Empleo Publico Accion De Lesividad Magistrado Incapacidad Absoluta Enfermedad Profesional Indemnizacion

JURISPRUDENCIA

Empleo público. Acción de lesividad. Magistrado. Incapacidad absoluta. Enfermedad profesional. Indemnización

 

Se rechaza la acción de lesividad iniciada por el Gobierno Provincial, pues si bien el causante demandado acreditó su calidad de magistrado -lo que le otorga la aplicación de un régimen especial en materia previsional (Ley n° 24018)-, el mismo se invalidó totalmente en el ejercicio de sus funciones, por lo que tales circunstancias resultan indicativas del derecho adquirido que ostentaba el reconocimiento del pago de la indemnización por incapacidad del artículo 49 de la Ley n° 5811, resultando su percepción ajustada a derecho.

 

 

En Mendoza, a quince días del mes de junio del año dos mil quince, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 105.229, caratulada: “GOBIERNO PROVINCIA DE MZA. C/LILIANA RUTH BARROS Y OTS. S/ACC. LES.”.

Conforme lo decretado a fs. 238 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: Dr. Herman A. SALVINI y segundo: Dr. Pedro J. LLORENTE.

ANTECEDENTES:

A fs. 24/28 vta. se hace parte el Estado Provincial a través de su apoderado, quien demanda a través de acción de lesividad a los sucesores universales del Dr. Francisco Spaltro, con la pretensión de que se anule el acto administrativo emanado de la Sala Tercera de este Tribunal, en virtud del cual se reconoció al causante el derecho a percibir la indemnización por incapacidad prevista en el art. 49 de la Ley n° 5811.

A fs. 36 y vta. se admite formalmente la acción de lesividad, que es contestada a fs. 103/112 vta. por los codemandados: Liliana R. Barros, Mariela V. y Marcelo O. Spaltro.

A fs. 116/117 se hace parte Fiscalía de Estado a través de su Director de Asuntos Judiciales, quien expresa que su intervención de limitará al control del legalidad del proceso.

Aceptadas y rendidas las pruebas ofrecidas, se agregan los alegatos de las partes a fs. 214/225.

A fs. 232/235 obra dictamen del Procurador General, quien por las razones que expone, propicia se rechace la demanda.

A fs. 237 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fs. 238 se deja constancia del orden de estudio dispuesto en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la Acción de Lesividad intespuesta?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. HERMAN A. SALVINI, DIJO:

I.- A fs. 24/28 vta. se hace parte el Estado Provincial a través de su apoderado, quien demanda a través de acción de lesividad a los sucesores universales del Dr. Francisco Spaltro, con la pretensión de que se anule el acto administrativo emanado de la Sala Tercera de este Tribunal, en virtud del cual se reconoció al causante el derecho a percibir la indemnización por incapacidad prevista en el art. 49 de la Ley n° 5811.

Refiere que el acto impugnado no padece un vicio grosero por lo cual goza de estabilidad, ya que reconoce un derecho subjetivo al interesado y le fue notificado. No obstante, el acto se encuentra viciado en forma originaria ya que otorgó el beneficio de la indemnización por incapacidad cuando el interesado ya había cumplido los sesenta (60) años de edad y tenía los aportes necesarios para jubilarse en forma ordinaria, por lo cual no se produjo su expulsión anticipada del mercado laboral que justificara su reconocimiento.

Afirma que en el caso se produce un abuso del derecho por parte del administrado, toda vez que al margen de su incapacidad, igual había llegado al término de su vida útil para el trabajo, obteniendo de esta forma un beneficio que de extraordinario se transformó en ordinario. En relación a ello sostiene que primero se produjo la ruptura de la relación de empleo público, por renuncia del interesado, y luego de ello fue revisado por la Junta Médica competente para hacerlo, ya que la Comisión Médica n° 4, que anteriormente había intervenido, no es el órgano competente para expedirse en materia de incapacidades en el ámbito local.

En ocasión de responder la contestación de demanda (fs. 123/124 vta.), en lo pertinente, refiere que en ningún momento se dilató intencionalmente su trámite jubilatorio por parte de los funcionarios de la Provincia.

Cita jurisprudencia, funda en derecho y ofrece pruebas.

II.- A fs. 103/113 contestan demanda los sucesores legales del Dr. Francisco Spaltro, quienes luego de formular una negativa general, niegan específicamente que el causante no conociera y padeciera su incapacidad al momento de presentar su renuncia, que era de público y notorio conocimiento.

Refieren que el beneficiario adquirió su derecho a que se le pague la indemnización en vida, ya que en febrero del año 2002 sufrió un accidente cerebro-vascular (ACV) con diagnóstico de infarto cerebral de hemisferio derecho extenso con pronóstico reservado, razón por la cual fue sometido a una cirugía cerebral. En relación a ello destacan que luego el señor Spaltro debió someterse a tratamientos de rehabilitación, todo lo cual derivó en una depresión mayor marcada por ansiedad patológica, por lo cual más allá de los repetidos y frustrados intentos le fue imposible reintegrarse a sus labores diarias como juez camarista en el fuero penal.

Relatan las vicisitudes que tuvo que atravesar el causante, en cuanto a la normativa previsional de aplicación, ya que recién con el convenio de fines del año 2006 entre Nación y Provincia se tornó aplicable el régimen de la Ley n° 24.018, que se reglamentó en la órbita local mediante el dictado de la Ley n° 7.770 (B.O. 05.10.2007).

Asimismo, destacan que mientras ello se definía el causante debió utilizar las licencias por enfermedad que dispuso y que inició sus trámites jubilatorios por invalidez en diciembre de 2007 ante la Oficina Técnica Previsional de esta Provincia.

Expresan que luego de una ardua tramitación, finalmente, terminando abril de 2009 le fue concedido al causante el beneficio de la jubilación extraordinaria por invalidez, mediante Resolución n° 2410/2009 de la ANSES, ante lo cual el Dr. Spaltro presentó finalmente su renuncia, aceptada por el Gobernador mediante el Decreto n° 922/09, a los fines de poder acogerse a la misma.

Luego de ello, habiendo reunido todos los requisitos personales necesarios al efecto, el causante solicitó a la Secretaría Administrativa de este Tribunal el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad prevista en el art. 49 de la Ley n° 5811, la que le fue otorgada en febrero de 2010. Refiere que no obstante ello, luego se declaró infundadamente la lesividad de tal acto, por lo cual le fue ilegítimamente desconocido en la práctica su derecho, a pesar de la estabilidad de la que gozan normativamente los actos administrativos.

Ofrecen pruebas, fundan en derecho, realizan reserva del caso federal y solicitan el rechazo de la demanda con costas.

III.- A fs. 116/117 se hace parte el Director de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado, quien manifiesta que su intervención de limitará al control del legalidad del proceso.

IV.- A fs. 232/235 emite dictamen el Procurador General Subrogante, quien propicia el rechazo de la demanda. Funda su opinión en que se encuentra probado en esta causa que el causante se incapacitó en forma absoluta y permanente antes de llegar a la edad de sesenta años, razón por la cual le fue otorgada la jubilación por invalidez. En relación a esta última, destaca que el pedido del actor se formalizó un mes después de cumplir la referida edad, dado el aletargado y complejo procedimiento administrativo previo, a los fines de reunir las certificaciones pertinentes a tales efectos, provocado por el conflicto que en la época previa se había manifestado entre la mayoría de los magistrados de esta Provincia y su Gobierno, que encontró principio de solución recién a partir de la sanción de la Ley n° 7770 (B.O. 05.10.2007).

V.- Conforme las cuestiones detalladas y teniendo en cuenta los términos en que ha sido trabada la litis, para arribar a la solución del caso traído a conocimiento, debe responderse el siguiente interrogante:

¿Se encuentra viciada y por ello resulta lesiva al interés público, la decisión administrativa que otorgó la indemnización por incapacidad prevista en el art. 49 al interesado, cuando ya había cumplido sesenta años?

Desde ya, adelantando opinión, en concordante sentido con lo dictaminado por el Procurador General Subrogante, entiendo que corresponde no hacer lugar a la demanda. Explicaré por qué.

Resultan circunstancias probadas en esta causa, las siguientes:

-Del expte. adm. n° 72.854 surge que el Dr. Francisco Spaltro:

* Se desempeñó, hasta su renuncia aceptada a partir del 01.06.2009, como Juez de la Tercera Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, con una antigüedad de cuarenta y un años de trabajo (fs. 4/5 y 14).

* En cumplimiento de sus funciones lo afectó una invalidez del 70% en virtud de “Enfermedad Obsesiva Grado IV”, verificada por la Comisión Médica n° 4 de Mendoza el día 22.10.2008 (fs. 1/2).

* Con posterioridad, evaluados sus antecedentes y con fundamento en el dictamen arriba detallado, el Cuerpo Médico de la SSTSS dictaminó, el 16.06.2009, que padecía una incapacidad absoluta y permanente a los fines del art. 49 de la Ley n° 5811 (fs. 3).

* Los antecedentes de su grave padecimiento psico-físico se remontan a febrero del año 2002, cuando sufrió un accidente cerebro-vascular con secuela del lado izquierdo que implicó su internación hospitalaria y posterior intervención quirúrgica (fs. 31/41 del expte. adm. n° 148-S-08 de la Oficina Técnica Previsional).

* A partir del 12.02.2007 debió solicitar licencia por razones de salud, expedida por Junta Médica Psiquiátrica, sin poder reintegrarse más a su trabajo (fs. 11/13).

* El 06.12.2007, encontrándose de licencia psiquiátrica, inició los trámites tendientes a obtener su jubilación ante la Oficina Técnica Previsional (fs. 46/53 de expediente judicial).

* Solicitó a la ANSES el beneficio de la jubilación por invalidez, la que le fue concedida mediante resolución de fecha 28.04.2009, para ser gozada a partir del 31.05.2009 (fs. 31/32).

* Mediante Decreto n° 922/2009, el Poder Ejecutivo Provincial aceptó su renuncia como magistrado, a partir del 01.06.2009, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios por invalidez (fs. 102 de este expediente judicial).

* Luego de los trámites legales de rigor, mediante resolución de la Sala Tercera de este Tribunal, de fecha, 12.02.2010 se le concedió la indemnización por incapacidad prevista en el art. 49 de la Ley n° 5811, sobre la base de las circunstancias arriba apuntadas (fs. 38/39).

* La anterior resolución le fue notificada personalmente en el expediente, el día 23.02.2010 (fs. 39 vta.).

* Mediante Acordada n° 22.701, de fecha 30.04.2010, se declaró lesiva la resolución de concesión del beneficio de la indemnización por incapacidad, por adolecer de un vicio grave al estar en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo, en tanto el beneficiario no se retiró anticipadamente del mercado laboral, por cuanto al momento de obtener el beneficio jubilatorio y solicitar la indemnización, ya había cumplido la edad de sesenta años prevista legalmente para gozar de la jubilación ordinaria (fs. 55/56 vta.).

* Requirió mediante pronto despacho el efectivo pago de la indemnización concedida, lo que le fue denegado por la aquí actora mediante decreto de remisión a la acordada declarativa de lesividad (fs. 73/75).

* Impugnó tal denegatoria y agotó la vía a su respecto, luego de lo cual interpuso demanda por acción procesal administrativa, a los fines de que se efectivizara el pago del beneficio declarado lesivo en sede administrativa (82/83 y 98/99).

* Falleció el 31.12.2010 conforme surge de la copia certificada del expediente judicial n° 1.038 del Tribunal de Gestión Asociada n° 2 de esta Ciudad (fs. 1).

* La mencionada acción procesal administrativa tramitó en el expediente judicial n° 101.367 de esta Sala Primera, en que recayó sentencia el día 17.09.2013, que hizo lugar a la demanda y, consecuentemente, ordenó a la aquí actora el pago del beneficio por incapacidad a los sucesores del Dr. Francisco Spaltro (fs. 104/108 vta.).

En similar sentido a lo resuelto en el caso “Herrera” (L.S. 456-168), con voto preopinante del suscripto, cabe recordar que la indemnización reglada en el art. 49 de la Ley n° 5811 ha sido motivo de análisis y pronunciamiento, tanto de la Sala administrativa en sus diversas y consecutivas composiciones, como de las Salas jurisdiccionales del Tribunal.

Del propio texto de la norma en juego surge que es un beneficio que tiende a resarcir al agente por su incapacidad y por la pérdida de empleo, más tal cuestión aparentemente simple, se ha ido complicando con las diferentes interpretaciones que se han plasmado al momento de resolver diversas peticiones -especialmente de magistrados- en lo que refiere a los requisitos que se deben cumplimentar para acceder a la indemnización.

Asimismo, aquí se aplica lo resuelto por esta Sala con integración del suscripto, en fallo registrado en L.S. 440-57 en “Rei”, al que remito en honor a la brevedad, ya que aquí en forma análoga a lo allí sucedido, se exteriorizó la incapacidad del causante con anterioridad al cumplimiento de la edad de retiro, aunque en este caso concreto la misma se verificó con posterioridad a que ello ocurriera. En tal supuesto, en definitiva, se le reconoció el derecho al magistrado a percibir la indemnización que la Sala Administrativa le había denegado.

Con posterioridad, en un expediente tramitado por ante la Sala Tercera de esta Corte, se ha suscripto un pronunciamiento por todos los miembros del Tribunal, expediente N° 75.418 “Gloss César R. Solicita indemnización art. 49 Ley 5811”, en el que se realizó un análisis de los precedentes más importantes emanados de las tres salas que componen este Cuerpo y en el que quedaron definitivamente plasmados ciertos principios que conviene recordar:

1°) Que para el otorgamiento de la indemnización prevista en el art. 49 de la Ley 5811, en el caso de los magistrados no resulta posible aplicar un límite de edad para la configuración del retiro anticipado, debido a la garantía constitucional de inamovilidad en sus funciones.

2°) Que la jubilación por invalidez, en tal supuesto, constituye un recaudo previo para la procedencia de la indemnización contemplada en el derecho público local.

Ambas cuestiones resuelven a las claras el caso en análisis, dándoles razón a los demandados en relación a los argumentos planteados en su defensa.

En efecto, el Dr. Francisco Spaltro, acreditó en vida los requisitos necesarios para el otorgamiento de la indemnización que oportunamente se le otorgó y que es objeto de esta acción de lesividad.

En relación a ello, corresponde rechazar por improcedente el argumento de la actora, consistente en que el causante recién tomó conocimiento de su incapacidad absoluta y permanente luego de su renuncia al cargo, con el dictamen de la Junta Médica de la SSTSS, ya que como se ha expresado más arriba, tal dictamen no hizo más que ratificar la incapacidad ya verificada por la Comisión Médica n° 4 de la SRT, en cuanto a las dolencias psico-físicas del Dr. Spaltro que, en rigor, ya se habían manifestado con anterioridad. Tan es así, que el decreto del Poder Ejecutivo que aceptó su renuncia tuvo en consideración que era procedente a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios por invalidez, lo que demuestra que ello estaba suficientemente acreditado con anterioridad.

Asimismo, en relación con lo anterior, este Tribunal ha tenido oportunidad de destacar que la normativa de aplicación no excluye la posibilidad de intervención de uno u otro de los organismos médicos mencionados y que, incluso, ella resulta indistinta a los fines de la obtención de la indemnización en cuestión (L.S. 469-137 in re “Barrera”).

En definitiva, aquí se verifica que el Dr. Spaltro acreditó su calidad de magistrado, lo que le otorga la aplicación de un régimen especial en materia previsional (Ley n° 24.018), contaba con la garantía constitucional de inamovilidad en el cargo y también con el derecho a retirarse por incapacidad. Se invalidó totalmente en el ejercicio de sus funciones atento a la patología adquirida y, además, se le otorgó la jubilación por invalidez. Tales circunstancias resultan indicativas del derecho adquirido que ostentaba al reconocimiento del pago de la indemnización reglada en el art. 49 de la Ley 5811.

No resulta óbice de lo anterior el informe adjuntado por la actora (fs. 12), emitido por ANSES en diciembre de 2010, que da cuenta de que a tal fecha ya no tenía vigencia la resolución inicial que había concedido la jubilación por invalidez al causante, porque luego se constató que tenía derecho a la jubilación ordinaria de la Ley n° 24.018. Ello así, dada la situación de incertidumbre que tuvo que atravesar el Dr. Spaltro, en cuanto a la aplicabilidad del régimen de la mencionada ley, que lo colocó en una situación de inferioridad que hacía necesario el pago oportuno de la indemnización en estudio.

Lamentablemente esto último no ocurrió, sino luego de la remoción de diversos obstáculos que el causante debió afrontar mediante diversas acciones. Entre ellas, debió iniciar un amparo por mora que tramitó en el expediente judicial n° 87.776 del Décimo Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas de esta Ciudad (venido A.E.V. según fs. 167), y tramitar una acción procesal administrativa contra la decisión que suspendió ilegítimamente los efectos del acto que le concedió la indemnización por incapacidad, que se ventiló en el expediente judicial n° 101.367 de este Tribunal (fs. 104/109 del expediente administrativo n° 72.854, venido A.E.V. según constancias de fs. 30).

Asimismo, basta observar los expedientes administrativos previsionales venidos en calidad de prueba a esta causa (fs. 199), en que se verifica no sólo la concesión de la jubilación por invalidez, sino también todos los trámites y gestiones que se debieron realizar, tales como la determinación de las diferencias de aportes que debían pagarse a los fines de que se le aplicara al causante el régimen de la Ley n° 24.018, siendo que inicialmente sus aportes correspondían al régimen ordinario de la Ley n° 24.241 (especialmente expediente administrativo n° 024-20-08157117-2-005-1 de la ANSES y expediente administrativo n° 148-S-2008 de la Oficina Técnica Previsional).

En tales condiciones y conforme lo reseñado, el acto administrativo atacado mediante la presente acción, en cuanto le reconoció al Dr. Spaltro la indemnización por incapacidad prevista en el art. 49 de la Ley n° 5811, se encuentra en plena concordancia con la situación de hecho prevista normativamente a sus efectos, por lo cual debe considerarse ajustado a derecho.

Atento a lo expuesto y si mi voto es compartido por mis colegas de Sala, corresponde no hacer lugar a la acción de lesividad planteada por la actora.

Así voto.-

Sobre la misma cuestión el Dr. LLORENTE, adhiere por los fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. HERMAN A. SALVINI, DIJO:

Atento al resultado al que se arriba en la cuestión anterior, corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto. Relacionado con ello, cabe destacar que el pago de la indemnización en estudio fue ordenado por este mismo Tribunal en la causa n° 101.367 “Spaltro, Francisco c/Gobierno de la Provincia de Mendoza s/A.P.A.”, en que tramitó la acción pertinente a tales efectos, por lo que allí corresponderá, en su caso, continuar su ejecución.

Así voto.-

Sobre la misma cuestión el Dr. LLORENTE, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. HERMAN A. SALVINI, DIJO:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, las costas del proceso se imponen a la parte actora vencida (art. 36 del C.P.C. y art. 76 del C.P.A.).

Así voto.-

Sobre la misma cuestión el Dr. LLORENTE, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 15 de junio de 2,015,-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

RESUELVE:

1°) No hacer lugar a la acción de lesividad deducida, a fs. 24/28 vta., por el Estado Provincial.

2°) Imponer las costas del proceso a la parte actora vencida (art. 36 del C.P.C. y art. 76 del C.P.A.).

3°) Regular honorarios del siguiente modo: Dr. Eduardo L. PITHOD, en la suma de pesos ... ($ ...) y Dra. Mariela V. SPALTRO, en la suma de pesos ... ($ ...) (Arts. 2, 31 y ccs. de la Ley n° 3641).

4°) Remitir las actuaciones administrativas y judiciales a origen.

5°) Dése intervención a la Caja Forense y Dirección General de Rentas, a los efectos previsionales y fiscales pertinentes.

Notifíquese. Ofíciese.

 

DR. HERMAN AMILTON SALVINI

Ministro

DR. PEDRO JORGE LLORENTE

Ministro

 

CONSTANCIA: Que la presente resolución es suscripta por dos miembros del Tribunal, en razón de encontrarse vacante una de las Vocalías de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia por el pase del Dr. Omar PALERMO a la Sala Segunda del Tribunal (Acordada n° 26,210) (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 15 de junio de 2.015

  Correlaciones

Ley 5811 - BO: 14/01/1992

Ley 24018 - BO: 18/12/1991

 

002081E