Contratos Resolucion Anticipada Y Unilateral Imputacion De Responsabilidad Facultad Rescisoria Ejercicio Abusivo

JURISPRUDENCIA

Contratos. Resolución anticipada y unilateral. Imputación de responsabilidad. Facultad rescisoria. Ejercicio abusivo

 

Se confirma la sentencia que rechazó la demanda promovida contra una empresa de telefonía en virtud de la resolución unilateral del contrato cuyo objeto era comercializar productos y servicios de la demandada, en carácter de canal complementario de comercialización.

 

 

En Buenos Aires a los 26 días del mes de mayo de 2015, reúnense los señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “COLLARD, GUSTAVO SERGIO contra TELECOM ARGENTINA S.A. sobre ORDINARIO” registro N° 23995/2008, procedente del JUZGADO N° 1 del fuero (SECRETARIA N° 1), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Vassallo, Heredia y Dieuzeide.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

El señor Juez Gerardo G. Vassallo dijo:

I. El señor Gustavo Sergio Collard, por sí, promovió demanda contra Telecom Argentina S.A. con el objeto de percibir los perjuicios económicos que le habría causado la contraria al resolver el contrato que los vinculaba.

En su escrito de inicio, que presenta al lector un palpable desorden discursivo, dijo ser “…el titular de la empresa unipersonal S2M…”, y en tal calidad dijo haberse vinculado con la demandada con el fin de comercializar productos y servicios de TELECOM en carácter de “Canal Complementario de Comercialización” (CCC).

A partir de tal encuadre, cuestionó el contrato que los unió, por tratarse de los llamados de adhesión, en el cual la accionada imponía no sólo una redacción unilateralmente confeccionada, sino que se servía de cláusulas abusivas que, en el relato del actor, perjudicaban sustancialmente al “inferior”. Al efecto transcribió desordenadamente algunas cláusulas mediante las cuales Telecom fijaba condiciones de comercialización.

Concluyó por ello que no hubo “…libre ejercicio de la libertad contractual, la cual presupone elementos de paridad e igualdad sustancial de orden económico y social...”. Y de tal manera, siempre según lo postulado por el actor, Telecom “…se sustrajo de todo tipo de riesgo comercial, trasladándoselo a la actora, utilizándola para tal fin desde el momento de la celebración del contrato”.

Refirió ciertos vaivenes en la relación comercial, provocados por los reiterados cambios de planes de la demandada, que según su relato, le produjeron daños económicos pues insumos y personal destinados a la modalidad ordenada por Telecom, debían ser desactivados a poco de iniciar sus tareas, por la contraorden de la demandada.

Reseñó los gastos que debió realizar, entre los que enumeró el alquiler de inmuebles, su equipamiento como la contratación de personal. Y la precariedad en que se desenvolvía la relación pues el mismo contrato preveía que Telecom podía dejar sin efecto el vínculo, en cualquier momento, sin que la resolución anticipada generara algún derecho a resarcimiento en favor de Collard.

Tal facultad fue ejercida por Telecom mediante carta documento del 15 de junio de 2001, donde comunicó el cese de la relación con un preaviso de 30 días. Dijo que frente a ello, Collard presentó una nota a la demandada el 20 de septiembre de 2001 requiriendo que revea su decisión y que le abone lo adeudado. La respuesta de Telecom fue cursada mediante carta documento del 13.11.2001. En ella, luego de señalar no haber formulado promesa alguna de supervivencia de la relación, dijo haber actuado conforme las condiciones acordadas, lo cual lo aparta de toda responsabilidad pecuniaria respecto del reclamante.

En febrero de 2006 el actor dijo haber enviado otra carta documento a Telecom, donde le reclamó “…el pago de comisiones adeudadas mas los daños y perjuicios derivados de la ruptura contractual”, pretensión que fue rechazada por la demandada.

En definitiva, el reclamo económico del actor fincó en: a) $ … por la presuscripción de 9800 líneas (Retiro I y II), más 28.500 de presuscripciones de “servicios de telecomunicaciones”; y 350 de líneas PYMES.; b) Lucro cesante, que tradujo en su imposibilidad de continuar laborando, lo cual provocó el cierre de sus cuentas bancarias y el embargo y venta de un inmueble, y de un automotor. Amén de ello las pérdidas por los gastos de acondicionamiento de las oficinas alquiladas al efecto. Todo ello justificó, a su juicio, reclamar un total de $ …, que en sus números era el equivalente a la ganancia de 44 meses de vinculación, tiempo que debería haber perdurado el vínculo contractual; c) Por último reclamó una suma “no inferior” a $ … en concepto de daño moral.

Todo ello hizo un total de $ …, más costas.

II. Telecom Argentina S.A. contestó demanda en fs. 210/224, y solicitó su íntegro rechazo con costas.

Como introito a su descargo realizó una serie de consideraciones previas respecto de la demandada, la que consideró plagada de imprecisiones.

Seguidamente, al exponer su versión de los hechos, reconoció el vínculo contractual mantenido con la actora, sobre el que especificó que comenzó en mayo de 2000, y concluyó el 21 de junio de 2001.

Interpuso, como defensa de previo y especial pronunciamiento, la excepción de prescripción respecto del reclamo por comisiones adeudadas, al entender consumido el plazo previsto por el artículo 847 del Código de Comercio.

De seguido, y yendo a la sustancia de la pretensión, rechazó la existencia de cláusulas abusivas en el contrato suscripto por las partes; invocó la inexistencia de prueba respecto de los gastos que se adujeron efectuados; y sostuvo la falta de una relación de causalidad entre las supuestas erogaciones y la resolución del contrato.

Aclaró asimismo, que oportunamente se había estipulado un preaviso de un (1) mes para el supuesto de resolución que en el caso se habría cumplido.

Por último, cuestionó las indemnizaciones pretendidas.

III. La sentencia de la anterior instancia (fs. 695/701), rechazó íntegramente la demanda, imponiendo a Collard los gastos del proceso.

Para así decidir, y en lo que respecta al reclamo por comisiones adeudas, el Juez a quo entendió que la pretensión era improcedente con independencia a la excepción de prescripción.

A su respecto, sostuvo que la falta de una oportuna impugnación por parte de la actora a las liquidaciones efectuadas por la demandada respecto de las “presuscripciones” importó, en los términos del artículo 474 del código mercantil, su aceptación como cuentas liquidas, lo cual le impedía reeditar la cuestión aquí.

Por su parte, y en punto a la acción de daños y perjuicios por la resolución del contrato juzgó que no había existido intempestividad ni abuso alguno en la ruptura. Y sobre los daños, consideró que tampoco se había probado una adecuada relación de causalidad entre aquellos hechos y la disolución del vínculo.

Finalmente, también desestimó el reclamo de daño moral por no haber producido prueba que lo avalara.

IV. Sólo la parte actora apeló el fallo, quien expresó agravios en fs. 713/717, pieza que fue contestada por Telecom Argentina S.A. en fs. 723/725.

Cabe entonces ingresar en el estudio de la única apelación vigente.

La lectura del memorial permite advertir no sólo una redacción confusa e imprecisa, acorde a lo que fuera el escrito de demanda, sino en lo que hace a la técnica recursiva, una total orfandad de crítica concreta y razonada que permitiría, sin más, la desestimación del alzamiento en los términos del artículo 265 del Código Procesal de la Nación.

En efecto, no es posible sostener, ni siquiera con gran amplitud interpretativa, que la argumentación que desarrolla la recurrente pueda controvertir los fundamentos del fallo. El memorial constituye un nutrido catálogo de afirmaciones que no sólo no atacan puntualmente los fundamentos del fallo, sino que tampoco relacionan aquellos asertos con prueba concreta que les dé sustento.

Cabe recordar que el escrito de expresión de agravios debe reflejar, con claridad y corrección, de manera ordenada y concisa, las razones por las cuales el apelante estima que la sentencia no es justa o acorde a derecho; los motivos de su disconformidad; como que el Juez meritó defectuosamente la prueba, omitió alguna decisiva para resolver la cuestión o aplicó mal la ley, todo ello a través de la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo recurrido. Los errores, omisiones o deficiencias deben ser indicados punto por punto, no bastando las impugnaciones genéricas, la remisión a escritos anteriores o el mero desacuerdo (Highton, Elena I. - Areán, Beatriz A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pág. 243, Tomo V, Buenos Aires, 2006; Palacio, Lino E. - Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pág. 393, Tomo VI, Santa Fe, 1996).

A pesar de estos evidentes defectos, desarrollaré brevemente algunas consideraciones para abonar, desde lo sustantivo, la solución que ya se avizora.

Previamente, a fin de limitar el objeto de mi análisis, diré que el actor no formuló agravio alguno en punto al rechazo de las comisiones por las “presuscripción de líneas”. Tal omisión permite tener este aspecto del reclamo definitivamente desechado.

Es que la Sala sólo puede analizar el fallo de primera instancia en tanto sus fundamentos y conclusiones sean objeto de un específico agravio (artículo 271 código procesal). Y de no haber queja sobre algún aspecto puntual de la sentencia, cabrá concluir, cuanto menos en ese punto, que la decisión ha quedado consentida.

Como lo explicó, hace ya varias décadas en maestro Alsina, “El principio de la plenitud de la jurisdicción sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso” (Alsina H., Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Juicio Ordinario, T. IV, Segunda Edición, página 416/417). Otro maestro del Derecho Procesal ratifica este principio al sostener que “El superior no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso. Sólo puede ser revisado lo apelado” (Couture, E., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, página 188).

Lo expuesto ratifica la conclusión precedente en punto a que la pretensión relativa a las comisiones por “presuscripción de líneas” ha quedado definitivamente rechazada, en tanto el actor no propuso un agravio concreto para impugnar tal decisión. Y de tal forma este tribunal de apelación se encuentra impedido de modificar lo decidido en la instancia anterior pues aún cuando admitiera otros puntuales agravios (ver mi voto en “González Gette, Liliana c/ Tito González S.A. y otro s/ ordinario” del 23.11.2012).

V. Apartado este reclamo del marco recursivo, cabe enfocar el estudio respecto de las restantes pretensiones: en primer lugar su reclamo por lucro cesante, que consume buena parte del memorial, y al concluir, el rechazo de ser indemnizado por daño moral.

Al pretender atacar la sentencia en lo referido al primer punto, el actor volvió sobre un confuso discurso mediante el cual recordó que la ruptura lo llevó a vender un inmueble y un rodado. Destacó luego las inversiones realizadas para cumplir su prestación, las que según dijo fueron exigidas por Telecom, las que quedaron inútiles al tiempo de la abrupta interrupción del vínculo. En este punto destacó que debió armar una estructura según las directivas de la demandada quien, por lo demás, tenía atribuciones hasta para disponer la reducción del personal del actor.

Sin embargo, tal discurso no se compadece en forma directa y puntual, con la pretensión económica que ensayó para atender este rubro.

Como se ha dicho más arriba, el actor pretendió la suma de $ …, equivalente según el señor Collard a la ganancia de 44 meses de operación con la contraria. Es que según parecería resultar del escrito de demanda, frente al otorgamiento de 20 líneas telefónicas para “…efectuar las tareas de teleoperadores a fin de gestionar la venta de los servicios de telecomunicación de ‘Telecom' creó una lógica ‘relación de confianza de expectativa traducida en la perdurabilidad del contrato' que dicha gestión se iba a prolongar… Al menos por un plazo razonable de gestión no menos de (48 meses) como para poder amortizar la inversión que ‘Collard' efectuó en oficinas, equipamientos, capacitación de personal, etc.” (fs. 127v/128).

Y en tanto sostuvo que la relación había perdurado sólo cuatro meses, exigió como indemnización, las ganancias que el mismo estimó, por los 44 meses restantes.

No soslayo que las inversiones que dijo haber realizado bien pudieron ser parámetro para meritar el tiempo de un preaviso razonable.

Pero tal análisis sólo se habilita si, previamente, se concluye que Telecom incurrió en una conducta ilegítima que genere responsabilidad a su parte por los daños que pudo haber generado a su actual contrincante. Y, en el caso, tal reproche debería reposar en un ejercicio indebido o abusivo de la facultad de la demandada de rescindir el contrato.

Como ocurre en toda demanda de daños, es presupuesto para su procedencia la presencia de una conducta ilícita, que en materia contractual puede traducirse en el incumplimiento de sus estipulaciones, o una conducta abusiva o irregular en su desarrollo.

Sólo una vez acreditado tal recaudo cabrá indagar sobre el factor de atribución, la real existencia de daño y una adecuada relación de causalidad entre la conducta y el daño (Bustamante Alsina, Jorge H., Teoría General de la Responsabilidad Civil, 4ed. Bs. As. 1983, núm. 170, página 86; Llambías, J. J., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T. I., página 121, n° 98; Cazeaux P. – Trigo Represas, F., Derecho de las Obligaciones, T. 4, página 239; Pizarro R. y Vallespinos C., Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones, T. 2, página 623; C.Tercera Apel. Civ. y Com., 10.6.2008, “Sindicatura en Eddicom c/ Rosetto, Eduardo José y otro”, LLC diciembre 1219).

Sin embargo, del análisis del escrito de demanda, no advierto con claridad un ataque del señor Collard a la facultad resolutoria que el contrato previó en favor de ambas partes. No soslayo que el actor sostuvo, al reseñar diversas cláusulas del convenio entre las cuales se encontraba la que nominó como 14.4 de rescisión unilateral ante tempus, que ellas ponían en evidencia “que no hubo libre ejercicio de la libertad contractual, la cual presupone elementos de paridad e igualdad sustancial de orden económico y social, pero además de orden cognoscitivo y operativo entre los contratantes” (fs. 120v).

Pero más allá de este abstracto cuestionamiento, pues tanto en aquel escrito como ahora al expresar agravios no reseñó hechos probados que justificaran el alegado desequilibrio, lo cierto es que del estudio de la causa no advierto un ejercicio abusivo o sorpresivo de la facultad rescisoria.

Para arribar a tal conclusión cabe formular una breve descripción de la relación habida entre las partes.

Según lo relató el señor Collard, el vínculo con Telecom tuvo inicio en enero de 2000 con la suscripción de la solicitud para la comercialización de los servicios de Telecom. Si bien el actor acompañó una copia simple de un convenio, el mismo no luce fechado ni firmado por persona alguna (fs. 14/41), lo cual impide invocarlo como el auténtico contrato que ligó a las partes. De su lado, la demandada al oponer sus defensas, acompañó dos ejemplares de sendos contratos que sí se encuentran firmados por Collard (fs. 191/196 y 204/209), y que fueron reconocidos por este al contestar el traslado que se le concedió de la documental acompañada por Telecom (fs. 226v). De allí que citaré a estos en el desarrollo que sigue.

Como resulta de sendos contratos, en los mismos fue pactado un plazo de vigencia de seis meses. Así el primero, a diferencia de lo dicho por el actor, surge suscripto en mayo de 2000, mientras que el segundo, el 1 de octubre de aquel año. 

Si bien este último aparece firmado una vez concluido el quinto mes de vigencia del anterior, o sea antes de su vencimiento, quedó dicho en su tercer párrafo (fs. 204), que la firma del segundo importaba “…la rescisión de cualquier otro tipo de acuerdo existente…”. De allí que cabe concluir que, desde el punto de vista estrictamente contractual, la relación entre las partes fue pactada desde el 1 de mayo de 2000 al 30 de septiembre del mismo año (primer contrato), y desde el 1 de octubre de 2000 al 31 de marzo de 2001 (segundo contrato).

En sendos convenios quedó establecido, en lo que aquí interesa, la facultad de ambas partes de rescindir el mismo “sin expresión de causa”, y fijándose como único recaudo el de preavisar por un plazo mínimo de treinta días (cláusula 16, fs. 195, primer contrato; cláusula 17, fs. 208, segundo contrato).

Debo señalar aquí, antes de continuar con el estudio de los hechos invocados y del devenir de la relación jurídica trabada, que el actor no impugnó concreta y puntualmente esta estipulación contractual. Omisión que desdibuja los cimientos de la pretensión ensayada.

Conforme he reseñado, las partes se vincularon mediante un contrato (en el caso dos) por un plazo determinado (seis meses), lo cual dejaba en claro a ambas partes del negocio que la relación era finita, por lo cual debían orientar sus inversiones y expectativas al desarrollo y la ganancia que pudieran obtener en tal plazo.

Este límite temporal no sólo condicionó el intercambio comercial entre las partes, sino que constituye un elemento trascendente para evaluar la conducta de Telecom al tiempo de rescindir la relación. Es que aún cuando ambas partes habían pactada tal derecho que sería ejercido sin necesidad de expresar causa, ello no habilita a cualquiera de ellos a incurrir en una conducta abusiva y dañosa para su contrario.

Como ha dicho mi colega el Dr. Heredia en el voto que dictó en la causa “Brother”, “…no es irrazonable que un sujeto convenga en mantener una relación comercial hasta cierto tiempo, salvo que se decida por cualquiera de las partes su anticipada cesación; y, ciertamente, tampoco el derecho lo prohíbe puesto que si bien la cláusula rescisoria ante tempus amengua la fuerza vinculante del contrato, preserva la libertad de las partes en cuanto a definir el alcance de tal fuerza vinculante, y si ha sido convenida por sujetos hábiles y en beneficio de ambos, no parece que derive de ello ilicitud alguna (conf. CNCom. Sala D, 4/8/89, “Guzmán, Ramón c/ Tito González S.A.”, LL 1989-E, p. 406; Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio, comentado y anotado, Buenos Aires, 2005, t. II, p. 731; Lorenzetti, R., Tratado de los Contratos – Parte General, Santa Fe, 2004, p. 569).

“Por lo demás, la particularidad de que la rescisión unilateral habilitada por la cláusula 19ª pudiera hacerse operativa “…por cualquier motivo…” coloca el caso en una situación análoga a la de una cláusula rescisoria “incausada” pues la posibilidad de rescindir por cualquier motivo y la de hacerlo sin explicitación de motivo traduce, en los hechos, un mismo resultado jurídico, cual es brindar al sujeto que rescinde un derecho apto para desvincularse del contrato de manera potestativa.

“Al respecto, explica Louis Josserand que la rescisión unilateral ejercida en virtud de una cláusula contractual debe, como regla, ser respetada en sus efectos. Se considera, dice este autor, que la facultad así reconocida a las partes o a una de ellas, para dar por terminado el contrato, tiene un valor absoluto; puede ser ejercida discrecionalmente, ad nutum, sin que su titular esté obligado a explicar razones de su determinación y sin que pueda ser inquietado con motivo de ella. Así lo han querido las partes, quienes sin ninguna duda han repudiado hasta la idea de una supervisión o control en esta materia, suprimir toda discusión y prevenir todo litigio, al concederse una inmunidad total. Cesa de ser concebible el abuso -al menos, como principio- porque se trata del ejercicio de un derecho que los contratantes han destituido voluntariamente de toda finalidad y al que deliberadamente han conferido un carácter puramente abstracto, separándolo de su causa: puede decirse sin exageración, que el medio justifica entonces el fin, y más bien, que lo cubre totalmente (conf. Josserand, L., El espíritu de los derechos y su relatividad, Editorial José M. Cajica Jr., Puebla, México, 1946, p. 162, n° 145).

“Con análoga comprensión se ha dicho que la rescisión unilateral o desistimiento del contrato, sea con fundamento convencional o legal, es un poder “arbitrario” que la parte puede ejercer libremente sin que sea necesario dar una justificación (conf. Bianca, C., Diritto Civile, Giuffrè Editore, Milano, 2000, t. III, p. 765, nº 411).

“Pero, como lo advierte el propio Josserand, es necesario no generalizar lo anterior, así como no aplicarlo sin distinción y reserva alguna a toda determinación unilateral de orden contractual, ya que los derechos contractuales, lo mismo que los que confiere la ley, tienen una misión que llenar, contra la cual las partes no pueden rebelarse sin comprometer, en una u otra forma, sus responsabilidades (autor cit., op. cit., p. 162, n° 146).

En otras palabras, el poder de rescindir unilateralmente un contrato, provenga de la ley o de la convención, tiene el límite general de la buena fe (conf. Bianca, C., ob. cit., p. 762, nº 409, y 765, nº 411; Diez Picazo, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Civitas, Madrid, 1996, p. 907).

“Y esto último es aplicable, sin dudas, a contratos del tipo examinado en el caso.

“Concretamente: la admisión de la validez de las cláusulas de rescisión unilateral ante tempus en contratos de duración “cierta o determinada”, no excluye el examen de que el derecho que ella confiere sea ejercido regularmente, de buena fe y, más ampliamente, sin abuso (véase en este preciso sentido: Cinollo, O., en la obra dirigida por Marzorati, O. y Molina Sandoval, C., Contratos de Distribución, Buenos Aires, 2010, ps. 291/292; más ampliamente, véase: Alterini, A. y López Cabana, R., La rescindibilidad unilateral en los contratos de colaboración empresaria, LL 1991-D, p. 815; Muguillo, R., Contratos Comerciales: interpretación, limitación a la libertad de competir, rescisión unilateral, en http://www.eldial.com)” (esta Sala, 5.6.2013, “Brother Int. Corp. de Argentina S.R.L. c/ Aerocargas Argentinas S.A. y otro s/ ordinario”).

A tal efecto podrían tomarse como parámetros para considerar la adecuación de la conducta de quien rescindió el contrato, por ejemplo la existencia de un cronograma de inversiones en curso que queda truncado por la culminación anticipada; o que tal facultad sea ejercida al inicio del tiempo pactado. En rigor debe evaluarse si, en el caso, el contrato ha tenido una “duración mínima razonable”, que sea apta para que quien se ve afectado por la decisión de su contendor de dar finiquito a la relación, pueda haber tenido un tiempo suficiente para recuperar la inversión que debió realizar acorde a las exigencias del negocio y el tiempo del contrato.

Como fue dicho, en el caso el segundo convenio venció el 31 de marzo de 2001, al consumirse los seis meses pactados el 1 de octubre del año anterior.

Sin embargo, ambas partes son contestes en que el preaviso recién fue cursado el 21 de junio de 2001, por lo cual el vínculo concluyó el 21 de julio de aquel año.

Más allá de las razones que esgrimió Telecom para extender de hecho el segundo convenio, lo real es que el mismo previó, como lo hacía el anterior, que en su cláusula tercera establecía la “…renovación automática, a la fecha de la finalización, por el mismo período…”, salvo que alguna de las partes preavisara con diez días de anticipación al vencimiento acordado, su voluntad de no renovar el vínculo (fs. 205).

Así, aún cuando se entienda que operó tal estipulación, al tiempo de concluir el contrato por invocación de la cláusula rescisoria, este tercer período se había consumido en casi cuatro de los seis meses previstos.

Es claro que con un horizonte de seis meses, la decisión de concluir el vínculo una vez superada prácticamente las dos terceras partes, no puede ser calificada objetivamente como abusiva o irrazonable en cuanto a los tiempos en que fue adoptada. Cabe agregar que previo a ello las partes habían desandado sin mayores sobresaltos dos períodos prácticamente similares, con lo cual la relación total tuvo una duración de casi quince meses. Y ambas partes han coincidido en que ya en los últimos tiempos algunos de los servicios inicialmente prestados mediante el concurso del actor habían sido dados de baja, lo cual debió generar en el señor Collard un menor nivel de inversiones o la desactivación anticipada de recursos que se habían tornado innecesarios.

Frente a ello la postura del actor de suponer que la relación negocial podía perdurar al punto de entender que un “plazo razonable de gestión” no podía ser inferior a los 48 meses, resulta como mínimo, infundado.

Como recordó el Dr. Heredia en el voto que he citado más arriba, “… cuando el contrato es a plazo “cierto o determinado”, entra en juego el alea de la no renovación o incluso de su rescisión anticipada si, como en el caso ocurre, hay cláusula especial a ese efecto. Quien entra en este tipo de contratos debe preveer ese álea, que no es más que el riesgo del comerciante de que su negocio no pueda continuar, o se vea anticipadamente extinguido. Por ello, al ingresar en el contrato debe sopesar si las ganancias que espera justifican o no obligarse frente a las inversiones que realiza o compromisos que contrae por un término breve…”.

Y aun cuando el actor ha señalado en reiteradas oportunidades que la relación había sido despareja en punto al poder de negociación de cada parte, ello no permite presumir que el señor Collard se haya visto obligado a contratar con Telecom aún en la inteligencia de tratarse de un negocio ruinoso.

Ni tampoco, cuando pudiera tratarse de un contrato de adhesión, el tercero ejerce su libertad de aceptar o no el convite; y en muchos casos, a diferencia de lo dicho por el aquí actor, poder imponer alguna condición para ingresar en el negocio.

Cabe suponer que el señor Collar, en tanto comerciante, posee aptitudes y capacidades mínimas para el manejo y administración de sus negocios, así como conocimiento sobre los riesgos que asume a los fines de tomar de antemano las medidas tendientes a evitarlos (CNCom, Sala B, 9/10/1987, "Padilla, Ángel c/ De Rosa, Hugo", del 09/10/87; íd., 21/9/1993, "Tejidos Oke SA c/ Viscosud S.A,"; íd. 3/6/1993, "SA Cía. Azucarera Tucumana s/ incid. de llamado a licitación adjudicación Ingenio Santa Rosa"; íd. 19/7/1992, "Establecimiento Frutícola Sede S.R.L. c/ Coto CICSA"; íd.30/6/2009, “Wing Guard S.A. c/ Instituto Obra Social del Ejército s/ ordinario”), de manera tal que no sólo debió prever el álea de la no renovación del contrato a su vencimiento, como las peculiaridades del negocio telefónico para evaluar no sólo inicialmente su vínculo con Telecom, sino luego el nivel de inversiones a realizar.

En este punto, constituye un hecho notorio que los cambios tecnológicos que se han producido en el ámbito de la telefonía han hecho variar en breve tiempo las condiciones del negocio y el tenor de los servicios que pueden comercializarse en derredor de las comunicaciones.

Así, presumir que el vínculo puede extenderse por varios años, tanto más en punto a los puntuales servicios que eran comercializados por el actor, constituye una expectativa sin sustento.

Lo hasta aquí dicho sella la suerte del reclamo del señor Collard. Es que la ausencia de una probada conducta ilícita de la demandada, torna improcedente cualquier imputación de responsabilidad y, por tanto, de una condena resarcitoria.

Y frente a ello resulta innecesario ingresar en un puntual estudio de la pretensión del actor en lo que hace tanto al lucro cesante como a la invocación de daño moral pues, como dije, no se ha probado la presencia del recaudo sustantivo que vuelva útil continuar el estudio en punto a evaluar la pertinencia de la pretensión ensayada.

Todo lo expuesto, basta para el rechazo íntegro del recurso, sin que sea menester mayor análisis en tanto los jueces sólo están obligados a fallar considerando los argumentos que estimen conducentes y suficientes, prescindiendo de aquellos otros tangenciales o sin proyección jurídica alguna (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 287:230; 294:466; id., 16.6.1976, “Filacchione de Cabezón A. c/ ENTEL”, Fallos 295:135; íd., 19.6.1986, “Burger King Corporation c/ Facilven S.A.C.I.C.”, Fallos 308:950; íd. “Rem-Ter S.R.L. c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano”, Fallos 308:2263; íd., 17.4.1975, “Edelberg, Betina c/ Facio, Sara y otros”, Fallos 291:390; íd. “Fernández Avello, Raúl A.”, Fallos 296:445; entre otros; esta Sala, 13.10.2006, “Paramen c/ Rutilex Hidrocarburos S.A. s/ ordinario”).

VI. Como corolario de lo dicho, propongo al Acuerdo que estamos celebrando desestimar el recurso en estudio, con el efecto de confirmar íntegramente la sentencia en estudio.

Las costas de Alzada deberán imponerse al recurrente vencido. Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Heredia y Dieuzeide adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con el efecto de confirmar íntegramente la sentencia en estudio.

b) Imponer las costas de Alzada al señor Collard.

(d) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara

  Correlaciones:

SE.LI.ME. SA - servicios de limpieza y metales c/Volkswagen Argentina SA s/ordinario - Cám. Nac. Com. - SALA C - 29/08/2013

001616E