Conflicto De Competencia Competencia Federal Interdicto De Recobrar Inmuebles Programa De Saneamiento Ambiental Cuenca Matanza Riachuelo

JURISPRUDENCIA

Conflicto de competencia. Competencia federal. Interdicto de recobrar. Inmuebles. Programa de Saneamiento Ambiental. Cuenca Matanza-Riachuelo

 

Se define la competencia federal para entender en un interdicto de recobrar respecto de un inmueble del que los actores fueron despojados en ocasión de cumplirse el desalojo decretado en el marco de la causa “Mendoza”, al guardar relación -directa o indirecta- con el programa integral de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuyo control se encuentra precisamente a cargo del magistrado federal de ejecución. Ello así, al tratarse de recuperar un terreno que habría sido desalojado con la finalidad de liberar el camino de sirga del Riachuelo. Sin perjuicio de ello, se decide mantener la competencia del juez local para seguir entendiendo en la pretensión que tiene por objeto el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de tal circunstancia, de naturaleza individual.

 

 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que entre el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón, ambos de la Provincia de Buenos Aires, se originó un conflicto negativo de competencia en el expediente iniciado a raíz de la interposición de un interdicto de recobrar del inmueble ubicado en la Fracción ..., Circunscripción ..., Sección ..., del Partido de Lomas de Zamora, en virtud de la orden de allanamiento y posterior desalojo dispuesto por el juez federal de Quilmes, en el marco de la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)".

Asimismo, los actores promovieron una acción por daños y perjuicios derivados del desapoderamiento de su vivienda (fs. 1/6 y 24/29).

2°) Que el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora se declaró incompetente (fs. 38) y envió las actuaciones al Juzgado Federal de Quilmes, quien a su vez remitió la causa al Juzgado Federal de Morón n° 2 (fs. 50).

El magistrado local consideró que la medida que dio origen al interdicto de recobrar había sido dictada por el juez federal, lo que claramente encuadraba la cuestión en el ámbito de competencia que al mismo se le atribuyera.

Por su parte, el juez federal no aceptó la competencia atribuida, pues manifestó que no se daba ninguno de los estrictos supuestos de excepción señalados por el Máximo Tribunal en la causa "Mendoza", ya que no se cuestionó el accionar de la autoridad de cuenca ni el objeto tenía relación directa o indirecta con el Plan Integral de Saneamiento. Asimismo, señaló que mediante la acción que se solicitaba se pretendían proteger "derechos patrimoniales, de carácter exclusivamente individual, de un accionar presuntamente ilegítimo de autoridades locales" (fs. 55/56).

Con la insistencia del juez de garantías quedó formalmente trabada la contienda (fs. 58/60).

3°) Que este tribunal tiene reiteradamente dicho que para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que los actores hacen en su presentación inicial y, en la medida que se adecúe a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (Fallos: 308:229; 311:172; 313:971, entre otros).

Cabe destacar que en autos se promovieron dos acciones distintas; la primera de ellas se relaciona con un interdicto de recobrar el terreno ubicado en la Fracción ..., Circunscripción ..., Sección ..., del Partido de Lomas de Zamora (parcela lindera al Riachuelo), que fue desalojado por la orden de allanamiento dispuesta por el juez federal de Quilmes en el marco de la causa 17/09 caratulada "ACUMAR s/ Limpieza de márgenes de río" de los autos principales 01/09 caratulados "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ ejecución de sentencia".

Que la limpieza de las márgenes del río fue una de las situaciones especialmente contempladas por el tribunal para dictar el pronunciamiento del 10 de noviembre de 2009 (Fallos: 332:2522), aclaratorio de la competencia asignada al juzgado federal de ejecución en la sentencia definitiva del 8 de julio de 2008 (Fallos: 331:1622) y de la división de competencias dispuesta con fecha 19 de diciembre de 2012 CSJ 1569/2004 (40-M)/CS2, por lo que corresponde atenerse a la nítida diferenciación mantenida entre las acciones que tienen por objeto la tutela del ambiente como bien colectivo de aquellas otras que solo persiguen la satisfacción de intereses individuales según la precisión efectuada en el considerando 4° de la resolución citada.

En este sentido, en la decisión del 8 de julio de 2008, esta Corte señaló que uno de los objetivos del Programa de Saneamiento Ambiental es la limpieza de las márgenes del río Matanza-Riachuelo (considerando 17; parte resolutiva, punto V).

A su vez, en el precedente del 10 de noviembre de 2009 el tribunal indicó, que se había atribuido competencia al juzgado federal en asuntos concernientes a la ejecución de la sentencia condenatoria, en los términos del art. 499 del ordenamiento procesal, de los mandatos contenidos en el programa de saneamiento ambiental, establecido en el pronunciamiento final, dictado exclusivamente sobre las pretensiones que tuvieron por objeto la prevención y la recomposición del medio ambiente dañado en la cuenca hídrica (considerando 3°, punto a).

Finalmente, en considerando 6°, punto d de la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2012 la Corte destacó la importancia de erradicar y relocalizar barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, de las márgenes del río Matanza-Riachuelo. De esta manera, indicó que: "deberá instarse el efectivo y completo cumplimiento del plan de erradicación y relocalización de aquellos que se encuentran ubicados sobre el denominado 'camino de sirga', aprobado por el juez de ejecución el 22 de febrero de 2011".

En definitiva, la acción intentada (interdicto de recobrar) tendría una relación -directa o indirecta- con el programa integral de saneamiento de la cuenca, cuyo control se encuentra precisamente a cargo del magistrado federal de ejecución, ya que se trata de recuperar un terreno que habría sido desalojado con la finalidad de liberar el camino de sirga del Riachuelo.

En consecuencia, corresponde que en la acción de interdicto de recobrar intervenga el juez federal de Morón.

Por otra parte, el segundo reclamo efectuado en este caso, tiene por objeto la determinación del resarcimiento por los daños y perjuicios que los actores atribuyen al demandado por el desapoderamiento del mismo inmueble; cuestión que excede la competencia del tribunal federal (Fallos: 329:2316, considerando 8°) la que deberá seguir tramitando en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, tal como fuera solicitado por los interesados a fs. 43.

4°) Que con tal comprensión, el juzgado provincial resulta incompetente para seguir conociendo en la acción de interdicto de recobrar, que se encuentra alcanzada por la litispendencia declarada por esta Corte en favor del Juzgado Federal de Morón.

En las condiciones expresadas el tribunal provincial conserva inalterada su competencia solo para seguir entendiendo en las pretensiones resarcitorias de daños personales que han acumulado subjetivamente los demandantes, razón por la cual el expediente ha de mantenerse en trámite ante dicho estrado y el juez de la causa deberá tomar las medidas necesarias para facilitar la duplicación de las actuaciones, a fin de remitir ulteriormente el legajo de copias correspondiente al tribunal federal que continuará conociendo en la acción de interdicto de recobrar, según lo señalado en el párrafo anterior.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante se resuelve: I) declarar la competencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón, Provincia de Buenos Aires, para continuar conociendo en el interdicto de recobrar. II) Mantener la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para seguir entendiendo en la pretensión que tiene por objeto el resarcimiento de los daños y perjuicios de naturaleza individual. Hágase saber al Juzgado Federal de Morón y devuélvase el expediente al juzgado provincial.

 

RICARDO LUIS LORENZETTI

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

HORACIO ROSATTI

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

 

Suprema Corte:

-I-

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, consideró competente al juez federal que interviene en el proceso por cumplimiento del denominado plan remediador de la cuenca Matanza-Riachuelo. Adujo para ello que, según lo decidido en dicha ejecución, las causas relacionadas con esa región hídrica deben ventilarse ante el mismo tribunal federal. Agregó que la medida que, en definitiva, motivó el pleito fue dictada por aquel juzgado federal, circunstancia que encuadra al asunto dentro del ámbito de competencia determinado por la Corte Suprema, más allá de que la orden judicial de desalojo incluya o no a la fracción objeto del juicio (fs. 25 y 52/54). Esta decisión fue apelada por la parte actora y la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora declaró desierto el recurso (v. fs. 26, 27, 28/29 y 32).

A su turno, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón, rechazó la radicación del expediente (cf. fs. 49/50). Apreció sustancialmente que, con ajuste a lo resuelto en los autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo”, su actuación se circunscribe a los litigios planteados en torno al plan que debe implementar la autoridad de la cuenca (ACUMAR) en pos de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona, de la recomposición del ambiente, y de la prevención de daños futuros. Puntualizó que aquí no se cuestiona el accionar de ACUMAR. En ese contexto, destacó que la demanda no tiene nexos con el programa integral de saneamiento cuyo control concierne parcialmente al juzgado federal, sino que tiende a la protección de derechos individuales de carácter patrimonial frente a la conducta presuntamente ilegítima de funcionarios locales.

Sobre tal base, concluyó que en el caso no concurren los supuestos de excepción establecidos por esa Corte para habilitar su competencia.

En tales condiciones, se ha suscitado un conflicto negativo que incumbe dirimir a ese máximo tribunal, en los términos del artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708.

-II-

La resolución de este tipo de temas exige examinar, principalmente, los hechos relatados en el escrito inicial, e indagar la naturaleza de la pretensión (Fallos: 328:1979; 330:811).

En esta tarea, cabe apuntar ante todo que en el sub lite se acumularon dos acciones diferentes (v. fs. 18/23). La primera, tiende al reintegro de la posesión de una parcela que, conforme refieren los actores, les fue despojada por personal del municipio de Lomas de Zamora, en ocasión de cumplirse el desalojo decretado en el marco de la citada causa Mendoza.

En lo que atañe a esta faceta, la reseña formulada a fojas 18/23 permite inferir que dicho predio se sitúa en la zona del Riachuelo, y linda con otros terrenos -que también poseerían los peticionarios-, cuya desocupación fue resuelta por el tribunal federal en función del plan remediador. Además, la demanda da cuenta de que la medida habría sido recurrida por los aquí actores, a pesar de lo cual se llevó a cabo, extendiéndose de hecho sobre el terreno objeto de autos, que no estaría comprendido en el respectivo mandamiento.

Entiendo que estos datos, tal como han sido descriptos en el escrito introductorio, aconsejan que el problema planteado sea resuelto por el juez que dispuso el desalojo. Es que el desapoderamiento de la fracción se presenta como una secuela inmediatamente vinculada con dicha diligencia, sea que el inmueble integre el área a liberar o que la orden dictada se haya implementado con exceso por parte de los agentes comunales.

No ignoro que los interesados han nominado a la acción como interdicto de recobrar, materia que corresponde, como regla, a los jueces ordinarios del lugar donde se ubica la cosa litigiosa (arg. art. 5°, inc. 1°, CPCCN). Tampoco desconozco que el magistrado local entiende en sendas acciones por usucapión iniciadas por los aquí demandantes respecto de las tierras que dicen ocupar en las cercanías del Riachuelo.

Empero, las particularidades del caso me llevan a considerar que el pedido de restitución debe ventilarse en sede federal, pues los alcances de la providencia que dio origen a la situación, deben ser establecidos por el tribunal a cargo de la ejecución; pues tal decisión implica determinar cuál es el interés que revisten esas tierras en el contexto ambiental de la cuenca, juicio éste reservado al juez del proceso de ejecución del plan remediador. Nótese que la medida de desalojo de parte del terreno, cuyo alcance se cuestiona, fue tomada con el objeto de liberar el camino de sirga.

-III-

El segundo reclamo efectuado en este expediente, tiene por objeto la determinación del resarcimiento por los perjuicios que los actores atribuyen al desapoderamiento de la finca y a la destrucción de diversos bienes de su propiedad.

En lo que concierne a este reclamo, conforme al criterio adoptado por esa Corte en la citada causa Mendoza (Fallos: 329:2316, considerando 8°), estimo que la cuestión excede la competencia del tribunal federal; máxime valorando que los mismos interesados solicitaron expresamente que este reclamo puntual tenga trámite autónomo (v. fs. 37 y 39).

-IV-

En consecuencia, más allá del procedimiento que corresponda imprimir al reintegro requerido, opino que el primer aspecto del conflicto debe quedar radicado en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de Morón; y la acción por los daños y perjuicios debe continuar su trámite ante al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Buenos Ares, 16 de febrero de 2016.

 

Irma Adriana García Netto 

Procuradora Fiscal

Subrogante

ADRIANA N. MARCHISIO

Subsecretaria Administrativa

Procuración General de la Nación

 

  Correlaciones:

Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo) - Corte Sup. Just. Nac. - 01/11/2016

 

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