Empresa De Seguridad Defecto En La Instalacion De La Alarma Robo Con Escalamiento Invalidez De Las Clausulas De No Responsabilidad

JURISPRUDENCIA

Empresa de seguridad. Defecto en la instalación de la alarma. Robo con escalamiento. Invalidez de las cláusulas de no responsabilidad

 

Se confirma la sentencia que admitió la demanda contra una empresa de seguridad por incumplimiento de la prestación del servicio de seguridad y vigilancia, pues, a raíz de dicho incumplimiento, se posibilitó la ocurrencia de un robo.

 

 

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En Buenos Aires, a 28 de mayo de 2015, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “TASKER S.A. c/ PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO”, registro n° 55653/2009, procedente del JUZGADO N° 9 del fuero (SECRETARIA N° 17), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Vassallo, Dieuzeide.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, doctor Heredia dijo:

1°) La sentencia de primera instancia admitió la demanda promovida por Tasker S.A. y condenó a Prosegur Activa Argentina S.A. a pagar la suma de $ ..., con más intereses y costas, por considerar que no cumplió adecuadamente con la prestación de seguridad y vigilancia que asumió frente a la actora, lo que posibilitó que esta sufriera un robo en sus instalaciones.

Contra esa decisión apeló la demandada (fs. 341), que expresó agravios a fs. 351/355, cuyo traslado de fs. 356 no fue contestado.

La recurrente se queja por la responsabilidad que le atribuyó el fallo, y por la indemnización acordada a la demandante.

2°) El caso se presenta como distinto a otros fallados por esta Cámara en los cuales se declaró la falta de responsabilidad de la empresa demandada, sea porque el sistema falló no por desperfecto propio sino por haber sido cortado por los delincuentes los cables telefónicos colocados en el exterior del inmueble protegido impidiendo toda comunicación con la central de aquella (conf. CNCom. Sala C, 22/9/06, "Bernabe de Peschiera, María c/ Prosegur Firmado por: JUAN JOSE DIEUZEIDE, SJU.AEZ.DEsC/ AMoArRdAinario"); sea porque el usuario no había conectado la alarma suministrada por la empresa de seguridad privada (conf. CNCom. Sala C, 16/3/07, "Contino, Claudia c/ Prosegur S.A. s/ ordinario").

En efecto, de acuerdo a lo informado por el peritaje técnico rendido en autos, el robo que sufrió la actora fue posible porque el sistema de seguridad instalado por la demandada no detectó la intrusión de los maleantes en su establecimiento, ya ellos previamente habían destruido la central de alarma colocada en él. Tal destrucción previa imposibilitó que el sistema detectara el evento (fs. 236/237 y 268).

Al respecto, se observa que la obligación asumida por Prosegur S.A. se inscribe en el marco de lo autorizado por el art. 2, inc. e), del decreto 1002/99, en cuanto habilita a los servicios privados de seguridad, investigaciones y/o custodia a realizar actividades de vigilancia con medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, comprendiendo ello "...la comercialización, instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica para la protección de bienes, personas y contra el fuego u otros siniestros y de sistemas de observación y registro de imagen y audio, así como la recepción, transmisión, vigilancia, verificación y registro de señales y alarmas...".

La obligación asumida en ese marco legal y contractualmente por la empresa de vigilancia se asienta en el principio objetivo de la confianza despertado en el usuario contratante, que deriva de la profesionalidad presumida de aquella. En este sentido, quien contrata cuenta con la seguridad interna que le brinda el sistema de vigilancia y especialmente con la coherencia y seguridad de la empresa y de sus vigiladores, y confía en que el sistema funcionará como debe funcionar.

Por lo demás, ligado con la idea de confiabilidad, queda a cargo de la empresa de vigilancia la planificación y el diseño del sistema de seguridad, lo cual comprende la ordenación y adaptación de los recursos necesarios y adecuados (humanos, materiales, tecnológicos, etc.) para el cumplimiento de los objetivos que deben alcanzarse, de donde se sigue que la falla en el diseño acarrea un riesgo que puede derivar en un daño reparable. En concreto, cuando hay un error en su concepción, diseño o planificación, hay una insuficiencia estructual del servicio que afecta dicha seguridad y desata responsabilidad de la empresa de vigilancia, sin que ella pueda alegar situaciones generales de imprevisión pues, como profesional, conoce de antemano los riesgos y tiene los recursos necesarios para evitarlos. A la luz de las apuntadas pautas, la obligación de las empresas de seguridad frente a los usuarios por incumplimiento de los deberes propios, no puede ser discutida. Ello tiene base no sólo en la obligación contractual asumida de garantizar que el servicio cumpla con la finalidad esperada, que genera una responsabilidad objetiva, sino también por el carácter de proveedor del sistema de seguridad y vigilancia, tanto por el funcionamiento defectuoso del equipamiento utilizado, como por el error de concepción en el diseño del servicio (arg. arts. 512 y 902 del Código Civil; Weingarten, C., Responsabilidad de las empresas de seguridad, Santa Fe, 2006, ps. 23, 47, y 65/69).

Y puesto que la prestadora se obliga por el diseño del servicio, responde civilmente por razón de su falla, lo cual no es dudoso en casos como el sub lite, pues si los delincuentes pudieran destruir la central de alarma, constituye ello demostración cabal de que hubo un defecto de diagramación en la instalación que lo facilitó o permitió (esta Sala D, 14/6/2007, “Aseguradora de Cauciones S.A. Cía. de Seguros c/ Prosegur S.A. s/ ordinario”).

Por lo demás, la circunstancia de que el robo se hubiera producido con escalamiento (según el peritaje, los delincuentes entraron por el techo; fs. 236), no exonera la responsabilidad de la empresa de seguridad, pues se trata de un evento previsible y, por tanto, no puede ser alegado como fuerza mayor (arg. art. 2237 del Código Civil; Weingarten, C., ob. cit., p. 72), debiendo observarse que, en casos como el presente, no cabe atender exclusivamente a la gravedad del siniestro, sino a las medidas adoptadas por el prestador del servicio y su idoneidad para ejecutar satisfactoriamente las obligaciones asumidas (conf. CNCom. Sala B, 30/4/1999, "AGF Argentina Cía. de Seguros c/ Detect Argentina S.A.").

Lo expuesto exime, obviamente, de todo comentario acerca de la confusión que la apelación endilga a la juez a quo y a partir de la cual se pretende demostrar la arbitrariedad de lo decidido en la instancia anterior (fs. 351 vta./352). Es que, independientemente de si hubo o no tal confusión, la responsabilidad contractual de la demandada está comprometida.

Sentado ello, no exonera de responsabilidad a la demandada el hecho señalado en fs. 352 y vta. en cuanto a que el peritaje técnico hubiera destacado que no se detectaron anormalidades en el sistema brindado y que éste fue instalado con el acuerdo de la actora, toda vez que, valga observarlo, no se trata de detección de anormalidades sino de una falla de diseño que facilitó o permitió su ineficacia en el momento en que, por el contrario, se espera su eficacia. En ese marco, que la actora hubiera prestado su aquiescencia al diseño no es dato que mejore la posición de su adversaria pues esa situación no modifica la responsabilidad de la empresa en la medida que, aun así, aceptó y viabilizó colocar el sistema, sin plantear objeción ni informar debidamente de sus eventuales deficiencias de modo de trasladar los riesgos al usuario (conf. esta Sala D, 14/6/2007, “Aseguradora de Cauciones S.A. Cía. de Seguros c/ Prosegur S.A. s/ ordinario”; Weingarten, C., ob. cit., p. 49).

En fin, para concluir de diverso modo, nada aporta el informe del consultor técnico aportado por la recurrente que se menciona a fs. 352 vta. Es que, sin demérito de la idoneidad profesional del citado consultor, lo cierto es que en ausencia de vicios que invaliden el peritaje del experto nombrado de oficio, corresponde privilegiar a este último sobre aquél informe realizado en forma privada y a instancia del propio interesado que lo eligió (conf. C.Apel.Civ.Com. Mar del Plata, Sala I, 4/7/2006, “Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros c/ Escaray, María I.”, LL Bs.As. t. 2007, p. 320). Como lo ha destacado esta Sala, no procede a los fines probatorios equiparar el trabajo de los peritos y el de los consultores ni otorgarles a estos últimos la importancia que le corresponde aquellos, pues lo cierto es que en el esquema del Código Procesal su figura no brinda garantía de imparcialidad, ya que su función consiste en una suerte de patrocinante técnico de quien lo propuso (conf. esta Sala, 6/7/2007, “Sapco Handelsgesellschaft M.B.H. c/ Maggio, Francisco s/ ejecutivo”; Palacio, L., Estudio de la reforma procesal civil y comercial, Ley 22.434, Buenos Aires, 1987, p. 159, n° 52, ap. “e”; Fenochietto, C. y Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1993, t. 2, ps. 482/483; Peyrano, J., Apuntes sobre el consultor técnico pericial, LL 1983-B, p. 831/833).

Paréceme, pues, que el primer agravio de la demandada no puede prosperar.

3°) El segundo y último agravio de la demandada se refiere a la admisión de una indemnización a favor de la actora, la que sostiene improcedente por no haber probado dicha parte los daños sufridos y por ser contraria a cláusulas contractuales que cita.

La sentencia de primera instancia tuvo por acreditado que a la actora le fueron sustraídos diversos objetos cuyo valor ordenó indemnizar. Para ello ponderó prueba documental (denuncia policial, facturas, etc.) y testimonial que expresamente citó (fs. 336). Se advierte, empero, que la expresión de agravios de la demandada se limitó a afirmar que “...la parte actora no pudo probar...los daños sufridos...” (fs. 353), sin mencionar siquiera las probanzas tenidas en cuenta por el fallo apelado. Tal aserción de la apelante es, pues, puramente dogmática y, por tanto, no puede ser tenida como una crítica concreta y razonada en los términos del art. 265 del Código Procesal. Corresponde considerar, por consiguiente, que los daños resarcibles admitidos por la sentencia de primera instancia, se encuentran efectivamente comprobados.

De su lado, en lo restante referido por el segundo agravio la pieza de fs. 351/355 tampoco cumple con la carga de fundamentación exigida por el art. 265 citado, ya que alude a la presencia de cláusulas contractuales de exoneración de responsabilidad que ni siquiera se identifican clara y precisamente.

A todo evento, si la demanda ha querido referirse ante esta alzada mercantil -como lo hizo en fs. 84- a la cláusula sexta de las Condiciones Generales de suscripción al servicio (“...el Cliente declara conocer y aceptar que el Servicio constituye sólo un medio para disuadir la comisión de acto delictivos o dañosos en el domicilio del Cliente, pero no garantiza ni asegura al cliente que tales actos no hayan de producirse. Por ende, PROSEGUR no será responsable por los daños y perjuicios que se ocasionen en personas o bienes como consecuencia de la comisión de tales actos...”; fs. 58), corresponde recordar, siguiendo a Llambías, que las cláusulas de "no responsabilidad" como la indicada no son, como regla, válidas por atentar substancialmente al bien común y ser reveladoras de una disparidad de la situación de las partes que no resulta tolerable. Al liberar al deudor de las consecuencias de toda culpa de su parte, estimulan tales cláusulas la desidia y son una invitación al incumplimiento. Es de notar que la mayoría de las veces es el deudor quien está en condiciones, mediante una actuación atenta y diligente, de impedir el deterioro o pérdida de la cosa colocada bajo su guarda o control. Por ello, la cláusula en cuestión es nociva desde el punto de vista económico-social pues conspira a la destrucción de valores por falta de interés. Por lo demás, si el acreedor se aviene a constituir un crédito tan debilitado por inclusión de semejante cláusula, ello sólo está mostrando la imposición del contratante más fuerte que ha debido dictar al otro las condiciones de un verdadero contrato de adhesión. El contratante débil, forzado a aceptarlas, recibe un menguado beneficio. La equidad exige que en estos casos se expurgue a los convenios privados de los abusos y demasías que contienen. En esas condiciones, las cláusulas de "no responsabilidad" del deudor, carecen de validez, por ser contrarias al art. 953 del Código Civil (conf. Llambías, J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, Buenos Aires, 1973, t. I, p. 217, n°175; en igual sentido: esta Sala, 14/6/2007, “Aseguradora de Cauciones S.A. Cía. de Seguros c/ Prosegur S.A. s/ ordinario”).

Asimismo, como lo ha resuelto esta cámara de apelaciones en un caso de alguna proximidad analógica con el sub lite, el pacto tendiente a liberar al deudor de las consecuencias patrimoniales de su incumplimiento importa la renuncia anticipada del acreedor al derecho de ejercer la acción indemnizatoria, lo que desnaturaliza el vínculo al suprimir la obligación de responder derivada del incumplimiento contractual; de ello se sigue un desequilibrio de tal entidad entre los derechos y obligaciones de las partes que compromete el principio de equivalencia o reciprocidad, lo que conduce a declarar la invalidez del pacto (CNCom. Sala B, 30/4/1999, "AGF Argentina Cía. de Seguros c/ Detect Argentina S.A.").

En síntesis, no veo razón para no confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a la procedencia de la indemnización fijada a favor de la parte actora.

4°) Por las razones expuestas, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada. Costas de alzada por su orden en atención al silencio guardado frente al traslado de fs. 356.

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Vassallo y Dieuzeide adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan: (a) Confirmar la sentencia apelada.

(b) Distribuir las costas de alzada por su orden en atención al silencio guardado frente al traslado de fs. 356.

(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los correspondientes a la anterior instancia.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

 

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara

 

  Correlaciones:

Chubb Argentina de Seguros SA c/Prosegur SA s/ordinario - Cám. Nac. Com. - Sala B - 15/07/2014

 

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