Contrato De Trabajo Despido Trabajo Eventual Solidaridad Registracion Laboral Multas

JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Despido. Trabajo eventual. Solidaridad. Registración laboral. Multas

 

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda laboral interpuesta por un trabajador -quien se desempeñaba como telemarketer y luego como encargado-cajero- y se concluye que el accionante se desempeñó en tareas propias de la empresa demandada mediante un contrato por tiempo indeterminado, erigiéndose dicho sujeto en empleador y resultando la empresa de servicios eventuales una mera intermediaria en la relación laboral (conf. art. 29, 1er. párrafo de la LCT). Procede la indemnización del artículo 8 de la ley 24013, pues el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de servicios, aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.

 

 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de junio de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Graciela A. González dijo:

I)- La Señora Jueza “a quo”, a fojas 331/343, admitió la demanda instaurada por el accionante. Contra tal decisión se alzan la demandada Sprayette S.A. a tenor del memorial que luce agregado a fojas 354/359, cuyos términos mereció oportuna réplica de la parte actora a fojas 361/362. Por su parte, la representación letrada de la parte demandante, por derecho propio, cuestiona la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos (conf. fs.346), memoria que mereció réplica de Sprayette S.A. a fojas 363/vta. Sprayette S.A. critica la valoración de la prueba en virtud de la cual la Señora Magistrado de Primera Instancia concluyó que resultaba de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, en mérito de lo cual reputó empleadora a Sprayette e intermediaria a Suministra S.A. Sprayette reitera lo expuesto en el responde, en orden a la supuesta naturaleza eventual de las tareas desarrolladas por el accionante. Afirma que, a su entender, se encuentra acreditado que el demandante cumplió dichas labores bajo dependencia de Suministra, a fin de cubrir tareas extraordinarias de su empresa. Asimismo, destaca que el vínculo se encontró debidamente registrado por quien resultaba titular del contrato de trabajo, es decir por Suministra, razón por la cual considera errónea la aplicación de la multas con fundamento en la Ley Nacional de Empleo y la prevista en el artículo 2º de la Ley 25.323. También apela la condena a hacer entrega de los certificados de trabajo. Finalmente, cuestiona la base de cálculo tomada en cuenta por la Sentenciante de grado, por los intereses dispuestos, por la imposición de las costas a su cargo y porque entiende elevados los honorarios regulados a los profesionales intervinientes.

II)- Analizada la causa, en el contexto de las alegaciones formuladas y la prueba producida en el marco del principio de la sana crítica, adelanto que los agravios vertidos por la accionada Sprayette S.A. no tendrán favorable recepción.

Tal como he sostenido en casos análogos al presente, cuando se invoca un contrato de trabajo de naturaleza eventual, quien alega su existencia es quien carga con la prueba del mismo (ver “Carelli, Germán c/ Assano Argentina S.A. y otro s/ despido”, Sentencia Definitiva Nº 102.201 del 23 de septiembre de 2009, del registro de la Sala II, entre muchos otros). Sin embargo, en la especie, no se ha acreditado la causal concreta de tipo extraordinario que habría justificado la contratación del demandante como empleado eventual, de modo que debe considerarse que lo unió con aquélla un contrato de trabajo por tiempo indeterminado desvaneciéndose, por tanto, la versión de Sprayette de pretender eximirse de responsabilidad.

Debe memorarse que de conformidad con las previsiones del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo y del decreto 1694/06, el contrato de trabajo entre la empresa de servicios eventuales y el trabajador obedece a aquella índole, mientras que con la usuaria lo une un vínculo de naturaleza eventual, cuando la contratación es legítima y reúne los requisitos para ser considerado tal. Empero, en la especie entiendo que ello no ha quedado acreditado.

Cabe dejar sentado, además, que reiteradamente se ha sostenido que “la empresa usuaria debe concretar primero en la contestación de la demanda y después en la prueba, que la contratación se realizó para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista para ella, en relación a servicios extraordinarios, determinados de antemano o exigencias extraordinarias o transitorias de la empresa, explotación o establecimiento; o en su caso, cuando se da una prestación que, de por sí, indica que el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el cual fue contratado el trabajador” (conf., entre otros, “Sánchez, Porfirio c/ Workmen S.R.L. s/ despido”, Sentencia Definitiva Nº 90.107 del 5 de febrero de 2002, del registro de la Sala II), extremos que, como se expresara precedentemente, no se advierten configurados en la especie.

En efecto, lo esencial en el caso de autos era dilucidar si se encontraba fehacientemente demostrado que las tareas cumplimentadas por el demandante en el establecimiento de Sprayette, se trataban de labores cumplidas en el marco del proceso “out bound” invocado a fojas 117/vta. y s.s del responde, para afrontar determinadas campañas, al tiempo que también correspondía determinar si tales hechos objetivos justificaban la modalidad de contratación a la que se recurrió. Empero, como expuso la Dra. Ferdman, la accionada no produjo prueba que demostrara la eventualidad de las tareas realizadas, a lo que creo necesario agregar que de las declaraciones rendidas por Javier Sebastián Calcagno (fojas 155/156), Romina Daniel Enrique (fojas 158/159), José Luis Recalde (fojas 161/262) y Andrea Lara Pizarro (fojas 163/164) surge que el demandante se desempeñó para Sprayette en cumplimiento de tareas propias del giro de la empresa, como telemarketer y luego como encargado-cajero, realizando la verificación de compras y facturas. En definitiva, considero que no puede desprenderse en modo alguno de tales testimonios que se tratara de necesidades puntuales, extraordinarias y transitorias.

No obstante que es la demandada quien cargaba con el onus probandi de las características de las tareas desempeñadas por el accionante, cabe señalar que los dichos iniciales se ven corroborados por las declaraciones de los cuatro testigos reseñados, quienes tuvieron un conocimiento directo de los hechos sobre los que se expidieron y dieron razón de sus dichos. No les resta valor probatorio la circunstancia de que los testigos Enrique y Pizarro tuvieran juicio pendiente con Sprayette S.A. pues, reiteradamente he sostenido que en el sistema de apreciación de la prueba testimonial que resulta de los artículos 90 de la Ley 18345 in fine y 386 CPCCN, la circunstancia de que el testigo tenga juicio pendiente no lo excluye de valor probatorio (conf. in re “De Luca, Josefina c/ Entel”, Sentencia Definitiva Nº 72.253, del registro de la Sala II), en tanto es sabido que en nuestro derecho adjetivo no existen tachas absolutas por lo que tales deposiciones deben ponderarse con criterio sumamente estricto, y en principio cabe acordar eficacia una declaración efectuada en tales condiciones, cuando aparezca corroborada por otros elementos probatorios (cfr. Hernando Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", T. II, págs. 247 y ss., Edición 1981), lo que acontece en el sub lite.

En el contexto señalado, los argumentos tendientes a demostrar que el hecho de que Suministra S.A. estuviera inscripta como agencia de personal eventual, que hubiese registrado al trabajador y hubiese cumplido las obligaciones propias del empleador deviene inatendible pues ello debe ser ponderado a la luz del principio de primacía de la realidad en cuyo marco de análisis, revestía fundamental importancia la acreditación de la eventualidad de las tareas que no fue satisfecha en la especie.

Por lo expuesto, cabe concluir que el accionante se desempeñó en tareas propias de Sprayette mediante un contrato por tiempo indeterminado, erigiéndose dicho sujeto en empleador y resultando Suministra una mera intermediaria en la relación laboral (conf. art. 29, 1er. párrafo de la LCT), por lo que propongo confirmar el decisorio de grado en cuanto de tal modo dispone.

III)- La queja referida a la admisión de las multas reclamadas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9º y 15 de la Ley 24.013 sosteniendo que la relación laboral fue correctamente registrada por su parte, en su calidad de empleadora del demandante, tampoco tendrá por mi intermedio favorable recepción. En efecto, tal como sostuve al momento de tratar el agravio vertido en orden al vínculo habido entre las partes, cabe reputar a Sprayette como empleadora directa del accionante, situación que conduce a concluir que el vínculo no fue registrado por el sujeto obligado.

En estas circunstancias, si bien reiteradamente he sostenido en supuestos similares al presente, analizando el tema desde la perspectiva de la ley 24.013, que no mediaba una situación de clandestinidad, puesto que el trabajador sí se encontraba registrado, no viéndose privado del goce de beneficio social alguno y siendo la única irregularidad que los deberes legales habían sido cumplidos por una empresa que, aunque era responsable solidaria, no era su verdadera empleadora, lo cierto es que la Cámara en Pleno resolvió mediante Acta Nº 2552 del 30/6/2010 (Plenario Nº 323) que “cuando de acuerdo al primer párrafo del art. 29 de la L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art. 8º de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”.

Al respecto, cabe señalar que la derogación de los artículos 302 y 303 del CPCCCN por parte del artículo 12 de la ley 26.853 no resulta aún operativa a tenor de lo dispuesto por el artículo 15 de dicha ley, que supedita la aplicación de la normativa a la creación de la cámara de Casación, de manera que deberían considerarse ultractivos y, por ende, vigentes las doctrinas plenarias sentadas por esta Cámara y con efecto obligatorio.

También es criterio de este Tribunal que, aun de no ser así, resultaría de todas maneras conveniente, por razones de seguridad y previsibilidad jurídica, seguir los criterios uniformadores derivados de la doctrina sentada por esta Cámara desde agosto de 1946. En otras palabras, si se considerase que los Acuerdos Plenarios han perdido vigencia obligatoria, considero adecuado igualmente seguir aplicando las doctrinas sentadas por este prestigioso cuerpo especializado en forma potestativa.

En tal contexto, de conformidad con la doctrina sentada en dicho Fallo Plenario, he de proponer la confirmación de lo decidido en primera instancia en cuanto admite la procedencia de los rubros cuestionados.

IV)- Igual suerte correrá la queja vertida en orden a la admisión del incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2º de la Ley 25.323. Ello por cuanto se ha verificado el incumplimiento de la empleadora -Sprayette- al pago de las indemnizaciones derivadas del distracto, sin que se adviertan causas que justifiquen la morigeración o supresión del rubro en análisis.

Asimismo, en cuanto a la forma de extinción del vínculo laboral puesta de resalto por la empleadora creo necesario señalar que, la sentencia condenatoria no es constitutiva del derecho cuyo cumplimiento se exige con la demanda, sino que es declarativa de aquél, razón por la que las indemnizaciones derivadas del despido resultan exigibles desde el acontecimiento de éste, y precisamente por ello es que a partir de dicho momento devengan intereses (conf. criterio adoptado por mi distinguido colega el Dr. Miguel Angel Maza in re “Benítez, Nancy Andrea c/ Atento Argentina S.A. s/ despido”, SD 97.657 del 22/02/10, que comparto). Por ello, propongo confirmar la sentencia atacada en cuanto admite el reclamo analizado.

V)- La queja vertida en orden a la condena a entregar el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco tendrá favorable recepción por cuanto no se acreditado la entrega del mismo, en el que conste la reputada titular de la relación laboral, circunstancia que conduce a confirmar también este segmento del decisorio atacado.

VI)- Tampoco asiste razón al recurrente, en cuanto a la remuneración tomada en cuenta para calcular las distintas partidas de la liquidación final. Con relación a la indemnización por antigüedad, comparto la solución alcanzada en Primera Instancia. Tal como he sostenido en casos análogos al presente, advierto que la noción de remuneración en manera alguna podría entenderse de alcances menores que la acuñada en el artículo 11 del Convenio OIT Num. 95 sobre la protección del salario y ello ha sido materia de reiteradas observaciones dirigidas a nuestro país por el órgano destinado a ejercer el control regular de la observancia por los Estados Miembros de las obligaciones derivadas de los convenios que han ratificado. A propósito del Convenio Num. 95 y con expresa referencia al artículo 103 bis, le recordó a la Argentina que el artículo 11 del citado convenio, si bien "no tiene el propósito de elaborar un 'modelo vinculante' de definición del término 'salario'", sí tiene como objeto "garantizar que las remuneraciones reales de los trabajadores, independientemente de su denominación o cálculo, serán protegidas íntegramente en virtud de la legislación nacional", aludiendo a la experiencia reciente respecto a las políticas de "desalarización", practicadas en algunos países y a que las obligaciones derivadas del Convenio en materia de protección de los salarios de los trabajadores, no pueden eludirse mediante la utilización de subterfugios terminológicos". Por el contrario, "es necesario que la legislación nacional proteja la remuneración del trabajo, cualquiera sea la forma que adopte, de manera amplia y de buena fe".

Considero, pues, que no resulta posible aceptar que se atribuya carácter no remunerativo a sumas de dinero abonadas a los trabajadores en virtud del contrato de trabajo y como consecuencia del trabajo por ellos prestado, ya que la directiva del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene carácter indisponible y resulta la norma mínima de aplicación. Así pues, el convenio OIT Num. 95, ratificado por la Argentina define que, a los efectos del convenio, el término salario significa remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo y, en caso de "pugna" debe prevalecer la disposición del convenio Num. 95 de la OIT, ello por cuanto se trata de una norma de jerarquía supralegal.

A lo expuesto, cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reafirmando la doctrina del precedente "Pérez, Aníbal Raúl c/Disco SA" (sentencia del 1º de septiembre de 2009, Fallos 332:2043, ya citado) ha declarado la invalidez de los decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03, en cuanto calificaron como “asignaciones no remunerativas de carácter alimentario” a las prestaciones dinerarias que establecían en favor de los trabajadores destinadas a corregir el deterioro que vienen padeciendo las remuneraciones en general y los salarios de menor cuantía en especial (conforme "González Martín Nicolás c/Polimat S.A. y otros", sentencia del 19 de mayo de 2010, Fallos 333:699 y “Díaz, Paulo Vicente c/ Cervecería y Maltería Quilmes SA”, sentencia del 4 de junio de 2013).

En esta inteligencia, propongo mantener la naturaleza remuneratoria a tales asignaciones, que eran entregados mensualmente al trabajador. Por ello y de conformidad con los argumentos expuestos en la decisión de grado, la mejor remuneración normal, mensual y habitual, que ha de tomarse como base de cálculo a los fines de liquidar la indemnización por antigüedad, alcanzó en el mes de febrero de 2011 la suma de $ ....-

VII)- En lo que atañe a la queja relativa a la tasa de interés activa aplicada en el pronunciamiento atacado, considero que también corresponde su desestimación. Cabe poner de resalto que, tal como he sostenido en casos análogos al presente, luego del dictado de la Ley 25.561 y a raíz de las nuevas variables económicas vigentes, este Tribunal reiteradamente ha sostenido que la merma que el valor de los créditos de los trabajadores sufre por la demora y aún más por la mora en su reconocimiento y pago puede ser conjurado por los jueces mediante el uso adecuado de la tasa de interés (ver, entre otros, “Miño, Miguel Ángel c/ El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo Edificación y Crédito Ltda.”, Sentencia Definitiva Nº 61.653 del 3/11/2011, del registro de la Sala II). La salida del régimen de convertibilidad y la indefectible desvalorización de los créditos de los trabajadores, llevaron a adoptar una tasa de interés diferenciada sujeta a factores variables (tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos) que, como se analizó en el acuerdo de Cámara del 7/5/2002 (Acta CNAT 2357) se encuentra dirigida a compensar el eventual envilecimiento de la moneda, teniendo en cuenta el doble carácter resarcitorio y moratorio de los intereses

A su vez, cabe destacar que mediante la Resolución de CNAT 2601/14 de fecha 21/5/2014, con similares fundamentos, se dispuso la aplicación de intereses, de conformidad con la tasa nominal anual para préstamos libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, por lo que el criterio adoptado en origen resulta irreprochable. En definitiva, tales circunstancias conducen a rechazar también este segmento de la queja impetrada.

VIII)- En atención al resultado obtenido, considero que lo dispuesto en origen en materia de costas resulta ajustado al principio que en la materia contiene el artículo 68 del CPCCN, por lo que propongo su confirmación.

IX)- Con relación a las regulaciones de honorarios dispuestas en origen, cabe destacar que, de conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en Primera Instancia, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo letrada de la parte actora, igual carácter de la demandada Sprayette S.A. y Señor perito contador interviniente resultan adecuados, por lo que propongo sean mantenidos (art. 38 LO y art.14 de la ley 21.839).

X)- Para concluir, voto por imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida, conforme el principio objetivo de la derrota contemplado en el artículo 68 del CPCCN, a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 354/359 y fojas 361/362 en el ...% y ...% respectivamente a cada uno de ellos de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art.38 LO y art.14 de la ley 21.839).

En definitiva, de compartirse mi propuesta, correspondería: a) Confirmar la decisión apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; b) Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida; c) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 354/359 y fojas 361/362 en el ...% y ...% respectivamente a cada uno de ellos de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos:

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar la decisión apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; b) Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida; c) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 354/359 y fojas 361/362 en el ...% y ...% respectivamente a cada uno de ellos de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

 

Graciela A. González

Jueza de Cámara

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

 

En ... de ... de 2015 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

 

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

 

En ... de ... de 2015 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

 

Verónica Moreno Calabrese

 

  Correlaciones:

Plenario 323. Vásquez, María Laura c/Telefónica de Argentina SA y otro s/despido - Cám. Nac. Trab. - Sala En pleno - 30/06/2010

001467E