Caducidad De La Medida Cautelar Pedido De Mediacion Suspension Del Plazo Art 207 Del Codigo Procesal

JURISPRUDENCIA

Caducidad de la medida cautelar. Pedido de mediación. Suspensión del plazo. Art. 207 del Código Procesal

 

En el marco de un juicio ordinario, se confirma la resolución que desestimó el planteo de caducidad del incidente de caducidad de instancia.

 

 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2016.

VISTOS y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones fueron elevadas a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Helio Adalberto Lecay contra la resolución de fs. 125/27que desestimó el planteo de caducidad del incidente de caducidad de instancia y asimismo admitió el planteo de la contraparte tendiente a que se decrete la caducidad de la medida cautelar trabada en estas actuaciones. El memorial obra agregado a fs. 134/160 y fue contestado a fs. 162/163.

En cuanto a la primera cuestión, se advierte en la especie, que la expresión de agravios no alcanza a constituir una crítica concreta y razonada del decreto atacado. En efecto, a criterio de este tribunal, el memorial no cumple la carga que el art. 265 del rito le impone pues no ha reprochado con adecuada eficiencia las razones fundantes de la decisión del a quo, habiendo omitido el interesado exponer eficazmente su crítica respecto de los términos de la decisión recurrida, limitándose esencialmente a disentir con el contenido del fallo.

En efecto, el citado artículo 265 del Código Procesal impone, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la resolución sea concreta, lo cual significa que el recurrente debe seleccionar del discurso del magistrado aquellos argumentos que constituyan estrictamente las ideas dirimentes y que formen la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego al interesado la tarea de señalar cuál es el punto del desarrollo argumental que resulta equivocado en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por la falta de instrumental lógico de crítica, antes que por la solidez de la sentencia (CNCiv, esta sala, R. 448.801 del 8/5/07, “Olmedo de Medina, A. Avelina y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”; íd. R. 480.721 del 22/5/07, “Rodas, Elisa Benedicta c/ Cons. Prop. Tacuarí 796 s/ daños y perjuicios”; íd. R. 475.793 del 24/5/07, “B L D F c/ C M, G s/ aumento de cuota alimentaria”; íd. R. 480.155 del 20/06/07, entre muchos otros).

Así las cosas, forzoso es concluir que el recurso atinente a esta cuestión ha quedado desierto.

En cuanto al siguiente agravio del recurrente que se circunscribe a la caducidad de la medida cautelar por no haberse instado la acción principal en el plazo procesal correspondiente, a modo preliminar, cabe recordar que el proceso ordinario previsto para la resolución de ciertos conflictos jurídicos puede no ser el más adecuado para la preservación de los derechos en juego por lo que se requiere de parte de los órganos del sistema una acción expedita, oportuna y rápida que impida que se consume un daño irreparable. Tal es el propósito de las medidas cautelares, con las que se persigue evitar los efectos perjudiciales que pueda producir todo posible retardo en adoptar un pronunciamiento definitivo, permitiendo asegurar preventivamente el resultado práctico del juicio. Nacen al servicio de una providencia definitiva, con el objeto de preparar el terreno y de aprontar los medios aptos para su éxito, evitando que la eventual resolución favorable de la causa se torne de imposible cumplimiento (conf. Calamandrei, Introducción al estudio de las providencias cautelares, trad. de Santiago Sentís Melendo, citado por Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial, tomo II-C, pág. 493).

Tradicionalmente, se sostuvo que la admisión de medidas cautelares debía apreciarse con criterio restrictivo. Actualmente, se afirma que los jueces deben emplear un criterio amplio, pues es necesario proteger las acciones deducidas con un derecho verosímil y evitar que las sentencias definitivas resulten ineficaces (Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, 2006, tomo II, pág. 452). Incluso se sostuvo que es preferible un exceso en acordarlas, que la parquedad en desestimarlas, pues con ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo (Morello, Sosa, Berizonce, op. cit., pág. 499).

De la misma manera que se justifica que el Código otorgue la posibilidad de obtener una medida concreta antes de que se haya promovido el juicio, debe disponerse su cesación cuando la demanda no se entable dentro de un plazo razonable que ha sido fijado en diez días.

Atinente a la postulación de la mediación, la solución es interpretar que, cuando se trata de asuntos que obligatoriamente deben ser sometidos a ella -tal como aquí sucede-, el que obtuvo la medida precautoria tiene diez días para iniciar, en lugar de la demandada, el trámite de la mediación. Una vez concluida la mediación que tuvo efecto interruptivo, se computa nuevamente el plazo previsto por el artículo 207.

En el mismo sentido, “... la solución jurisprudencial menciona que el plazo de diez días al que se refiere el artículo 207 se suspende desde el pedido de mediación, volviéndose a computar el plazo desde que el mediador expida el acta con la constancia de que no se arribó a acuerdo alguno, aunque consideramos que si el plazo vuelve a computarse en su totalidad no se suspende por la mediación sino que se interrumpe en su curso” (“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Tomo 4, Elena I. Highton / Beatriz A. Areán, Ed. Hammurabi 2005).

De las constancias de la causa surge que la medida de anotación de litis fue trabada con fecha 13/12/2012 y la mediación fue iniciada con fecha 22/08/2014 (cfr. acta de mediación obrante a fs. 62 del expediente sobre escrituración)

Ahora bien, en cuanto a los agravios concretos del recurrente en el sentido que quien impulsó el planteo de caducidad no tiene legitimación para ello ni existe obligación exigible, ello queda desvirtuado con lo resuelto por esta Sala en el proceso Nro. 76.639/2014 seguido entre las mismas partes sobre escrituración, donde a fs. 43 se dispuso que el actor debía dar cumplimiento con el art. 330 del Código Procesal, determinando en forma específica el nombre y domicilio del demandado. En función de ello es que a fs. 68 se enderezó la demanda contra Agustín Eloy Morenza y se imprimió trámite ordinario a la pretensión del actor.

Como consecuencia de lo hasta aquí dicho este tribunal considera que ante los antecedentes fácticos de la causa ya señalados se encuentran reunidos los presupuestos que habiliten la caducidad impetrada.

Finalmente también debe tenerse en cuenta, a mayor abundamiento, que en los autos señalados sobre escrituración se ordenó trabar embargo sobre el mismo inmueble, medida que fuera trabada con fecha 12/06/2015, lo que también torna abstracto el agravio del apelado, toda vez que la finalidad práctica del dictado de la cautelar cubre acabadamente la naturaleza cautelar perseguida.

III- Las costas deben ser impuestas al vencido (cfr. arts. 69y 69 del Código Procesal).

IV.- Por las razones dadas, el tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 125/127; con costas.REGISTRESE y NOTIFIQUESE a la partes por SECRETARIA.- Cumplido, comuníquese al CIJ (Ac. 15/2013 y 24/2013 CSJN) y devuélvase.

 

Fecha de firma: 16/02/2016

Firmado por: JOSE BENITO FAJRE, LILIANA E. ABREUT DE BEGHER, CLAUDIO M. KIPER, JUECES DE CÁMARA

 

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