Reajuste de haberes. Defecto legal. Costas

Se rechaza la defensa de defecto legal, pues, para hacer lugar a esa excepción, los defectos deben ser de tal gravedad que coloquen al demandado en un verdadero estado de indefensión.

SALTA, 23 de julio de 2015.-

AUTOS Y VISTO:

1. Defecto legal: En relación a la excepción de defecto legal, cabe señalar que la misma resulta procedente cuando no se ajusta a los requisitos que exige la ley en el art. 330 del CPCCN. La omisión de esos requisitos o la ambigüedad u oscuridad en la redacción de la demanda, dan sustento a esta excepción. Asimismo, los defectos deben ser graves, colocando al demandado en un verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas o producir las pruebas conducentes (conf. Fenochietto-Arazi “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” T. 2 Ed. Astrea, Bs. As., 1993, pág. 215).

Ello así, corresponde adelantar que la demanda incoada efectivamente cumple con los requisitos exigidos por el mencionado art. 330 de la ley de rito. En efecto, se encuentra identificado el nombre y domicilio del demandante (inc. 1), con el nombre y domicilio del demandado (inc. 2), designa la cosa demandada, ya que especifica que el objeto de la pretensión es obtener la correcta liquidación de los haberes, impugnándose la Resolución Administrativa RNT-B 01855/12 denegatoria de su reclamo de reajuste de haberes (inc. 3), explicando los hechos en que se funda (inc. 4), invocando -contrariamente a lo sostenido por la recurrente- el derecho en virtud del cual obtuvo su beneficio jubilatorio y la jurisprudencia que considera aplicable. Asimismo, los defectos invocados por la apelante en cuanto a que no se ha precisado el perjuicio económico alegado, cabe señalar que al respecto la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ha señalado que resulta “...absurdo pretender que quien demanda se vea constreñido a precisar el importe reclamado sin tener a su alcance las constancias del trámite administrativo, en el que obran los datos y cálculos practicados por el organismo para la determinación de su importe. Así las cosas, contrariamente a lo insinuado por la quejosa, es la parte demandada -que tiene en su poder aquel expediente-, la que se encuentra en mejor situación para ejercer su defensa ya que nada le impide consultar esas actuaciones, sin que se vea afectada a su respecto la garantía del debido proceso...” (“Carloni, Juan Nicolás c/ANSeS s/ Incidente”, sent. del 03/12/13) Debiéndose advertir, por otra parte, que en este tipo de proceso el monto estará a resultas de lo que en definitiva ser resuelva en la sentencia de fondo. Por todo lo expuesto, no cabe sino rechazar el agravio invocado a su respecto, máxime teniendo en cuenta los propios términos de la contestación de demanda, de donde surge claramente que la demandada ANSeS pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

2.Costas: que, por su parte, en cuanto a los agravios referidos a las costas impuestas a la perdidosa en primera instancia, cabe estar a los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 331:1873; 331:71, entre otros), en los que sostuvo que dicha norma “no trae aparejada una lesión a las garantías de igualdad y propiedad, pues el régimen favorece a ambas partes por igual, no advirtiéndose que la circunstancia de abonar sus trabajos a un profesional implique la confiscación de los bienes del obligado”, por lo que, corresponde revocar la imposición de costas efectuada por el juez de grado e imponerlas en ambas instancias por el orden causado.-

Por lo que se

RESUELVE:

I.- RECHAZAR parcialmente el recurso de apelación deducido por la demandada ANSeS a fs. 55/60 y en consecuencia, CONFIRMAR parcialmente la resolución de fs. 51 en cuanto rechaza la defensa de defecto legal.

II.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación deducido por la demandada y en consecuencia, REVOCAR el punto 2º) de la sentencia citada e imponer las costas en ambas instancias por el orden causado (art. 21 de la ley 24.463).-

III.- REGÍSTRESE, notifíquese, hágase conocer al C.I.J. (conforme acordada nº 15/2013) y oportunamente devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos.

No firma el tercer juez por encontrarse vacante la vocalía.

Firmado Jorge Luis Villada y Renato Rabbi Baldi. Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Secretaría Maria Victoria Cárdenas Ortiz