Accion De Simulacion Alimentos Legitimacion Activa Subrogacion En Derecho De Cobro Madre Del Menor Derecho Alimentario

JURISPRUDENCIA

Acción de simulación. Alimentos. Legitimación activa. Subrogación en derecho de cobro. Madre del menor. Derecho alimentario

 

En el marco de una acción de simulación, se revoca la sentencia en cuanto había hecho lugar a la excepción de falta de personería, pues la madre está legitimada para la ejecución de la deuda por las cuotas de alimentos que se devengaron durante la minoridad del hijo, subrogándose en su respectivo derecho de cobro, porque ante tal situación, cabe presumir que ella -a falta de contribución del padre- anticipó lo necesario para atender las necesidades del menor.


 

 

En Santa Fe, el 11 de abril del año dos mil dieciséis, se reunió en acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada por los doctores ARMANDO L. DRAGO, ROBERTO H. DELLAMONICA y ABRAHAM L. VARGAS, para resolver los recursos de nulidad y apelación deducidos por la parte actora (fs. 263vta.) y por la codemandada E. S. (fs. 267) contra la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2012 (fs. 255/263vta.) dictada por el Señor Juez del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados “C., N. B. y OTROS c/ V., M. E. y OTROS s/ ORDINARIO” (CUIJ N° 21-00854368-9) . Acto seguido el Tribunal estableció el orden de votación conforme con el estudio de los autos doctores: Drago, Dellamónica y Vargas; y se planteó para resolver las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Son procedentes los recursos de nulidad?.

Segunda: En caso negativo ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?.

Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde?. A la primera cuestión, el Dr. Drago dijo:

Que la parte actora dedujo conjuntamente con el de apelación, recurso de nulidad (fs. 263vta.), pero al expresar sus agravios en esta instancia-concretamente N. B. C.- (fs. 295/296) no lo sostuvo en forma autónoma, y como tampoco se advierten oficiosamente vicios de entidad invalidante que justifique un pronunciamiento al respecto, corresponde su desestimación (arts. 125, 360, 361 y cc CPC y C).

Por su parte la codemandada E. S. planteó nulidad de todo lo actuado y que la sentencia fue dictada por juez incompetente, manifestando en esta instancia que la causa debería haberse tramitado desde su inicio en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Quinta Nominación porque en dicho Juzgado se tramitó el juicio sucesorio del codemandado H. M. V. (fs. 298). Según nuestra ley procesal para que el órgano jurisdiccional declare la existencia de vicios que originan sanción de nulidad y prive, consecuentemente, a un acto de sus efectos normales, tenemos: el incidente de nulidad, que es el medio idóneo y propio para incoar la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado durante la instancia; y el recurso de nulidad, que es un recurso ordinario de procedencia excepcional por medio del cual se peticiona al órgano jurisdiccional jerárquicamente superior al autor de la resolución recurrida, la invalidación de ésta por adolecer de vicios graves y dañosos, sea en sí misma -defectos de forma o en la construcción de la decisión- o en el procedimiento anterior a su dictado, o por haber sido pronunciada inoportunamente o en el sentido contrario a una prohibición legal (cfr. Baracat en "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y jurisprudencial", dirigido y coordinado por Peyrano - Vázquez Ferreyra, T. II, págs. 125 y sgtes. y sus remisiones, Ed. Juris, 1997). Que examinadas las constancias de la causa, se advierte que inmediatamente después de informado por el apoderado de la parte actora el fallecimiento de H. M. V. (fs. 15vta.), se libró Oficio al Registro de Procesos Universales, donde se informó que no se registraban antecedentes de juicio sucesorio a nombre del codemandado V. (v. fs. 16 y vta.); informe que fue reiterado en fecha 03/08/2007 arrojando también resultado negativo de la iniciación de proceso sucesorio (fs. 154/155). A su vez, en ningún momento del proceso se dio noticia acerca del inicio del juicio sucesorio del codemandado mencionado; y por otra parte se cumplimentó con el procedimiento previsto en el art. 597 CPC y C a los fines de garantizar la efectiva defensa de los derechos del fallecido. Por ello, no constando ningún extremo en el juicio que justifique el desplazamiento de competencia del a quo hacia otro órgano jurisdiccional, la nulidad alegada no puede ser admitida. Voto por la negativa.

El Dr. Dellamónica expuso iguales motivaciones, y basado en ellas vota también por la negativa.

A la primera cuestión, el Dr. Vargas dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad con el art. 26 de la Ley 10.160 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, me abstengo de emitir opinión en la presente causa.

A la segunda cuestión, el Dr. Drago dijo:

I.- Que mediante la sentencia que llega a esta instancia para su revisión, el juez a quo resolvió rechazar la excepción de falta de personería, con costas al excepcionante; rechazar la excepción de prescripción; admitir la excepción de falta de acción respecto de N. B. C., con costas a su cargo; y hacer lugar a la demanda de simulación promovida por M. E. y M. A. C. contra los accionados, declarando la invalidez del acto atacado, con costas a la parte accionada. Para así decidir consideró respecto a la excepción de falta de personería de N. B. C. interpuesta por la Defensora de Ausentes, que no se advierte un supuesto de inexistencia o insuficiencia de poder, dado que en la procura se hizo mención a que la poderdante compareció ante la actuaria certificante por sí y en representación y en ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores M. E. C. y M. A. C., constando los datos filiatorios de cada uno y domicilio; y que si la Secretaria dio fe de ello, fue porque tuvo a la vista los documentos que acreditaban que N. B. C. era la madre de los menores y los representaba en ejercicio de la patria potestad; que los datos consignados en el poder de fs. 2 quedaron corroborados con las actas de nacimiento agregadas al expediente; y que entonces el poder fue otorgado en forma y la excepción debía rechazarse. Respecto a la excepción de falta de acción de N. B. C., señaló que de las fotocopias de los autos caratulados “C., N. B. c/ V., M. E. s/ filiación extramatrimonial y alimentos” (Expte. N° 1673 F° 95 Año 1995) tramitados ante el Juzgado de San Jorge, resulta que quienes son acreedores del coaccionado M. E. V., son sus hijos M. E. y M. A.; y que por ello N. B. C. al no ser acreedora de V. carecía de legitimación para promover esta acción; considerando también que no acreditó tener algún otro crédito en relación al mismo. En cuanto a la excepción de prescripción bienal opuesta invocando que la demanda fue promovida casi siete años después de la realización de la venta atacada, sostuvo que la acción de simulación fue iniciada por terceros, ajenos al acto cuya simulación se pretende; y que por ello el cómputo del plazo de prescripción no comienza a partir de la inscripción de la escritura traslativa de dominio en el Registro de la Propiedad, sino desde que la parte actora tomó conocimiento efectivo del acto simulado. Agregó que en autos no se demostró que la parte actora hubiera sabido que el codemandado V. enajenó la mitad indivisa del inmueble objeto del juicio desde la fecha de suscripción de la escritura, correspondiendo entonces rechazar la excepción. Analizó luego lo relativo a la acción de simulación. Recordó que M. E. y M. A. C. son acreedores del coaccionado M. E. V.; que el recaudo de la insolvencia se caracteriza por un verdadero estado de desequilibrio patrimonial; y que considerando las pruebas producidas surge que con posterioridad a la promoción de la demanda de filiación y alimentos de sus hijos, transfirió las partes indivisas de bienes de los que era titular; que con ello se insolventó, ya que no contaba con otros inmuebles anotados a su titularidad; y que entonces se revela que el coaccionado V. a través de la venta impugnada vació su patrimonio de bienes como para hacer frente a las obligaciones que tenía con sus hijos-actores, perjudicándolos al no poder responder por sus deudas. Citó jurisprudencia relativa a la carga de la prueba y al valor de las presunciones en juicios de simulación. Concluyó que de la prueba producida resultaba que: los adquirentes de la parte indivisa del bien objeto de la venta atacada, H. M. V. y E. S. fueron los padrinos de bautismo del enajenante M. E. V., lo que demuestra la familiaridad y confianza que había entre los mismos; que el precio de la venta en $8.500 fue notoriamente inferior a la tasación de mercado efectuada por el Martillero T. de $14.290; que el pago del precio no fue efectuado en el momento de suscripción de la escritura ante el escribano sino que se dejó constancia que fue abonado en efectivo antes de la misma; que no se aportaron pruebas de la solvencia patrimonial de los adquirentes que evidencien cómo obtuvieron el dinero para hacer la compra; que los compradores no ocupan ni habitan el inmueble, y tampoco lo alquilan, existiendo una prolongación de la tenencia del bien por parte de un tercero, indicio de que los adquirentes no son tales; que los actores hijos del codemandado M. E. V. resultan acreedores del mismo y el último se insolventa enajenando todo su patrimonio en un lapso de días, cuando ya conocía la existencia del juicio de filiación y alimentos en su contra, para no hacer frente a sus obligaciones; que el accionado M. E. V. no contestó la demanda y los restantes coaccionados no produjeron prueba de entidad que pueda demostrar la seriedad del acto cuestionado, limitándose a la negación de los hechos cuando en esta clase de juicio existe para ellos un deber jurídico de colaboración. Agregó que las presunciones señaladas son graves, precisas y concordantes y acreditan la existencia de la simulación del acto atacada en perjuicio de los hijos del codemandado V. (fs. 255/263vta.).

Contra la misma se alzó la actora N. C. y la codemandada E. S.. La primera se agravia que el a quo hiciera lugar a la excepción de falta de acción. Afirma que el sentenciante equivocadamente entiende que los únicos acreedores del codemandado V. son M. E. y M. C. y no la recurrente. Menciona que con la planilla de liquidación obrante en el expediente “C., N. B. c/ V., M. E. s/ Filiación Extramatrimonial y Alimentos”, que fuera agregada en fotocopia certificada se acredita que V. adeudaba a marzo de 2002, 76 mensualidades de cuota alimentaria de sus hijos; y que contrariamente al criterio jurisprudencial mayoritario, el a quo considera que la deuda por alimentos atrasados se mantiene con los hijos en favor de los cuales se fijó la cuota. Señala que con las constancias del juicio citado se acredita que se demandó la filiación y cuota alimentaria de sus menores; que estaban a su cargo y se hizo cargo del sostenimiento material de los hijos; y que entonces resulta acreedora de M. V. por las cuotas alimentarias vencidas e impagas y los hijos menores de edad a la fecha de inicio y durante un período del desarrollo de esta causa era acreedores por las cuotas a vencer. Solicita se revoque la sentencia en la parte que resuelve admitir la excepción de falta de acción respecto de N. B. C. y la imposición de costas por la misma. Hace reserva de los recursos de inconstitucionalidad provincial y extraordinario federal (fs. 295/296).

La codemandada E. S. se agravia por el rechazo de la excepción de falta de personería. Afirma que N. B. C. no es parte, ni tiene legitimación activa para impetrar la acción; y que aunque expresa en el poder que los hijos menores no fueron reconocidos por M. V., tampoco tiene legitimación activa para actuar, ya sea por sí o por los menores a quien representa. Sostiene que el a quo supone circunstancias que no le constan y rechaza la excepción, con lo que la resolución resulta arbitraria y contraria a derecho. Le agravia el rechazo de la excepción de prescripción prevista en el art. 4030 del Cód. Civil; que no se interpreta correctamente la norma que refiere a que prescribe a los dos años la acción para dejar sin efecto actos jurídicos, haciendo referencia a supuestos que no se suceden en el caso de autos; que doctrina y jurisprudencia avalan su posición, aún cuando el acto fuera válido, que se pagó un precio justo y que los adquirentes disponían del monto abonado al momento de la realización del acto público; que desde su inscripción en el Registro General de la Propiedad Inmueble tomó publicidad hacia terceros, no pudiendo invocarse el desconocimiento del mismo, más si con los actores estaban en contacto y conocían como surge de autos todos los actos realizados por V.. Solicita se haga lugar a la prescripción y se revoque la sentencia en tal sentido. Le agravia que el sentenciante entienda que V. vaciaba su patrimonio para evitar afrontar las obligaciones que tenía para con sus hijos- actores; que ello demuestra la falta de conocimiento de la causa, puesto que al momento de interponerse esta acción la filiación no había sido reconocida. Le agravia la valoración de la realidad o apariencia de la venta realizada por V. al matrimonio V.. Se pregunta si su parte debía probar que tenía el dinero para realizar la compra, que el precio pagado era justo, que sus ahorros provenían de la actividad como empleado de ferrocarril y de portera de una escuela, y que disponían de los fondos para adquirir el bien. Acusa parcialidad y prejuzgamiento y critica la invocación del padrinazgo como fundamento del fallo. Le agravia que se considere que el precio pagado fue inferior al real; que se trató de un precio justo al momento de realizarse el negocio jurídico; que la valuación efectuada por el Martillero T. fue realizada con posterioridad y luego de un proceso inflacionario; y que por ello la valoración del a quo es equívoca y sin fundamento. Se agravia por la valoración acerca de la ocupación de la vivienda; que ello resulta irrelevante; que además de su domicilio familiar, tiene esta propiedad y no puede ocupar dos viviendas a la vez, recordando que como dueña puede hacer lo que más le convenga, rentándola o prestándola, sin que esta circunstancia puedan afectar su derecho constitucional de propiedad. Hace reserva del recurso previsto en la ley 7055 (fs. 298/300).

Los agravios fueron contestados por el apoderado de la parte actora (fs. 308/309vta.), por el Defensor de Ausentes designado para el codemandado H. M. V. (fs. 312) y los apoderados de E. S. (fs. 323/324vta.) a cuyos escritos me remito en aras a la brevedad.

II.- Que en orden a dar tratamiento a los agravios expuestos, en primer lugar pasaré a considerar la crítica esgrimida por la accionante N. B. C. relativa a la admisión de la excepción de falta de acción interpuesta en su contra. El sentenciante entendió que la progenitora de los menores -hoy mayores de edad- no resultaba acreedora del demandado M. E. V. y que por ende no tenía legitimación por derecho propio para promover el presente juicio de simulación. La recurrente critica la decisión alegando -en lo esencial- que es acreedora del demandado V. por las cuotas alimentarias de sus hijos vencidas e impagas. Que para dar respuesta a la cuestión, cabe considerar que la jurisprudencia ha dicho que la madre está legitimada para la ejecución de la deuda por las cuotas de alimentos que se devengaron durante la minoridad del hijo, subrogándose en su respectivo derecho de cobro, porque ante tal situación cabe presumir que ella -a falta de contribución del padre- anticipó lo necesario para atender a las necesidades del menor. Pues, se trata de resarcir a la madre -con quien habitó el hijo- por las erogaciones que hizo para atender los diversos rubros alimentarios por los meses en los que el alimentante no hizo el debido pago. En lo sustancial, la cuota alimentaria tiende a solventar necesidades impostergables, por lo que se presume que cuando el obligado no cumple con esa prestación, los gastos que éste debe cubrir son afrontados por el progenitor conviviente del alimentado. De manera que tratándose de necesidades del hijo de las partes, que debieron ser solventadas por la madre, el hecho de que el menor haya alcanzado la mayoría de edad, no lo torna en acreedor de los alimentos atrasados sino que dicha acreencia queda en cabeza de su madre con quien aquél convivió mientras era menor (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, “A. M. J. C/ N. F. M. s/ Ejecución de Alimentos – Incidente”, 11/09/2015, publicado en La Ley Online; y su remisión a fallos de la misma Cámara, Salas A, F, G, I, K y M; idem Cámara 1ra. de Apel. Civ. y Com., San Isidro, sala I, "S. A. M. c. A. G. J. s/ Ejecución de Sentencia", del 12/11/2014, publicado en LLBA2015 (mayo), 464 y RCCyC 2015 (julio), 131); criterio que se comparte.

En la especie, surge de autos que el codemandado V. fue condenado a pagar alimentos a sus hijos menores de edad M. E. y M. A. C.; que según planilla de liquidación practicada luego de la sentencia, la deuda por alimentos al 06/03/2002 ascendía a $22.800; y que esa época los hijos de las partes aún eran menores de edad (vide copias certificadas de los autos “C., N. B. c/ V., M. E. s/ Filiación Extramatrimonial y Alimentos” - Expte. 1673/95 tramitado por ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial N° 11 - San Jorge; que fueran agregadas a fs. 163/194). Por ello, si consideramos que los gastos por la manutención de los menores que fueran reconocidos por la sentencia de alimentos fueron solventados por la madre N. B. C., puede válidamente señalarse que la misma también resulta acreedora de M. E. V., y por ende tiene legitimación para promover el presente juicio de simulación.

III.- Que pasando ahora a los agravios de la codemandada E. S., comenzaré por la crítica relativa al rechazo de la excepción de falta de personería. Adelanto que no asiste razón a la recurrente. Se insiste en este punto sobre la falta de legitimación activa de N. B. C., extremo que fue debidamente considerado precedentemente, y decidido en favor de la accionante. Pero además en el poder agregado a fs. 2 de estos autos, la Secretaria certificante expresamente se consignó que N. B. C. compareció “por sí y en nombre y representación y en ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores M. E. C.... y M. A. C.”, datos filiatorios que fueran luego corroborados con las copias de las actas de nacimiento de los menores que fueran agregadas a fs. 167 y 168. Y respecto a los menores de edad, su legitimación activa no fue cuestionada en baja instancia por lo que escapa a la competencia de la Alzada considerar en esta instancia revisora algún cuestionamiento al respecto (art. 246 CPC y C).

Que tampoco puede ser admitida la disconformidad relativa al rechazo del planteo de prescripción. La cuestión amerita a considerar el dies a quo para el cómputo del plazo dispuesto en el art. 4030 del Código Civil aplicable. Así, se tiene dicho que cuando la simulación es invocada por un tercero, la prescripción se computa desde que el impugnante tuvo conocimiento del carácter ficticio del acto (Cifuentes, Santos, “Negocio jurídico”, 2da. Edición actualizada y compilada, p. 671), conocimiento que debe ser cierto, cabal, no bastando las simples sospechas, por lo que la circunstancia de que quien lo ataca haya sabido que se celebró, o que se lo haya inscripto en el Registro de la Propiedad, no puede constituirse en el punto de partida del cómputo de la prescripción, pues esta sola circunstancia no importa el conocimiento de la simulación que lo afecta. Para que esto ocurra deben conocerse los elementos que tiñen de simulada la transferencia operada, pues no toda venta que realiza quien es deudor de otra persona es sospechable sino cuando la rodean determinadas condiciones. La distinción legal sobre el comienzo de la prescripción para las partes y terceros es clara: para los primeros corre desde el momento en que una de las partes -la demandada- exteriorizó su pretensión de tener por válido el acto simulado; para los segundos desde que supieron del vicio, pues es lógico que si el tercero no ha tenido dicho conocimiento, no puede ejercer la acción. En autos, la posición de la recurrente respecto a que la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble determina la época de conocimiento del acto, no puede ser admitida, porque tal situación no reviste las características necesarias para poner en marcha el curso de la prescripción puesto que en el caso se trata de una acción de simulación incoada por terceros. No obran pruebas que acrediten un conocimiento pleno y cabal de la existencia del acto atacado por la parte actora a la época de la inscripción registral del mismo; y que aún si se considerara la época de admisión de la demanda por alimentos o de la fecha de liquidación de la deuda por éstos -momento en que los demandantes se convirtieron en acreedores del codemandado V. y que a partir de allí surge su interés en el patrimonio del mismo como garantía a su acreencia- la promoción de la demanda en fecha 08/10/2003 (v. fs. 5) fue en tiempo oportuno, sin que se hubiera operado la prescripción, recordando que la evaluación debe ser restrictiva con miras a adoptar la solución más favorable a la vigencia del derecho; extremos que motivan a concluir que en el caso la prescripción no ha operado.

Que pasando luego a los agravios relativos a la valoración de la prueba realizada por el sentenciante, con alusión a parcialidad y prejuzgamiento, corresponde recordar que en anteriores pronunciamientos esta Sala ha dicho (v. Resolución 110, F° 57, Libro 6, del 19/04/2007 en “Seta c/ Fernández”; Res. N° 192 F° 217 Libro 11 en “Tamagno c/ Coria”) que si bien, y como regla, la carga de la prueba pesa sobre quien alega la simulación ya que las convenciones entre particulares deben reputarse sinceras hasta que se pruebe lo contrario, no es menos cierto el deber de colaboración que pesa sobre los demandados aportando la prueba de descargo, tratando de convencer de la seriedad y honestidad del acto en que intervino, demostrando así su buena fe y el sincero propósito de contribuir a la averiguación de la verdad. En particular no puede soslayarse que tratándose de acción de simulación promovida por terceros, dado que ellos no pueden prácticamente presentar una prueba directa de la simulación, la jurisprudencia y la doctrina nacional destacan la importancia de la prueba indirecta y admiten la validez de las pruebas de presunciones. Con respecto a las presunciones de hecho se distingue entre aquellas relativas a las personas intervinientes en el acto simulado -parentesco, amistad, relaciones profesionales, etc.-; las relativas al objeto del contrato -enajenación de la principal o única fuente de recursos o de todos o gran parte de los bienes, precio vil, falta de pago del precio, indicación de haberlo pagado antes, etc.-; a la ejecución del negocio -vendedor que continúa en posesión del bien, capacidad económica, etc.-; y a la actitud de las partes al realizar el negocio jurídico -el tiempo en que se realiza, etc.-. Debe destacarse finalmente que para alcanzar total eficacia probatoria por este exclusivo medio, los indicios en que se basan las presunciones deben ser hechos probados o reconocidos; queda así expresado que han de ser varios y concordantes, es decir, todos conducir a la misma conclusión; por lo demás, cada uno de tales indicios -o el indicio, si se admite la posibilidad de probar el extremo cuestionado a través de uno solo y, por lo tanto, con una única presunción- debe hallarse revestido de gravedad y precisión, es decir que con el hecho colegido tiene que mediar una conexión directa, y ser esta inferencia unívoca (no equívoca), o sea, susceptible de interpretación en un sentido único.

Sentado ello, adelanto que se comparte el análisis y conclusión a la que arribó el a quo, pues es verificable en las constancias de autos la existencia de un grupo de indicios que hacen presumir que la venta del inmueble atacada fue un acto simulado. En efecto pueden señalarse como hechos debidamente probados y en los que se asientan las presunciones, que: 1) H. M. V. y E. S. -compradores- son padrinos de bautismo de M. E. V. -vendedor- lo que supone conocimiento, vinculación y hasta cierta familiaridad entre las partes (v. fs. 162); 2) el precio que se dice haber pagado por el mismo no fue abonado en el acto escriturario sino con anterioridad (v. fs. 161); 3) los compradores V. y S. no demostraron la posibilidad económica para “comprar” la mitad indivisa del inmueble; 4) el inmueble objeto del acto de venta luego de varios años de “realizada” la misma continuó en posesión del núcleo familiar del vendedor (v. fs. 67 y 197); 5) el vendedor en pocos días realizó dos transmisiones de bienes inmuebles -una es la discutida en autos- (fs. 158/159 y 160/161) y no se demostró que hubiera adquirido otros bienes con el dinero producto de las operaciones realizadas, sumado a que el mismo no contestó la demanda ni ofreció pruebas (v. fs. 71vta./72).

Que todas estas consideraciones echan por tierra las disconformidades de la recurrente que atacan las presunciones en las que el sentenciante fundamentó su decisión, correspondiendo por ello tener por demostrado que el negocio que se afirma celebrado carece de autenticidad porque existe una especial "affectio" entre los contratantes; no se probó que hubiera real “intercambio equivalente de precio por cosa”; y hubo persistencia del bien en el núcleo familiar del vendedor. Voto en consecuencia por la afirmativa.

El Dr. Dellamónica fundó sus votos en las mismas razones expuestas por el Vocal preopinante y en su mérito vota por la afirmativa.

A la segunda cuestión, el Dr. Vargas dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

A la tercera cuestión, el Dr. Drago dijo:

Por lo expuesto corresponde rechazar los recursos de nulidad interpuestos. Admitir el recurso de apelación planteado por la accionante N. B. C. y en su consecuencia revocar parcialmente el pronunciamiento del 28 de septiembre de 2012 en cuanto a la admisión de la excepción de falta de acción respecto de N. B. C., la que se rechaza, con costas al excepcionante. Rechazar el recurso de apelación incoado por la codemandada E. S.. En la Alzada, costas a la codemamdada S. vencida (art. 251 CPC y C). Así voto.

El Dr. Dellamónica vota por igual pronunciamiento.

A la tercera cuestión, el Dr. Vargas dijo:

Por similares razones a las expresadas al tratar la primera cuestión, me abstengo de emitir opinión.

En mérito al acuerdo que antecede, la SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL NÚMERO UNO, integrada, RESUELVE: Rechazar los recursos de nulidad interpuestos. Admitir el recurso de apelación planteado por la accionante N. B. C. y en su consecuencia revocar parcialmente el pronunciamiento del 28 de septiembre de 2012 en cuanto a la admisión de la excepción de falta de acción respecto de N. B. C., la que se rechaza, con costas al excepcionante. Rechazar el recurso de apelación incoado por la codemandada E. S.. En la Alzada, costas a la codemandada S. vencida.

Regístrese, notifíquese y bajen.

Con lo que concluyó el acuerdo firmando los señores jueces, por ante mí que certifico.

 

DRAGO

DELLAMÓNICA

VARGAS 

(en abstención)

CILLA

 

  Correlaciones:

A., M. J. c/N. F. M. s/ejecución de alimentos - incidente - Cám. Nac. Civ. - Sala H - 11/09/2015

 

008158E