Delito De Lesa Humanidad Dictadura Militar Prision Preventiva Alojamiento En Hogar De Ancianos Violencia Familiar Maltrato Abuso Infantil

JURISPRUDENCIA

Delito de lesa humanidad. Dictadura militar. Prisión preventiva. Alojamiento en hogar de ancianos. Violencia familiar. Maltrato. Abuso infantil

 

Se resuelve no hacer lugar a la solicitud de cese de prisión preventiva, pues los hechos que se atribuyen al imputado configurarían delitos de lesa humanidad.

 

 

La Rioja, 18 de marzo de 2016

AUTOS Y VISTOS:

La solicitud de cese de prisión realizada por la representante de la defensa pública (fs. 2/4 vta. Expte.: 400795/2004/TO1/14), la contestación de vista efectuada por el representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 8/11 Expte.: 400795/2004/TO1/14), el pedido de alojamiento en institución geriátrica formulado por el representante de la defensa pública (fs. 579 Expte.: 400795/2004/TO1/20/CA6), el informe de la Dirección provincial de políticas para adultos mayores de la Provincia de Chubut (fs. 617 Expte.: 400795/2004/TO1/20/CA6), todo en relación al imputado Guillermo Tártalo.

CONSIDERANDO:

La defensora pública solicita el cese de prisión del imputado Guillermo Tártalo por haber transcurrido el plazo máximo legal de prisión preventiva establecido en el artículo 1 de la Ley 24390. Al respecto explica que el 03/12/2012 la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso la prisión preventiva de su defendido, resolución que motivó un pedido de cese de prisión el 14/05/2015 cuando habían transcurrido 2 años, 5 meses y 12 días de su detención. El 02/06/2015 por resolución del juez federal la prisión domiciliaria fue prorrogada por seis meses a contarse desde la fecha de su disposición.

Agrega que al 02/02/2016 transcurrieron 8 meses más de prisión preventiva, lo que motiva su nuevo pedido de cese de prisión.

Destaca que el mantenimiento del encarcelamiento preventivo de Tártalo vulnera lo dispuesto por la Ley 24.390, garantías constitucionales -artículos 14, 16, 17, 18, 75 inciso 22- y normas internacionales con jerarquía constitucional -artículo 7 incisos 1, 2, 3 CADH, artículo 8 inciso 2 CADH, artículo 9.1 y 3 PIDCP, artículo 140.0y 2 PIDCP, artículo 10 DADH y artículo 26.2 DADH-.

Indica que su defendido es una persona de avanzada edad -66 años- con diversas patologías de salud invalidantes, lo que da cuenta de la inexistencia de riesgo procesal que habilitan se disponga su libertad. Agrega que tiene arraigo en su domicilio real, donde vive con su esposa y su núcleo familiar. Cita el plenario “Díaz Bessone”. Refiere al principio de igualdad ante la ley. Hace reserva de caso federal (artículo 14 de la Ley 48).

Al contestar vista el representante del Ministerio Público Fiscal se opone a que se disponga el cese de prisión y solicita se extienda el plazo de prisión preventiva por seis meses más. Funda su dictamen en la circunstancia de que al imputado Tártalo -que en junio de 2015 llevaba cumplidos dos años de prisión preventiva y que por disposición del Juzgado Federal se extendió por seis meses más en la marco de lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 24.390- la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la prisión preventiva le fue revocada a raíz de que se denunciaron en el expediente principal situaciones de violencia intra-familiar, maltrato y abuso infantil del imputado respecto a sus hijos.

Asimismo el representante del Ministerio Público de la Defensa solicita que el imputado Tártalo sea alojado en una institución geriátrica en virtud de las delicadas patologías que afectan a su defendido y conforme lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán por resolución de fecha 29/09/2015. En dicho pronunciamiento se consideró “Si bien, surge de autos, que la revocación del arresto domiciliario de Tártalo, se debió presuntamente a situaciones de violencia con sus hijos menores de edad, ello no obsta que por razones de humanidad se deba considerar la situación personal del imputado, a fin de no vulnerar lo previsto por el art. 18 in fine de la Constitución Nacional y específicamente el art. 5.2 de Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de libertad será tratada con el respecto debido a la dignidad inherente al ser humano.”. Consecuentemente resolvió que la prisión preventiva de Guillermo Tártalo se cumpla en un hogar de ancianos.

Por otra parte, a raíz de la resolución mencionada el Juzgado Federal N° 1 solicitó a la justicia federal de Rawson determine una institución geriátrica de carácter público que se encuentre en condiciones de alojar a Tártalo.

En respuesta a dicha gestión la Dirección provincial de políticas para adultos mayores de la Provincia de Chubut informa que se cuentan con alternativas de contención para Tártalo en Residencias de Larga Estadía dependientes de la provincia que tienen un régimen de puertas abiertas y de libre acceso de los adultos. Señala asimismo que el acceso a tales instituciones se halla supeditado al cumplimiento de requisitos de ingreso (informes psicológico, médico y social, y la aceptación del adulto).

Puesto el Tribunal en el análisis de las cuestiones a resolver, corresponde considerarlas por separado.

I. Con relación al pedido de cese de prisión se entiende que no corresponde acogerlo.

Al respecto es dable destacar que el mantenimiento de la cautelar privativa de la libertad en la causa encuentra sustento en la doctrina judicial más reciente del Alto Tribunal aplicable a la materia.

En tal sentido, la Corte ha delineado los parámetros a tener en cuenta en la evaluación del riesgo procesal al analizar la procedencia del encarcelamiento preventivo en causas vinculadas con la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de la última dictadura militar que sufrió el país. Dicha jurisprudencia resulta del fallo “Vigo, Alberto Gabriel s/ causa N° 10.919” (V 261, L XLV, del 14/09/2.010) y de numerosos precedentes que lo han receptado.

Sobre la cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que debe ponderarse en el ámbito precitado tanto a las características particulares de los delitos imputados, como a la conducta concreta del imputado.

Así, el Alto Tribunal en causa “Vigo” ha advertido sobre “…el especial deber de cuidado que pesa sobre los magistrados…para neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación en casos como el aquí considerado”.

En cuanto a la necesidad de ponderar a la conducta concreta del imputado ha señalado que ésta debe comprender “la conducta previa del imputado (desempeño bajo su órbita de mando de un grupo de poder paralelo, que desarrolló tareas de mando clandestino, con utilización de alias, modalidad delictiva centralmente estructurada en la destrucción de rastros y actuación corporativa posterior para perpetrar la impunidad)” (causa “Vigo”, causa “Pereyra” en un sentido semejante).

De otra parte, a propósito del deber de contemplar al evaluar el riesgo procesal habilitante del encarcelamiento preventivo especiales circunstancias asociadas con la comisión de delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar, la Corte ha expresado que “…las investigaciones encaminadas a esclarecer los crímenes cometidos durante la última dictadura, sólo pudieron tener inicio luego de restablecida la democracia, y que la circunstancia de que hoy estén en trámite no se debe a la impericia de la justicia, sino a las numerosas conductas que indefectiblemente se orientaron a la obstrucción del esclarecimiento de esos hechos, entre los que se encuentran los que se juzgan en esta causa, incluso en situaciones sociopolíticas de nuestro país que ya no eran las más favorables para las estructuras de poder a la que habría servido (el imputado)”. En dicho fallo también agregó “… no se trata aquí de una organización cualquiera, sino de una formada al amparo de una dictadura que, además de gobernar la argentina durante siete años, integró una red continental de represión ilegítima, cuyas estructuras de acción dieron sobradas pruebas de poder aún después de restablecida la democracia en la región y que, por desgracia, todavía hoy conservarían una actividad remanente en nuestro país. En este sentido, no se puede desconocer, tal como se ha expuesto al dictaminar en S.C., C 412, L. XLV, “Clements, Miguel Enrique s/ causa N° 10.416”, que algunos casos recientes de maniobras que ponen en peligro la conclusión regular de los procesos por los delitos caracterizados en el art. 10, inc. 1, de la ley 23.049, como la sospecha de la muerte del ex prefecto Héctor F. en su celda de detención de una delegación de la Prefectura Naval Argentina, las intromisiones delictuosas que ha sufrido la justicia federal cordobesa durante el desarrollo de reservadas tareas vinculadas a la notoria desaparición del testigo Julio L. en la provincia de Buenos Aires, apuntalan esa presunción.”.

En esa misma línea de pensamiento, cabe referir a la causa “Jabour, Yamil s/ recurso de casación”, del 30 de Noviembre de 2010, oportunidad en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ocuparse de una situación cuya plataforma fáctico jurídica era similar a la que aquí se presenta -excarcelación de un imputado por delito de lesa humanidad a la espera de la realización de su juicio- ha señalado, compartiendo los fundamentos expuestos por el señor Procurador Fiscal, que: “…la extrema gravedad de los hechos que se le atribuyen a J., nos recuerda de manera evidente que no es lo mismo la sujeción de una persona que espera la realización de su juicio con la expectativa de ser condenada a una pena de ejecución condicional o de efectiva privación de la libertad por un periodo de tiempo limitado, que otra respecto de la cual, de recaer condena, será fatalmente de efectivo cumplimiento y, casi con seguridad, la máxima prevista en el ordenamiento.”.También señala la Corte en el caso citado que al autorizar la libertad de imputados de delitos como los que aquí se analizan, “con la consiguiente posibilidad de que los mismos se sustraigan a la acción de la justicia, pone inmediatamente en riesgo a aquellos compromisos de la Nación y, por lo mismo, configura un caso de gravedad institucional (Fallos 317:1690, voto del ministro Petracchi)”.

A su vez, nuestro más Alto Tribunal ha mantenido la solución a la que arriba en la sentencia que se menciona en pronunciamientos posteriores hasta la fecha (casos “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de casación”; “Paez, Rubén Oscar s/ recurso extraordinario”; “Grillo, Roberto Omar s/recurso extraordinario” y “Machuca, Raúl, Orlando s/ recurso de casación” -todos del 30 de Noviembre de 2010-; casos “Clements, Miguel Enrique s/ causa 10.416” y “Cuomo, Daniel Néstor s/ causa 10.417” -ambos del 14 de Diciembre de 2010-.

En el sentido que se expresa, ante la necesidad de contemplar en la materia que los hechos que se atribuyen a Guillermo Tártalo configurarían delitos de lesa humanidad y, asimismo, en atención al rol que habría desempeñado en el aparato organizado de poder de la última dictadura militar, es que se considera que la solicitud de la defensa no puede prosperar.

En consecuencia, habiéndose ordenado el procesamiento y prisión preventiva de Guillermo Tártalo por resolución de fecha 10 de diciembre de 2012 y encontrándose vencida la prórroga de la prisión preventiva dispuesta por resolución del 02 de junio de 2015, corresponde prorrogar la prisión preventiva por un plazo de seis meses.

II. En cuanto a la solicitud de alojamiento del imputado en una institución geriátrica, el Tribunal considera que corresponde acogerla dando cumplimiento a lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán por resolución del 29/09/2015, en el sentido de disponer por razones de humanidad -en atención a su avanzada edad y a las patologías invalidantes que padece- que la prisión preventiva de Tártalo se cumpla en un hogar de ancianos.

Ahora bien, a efectos de tornar operativa la disposición antes mencionada resulta necesario morigerar la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva y, en consecuencia, otorgar la prisión domiciliaria del imputado a efectos de su cumplimiento en un hogar de ancianos.

No obstante, corresponde disponer, atento a la modalidad de encarcelamiento preventiva dispuesta, la posibilidad de que Tártalo sea alojado en un domicilio particular que su defensa indique, que no podrá ser el de sus hijos menores.

En caso de optarse por el alojamiento de Tártalo en un hogar de ancianos cabe tener presente que en el marco de las gestiones realizadas por el Juzgado Federal de Tucumán la Dirección provincial de políticas para adultos mayores de la Provincia de Chubut informa que se cuentan con alternativas de contención para Tártalo en Residencias de Larga Estadía dependientes de la provincia. En consecuencia, a efectos de la concreción de su alojamiento en un establecimiento de esas características, cabe encomendar a la defensa del imputado la realización de las gestiones conducentes a tal propósito -enmarcándolas en el ámbito del informe que corre a fs. 617-, debiendo informar al Tribunal el lugar de alojamiento dispuesto a fin de la realización del traslado oportuno.

Por lo que se,

RESUELVE:

I)- NO HACER LUGAR A LA SOLICITUD DE CESE DE PRISIÓN realizada por la defensa del imputado Guillermo Tártalo, conforme se considera.

II)- PRORROGAR LA PRISIÓN PREVENTIVA del imputado Guillermo Tártalo por un plazo de seis meses, conforme se considera.

III)- DISPONER LA PRISIÓN DOMICILIARIA del imputado Guillermo Tártalo, conforme se considera.

V)- ENCOMENDAR A LA DEFENSA PÚBLICA, en caso de optarse por el alojamiento del imputado Guillermo Tártalo en un hogar de ancianos la realización de las gestiones conducentes a tal propósito, debiendo informar al Tribunal el lugar de alojamiento dispuesto a fin de la realización del traslado oportuno, conforme se considera.

VI)- REGÍSTRESE. HÁGASE SABER.

 

Carlos E. I. Jiménez Montilla

Juez de Cámara

Gabriel Eduardo Casas 

Juez de Cámara

ANTE MÍ

Mariano García Zavalía

Secretario de Cámara

Se suscribe en la ciudad de La Rioja por encontrarse subrogando en esta jurisdicción.

 

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