Danos Y Perjuicios Muerte Por Electrocucion Locacion De Obra Responsabilidad De La Propia Victima

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Muerte por electrocución. Locación de obra. Responsabilidad de la propia víctima.

 

Se revoca la sentencia recurrida, rechazando en su totalidad la demanda de daños y perjuicios deducida por los herederos de la víctima fallecida por electrocución, pues el locador de obra omitió precaverse del propio riesgo inherente a sus actividades habituales, ya que el trabajo encomendado -la reparación del aparato de aire acondicionado- se correspondía con su oficio.

 

 

//nos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Abril de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Oropeza Omonte, Marial c/ Solanas Country S.A s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 274/284 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO. -ROBERTO PARRILLI.-.

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 911/923, decidió condenar parcialmente a los emplazados, en tanto “han contribuido en la causación del accidente de igual manera que el obrar negligente de la víctima, correspondiendo distribuir la responsabilidad consecuente en un 50% restante a cargo de la empresa demandada” (ver fs. 917 vta.).

Contra el referido pronunciamiento, se agravió la citada en garantía a fs. 946/955; presentación que mereció la réplica, a fs. 990, de la parte actora. Ésta, a su vez, dedujo sus quejas a fs. 969/971, contestadas a fs. 978/984 por la demandada, y a fs. 987/989 por la citada en garantía arriba referida.

La causa tiene su origen en la demanda de fs. 70/83. En dicha oportunidad, invocando la calidad de damnificados indirectos -dada su condición de herederos forzosos-concurren a la justicia Mariel Andrea Oropeza Omonte, Paola Mabel Oropeza Omonte, Jorge Darío Oropeza Omonte y Marina Gloria Omonte Tapia. Deducen acción contra Solanas Country S.A., con citación en garantía de Liberty Seguros Argentina S.A.

Señalan los demandantes que el Sr. Jorge Luis Oropeza Escalera falleció en las oficinas de la demandada por electrocución, el 14 de enero de 2008; lugar al que había concurrido “a efectuar una reparación en el equipo de aire acondicionado que tiene la demandada en el quinto piso de su edificio sito en la calle Juncal 1825, de esta Ciudad” (ver fs. 71).

Continúan diciendo los pretensores que el fallecido era “técnico en refrigeración”; y que hacía 17 años que se desempeñaba en tal profesión. Se precisa que el Sr. Oropeza “facturaba a sus clientes entre los que figuraba el demandado”; y a éste, precisamente, lo atendía en la reparación de sus aparatos “hace 7 años aproximadamente” (ver fs. 71 vta.).

Se precisa además en la demanda que el occiso ya había informado de un desperfecto en el aire acondicionado y que, consecuentemente, concurrió a efectuar la reparación en la fecha indicada. En suma, atribuyen la total responsabilidad por el hecho a los emplazados ya que -según la posición que esgrimen-- éstos deben asumir las consecuencias por la falta de seguridad eléctrica en el mentado inmueble. Destacan que el equipo de refrigeración se encontraba deteriorado por corrosión; o sea, “en pésimas condiciones de mantenimiento y seguridad”. Sostienen, pues, que los accionados no han cumplido con su “deber tácito de indemnidad” al no “respetar el principio de cuidado y conservación de la cosa para que no cause daños a terceros”; en tanto aquéllos son “los dueños de la cosa riesgosa” (ver 71 vta., 72 vta. y 73).

II. El cambio de denominación de la citada en garantía

A fs. 990, punto II, la actora realiza un planteo porque quien deduce los agravios como citada en garantía es “Integrity Seguros Argentina S.A.”, y no quien se había presentado anteriormente en autos que fue “Liberty Seguros S.A.”.

El apuntado cuestionamiento será desestimado. Es que a fs. 940 se presentó en la causa la primera de las sociedades nombradas donde con claridad manifiesta al Tribunal que venía a hacer saber “el cambio de denominación de mi mandante”. A su vez, a fs. 941, el Sr. Juez de Primera Instancia acogió el mentado requerimiento al tener por presentada y por parte a la citada entidad; lo que no ha merecido objeción alguna de la pretensora. De ahí, reiteramos, que no cabe sino desechar lo peticionado a fs. 990, punto II.

III. Orden de estudio de los agravios

La empresa de seguros citada en garantía, como se indicó, dedujo sus quejas a fs. 947/948. Sin perjuicio de agraviarse por la “falta de acogida de la defensa de falta de legitimación pasiva”, se interpuso también agravios al postular que en el caso medió culpa exclusiva de la víctima y por estimar excesivos los montos de indemnización fijados por el juez de grado.

Asimismo, también la actora se ocupa de dos tipos de cuestionamientos; uno por la responsabilidad, y el otro por la indemnización contemplada en el fallo en crisis.

He de considerar entonces en este voto, en primer lugar, la cuestión de la responsabilidad. Conforme a lo que se decida en este punto, se verá después si corresponde tratar o no el asunto de la legitimación, y las quejas de las partes en lo atinente a los rubros indemnizatorios.

IV. La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto pasado por lo que, dada la cuestión relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso.

Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.

De este modo, con las aclaraciones ya realizadas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren - en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.

Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo al sistema del anterior Código Civil - ley 17.711 (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”).

Esta es la solución que siguió este Tribunal en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley on line, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de ésta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su avaluación (cfr. Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias…”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28).

Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal.

De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana. Sin embargo, reitero, ha de ser la normativa del Código Civil derogado la que se ha de aplicar en el caso.

V. Estudio de los agravios en materia de responsabilidad

Los pretensores entienden que el total de la responsabilidad tiene que recaer en los demandados. Afirman que la obligación de asegurar las condiciones de seguridad recae en la accionada propietaria del inmueble donde acaeció el desgraciado hecho; y ello porque esas condiciones no se cumplieron “ni remotamente”, destacándose el mal estado del equipo de aire acondicionado y la falta de disyuntor.

A su turno, la citada en garantía aduce que el deceso del Sr. Oropeza sucedió por su exclusiva culpa por no haber tomado los recaudos que el caso exigía; como ser cortar previamente la energía eléctrica para trabajar en el equipo.

Empecemos por decir que no se discute en la presente causa que mediaba entre el fallecido y “Solanas Country S.A.” una locación de obra. En particular, resalto que ese tipo de relación jurídica fue admitida expresamente en la demanda a fs. 71; lo cual se reitera a fs. 969 vta. por los mismos pretensores. Vale decir, que en el caso estábamos ante un “locador”; esto es, un empresario que prestaba el servicio de reparación de aires acondicionados, por un lado; y, por el otro, frente a un “locatario” que era el dueño de la cosa cuya reparación encomendó al primero.

Conforme a la jurisprudencia y doctrina más autorizada, el Sr. Oropeza-- como locador y empresario-- asumió la obligación de conservar y guardar la cosa hasta su devolución al locatario, una vez concluidos los trabajos. En tal inteligencia, parece claro que los demandados, como dueños de la cosa, no tenían que responder de los accidentes que pueda sufrir el locador; desde luego, salvo que se acreditara fehacientemente que medió culpa, negligencia o imprudencia de aquéllos.

No olvidemos que los emplazados encomendaron la reparación del equipo de aire acondicionado o de refrigeración a una persona experta en la materia. Se admite, en efecto, que el occiso hacía nada menos que diecisiete años que desempeñaba su actividad profesional, y que durante siete años atendió con regularidad el aparato de aire acondicionado de propiedad de la demandada (ver la demanda, a fs. 71 y 71 vta.).

Entonces, el Sr. Oropeza -como experto en la reparación de los mentados equipos- tenía que tomar los recaudos del caso para no producir daños (a sí mismo o a terceros); para lo cual le competía verificar el estado de la cosa; sobre todo, porque ya había examinado con anterioridad el objeto a reparar e, incluso, emitió un presupuesto para el arreglo (ver los reconocimientos de fs. 71 vta. y fs. 505 y 505 vta.). En este sentido, precisamente, las constancias de autos indicarían que el locador de obra omitió precaverse del propio riesgo inherente a sus actividades habituales; ya que el trabajo encomendado -la reparación del aparato de aire acondicionado-se correspondía con el oficio de la víctima.

Un detenido análisis de la causa conlleva a descartar de plano la responsabilidad de los demandados por la circunstancia de constituir ellos los dueños de la cosa. En la especie, es claro que la propia naturaleza de la encomienda implicó el desplazamiento de la guarda hacia el locador; esto es, un traslado de la guarda jurídica de la cosa. Tengamos en cuenta que los emplazados, como locatarios de obra, no tenían -al momento de accidente-- ni la dirección ni el contralor del objeto motivo de contratación, los que se trasladaron al locador; quien era su depositario

Por lo demás, la presunción lógica -confirmada por lo que surge del expediente- es que los accionados carecían de los conocimientos necesarios; ni tampoco resultaba presumible que supieran los riesgos y vicios de una cosa que -repito-- no controlaban cuando estaba en manos del empresario; el que por otra parte realizaba el service del equipo desde hacía siete años. Por lo tanto, aquéllos -sin dubitación-- no tenían los elementos para ponderar si el equipo de aire o refrigeración se hallaba o no en buenas condiciones (ver fs. 507 y 119 vta.).

Bien se dijo que la gente del oficio no puede desconocer la peligrosidad del medio empleado; por lo que la víctima tenía que extremar, como ya lo mencionamos, las diligencias y cuidados; y prevenir el posible acaecimiento de hechos como el sucedido. Repárese que el Sr. Oropeza, como empresario, actuaba a su propio riesgo ya que desempeñaba un trabajo autónomo por excelencia.

Por lo tanto, aunque la cosa propiedad de los demandados sea riesgosa, en el caso de autos esos riesgos corresponden que los cargue el locador, y no el dueño. Esta conclusión tiene una lógica impecable. El fallecido era un profesional que se supone conocía los objetos que manipulaba y, por ende, estaba en mejores condiciones de prevenir el daño (ver CN Civ., Sala A, 30-5-1997, “Vallejos, Gregorio c/ La Favorita”, La Ley, 1997-D, 348, Online AR/JUR/3822/1997; íd., Sala F, 20-8-1987, “Romero, Leonardo O. c/ Piso Uno S.A.”, La Ley, 1988-B, 519, Online AR/JUR/935/1987; Mosset, Iturraspe, Jorge, “Caída de un andamio. Daños sufridos por quienes lo utilizaban (¿Cosa riesgosa o actividad riesgosa?)”, La Ley, 1988-B, 519, Online AR/DOC/2439/2001; Lorenzetti, Ricardo Luis, “Tratado de los Contratos”, t. II, ps. 734 y 735, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000).

Por otro lado, de ninguna manera está probado en la causa que los accionados hayan obrado con culpa, negligencia o imprudencia. En cuando al edificio en sí, no existen constancias en autos que señalen que no se haya atendido el inmueble como corresponde; y tampoco se acreditó que la “térmica no funcionaba”, como invoca la actora. El encargado del lugar, en una de sus declaraciones, manifestó “que si está levantada (la llave térmica) funcionaba el equipo, y si se la baja no. Yo lo que hice (cuando vio el accidente) fue bajar la térmica, y el equipo se apagó” (ver fs. 508 vta.); aunque otras declaraciones no parecerían seguir la misma línea (ver fs. 197 vta.).

De todos modos, con llave térmica funcionando o no, era responsabilidad del empresario advertir esa circunstancia ni bien examinó el equipo; pues la interrupción de la electricidad es el primer paso que tiene que ejecutar el locador de obra para trabajar sobre el aparato (ver la declaración de fs. 511 vta.). A mayor abundamiento, destacamos que el encargado del edificio declaró que “el sistema de electricidad en el piso se encuentra en buen estado de uso y conservación” (ver fs. 198).

En lo atinente al estado del equipo de aire acondicionado o refrigeración, es realmente llamativo que la actora impute sus deficiencias a la demandada, cuando fue precisamente la víctima, el Sr. Oropeza, quien se encargaba -hacía siete años-de atenderlo y repararlo. En todo caso, si el aparato estaba deteriorado (y así parece surgir del Informe de la Superintendencia de Bomberos, ver fs. 251) -y, además, podría eventualmente constituir una cosa susceptible de causar daños-- incumbía a la responsabilidad del empresario advertirlo, y no seguir tomando a su cargo la atención continuada del equipo (por lo menos, de manera anual) sin formular advertencia alguna, observaciones ni reservas.

Al respecto, pongo de relieve que no hay constancia alguna que demuestre que los emplazados no acudieran a llamar inmediatamente al servicio técnico cuando aparecían desperfectos en el aparato; sino que las pruebas indican todo lo contrario. Véase que se certifica que “una vez al año se efectúan tareas de mantenimiento sobre los aires acondicionados, llevando a cabo dicha tarea desde hace siete u ocho años el Sr. Oropesa” (ver fs. 198).

En cambio, sí parece que existen indicios de que el Sr. Oropeza no adoptó los recaudos necesarios para evitar daños. Por una parte, en el acto que ocurrió el hecho, la víctima vestía pantalones cortos, zapatillas, camisa o remera de manga corta, y trabajaba sin ningún elemento de protección; como serían guantes o zapatos que de algún modo lo resguardaran. Todo ello, a pesar de existir un conductor eléctrico expuesto con tensión de 380 voltios (ver fs. 182 vta. y 191 vta.). Vale la pena precisar que a “valores mayores a 100 v. son muy importantes y pueden producir descargas fatales” (ver fs. 251). Sobre el punto, la unidad médico forense nos dice que “la muerte se produjo por pasaje de corriente eléctrica a través de la piel” (ver fs. 272).

Por otra parte, la falta de adopción de medidas de seguridad por el fallecido se desprende del Informe de la Superintendencia Federal de Bomberos, del cual surge que cuando ocurrió el accidente no estaba cortado el paso de la energía eléctrica. En efecto, se dictamina que “es condición necesaria para la ocurrencia del hecho (según se comprobó) que la realización de las tareas se llevara a cabo con tensión eléctrica aplicada (no se conocen las razones para este proceder)” (sic) (ver fs. 251).

Finalmente, no puedo dejar de resaltar el pronunciamiento del Fiscal en la causa penal. Precisa que el deceso de Oropeza “no fue ocasionado por el actuar doloso o culposo de terceros”; el occiso “no tenía guantes colocados ni otra protección para su resguardo”; no obstante tener muchos años como técnico en aire acondicionado y calefacción. “Siendo así y a sabiendas del estado del aire acondicionado en cuestión, Oropeza Escalera en su carácter de técnico debería haber tomado los recaudos y medidas necesarias para evitar un accidente como el ocurrido, sin que pueda responsabilizarse a persona alguna por su propia negligencia” (ver fs. 295/296).

A la luz de lo referido, no existiendo responsabilidad de los demandados, carece de sentido que me ocupe en este voto -por haber devenido abstractos-el tema de la defensa de falta de legitimación deducida por la citada en garantía, como tampoco la cuestión de los rubros indemnizatorios. De ahí que propondré al Acuerdo el total rechazo de la demanda y la imposición de las costas a la parte actora vencida.

VI. Conclusión

Por las razones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia de primera instancia y rechazar totalmente la demanda incoada en autos. Las costas de ambas instancias se aplicarán a la parte actora vencida.

Los Dres. Ramos Feijóo y Parrilli, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO -. ROBERTO PARRILLI -.

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n a n del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, Abril de 2016.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, resuelve revocar la sentencia de primera instancia y rechazar totalmente la demanda incoada en autos. Las costas de ambas instancias se aplicarán a la parte actora vencida

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

 

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