Danos Y Perjuicios Rina En Centro Comercial Obligacion De Seguridad Caso Fortuito Exencion De Responsabilidad

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Riña en centro comercial. Obligación de seguridad. Caso fortuito. Exención de responsabilidad

 

Se revoca la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños deducida por quien fuera agredido físicamente dentro del establecimiento comercial de la demandada, pues no es posible determinar que el deber de seguridad haya sido incumplido por la empresa, ya que la agresión del tercero revistió las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito.

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil dieciseis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Sacomani, Guillermo Omar c/ Formatos Eficientes S.A. y otro s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 338/346 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. GUISADO, UBIEDO y CASTRO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:

I.- Que contra la sentencia de fs. 338/346 que hizo lugar a la demanda entablada por Guillermo Omar Sacomani contra “Formatos Eficientes S.A.” y condenó a esta última y su aseguradora, “QBE Seguros La Buenos Aires S.A.”, a abonarle la suma de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos ($175.000) con más sus intereses y las costas del juicio se alza la parte actora quien expresó agravios a fs. 420/429 los que fueron respondidos a fs. 440/442, y la citada en garantía quien fundó su recurso con el memorial de fs. 431/438 contestado a fs. 444/456.-

Según se relata en la demanda, el hecho que la motivó sucedió el día 10 de febrero de 2005 en circunstancias que el actor se encontraba desplazándose por el supermercado EKI, sito en Medrano 680 de esta ciudad, de propiedad de la accionada cuando, sin motivo aparente, fue agredido por una persona que no pudo ser identificada y le provocó lesiones. Con ayuda del personal del local, el agresor pudo ser expulsado del establecimiento y se llamó a la ambulancia para asistir al damnificado quien luego realizó la pertinente denuncia ante las autoridades policiales.-

II.- El magistrado de grado analizó el material probatorio y entendió que la empresa demandada había incumplido la obligación de seguridad derivada del principio de buena fe previsto en el art. 1198 del Código Civil, por eso la condenó al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de ello. La citada en garantía cuestiona la atribución de responsabilidad, así como los montos indemnizatorios fijados. Se queja también porque, dice, se omitió tratar su planteo respecto de la franquicia contenida en la póliza y, finalmente, por la tasa de interés decidida. La actora, por su parte, sostiene que son exiguas las sumas otorgadas en concepto de “incapacidad sobreviniente”, “daño psíquico”, “tratamiento psicológico”, “daño moral”, “gastos médicos, de medicamentos, de farmacia y de traslados o movilidad”.-

III.- Corresponde, entonces, analizar en primer término las cuestiones atinentes a la atribución de responsabilidad decida.-

Comparto con el magistrado de la instancia anterior que pesa sobre la accionada un deber de seguridad respecto de las personas que concurran a los establecimientos de su propiedad, así como que este deber encuentra su fundamento normativo en el art. 1198 del Código Civil. No puedo tampoco dejar de mencionar, en tanto ha sido invocado por la parte actora al iniciar la demandada, que también ello se deriva de la interpretación de los arts. 5,10 bis y 40 de la ley de Defensa al Consumidor.-

La apelante también admite este punto, pero sostiene que el deber de seguridad no es ilimitado. Que el violento acontecimiento que padeció el actor no hubiese podido ser evitado de ninguna manera por la demandada y que, una vez sucedido, su personal tomó las medidas necesarias para que el tercero cesara en su actitud y auxiliar al damnificado.-

En efecto, si bien este deber impone una responsabilidad de carácter objetivo, la empresa puede eximirse de responsabilidad demostrando la ruptura del nexo causal, ya sea por la culpa de un tercero por el que no deba responder, por la culpa de la propia víctima, el caso fortuito o la “causa ajena”, todo ello en los términos de la ley 24.240.-

Del propio relato de los hechos efectuado por el actor al iniciar la demanda, así como al formular la denuncia en sede penal, se desprende que la agresión que sufrió resultó absolutamente inmotivada. Él mismo sostiene que un hombre, totalmente desconocido se le acercó “de improviso” y “en forma resuelta” y “sin causa alguna que lo justifique” avanzó hacia el en forma encontrada golpeando su hombro. Luego, esta persona lo insultó y otra que estaba en el lugar intentó impedir la agresión sin éxito. Inmediatamente “sin mediar palabras”, le propinó golpes hasta derribarlo para continuar luego pegándole en el suelo. Finalmente, logró separarlos un empleado del comercio con gran esfuerzo, y pudo también expulsarlo del local, debiendo cerrar las puertas, dado que el agresor no deponía en su actitud beligerante.-

Este empleado, Pablo Antonio Salas, declaró en sede penal que se encontraba a dos góndolas de distancia de donde sucedieron los hechos y que se percató de que algo sucedía al escuchar gritos (ver fs. 33). La otra empleada que se hallaba en el lugar, Natacha Judith Robelis, se expresó en similares términos, agregando que había una persona afectada a la seguridad del local que se hallaba en la puerta del mismo (fs. 34).-

Tales circunstancias me persuaden de que no es posible determinar que el deber de seguridad haya sido incumplido por la empresa demandada, sino que la agresión del tercero revistió las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito, y por lo tanto resulta a mi juicio, suficiente eximente de la responsabilidad de la demandada.-

Agrego que, contrariamente al fundamento del fallo apelado, no se invocó que este tipo de acontecimientos fuera habitual, ni se expresó que alguno de los dependientes hubiese actuado de manera inadecuada. La empresa contaba con personal de seguridad, y la víctima fue asistida por quien pudo arribar más raudamente al lugar exacto donde sucedió la riña. No se advierte qué actitud diferente adoptada por el empleado del comercio le hubiese sido exigible al vigilador. El deber de seguridad no puede ser extendido al punto tal de pretender que el comercio se constituya en garante del orden social (conf. arg. Fallos 322:139).-

En este sentido, se ha dicho de manera reciente que “el hecho sus clientes, no significa que les garantice la indemnidad, es decir, una suerte de inmunidad que los ponga a salvo de cualquier posible episodio de inseguridad.

En caso de ser así, es decir, seguir dicho plano argumental importaría tanto como exigirle a los centros comerciales que transformen la realidad circundante, la propia operante en el ejido urbano en los tiempos que corren, en reductos donde reine la paz y la concordia, y todo por el mero hecho de transponer una puerta de acceso a sus instalaciones. Ello equivaldría a exigirle a la demandada un dominio de la causalidad absolutamente desmedido, sin duda muy superior al que se espera -y por tanto resulta exigible- a la empresa accionada, debiendo responder aún cuando hubiera profesionalmente como ha sido el caso de autos.” (Conf. CNCiv. Sala J, “Mazzei, Luciano Alberto c. Del Parque Shopping Center S.A. s/ daños y perjuicios” del 26/11/2015 publicado en La Ley online AR/JUR/62837/2015).-

Por lo expuesto, entiendo que el daño se produjo por el exclusivo obrar de un tercero ajeno a la empresa por el cual la misma no puede responder, sin que le sea exigible haber tomado una medida de seguridad diferente a las que efectivamente adoptó, ni se ha invocado que una actitud distinta por parte de su personal hubiese podido evitar el hecho. Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la queja de la citada en garantía, revocando el fallo de primera instancia y rechazando la demanda bajo.

Las restantes quejas, en consecuencia, devienen abstractas por lo que no corresponde su tratamiento.-

De allí que voto porque 1) se revoque el fallo de primera instancia rechazando la demanda entablada por Guillermo Omar Sacomani contra “Formatos Eficientes S.A.” y “QBE Seguros La Buenos Aires S.A”, 2) Se impongan las costas de ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (art. 68).-

Por razones análogas, la DRA. UBIEDO y la DRA. CASTRO adhieren al voto que antecede.-

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..-

 

MARIA LAURA RAGONI

Secretaria

 

Buenos Aires, de noviembre de 2016.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1°) Revocar el fallo de primera instancia rechazando la demanda entablada por Guillermo Omar Sacomani contra “Formatos Eficientes S.A.” y “QBE Seguros La Buenos Aires S.A”, 2°) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (art. 68). 3°) En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art.279 del código procesal, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada -en la instancia de grado- a fs. 338/345 y a fs. 364 rectificada a fs. 379.-

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido según las pautas establecidas en la presente, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, regúlense los honorarios del letrado apoderado de la parte actora Dr. Alfredo Néstor Rodríguez en la suma de veinte mil pesos ($20.000). Regúlense los honorarios de los letrados apoderados de la parte demandada Dres. Juan Ernesto Curuchet y Pedro Luis Mazzino en las sumas de veintidós mil pesos ($22.000) y cinco mil quinientos pesos ($5.500) respectivamente. Asimismo regúlense los honorarios de la letrada apoderada de la citada en garantía Dra. María Elisa Salgado en la suma de cuarenta mil pesos ($40.000).-

Considerando los trabajos efectuados por los expertos, su incidencia en el resultado del proceso, el art.478 del código procesal y las pautas de la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria en lo pertinente, regúlense los honorarios del perito médico Guillermo Alberto Ottogalli en la suma de de diez mil pesos ($10.000) y los de la perito psicóloga Alcira Noemí Greco en la suma de diez mil pesos ($10.000).-

En cuanto al consultor técnico, teniendo en cuenta la distinta naturaleza de sus dictamen y entidad de la labor profesional procede fijar sus honorarios en una proporción menor de la que se establece para el perito designado de oficio (esta Sala exptes.73.055, 71.850 entre otros). En merito de ello, regúlense los honorarios de la consultora Susana Sofía Holand en la suma de tres mil pesos ($3.000).-

Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 2536/15 y lo dispuesto en el punto f), del art.2°) del anexo III) del Decreto 1467/11, fíjanse los honorarios de las mediadoras Dras. Nora A. Cherñavsky y Graciela Liliana Brener en las suma de tres mil doscientos pesos ($3.200) para cada una de ellas.- Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en la presente y las pautas del art. 14 de la ley 21839, regúlense los honorarios del Dr. Alfredo Néstor Rodríguez en la suma de cinco mil pesos ($5.000) y los de la Dra. María Elisa Salgado en la suma de catorce mil pesos ($14.000).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO

CARMEN N. UBIEDO

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil dieciseis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “Sacomani, Guillermo Omar c/ Formatos Eficientes S.A. y otro s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 338/346 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. GUISADO, UBIEDO y CASTRO.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:

I.- Que contra la sentencia de fs. 338/346 que hizo lugar a la demanda entablada por Guillermo Omar Sacomani contra “Formatos Eficientes S.A.” y condenó a esta última y su aseguradora, “QBE Seguros La Buenos Aires S.A.”, a abonarle la suma de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos ($175.000) con más sus intereses y las costas del juicio se alza la parte actora quien expresó agravios a fs. 420/429 los que fueron respondidos a fs. 440/442, y la citada en garantía quien fundó su recurso con el memorial de fs. 431/438 con- testado a fs. 444/456.-

Según se relata en la demanda, el hecho que la motivó sucedió el día 10 de febrero de 2005 en circunstancias que el actor se encontraba desplazándose por el supermercado EKI, sito en Medrano 680 de esta ciudad, de propiedad de la accionada cuando, sin motivo aparente, fue agredido por una persona que no pudo ser identificada y le provocó lesiones. Con ayuda del personal del local, el agresor pudo ser expulsado del establecimiento y se llamó a la ante las autoridades policiales.-

II.- El magistrado de grado analizó el material probatorio y entendió que la empresa demandada había incumplido la obligación de seguridad derivada del principio de buena fe previsto en el art. 1198 del Código Civil, por eso la condenó al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de ello. La citada en garantía cuestiona la atribución de responsabilidad, así como los montos indemnizatorios fijados. Se queja también porque, dice, se omitió tratar su planteo respecto de la franquicia contenida en la póliza y, finalmente, por la tasa de interés decidida. La actora, por su parte, sostiene que son exiguas las sumas otorgadas en concepto de “incapacidad sobreviniente”, “daño psíquico”, “tratamiento psicológico”, “daño moral”, “gastos médicos, de medicamentos, de farmacia y de traslados o movilidad”.-

III.- Corresponde, entonces, analizar en primer término las cuestiones atinentes a la atribución de responsabilidad decida.-

Comparto con el magistrado de la instancia anterior que pesa sobre la accionada un deber de seguridad respecto de las personas que concurran a los establecimientos de su propiedad, así como que este deber encuentra su fundamento normativo en el art. 1198 del Código Civil. No puedo tampoco dejar de mencionar, en tanto ha sido invocado por la parte actora al iniciar la de- mandada, que también ello se deriva de la interpretación de los arts. 5,10 bis y 40 de la ley de Defensa al Consumidor.-

La apelante también admite este punto, pero sostiene que el deber de seguridad no es ilimitado. Que el violento acontecimiento que padeció el actor no hubiese podido ser evitado de ninguna manera por la demandada y que, una vez sucedido, su personal tomó las medidas necesarias para que el ter- cero cesara en su actitud y auxiliar al damnificado.-

En efecto, si bien este deber impone una responsabilidad de carácter objetivo, la empresa puede eximirse de responsabilidad demostrando la ruptura del nexo causal, ya sea por la culpa de un tercero por el que no deba responder, por la culpa de la propia víctima, el caso fortuito o la “causa ajena”, todo ello en los términos de la ley 24.240.-

Del propio relato de los hechos efectuado por el actor al iniciar la demanda, así como al formular la denuncia en sede penal, se desprende que la agresión que sufrió resultó absolutamente inmotivada. Él mismo sostiene que un hombre, totalmente desconocido se le acercó “de improviso” y “en forma resuelta” y “sin causa alguna que lo justifique” avanzó hacia el en forma encontrada golpeando su hombro. Luego, esta persona lo insultó y otra que estaba en el lugar intentó impedir la agresión sin éxito. Inmediatamente “sin mediar palabras”, le propinó golpes hasta derribarlo para continuar luego pegándole en el suelo. Finalmente, logró separarlos un empleado del comercio con gran es- fuerzo, y pudo también expulsarlo del local, debiendo cerrar las puertas, dado que el agresor no deponía en su actitud beligerante.-

Este empleado, Pablo Antonio Salas, declaró en sede penal que se encontraba a dos góndolas de distancia de donde sucedieron los hechos y que se percató de que algo sucedía al escuchar gritos (ver fs. 33). La otra empleada que se hallaba en el lugar, Natacha Judith Robelis, se expresó en similares términos, agregando que había una persona afectada a la seguridad del local que se hallaba en la puerta del mismo (fs. 34).-

Tales circunstancias me persuaden de que no es posible de- terminar que el deber de seguridad haya sido incumplido por la empresa de- mandada, sino que la agresión del tercero revistió las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito, y por lo tanto resulta a mi juicio, suficiente eximente de la responsabilidad de la demandada.-

Agrego que, contrariamente al fundamento del fallo apelado, no se invocó que este tipo de acontecimientos fuera habitual, ni se expresó que alguno de los dependientes hubiese actuado de manera inadecuada. La empresa contaba con personal de seguridad, y la víctima fue asistida por quien pudo arribar más raudamente al lugar exacto donde sucedió la riña. No se advierte qué actitud diferente adoptada por el empleado del comercio le hubiese sido exigible al vigilador. El deber de seguridad no puede ser extendido al punto tal de pretender que el comercio se constituya en garante del orden social (conf. arg. Fal- los 322:139).-

En este sentido, se ha dicho de manera reciente que “el hecho que el Shopping deba velar por la seguridad e integridad de todos y cada uno de sus clientes, no significa que les garantice la indemnidad, es decir, una suerte de inmunidad que los ponga a salvo de cualquier posible episodio de inseguridad.

En caso de ser así, es decir, seguir dicho plano argumental importaría tanto como exigirle a los centros comerciales que transformen la realidad circundante, la propia operante en el ejido urbano en los tiempos que corren, en reductos donde reine la paz y la concordia, y todo por el mero hecho de transponer una puerta de acceso a sus instalaciones. Ello equivaldría a exigirle a la demandada un dominio de la causalidad absolutamente desmedido, sin duda muy superior al que se espera -y por tanto resulta exigible- a la empresa accionada, debiendo responder aún cuando hubiera profesionalmente como ha sido el caso de autos.” (Conf. CNCiv. Sala J, “Mazzei, Luciano Alberto c. Del Parque Shopping Center S.A. s/ daños y perjuicios” del 26/11/2015 publicado en La Ley online AR/JUR/62837/2015).-

Por lo expuesto, entiendo que el daño se produjo por el exclusivo obrar de un tercero ajeno a la empresa por el cual la misma no puede responder, sin que le sea exigible haber tomado una medida de seguridad diferente a las que efectivamente adoptó, ni se ha invocado que una actitud distinta por parte de su personal hubiese podido evitar el hecho. Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la queja de la citada en garantía, revocando el fallo de primera instancia y rechazando la demanda bajo.

Las restantes quejas, en consecuencia, devienen abstractas por lo que no corresponde su tratamiento.-

De allí que voto porque 1) se revoque el fallo de primera instancia rechazando la demanda entablada por Guillermo Omar Sacomani contra “Formatos Eficientes S.A.” y “QBE Seguros La Buenos Aires S.A”, 2) Se im - pongan las costas de ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (art. 68).-

Por razones análogas, la DRA. UBIEDO y la DRA. CASTRO adhieren al voto que antecede.-

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..-

 

MARIA LAURA RAGONI

Secretaria

 

Buenos Aires, ... de noviembre de 2016.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1°) Revocar el fallo de primera instancia re- chazando la demanda entablada por Guillermo Omar Sacomani contra “Formatos Eficientes S.A.” y “QBE Seguros La Buenos Aires S.A”, 2°) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (art. 68). 3°) En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art.279 del código procesal, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada -en la instancia de grado- a fs. 338/345 y a fs. 364 rectificada a fs. 379.-

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido según las pautas establecidas en la presente, el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las demás pautas establecidas en los arts.1, 6, 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432, regúlense los honorarios del letrado apoderado de la parte actora Dr. Alfredo Néstor Rodríguez en la suma de veinte mil pesos ($20.000). Regúlense los honorarios de los letrados apoderados de la parte demandada Dres. Juan Ernesto Curuchet y Pedro Luis Mazzino en las sumas de veintidós mil pesos ($22.000) y cinco mil quinientos pesos ($5.500) respectivamente. Asimismo regúlense los honorarios de la letrada apoderada de la citada en garantía Dra. María Elisa Salgado en la suma de cuarenta mil pesos ($40.000).-

Considerando los trabajos efectuados por los expertos, su incidencia en el resultado del proceso, el art.478 del código procesal y las pautas de la ley de arancel para abogados de aplicación supletoria en lo pertinente, regúlense los honorarios del perito médico Guillermo Alberto Ottogalli en la suma de de diez mil pesos ($10.000) y los de la perito psicóloga Alcira Noemí Greco en la suma de diez mil pesos ($10.000).-

En cuanto al consultor técnico, teniendo en cuenta la distinta naturaleza de sus dictamen y entidad de la labor profesional procede fijar sus honorarios en una proporción  menor de la que se establece para el perito designado de oficio (esta Sala exptes.73.055, 71.850 entre otros). En merito de ello, regúlense los honorarios de la consultora Susana Sofía Holand en la suma de tres mil pesos ($3.000).-

Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 2536/15 y lo dispuesto en el punto f), del art.2°) del anexo III) del Decreto 1467/11, fíjanse los honorarios de las mediadoras Dras. Nora A. Cherñavsky y Graciela Liliana Brener en las suma de tres mil doscientos pesos ($3.200) para cada una de ellas.- Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en la presente y las pautas del art. 14 de la ley 21839, regúlense los honorarios del Dr. Alfredo Néstor Rodríguez en la suma de cinco mil pesos ($5.000) y los de la Dra. María Elisa Salgado en la suma de catorce mil pesos ($14.000).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO

CARMEN N. UBIEDO

 

012487E