Regimen De Visitas Competencia Interes Superior Del Nino Domicilio Menor

JURISPRUDENCIA

Régimen de visitas. Competencia. Interés superior del niño. Domicilio. Menor

 

Haciendo suyos los argumentos esbozados por la Procuradora General de la Nación, el Superior Tribunal de la Nación declara la competencia de la justicia provincial de Caleta Olivia, Santa Cruz, a los efectos de entender en la presente causa cuyo fin primordial es la revinculación de un padre con su hija. Para así decidir, se hizo hincapié en el interés superior de la menor y que su centro de vida estaba consolidado en la provincia citada.

 

 

Buenos Aires, 23 de junio de 2015.-

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa B. S., G. E. c/ M., H. s/ medidas precautorias", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que la cuestión propuesta por la recurrente encuentra suficiente respuesta en el dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con el mencionado dictamen, oído el señor Defensor Oficial ante esta Corte, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario, se deja sin efecto el pronunciamiento recurrido y se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones la justicia de la provincia de Santa Cruz. Con costas (artículo 68 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal y, por no corresponder, reintégrese el depósito de fs. 2. A fin de discernir el tribunal que corresponde a la materia objeto de estas actuaciones, con jurisdicción en el lugar donde reside la menor, remítase la causa al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Notifíquese.

 

RICARDO LUIS LORENZETTI

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

 

Suprema Corte:

-I-

Contra la resolución de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que confirmó la competencia sustentada por la jueza de mérito y la decisión de que se avance en el paulatino proceso de revinculación paterno-filial, la actora interpuso la apelación federal, cuyo rechazo dio lugar a la presente queja (fs. 565, 607/609, 652/653, 665/676 y 688/689 del principal, al que me referiré, salvo aclaración, y fs. 29/38 de legajo respectivo).

El a quo argumentó, en resumen, que la actora consintió la jurisdicción del fuero nacional previniente -cuya unidad de criterio conviene sostener-, y que cabe aplicar los principios de la perpetuatio jurisdictionis y del forum conexitatis si la nueva cuestión resulta consecuencia de la anterior sujeta a conocimiento. Sumó que la madre no se opone a la revinculación y que sólo resta resolver la manera en que resulte menos traumática.

-II-

Ante todo, procede recordar que las resoluciones judiciales adoptadas en materia de competencia no autorizan -en principio-, la apertura de la vía extraordinaria por no estar satisfecho el recaudo de la sentencia definitiva (v. art. 14, ley 48), salvo que medie la denegatoria del fuero federal u otras circunstancias de excepción que permitan equiparar esos interlocutorios a pronunciamientos definitivos. Entre ellas, cabe referir las decisiones que afectan un específico privilegio federal o que configuran un supuesto de privación de justicia incompatible con la naturaleza de los derechos en juego, de imposible o tardía reparación ulterior (doctrina de Fallos: 322:1481; 326:1198, 1663; 328:2622; 329:5648; y S.C.P. 553; L. XLIV, "P., C.F. s/ insania", resolución del 10/08/10).

Considero que ello es lo que acontece en el sublite, pues la resolución apelada, al convalidar que los asuntos referidos al régimen de contacto de la niña continúen su trámite ante la justicia nacional, priva a la menor de la eficacia tutelar que le es debida como parte esencial del proceso judicial en el que participa y en el cual se debe valorar primordialmente su mejor interés (art. 3, Convención sobre los Derechos del Niño; doctrina de Fallos: 312:869; 328:2870; 331:147; 334:913 y sentencia en autos S.C.P. 553; L. XLIV, cit.).

-III-

La parte reclamante pretende, en suma, que se atribuya el conocimiento del supuesto a los tribunales del lugar donde actualmente habita la menor con su madre (Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz). Aduce, entre otros extremos, que la decisión del magistrado nacional importa afectar los derechos de la niña -escolarizada y plenamente arraigada a su nuevo entorno- quien para acceder a la justicia y comenzar el proceso de revinculación con su padre, deberá alterar gravemente su vida cotidiana, la que se desarrolla a mil ochocientos kilómetros de la sede del juzgado. Pone de resalto el riesgo para la integridad de la niña que implicará su desplazamiento periódico, al tiempo que aclara que debió emigrar al sur -en septiembre de 2008- por razones profesionales y luego de que el padre violara el acuerdo alimentario en lo relativo a la vivienda. Explica que no se opone a que la menor se revincule con su progenitor, pero en un contexto en el que se respeten sus necesidades y el lugar donde vive. Invoca el "interés superior del niño", la noción "centro de vida" y las garantías de defensa, debido proceso e igualdad e imputa al fallo un excesivo rigor formal y la omisión de prueba decisiva (arts. 3, ítem 1., Convención sobre los Derechos del Niño -ley 23.849-; 3°, inc. f, ley 26.061; y 16 y 18, C.N.).

Ahora bien, en numerosas oportunidades se ha destacado la necesidad de examinar prudencialmente los elementos configurativos de cada supuesto, en la convicción de que así lo exige el mejor interés que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23.849 (vgr. S.C. Comp. 481; L. XLVII, del 29/11/11).

Desde tal perspectiva, las características que rodean al caso -tal como se patentizan en este estado del expediente y sin que ello implique un anticipo sobre la suerte que deben correr las distintas pretensiones- me llevan a considerar que deviene necesario priorizar el resguardo del principio de inmediatez, en procura de una eficaz tutela de los derechos fundamentales de la niña (cfse. Fallos: 331: 1344 y, en esp., CSJ 813/2013 (49-A) CS1 "A., C.T. c/ R., M.L. s/ régimen de visitas", pronunciamiento del 24/02/15).

Procede señalar que, si bien la madre de la niña inició esta acción solicitando el dictado de medidas precautorias en sede nacional, ello obedeció a que en esa fecha -30/08/05- vivía junto con su hija en Capital Federal (fs. 6/9). Empero, desde hace varios años residen en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, localidad en la que la niña asiste al colegio y la madre presta servicios médicos en el hospital zonal (fs. 560/4 y 666). En ese marco, cabe resaltar que no obra demostrada la inestabilidad de esa situación, la que sucedió a los avatares en torno a la vivienda a partir del denunciado incumplimiento del compromiso paterno de proveerla, conforme al acuerdo de divorcio homologado el 25/08/05 (fs. 1/4, 26, 120, 136, 137, 141, 147, 149 y 171/172 del expte. 44.786/05). En lo concerniente al traslado de la niña, es menester valorar que, al tiempo de verificarse, se encontraba tramitando el proceso penal seguido contra su padre por un presunto abuso sexual, en virtud del cual había sido suspendido cautelarmente el contacto con él.

En tal sentido, conforme surge de las constancias de autos, el 22/09/05 fue interrumpido el régimen de visitas paterno-filial a raíz de la denuncia del supuesto ilícito. Posteriormente, tras autorizarse la revinculación el 18/08/06, el contacto fue nuevamente suspendido -a raíz del procesamiento del padre-, el 18/09/09 (fs. 14/15, 20/21, 27/28, 160/162, 285/286, 386/393 y 430/31). Recién en junio de 2011 se notifica el rechazo del recurso de casación contra la sentencia que había absuelto al progenitor del delito de abuso sexual agravado por el vínculo (fs. 568/87), lo que motivó el dictado de las decisiones que ordenaron el levantamiento de la suspensión del régimen de visitas (fs. 607/609 y 652/653).

En tales condiciones, entiendo que los jueces del lugar de residencia efectiva de la niña están llamados a conocer en el asunto, pues la ausencia de inmediación es susceptible de malograr los objetivos tutelares implícitos en estos autos, en los que se encuentra pendiente la revinculación del progenitor con su hija (v. doctrina de Fallos: 315:16; 320:245; 327:582; y S.C. Comp. 575; L. XLVI, del 23/06/11; entre otros).

En ese contexto, el decisorio ha omitido ponderar el mejor interés de la menor, toda vez que no fueron invocadas razones suficientes para desplazar el "centro de vida" como pauta interpretativa para la determinación de los aspectos en disputa, el que se sitúa en Santa Cruz, a mil ochocientos kilómetros de esta Ciudad (art. 3, inc. f, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes n° 26.061).

-IV-

Sin perjuicio de la conclusión precedente, dada la edad de G. M. (doce años; v. fs. 9 bis expte. 44.786/05 y 9 del expte. 78.218/06), este Ministerio Público Fiscal debe advertir acerca del compromiso asumido por el Estado Nacional en orden a garantizar al menor que se halle en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos aquellos asuntos que lo afecten y de que ésta sea debidamente considerada en función de su edad y madurez. A dicho efecto, debe darse a la niña la oportunidad de ser escuchada acerca de los serios problemas de fondo en trance de definición, en los términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Situados en esa línea, ante la posible existencia de intereses contrapuestos, con el propósito de que se atienda primordialmente al interés de G. y se garantice la efectividad de la escucha pendiente, estimo que debe proveérsele asistencia técnica a través de la designación -por el juez actuante- de un letrado especializado en la materia para que la patrocine, como lo han peticionado los representantes del ministerio pupilar (v. Fallos: 333:2017).

-V-

Por lo expuesto, sin que ello implique adelantar juicio sobre el régimen de contacto más adecuado para la niña, estimo que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso, dejar sin efecto la sentencia apelada y disponer que resulte competente para entender en estas actuaciones la justicia de la provincia de San Cruz.

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015.

 

Marcelo Adrián Sachetta

Procurador Fiscal ante la

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Subrogante

ADRIANA N. MARCHISIO

Prosecretaria Administrativa

Procuración General de la Nación

 

  Correlaciones:

Ley 23.849 - BO: 22/10/1990.

 

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