Suspension Del Juicio A Prueba Improcedencia Por La Gravedad De Los Hechos Maniobras Fraudulentas En Perjuicio Del Erario Publico

JURISPRUDENCIA

Suspensión del juicio a prueba. Improcedencia por la gravedad de los hechos. Maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público

 

Se revoca la resolución apelada y se rechazan las solicitudes de suspensión del juicio a prueba, por tratarse de la investigación de complejas maniobras fraudulentas, de dimensiones inusitadas, en perjuicio del erario público, lo que afirma la necesidad de determinar en un juicio oral y público quiénes tomaron participación en estas.

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de JUNIO del año dos mil quince, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 22/40 de la presente causa Nro. CFP 6082/2007/TO1/11/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada: “S. A., M. y otros s/ recurso de casación”, de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de esta ciudad RESOLVIÓ:

“...1)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de A. R. L., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de una patronato, b) realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS en la Asociación de la Santa Faz en el Barrio de Constitución de esta Ciudad; c) y ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en doce cuotas de ... pesos ($...), en carácter de reparación económica.

2)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de M. D. L., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS en la Asociación Civil Las Lomas Oral, sito en Fondo de la Legua ..., Martínez PBA; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en DOCE cuotas de ... pesos, en carácter de reparación económica.

3)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de G. J. C., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de DOS HORAS semanales, por el plazo de DOS AÑOS en el Hospicio San Camilo sito en Hilarión de la Quintana ..., Vicente López; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en DOCE cuotas de ... en carácter de reparación económica.

4)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de M. A., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS en la Asociación Civil de Amigos de Casa Galilea; c)ABONAR la suma de ... pesos ($...) en 12 cuotas de ... pesos, en carácter de reparación económica, importe al que se habrá añadir oportunamente -conforme a lo propuesto por el interesado y la conformidad fiscal prestada- la suma de $ ... embargada en su oportunidad al nombrado y que será retenida en tal concepto.

5)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de E. E. R., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b) realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS, en la Iglesia Santa Teresita, ubicada en el Barrio El Cazador, Escobar; c)ABONAR la suma de ... ($...) en 12 cuotas de ... pesos, en carácter de reparación económica.

6)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de J. S. A., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b) realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS en la Asociación Civil Comedor Los Pibes, sito en el Barrio de La Boca; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en 12 cuotas de ... pesos cada una, en carácter de reparación económica.

7)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de UN AÑO Y SEIS MESES respecto de D. R. B., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)eximirlo de realizar tareas comunitarias no remuneradas; c)ABONAR la suma de ... PESOS en efectivo ($...) con más la suma de ... ($...), ésta última discriminada en doce cuotas de los siguientes importes: las dos primeras de ... ($...) y diez restantes de ... ($...), en carácter de reparación económica.

8)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de M. J. G., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de 2 horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS en la Asociación Civil El Telar; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...), en carácter de reparación económica.

9)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de UN AÑO Y SEIS MESES respecto de C. F. T., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 144 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de UN AÑO Y SEIS MESES, en la Iglesia La Merced, sita en Viamonte y San Martín de esta Ciudad; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en doce cuotas de ... pesos, en carácter de reparación económica, importe al que se habrá de añadir oportunamente -conforme lo propuesto por el interesado y la conformidad fiscal prestada- la suma de $ ... embargada en su oportunidad al nombrado y que será retenida en tal concepto.

10)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de UN AÑO Y SEIS MESES respecto de J. A. M., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 144 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de UN AÑO Y SEIS MESES en la Iglesia La Merced, sita en Viamonte y San Martín de esta Ciudad; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en doce cuotas de ... pesos, en carácter de reparación económica.

11)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de UN AÑO Y SEIS MESES respecto de L. R. L., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 144 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de UN AÑO Y SEIS MESES en la Parroquia Santísima Trinidad y Congregación Verbo Divino, Av. San Martín ..., Villa Calzada, Provincia de Buenos Aires, c) ACEPTAR en concepto de reparación, la suma de $ ... que le fuera embargada en su oportunidad al nombrado y que será retenida en tal concepto.

12)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de UN AÑO Y SEIS MESES respecto de S. M. R., quien durante dicho período deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 144 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de UN AÑO Y SEIS MESES en la Parroquia de su domicilio; c)ABONAR la suma ... PESOS ($...) en doce cuotas de ... pesos, en carácter de reparación económica.

13)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de L. E. R., quien durante dicho término deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS en la Parroquia de su domicilio; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en doce cuotas de ... pesos, en carácter de reparación económica.

14)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de C. A. A., quien durante dicho período deberá: a) fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b) realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de DOS horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS en la Iglesia Santa María de Tigre; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en una cuota única, en carácter de reparación económica.

15)HACER LUGAR al cambio de calificación impetrado por el Dr. Wagner, en favor de M. S. A. con relación al grado de intervención que el requerimiento de elevación a juicio le atribuye bajo las previsiones del art. 210 del Código Penal, entendiéndose por tanto que la significación jurídica de su probable intervención en la misma es la de miembro, acorde a lo dispuesto en su primer párrafo, y no organizador como lo sostiene ese acto requirente del Código Penal y, por consiguiente, SUSPENDER a su respecto el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS, durante el cual deberá: a)fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b) realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de dos horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS en el Hospital de la Localidad de Victoria, Provincia de Entre Ríos; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en una única cuota y en efectivo, y la restante de ... PESOS ($...), ésta última en doce cuotas de $ ..., todo ello en carácter de reparación económica.

16)SUSPENDER el trámite de la presente causa por el término de DOS AÑOS respecto de A. A. G., quien durante dicho período deberá: a) fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, b)realizar tareas comunitarias no remuneradas por un total de 192 horas, en razón de dos horas semanales, por el plazo de DOS AÑOS, en el Sindicato de Obreros y Empleados Plásticos; c)ABONAR la suma de ... PESOS ($...) en doce cuotas, en carácter de reparación económica...” (fs. 1/20 de estas actuaciones).

II. Que contra dicha decisión, los doctores F. M. M. por la D.G.A. y L. G. B. por la D.G.I, pertenecientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el patrocinio letrado de la Dra. Daniela Pared Mella interpusieron recurso de casación a fs. 22/40, el que fue concedido a fs. 41/45 vta. y mantenido en esta instancia a fs. 113.

III. Que la parte querellante expresó en su remedio casatorio los siguientes a agravios, a saber:

a) entendió que en la decisión cuestionada se verificó un “error in iudicando” (art. 456 inc. 1° del C.P.P.N), en virtud de que -a su entender- se habrían aplicado erróneamente los arts. 76 bis, 174 y 210 del código sustantivo (fs. 24). Asimismo, afirmó que el carácter de la imputación va cambiando de acuerdo al estadio procesal de la causa, por lo que, “...culminada la instrucción, pero antes de la celebración del debate deberá estarse a la calificación esbozada en el requerimiento de elevación a juicio. Ahora bien, una vez celebrado el debate, habrá de estarse a la calificación contenida en los alegatos acusadores...” (fs. 34). Es decir, al encuadre legal postulado por dicha parte en relación a S. A.

b) adujo que en la decisión cuestionada se advierte la existencia de un “vicio in procedendo” (arts. 123, 398, 404 inc. 2° y 456 inc. 2° del C.P.P.N.), ya que de las pruebas colectadas surge claramente la responsabilidad de los imputados C. y A., los que revestían el carácter de funcionarios públicos de Cancillería al momento de los hechos pesquisados (fs. 35 vta.).

c) expresó que la resolución criticada sería arbitraria, en cuanto carece de una fundamentación suficiente que permita considerarla un acto judicialmente válido.

Por último, hizo expresa reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48.

IV. Que durante el término de oficina, se presentó a fs. 125/129 la señora Defensora Púbica Oficial “ad hoc”, doctora Elisa Herrera, quien luego de alegar peticionó que se rechace el recurso de casación deducido por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por último, hizo expresa reserva de recurrir por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48.

V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N. (cfr fs. 155), el doctor Edgar Emilio Schiavone (fs. 141/144 vta.), los doctores Federico Wagner y Santiago Vegezzi (fs. 145/146), el doctor Oscar Gustavo Igounet (fs. 147/150 vta.), la doctora Laura Gutiérrez Babsia (fs. 151/153), el doctor Eduardo O'Connor (fs. 154) y el doctor César Mayer (fs. 156), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos.

El señor juez Juan Carlos Gemignani:

a) Que esta Sala resolvió a fs. 78/79 hacer lugar al recurso de hecho por casación denegada deducido por los representantes legales de la A.F.I.P. Lo hizo, con sustento en que “...si bien, en principio, la decisión cuestionada no se encuentra contemplada entre aquellas previstas en el artículo 457 del C.P.P.N., no obstante ello, atento la naturaleza federal de la cuestión traída a estudio, corresponde habilitar la intervención de este tribunal...”, con cita del fallo “Di Nunzio” de nuestra Corte Federal y en tanto desde “...el punto de vista formal, ha cumplido con los recaudos exigidos por el art. 463 del código de rito para autorizar la apertura de la instancia casatoria...”.

Que con basamento en la resolución a que hice referencia en el párrafo que antecede, sumado ello a que de no otorgarse legitimación a la querella para recurrir en casación respecto de una decisión que fue contraria a sus intereses y darle la oportunidad de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos -en el caso la prosecución del proceso- se estaría vulnerando la garantía del debido proceso legal (art. 18 de la Constitución Nacional), debo abocarme al análisis del recurso de casación intentado.

b) Que el remedio casatorio ensayado habrá de prosperar por las razones que se expondrán a continuación.

Y así debe serlo, en virtud de que desde mi personal perspectiva el derecho a solicitar la suspensión del juicio a prueba se extingue con el auto de designación de la audiencia de debate oral y público efectuado en los términos del art. 7

359 del Código Procesal Penal de la Nación (cfr. sobre este tema, mis votos en esta Sala IV C.F.C.P. “in re” “Bolatti, José Luis Alfredo s/recurso de casación”, causa N° 14.931, reg. N° 1385/12, rta. el 21 de agosto de 2012 y “De Biase, Luis Antonio y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, causa N° 970, reg. N° 1420/14, rta. el 4 de julio de 2014, entre otros, a cuyos fundamentos y conclusiones me remito por razones de brevedad).

Sin perjuicio de ello, debo destacar que “...La implementación de este instituto responde a la intención de descongestionar el sistema de administración de justicia de casos vinculados con delitos leves con el objeto de concentrar recursos en la persecución de los delitos más graves, instaurando al mismo tiempo un mecanismo que tiende a posibilitar la reinserción social del sujeto que fue sometido a proceso y a evitar la estigmatización que implica la prosecución misma de una causa criminal y la eventual imposición de una condena, aun cuando su ejecución hubiese podido ser pronunciada en forma condicional...” (cfr. sobre este punto, D'Alessio, Andrés José, “Código Penal Comentado y Anotado”, 2 da. edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, La Ley, 2011, Tomo I - Parte General, pág. 1092).

Es decir, que tiende a conseguir una mejor y pronta administración de justicia como así también a lograr la rápida reinserción y readaptación social del delincuente primario u ocasional, fines para cuya concreción no pueden pasarse por alto los límites en los que se enmarca el instituto.

Cabe precisar que lo señalado supra no implica una aplicación automática e ilimitada del instituto de la suspensión del juicio a prueba puesto que, para su concesión, además de contar con determinados requisitos el pedido, no deben perderse de vista los principios rectores y fines del derecho penal.

Ahora bien, en cuanto a la cuestión referida a cuál es el límite temporal para solicitar la “probation” adelanto que desde mi óptica personal aquél se encuentra en la fijación de la fecha de debate oral y público.

Si bien advierto que en nuestro ordenamiento ritual no se encuentra previsto, ni desde cuándo ni hasta qué estadio procesal puede solicitarse la suspensión del juicio a prueba lo cierto es que, la propuesta aquí postulada encuentra sustento en la naturaleza, efectos y fines del instituto en estudio.

El límite referido, y que a mi juicio es la fijación de la audiencia de debate, tiene por objetivo evitar que se desnaturalicen los fines del beneficio. No se trata de una decisión caprichosa, ni arbitraria sino está dirigida a evitar que el instituto referido lleve a colapsar a los Tribunales en vez de colaborar a su descongestión.

Dicho criterio, entiendo que es el que mejor concuerda con los parámetros de interpretación de las leyes fijados por la Corte Federal, al sostener que la “...ley debe atenerse a los fines que la inspiran debiéndose preferir siempre la interpretación que los favorezca y no la que los dificulte...” (Fallos: 311:2751, entre otros). Asimismo, y cuando se tratara de casos “...no expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas...” (Fallos 326:3679 y sus citas).

En esta misma línea de pensamiento, en el supra mencionado precedente “Bolatti” concretamente expresé que “...el instituto de mención encuentra respaldo en fundamentos de orden práctico, por lo que en atención a los antecedentes parlamentarios de la ley 24.316 como así también a sus propios fines, resulta indispensable establecer un límite concreto pues, de lo contrario, podrían verificarse situaciones que atenten contra la buena marcha de la administración de justicia...”. Asimismo, aseveré que “...efectuar una interpretación más amplia (es decir, sin fijar límite temporal alguno para solicitar la suspensión del juicio a prueba) resultaría incompatible con el texto de la ley 24.316, el que ha creado un sistema de suspensión del juicio y no de la sentencia...”.

En este orden de ideas, cabe resaltar que dicho temperamento no se contradice en medida alguna con el precedente dictado por nuestro más Alto Tribunal en el caso “Norverto” (causa N. 326. XLI, ”Norverto, Jorge Braulio s/infracción artículo 302 del C.P.” -rta. el 23/4/08-).

Al respecto resulta oportuno mencionar, que en el fallo referido la Corte Suprema declaró procedente el recurso extraordinario articulado, remitiéndose en lo que fuera pertinente a la doctrina emanada de ese mismo Tribunal en el fallo “Acosta” (rto. el 23/04/08).

Retrotrayéndose más aún en el caso aludido, el pronunciamiento tuvo su raíz en lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 2, el cual al momento de expedirse acerca de la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada por Jorge Braulio Norverto, decidió -por mayoría- denegar la “probation” solicitada con fundamento en que el pedido de aquella era extemporáneo, toda vez que había sido solicitada con posterioridad a la etapa prevista por el artículo 354 del C.P.P.N -citación a juicio-. Dicho temperamento fue convalidado por esta Sala IV de esta Cámara Federal de Casación -con una integración parcialmente diferente a la actual-, añadiéndose además que tampoco resultaba procedente el beneficio referido ello en virtud del límite de pena establecido por el artículo 76 bis del Código Penal.

De lo hasta aquí expuesto, sólo puedo concluir que en el precedente “Norverto” el Cimero Tribunal consideró desacertado, aunque de modo no expreso, el límite temporal fijado en dicho caso por los tribunales inferiores intervinientes. Tampoco surge de dicha jurisprudencia si entiende adecuado que exista o no algún límite para solicitar el beneficio pretendido.

Así las cosas, la propuesta aquí formulada resulta posible y, reitero, es la que, a mi juicio, mejor se conjuga con los fines del legislador tenidos en miras al momento de incorporar a nuestro sistema penal el beneficio en cuestión.

Por todo expresado, como lo adelanté en los párrafos precedentes -a mi entender- el derecho a solicitar la suspensión del juicio a prueba persiste hasta la fijación de la audiencia de debate oral y público (artículo 359 del C.P.P.N.) -el subrayado me pertenece-.

c) Ahora bien, teniendo presente lo expuesto corresponde señalar que en el caso de autos de fs. 23.675 surge que con fecha 9 de abril de 2013 fue designada audiencia de debate oral y público para el día 12 de agosto de 2013 a las 10:00 horas y más allá de que luego fuera diferida su realización, ello resulta un límite temporal perentorio para la presentación de los pedidos de suspensión del juicio a prueba efectuados posteriormente a dicho acto procesal, por lo que, la “probation” concedida oportunamente a los imputados resulta formalmente improcedente (cfr. pedidos de fs. 23.711/23.713 vta. respecto de M. J. G., de fs. 23.805/23.810 vta. respecto de D. R. B., de fs. 23.853/23.866 respecto de J. A. M., de fs. 23.867/23.880 respecto de C. F. T., de fs. 23.957/23.959 vta. respecto de R. L. L., de fs. 24.102 respecto de M. C. A., de fs. 24.103 respecto de A. R. L., de fs. 24.104 respecto de E. E. R., de fs. 24.105 respecto de M. D. L., de fs. 24.106 respecto de J. S. A., de fs. 24.107 respecto de G. J. C., de fs. 24.114/24.115 vta. respecto de C. A. A., de fs. 24.147/24.156 respecto de M. S. A., de fs. 24.190/24.193 respecto de S. M. R. y L. E. R. y de fs. 24.214 y vta. respecto de A. A. G.).

En respuesta al planteo de la defensa estadual efectuado a fs. 128 vta. (punto VI) durante el término de oficina, en el que en forma inmotivada alega una supuesta violación al plazo de razonable de juzgamiento, cuadra contestar que en tanto el mismo carece de fundamentación suficiente debe ser rechazado de plano.

Respecto a la aseveración realizada por la defensa de M. J. G. en sus breves notas glosadas a fs. 141/144 vta., también referida a una presunta vulneración de la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable, corresponde responder que el impugnante no consigue demostrar cual sería la contradicción existente entre el plazo que su pupilo se encuentra sometido a proceso y los lineamientos expuestos por nuestro más Alto Tribunal en el precedente “Aguad”, por lo que, a mi entender el planteo debe ser desestimado de plano.

En orden al planteo de inconstitucionalidad deducido por la defensa de C. A. A. a fs. 156 y vta, no cabe efectuar ninguna consideración, toda vez que fue realizado en forma extemporánea (cfr. constancias de fs. 155 y 157 y cargo de fs. 156 vta.).

De otra parte, la forma en que propongo que se resuelva el recurso de casación en examen me exime de efectuar cualquier consideración en relación a los demás agravios traídos a consideración de esta Sala.

Por lo expuesto, propongo al acuerdo:

I) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 22/40 de este legajo por los doctores F. M. M. por la D.G.A. y L. G. B. por la D.G.I, pertenecientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el patrocinio letrado de la Dra. Daniela Pared Mella, REVOCAR la resolución glosada a fs. 1/20, debiéndose rechazar las solicitudes de suspensión del juicio a prueba presentadas y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que proceda con arreglo a lo aquí dispuesto, SIN COSTAS (arts. 470, 530 y 531 -última parte- del Código Procesal Penal de la Nación).

II) TENER PRESENTES las reservas del caso federal efectuadas oportunamente por las partes.

Así mi voto.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

I.Con carácter preliminar, razones de orden lógico imponen considerar el señalamiento efectuado por la defensa de M. J. G. en su presentación de breves notas (C.P.P.N., arts. 465 -último párrafo y 468, cfr. fs. 141/144) con respecto a la contradicción existente entre el tiempo que su asistido lleva sometido a proceso y la postura asumida por la C.S.J.N. in re “Aguad” por aplicación de las consideraciones vertidas in re “Egea”.

Sobre el particular, la defensa no ha demostrado que la duración del presente proceso haya resultado irrazonable, pues en dicha materia no existen plazos automáticos o absolutos y la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa P. 1991, L. XL, "Paillot, Luis María y otros s/contrabando", rta. el 01/04/08). Correlativamente, tampoco ha demostrado la existencia de sustancial analogía entre el precedente invocado y el caso sometido a examen.

II. En orden a la admisibilidad formal del recurso de casación interpuesto en autos por la parte querellante (A.F.I.P.), corresponde estar a lo resuelto por esta Alzada a fs. 78/79 del presente incidente (C.F.C.P., Sala IV, causa CFP 6082/2007/TO1/8/RFI, “S. A., M. y otros s/recurso de queja”, reg. nro. 1225/14, rta. el 23/06/14).

Por lo demás, cabe agregar que las querellas constituidas en autos se encuentran legitimadas para recurrir la concesión de la suspensión del juicio a prueba dispuesta por el tribunal anterior, en virtud de los fundamentos expuestos sobre el particular por mi distinguido colega, doctor Gustavo M. Hornos, en ocasión de pronunciarse en el caso “Ugolini” de esta Sala IV; fundamentos con los que coincido y a los que cabe remitir por razones de brevedad (C.F.C.P., Sala IV, causa nro. 8894, caratulada “Ugolini, Adriano s/recurso de casación”, reg. nro. 10.749, rta. el 23/07/08).

Ello es así, toda vez que el reconocimiento de su legitimación legal para actuar en juicio (art. 82 del C.P.P.N.) involucra, al amparo de la garantía constitucional del debido procesal legal (art. 18 de la C.N.), el derecho a recurrir el auto impugnado en su calidad de acusador privado para hacer efectivo su derecho a una tutela judicial efectiva que, en la especie, se ejerce a través de la petición del derecho a obtener una sentencia judicial fundada en un juicio previo.

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de afirmar que “La garantía constitucional de la defensa en juicio impone la posibilidad de recurrir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia (Fallos: 276:157; 281:235 y 303:2063) [reconociendo] que todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución. No se observa, en efecto, cuál puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de su derecho -así fuere el de obtener la imposición de una pena- y el de quien se opone a tal pretensión, puesto que la Carta Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera que sea la naturaleza” (C.S.J.N. in re “Santini”, S.401.XXXIV, “Santini, Angelo y otra s/su solicitud por denegación de justicia en la causa nº 27.480 ‘González, Alejandra Valentina s/homicidio culposo'", rta. el 03/12/1998).

En tales condiciones, conforme fuera señalado, cabe reconocer la legitimación de la querella para impugnar la concesión de la suspensión del juicio a prueba por el medio intentado (art. 460 del C.P.P.N.).

III. En cuanto a la oportunidad en que las solicitudes de suspensión de juicio a prueba fueron formuladas, como he sostenido en oportunidades anteriores, el tiempo procesal oportuno para presentarlas precluye con el inicio de la audiencia de debate (cfr. en lo pertinente y aplicable C.F.C.P., Sala IV, causa Nro. 14.758, “Trulli, Marcelo José s/recurso de casación”, Reg. Nro. 197/12, rta. el 02/03/12; causa Nro. 440/2013, “Bustos, Marcelo Alejandro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2100/13, rta. el 28/10/2013; causa Nro. 15.496, “Araya, César Edgardo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2412/13, rta. el 10/12/2013; Sala III: causa Nro. 16.363, “Rodríguez, Rubén A. s/recurso de casación”, Reg. Nro. 597/13, rta. el 29/4/2013; causa Nro. 215/13, “Pastrana, Pablo Cirilo s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2107/2013, rta. el 7/11/2013; causa Nro. 372/13, “Sánchez Costa, Daniel Andrés s/recurso de casación”, Reg. Nro. 2290/13, rta. el 22/11/2013; entre otros).

En el sub examine, no puede ser soslayado que las solicitudes de suspensión de juicio a prueba fueron deducidas con anterioridad a que tuviera inicio la audiencia de debate. En efecto, el tribunal anterior fijó fecha de inicio del debate para el 12 de agosto de 2013 (fs. 23.675), la que luego difirió para el 26 de noviembre de 2013 (fs. 23885/23888) y finalmente designó audiencia en los términos del art. 293 del C.P.P.N. a ser realizada previo a celebrar el debate el mismo 26 de noviembre de 2013. Por su parte, las solicitudes de suspensión del juicio datan -lógicamente- de fecha anterior a la recién indicada (cfr. pedido obrante a fs. 23.711/23.713 respecto de M. J. G. de fecha 25/04/13; pedido obrante a fs. 23.805/23.810 vta. respecto de D. R. B. de fecha 19/06/13; pedido obrante a fs. 23.853/23.866 respecto de J. A. M. de fecha 29/07/13; pedido obrante a fs. 23.867/23.880 respecto de C. F. T. de fecha 29/07/13; pedido obrante a fs. 23.957/23.959 respecto de R. L. L. de fecha 26/08/13; pedido obrante a fs. 24.102 respecto de M. C. A. de fecha 3/10/13; pedido obrante a fs. 24.103 respecto de A. R. L. de fecha 3/10/13; pedido obrante a fs. 24.104 respecto de E. E. R. de fecha 3/10/13, pedido obrante a fs. 24.105 respecto de M. D. L. de fecha 3/10/13; pedido obrante a fs. 24.106 respecto de J. S. A. de fecha 3/10/13; pedido obrante a fs. 24.107 respecto G. J. C. de fecha 3/10/13; pedido obrante a fs. 24.114/24.115 vta. respecto de C. A. A. de fecha 7/10/13; pedido obrante a fs. 24.147/24.156 respecto de M. S. A. de fecha 9/10/13; pedido de fs. 24.190/24.193 respecto de M. R. y de L. E. R. de fecha 25/10/13 y pedido obrante a fs. 24.214/24.214 vta. respecto de A. A. G. de fecha 7/11/13; todos ellos obrantes en las actuaciones principales).

En consecuencia, no resulta objetable la oportunidad en que fueron efectuados los pedidos de las defensas, tal como además estiman los propios recurrentes.

IV. Abocado al tratamiento de motivos de agravio expuestos en el recurso interpuesto en autos, cabe recordar sucintamente las características de los hechos investigados en autos como también las circunstancias que rodearon su comisión.

En este sentido, según surge del auto de elevación a juicio obrante a fs. 21079/21137, se “...investigan en autos los hechos llevados adelante por el llamado Grupo Piana, cuyos integrantes montaron y utilizaron una estructura empresarial a los fines de defraudar al Estado Nacional mediante la simulación de cadenas de operaciones comerciales entre empresas, en las que determinadas firmas figuraban realizando supuestos trabajos sobre productos que luego se destinaban a la exportación. De este modo, aprovechando el régimen de beneficios que para las exportaciones preveía la ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA- (...) lograban que el ente fiscal les otorgue reintegros de impuestos que en realidad nunca habían ingresado a las arcas del Estado.

De acuerdo a la normativa señalada, en toda operación comercial el proveedor debe facturar a su cliente un monto total, que comprende el correspondiente al trabajo realizado y un porcentaje sobre ese monto (...) en concepto de retención por el Impuesto al Valor Agregado que esa operación genera, debiendo este último monto ser ingresado al ente fiscal por el proveedor, siendo que en la práctica el aporte del tributo se efectúa previa compensación entre este débito fiscal con el crédito fiscal que surge de los montos que aquel a su vez abonó a sus propios proveedores por este mismo concepto en sus operaciones de compra. Así, el Estado Nacional percibe el correspondiente tributo que se impone en concepto de IVA.

En el caso de las empresas que destinan a la exportación los productos que adquirieron a sus proveedores, ellas pueden solicitar a la DGI el reintegro del total del monto abonado a sus proveedores en concepto de impuesto al valor agregado, puesto que no pueden trasladárselo al comprador del exterior (...)

...los montos correspondientes a los recuperos debieron haber sido abonados al Estado por la cadena de proveedores de tales productos y la maniobra defraudatoria consistió básicamente en haber montado una estructura empresarial dirigida a defraudar al Estado Nacional, mediante la cual se simularon operaciones comerciales entre empresas en relación a productos que luego se destinarían a la exportación. A través de estas operaciones simuladas se inflaban los precios de los productos y se generaban a favor de las firmas exportadoras un crédito fiscal originado en el monto que su proveedor directo le facturó en concepto de impuesto al valor agregado y que la exportadora no podía trasladar al comprador en el exterior, por lo que acreditada que fuera esa cantidad ante la DGI, era luego reintegrada al exportador.

En ese sentido, se acreditó que en realidad las operaciones comerciales mencionadas no habían sido llevadas a cabo, por lo cual siendo que los montos que la DGI reintegraba en concepto de créditos fiscales nunca habían sido previamente ingresados al fisco por las empresas con las que el exportador manifestó haber entablado aquellas operaciones, se hizo incurrir al Estado Nacional en una disposición patrimonial indebida.

(...) la mayoría de las sociedades compensaba el débito fiscal que le generaba su abultada facturación de venta a las empresas del Grupo Piana, con constancias de compras a otras firmas que figuraban como sus subproveedores y a quienes se habría subcontratado trabajos. Sin embargo, al ser verificados estos encargados por el organismo impositivo, resultaron en algunos casos empresas inexistentes, en otros carecían de actividad o sino cuando la tenían demostraron no haber efectuado el trabajo que se les imputaba.

Por otra parte (...) el paso siguiente en la operatoria era la exportación de los productos a empresas del exterior, encontrándose documentadas en la causa importantes transferencias de divisas por orden de esas empresas del exterior hacia Casa Piana y Gemmodesign, y la vuelta de ese dinero a las mismas firmas o a sus vinculadas en concepto de supuestos servicios de marketing.

(...) la maniobra continúa cuando el crédito fiscal obtenido a partir del régimen especial de recupero (...) es reintegrado por la Dirección General Impositiva, ya sea por vía directa de devolución a la empresa exportadora o por vía indirecta a través de la transferencia de dicho crédito a un tercero, que en todos los casos resultó ser el Banco de Quilmes.

De este modo (...) la firma Casa Piana S.A. obtuvo reintegros ilegítimos en el período comprendido entre los meses de noviembre de 1993 a febrero de 1995, al tiempo que otra empresa del grupo, Gemmodesign S.A., los obtuvo entre los meses de enero a marzo de 1995, lo que significó en conjunto un perjuicio estimado para el fisco de un monto superior a los diecinueve millones de pesos...”.

Así, se tuvieron por acreditados en autos la comisión de diecinueve (19) hechos defraudatorios y se atribuyó a los imputados beneficiados por el instituto de la suspensión del juicio a prueba -según la situación particular de cada uno de ellos- los delitos de asociación ilícita y de defraudación contra la administración pública.

La reseña efectuada precedentemente permite advertir que en el caso bajo examen se investiga maniobras con un alto grado de complejidad, en la que se encontrarían involucrados tanto representantes del sector empresarial como funcionarios públicos; maniobras que derivaron en la comisión de números hechos fraudulentos en perjuicio del erario público, cuya extensión en modo alguno puede ser soslayada (superior a los diecinueve millones de pesos).

Dichos extremos permiten sustentar que los hechos atribuidos en la encuesta pueden ser calificados como graves, lo que otorga relevancia al momento de examinar la eventual procedencia de una condenación de ejecución condicional a tenor del art. 76 bis, cuarto párrafo, del C.P., aplicable al caso de autos.

En efecto, si bien el mínimo de la escala penal computable no impide -de modo liminar- el eventual dictado de un pronunciamiento condenatorio de ejecución en suspenso (C.P., arts. 26 y 76 bis, cuarto párrafo) conforme la tesis amplia consagrada por el Máximo Tribunal de la Nación in re “Acosta” (Acosta, Alejandro Esteban s/infracción art. 14, 11 párrafo, ley 23.737 -causa Nro. 28/05-, A.2186 XLI., rta. el 23/04/08), lo cierto es que dicho presupuesto debe ser ponderado conjuntamente con las circunstancias concretas del caso a tenor de las pautas mensurativas previstas en los arts. 40 y 41 -inc. 1º- del digesto sustantivo; valoración que, en el sub examine, aconseja la realización del juicio para determinar la participación, responsabilidad y eventual sanción que pudiera corresponderles a cada uno de los imputados.

V. Por último, con respecto a la operatividad en el caso del art. 76 bis, séptimo párrafo, del C.P, las querellas calificaron de arbitrario al pronunciamiento impugnado toda vez que, a su entender, se encuentra acreditado que en la maniobra objeto de investigación habrían intervenido funcionarios públicos. En sustento de su postura, dichos acusadores expusieron diversos extremos, entre otros, el contenido de las declaraciones brindadas por E. J. P., V., G. y A. A.

En este sentido, se advierte que la discordancia temporal apuntada por el a quo entre la fecha de designación de M. C. A. y G. J. C. como funcionarios públicos (marzo de 1994) y el inicio de las maniobras investigadas en autos (noviembre de 1993), carecen de entidad suficiente -al menos en esta etapa del proceso- para descartar que los nombrados hayan intervenido en ejercicio de funciones legalmente asignadas.

En efecto, y sin perjuicio del acotado marco de discusión de la suspensión del juicio a prueba, si bien resulta acertado que los nombrados habrían sido designados en sus cargos con posterioridad a que tuvieran inicio la maniobra atribuida, no es menos cierto que los hechos imputados habrían tenido lugar a lo largo del período comprendido desde inicios de 1993 a mediados de 1995 (cfr. requerimiento fiscal de elevación a juicio parcial obrante a fs. 20.658/20.809 vta.), razón por la cual no puede descartarse certeramente que los causantes pudieran haber intervenido -tras su designación- mientras ejercían funciones legalmente asignadas. Recuérdese que J. G. C. y M. C. A. fueron designados en fecha 21 de marzo de 1994, en los cargos de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales y Subsecretrario de Relaciones Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, respectivamente.

En igual sentido, y sin perjuicio del acotado marco de discusión de la suspensión del juicio a prueba, corresponde descartar el argumento sostenido por el a quo en lo referente a la supuesta contradicción entre el aporte imputado a C. y A. (en su carácter de funcionarios con influencias políticas) y el rol asignado a S. y P. (quienes habrían tenido un vasto control sobre varios puntos neurálgicos de la asociación ilícita) en el requerimiento de elevación a juicio.

En efecto, por la resolución recurrida no se señala, ni aquí se advierte, razones concretas por las cuales el rol asignado a S. y P. autorice a excluir como hipótesis que los imputados C. y A. hayan intervenido en los hechos aprovechando las funciones inherentes a los cargos gubernamentales que detentaron.

Por último, los jueces de a quo meritaron las declaraciones testimoniales de M. del P. F., M. I. M. y P. R. S. para descartar que los aportes endilgados a los causantes hayan tenido génesis en el ejercicio de funciones públicas.

Sobre el particular, el tribunal tuvo en cuenta que F. declaró haber visto a C. asistir a reuniones para entrevistarse con P. y a veces con S. o ambos, pero desconoció los motivos de ello. También trajo a cuenta que la nombrada, con respecto a A., indicó haberlo visto una menor cantidad de veces y que éste iba con C. Por otra parte, valoró que la indicada F. si bien manifestó haber trabajado con C. en un informe o documento para ser presentado en Economía, ello tuvo lugar poco antes que aquél fuera nombrado funcionario.

En relación a la testigo S., el a quo consideró que su testimonio permite vislumbrar que el asesoramiento que habrían prestado C. y A. fue realizado a nivel privado, como así también la existencia de ciertas vinculaciones sociales impuestas por razones de cortesía propias del mundo empresarial y profesional.

Ahora bien, el examen sobre tales elementos de prueba resulta propio de la discusión fáctico-jurídica que pudiera corresponder en el marco del debate oral y público, pues éste constituye el escenario propicio a tal efecto con sujeción a las formas sustanciales del proceso penal.

Sin perjuicio de ello, acotado al análisis sobre la eventual aplicación al caso del art. 76 bis, séptimo párrafo, del C.P., corresponde señalar que dichos extremos permitirían inferir -en todo caso- la eventual existencia de vínculos de C. y A. con P. y S., pero no descartar la intervención de los encausados con aprovechamiento de sus funciones, tanto más cuando existen otros extremos que podrían avalar dicha hipótesis (por ejemplo, la declaración de E. J. P., entre otros).

En estas condiciones, cabe concluir que -en el estado actual del proceso- no puede ser desechada la participación de M. C. A. y G. J. C. en los hechos objeto de investigación en base al ejercicio de funciones legalmente conferidas. Consecuentemente, resulta de aplicación al sub iudice la exclusión prevista en el art. 76 bis -séptimo párrafo- del C.P.

Para finalizar, no pasa por alto que la defensa de C. A. A. planteó, en su presentación de fs. 156/156 vta., la inconstitucionalidad del precepto normativo recién citado para el caso en que fuera resuelta su operatividad en el sub iudice. Sin embargo, atento los fundamentos expuestos en el punto IV de esta ponencia (que dan suficiente sustento al rechazo de la suspensión del juicio a prueba solicitada) y más allá de la extemporaneidad de la presentación (cfr. constancia de fs. 155 y cargo de fs. 156 vta.), resulta insustancial brindar tratamiento al planteo efectuado.

VI. Por los fundamentos que anteceden, propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 22/40 por la parte querellante, revocar la resolución recurrida en cuanto fue materia de impugnación y rechazar las solicitudes de suspensión del juicio a prueba presentadas, debiéndose remitir la causa al tribunal de origen para que continúe con la sustanciación del presente proceso. Sin costas en la instancia (530 y 531, CPPN). Tener presente la reserva de caso federal efectuada por las defensas.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Concuerdo en primer término con las consideraciones efectuadas en el voto precedente en cuanto propicia en el punto I. el rechazo del planteo realizado por la defensa de M. J. G. a fs. 141/144, por lo que adhiero a la solución allí propuesta.

II. En segundo lugar, y en cuanto a la legitimación de la parte querellante para recurrir ante esta instancia la resolución por la que se concede la suspensión del juicio a prueba de los encausados, también adhiero al voto precedente con remisión a las consideraciones que en el sentido referido por el doctor Mariano Hernán Borinsky tuve oportunidad de efectuar en el precedente “Ugolini” de esta Sala IV, ya citado en dicha ponencia, al que me remito por razones de brevedad.

III. También adhiero al voto anterior en cuanto a que las solicitudes de suspensión del juicio a prueba han sido oportunamente presentadas.

En efecto, como ya he tenido oportunidad de señalar en numerosas ocasiones, el instituto de la suspensión del juicio a prueba es un instrumento introducido por el legislador para evitar la realización del juicio cuando se satisfacen los presupuestos fijados en la ley porque, bajo ciertas condiciones que deben cumplirse, la necesidad de realización del juicio y del pronunciamiento de una sentencia no subsiste. En base a ello, y ante la falta de disposición expresa en contrario, no se advierten los motivos legales que obsten a la posibilidad de promover la suspensión del proceso hasta el mismo día señalado para la realización de la audiencia, mientras no se haya abierto el debate (cfr. causa 8387 del registro de la Sala II de esta Cámara, “Irurzún, Daniel Edmundo y otros s/ recurso de casación”, rta. el 17/7/2008, citada en causa nro. 5365, reg. nro. 11.971 de esta Sala IV, rta. el 30/6/2009, caratulada “Norverto, Jorge Braulio s/ recurso de casación”).

El criterio aplicado se condice, asimismo, con las pautas sentadas por el Alto Tribunal en el precedente “Acosta” (causa A.2186 XLI. rta. el 23/04/08) que imponen privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al individuo frente al poder estatal.

IV. Sentado ello, he de señalar que ya he tenido oportunidad de señalar que el dictamen fiscal sobre el pedido de suspensión del juicio a prueba no resulta de carácter vinculante (cfr. causa Nro. 10.858, “SOTO GARCÍA, José María y otros s/recurso de casación”, rta. el 12/08/09, Reg. Nro. 12.100), en tanto el órgano judicial siempre debe analizar de manera independiente la concurrencia de las condiciones legales de admisibilidad y procedencia del instituto, a los fines de efectuar el control de legalidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal que imponen los artículos 69, 123 y ccdtes. del C.P.P.N., lo cierto es que en el sub judice el Tribunal de la instancia anterior enmarcó, por mayoría, su actuación dentro de los parámetros referidos al efectuar un adecuado control de legalidad del dictamen fiscal.

Ello así, pues el predominio de las características acusatorias de nuestro proceso penal (conf. art. 120 de la C.N.) no puede llevarnos a consagrar una actuación decisoria del fiscal, sino que su potestad debe entenderse circunscripta a la adopción de una postura frente al caso desde su rol de parte, si bien revestida de cierta ecuanimidad y siempre ceñida a la determinación legal de los criterios de admisibilidad de la suspensión del proceso a prueba.

Así, si bien el artículo 5 del digesto ritual establece que el ejercicio de la acción penal no puede “suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley”, no es menos cierto que el artículo 65 del mismo cuerpo consagra el principio según el cual “el ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley”. De modo que si la facultad denegatoria que en última instancia recae sobre el órgano judicial, es entendida sólo como un segundo control de legalidad, dicha intervención constituye un control razonable que no desnaturaliza la potestad del fiscal requirente (cfr. en similar sentido mi voto en la causa nro. 897 “LIRMAN, Roberto s/recurso de casación, Registro n° 1594.4, rta. 23/11/03 y sus citas).

En otras palabras, entiendo que describir al dictamen fiscal como “vinculante”, soslaya el hecho de que existen limitaciones legalmente impuestas -v.gr., los requisitos de procedencia y admisibilidad estipulados en el art. 76 bis del C.P.- dentro de las cuales la actuación del Ministerio Público Fiscal debe estar circunscripta, y cuya observancia, logicidad y adecuación a las circunstancias del caso concreto, corresponde controlar al órgano jurisdiccional mediante el rechazo, cuando correspondiera, de aquellos dictámenes fiscales que se apartaran de las prescripciones legales, ya sea por introducir requisitos que la ley no prevé o por omitir considerar aquellos que sí forman parte del ordenamiento jurídico. Ello, entiendo, es una consecuencia necesaria del esquema de estricta separación funcional entre fiscales y jueces (Fallos 327:5863, "Recurso de hecho deducido por el fiscal general de la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa Nº 4302", rta. el 23/12/2004).

V. Ahora bien, ingresando al estudio de los cuestionamientos planteados en el recurso interpuesto, debo dejar aclarado que las consideraciones que desarrollaré a continuación corresponden a la postura que he venido sosteniendo a lo largo de la deliberación, pero que al haber sido sorteado para emitir mi voto en tercer lugar se presentan ahora como reiterativas de las expresadas en el voto anterior.

Cabe comenzar por recordar que cierto es que el instituto de la suspensión del juicio a prueba apunta al cumplimiento de aquellos principios superiores que postulan un derecho penal de ultima ratio y mínimamente intenso en pos de la resocialización, para el caso de delincuentes que hayan cometidos delitos leves.

Que, asimismo, y como lo ha considerado el tribunal de a quo, en razón del concurso de delitos cuya comisión se les atribuye a los encausados, en los respectivos casos, el mínimo de la escala penal aplicable permitiría, así en abstracto considerada, la aplicación de una pena de ejecución condicional en los términos del artículo 26 del código de fondo.

Sin embargo, cabe recordar que el cuarto párrafo del artículo 76 bis del C.P., se refiere a las hipótesis en las cuales “las circunstancias del caso permitan dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable”, por lo que no basta la mera constatación de que el mínimo de la escala penal legalmente prevista para el delito o concurso de delitos de que se trate no supere los tres años de prisión. Antes bien, ese dato, ponderado en forma aislada de la concreta gravedad de lo hechos cuya comisión se le atribuye a los encausados y de las restantes pautas contenidas en los artículos 40 y 41 del C.P., en modo alguno resulta suficiente para concluir acerca de la procedencia, del instituto de la suspensión del juicio a prueba.

En relación a este punto, no puede olvidarse que los delitos que se investigan en este proceso no son leves, ...en tanto se trataría de una organización compleja conformada por diversas empresas, con la participación de funcionarios públicos, que habría tenido como objetivo la defraudación al fisco, y que, además, efectivamente habría cometido diversas maniobras defraudatorias que tuvieron como consecuencia un perjuicio millonario al erario público.

Cobra relevancia, entones, la sustancial evaluación formulada por la parte querellante en cuanto a que las caracteristicas propias de las conductas que se les imputan a los encausados no puede ser ignorada para alcanzar la solución más adecuada al caso, pues, cierto es que la gravedad concreta de los hechos juzgados no puede ser soslayada en el análisis reclamado.

En efecto, corresponde en este punto recordar que se investigan en este proceso los hechos cometidos por el que fuera llamado “Grupo Piana”, cuyos integrantes, en términos generales, montaron y utilizaron una estructura empresarial a los fines de defraudar al Estado Nacional mediante la simulación de cadenas de operaciones comerciales entre empresas, en las que determinadas firmas figuraban interviniendo en ese proceso de comercialización de determinados productos que luego eran exportados; aprovechándose, fraudulentamente, del régimen de beneficios que para las exportaciones preveía la ley del Impuesto al Valor Agregado, logrando que el ente fiscal les otorgara reintegros de impuestos que en realidad nunca habían ingresado a las arcas del Estado. Precisamente, a través de las operaciones simuladas se creaban falsamente o “inflaban” los precios de los productos, generándose a favor de las firmas exportadoras un crédito originado en el monto que el proveedor directo facturaba -simuladamente- en concepto de I.V.A. y que la exportadora no podía trasladar al comprador en el exterior, por lo que luego de acreditada ante la DGI esa cantidad -de modo fraudulento-, era luego reintegrada al exportador; cuando en realidad esas sumas nunca habían ingresado al fisco, por lo que no podían integrar créditos fiscales.

En cuanto a la fase de exportación del producto, surge del pertinente auto de elevación de la causa a juicio, que se encuentran documentadas en la causa importantes transferencias de divisas por orden de las empresas del exterior hacia Casa Piana y Gemmodesign, y la vuelta de ese dinero a éstas empresas, o sus vinculadas, en concepto de supuestos servicios de marketing (cfr. fs. 21080/21081).

Finalmente, como se dijo, la maniobra continuaba cuando el crédito fiscal obtenido a partir del régimen especial de recupero establecido por el artículo 41 de la ley de I.V.A. (Nº 23.349 y su modificatoria), era reintegrada por la Dirección General Impositiva, ya sea por vía directa de devolución a la empresa exportadora o por vía indirecta a través de la transferencia de dicho crédito a un tercero, que en todos los casos resultó ser el Banco de Quilmes (según también se consigna en el auto de elevación a juicio).

Que como resultado de esas maniobras fraudulentas la firma Casa Piana S.A. obtuvo reintegros ilegítimos en el período comprendido entre los meses de noviembre de 1993 a febrero de 1995, y la otra empresa del grupo Gemmodesign S.A. los obtuvo entre los meses de enero a marzo de 1995, lo que habría significado para el fisco un perjuicio aproximado, según entonces se evaluó, superior a los diecinueve millones de pesos.

Se precisó que así se perpetraron 19 hechos de fraude al Fisco Nacional (16 maniobras respecto de Casa Piana, y 3 en relación a Gemmodesign S.A.).

Los encausados fueron imputados por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública cometido en varias oportunidades, según los casos, y otros sólo en orden a los delitos de defraudación a la administración pública.

Es decir que a los fines de evaluar la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba a su respecto, no puede ignorarse la entidad de los hechos que se les imputan que han consistido, se reitera, en la conformación de una asociación ilícita con una organización económica compleja destinada a cometer maniobras de defraudación al fisco nacional de gran envergadura, y, además, en la concreción de numerosos hechos de fraude que implicaron un perjuicio millonario al fisco nacional. Delitos en los que, asimismo, tomaron participación diversas empresas y personas físicas, además, pertenecientes a determinados sectores políticos, como lo sería el caso de G. J. C. y M. A., quienes, durante parte del tiempo en el que se desarrollaron los delitos mencionados se desempeñaban como Secretario de Relaciones Exteriores y Culto y luego Secretario de Relaciones Económicas (C.) y como Subsecretario de Relaciones Comerciales (A.). Que estos últimos, en términos generales, habrían actuado como asesores técnicos en orden a la legislación Argentina en materia de comercio exterior y a las facilidades para engañar a las autoridades, teniendo incluso una secretaria en Casa Piana S.A. y recibiendo honorarios por su tarea; utilizando sus conocimientos técnicos para que se lleven a cabo los hechos defraudatorios denunciados, y tomando directa intervención en los mismos -aún luego de haber sido designados como funcionarios públicos-).

En cuanto a este último aspecto del factum juzgado en el auto de elevación de la causa a juicio se consignó que las tareas de “lobby” de los nombrados fueron clave para desarrollar las defraudaciones y para realizar modificaciones si surgían cambios en el gobierno que podían dañar el negocio; siendo que sus honorarios por los trabajos de asesoramiento se habrían mantenido en la medida en que los reintegros continuaran, existiendo, en consecuencia, una relación directa entre los hechos concretos, la función que detentaban y el cobro de honorarios.

En este escenario, se presenta razonable concluir que la entidad cualitativa y cuantitativa de los delitos investigados e imputados a los encausados de que se trata, que, como se dijo, han estado caracterizados por el montaje de un complejo engranaje empresarial y fraudulento, de dimensiones inusitadas, en perjuicio del erario público, que sufrió un menoscabo valuado en cifras millonarias, definen la improcedencia del instituto en estudio, en orden a la necesidad de ventilar probatoriamente y determinar en un juicio oral y público, y en su caso, cuáles y cómo han sido cometidos aquéllos específicos fraudes contra el fisco nacional, mediante qué precisas maneras fueron ejecutados y quiénes tomaron participación en los mismos, deslindando las respectivas responsabilidades.

En íntima relación con el análisis efectuado, tampoco puede desconocerse que el artículo 76 bis del Código Penal establece que “No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado del delito”.

La política criminal delineada por el legislador ha establecido que si un funcionario público se aprovechó de la especial situación en la que se encuentra por su actividad para cometer un hecho delictivo mediante el abuso de poder en el desempeño de legítimas funciones atribuidas, tal imputación no debe ser excluida de alcanzar una decisión de mérito final.

Ello así, no sólo por cuanto el mayor compromiso del funcionario público en el ejercicio de sus facultades conlleva, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas, sino porque existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos, lo que genera la necesidad de concluir en una resolución de mérito respecto del presunto delito investigado.

La improcedencia del instituto en análisis se extiende en relación a quienes no revisten la calidad de funcionarios públicos, pero que hayan participado del delito en el que el funcionario público también lo hizo (cfr. mi voto en la causa “Feijoo, Ariel y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4 de noviembre de 2009; “Minazzoli, Alberto s/recurso de casación”, causa Nro. 542/2013, Reg. Nro. 2098/13 de esta Sala IV, rta. el 28 de octubre de 2013; y “Bonomi, Raúl Carlos s/ recurso de casación”, causa Nro. 16.185, Reg. Nro. 826/14 ).

En efecto, ya he sostenido que no procede la concesión del beneficio solicitado, en virtud de que el artículo 76 bis del Código Penal veda esa posibilidad cuando en el hecho pesquisado intervinieron funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, situación que, en virtud de la clara letra de la ley, también comprende a los particulares que hubiesen tomado participación junto con aquéllos, en tanto la norma no efectúa distinción alguna al efecto.

Es que, la normativa no dispone que no se concederá la suspensión del proceso a prueba a los funcionarios públicos que hubiesen participado en el delito en el ejercicio de sus funciones, sino que “No procederá la suspensión cuando un funcionario público... hubiese participado en el delito' en el ejercicio de sus funciones”.

Esta decisión del legislador en el ámbito de la política criminal, se vincula con el principio de oportunidad, en cuanto le corresponde determinar en qué caso se impone la realización del juicio para determinar de modo definitivo y público, si se ha cometido un delito y si alguien debe responder por él.

Asimismo, en los citados precedentes “Minazzoli” y “Bonomi”, también he dicho que: “...es de remarcar que el verdadero sentido de la norma es no conceder la probation a aquellos casos en los que se investiga la comisión de un presunto delito en cuya comisión hubiere intervenido un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Así pues, lo relevante es la íntima vinculación del obrar investigado con el desempeño de las funciones públicas por parte del sujeto, en ese momento, pues, en definitiva, el interés delineado por el legislador es alcanzar un pronunciamiento de mérito respecto del hecho denunciado, y no simplemente que el funcionario investigado no continúe revistiendo funciones.

Ahora bien, para descartar la aplicación al caso de la normativa reseñada, los señores jueces dotaron a la decisión ahora cuestionada de una fundamentación que resulta por demás insuficiente para así concluirlo; falencia que es compartida por el dictamen fiscal favorable presentado en relación a este aspecto del análisis realizado.

En efecto, consideró el tribunal que el valladar previsto en la citada disposición se aplica cuando se comprueba que el delito fue cometido en función del cargo que tenía el funcionario público, aprovechando esa injerencia o predominio en el ámbito de la administración pública.

Pero lo cierto es que la evaluación probatoria que se realizó en el acotado ámbito de la cuestión relativa a la procedencia del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, además de prematuro, no basta para concluir, como se hizo, que tanto C. como A., “en nada influyeron ni tuvieron injerencia con respecto al cargo público que ostentaban” (cfr. fs. 10 del presente legajo).

En primer lugar, el dato de que los hechos comenzaron a ejecutarse en el año 1993, cuando las designaciones como funcionarios públicos de los nombrados fueron en el año 1994, en modo alguno resulta dirimente para extraer la conclusión relativa a la imposibilidad de que hubieran cometido los delitos que se les endilgan en el ejercicio de las funciones públicas que desempeñaban. Es que, las conductas delictivas de que se trata, según la imputación formulada, fueron cometidas entre los meses de noviembre de 1993 a febrero de 1995, por lo cual es lógico concluir que el mero dato de que ambos hubieran sido nombrados como funcionarios en un tiempo que sólo en parte -pero en un tiempo más que considerable porque ambos fueron nombrados a en marzo de 1994- fue contemporáneo, no autoriza a extraer con certeza, y menos en el acotado marco del análisis de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, el dato de que de la prueba no surge que hubieran intervenido en el ejercicio de las funciones que desempeñaban.

También resulta prematuro y por demás infundado calificar ahora de “meras conjeturas” el actuar imputado a Campbell en relación con el logro de contactos en el Ministerio de Economía, con base en una simple referencia a “la lectura de cuanto se consigna en los dos últimos párrafos de fs. 20.660 vta. de ese acto requirente” (en alusión al requerimiento fiscal de elevación a juicio), sin realizarse si quiera una mención específica de cuáles son los argumentos del Ministerio Público Fiscal que fueron así en abstracto señalados.

Las mismas falencias presenta el argumento relativo a que “el supuesto protagonismo de C. y su aporte dirigido a obtener apoyo gubernamental”, contrasta con la asignación a M. S. de un rol relevante en la asociación ilícita, en este aspecto. Esto pues no se advierte, ni explica el tribunal, la razón por la cual la circunstancia de que se le atribuya a éste “la articulación con un nivel organizativo superior, que le otorgó a la asociación ilícita un elevado soporte financiero e influencias y contactos políticos necesarios para desarrollar la maniobra ilícita” (con cita de la fs. 20.660), conlleve a descartar que el aporte de C. también haya estado dirigido a obtener ese apoyo en el gobierno, en pos facilitar la realización de los delitos investigados.

En definitiva, la cuestión en estudio, remite, necesariamente, al análisis exhaustivo de un plexo probatorio basto, que habilite a analizar con toda suficiencia cuál ha sido la conducta atribuida a quienes, en una parte considerable de las maniobras delictivas en las que participaron, según las imputaciones realizadas, ostentaron cargos públicos, y a quienes se les enrostraron conductas relacionadas con el ejercicio de la función pública que desempeñaban en ese tiempo. Fundamentación que, como se adelantó, no se ha realizado en la resolución impugnada, y que requiere de un examen fáctico que corresponde, más bien, al ámbito propio de un juicio oral y público, en el que pueda someterse la cuestión a un amplio debate entre las partes, y con sustento en las pruebas que allí se ventilen.

Las consideraciones precedentemente desarrolladas definen la improcedencia en el caso de la suspensión del juicio a prueba solicitada en relación a los imputados de que se trata.

Esta postura es la que mejor se armoniza con la interpretación que otorga mayor operatividad a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados parte por la “gravedad para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley” que plantea la corrupción.

En dicha normativa se han resaltado especialmente los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica -como lo es, claramente, la aquí imputada-, incluido el blanqueo de dinero.

A su vez, en el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, se precisó que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad.

En este marco no puede desconocerse -y especialmente respecto de las naciones en vías de desarrollo en los niveles de institucionalidad y de Estado Constitucional de Derecho- que el nivel de corrupción presente tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto con el sistema político, por lo cual el análisis a realizar no puede incurrir en una percepción ingenua y una mirada sesgada de la real dimensión de los hechos investigados y del fundamento y alcance del instituto cuya aplicación al caso se encuentra en cuestión, en tanto legislado como alternativa a la realización del juicio oral y a la consecuente sentencia sólo para el caso de delitos leves

En definitiva, corresponde en el caso que se establezca en un debate oral y público cómo sucedieron los hechos, determinando las responsabilidades de los imputados. En pos de lo cual la circunstancia de que algunos no lleguen a juicio en virtud de la suspensión del juicio a prueba a su respecto, podría debilitar dicho objetivo, menoscabando el nivel de eficacia en el logro del compromiso asumido por nuestro país para los casos de corrupción (Convención Interamericana contra la Corrupción -arts. VI, VIII, IX y XI, aprobada por la ley Nro. 24.759; y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la ley Nro. 26.097).

El análisis efectuado torna innecesario el estudio reclamado, relativo a la calificación legal que procede respecto de la imputación dirigida a M. S. A., en lo pertinente a si habría participado de los hechos en un rol de organizador o de miembro de la asociación ilícita imputada en autos; y conlleva también la necesidad de que sea el juicio oral el ámbito en el que se determine cuál ha sido el accionar concretamente desarrollado por S. A., así como el encuadre típico que, en su caso, le corresponda. Cuestiones que, como se dijo, exceden el acotado marco de la resolución pertinente a la procedencia del instituto de suspensión del juicio a prueba solicitado.

Finalmente, adhiero también a la propuesta efectuada por el doctor Borinsky en relación al planteo de inconstitucionalidad del artículo 76 bis -séptimo párrafo- del C.P. efectuado por la defensa de C. A. A. a fs. 156/ vta.

VI. En virtud de todo lo expuesto, propicio que se haga lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 22/40 por los doctores F. M. M., en representación de la D.G.A., y L. G. B., en representación de la D.G.I., con el patrocinio letrado de la doctora Daniela Pared Mella, que se revoque la resolución impugnada obrante a fs. 1/20, y que se rechacen las solicitudes de suspensión del juicio a prueba presentadas. Sin costas (arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).

En mérito al resultado habido en el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 22/40 de este legajo por los doctores F. M. M. por la D.G.A. y L. G. B. por la D.G.I, pertenecientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el patrocinio letrado de la Dra. Daniela Pared Mella, REVOCAR la resolución glosada a fs. 1/20, debiéndose rechazar las solicitudes de suspensión del juicio a prueba presentadas y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que proceda con arreglo a lo aquí dispuesto, SIN COSTAS (arts. 470, 530 y 531 -última parte- del Código Procesal Penal de la Nación).

II) TENER PRESENTES las reservas del caso federal efectuadas oportunamente por las partes.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, comuníquese (Acordada 15/13 de la C.S.J.N. y Lex 100). Remítase al tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

 

MARIANO HERNÁN BORINSKY

JUAN CARLOS GEMIGNANI

GUSTAVO M. HORNOS

 

  Correlaciones:

Domínguez, Eric Ariel y otro p.ss.aa. robo, etc. s/recurso de casación - Trib. Sup. Just. Córdoba - Sala Penal - 19/12/2013

 

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