Danos Y Perjuicios Lesiones Producidas Dentro De Un Local Bailable Rina Menores Responsabilidad De Los Padres

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Lesiones producidas dentro de un local bailable. Riña. Menores. Responsabilidad de los padres

 

Se mantiene la condena civil a los padres por las lesiones que su hijo le provocó a otro adolescente en un local bailable, por haber incumplido con su deber de vigilancia.

 

 

En la Ciudad de Mendoza, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, reunidas en la Sala de Acuerdos de la Primera Cámara Civil de Apelaciones las Dras. Silvina Miquel, Marina Isuani y Alejandra Orbelli, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos Nº 313/50.205, caratulados: "IAPOZZUTO, GABRIEL MARTÍN C/ L., RODOLFO Y OTS. D. Y P.”, originarios del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada de la Primera Circunscripción Judicial, venidos al Tribunal por las apelaciones deducidas por actor, codemandados Rodolfo L. y Laura Keena, y profesionales que recurrieron a fs. 886, 890, 906, 977 y 980 en contra la sentencia de fs. 812/824.

Practicado el sorteo de ley arrojó el siguiente orden de votación: Dras. Miquel, Isuani y Orbelli.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, planteándose las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara Silvina Miquel dijo:

I.- En la sentencia de grado se hizo lugar parcialmente a la demanda planteada por Gabriel Martín Iapozzuto y se condenó a Rodolfo L., Laura Keena y Sergio Alejandro Gómez a pagar al actor la suma de pesos ... ($ ...), con más sus intereses. Se desestimó la demanda promovida en contra de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Se impuso costas y se reguló honorarios.

El magistrado fundó su resolución en el art. 1.114 del Código Civil, tras establecer que I. L., hijo de los demandados Keena y L., causó las lesiones por las cuales reclama el pretensor. Manifestó que la responsabilidad del titular del establecimiento “Wish” se sustenta en la ley 24.240. Finalmente resolvió sobre los rubros reclamados, admitiendo algunos y denegando otros.

II.- A fs. 1017 Gabriel Martín Iapozutto expresa agravios, solicitando la modificación del fallo de primera instancia en los aspectos que señala.

Objeta el quejoso el rechazo de su demanda promovida contra la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Provincia de Mendoza. Señala que erró el juez cuando estableció que el local en el que sucedieron los hechos contaba con habilitación; que el Estado conocía su obligación de contralor y que realizó inspecciones en el local, pero con posterioridad al hecho; que los entes estatales deben realizar controles que garanticen la asistencia a los locales de diversión pública en forma segura y que su omisión no puede dispensarse diciendo que no están obligados a controlar lo que hacen los asistentes. Aduce también que el Ministerio de Salud reconoció que el encargado de tales controles es el Ministerio de Desarrollo, lo que se sustenta en la normativa invocada en la demanda y también en el decreto N° 486/04 de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (arts. 6 y 10). Indica en adelante que del acta 3177 del Ministerio de Desarrollo Social fluye que no había habilitación y reitera que, aunque hubiese estado habilitado el local, no lo era como matiné. Invoca lo establecido por la ley 7136, en su art. 4. Cuestiona de su lado la conclusión del Juez en sentido de que, si no se puede vincular clara y precisamente la ingesta del menor L. con la agresión al actor, desparece el fundamento de la responsabilidad del municipio.

Se agravia también porque se desestimó el reclamo de pesos ... ($ ...) que deviene de multiplicar el costo informado como valor de la sesión de psicoterapia, conforme recibos extendidos por el Lic. Mario González. Agrega que está probada la necesidad de realizar tratamiento psicológico y entiende que esa prueba no ha sido considerada por el Juez de grado. Cuestiona luego el rechazo de los gastos de movilidad; dice que el juzgador se contradijo dado que reconoció el daño psicológico y odontológico. Señala que se han acreditado, además, algunos gastos de estacionamiento del vehículo en el que se transportaba. Se queja asimismo por el rechazo del monto pretendido para cubrir lesiones fonoaudiológicas; afirma que resulta confuso y autocontradictorio el razonamiento del magistrado en este sentido. Impugna además la desestimación del rubro pérdida de chance, precisando que se trata de un beneficio probable y futuro resarcible.

Se queja igualmente el recurrente porque se disminuyó en su cuantía los rubros incluidos en el reclamo. Dice que son infundadas y contradictorias las manifestaciones que hizo el Juez para rechazar el reclamo por incapacidad; considera que realizó un análisis arbitrario y que debería haber sumado el porcentual dado por el Cuerpo Médico Forense, al 10 % de la incapacidad psicológica. Expresa que la afirmación sobre que la prueba odontológica no se produjo obedece a una interpretación errónea del juzgador respecto al instituto de la caducidad de la prueba. Supone que si el magistrado necesitaba de la apreciación científica debió ordenar que la prueba pericial odontológica se produjese por su propia iniciativa. Especifica además que existen otras pruebas que lo hubieran llevado a un conocimiento mayor, como el informe de la Dra. Reta y los baremos que menciona.

Se agravia finalmente por el monto de las costas impuestas a su cargo, considerando que los honorarios exceden el límite del art. 505 del Código Civil.

IV.- A fs. 1034/1047 se presentan los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena y expresan sus quejas.

Se agravian en primer lugar por la atribución de responsabilidad a su cargo. Afirman que el sentenciante evadió indagar sobre la forma en que ocurrió el hecho; que el actor nunca acreditó que L. le propinó un golpe de puño y que se encontraba en estado de ebriedad; que los testigos sólo declararon que existía aglomeración de público en el lugar y que habían visto al actor herido en la boca. Manifiestan que un análisis de las declaraciones confirma la versión de su parte relativa a que fue el actor quien dio comienzo a una serie de empujones contra el joven nombrado y que éste, en un acto de contención, resistió el embate del accionante, sin provocarle lesiones.

Dicen que la sentencia presenta inconsistencias porque primero desestima los testimonios por contradictorios y luego admite esas declaraciones. Se quejan, puntualmente, porque el magistrado ignoró las tachas deducidas. Ponen de resalto que los testigos Martín, Baca y Said reconocieron no haber presenciado el hecho denunciado y que el conocimiento del mismo lo recibieron por el mismo actor, de quienes fueron amigos desde siempre. Aducen que el testimonio de Martín resulta contradictorio con el prestado anteriormente por él en el Juzgado de Menores; que Baca incurrió en contradicciones serias y graves, mostrando parcialidad en su declaración y que Murad presenta también contradicciones y parcialidad en sus dichos, porque ocultó circunstancias como el horario en que salió del local. Estiman que todo ello es contradictorio con el relato dado en sede penal y denuncian falsedad en el aporte de las testimoniales.

Cuestionan en lo sucesivo la valoración que se hizo en el decisorio de grado con respecto a la declaración de I. L. en el proceso penal. Niegan que la misma sea reveladora de una actuación culpable del joven e invocan además la declaración del testigo Lupino. Aducen que de la demanda surge que el hijo de los demandados no tuvo nada que ver con el hecho denunciado; precisan que en ningún pasaje de ese texto se identifica al joven como autor del daño y que, por el contrario, textualmente se dice que el actor recibió un fuerte golpe estando de espaldas a L.. Mencionan, en suma, que la posición del accionante revela que el supuesto agresor nunca pudo lesionarlo en la boca y agregan que aquél estaba bajo tratamiento odontológico de ortodoncia desde hacía varios años, lo que revela que la supuesta causa de la pérdida de sus dientes no obedeció al hecho que se denuncia.

Por otra parte sostienen que no existió culpa “in vigilando” de los padres e invocan como eximente la establecida en el art. 1116 del Código Civil. Indican que I., con dieciséis años al momento del hecho, estudiaba en el nivel secundario y había rendido satisfactoriamente su ingreso a la facultad, gozaba de muy buen concepto en su colegio y ente sus amistades y realizaba actividades deportivas. Expresan que ello demuestra que como padres asumieron todas diligencias debidas en cuanto a educación y vigilancia. Insisten en que en todo momento impartieron una educación cuidadosa, una vida de hogar sin malos ejemplos y que siempre existió una vigilancia activa de su parte, que desvirtúa cualquier presunción en su contra.

Se agravian asimismo respecto de los daños admitidos en la demanda. En primer lugar, consideran no acreditados los invocados por el actor. Subrayan que a fs. 521 se declaró caduca la prueba odontológica y que el informe que tomó el Juez como prueba médica carece de valor, por no haber sido realizado por un experto designado en la etapa contradictoria. Insisten en que las secuelas debieron probarse mediante peritaje, como único medio válido para garantizar el derecho de defensa.

Niegan que se haya acreditado la existencia de algún daño psíquico en el actor y remiten la impugnación que efectuaron al informe pericial psiquiátrico. Observan por otra parte que al no existir dictamen pericial odontológico y haber dictaminado la fonoaudióloga la inexistencia de incapacidad, no podría el perito psiquiatra dictaminar partir de un hecho no comprobado. Dicen además que si existió algún trastorno emocional, no obedeció al hecho denunciado sino a los padecimientos personales que estaba atravesando el joven a la época que hizo la consulta, con sus padres separados.

Se quejan de que el fallo no dio explicación razonada de la admisión de los “gastos médicos” reconocidos (honorarios del dentista, tratamiento odontológico, radiografías, implantes y medicamentos). Esbozan que el actor no tiene ingresos, por lo que no pudo él erogar tales sumas; consideran evidente que fue su madre la que abonó las mismas y deducen que no existe en este aspecto interés jurídico tutelable.

Objetan la concesión del rubro daño moral por la suma de pesos ... ($ ...), porque consideran que no se acreditaron los padecimientos denunciados.

Califican como excesiva la suma de pesos ... ($ ...) acordada por incapacidad, con fundamento en que no se aportó material idóneo que avale las conclusiones periciales. Reputan que el juzgador no analizó que el accionante no desempeñaba tareas remuneradas ni estudiaba; que no meritó la incidencia de la incapacidad en las distintas esferas y que las probanzas son muy escasas respecto a las actividades del pretensor. Consideran que en este sentido el Juez obró de modo arbitrario.

Se agravian por la imposición de costas a su cargo. Entienden que la redacción del dispositivo que reguló lo pertinente puede llevar a confusión, por lo que solicitan que se aclare y modifique el punto en el sentido peticionado. Sostienen que no tienen obligación de afrontar los honorarios de letrados que fueron contratados por el demandado Gómez. Solicitan que se modifique el punto y se exprese que la imposición de costas a los accionados L. y Keena sólo se refiere al letrado del actor, Dra. María Mercedes Moughty, excluyendo a los abogados María Lourdes Boglioli y Ariel Civit. Alegan finalmente que la sentencia omitió pronunciarse sobre las costas irrogadas por el rechazo de varios rubros y peticionan que también se modifique la resolución en ese aspecto, imponiéndose las costas al actor por los rubros que no tuvieron acogida en la demanda.

IV.- A fs. 1051/1068 contesta agravios el actor Gabriel Martín Iapozzuto. A fs. 1076 hace lo propio la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. A fs. 1081 responde la Provincia de Mendoza y seguidamente, a fs. 1086/1090, lo hacen los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena. A fs. 1093 luce la presentación de Fiscalía de Estado.

V. La solución.

V. a. Responsabilidad de los padres de I. L..

Por cuestiones de método trataré en primer término el agravio que pretende la revocación- o, en su caso, disminución- de la responsabilidad que en el grado se atribuyó a los accionados que apelaron. Para ello, comenzaré efectuando una reseña relativa a los términos en que quedó trabado el litigio, particularmente en lo atinente a aquellos aspectos que la recurrente pone en tela de juicio.

En la demanda la representante legal del accionante alegó que el daño por el que su hijo reclama fue provocado por el hijo de los demandados. Textualmente sostuvo que el hecho dañoso ocurrió “por la violencia impuesta por L.” (fs. 32 vta.). Describió la progenitora que, en la madrugada en que los hechos tuvieron lugar, el pretenso agresor estaba en “estado de alcoholismo” en el interior del local bailable “Wish”, junto con un grupo de chicos. Explicó asimismo que, en esas instancias, Iapozzuto fue increpado por L., quien manifestó conocerlo y saber que había querido pegarle; adunó que los amigos que acompañaban al accionante le dijeron que no le hiciera caso, porque aquél último no sabía lo que hacía, “como producto de su ebriedad”.

Me interesa igualmente resaltar que en la misma pieza inicial se expuso que, en un momento dado, cuando el damnificado giró para retirarse a buscar agua, estando de espaldas a L., recibió un fuerte golpe de puño en la boca, que le provocó daño.

De la síntesis precedente emana por lo pronto que, contrariamente a lo que sostiene la demandada, la actora sí atribuyó la autoría del suceso dañoso a su hijo, dando sus razones para hacerlo. Por lo demás, no encuentro gran dificultad para recrear en qué términos se habría producido, según la versión del pretensor, la agresión. En contraposición, sin embargo, considero endeble el relato de la accionada que, tras negar que su hijo hubiera estado alcoholizado y propinado al otro joven un golpe de puño, expuso que, en aquella madrugada, Iapozzuto habría dado comienzo a una serie de “empujones” en contra del otro adolescente, “quien en un acto de contención” resistió el injustificado embate del primero, aunque sin provocarle ningún daño.

Más allá de que no explicó la sindicada como responsable en qué consistió concretamente ese “acto de contención” al que aludió, lo cierto y definitorio es que tampoco se hizo cargo de la indagatoria que su hijo había previamente rendido en sede penal, en términos que sirvieron tanto el juez de primera instancia como a la juzgadora que dictó el sobreseimiento, para determinar que la agresión relatada en la demanda existió y que el joven L. fue su autor (fs. 20 y 111 vta. A.E.V.).

Coincido con dicha valoración judicial, que la apelante no ataca en esta instancia de manera eficaz. En efecto, también por mi parte pongo en valor, prioritaria e indiscutiblemente, la primera explicación que suministró el hijo de los actores acerca de los hechos que lo involucran. Se trata en definitiva de datos proporcionados en una indagatoria regida por los principios que imperan en materia de confesión judicial, en virtud de los cuales una declaración de ese tenor no puede ser utilizada en favor del declarante, sino sólo en su contra (Galdós, Jorge M., El valor probatorio del expediente penal en sede civil (segunda parte), LL 1992-E, 918). Resalto incluso que la exposición de la que hago mérito fue brindada en una causa que ofrecieron como prueba ambas partes, lo que me permite asignar a la misma plena eficacia probatoria.

El valor que asigno a aquel elemento de juicio se ve incrementado con el relato que brindó el testigo Bruno Martín en la primera oportunidad en que declaró (fs. 51 A.E.V.). Esa testimonial constituye para mí una fuente de presunción simple, que fortalece la confesión antes referida, a falta de prueba en contrario que, en sus aspectos principales, la desvirtúe.

Admito que el testigo manifestó no haber presenciado el episodio de violencia que motiva este pleito; sin embargo, considero confiable su relato en cuanto a que, en la madrugada en que los hechos sucedieron, L. le reconoció que se había “agarrado a piñas” en el interior del local y le exhibió su mano lastimada. Esas manifestaciones coinciden a la vez con el relato que le formuló a Martín el actor, en condiciones que llevan fácilmente a colegir que, quien agredió a Iapozzuto, fue el hijo de los demandados (Chiappini, Julio, Revalorización del testigo de auditu, JA 2006-I-977; Boulin, Alejandro, comentario al art. 194 del C.P.C. en Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza, Coord. Gianella, La Ley, Bs. As., 2.009, T. II, págs.327/28).

Concuerdo a la vez con la desestimación de la tacha que pronunció en este caso el juez de grado. No visualizo parcialidad ni mucho menos infiero mendacidad en los dichos del testigo Martín que, como anticipé, en los aspectos relevantes, no traslucen ninguna seria incoherencia interna ni incompatibilidad relevante entre sus declaraciones.

Por lo demás, debe aceptar la quejosa que, por virtud de las reglas de la sana crítica, el juzgador civil goza de amplísimas facultades para desentrañar la verdad de los hechos controvertidos, haya mediado o no “tacha”. Sabido es en tal sentido que la presunción que emana de la deducción de un incidente de ese tipo es iuris tantum, de modo que, aun cuando la objeción se pruebe, el juez puede apreciar e invocar la declaración del testigo tachado, si existen en la causa antecedentes que permiten afirmar que ha dicho la verdad (Podetti, J. Ramiro, Código de Procedimientos, Ed. La Facultad, Bs. As., T. I. 1936, pág. 349).

Las restantes testimoniales no proporcionan ninguna razón de peso que desvirtúe lo que resulta del material que me permite, de por sí, confirmar el fallo en el aspecto tratado. Hasta puedo decir que, si empleara la alternativa que mejor posiciona a la accionada- que implica asignar a las testimoniales de los amigos del accionante valor neutro- igualmente quedaría incólume la convicción que he conformado con la confesional, en consonancia con el valor indiciario que tienen los daños que sufrió el lesionado y lo que resulta de la testimonial de Martín. Más aún, en la misma línea señalo que, las contradicciones de las que se hizo eco el juzgador, resultaron a la postre útiles para la quejosa, dado que, sobre tales bases, se descartó que el agresor estuviera alcoholizado al momento de perpetrarse el hecho dañoso, determinación que, por no haber sido objeto de queja certera y categórica (art. 137 CPC), resulta inconmovible en esta instancia.

En resumidas cuentas: a mi juicio, la prueba rendida es convincente en orden a confirmar la autoría y, naturalmente, el vínculo causal que existe entre el accionar del hijo de los demandados y el daño que sufrió el actor.

Llegado su momento, admito que la accionante denunció que L. obró con “dolo” al causar el menoscabo. También verifico no obstante que, en la misma pieza inaugural, se citó jurisprudencia que atribuye responsabilidad a los padres por el accionar meramente culposo o imprudente de sus hijos menores. Frente a esta realidad puedo decir que: si bien la deliberada intención de provocar el menoscabo podría ser un aspecto discutible (art. 1072 C.C.), no lo es que, abundar en disquisiciones de ese tipo, resulta, conforme constancias de autos, estéril. Esto es así no sólo por la dualidad de la imputación sino, básicamente, porque se logró acreditar que el comportamiento del agresor fue culposo, situación que, en el contexto dado, basta para motorizar la presunción de responsabilidad indirecta que pesa sobre sus progenitores (Kemelmajer de Carlucci, A., comentarios a los arts. 1.109 y 1.114 del C.C. en Código Civil y normas complementarias, Dir. Belluscio- Coord. Zannoni, Astrea, Bs. As., 1984, T. V, págs. 91 y 613/14).

No ingresaré en el debate relativo a si el régimen que aplico adscribe a un factor de atribución objetivo o subjetivo, porque, según infiero, el juez de grado se inclinó por la última de esas opciones, que se corresponde con lo que en el sistema vigente constituye una de las tendencias que imperan en materia de responsabilidad parental por daños ocasionados por hijos menores (véase una reseña de las alternativas de abordaje aludidas en: Leiva, Claudio, Un caso de responsabilidad de los padres por daños causados por los hijos menores y el factor de atribución aplicable a la luz del derecho vigente. La cuestión en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2.012, LL Gran Cuyo 2014 (agosto), 721 y Lloveras, Nora Monjo, Sebastián, Responsabilidad de los padres por el hecho de los hijos en el Proyecto de Código, LL 2013-E, 1078).

El punto es desentrañar si, desde esa perspectiva, es posible definir la eximición de los progenitores. Anticipo que mi respuesta será negativa, conforme ampliaré.

Como eximente de la responsabilidad paterna la demandada invocó la establecida en el art. 1.116 del código civil, conforme el cual: "Los padres no serán responsables de los daños causados por los hechos de sus hijos, si probaren que les ha sido imposible impedirlos. Esta imposibilidad no resultará de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si apareciese que ellos no habían tenido una vigilancia activa sobre sus hijos".

Es conocido el debate que el dispositivo citado ha suscitado en torno a los daños causados por los hijos menores en presencia de sus padres o fuera de ella (Kemelmajer de Carlucci, comentario al art. 1114 del código civil en Código..., cit. pág.621). Para evitar incurrir en teorizaciones innecesarias, me limitaré en torno al tema a decir que, según considero, la liberación de los padres depende en estos casos de que ellos logren probar que les ha sido imposible evitar el daño mediante una vigilancia activa, entendiéndose por tal “...el conjunto de medidas conducentes a controlar las actividades del hijo y a educarlo para que su conducta no se constituya en fuente de perjuicios para otras personas” (C. Civ. y Com. Junín, 21/05/2009, “N., A. M. c. A., E. M. y otros”, LLBA2009 (agosto), 799, Cita Online: AR/JUR/13299/2009).

Es sabido también que cualquiera sea la corriente en que se enrolen, los autores y los fallos sostienen mayoritariamente que la causal de liberación debe ser interpretada en estos casos con criterio estricto. Así se aduce por ejemplo que no es suficiente que los padres demuestren que adoptaron las diligencias debidas en lo atinente a la educación y control del hijo, sino que deben acreditar que hicieron todo lo posible por evitar el daño en lo concreto (Kemelmajer de Carlucci, cit). Incluso se sostiene, como lo hace la sentencia que en último término cité, que lo que los padres deben justificar es que medió una causa lesiva extraña al ejercicio de la patria potestad, lo que sin duda aproxima aún más la cuestión hacia los parámetros que rigen el “caso fortuito” y aleja la opción de que la liberación ocurra por la mera acreditación de una falta de culpa. Ese último temperamento, que por cierto comparto, involucra según mi parecer una interpretación coherente con el criterio que modernamente tiende a cargar las consecuencias del daño injusto a quien lo provocó o a quien, de algún modo, tuvo la posibilidad de prevenirlo.

Ahora bien, de conformidad con los parámetros que he brindado en esta causa verifico que, los demandados, no acreditaron la concurrencia de la eximente que invocaron. Por el contrario, fluye del proceso con claridad que, pese a la dedicación y esmero que pudieron haber empleado los progenitores para educar y formar a su hijo, no lograron que el mismo, en el momento dado y conforme las especiales condiciones de persona, tiempo y lugar, ajustara su comportamiento a las reglas de la convivencia social que destierran la violencia como modo de respuesta a los inconvenientes que normalmente pueden presentarse en la vida de relación. De tal manera, la fractura del nexo causal no puede en definitiva considerarse operada- ni total, ni parcialmente- porque no emerge de autos, de manera certera y convincente, que el comportamiento del accionante haya tenido efectiva incidencia en la producción del daño que el mismo sufrió. Al menos, digo para concluir, las constancias que compulso demuestran que la reacción del agresor fue desproporcionada e incompatible con la conducta que es dable esperar adopte un adolescente que sufre algún tipo de molestia - empujones, por ejemplo- generada por sus pares, en el interior de un boliche.

V. b. Responsabilidad del Estado provincial y municipal.

Propondré también en este aspecto la confirmación de la sentencia de grado, porque considero que la quejosa no enerva el fundamento nuclear que empleó el sentenciante para desestimar la demanda deducida en contra del gobierno de Mendoza y del municipio capitalino. Me refiero a lo que estableció el magistrado en cuanto a que no existe vínculo causal entre las omisiones que se les atribuye a las codemandadas y el daño que sufrió el actor, que, como ya se sabe, fue ocasionado por un golpe de puño que recibió en el interior de un local bailable.

Para dar mayor contundencia a mi razonamiento puedo añadir que, aunque considerara probada la infracción que se atribuye a las accionadas - lo que no afirmo ni niego- es de toda evidencia que las eventualidades vinculadas con una pretendida falta de control (concernientes a la permanencia de menores en un local bailable fuera del horario reglamentario, a la falta de habilitación del sitio o al expendio de alcohol violando prohibiciones legales) no pueden, de por sí, vincularse causalmente con la conducta agresiva que ejecutó uno de los asistentes contra otro, máxime cuando no quedó probado el estado de alcoholización que se atribuyó al agresor.

En definitiva, la falta de acreditación por la actora de al menos uno de los presupuestos esenciales que debían hacerse presentes, resulta determinante para desestimar en lo pertinente su reclamo (art. 179 CPC).

V. c. Los daños.

Trataré conjuntamente las quejas que plantearon la actora y la demandada en lo concerniente a la reparación acordada a la primera instancia. Modificaré sin embargo el orden de análisis que proponen los quejosos, porque creo que ello dará mayor claridad a mi razonamiento.

V. c. 1. Incapacidad.

He sentado con anterioridad mi criterio coincidente con el de quienes sostienen que en juicios de estas características corresponde indemnizar cualquier disminución en la salud psicofísica del afectado, sea que la minoración incida en su capacidad productiva, sea que se traduzca en un menoscabo de la persona que le provoque cualquier imposibilidad o dificultad de llevar a cabo las actividades de todo tipo que solía y podía realizar, previo al hecho nocivo, con la debida plenitud y libertad (LS 181-153; LS 182-138; LS 182-249; doctrina y jurisprudencia citadas, entre otros).

También he compartido la tesis que proclama que la demostración de la invalidación intrínsecamente considerada no basta para acreditar el daño resarcible sino que, para resultar victorioso en su pedimento, el accionante debe probar tanto la existencia de la lesión, como su vinculación causal con el hecho dañoso y las consecuencias negativas que la minusvalía le acarrea en la faz patrimonial ponderada. Por razones que luego quedarán definitivamente establecidas sin embargo, en esta causa aclaro que, esas repercusiones, pueden ser acreditadas incluso por vía presuncional, dados los extremos correspondientes.

En los mismos pronunciamientos a los que remito he manifestado mi adhesión a la tesis que establece que la determinación del menoscabo debe sustentarse principalmente en casos de este tipo en la prueba pericial, la cual quedará indefectiblemente sujeta a la valoración que le cabe al juzgador, conforme las reglas de la sana crítica (Ammirato, Aurelio L, Sobre la fuerza probatoria del dictamen pericial, LL 1998-F- 274; Acosta, José, Visión jurisprudencial de la prueba civil, Rubinzal - Culzoni, Sante Fe, 1.996, T. II, págs.. 304 y ss.; Rauek, I.- Orbelli, G., comentario al art. 193 del C.P.C. en Código..., cit. T.II, págs. 283 y ss. y jp. cit.).

Lo dicho no me ha impedido admitir que, la eventualidad de que la prueba pericial no se produzca, no sepulta fatalmente toda posibilidad de éxito de un reclamo de estas características. Esta salvedad cobra relieve en el presente- al menos en orden al reclamo por incapacidad física- siendo que, a mi juicio, aun en defecto de pericial, está probada la producción de lesiones de modo concomitante o inmediato al hecho dañoso, así como que las mismas son ostensibles fuentes de daño, mitigable en sus consecuencias, pero no reversible en su totalidad.

Para mayor detalle apelo al informe producido a fojas 40 del expediente venido A.E.V., en el que un médico del Cuerpo Médico Forense informó que el actor, que contaba a la fecha de realización del examen con 17 años, perdió con motivo de la agresión que sufrió dos dientes incisivos (central y lateral), lo que motivó la necesidad de que se le colocara una prótesis. Según ese galeno, la pérdida de esas piezas incide negativamente en las funciones masticatorias, estética y fonética, arrojando una incapacidad del 4,80 %.

Considero confiable ese diagnóstico, más allá de la valoración relativa que el mismo merece en función de otras constancias de marras, tal el caso de la prueba pericial fonoaudiológica. Particularmente contemplo sin embargo en cuanto a lo primero, que la pérdida de piezas dentarias por razón del golpe que recibió, fue un hecho confirmado por la odontóloga que en la emergencia asistió al accionante (fs. 460, respuestas a la primera sust. y sexta repreg.). Acepto además como indudable que esa lesión tiene y tendrá para el afectado algún tipo de incidencia en su vida de relación, por las propias características de las secuelas, más allá de los paliativos que pueden implementarse, según lo explicó la Dra. Laura Mabel Reta en su testimonial y lo señaló también el odontólogo Juan José Gras (fojas 58 del A.E.V.).

Recapitulando entonces, no descarto que la lesión que sufrió acarrea y acarreará previsiblemente un influjo negativo, mínimo, pero real, en la vida recreativa, de relación (familiar y social) y en el normal desarrollo de las actividades laborales futuras del afectado. No obstante, la posibilidad que tendrá el joven afectado de revertir en medida relevante esas consecuencias nocivas, a través de la colocación de implantes definitivos, pesa para reducir la reparación a sus justos límites, evitando excesos que no se sostienen en la prueba rendida ni aún pueden basarse en una valoración presuncional.

Sopeso además que, afortunadamente para él, el hecho nocivo no le ha impedido al actor continuar sus estudios- relató al médico psiquiatra que es estudiante de ciencias económicas en la Universidad Nacional de Cuyo- ni vivir una vida relativamente acorde con la que puede tener cualquier persona de su edad y condición social. Noto incluso que el Dr. Inmerso informó que, al entrevistar al accionante, verificó que el mismo tiene buena dicción (fs. 649) y que ha logrado establecer relaciones sentimentales con jóvenes de su edad, más allá de las dificultades que sin duda padece.

Particular consideración me merece a esta altura la pretendida incidencia patrimonial del daño psíquico que, según la confusa valoración del juez, habilitaría una doble ponderación, es decir, tanto en la faceta estudiada como en el rubro “daño moral”.

Por empezar, no soslayo que el perito psiquiatra omitió determinar en sus primeras conclusiones si la leve incapacidad que diagnosticó afecta o no al damnificado de manera irreversible. Ese dato recién fue equívocamente mencionado por el experto a fojas 684 y vta. , cuando determinó la cronicidad del menoscabo pero, a la vez, reconoció la posibilidad de reversión del mismo, a través de la realización de un tratamiento.

Sin perjuicio de las dudas que lo anterior me genera, advierto además que nunca justificó el galeno- pese a que le fue requerido- qué tipo de operaciones técnicas o experimentales empleó para construir su conclusión relativa a que el accionante padece una alteración o modificación patológica del aparato psíquico, consecuente con el trauma que sufrió. Desde este punto de vista, encuentro lógica la impugnación que sostiene que el perito Inmerso no proporcionó la información objetivada que se requiere para dilucidar una controversia judicial, en contraposición, quizás, con lo que resulta más propio de la intervención de un médico en el ámbito privado. Al menos, añado, pudo el informante haber explicado, al ser requerido al efecto, cuáles son las “mejores técnicas de las que dispone un psiquiatra” (sic) -que, según él, fueron empleadas para la realización de su dictamen-, cuántas entrevistas tuvo con el examinado, etc.

De tal modo y más allá de que puedo reconocer que los hechos sobre los que se debate fueron y son para la víctima fuentes de sufrimiento, considero relevante en este capítulo atender a que, del dictamen pericial, no emana de manera objetiva cuál es la real incidencia que en la faz patrimonial tendría el diagnóstico de quien, a lo largo de su informe, se mostró excesivamente apegado a lo que la conciencia del actor proclamó al ser examinado (Milmaiene, José E. El daño psíquico en Los nuevos daños- Soluciones modernas de reparación- Coord. Ghersi, Hammurabi, Bs. As., 1.995, págs. 70/73).

El desarrollo previo no me conduce entonces a descalificar de plano el aporte cuestionado, sino sólo a privarle de valía como fuente legitimante de una minusvalía psíquica que no está probado que incida - de manera provisoria ni definitiva- en la faceta del daño ponderada.

Así las cosas, juzgo que la reparación acordada en el rubro es excesiva y debe ser menguada, en función de lo ya señalado, de los escasos datos con que se cuenta y de lo que finalmente resulta de los precedentes dictados en casos que guardan alguna analogía con el presente. Con ese temperamento y teniendo en consideración las modificaciones en los valores de cambio producidas entre la fecha de dictado de los distintos pronunciamientos de los que me valgo, deberá limitarse la procedencia del rubro a la suma de pesos ... ($ ...), calculados a la fecha de la sentencia de primera instancia, con más sus intereses (7/12/2011, causa nº 116.194/43.405 caratulados: "Messina Graciela R. p.s.h.m. Ezequiel c/ Escuela provincial n° 1356 “Dr. Victoriano Montes”; CC4, 14/8/2009, autos Nro. 116.457/31.430, “Irusta, G. c/ Scattareggia, S,...”).

V. c. 2. Daño moral.

La queja de la accionada resulta en este aspecto improcedente. En efecto, tengo para mí que la suma reconocida en concepto de daño moral resulta ajustada a los padecimientos que el accionante sufrió, no sólo como consecuencia de la agresión que se infringió a su integridad física, sino también por razón de todas las alternativas que debió - y deberá- transitar para reparar o mitigar esas consecuencias dañosas.

Las diversas consultas médicas y de índole afín que el joven efectuó, los tratamientos que cursó, las molestias y dolores consecuentes, la espera que debe afrontar para la colocación de implantes definitivos y el impacto que en su ánimo- de modo permanente o no- surtió el suceso nocivo, son todos elementos de juicio que conducen a confirmar la decisión en crisis en lo pertinente. Corroboran mi convicción los parámetros personales y socio económicos que surgen de autos y, también, la pauta comparativa que ofrecen los precedentes dictados en casos que guardan algún punto de contacto con el de marras (CC1, 19/12/2013, autos Nº 188.724/44.594, caratulados: "Sánchez, Noelia Vanesa c/ Astorga, Alejandro Pío y ots. p/ D. y P.”).

V. c. 3. Pérdida de chance.

Considero que no tiene respaldo la reparación que en concepto de chance pretende la actora.

Bien sabido es que la pérdida de chance sólo resulta indemnizable cuando la probabilidad de obtener la ganancia o de evitar una pérdida adquiere una dimensión suficiente y el menoscabo resulta cierto, como debe acontecer con cualquier daño que pretende ser resarcido. Conocido es también que no se satisface los recaudos para la procedencia de este rubro, de manera autónoma, con aludir a una mera expectativa general o hipotética. A mayor abundamiento puedo incluso dejar establecido que: “para que la chance sea susceptible de reparación, ella debe cubrir un interés actual del reclamante, y “debe exigirse que la víctima se encuentre en situación fáctica o jurídica idónea para aspirar a la obtención de esas ventajas al momento del evento dañoso...”; lo que no sucede “cuando quien se pretende damnificado, no llegó a emplazarse en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la pérdida” (Zannoni, cit. por Trigo Represas, Félix en La pérdida de chance en el derecho de daños. De la incertidumbre de un perjuicio a la mera posibilidad o probabilidad. La noción”, Revista de Derecho de Daños- Chances, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2.008-1, pág. 58).

Admito entonces y en definitiva que la pérdida de chance no puede funcionar en el caso como un rubro independiente, máxime cuando, el menoscabo por el que genéricamente reclama el accionante, válidamente se subsume o amalgama con la reparación acordada en el rubro “incapacidad” (Trigo Represas, F.- López Mesa, M., Tratado de la Responsabilidad Civil, La Ley, Bs. As., 2.004, T. IV págs. 766 y ss.; Zavala de González, M., cit., T. 2, págs. 282 y ss.).

V. c. 4. Gastos terapéuticos, colaterales y complementarios.

Lleva razón la demandada cuando esgrime que el juez de primera instancia omitió tratar la falta de legitimación sustancial activa que planteó su parte en lo atinente a los ítems comprendidos en este rubro. Coincido a la vez con esa parte en cuanto a que el reclamo fue formulado por el actor, siendo menor de edad, en un es crito en el que su madre, actuando en representación suya, reconoció haber afrontado algunas de las erogaciones o gastos sobre los que se controvierte. Verifico en tercer término que ninguno de los argumentos que vuelca el Sr. Iappozuto en la alzada relativos, por ejemplo, a que él pudo pagar esas sumas porque contaba con una cuota alimentaria- fue manifestado en la etapa inicial. Allí, no se alegó siquiera que el damni ficado hubiera cancelado personalmente las sumas en cuestión. Más aún, incluso con la demanda se aportó algunos comprobantes extendidos en beneficio de la progenitora y no del damnificado directo (fs.19).

La falta de acción que esgrime la demandada es, en tales condiciones, una realidad que merece ser reconocida, aunque tal determinación no comprende a la totalidad de los rubros bajo discusión (LS 151-203; en sentido concordante: CC2, 29/11/2013, 99.830/36.610, “Arancibia, P. y ots...”).

Sí están alcanzados por la falta de legitimación admitida las sumas de: a) pesos ... ($ ...) correspondientes a honorarios del dentista que intervino en la atención del actor; b) pesos ... ($ ...) en concepto de tratamiento odontológico; c) pesos ... ($ ...) por pago de radiografías y d) pesos ... ($ ...) por honorarios correspondientes a la realización de un acta notarial. Por lo ya explicado entonces, el rechazo de todos estos ítems debe ser confirmado, aunque por razones diversas de las que empleó el juzgador que previno.

En cuanto al costo de los medicamentos, tengo para mí que también en este caso el actor pretendió obtener la restitución de gastos que hizo su madre y que están teñidos, por ende, por la falta de acción ya definida. A todo evento, por si la cuestión pudiera verse de otro modo, advierto que el pretensor contaba con obra social al momento de ocurrir el hecho dañoso, lo que no constituye un dato menor.

En efecto, sabido es que el sólo hecho de haber obtenido el afectado la cobertura de su obra social no es un obstáculo para la procedencia de este tipo de reclamos, siempre que medie prueba que justifique las erogaciones o bien que el pedido concierna a ítems - v.g. gastos de traslado- que normalmente corren por cuenta del interesado y que son en este caso reconocidos por separado. En cualquier caso, en definitiva, la carga de la alegación y prueba relativa a cuál fue el monto de las erogaciones a su cargo pesa sobre el pretensor que, en lo concreto, no ha aportado elementos que me conduzcan a reconocerle la reparación pretendida, a título personal (Kemelmajer, cit. pág. 215; Zavala de González, Matilde, cit. T. 1, pág. 336 y ss. y 346).

Es el momento de verificar si corresponde confirmar o desestimar la admisión que pronunció el juez de grado con respecto al costo de implantes por la suma de pesos ... ($ ...).

A mi juicio, la necesidad del actor de recibir la colocación de implantes es un dato innegable, que fluye de diversos elementos de juicio reunidos en autos, incluso, a instancias de la parte demandada, según ya expliqué. Considero en paralelo razonable la cuantificación que en tal sentido formuló la accionante, a falta de prueba en contraria. En suma, no veo motivos que pesen para modificar en este aspecto la decisión en crisis.

Sin perjuicio de lo hasta aquí señalado, constato que el juez de primera instancia desestimó, por considerarlos no probados, otros reclamos que no están alcanzados por la falta de acción ya decretada. Aludo a los siguientes: a) pesos ... ($ ...) destinados al pago de honorarios por tratamiento psicológico; b) pesos ... ($ ...) en concepto de tratamientos fonoaudiológicos (la actora, sin embargo, había pedido en tal concepto la suma de pesos ... ($ ...) y c) pesos ... ($ ...) para atender a gastos de movilidad.

Sobre el particular diré que, la determinación pericial que indicó que el actor necesitará llevar adelante un tratamiento farmacológico y de apoyo terapéutico, de como máximo 18 meses, por razón del suceso dañoso, no se ve contradicha por ningún elemento de juicio igualmente confiable. Por el contrario, la misma tiene incluso aval en lo que autorizan a inferir las reglas de la sana crítica, conforme constancias de marras. De modo que, sin perjuicio de la fragilidad que ya admití tiene en algunos aspectos el dictamen del Dr. Inmerso, en lo atinente a este tema comparto su determinación, conforme las características que tuvieron los hechos estudiados y la recomendación que en igual sentido efectuó el profesional que atendió al joven Iappozuto (fs. 458).

En suma, y teniendo en cuenta que el accionante cuenta con cobertura de obra social, juzgo que debe prosperar la petición del rubro por la suma de pesos ... ($ ...), equivalentes a 18 sesiones con un costo estimado a cargo del paciente de pesos ... ($ ...) cada una. La estimación la realizo en este caso a la fecha de la sentencia de primera instancia y sin perjuicio de los intereses que, como en los restantes casos, corresponderá cargar.

Por su lado, constato que el pedido correspondiente a gastos destinados a afrontar un tratamiento fonoaudiológico no tiene respaldo en la prueba rendida. Por el contrario, de ella resulta que el accionante no padece una disminución de ese orden compatible con el trauma que sufrió, sino, en todo caso, con otras características físicas que él posee. No basta para revertir la convicción que en tal sentido ofrece la labor de la experta con remitir a la estimación que en contrario efectuó la odontóloga que atiende al accionante o lo que resulta del informe del médico del Cuerpo Médico Forense que examinó al paciente desde su particular perspectiva generalista. En todo caso, ante la discrepancia, debe prevalecer el criterio de la especialista designada en autos, de cuya labor, pese a los embates de la actora, no encuentro razones para apartarme.

En cuanto a los gastos de traslado considero que la reparación pretendida es excesiva, pero no merece en sí ser rechazada, como ocurrió en la instancia previa. Todo lo hasta aquí argumentado refleja que, efectivamente, la víctima deberá llevar adelante traslados para poder recibir las prestaciones médicas, los cuales normalmente no están cubiertos por las obras sociales. Ahora bien, a falta de elementos de juicio que aconsejen otra decisión, juzgo que la suma de pesos ... ($ ...) valuada a la fecha de la sentencia de primera instancia, con más sus intereses, satisfactoriamente cubrirá la reparación correspondiente a este item.

En conclusión, en lo concerniente a este rubro, procede acoger la apelación de la accionada relativa a los siguientes ítems: a) pesos ... ($ ...) correspondientes a honorarios odontológicos; b) pesos ... ($ ...) en concepto de tratamiento odontológico; c) pesos ... ($ ...) por pago de radiografías; d) pesos ... ($ ...) por honorarios notariales y e) pesos ... ($ ...) por pago de medicamentos. Corresponde el rechazo del recurso planteado por la misma parte en lo que concierne al pago de implantes por la suma de pesos ... ($ ...). Corresponde asimismo acoger el recurso de la actora por: a) pesos ... ($ ...) destinados al pago de honorarios por tratamiento psicológico y b) pesos ... ($ ...) para atender a gastos de movilidad. No prospera el planteo de la accionante en lo concerniente a la suma de pesos ... ($ ...) pretendida en concepto de tratamientos fonoaudiológicos.

V. c. 5. Costas.

Procede a todo evento aclarar que la imposición solidaria de las costas sólo alcanza a aquellas que tiene que soportar la accionada por haber resultado vencida y no a las generadas por la actuación de alguno de sus litisconsortes.

En lo restante, debe regir el criterio aceptado en nuestra jurisprudencia conforme el cual, en materia de daños y perjuicios, la imposición a cargo de la actora alcanza a aquellos rubros que han sido desestimados cualitativamente y no cuantitativamente (SCJM: LS 189-177). En estos términos, corresponde modificar la decisión de primera instancia y disponer que, en la primera instancia, la actora cargará las costas correspondientes a las demandas deducidas en contra del Estado- provincial y municipal- que se rechazan y también las generadas por el rechazo cualitativo del único rubro que en tal sentido le es desestimado- pérdida de chance- en función de la calificación que resulta de los considerandos precedentes (Zavala de González, cit., T. 1, pág. 369).

Resta considerar cómo juega en el caso el tope previsto por el art. 505 C.C.

Comparto el criterio que sostiene que el referido precepto no contiene limitación en lo que al monto de los honorarios a regular judicialmente se refiere, pues alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas en lo atinente a las devengadas en la instancia principal. De manera que, sin perjuicio del prorrateo que eventualmente fuera dable llevar a cabo en caso de que así se solicite por quien se encuentre legitimado para ello, no cabe, aun de superarse el límite, practicar en la decisión regulatoria reducción alguna (véase de este Cuerpo: 7/8/2013, autos Nº 87.763 caratulados “Sfredo, Edgardo Daniel c/ Bizzarri, Ivana Lorena p/ d. y p.” y jp. citada).

Otra consideración me merece la queja de la actora, que pretende hacer valer el mencionado tope legal con relación a las pretensiones que le fueron íntegramente rechazadas. Sobre el particular, rige en contra de su pretensión lo que tiene establecido el Máximo tribunal local en cuanto a que, el tope del 25 % establecido por el art. 505 del C.C. no resulta aplicable cuando las costas se imponen a la parte actora por lo que no prospera la demanda (SCJM, LS 217-130; en términos coincidentes: 25/02/04, expediente Nº 76.713, “Funes Emma María en jº 28.541/157.642 Funes, Emma c/Marcela A. Mateu Bustos s/Ord. s/Inc. S/Casación”, Revista del Foro de Cuyo, Suplemento Mensual Junio 2.004, pág. 20).

V. d. Honorarios.

A tenor de lo decidido, corresponde omitir pronunciamiento respecto de las apelaciones de fs. 890, 906, 977, y 980, debiendo procederse a regular honorarios conforme a los montos de condena establecidos en la presente sentencia y lo dispuesto por los arts. 2, 3, 4, 31,14 y cc. de la Ley Arancelaria.

Así voto.

Las Sras. Juezas de Cámara Marina Isuani y Alejandra Orbelli adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara Silvina Miquel dijo:

Las costas de alzada deben ser impuestas a los vencidos, en la medida de sus respectivos vencimientos (SCJMza., 17/12/2012, N° 104.447, “Mutual Rivadavia de Seguros del Transp. Publ. de Pasajeros y Ots. en J° 133.082/33.481 Sánchez Yesica Paola c/ Transporte Bartolomé Mitre S.R.L. p/ D. y P. (con exc. contr. alq.) s/ Inc.Cas.”). No corresponde imposición de costas a las apelaciones regidas por el art. 40 C.P.C.-

Así voto.

Las Sras. Juezas de Cámara Marina Isuani y Alejandra Orbelli adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 06 de abril de 2015

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

1. Acoger parcialmente las apelaciones planteadas por el actor, por los codemandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena y por los letrados que apelaron a fojas 906, contra la sentencia de primera instancia que, por ende, se modifica y queda redactada de la siguiente manera:

“I. Hacer lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida por el Señor GABRIEL MARTÍN IAPOZZUTO, en contra de los Señores RODOLFO L., LAURA KEENA y SERGIO ALEJANDRO GÓMEZ y, en consecuencia, condenar a estos últimos a pagar al primero en forma solidaria, y en el término de DIEZ DÍAS de quedar firme la presente resolución, la suma de pesos ... ($ ...), con más los intereses que resulten de aplicar la tasa establecida por la ley 4087, desde la fecha del evento dañoso y hasta la fecha de la presente sentencia y, en adelante, los que resulten de aplicar la tasa de interés activa nominal anual vencida a treinta días que fije el Banco de la Nación Argentina, para sus operaciones de cartera general, hasta la fecha de su efectivo pago.

II. Rechazar las demandas de daños y perjuicios promovidas en contra de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y del Gobierno de la Provincia de Mendoza.

III. Imponer las costas por lo que prospera la demanda a los codemandados en forma solidaria y las correspondientes al rubro- pérdida de chance- que se rechaza, a cargo de la actora.

IV. Imponer las costas de las demandas rechazadas a la actora.

V.- Regular los honorarios profesionales por lo que prospera la demanda, correspondientes a los Dres. MARÍA MERCEDES MOUGHTY, SUSANA DEMALDÉ, VÍCTOR JAVIER BENEGAS y FRANCISCO D'AMICO, por la parte actora, en las sumas de PESOS ... ($ ...) a cada uno; MARÍA LOURDES BOGLIOLI y ARIEL F. CIVIT, por la demandada “Wish”, en las sumas de PESOS ... ($ ...) y ... ($ ...), respectivamente; y MARTÍN L. y CARLOS G. BRAJÓN, por los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena, en las sumas de PESOS ... ($ ...), a cada uno, sin perjuicios de los honorarios complementarios que pudieran corresponder (arts. 2,4,28, 31 y ccs. de la ley 3641).

Regular los honorarios profesionales por el rubro que se rechaza la demanda, correspondientes a los Dres. MARÍA MERCEDES MOUGHTY, SUSANA DEMALDÉ, VÍCTOR JAVIER BENEGAS y FRANCISCO D'AMICO, por la parte actora, en las sumas de PESOS ... ($ ...) a cada uno; MARÍA LOURDES BOGLIOLI y ARIEL F. CIVIT, por la demandada “Wish”, en las sumas de PESOS ... ($ ...), respectivamente; y MARTÍN L. y CARLOS G. BRAJÓN, por los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena, en las sumas de PESOS ... ($ ...) a cada uno, sin perjuicios de los honorarios complementarios que pudieran corresponder (arts. 2,4,28, 31 y ccs. de la ley 3641).

VI.- Regular los honorarios profesionales por las demandas que se rechazan, correspondientes a los Dres. LUIS BENEGAS, CARLOS A. EGÜES y ROSANA E. IBAÑEZ, por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la suma de PESOS ... ($...) a cada uno; Dra. ALEJANDRA NATALIA LANCI, por la Provincia de Mendoza, en la suma de PESOS ... ($...); y asimismo a los Dres. ELISEO J. VIDART; OLGA GONZÁLEZ y PEDRO A. GARCÍA ESPETXE, en la suma de PESOS ... ($...), a cada uno; sin perjuicio de las regulaciones complementarias que pudieran corresponder.(arts 2,4,31 y ccs.de la ley 3641).

VII. Regular los honorarios profesionales correspondientes a los Señores peritos: Médico, Dr. JUAN PABLO INMERSO, en la suma de PESOS ... ($...-); Perito Fonoaudióloga, Lic. CAROLINA BRANCICH, en la suma de PESOS ... ($...); con más los intereses que resulten de aplicar la tasa de interés activa, nominal anual vencida a treinta días, que fije el Banco de la Nación Argentina, para sus operaciones de cartera general, desde la presentación de los respectivos informes periciales y hasta la fecha de su efectivo pago.

VIII.- Regular los honorarios de los Dres. CARLOS BRAJÓN y RODOLFO M. L. en la suma de PESOS ... ($ ...) y PESOS ... ($ ...), respectivamente, por su actuación en el recurso de reposición resuelto a fs.514. (art. 2,15 y 28 de la L.A.), sin perjuicio de los honorarios complementarios que pudieren corresponder.

Regular los honorarios de los Dres MARTÍN L. y CARLOS BRAJÓN en la suma de PESOS ... ($ ...) y PESOS ... ($ ...), respectivamente, por su actuación en el recurso de reposición resuelto a fs.595/596 (art. 2,15 y 31 de la L.A.) sin perjuicio de los honorarios complementarios que pudieren corresponder.

Regular los honorarios de los Dres. CARLOS BRAJÓN y RODOLFO M. L. en la suma de PESOS ... ($ ...) y PESOS ... ($ ...), respectivamente, por su actuación en el incidente de nulidad resuelto a fs.726/727 (art. 2,14 y 28 de la L.A.) sin perjuicio de los honorarios complementarios que pudieren corresponder.”

2.- Imponer las costas de alzada a los recurrentes, en la medida de sus respectivos vencimientos.

3.- Por lo que se admite el recurso de apelación deducido por la parte actora, regular los honorarios profesionales de los Dres. MARÍA MERCEDES MOUGHTY, por la parte actora, en la suma de PESOS ... ($ ...); MARTÍN L. y CARLOS G. BRAJÓN, por los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena, en las sumas de PESOS ... ($ ...) a cada uno; ALEJANDRA NATALIA LANCI, por la Provincia de Mendoza, en la suma de PESOS ... ($ ...); CARLOS A. EGÜES y ROSANA E. IBAÑEZ, por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en las sumas de PESOS ... ($ ...) y ... ($ ....), respectivamente y PEDRO GARCÍA ESPEXTE, por Fiscalía de Estado, en la suma de PESOS ... ($ ...) (arts. 15 y 31 L.A.)

Por lo que se rechaza el recurso de apelación deducido por la parte actora, regular los honorarios profesionales de los Dres. MARÍA MERCEDES MOUGHTY, por la parte actora, en la suma de PESOS ... ($ ...); MARTÍN L. y CARLOS G. BRAJÓN, por los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena, en las sumas de PESOS ... ($ ...), a cada uno; ALEJANDRA NATALIA LANCI, por la Provincia de Mendoza, en la suma de PESOS ... ($ ...); CARLOS A. EGÜES y ROSANA E. IBAÑEZ, por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en las sumas de PESOS ... ($ ...) y PESOS ... ($ ...), respectivamente y PEDRO GARCÍA ESPEXTE, por Fiscalía de Estado, en la suma de PESOS PESOS ... ($ ...) (arts. 15 y 31 L.A.)

4.- Por lo que se admite el recurso de apelación deducido por los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena, regular los honorarios profesionales de los Dres. FRANCISCO D'AMICO, por la parte actora, en la suma de PESOS ... ($ ...), y MARTÍN L. y CARLOS G. BRAJÓN, por los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena, en las sumas de PESOS ... ($ ...) a cada uno. (arts. 15 y 31 L.A.)

Por lo que se rechaza el recurso de apelación deducido por los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena, regular los honorarios profesionales de los Dres. FRANCISCO D'AMICO, por la parte actora, en la suma de ... ($ ...), y MARTÍN L. y CARLOS G. BRAJÓN, por los demandados Rodolfo L. y Laura Cristina Keena, en las sumas de PESOS ... ($ ...), a cada uno (arts. 15 y 31 L.A.)

Notifíquese. Bajen.

 

Dra. Silvina MIQUEL -Juez de Cámara-

Dra. Marina Isuani -Juez de Cámara-

Dra. Alejandra Marina Orbelli -Juez de Cámara-

000942E