Danos Y Perjuicios Responsabilidad Del Dueno De Camion Cuya Mercaderia Dano Al Actor Prejudicialidad

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Responsabilidad del dueño de camión cuya mercadería dañó al actor. Prejudicialidad

 

Se mantiene la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida, pues si bien en sede penal existió sobreseimiento por no haberse acreditado el hecho dañoso, lo que tornaría inviable el reclamo civil, en esta sede ese mismo hecho fue reconocido expresamente por la demandada.

 

 

//nos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Abril de dos mil dieciséis reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Barrera, Jorge Benito c/ Barracas Logística S.A s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 293/302, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- ROBERTO PARRILLI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO.-

A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:

I. Antecedentes

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 293/302, resolvió hacer lugar parcialmente a la acción promovida por Jorge Benito Barrera y, en consecuencia, condenó a “Barracas Logísticas S.A” y “Patagonia Renta de Vehículos S.A” al pago de una suma de dinero, con más su intereses y costas.

Asimismo, el a quo dispuso extender la condena a “Boston Compañía Argentina de Seguros S.A”; de conformidad con lo dispuesto en el art. 118 de la ley 17.418.

Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce agregada a fs. 13/35. En esa oportunidad, el accionante relató que con fecha 24 de julio de 2009, mientras se encontraba esperando un taxi en la intersección de las calles Libertad y Posadas de esta ciudad, el camión marca Mercedes Benz dominio CEF 306 -que emprendía un giro en el referido cruce de arterias- le volcó encima varios cajones con botellas de cerveza. Tal evento, precisamente, fue el que le habría provocado al pretensor los diversos daños y perjuicios que reclama en estos actuados.

II. Los agravios

Contra el referido pronunciamiento se alzó la parte actora, expresando agravios a fs. 343/345, pieza que mereció la réplica de fs. 357/359; y la parte demandada junto a su citada en garantía, cuyas quejas obran a fs. 351/355, contestadas a fs. 360/362.

La encartada cuestionó la atribución de responsabilidad dispuesta por el juez de grado. Adujo que el sobreseimiento dictado en sede penal (confirmado por la cámara de apelaciones) demostraba a las claras que el conductor del camión no había sido responsable del siniestro. A su vez, resaltó que todos los testigos aportados -cuya existencia no fue informada ni en la denuncia ni en la querella- fueron desechados en las actuaciones represivas, en tanto no presenciaron el hecho y resultaban contradictorios. Por último, manifestó que se encontraba acreditada la culpa de la víctima en la producción del siniestro.

Por otra parte, ambos apelantes se agraviaron de las sumas otorgadas en concepto de incapacidad sobreviniente (que incluyó los tratamientos futuros y el daño psicológico). Asimismo, la emplazada impugnó los importes establecidos por gastos médicos y daño moral y la tasa de interés aplicada al monto de condena.

III. Cuestiones a dilucidar. Límites en su análisis

El thema decidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos y, en su caso, la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios que fueran materia de agravio y la tasa de interés aplicable al monto de condena.

Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, "Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611).

IV. La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto pasado por lo que, dada la cuestión relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso.

Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.

Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.

De este modo, con las aclaraciones ya realizadas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley.

Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.

En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo al sistema del anterior Código Civil - ley 17.711 (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”).

Esta es la solución que siguió esta Cámara en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley on line, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de ésta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su avaluación (cfr. Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias...”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28).

Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal.

De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana.

V. La atribución de la responsabilidad

V.a. Para comenzar, diré que asiste razón a la encartada apelante cuando sostiene que resulta fundamental examinar en este pleito las constancias producidas en las actuaciones represivas.

Al respecto, no puede soslayarse que el juez penal, para fundar el sobreseimiento del conductor del camión imputado, adujo que “no debemos pasar por alto que (la denuncia) fue incoada por Barrera cinco días posteriores al evento”; que “en su declaración de fs. 1 no informó la existencia de testigos presenciales”; que “tampoco hizo referencia alguna en su escrito de querella”; y que “pasados cuatro meses...aseveró finalmente la existencia de cuatro testigos”.

A su vez, el magistrado indicó que de los relatos de los deponentes Héctor Domingo Galleguillo, Paula Marcela Gase Cabral y Sergio Rafael Corbalán “se advierte que ninguno de ellos observó la circunstancia denunciada por Barrera , ya que los nombrados no se hallaban en el lugar cuando se produjo el hecho”. Por último, desechó la declaración de Sergio Iván Melos Álvez, quien afirmó que el hecho había ocurrido “hace unos tres, o como mucho, cuatro meses atrás” cuando en realidad habían pasado siete meses; y por resultar contradictoria con la deposición de Sergio Rafael Corbalán.

En definitiva, el judicante concluyó que no se contaba con testigos presenciales “que corroboren la circunstancias descripta por el damnificado”; que “no se vislumbra que en el futuro se puedan anexar mayores probanzas que permitan dictar el procesamiento”; y que entonces “resulta prácticamente imposible de probar si efectivamente Peralta violó el deber objetivo de cuidado exigido” (v. fs. 69/70 de la causa penal).

La referida decisión del juez de instrucción fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. En esa oportunidad, el tribunal entendió que no había “una relación lógica entre el hecho denunciado y las lesiones que debieran haberse producido”; que a ello debía “sumársele las contradicciones...en los relatos de los demás testigos...y la imposibilidad de practicar otra medida tendiente a verificar la presencia de las lesiones denunciadas”. En este sentido, la Alzada fue categórica al concluir que “el hecho denunciado no se cometió” (v. fs. 111 de las actuaciones represivas).

Por lo tanto, todos los magistrados intervinientes en sede penal se pronunciaron por la inexistencia del hecho que sustentó la pretensión. En consecuencia, cabe analizar si corresponde aplicar en la especie el antiguo artículo 1103, que disponía que “después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”.

Tal como acertadamente lo precisó la Corte Federal, el “hecho principal” consignado por el precepto legal queda limitado “a la materialidad de los hechos y la autoría”, sin comprender -por supuesto- las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa. Para decirlo en otras palabras, no puede discutirse en sede civil la existencia misma del hecho -o su autoría-; sin embargo, la calificación de la conducta se puede efectuar de manera distinta por una y otra jurisdicción (ver CSJN, 10-10-1996, “Minervino de Caldentey, Graciela Marta c/ Cuevas, Alfredo Héctor y Otro”, (M. 85. XXXII), “Fallos”, 319:2339. En igual sentido, “Fallos”, 312:727; 315:727; 316:2824; 321:2130; 324:3544. Ver, también, SCBA, Ac. N 58.565 del 6-8-1996; Ac. N 54.706 del 11-10-1995; Ac. N 55.404, del 25-11-1997; Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, ps. 555/556, ed. Abeledo-Perrot, séptima edición, Buenos Aires, 1992; Llambías, Jorge Joaquín, “Límite de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil”, ED, 84-775).

No obstante, en el caso de autos no se trató específicamente de una absolución sino de un sobreseimiento definitivo. Sobre el punto, vale la pena recordar que el Código Civil -hoy derogado- no contenía una directiva con relación a la incidencia de esta figura en sede civil, que ni siquiera existía en la época de Vélez Sarsfield. En efecto, se han elaborado diversas teorías para dar respuesta a este interrogante. En primer lugar, están quienes postulan que queda subsumido en el concepto de absolución, ya que el sobreseimiento definitivo pone fin al pleito.

En segundo lugar, están quienes arguyen que no hace cosa juzgada en tanto no hay norma que así lo disponga, ni proceso completo que permita recurrir a un razonamiento analógico. Aquí parecería enrolarse el criterio de las antiguas Cámaras Civiles, del 2 de abril de 1946, en la causa “Amoruso, Miguel G. y Otra c/ Casella, José L.”, que por fallo plenario -aplicable a esta Cámara- resolvió: “El sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria del proceso recaída en el juicio criminal, no hace cosa juzgada en el juicio civil, el primero en absoluto y la segunda respecto a la culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados” (ver LL, 42-156; JA, 1944-I-803).

Por último, con una visión intermedia, algunos autores diferencian entre las razones por las cuales fue dictado el sobreseimiento. En caso de que el juez penal sostenga que el hecho no se cometió, o no lo cometió el imputado, tal condicionante tendrá la misma incidencia que la absolución, ya que el sentenciante civil no podrá aseverar lo contrario (ver, Saux, Edgardo I., en “Código Civil y normas complementarias”, Bueres (dir), Highton de Nolasco (coord.), Bs. As., 1999, t. 3-A, págs. 331 y ss, con sus citas).

Afortunadamente esta cuestión ha sido zanjada por la nueva legislación, en tanto el Código Civil y Comercial -no aplicable directamente a este caso pero sí como doctrina interpretativa- dispone en su artículo 1777, sin hacer ningún tipo de distinción, que “si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil”.

A poco que se examine el caso sub judice, se verificará que el sobreseimiento en sede penal se determinó por no encontrarse acreditado el “hecho principal”; esto es, que la controversia versó sobre la “materialidad de los hechos y la autoría” y no sobre la culpa del imputado.

Las circunstancias referidas, precisamente, son las que llevan a tener por no acreditado el relato de los hechos brindado por el actor en su denuncia penal y en esta demanda civil, y a desechar todas las declaraciones testimoniales -contradictorias- practicadas en las actuaciones represivas (y ratificadas en esta sede). Esto significa, pues, que comparto absolutamente las inquietudes de la encartada apelante en cuanto a la incidencia de lo decidido en sede penal.

Ahora bien, probablemente estos elementos recolectados -y la imposibilidad de producir nueva prueba- hubiesen conducido sin más al rechazo de la demanda incoada en autos. Sin embargo, será la contestación de demanda -realizada en esta sede más de 10 meses después de la sentencia de la cámara penal- la que dará un giro inesperado a este asunto. Es que allí se consignó que “el Sr. Peralta se encontraba al mando del camión...que cuando llegó a la esquina existente en Libertad y Posadas...emprendió el giro a baja velocidad y dado que en esa intersección existe una cuneta badén profunda, el camión efectuó un salto y como consecuencia de ello algunos cajones...cayeron a la calle y aparentemente uno de ellos golpeó al actor en el hombro derecho” (v. fs. 52 vta.).

En definitiva, estamos en presencia de quizás el único elemento de juicio que podía modificar el curso de este expediente: el reconocimiento del hecho por parte del encartado. Es que, al concluir más adelante en su responde el accionado que el actor se erigió como “sujeto activo al ser golpeado por los cajones que cayeron sobre el asfalto” (v. fs. 53), podemos tener por comprobado en autos el contacto existente entre los cajones de cerveza y el aquí accionante.

V.b. Así las cosas, aún cuando no tengamos por cierto en esta Alzada el relato de los hechos del pretensor, la mera acreditación del contacto entre éste y los cajones de cerveza volcados por el camión (reconocida por el encartado) vuelve aplicables las previsiones del art. 1113 del Código Civil hoy derogado. Esto significa, que resulta pertinente dilucidar si ha quedado comprobada la interrupción del nexo causal de la responsabilidad objetiva en la producción del acontecimiento de marras.

En este sentido, el propio accionado sostuvo en su responde de demanda que el pretensor “se encontraba detenido en la intersección pero no sobre la vereda, sino sobre el pavimento, lo cual lo constituye en principal responsable del accidente, porque la obligación del peatón es permanecer sobre la vereda hasta que pueda efectuar el cruce”; que “fue el propio actor quien actuó con negligencia e impericia poniendo en riesgo su vida”; y que “se provocó la fractura del nexo causal...de allí la aplicación de los dispuesto en el artículo 1111 y 1113 2do párrafo...existiendo...culpa de la víctima” (v. fs. 52/53).

Sin embargo, tal circunstancia no se encuentra corroborada por ninguna probanza anejada en estas actuaciones. En efecto, no se ha producido en la especie prueba testimonial alguna a favor del encartado ni se ha acompañado ningún elemento de juicio que pudiera siquiera presumir una actitud negligente del pretensor. Para decirlo en otras palabras, no se encuentra probado ningún actuar con entidad causal como para generar una exoneración de responsabilidad.

Sabido es que quien omite probar no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la existencia de los hechos de que se trate y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés (Palacio, Lino, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 2004, pág. 399). Esta directiva, sin vacilación, se aplica a la letra al caso de autos.

Por lo tanto, aunque por otros fundamentos, no me queda otra alternativa que proponer a mis colegas la confirmación de la sentencia de primera instancia en lo principal que decide. Por supuesto que, en función de todo lo expuesto, adoptaré un criterio restrictivo en lo que refiere a los rubros de la cuenta indemnizatoria.

VI. La indemnización

VI.a. Trataré inicialmente los agravios deducidos respecto de la suma concedida por la partida indemnizatoria de incapacidad sobreviniente, en la que el juez de grado analizó el daño físico y psíquico y los gastos por cirugía y tratamientos futuros ($110.000).

Al respecto, cabe señalar que la partida por incapacidad física procura el resarcimiento de los perjuicios que tuvieron por efecto disminuir la capacidad vital de la persona afectada, lo que incide en todas las actividades, no solamente en la productiva sino también en la social, cultural, y fundamentalmente en la individual (conf. CNCiv., Sala C, 21/03/1995, in re: "Arias Gustavo G. c/ Fuentes Esteban"). Tal criterio se sustenta en el derecho del sujeto a conservar ileso e intacto su cuerpo, dado que aun con la mejor evolución posible de las lesiones sufridas será harto difícil o imposible restablecer por completo en el organismo alterado la situación de incolumidad anterior; y esta situación es la que determina un perjuicio reparable (cfr. mi anterior voto in re "Domínguez c. Arakaki s/ds. y ps.", del 31/10/2005). Consecuentemente, rigiéndonos por el principio de la reparación integral, es obligación de los jueces cubrir el demérito que del ilícito resulte a la víctima.

Desde otra perspectiva, la jurisprudencia ha dicho que para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. (cfr. CNCiv., Sala D, del 7/11/1968, ED, 25-428; íd, íd., del 9/5/1972, ED, 43-740; íd., Sala E, del 23/3/1961, ED, 1-58; entre muchos otros). En la especie, cabe destacar que el actor contaba, al momento del accidente, con 53 años de edad, era de estado civil casado, padre de tres hijos, y se desempeñaba como albañil (v. fs. 300). A su vez, del Beneficio de Litigar sin Gastos que corre por cuerda al presente -oportunamente concedido- se desprende que el accionante presenta una situación económica modesta.

En lo que se refiere al daño psíquico, por supuesto que con la partida del caso se tiende a indemnizar la falta de salud mental derivada de un hecho ilícito, debiéndose verificar -a los fines indemnizatorios- la naturaleza y la entidad del interés lesionado. Tal como sucede con las lesiones físicas, se está ante una inhabilidad o dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, sin que importe que tal disminución no afecte la capacidad productiva del individuo, dado que existe también un derecho en el sujeto a conservar ilesa e intacta su psiquis.

En el referido contexto, y precisadas ya las directivas que guiarán nuestro estudio, estimo pertinente evaluar las conclusiones arribadas en el informe pericial practicado en el expediente. Es así que el experto médico adujo que Jorge Benito Barrera padece, en la actualidad, “cervicobraquialgia post traumática con alteraciones clínicas, radiológica y electromiográficas leves o moderadas”, por la que le corresponde una incapacidad del 25%. Manifestó que “los estudios...indican un proceso degenerativo y desecación tanto en hombro como a nivel de columna cervical que nos llevan a pensar en un cuadro crónico preexistente al accidente”; y que el grado de incapacidad comprende la “presencia de una concausa (artrosis, procesos de degeneración y desecación)” (v. fs. 188).

Por otra parte, el experto informó que el actor sufre “eventraciones pequeñas de hasta 6 cm de longitud”; que “el traumatismo abdominal es una de las causas de la misma”; “que la solución es quirúrgica”; y que le generan una incapacidad del 6% (v. fs. 188).

Desde ya adelanto que, a diferencia del juez de grado, habré de adoptar un criterio sumamente restrictivo con respecto a las dolencias del hombro y la columna cervical. Es que si bien el perito en esta sede aclaró que el cuadro degenerativo preexistente se puso de manifiesto a raíz del hecho (v. fs. 232), no es menos veraz que en el informe médico de la causa penal ( realizado poco tiempo después del siniestro) surge que el actor “presenta deformidad en abdomen superior línea media supraumbilical de 6 cm de diámetro, cuyo origen podría ser por esfuerzo de defensa con producción de herniación”...”no hallándose otros traumatismos en su superficie corporal” (v. fs. 10 de las actuaciones represivas). Esta circunstancia, en función de lo delineado en el acápite precedente, resulta crucial a la hora de justipreciar los daños padecidos.

En lo que respecta a la faz psíquica, el perito adujo que el accionante padece un “cuadro de depresión reactiva en grado leve”, por el que corresponde una incapacidad del 5% (v. fs. 189). A su vez, recomendó la realización de un tratamiento psicoterapéutico de “dos sesiones semanales, por un tiempo no menor a un año...siendo el valor de cada sesión $130” (v. fs. 197).

En función de lo expresado, teniendo en cuenta los porcentajes de incapacidad física y psíquica informados, la entidad de las lesiones sufridas en el abdomen -con los consiguientes gastos de cirugía-, el criterio restrictivo a la hora de considerar los padecimientos en el hombro y la columna cervical, la necesidad de realizar un tratamiento psicológico que podrá paliar -aunque no suprimir- las afecciones psíquicas, lo que se resolverá respecto de los intereses, y las condiciones personales de la víctima, estimo que la suma establecida por el magistrado que me precedió por estos conceptos resulta excesiva para enjugar el daño sufrido. De tal guisa, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 165 del CPPCN, propondré a mis colegas su reducción a la cantidad de $70.000.

V.b. Seguidamente analizaré las quejas vertidas con respecto al importe otorgado por daño moral ($40.000). Sobre la cuestión, he de destacar que en general se admite que para que estemos ante un daño de esta índole es indispensable que se trate de una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades del individuo para sentir, querer y entender; traduciéndose en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba antes del hecho.

Es que el daño moral -en tanto configura un menoscabo a los intereses no patrimoniales- es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etcétera, que el injusto provocó en el damnificado; más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y circunstancias personales (ver Cammarota, Antonio, “Responsabilidad extracontractual. Hechos y actos ilícitos”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1947, p. 102; Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños, T. 2b, pág. 593 y ss.; Zannoni, Eduardo A., “El daño en la responsabilidad civil”, Ed. Astrea, p. 287; CNCiv, Sala C, 22-12-2005, “Vega Rubilan, Soria de las Mercedes c/ Transporte Automotor General Las Heras SRL”, LL, online; íd., Sala E, 26-5-2006, “Montalbetti, Carlos F. y otros c/ Microómnibus Sur SAC y otros”).

No puede discutirse que el daño moral recae en el lado íntimo de la personalidad, y en este sentido es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Es que se trata de un sentimiento que, como decía Kant, representa un estado que “no contiene más que lo subjetivo puro” (ver Principios metafísicos del Derecho”, p. 13, Imprenta de José María Pérez, Madrid, 1873).

No obstante lo expuesto, la circunstancia de que nos hallemos ante supuestos de alteraciones emocionales profundamente subjetivas e inescrutables no ha de impedir la evaluación del juez, la que -necesariamente-- tendrá que ser objetiva y abstracta; para lo cual se considerará cuál pudo ser hipotéticamente el estado de ánimo de una persona común, colocada en las mismas condiciones concretas en que se encontró la víctima del acto lesivo (ver Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad civil”, p. 247, 9 edición, Abeledo-Perrot, 1997). Desde esta óptica, no parecería un requisito necesario la demostración por el accionante de la existencia en sí del daño moral; a tal punto que se ha sostenido que dicha prueba -de producirse- sería irrelevante para el Derecho, pues lo que hay que tener en cuenta es el dolor o sufrimiento moral que el hecho en cuestión produce normalmente en los sujetos, dado que se estaría ante un efecto “previsto de antemano por la norma” (ver Brebbia, Roberto H., “El daño moral”, p. 86, Ed. Orbir, 2 edición, Rosario, 1967). De todas maneras, y en lo que hace a la magnitud y el alcance del daño moral, es verdad que podrá ser presumido por el juez por vía indirecta, tras la prueba por la víctima de determinadas situaciones por las que ella transita a raíz del injusto (ver Zabala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, T. 2b, p. 593 y ss.).

Claro está que, a los fines indemnizatorios, no sólo se debe tener en cuenta las condiciones personales de las víctimas al momento del evento -antes destacadas- sino también evaluar los padecimientos de esta índole que razonablemente pudieron haber sufrido a consecuencia del hecho dañoso.

En función de lo delineado, de acuerdo a las circunstancias particulares de autos y lo que se dirá respecto de los intereses, también considero que el monto resulta excesivo, por lo que propondré al Acuerdo su reducción a la cantidad de $25.000. Tal ha de ser mi voto.

VI.c. En lo atinente a los gastos de atención médica, de farmacia, vestimenta y traslados la jurisprudencia ha decidido que resulta procedente el reintegro de este tipo de erogaciones en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito. Y ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio acontece aún en el caso de que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas (cfr. esta Sala, “Chaparro c/ Coop. Ltda. de Seguros Bernardino Rivadavia s/ ds. y ps.”, del 18/4/96; íd., mi voto in re “Hidalgo c/ Rolón”, del 5/3/07).

A tenor de lo expuesto, estimo que la suma de $2.000 resulta acertada. En consecuencia, propondré su confirmación.

VII. Los intereses

En lo que respecta a los intereses, la demandada y su citada en garantía cuestionaron la aplicación de la tasa activa de interés desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago por considerar que el pronunciamiento de grado había considerado valores actuales.

En primer lugar, he de precisar que no comparto la postura relativa a la “actualidad” de los valores indemnizatorios. Es que, vale la pena resaltarlo, las indemnizaciones que establecen los jueces no pueden contener actualización alguna pues -de lo contrario- se violarían las leyes 23.928, 25.561 y sus decretos reglamentarios (ver, entre tantos precedentes, esta Sala in re “Walas c/ Fernández”, del 20/12/2007 y el fallo de nuestra Corte Federal en “Massolo, Alberto José c/ Transporte del Tejar S.A.”, 20-4- 2010, LL, del 25-10-2010, p. 9). Más aún, de hecho no surge del pronunciamiento cuestionado que se haya aplicado alguna tabla que contenga índices de actualización monetaria por la inflación acaecida; lo que de por sí descarta que los valores determinados puedan calificarse de propiamente actuales.

Por otra parte, cabe destacar que en el caso se impone la vigencia del art. 303 del ritual, precepto que considero vigente en su redacción originaria conforme lo decidido por esta Sala (R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios”, LL, Online, AR/JUR/55224/2013). A la luz de la mencionada norma, entonces, se establece para todo el fuero la obligatoriedad de los fallos plenarios. Así las cosas, en la sentencia de esta Cámara, en pleno, en los autos “Samudio de Martínez, Ladislada c/ Transporte Doscientos setenta S.A. s/ Daños y Perjucios”, dictada el 20 de abril de 2009, se resolvió dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vazquez, Claudia c/ Bilbao, Walter y Otros” (del 2-8-1993) y “Alaniz, Ramona Evelia c/ Transporte 123 S.A.” (del 23-3-2004), disponiéndose aplicar desde la mora (en el caso, desde el día del hecho) la tasa de interés activa cartera general (préstamos), nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Es verdad que el mentado plenario admite una solución diversa cuando acontezca “una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. Pero esa singular especie comporta una situación harto excepcional, que se aparta de la regla general, y que -para que pueda tener lugar- debe ser acreditada fehacientemente y sin el menor asomo de duda en el marco del proceso. A mi juicio no obran en la causa constancias que certifiquen que, con la aplicación de la tasa activa desde el día del evento, se configuraría el mentado “enriquecimiento indebido”; como tampoco existen elementos que siquiera lo hagan presumir.

Para finalizar, debo aclarar que con relación a los intereses devengados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768 del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior aquí establecida, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y dadas las actuales circunstancias económicas, iría en desmedro del principio de la reparación plena del daño que se ha causado (ver. art. 1740 del mismo código).

En atención a lo expuesto, y en cumplimiento de la mencionada doctrina plenaria, he de proponer al Acuerdo que se le adicionen a los capitales de condena los intereses a la tasa mencionada, los que se computarán desde el momento del hecho y hasta la oportunidad del efectivo pago.

VIII. Conclusión

A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y modificarla en lo que respecta al monto de condena, que pasará a ser de pesos noventa y siete mil ($97.000), con más los intereses establecidos en el pronunciamiento de grado. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia.

Los Dres. Parrilli y Ramos Feijóo, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Mizrahi, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

 

MAURICIO LUIS MIZRAHI

ROBERTO PARRILLI

CLAUDIO RAMOS FEIJOO

 

Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n a n del Libro de Acuerdos de esta Sala B de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

 

Buenos Aires, Abril de 2016.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y modificarla en lo que respecta al monto de condena, que pasará a ser de pesos noventa y siete mil ($97.000), con más los intereses establecidos en el pronunciamiento de grado. Las costas de Alzada se imponen de igual modo que en primera instancia.

Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, difiérese la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas a fs. 302 y 311, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada (conf. art. 1 de la ley Nro. 24.432).

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.

  

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