto de condena asciende a la suma total de $...

V)- El actor en su queja solicita la aplicación de los arts.275 LCT y45 CPCC. Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que las sanciones sólo son aplicables en casos extremos, y cuando la actuación resulta un proceder malicioso y temerario, el que debe quedar debidamente configurado y dejar en el ánimo de quien debe aplicarlas, el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave en grado sumo. No se debe olvidar que la iudicatura debe ser moderada en todos sus juicios, cuando ingresa en el ámbito de las sanciones que pueden afectar un principio constitucional -el de defensa en juicio- que la obliga a actuar con suma prudencia (cfr. esta Sala en la causa “Hevia Graciela Carmen c/ Gallo Vicente Aldo s/ despido”, SD 87096 del 20/10/11).

En el escrito de responde (fs. 80/88) sólo existió una negativa generalizada de los hechos invocados en la demanda. Además, no se observa que de modo alguno hubiera actuado en autos con dolo o culpa grave, obstruccionista o ánimo dilatorio. Tampoco resulta aplicable el art.45 CPCC ya que no existen elementos que permitan afirmar que la accionada actuó de mala fe o que utilizó indebidamente un proceso judicial para un propósito mañoso o desleal.

En consecuencia, opino que no se cumplen en autos los requisitos de los arts. 275 LCT y 45 CPCC, para que pueda calificarse la conducta de la demandada de temeraria o maliciosa, ni puedan imponerse las sanciones previstas en esas normas legales.

VI)- El accionante también se agravia porque no se extendió la condena en forma solidaria respecto del codemandado Badino Héctor Enrique.

La sentenciante determinó que no quedó acreditado que Héctor Enrique Badino fuera socio gerente de Badino Turismo S.A. y que no se acreditó que en el caso se den las circunstancias de utilización de la sociedad para la consecución de fines extrasocietarios como un mero recurso para violar la Ley.

Pese a ello el recurrente insiste ante esta Alzada que tal carácter ha quedado demostrado con el acta del Boletín Oficial y por el propio reconocimiento del demandado. Y, agrega, que la prueba testimonial también corrobora su hipótesis -no identificó que testigos lo hacen ni que dijeron- (art. 116 LO).

El análisis efectuado por la Sentenciante resulta acertado sólo en cuanto a la eximición de Héctor Enrique Badino, no así sobre la ausencia de pruebas sobre el cargo que ocupa el codemandado en la sociedad demandada. Al respecto señalo que conforme surge de fs. 31 el Sr. Héctor Enrique Badino se desempeñó como Presidente de Badino Turismo S.A., en tal carácter firmo la nota del 31/08/11 obrante en el sobre por cuerda. Por otro lado en su contestación de demanda (fs. 43) manifestó que ha ostentado distintos cargos en el directorio y expuso que no fue el responsable de los reclamos en autos.

En este sentido más allá de los defectos formales de la queja (art. 116 LO) corresponde señalar que en lo que se refiere a la aplicabilidad del art.54 de la ley 19550 me remito a lo expuesto por esta sala en la causa “Meis Juan Carlos y otros c/Leanding Producciones S.R.L. y otro s/despido” (SD. 75.066 del 15/11/99), y a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Carballo Atilano c/Kanmar S.A. (en liquidación ) y otros” (C.972.XXXVI). Ahora bien, como se dijo resulta de las constancias de autos que el codemandado Badino Héctor Enrique se desempeñó como Presidente de la sociedad demandada, sin embargo no se verificaron en la causa irregularidades registrales, circunstancia esta última que llega firme a esta instancia. En este sentido corresponde atender a lo dispuesto por el art.274 de la normativa citada en el sentido de responsabilizar en forma ilimitada y solidaria a los directores de las sociedades anónimas por el mal desempeño de su cargo atento a los parámetros fijados en el art.59 (L.S.C.). Toda vez que la responsabilidad que aquí se pretende no es presunta sino que debe examinarse en cada caso, no encuentro reunidos en autos los extremos requeridos por la norma citada.

Por las razones expuestas, propicio confirmar lo decidido en origen.

VII)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido por la representación letrada del actor atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que los mismos son adecuados y propongo que sean confirmados (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432; dec.16.638/57), aunque deberán calcularse sobre el nuevo monto de condena con más los intereses fijados en grado que llegan firmes a esta instancia.

VIII)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Confirmar en lo principal la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $... con más los intereses fijados en origen; b)- Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN); c)- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, para la representación y patrocinio del actor y de la demandada, en el ...% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia en mérito a la importancia y extensión de las tareas (Art. 14 ley 21839 y 38 L.O.).

El Doctor Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Confirmar en lo principal la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de $... con más los intereses fijados en origen; b)- Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN); c)- Regular los honorarios por la actuación en esta instancia, para la representación y patrocinio del actor y de la demandada, en el ...% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior instancia en mérito a la importancia y extensión de las tareas (Art. 14 ley 21839 y 38 L.O.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

 

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

  Correlaciones

Ley 20744 - BO: 27/09/1974

 

002565E