Compraventa De Inmueble Demora En La Entrega Paralizacion De La Obra Caso Fortuito

JURISPRUDENCIA

Compraventa de inmueble. Demora en la entrega. Paralización de la obra. Caso fortuito

 

Se revoca la sentencia que hizo lugar a la demanda por cumplimiento de contrato, pues la demora de la demandada en la entrega del departamento adquirido por la actora se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, ya que la obra fue paralizada un tiempo por la Municipalidad debido a las quejas de numerosos vecinos, por cuestiones no imputables a la accionada.

 

 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 1 días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “Piedrahita Sociedad Anónima c/ Cubico Echeverría S.A s/ cumplimiento de contrato”, respecto de la sentencia de fs. 871/882, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.- ROBERTO PARRILLI.

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 871/882, dispuso hacer lugar a la demanda promovida por Piedrahita S.A. y, en consecuencia, condenó a la demandada Cúbico Echeverría S.A. al pago de una suma de dinero, con más sus intereses y costas.

Contra el referido pronunciamiento, la emplazada dedujo sus agravios a fs. 924/929, los que no han merecido respuesta de su contraria.

La causa tiene su origen en la demanda de fs. 101/105. Señaló en esa oportunidad la reclamante que el 14 de octubre de 2005, en su calidad de compradora, celebró con la accionada un boleto de compraventa mediante el cual adquiría –en un edificio a construir- un departamento y cochera en la calle Echeverría 1333 de esta Ciudad.

Dado que al cumplirse el tiempo pactado la pretensora no recibió ni escrituró a su favor las unidades citadas, reclama el pago de “un interés punitorio y compensatorio diario calculado prorrata temporis a la tasa del 2 % mensual” (ver fs. 103); tal como había sido pactado entre las partes. Entiende que este interés debía calcularse a partir de la fecha en que había sido acordada la entrega de la posesión y confección de la escritura traslativa de dominio pertinente (el 24-7-2007, ver fs. 103 vta.) lo que, como se adelantó, no ocurrió; sino que se materializó mucho después (el 15 de agosto de 2008).

II. Contenido de los agravios. Límites en su estudio

La emplazada reconoce que las unidades vendidas no fueron entregadas en los plazos establecidos; pero excluye su culpa en tal acontecer a mérito que en la especie aconteció el caso fortuito o fuerza mayor que la exime de responsabilidad. En esencia, invoca el problema surgido con la “Asociación Vecinal de Belgrano Chico”, la paralización de las obras dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una nueva readecuación del proyecto de obra, las demoras que insumieron el registro de los nuevos planos y la necesidad de construir cocheras en el subsuelo que no estaban previstas en el diseño original. A todo evento, requiere la reducción de la cláusula penal por resultar excesiva.

Antes de ingresar en la consideración de las cuestiones referidas, considero indispensable señalar que en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, "Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611).

III. La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto pasado por lo que, dada la cuestión relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso.

Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.

De este modo, con las aclaraciones ya realizadas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren –en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.

Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo al sistema del anterior Código Civil - ley 17.711 (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”).

Esta es la solución que siguió este Tribunal en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley on line, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de ésta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su avaluación (cfr. Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias…”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28).

Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal.

De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana.

En conclusión, por las razones expuestas, se ha de aplicar al caso las previsiones del Código Civil derogado.

IV. Estudio de los agravios

IV.1. El caso fortuito o fuerza mayor

Es sabido, a la luz del art. 514 del Código Civil hoy derogado (pero aplicable al caso) que el caso fortuito o fuerza mayor es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse. A su vez, el art. 513 del mismo cuerpo de normas establece que si se producen estos eventos se eximirá de responsabilidad al sujeto en cuestión por la falta de cumplimiento de su obligación en el plazo previsto; “a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o éste hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquél constituido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito o fuerza mayor”.

Es indudable que el caso fortuito o fuerza mayor, para que tenga operatividad, debe reunir los requisitos de extrañeidad, imprevisibilidad, irresistibilidad e insuperabilidad. Por otro lado, la liberación solo alcanzará al emplazado cuando se certifique que éste tuvo una imposibilidad de obrar de otra manera para evitar el daño (en el caso, la entrega tardía de las unidades). Lo expuesto significa, además, que si el hecho –la entrega demorada de la obra—ha sido provocado por la culpa del deudor, no hay caso fortuito. Es que caso fortuito y culpabilidad son términos técnicamente antinómicos; no es dable que se verifique, al mismo tiempo, uno y otra (ver CN Civ., Sala F, 29-5-1987, Libre N° 26.879; CN Com., Sala A, 22-2-1990, “San Cristóbal Soc. Mutual de Seg. Generales c/ González Medina”; CN Com., Sala C, 16-3-1990, “Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Álvarez”; CN Civ. Sala F, 13-9-1990, Libre N° 61.827; CN Civ., Sala I, 25-11-1991, ED, 164-359; CN Com., Sala B, 11-5-1993, “Omega Coop. De Seguros Ltda. C/ Marchelli”; CN Com., Sala D, 4-8-1993, “Barrios c/ Garage Glamaro SRL”; esta Sala, 9-10-1997, LL, 1999-D-589; CN Com., Sala C, 12-11-1997, “La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ Santín”; CN Civ., Sala D, 23-11-2001, Libre N° 43.969; CN Civ., Sala K, 20-12-2004, LL, 2005-A-703; CN Com., Sala E, 13-12-2004, LL, 2004-D-402; 1er. Congreso Internacional de Derecho de Daños en Homenaje al Profesor Dr. Jorge Mosset Iturraspe, Buenos Aires, 1989; Alterini, Atilio Aníbal, “Caso fortuito”, en Alterini-López Cabana, “Temas de Responsabilidad Civil”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires y ediciones Ciudad Argentina, capítulo V, ps. 81/82 y 84; Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio-Zannoni, “Código Civil y leyes complementarias”, t. 8, p. 1133, ed. Astrea, Buenos Aires, 1999; Reyna, en Bueres-Highton, “Código Civil y normas complementarias”, t. 3B, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 26; Alterini, Ameal, y López Cabana, “Derecho de Obligaciones”, segunda edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 369, N° 837, p. 370, apartado b) y c), p. 374, primer párrafo, y p. 371, apartado f)).

IV.2. Las previsiones contractuales

Más allá de la vigencia como tales de las normas legales mencionadas, me parece interesante relacionar las previsiones contractuales. En efecto, la cláusula 7.1. del Boleto de Compraventa (ver fs. 57) prescribe que la posesión de las unidades será entregada el 1° de noviembre de 2006, “salvo caso fortuito, fuerza mayor o huelgas que afecten la industria de la construcción. Sin perjuicio de los diferimientos que impliquen el acaecimiento de los sucesos antes mencionados, la Vendedora se reserva el derecho de atrasar la entrega de la posesión en hasta ciento veinte días hábiles”.

Por otro lado, la cláusula octava, referida a la escrituración, autoriza a la Vendedora a postergar su celebración por noventa días; “ello sin perjuicio de extender dicho plazo por hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados” (ver fs. 57).

IV.3. Las vicisitudes acontecidas

El análisis detenido de los presentes autos, y de los expedientes administrativos agregados, me conducen sin dubitación a considerar que a la demandada se le presentó –después de celebrado el contrato con la actora—una situación harto excepcional que justifica plenamente invocar la verificación del caso fortuito o fuerza mayor.

En efecto, sin perjuicio de que el perito arquitecto, en su experticia de fs. 829/830, considera que la situación acontecida “no podía preverse” por la emplazada, surgen de la causa elementos contundentes que así lo certifican.

Veamos: a) Conforme al expediente administrativo 68.238/2004 se registraron los pertinentes planos de la obra de autos ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Disposición N° 225-DGPINT-2004).

b) La primera anormalidad acontece con la presentación de los vecinos de la zona (la Asociación Vecinal Belgrano Chico) manifestando diversas disconformidades y consideraciones respecto de la obra, impugnando la citada Disposición N° 225 que la había autorizado (ver Registro N° 623-DGPINT-2005).

c) El planteo de los vecinos tiene eco y el Gobierno de la Ciudad dispone anular el registro de la documentación que había efectuado la demandada, comportando ello una evidente marcha atrás. La autoridad respectiva ordena la inmediata paralización de los trabajos (ver Disposición N° 957-DGFOC-2006).

Lo arriba expuesto se acredita con constancias indubitables; como son las de fs. 320, 364, 645, 649, 656 y 658, entre otros documentos disponibles.

La accionada, sin haber incurrido en negligencia o culpa (recordemos que el mismo Gobierno de la Ciudad le había aprobado y registrado los planos), procede a iniciar negociaciones para destrabar las objeciones de los vecinos y, finalmente, arriba a un acuerdo y se confecciona la nueva documentación. Precisamente, la demora del Gobierno de la Ciudad en aprobar la modificación de los planos, conduce al pertinente reclamo de la emplazada ante esa repartición. Por último, se ordena el correspondiente registro de los planos, por segunda vez, tras haber transcurrido nada menos que casi cuatro meses. Sobre el punto, repárese que el ingreso de los mencionados documentos es el 1-9-2006 y su registro recién el 28-12-2006 (ver fs. 749, 750, 758, 759 y 760).

De acuerdo al boleto de compraventa suscrito entre las partes, la vendedora (aquí demandada) se reservó una determinada porción del subsuelo a los efectos de construir en el futuro unas cocheras; concretamente –como dice el apunto instrumento-- “en el plazo de cinco años” (ver la cláusula 5.5. a fs. 56 vta.); vale decir, para un período posterior a la construcción y entrega de las unidades funcionales vendidas.

Sin embargo, el mencionado plan tuvo que modificarse a raíz del conflicto surgido con los vecinos y el mismo Gobierno de la Ciudad; que, repito, se origina sin que medie una actuación culposa de la aquí agraviada. Esta se vio obligada a construir tempranamente las cocheras que proyectaba ejecutar en un tiempo después. Claro está que esta imprevisible situación generó nuevas demoras en la terminación del Edificio.

Al respecto, el perito arquitecto consideró que la construcción de las cocheras del subsuelo representaba “aproximadamente 180 días de obra, sin contemplar la ejecución de planos y documentos de obra necesarios para su materialización, como así también toda tramitación ante las autoridades correspondientes” (ver fs. 829, punto 2).

Vamos entonces a los cálculos de la misma actora. Estima en su escrito inaugural que, a más tardar, la posesión y escritura traslativa de dominio debían tener lugar el 24 de julio de 2007; conforme a las cláusulas contractuales. Pero la realidad fue, como lo anticipamos, que estos actos se produjeron el 15 de agosto de 2008; o sea que –en palabras de la pretensora—aconteció una demora que estuvieron cerca de los once meses (ver la demanda, a fs. 103 vta.).

Así las cosas, y en atención a que las vicisitudes antes narradas configuran para mi criterio una situación de caso fortuito o fuerza mayor (según la caracterización jurídica efectuada en el acápite IV.1. del presente voto, al que me remito brevitatis causae), no advierto que pueda tener lugar en autos la cláusula penal reclamada.

Para así considerarlo tengo en cuenta, fundamentalmente, cuatro circunstancias:

La primera, es el incordio que significó la construcción de las cocheras subterráneas, que no estaba en los planes de la vendedora; y que configuró un retraso de alrededor de nueve meses (ver la experticia, a fs. 829, punto 2).

La segunda, son los conflictos surgidos con los vecinos, la anulación del primer registro de planos, las negociaciones que tuvo necesariamente que entablar la emplazada, y la correspondiente elaboración de tales instrumentos para que se compadezcan con el acuerdo alcanzado. A este panorama se le sumó la demora incurrida por el Gobierno de la Ciudad en la aprobación y registro de la nueva documentación que –ya lo dije—fue de cuatro meses; todo lo cual se certifica con las constancias administrativas antes individualizadas.

La tercera circunstancia, es que –al menos desde alguna perspectiva—se puede percibir alguna ventaja para la actora con el problema acontecido. Compruébese que, de haberse cumplido el contrato tal cual estaba previsto, sin duda tenía que haber soportado las molestias que hubiera significado la construcción de las nuevas cocheras con un edificio terminado y entregadas las unidades. Obsérvese que la cláusula 5.5., última parte, del boleto, establece que todas las eventuales complicaciones que pudieran haber generado esos trabajos no daba derecho a ninguna “pretensión resarcitoria o compensatoria” (ver fs. 57 vta.). El nuevo cuadro que se produjo, en cambio, le permitió a la accionante ocupar el departamento con aquellas cocheras ya terminadas.

La cuarta circunstancia, en fin, es que la reclamante-- por decisión de la misma demandada-- recibió ya una compensación de U$S 3.500 (ver fs. 91 vta. y 102 vta); cantidad que pudo deducir del saldo de precio que adeudaba. Quiero decir que, si pudiere existir alguna duda acerca de si hubo algún retardo imputable a la vendedora, esta demora fue debidamente compensada con la suma referida.

IV.4. Final del estudio

Del análisis realizado, en síntesis, estimo que la demanda entablada por la actora resulta infundada; por lo que propondré al Acuerdo revocar la sentencia apelada y desestimar la acción deducida.

V. Las costas

No veo ninguna razón para apartarme del principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, votaré para que las costas de ambas instancias se apliquen a la parte actora vencida.

VI. Conclusión

Por las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo que se revoque la sentencia recurrida y, consecuentemente, que se rechace la demanda interpuesta. Las costas de ambas instancias se aplicarán a la parte actora.

El Dr. Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO -.

Es fiel del Acuerdo.-.

Buenos Aires, Noviembre de 2016.

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, resuelve revocar la sentencia recurrida y, consecuentemente, rechazar la demanda interpuesta. Las costas de ambas instancias se aplicarán a la parte actora.

Tiene resuelto esta Sala que, en los casos en que ha sido rechazada la demanda, la base regulatoria se halla configurada por el monto reclamado en el escrito de inicio con más sus intereses (conf. Plenario “Multiflex S.A. c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2257 s/ sumario” del 30/9/75, E.D. 64-250; id., C.N.Civ., esta Sala, RN° 18.557/00 del 20.09.10; id., HN° 38.971/08 del 22.06.11; id., HN° 62.872/08 del 05.07.11, entre otros).

Sin embargo, en orden a la falta de agravio respecto de la integración de los intereses en la base regulatoria, habrá de tomarse el quantum reclamado en el escrito de inicio (conf. C.N.Civ., esta Sala, HN° 29.360/06 del 10.08.11; id., HN° 8.320/07 del 14.09.11; id., LHN° 40.323/06 del 15.09.11; id., LHN° 30.951/07 del 30.11.11; id., LHN° 64.733/04 del 30.12.11; id., LHN° 116.771/03 del 09.03.12, entre otros).

En consecuencia, teniendo en cuenta el interés económico comprometido; labor desarrollada, apreciada por su naturaleza, importancia, extensión, eficacia y calidad; etapas cumplidas; resultado obtenido; que a efectos de meritar los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361; CNCiv., esta Sala H.N.° 11.051/93, in re: “Hernández c/ Jaramal s/ daños y perjuicios” , del 17/12/97; id., H.N.° 44.972/99, in re: “Alvarez c/ Sayago s/ daños y perjuicios”, del 20/3/02; id., H.N.° 363.134 in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ daños y perjuicios”, del 23/6/04; id., H.N.° 5810/05, in re: “Morandini c/ TUM S.A. s/ daños y perjuicios”, del 28/12/07; id., H.N.° 42.689/05, in re: “Godoy c/ Kañevsky s/ ordinario”, del 6/3/08; id., H.N.° 87.303/04, in re: “Barrios Escobar c/ Transportes s/ daños y perjuicios”, del 24/9/08; id. H.N.° 40.649/02, in re: “Mazzeo c/ Romero s/ daños y perjuicios”, del 9/6/10; id. H.N.° 108.802/04, del 21/2/11, entre otros), así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 33, 37, 38 y cc. de la ley de arancel N° 21.839, con las modificaciones introducidas en lo pertinente por la ley 24.432 y arts. 279 y 478 del Código Procesal, corresponde adecuar las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 882 de la siguiente manera: los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. R.A.P., se fijan en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000); los del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. L.B.M.G., en PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000); los del perito arquitecto C.A.A.G., en PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 7.600) y los del consultor técnico de la parte demandada, Arquitecto M.F., en PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800).

Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 11.550) los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. L.B.M.G y (conf. fs. 196/197) se justiprecian en PESOS QUINIENTOS OCHENTA ($ 580) los honorarios del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. L.B.M.G. y en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) los correspondientes al letrado apoderado de la parte actora, Dr. R.A.P. (conf. arts. 14, 33, 49 y cc. de la ley de arancel) los que deberán abonarse en el plazo de diez días.

El Dr. Parrilli no suscribe a la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

 

Fecha de firma: 01/11/2016

Firmado por: TRIBUNAL, JUECES DE CÁMARA

 

 

 

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