Ejecucion Pagare De Consumo Requisitos Ley 24240 Marco Restrictivo Del Proceso Ejecutivo

JURISPRUDENCIA

Ejecución. Pagaré de consumo. Requisitos. Ley 24240. Marco restrictivo del proceso ejecutivo

 

Se revoca la sentencia de primera instancia, y se rechaza la acción ejecutiva iniciada por el Banco para el cobro de un pagaré de consumo, pues la literalidad y abstracción del título impiden analizar el cumplimiento de las normas del sistema protectorio y de la solicitud de préstamo no surge la información faltante que permita su adecuada integración.

 

 

En la ciudad de Azul, a los 13 días del mes de Junio del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose en uso de licencia la Dra. María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Banco de Galicia y Buenos Aires SA c/ Canale, Hugo Ernesto y otro/a s/ Cobro ejecutivo” (causa Nro. 60.770), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dra. Longobardi y Dr. Galdós.

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-CUESTIONES-

1ra.- ¿Corresponde decretar la deserción del recurso de fs. 113? 2da.- ¿Es justa la sentencia de fs. 110/112?

3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

-VOTACION-

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:

El apoderado del ejecutante solicita la deserción del recurso de apelación de fs. 113. Señala que el memorial no contiene una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas, que se reiteran argumentos ya expuestos y se introducen cuestiones en la alzada no propuestas al juez anterior. Considera vulnerado el principio de congruencia, la defensa en juicio y el debido proceso (fs. 128/130 vta., pto. II).

El pedido contiene dos partes diferenciadas: una relativa a la oportunidad de las alegaciones referidas a la documentación adicional de fs. 105/108, que fueron introducidas en la alzada, y otra, de insuficiencia técnica del memorial de fs. 117/124.

Con relación a los capítulos no propuestos al juez de Grado, cabe señalar que la solicitud de préstamo de fs. 105/108, fue agregada con posterioridad al escrito de interposición de excepciones, y no se corrió traslado a los ejecutados, quienes recién tomaron conocimiento y pudieron evaluar la misma con motivo del recurso de apelación (cfr. fs. 105/108, 109, 110/112).

El principio de congruencia no ha sido vulnerado, ya que no cabía exigirles a los demandados la valoración de documentación de la cual no tuvieron conocimiento sino hasta después de la sentencia, por lo que el pedido de deserción, por este motivo, debe rechazarse (art. 163 inc. 5° del CPCC).

El planteo de insuficiencia técnica del memorial no corre mejor suerte, ya que analizando los fundamentos del recurso (fs. 117/124), se advierte la crítica a un aspecto central de la sentencia, como es aquél que considera que la entidad financiera ha cumplido, con la agregación del contrato fuente del título que se ejecuta, con los requisitos previstos en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (cfr. Considerando 3 "in fine” de la sentencia apelada).

Por lo expuesto, siendo que los apelantes recién tuvieron oportunidad de analizar la documental de fs. 105/108, en la etapa recursiva, y llegados a esta instancia cumplieron con la carga procesal de fundar la apelación, corresponde rechazar el pedido de deserción (arts. 206, 261 del C.P.C.C.).

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:

I. a) La demanda ejecutiva de autos fue promovida por el Banco de Galicia y Buenos Aires SA, quien reclama a Hugo Ernesto Canale y María de los Ángeles Montero, la suma de $ 87.746,63 con más sus intereses compensatorios y punitorios, a calcularse conforme la tasa de interés activa que determinan los bancos oficiales, costos y costas. El monto reclamado resulta de descontar los pagos parciales realizados sobre un pagaré de $ 100.000. En el documento las partes pactaron un interés compensatorio del 36%, tasa fija anual (ver fs.10 y fs.13/15).

b) Los ejecutados opusieron la excepción de inhabilidad de título al progreso de la acción. Negaron la deuda por imperativo procesal y expresaron que la actora es una sociedad anónima dedicada en forma profesional a la actividad bancaria, mientras que ellos son usuarios de servicios financieros, que destinan los fondos obtenidos del banco a cubrir necesidades personales y de su grupo familiar.

Manifestaron que el pagaré de fs. 10 ha sido librado en el marco de una relación de consumo, por lo que resulta aplicable al presente caso la Ley del Consumidor. Y señalaron que el título que se ejecuta resulta inhábil, porque carece de la información necesaria para poder corroborar si han sido resguardados los derechos previstos en dicho sistema protectorio (art. 36 de la LDC).

Solicitaron el rechazo de la ejecución, el levantamiento de las medidas cautelares y la fijación de una suma en concepto de daño punitivo.

c) El juez a quo, advirtiendo la posible existencia de una relación de consumo, requirió a la parte actora que acompañe toda la documentación que obre en su poder relativa al negocio causal (fs.104), en respuesta a lo cual, el actor agregó una solicitud de préstamo incorporada a fs. 105/108.

II. La sentencia de la anterior instancia hizo lugar a la demanda y mandó llevar la ejecución adelante, hasta tanto los deudores Hugo Ernesto Canale y María de los Ángeles Montero hagan íntegro pago al acreedor Banco de Galicia y Buenos Aires SA del capital reclamado ($ 87.746,63), con más un interés equivalente a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos comerciales, con costas a cargo de los ejecutados, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.

La vinculación jurídica de autos fue catalogada como una relación de consumo y, dentro de dicha calificación, como operación financiera para el consumo, que debe reunir los requisitos descriptos en el art. 36 de la LDC.

En la sentencia apelada se consideró que con la adjunción al expediente de la solicitud de préstamo de fs. 105/108, el acreedor cumplió con los recaudos previstos en el art 36 del ordenamiento protectorio, ya que de allí surge: el monto recibido ($ 100.000), la tasa aplicable (36%) y la forma de pago (48 cuotas), siendo el pagaré de fs. 10 el instrumento que garantiza lo convenido (fs.111 in fine).

III. La sentencia fue apelada por los demandados (fs. 113), y el recurso, fundado con el memorial de fs. 117/124, fue contestado a fs. 128/130vta.

Los apelantes se agravian de la falta de traslado de la documentación de fs. 105/108, ya que la misma fue agregada con posterioridad a la interposición de las excepciones y no tuvieron oportunidad de objetarla, reconocerla, desconocerla, y según el caso, ofrecer prueba en contrario.

Critican el fallo en cuanto consideró cumplidos los recaudos del art. 36 de la LDC. Dicen que la entidad financiera no detalló en el pagaré, ni en el resto de la documentación aportada, el total de los intereses a pagar, el costo financiero total (C.F.T), el sistema de amortización del capital y la cancelación de los accesorios. Además no luce la descripción del servicio objeto de la contratación, ni la cantidad y/o periodicidad de los pagos a realizar (fs. 117vta.).

Alegan falta de información acerca del Costo Financiero Total, la Tasa Nominal Anual (T.N.A) y Efectiva Mensual (T.E.M), considerando que dicha falta de información les impidió realizar una comparación veraz de los intereses del mutuo, respecto del resto de opciones de financiación existentes en el sistema.

Expresan que el interés consignado en el pagaré resulta insuficiente para tener en claro los conceptos que lo integran, circunstancia que no se salva con el contrato de préstamo, en tanto allí se describe una fórmula matemática de la cual el consumidor debería poder extraer el monto de la cuota, a través de la realización de cálculos complejos.

Describen el procedimiento para calcular el Costo Financiero Total (C.F.T) y destacan la importancia que dicha variable reviste en la elección de un préstamo personal, en tanto incluye la tasa nominal anual y todos los cargos asociados que no impliquen la retribución de un servicio efectivamente prestado o un genuino reintegro de gastos.

Señalan que la información sobre la Tasa Nominal Anual (T.N.A) es importante cuando se eligen alternativas de financiación, pero es mejor comparar el C.F.T. constituyendo un deber de la entidad bancaria informarlo.

Analizan el derecho del consumidor a obtener una información adecuada y veraz, que facilite la elección de financiación más conveniente al momento de adquirir bienes y servicios, y consideran no haber recibido tal información en la forma exigida por el ordenamiento, por lo que consideran que la entidad financiera realizó una práctica abusiva prohibida por el art. 36 de la LDC.

En subsidio, expresan que las falencias del título ejecutivo no pueden suplirse con documentación adicional (solicitud de crédito personal), porque ello vendría a soslayar la Ley del Consumidor. Alegan que el pagaré de consumo no puede integrarse con instrumentos extra-cambiarios, debiendo canalizarse el cobro a través de un juicio de conocimiento (fs. 117/124).

Corrida vista, el Fiscal General reemplazante compartió los argumentos de los apelantes, en particular el planteo referido a la falta de traslado de la documentación adicional de fs. 105/108, agregada con posterioridad a la oposición de excepciones, señalando que implica un grave defecto del juzgado. Sin embargo, señala que la parte perjudicada no planteó la nulidad de la sentencia (fs.138/140).

Destacó que los pagarés de consumo no pueden tramitar como procesos ejecutivos pues ello implica convalidar una práctica abusiva de las empresas. No comparte la admisión de prueba adicional porque considera que hacerlo constituye una práctica anormal que transforma el juicio en un proceso de conocimiento para el actor, mientras que el demandado debe continuar defendiéndose en el marco restrictivo del ejecutivo.

Sostiene que, ante la imposibilidad de integrar el título, y siendo que el pagaré de fs. 10 no cumple con los requisitos informativos previstos en el art. 36 de la LDC, corresponde dictar la ineficacia prevista en dicha norma y hacer lugar al recurso de apelación (fs. 138/140). En la parte final de este dictamen se solicita la remisión de copia de las piezas pertinentes a la O.M.I.C. de la ciudad de Olavarría (fs.139vta./140).

Por ello, resultando definitiva la cuestión, por lo que deberá resolverse con la formalidad del acuerdo (fs. 141) y encontrándose cumplidos los pasos procesales de rigor (fs. 142), se encuentra esta Alzada en condiciones dictar sentencia.

IV. 1) Como primera medida cabe analizar el planteo de inoponibilidad de la documentación de fs. 105/108, por haber sido agregada con posterioridad al escrito de oposición de excepciones, sin correrse traslado a los ejecutados (fs. 128/128 vta.).

El agravio no merece acogida, ya que el memorial contiene un exhaustivo análisis de la solicitud de contrato de préstamo de fs. 105/108, del cual se infiere un cabal conocimiento del instrumento adjunto y la finalidad de su incorporación al proceso. Y si bien la omisión de traslado constituye una falencia del trámite en la anterior instancia, en tanto imposibilitó a los ejecutados cuestionar oportunamente dicha documentación, tal omisión queda suplida en el memorial de fs. 117/124 (arts. 242, 246, 260 ss. y cdtes. del CPCC).

2) Ingresando al tratamiento de los agravios relativos a la cuestión de fondo, cabe señalar que arribó firme a la alzada la calificación de la vinculación jurídica de autos como una relación de consumo, por lo que resulta aplicable al presente la Ley del Consumidor (fs. 10, 104; 105/108, 110/112; esta Sala, causa N° 60.707, del 23/5/16 "HSBC Bank Argentina c/ Agüero, Sergio Luis s/ cobro ejecutivo”).

Las partes celebraron una operación de financiación para el consumo, que instrumentaron mediante una "Solicitud de préstamo” (fs. 105/108), y un pagaré como garantía (fs. 10). Ambos documentos conforman un título complejo, cuyo análisis debe realizarse en forma conjunta a efectos de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema protectorio (art. 36 de la LDC). Esta Sala admitió la integración del pagaré de consumo con documentación adicional (causa N° 58.917, del 4/11/14 "Bazar Avenida SA c/ González de Castro, Alejandra Rosana s/ cobro ejecutivo”; causa N° 59.057, del 2/10/14 "Bazar Avenida S.A. c/ Castro, Oscar Alfredo s/ Cobro Ejecutivo”, causa N° 59.596, del 14/5/15 "Banco Industrial SA c/ Suárez, Roque Ramón s/cobro ejecutivo”, entre otras).

A su vez, la integración del título debe realizarse en la instancia de grado (esta Sala, causas N° 59.057, del 2/10/14 "Bazar Avenida SA c/ Castro, Oscar Alfredo s/ cobro ejecutivo”; 59.058, del 6/11/14 "Bazar Avenida SA c/ Guenchillán, José Luis s/ cobro ejecutivo”; 58.892, del 15/12/14 "Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. c/ Wagner, Claudio Daniel s/ cobro ejecutivo”). En este sentido, se expresó que: "podría incluso llegar a ejercerse con la contestación de la excepción de inhabilidad de título, posibilidad que se apartaría del criterio cambiario clásico, pero que atiende a las singularidades que presentan estas ejecuciones, en las cuales la normativa cambiaria y procesal deben armonizarse con la ley de defensa del consumidor, siguiendo el criterio sentado por nuestro Superior Tribunal provincial” (esta Sala, causa nro. 59.057, del 2/10/14 "Bazar Avenida S.A. c/ Castro, Oscar Alfredo s/ Cobro Ejecutivo”).

El criterio adoptado permite compatibilizar los derechos de las partes conforme lo resuelto por la Suprema Corte provincial, cuando señaló que: "... resulta necesaria una integración armónica entre los institutos del derecho mercantil y del consumo, toda vez que los caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, que posibilitan de ordinario el cumplimiento de sus funciones propias, económicas, jurídicas e incluso su rigor cambiario procesal, deben ser armonizados con las exigencias del interés público en la defensa del consumidor” (S.C.B.A, C. 109.305, del 1/9/10 “Cuevas...”; C. 117.930, del 7/8/13 "Carlos Giudice SA...”; esta Sala, causa N° 58917, del 4/11/14 “Bazar Avenida SA c/ González de Castro, Alejandra Rosana s/ cobro ejecutivo”; Causa N° 59596, del 14/5/15 “Banco Industrial SA.”).

Ahora bien, no cualquier documentación resulta idónea para integrar el título ejecutivo. Esta Sala ha dicho que debe existir una correlación entre el pagaré de consumo y la documentación adicional para que pueda conformarse el título complejo (Cfr. causa N° 60.707, del 23/5/16, “HSBC Bank Argentina SA c/ Agüero, Sergio Luis s/ cobro ejecutivo”). En el presente caso existe dicha correlación, ya que ambos instrumentos -pagaré de fs. 10 y solicitud de préstamo de fs. 105/108- se encuentran vinculados mediante el número C00810556468.

3.a) Llegados a este punto debe analizarse si el título complejo que conforman el pagaré de consumo y la solicitud de préstamo cumple con los requisitos que exige el art. 36 de la LDC, bajo pena de nulidad, para las operaciones de financiación o crédito para el consumo; en particular, si ha sido consignado el Costo Financiero Total (C.F.T), sobre cuya omisión se agravian los apelantes.

Analizando cronológicamente las normas vinculadas al derecho a la información del consumidor, se advierte una preocupación permanente del legislador en que la misma sea detallada, veraz y comprensible para el destinatario de los bienes y servicios comprendidos en el sistema protectorio.

La ley 24.240, en su redacción originaria (B.O. 15/10/93), estableció como obligación del proveedor “suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente” sobre las características esenciales de los bienes y servicios ofrecidos (art. 4).

La reforma constitucional de 1994, incorporó a la Constitución Nacional la Sección “Nuevos derechos y garantías”, previendo para el consumidor el derecho a obtener información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato digno y equitativo (art. 42). En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el derecho a la información del consumidor se consagró, en similares términos, en el art. 38 de la Constitución provincial.

La ley 26.361 vino a profundizar la referida protección añadiendo que la información al consumidor sea proporcionada en forma gratuita y con la claridad necesaria que permita su comprensión (reforma introducida por la ley 26.361 al art. 4 de la ley 24.240).

Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (vigente desde el 1/8/2015), cuyas normas resultan de aplicación inmediata por resultar más favorables al consumidor en el presente caso (art. 7 del CCCN,) obliga a suministrar información cierta, detallada y comprensible para el consumidor (cfr. Libro Tercero: “Derechos personales”, Título 3 “Contratos de Consumo”, Sección 2 “Información y publicidad dirigida a los consumidores”, art. 1100 ss. y cdtes. del CCCN).

Comentando el nuevo código se ha dicho que: “el texto legal coloca al deber de información del proveedor en el centro mismo del ordenamiento consumerista de forma de establecer con absoluta claridad el alcance de esta obligación del proveedor” (cfr. Wajntraub, Javier H. ‘Contratos de Consumo' en “Código Civil y Comercial comentado”, Ricardo Luis Lorenzetti Director, Tomo VI, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 259).

El análisis precedente pone en evidencia el derecho del consumidor a recibir información cierta, detallada, adecuada, veraz y comprensible de los bienes y servicios prestados por los proveedores (arts. 42 de la CN, 18 de la Constitución provincial, art. 4 de la ley 24.240 -reformado por la ley 26.361-, art. 1100 ss. y cdtes. del CCCN).

b) El derecho de información previsto para los contratos de consumo (arts. 1100 y sgtes. del CCCN) se agudiza y profundiza en los “contratos bancarios” con consumidores y usuarios (arts. 1384, 1385, 1386, 1387, 1388 y 1389 del CCCN), ya que en ellos se prevé la exigencia de consignar el Costo Financiero Total (art. 1385 inc. d y art. 1389), así como de información suficiente para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de créditos existentes en el sistema (cfr. art. 1387 del CCCN).

Dichas normas completan el régimen especial de la Ley del Consumidor, que obliga al proveedor a consignar “de modo claro al consumidor o usuario”, bajo pena de nulidad: a) la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios, b) el precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios, c) el importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado, d) la tasa de interés efectiva anual, e) el total de los intereses a pagar o el costo financiero total, f) el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, g) la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, h) los gastos extras, seguros o adicionales si los hubiere (art. 36 de la LDC).

Señala Zentner que “la creciente disponibilidad y acceso al crédito destinado al consumo, a través de operaciones que exorbitan los instrumentos financieros tradicionales, justificó su incorporación dentro del marco protectorio de la ley 24.240. La necesidad de una tutela especial se explica en el hecho de que, con frecuencia, estas operaciones de crédito combinadas introducen al consumidor en un negocio desconocido, ciertamente más comprometido y complejo de lo que supone una venta particular (cfr. Zentner, Diego Hernán “La protección del consumidor en las operaciones de crédito”, La Ley 2010-D, 252).

c) En el presente caso, el Banco de Galicia y Buenos Aires otorgó un préstamo de dinero a los demandados para la adquisición de un automotor para uso particular (cfr. recibo de fs. 10 que accede al pagaré), contrato que se encuentra incluido en la normativa descripta. Pero como se comprobará seguidamente, la entidad bancaria no aportó al consumidor la información exigida en el referido ordenamiento protectorio.

Analizando la solicitud de crédito de fs. 105/108, se advierte que el monto de la cuota resultará de la aplicación de una fórmula matemática compleja y de dificultosa comprensión que no cumple con el estándar informativo mínimo exigido a las entidades financieras en las operaciones de financiación para el consumo (ver Cláusula 1ra., fs.105, arts. 42 de la CN, 18 de la Constitución provincial, arts. 4 y 36 de la ley 24.240 -reformados por la ley 26.361-, arts. 7, 1100, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388 y 1389 del CCCN).

Señala Villegas que “la calidad profesional del banco, hace que todas las informaciones que provea al cliente, sean tenidas como emanadas de un experto para el cliente. Y a pesar que la información sea la simple actividad de transmitir datos al cliente, como emana de un experto, esa información debe ser consistente, es decir suficiente, clara, precisa, de modo que no induzca a error al cliente. Y como dice la Directiva de la Unión Europea de 1993, debe ser ‘inteligible' para el cliente” (cfr. Villegas, Carlos Gilberto “Código Civil y Comercial de la Nación comentado” Julio César Rivera y Graciela Medina Directores, Tomo IV, Ed. La Ley, 2015, pág. 293; Wajntraub, Javier H. ‘Contratos de Consumo' en “Código Civil y Comercial comentado”, Ricardo Luis Lorenzetti Director, Tomo VI, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 257).

Tampoco se consigna el Costo Financiero Total de la operación, lo que privó a los demandados del derecho a optar entre las diversas alternativas de crédito existentes en el sistema, para la adquisición de un vehículo para uso particular.

En el marco descripto, la pretensión del Banco de percibir su acreencia por la vía ejecutiva no resulta procedente, sin perjuicio del derecho de acudir por la vía pertinente de cobro; toda vez que la literalidad y abstracción del título de fs. 10 impiden al Tribunal analizar el cumplimiento de las normas del sistema protectorio, a lo que se agrega que de la solicitud de préstamo de fs. 105/108 no surge la información faltante en el título ejecutivo, que permita su adecuada integración.

d) En cuanto a la solicitud de remisión de copias a la O.M.I.C. de la ciudad de Olavarría, solicitada por el Fiscal (fs.139vta./140), considero que la misma no resulta necesaria en atención a la forma en que se resuelve el caso.

V. En virtud de lo expuesto, habiendo dictaminado el Agente Fiscal, propicio al acuerdo: 1) revocar la sentencia apelada y rechazar la acción ejecutiva para el cobro del pagaré de consumo de fs. 10, sin perjuicio del derecho del actor de ocurrir por la vía pertinente de cobro para recuperar su acreencia, 2) adecuar las costas de la anterior instancia imponiéndolas a la parte actora (arts. 274, 68, 556 del C.P.C.C); 3) imponer las costas de alzada a la parte actora vencida en la etapa recursiva (art. 68 y 556 del C.P.C.C), 4) regular los honorarios de primera instancia de los Dres. Martín Zubeldía, en la suma de pesos ocho mil doscientos noventa y dos ($ 8.292), y Lucas D. Sanz, en la suma de pesos once mil ochocientos cuarenta y seis ($11.846), (arts. 1, 16, 21, 23, 34 y cc. del Dec. Ley 8904/77), más el IVA en caso de corresponder y aportes de ley, 5) regular los honorarios por la labor cumplida en esta instancia (art.31 Dec. Ley 8904/77) al Dr. Lucas D. Sanz, en la suma de pesos tres mil doscientos ($3.200) y al Dr. Martín Zubeldía, en la suma de pesos dos mil doscientos cuarenta ($2.240), con más aporte legal e IVA en caso de corresponder.

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.

A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes,  dijo:

Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) rechazar el pedido de deserción del recurso de fs. 113, 2) revocar la sentencia apelada y rechazar la acción ejecutiva para el cobro del pagaré de consumo de fs. 10, sin perjuicio del derecho del actor de ocurrir por la vía pertinente de cobro para recuperar su acreencia, 3) adecuar las costas de la anterior instancia imponiéndolas a la parte actora (arts. 274, 68, 556 del C.P.C.C); 4) imponer las costas de alzada a la parte actora vencida en la etapa recursiva (art. 68 y 556 del C.P.C.C), 5) regular los honorarios de primera instancia de los Dres. Martín Zubeldía, en la suma de pesos ocho mil doscientos noventa y dos ($ 8.292), y Lucas D. Sanz, en la suma de pesos once mil ochocientos cuarenta y seis ($11.846), (arts. 1, 16, 21, 23, 34 y cc. del Dec. Ley 8904/77), más el IVA en caso de corresponder y aportes de ley, 6) regular los honorarios por la labor cumplida en esta instancia (art.31 Dec. Ley 8904/77) al Dr. Lucas D. Sanz, en la suma de pesos tres mil doscientos ($3.200) y al Dr. Martín Zubeldía, en la suma de pesos dos mil doscientos cuarenta ($2.240), con más aporte legal e IVA en caso de corresponder.

Así lo voto.

A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Azul, Junio de 2016. -

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) rechazar el pedido de deserción del recurso de fs. 113, 2) revocar la sentencia apelada y rechazar la acción ejecutiva para el cobro del pagaré de consumo de fs. 10, sin perjuicio del derecho del actor de ocurrir por la vía pertinente de cobro para recuperar su acreencia, 3) adecuar las costas de la anterior instancia imponiéndolas a la parte actora (arts. 274, 68, 556 del C.P.C.C); 4) imponer las costas de alzada a la parte actora vencida en la etapa recursiva (art. 68 y 556 del C.P.C.C), 5) regular los honorarios de primera instancia de los Dres. Martín Zubeldía, en la suma de pesos ocho mil doscientos noventa y dos ($ 8.292), y Lucas D. Sanz, en la suma de pesos once mil ochocientos cuarenta y seis ($11.846), (arts. 1, 16, 21, 23, 34 y cc. del Dec. Ley 8904/77), más el IVA en caso de corresponder y aportes de ley, 6) regular los honorarios por la labor cumplida en esta instancia (art.31 Dec. Ley 8904/77) al Dr. Lucas D. Sanz, en la suma de pesos tres mil doscientos ($3.200) y al Dr. Martín Zubeldía, en la suma de pesos dos mil doscientos cuarenta ($2.240), con más aporte legal e IVA en caso de corresponder. Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

 

VICTOR MARIO PERALTA REYES

JUEZ

CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II

JORGE MARIO GALDÓS

JUEZ

CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II

 

  Correlaciones:

Ley 24240 - BO: 15/10/1993

Banco Industrial Sociedad Anónima c/Suárez, Roque Ramón s/cobro ejecutivo - Cám. Civ. y Com. Azul - Sala II - Buenos Aires - 14/05/2015

Bazar Avenida SA c/Guenchillán, José Luis s/cobro ejecutivo - Cám. Civ. y Com. Azul - Sala II - Buenos Aires - 06/11/2014

 

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