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JURISPRUDENCIA

Extradición. Delito de robo. Hijos menores. Derecho del niño a ser escuchado. Interés superior del niño. Tratado de extradición con España

 

Se confirma el fallo recurrido, en cuanto declaró procedente la extradición de la imputada al Reino de España para ser sometida a proceso por el delito de robo, en la medida que la mera invocación de los derechos del niño no resulta suficiente por sí para justificar la desestimación del pedido.

 

 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2016

Vistos los autos: "C. L., P. s/ extradición".

Considerando:

1º) Que contra la resolución del juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que declaró procedente la extradición de P. C. d. L. al Reino de España para ser sometida a proceso por el delito de robo con violencia y uso de armas en casa habitada (fs. 229/229 vta. cuyos fundamentos lucen a fs. 230/238), la defensa oficial de la requerida interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 240/248 vta.) que, concedido (fs. 260), fue fundado en esta instancia por el señor Defensor Oficial (fs. 296/302).

2º) Que, con carácter previo, cabe señalar que solo corresponde que sean considerados en esta instancia los agravios incluidos en el memorial de fs. 296/302 (artículo 245, 2º párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

3º) Que la parte recurrente solicita se declare inválida la sentencia apelada porque fue dictada sin que obre "acto procesal" alguno tendiente a que las dos niñas hijas de la requerida -por entonces de 15 y 11 años- "fueran escuchadas en forma personal o a través de un representante promiscuo en los términos establecidos al respecto por la ley civil", aun cuando el vínculo no pudiera operar por sí solo para inhibir el extrañamiento.

4º) Que la mera invocación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño es insuficiente per se para fundar un planteo de nulidad como el que se persigue. Máxime cuando la parte no se hace cargo de que el mismo precepto convencional consagra que el derecho a ser oído del niño debe efectuarse "...en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional" y la aplicable al procedimiento de extradición no regula la intervención del niño hijo del progenitor sometido al trámite (Fallos: 331:1352).

5º) Que la Defensora Oficial que intervino en la instancia no invocó circunstancias de hecho que aconsejaran adoptar alguna medida en salvaguarda del "interés superior del niño" que, en la actualidad, alcanza solo a la niña de 11 años de edad que ya tiene 14 (conf. certificado de nacimiento incorporado en el debate a fs. 224). Los antecedentes del caso tampoco reflejan que ello hubiera sido necesario en las particularidades del caso, a pesar del estado de privación de la libertad al que quedó sometida su progenitora: entre el 5 de marzo de 2013 (fs. 12) y el 4 de junio de 2013 (fs. 177 y 180) y, luego, desde el 29 de julio de 2013 (fs. 272/272 vta. y 288) hasta el 16 de octubre de 2013 en que fue nuevamente excarcelada bajo caución real con prohibición de salir del país (fs. 305/309).

6º) Que, en otro orden de ideas, cabe señalar que, en el marco de este tipo de procedimientos y en tratados como el aplicable al sub lite, la exigencia incluida en el artículo 15.2.a. del Tratado de Extradición con el Reino de España, aprobado por ley 23.708, tiene como finalidad, entre otras cuestiones, la de acreditar la corrección y seriedad de los procedimientos seguidos contra la persona reclamada. El mérito de la prueba para el sometimiento a proceso del requerido en el extranjero se satisface con la confianza recíproca de los países contratantes al reputar suficiente que el pedido de extradición sea acompañado por el "auto de procesamiento, prisión o resolución análoga" emitido "según la legislación de la parte requirente" (art. cit.).

De allí la jurisprudencia según la cual no compete en el procedimiento de extradición la revisión de los aspectos probatorios valorados por el juez extranjero que habrían justificado la orden de detención y posterior pedido de extradición (conf. causa "Iwaszewicz, Alejandro" - Fallos: 335:754, considerando 3° y su cita de Fallos: 329:2523, considerando 7°)

7°) Que lo antes expuesto se ve corroborado si se advierte que cuando las partes quisieron reservarse para sí la valoración sobre el mérito de la prueba existente para fundar la imputación extranjera incluyeron, como exigencia, que se acompañara "la información que justificaría la detención de la persona reclamada si el delito se hubiera cometido en el Estado Requerido" (conf. en otros, artículo 8.3. c. del Tratado de Extradición con Estados Unidos de Norteamérica aprobado por ley 25.126 y Fallos: 319:505 -"Green"- y 331:2728 -"Schwartz"-).

8°) Que, por lo demás, la alegación de que dos coprocesados fueron absueltos en el proceso extranjero y que la victima del hecho habría desvinculado a la requerida de su comisión (fs. 172/174), remiten al examen de cuestiones que conciernen al fondo del proceso extranjero y que han de dilucidarse en esa sede ya que el trámite de extradición no constituye un juicio en sentido propio pues no involucra en el régimen legal y convencional aplicable el conocimiento del proceso en el fondo, ni decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido en los hechos que dan lugar al reclamo (Fallos: 311:1925, citado en Fallos: 324:1557 entre los más recientes).

9°) Que, en tales condiciones, corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada.

10) Que, en cuanto a las consideraciones vertidas por la señora Procuradora General de la Nación en el dictamen de fs. 311/315 vta., el Tribunal estima del caso señalar que el Tratado de Extradición no contempla, entre las causales para "no conceder" (artículo 5°, 9°, 10 y 12), "rehusar" (artículo 7°) o "denegar" (artículo 11) la extradición, razones de índole humanitaria corno las que aquí se invocan, solo la posibilidad de "aplazar la entrega del reclamado" si existieran "circunstancias excepcionales de carácter personal y suficientemente serias" que hicieran que la "entrega" fuera "incompatible con razones humanitarias" (artículo 19, inciso 3°).

11) Que esa competencia debe ser ejercida por la autoridad competente del Estado requerido de conformidad con los principios de orden público interno, que suelen reflejarse normativamente en la reglamentación sobre extradición de que dispone la fuente interna (Fallos: 322: 2059 "Moreira Albareda", considerando 5°)

12) Que, según el derecho interno, la postergación de la entrega tiene lugar en la etapa de la "Decisión Final" (artículos 35 a 39) y se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, una vez recaída la sentencia definitiva, entendida como sentencia jurisdiccional firme (artículo 34 de la ley 24.767).

13) Que, en este contexto normativo, no solo resulta ajeno al juez de la extradición sino, además, meramente conjetural e hipotético el control de proporcionalidad que propicia la señora Procuradora General de la Nación en el dictamen de fs. 311/315 vta. toda vez que no existe acto de autoridad estatal sobre el cual efectuar ese control, desconociéndose, por ende, cuál es la "decisión final" que adoptará el Poder Ejecutivo Nacional no solo sobre la concesión de la extradición sino, además, en caso afirmativo, sobre la "partida de su madre u (fs. 315) o el "traslado" (fs. 315. vta.) y, en su caso, las modalidades en que esa medida se llevaría a cabo.

14) Que a esta altura, el Tribunal considera necesario destacar la flexibilidad que tiene ese poder del Estado en la etapa de "decisión final" del procedimiento a cargo de las relaciones internacionales (artículo 99, inciso 11 de la Constitución Nacional) para el diseño de soluciones que, en función de las circunstancias existentes al momento de la toma de decisión, permitan conjugar los distintos intereses en juego en este tipo de procedimientos (mutatis mutandi Fallos: 311:1925, considerando 12 y 318:595). Máxime en la situación del sub lite en que los Estados Partes se reconocieron recíprocamente, en su relación de cooperación, la posibilidad de autorizar el diferimiento de la entrega en el hipotético caso en que la ayuda no fuera compatible con razones humanitarias, en las circunstancias de que da cuenta el citado artículo 19, inciso 3º del tratado aplicable.

15) Que lo expuesto teniendo en cuenta que no solo es el juez de la extradición, durante el "trámite judicial", el que puede y debe velar por hacer efectivo el "interés superior del niño", tal como sucedió en el sub lite en la medida en que así lo entendió el a qua y las partes se lo propusieron en el marco de las reglas que rigen el procedimiento, sino también cada una de las demás autoridades estatales que intervinieron durante el "trámite judicial" como las que intervendrán en lo que resta del procedimiento de extradición, en las sucesivas decisiones y medidas que adopte, quienes deberán estudiar, en la oportunidad y bajo la modalidad que mejor se ajuste a las particularidades del caso y en forma sistemática, cómo los derechos y los intereses de los menores a cargo de personas requeridas pueden verse afectados, recurriendo a los mecanismos que brinda el ordenamiento jurídico argentino para reducir, al máximo posible, el impacto negativo que, sobre la integridad del menor pudiera, a todo evento, generar la concesión de la extradición de su progenitor (Fallos: 333:927, considerando 9º y sus citas)

16) Que, en tales condiciones, sin perjuicio del aporte que para las autoridades estatales que en lo sucesivo intervengan puede suponer la prueba ya incorporada durante la sustanciación de este "trámite judicial" (conf., en ese sentido, referencias obrantes a fs. 15 vta., 35/35 vta., 98/99, 223/224 y 225/228), no cabe retrotraer el trámite para "profundizar" sobre aquella que las partes pudieron producir y no hicieron por razones solo a ellas imputables (conf. fs. 116/119 y 188/191 vta.). Tampoco se invocó -ni se advierte- que existan limitaciones para que la situación familiar de la requerida sea puesta en conocimiento de las autoridades estatales que en lo sucesivo toque intervenir durante el trámite de "decisión final".

17) Que, al respecto, cabe recordar que la jurisprudencia referida en el considerando 15 lejos está de limitarse solo a salvaguardar la responsabilidad internacional del Estado en supuestos en que se disponga el extrañamiento de personas que tienen hijos o hijas menores de edad, como parece interpretar la señora Procuradora General de la Nación en su dictamen (conf. fs. 312 vta.). Por el contrario, como también ya señaló el Tribunal, procura hacer efectivo el "deber de garantía" que emana del derecho internacional de los derechos humanos (artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y su inserción en la puntual observancia de obligaciones establecidas en el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención".

18) Que, a tal efecto, adquiere especial significación la inserción institucional que las respectivas leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa le asignan tanto a la señora Procuradora General de la Nación como a la señora Defensora General de la Nación, cada una, en su respectiva área de competencias, para "representar" al organismo y "coordinar" su actuación con otras autoridades estatales (artículos 50, 6° y 12.j. de la ley 27.148 y artículos 7° y 35.o de la ley 27.149, respectivamente), lo cual habilita todo un campo de acción entre poderes a los fines de garantizar el "interés superior del niño" ante las autoridades estatales que irán adoptando las sucesivas decisiones que restan hasta completar el procedimiento de extradición (artículo 35 y sgtes. de la ley 24.767).

Por todo lo expuesto, oída la señora Procuradora General de la Nación, el Tribunal resuelve: Confirmar el fallo recurrido en cuanto declaró procedente la extradición de P. C. d. L. al Reino de España para ser sometida a proceso por el delito de robo con violencia y uso de armas en casa habitada. Notifíquese, tómese razón y devuélvase al juez de la causa a sus efectos.

 

RICARDO LUIS LORENZETTI

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

 

Suprema Corte:

-I-

La defensa de P C de L interpuso recurso ordinario de apelación contra la sentencia del juez subrogante a cargo del Juzgado Federal de Campana, provincia de Buenos Aires, que había concedido su extradición al Reino de España por los delitos de robo con violencia y uso de armas en casa habitada (artículos 237 y 242, incisos 1, 2 y 3 del Código Penal español).

La apelante sustentó su pretensión en dos agravios. En primer lugar, argumentó que la decisión del a quo fue adoptada sin contemplar la situación de las hijas menores de edad de la requerida y sin respetar su derecho a ser oídas en el juicio, en violación de lo previsto en los artículos 3 y.12 de la Convención de los Derechos del Niño. Si bien reconoció que la Corte se habría pronunciado sobre el tema en los precedentes "Vanesa López" (Fallos: 333:927) y "Lagos Quispe" (Fallos: 331:1352), sostuvo que las circunstancias analizadas en esos casos diferían sustancialmente de las que se presentan en el sub examine, donde no consta ningún acto procesal tendiente a que las dos niñas afectadas por la extradición de su madre sean escuchadas en forma personal o a través de una representación promiscua de acuerdo a la ley civil.

En segundo lugar, la impugnante cuestionó lo decidido en razón de que el pedido formulado por España no satisfacía acabadamente los requisitos previstos en el artículo 15.2.a del tratado de extradición aplicable (aprobado por ley 23.708), ya que no se habría acompañado del auto de apertura a juicio, más allá de la constancia obrante el auto de prisión.

Adujo que ese extremo adquiría aquí la mayor relevancia, pues las constancias incorporadas por la defensa con posterioridad a la presentación formal del país requirente obligaban a examinar la seriedad del pedido. Por un lado, se refirió a la sentencia de mérito -incorporada a fs. 54/90-, en la que el tribunal competente habría absuelto a dos de los coimputados. La defensa sostiene que ese acto procesal es importante porque trata a la requerida como víctima y no como victimaria y, además, porque consigna que ella fue puesta en libertad luego de prestar declaración. Por otro lado, aludió a la declaración notarial obrante a fs. 172/174, en la que la propia víctima exculpaba a C y se comprometía incluso a testificar a su favor en caso de que ella resultara enjuiciada.

Explicó que no perseguía desencadenar una discusión en torno a la existencia del hecho o la culpabilidad de la imputada, sino solo verificar si el Estado requirente cuenta con razones suficientes para proceder como lo hizo.

-II-

El planteo de la apelante demanda dilucidar si la situación de las hijas menores es una pauta relevante en el juicio de extradición contra su progenitora. La defensa sostiene que resultan aplicables al caso los estándares de los artículos 3.1 y 12.2 de la Convención de los Derechos del Niño. El primero establece que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". El segundo, por su parte, prescribe que "se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional".

En primer lugar, corresponde destacar que, tal como los sostiene el a quo, las cuestiones planteadas por la defensa ya han merecido la atención de la Corte in re "Lagos Quispe" y "Vanesa López". Analizados conjuntamente, ambos precedentes han ratificado que la extradición es una causal de separación entre padres e hijos que en principio no resulta objetable a la luz de la Convención de los Derechos del Niño. Según esa doctrina, el deber del Estado en tales casos consiste en proporcionar "cuando se le pida, a los padres, al niño o si, procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultare perjudicial para el bienestar del niño" (artículo 9.4). Por otra parte, la Corte ha hecho hincapié en que el derecho de audiencia que la Convención reconoce al niño en todos los asuntos que lo afectan debe ser ejercido "en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional" (artículo 12).

En "Vanesa López", V.E. sostuvo también que la consideración del "interés superior del niño" (artículo 3) no queda únicamente circunscripta a los órganos judiciales, sino que comprende a todas las instituciones estatales, que deberán examinar de qué manera los derechos e intereses del niño resultan conculcados por las decisiones y medidas que adopten. Concretamente, señaló que cada una de las autoridades a las que competa intervenir en lo que resta del procedimiento deberá estudiar, "en la oportunidad y bajo la modalidad que mejor se ajuste a las particularidades del caso y en forma sistemática, cómo los derechos y los intereses de las hijas de la requerida pueden verse afectados", y recurrir luego a los mecanismos disponibles para reducir el impacto negativo sobre su integridad que la extradición pudiera generarles (en el mismo sentido, cf. el dictamen de esta Procuración General en la causa T.176, L. XLIX, "Torres García, Claudio s/extradición", del 2 de julio de 2014).

-III-

Sin perjuicio de lo dicho, en el sentido de que el Estado argentino no incumple la Convención por el sólo hecho de disponer el extrañamiento de personas que tienen hijos o hijas menores de edad, entiendo que, en situaciones de extraordinaria gravedad, las autoridades judiciales deben efectuar un análisis previo en el que se pondere la proporcionalidad de esa injerencia en el círculo familiar de la persona requerida.

El control de proporcionalidad, vale recordar, suministra a los jueces un procedimiento de argumentación con el cual verificar en qué medida se justifica la restricción de un derecho. Esencialmente, la idea rectora es que toda interferencia estatal en la esfera de los derechos de los ciudadanos debe ser: (i) idónea para alcanzar el fin buscado; ii) necesaria, esto es, la alternativa menos gravosa para promover ese cometido; y proporcional en sentido estricto, de forma tal que la intensidad de la afectación no exceda ostensiblemente la contribución que ella podría reportar al fin perseguido (cf. Clérico, Laura, Limitaciones a los derechos constitucionales y control de razonabilidad [control de proporcionalidad], en Rivera [h.] et al [ed.], Tratado de los Derechos Constitucionales, Buenos Aires, 2014, t. I, pp. 499 ss.). La proporcionalidad garantiza así la mejor ponderación imaginable ante un conflicto entre derechos fundamentales, o entre derechos fundamentales y otros intereses constitucionalmente reconocidos. Su empleo resulta aconsejable para trazar distinciones analíticas que permitan poner de manifiesto los aspectos salientes de los casos difíciles (cf. Klatt Matthias y Meister, Moritz, Verhältnismässigkeit als universelles Verfassungsprinzip, Der Staat [2012], vol. 51, pp. 159 ss.).

Similares parámetros fueron los que guiaron mi intervención en la causa F.74, L. XLIX, "Fernández, Ana María" (dictamen del 29 de mayo de 2013), en la que la apelante argumentaba que el encierro efectivo de una mujer condenada perdía de vista la situación de su bebé de seis meses, pues se lo forzaba a compartir el destino de su progenitora, o a perder el contacto con ella durante el periodo de lactancia. En esa oportunidad, consideré que la privación de la libertad de la madre en un establecimiento penitenciario no tutelaba satisfactoriamente el interés superior del niño y, en consecuencia, recomendé que ella fuera beneficiada con el arresto domiciliario.

Cuando el problema se presenta con motivo de una extradición, no puede pasarse por alto que ésta difiere de otras formas de separación entre padres e hijos, pues suscita un escenario en el que es harto improbable que éstos acompañen a aquéllos a su lugar de destino. En el sub lite, por ejemplo, no es necesario indagar demasiado para imaginar la situación de desamparo que experimentará una niña de once años en virtud de la detención y el traslado de su madre a un país remoto, situado a miles de kilómetros de su lugar de residencia. Se trata de una decisión que, sin duda, impactará negativamente en su vida cotidiana y en el desarrollo de su personalidad.

Por las razones apuntadas por la Corte, sin embargo, el deber de asignar al interés superior del niño una "consideración primordial" no podría entenderse como una preeminencia general y a priori, pues ello equivaldría, en contra de lo previsto por la propia Convención, a descartar todas las extradiciones de aquellos progenitores de niños, niñas y adolescentes. Según se ha indicado, existen razones de enorme peso que aconsejan el cumplimiento de los tratados bilaterales y multilaterales de extradición, aún a costa de los padecimientos que ordinariamente experimentarán los familiares y allegados del imputado; es que, como sostiene la Corte desde antaño, el fundamento de este instituto radica en el interés común a todos los Estados de que los delincuentes sean juzgados en el país a cuya jurisdicción internacional corresponde el conocimiento de los respectivos hechos delictivos (Fallos 298:126; 324:3713; y 328:1268). Ese interés ostenta un valor abstracto constante, que se acrecentará o reducirá según el caso, en función de la gravedad de los hechos imputados al extraditurus, de la actitud asumida por el Estado requirente a lo largo del proceso, de la exhaustividad con la que documenta el contenido de la petición, etc.

Esta línea de razonamiento es la que ha seguido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, en el caso King v. Reino Unido (resolución sobre admisibilidad del 26 de enero de 2010), un ciudadano británico esgrimía que su extradición a Australia -donde se le imputaban graves hechos de narcotráfico- representaba una interferencia desproporcionada en su derecho al respeto a la vida familiar (artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales). Alegaba que esa decisión provocaría la ruptura del vínculo familiar con su esposa, sus dos hijos pequeños y su madre, afectada por serios problemas de salud. Tras ponderar la importancia de los acuerdos celebrados entre Estados en el marco de la lucha contra el crimen transfronterizo, el Tribunal consideró excepcionales los casos en los que la vida privada o familiar del peticionario podría tener un peso mayor que el fin legítimo perseguido con la extradición (párr. 29). En relación con la afectación denunciada por el peticionario, entendió que su traslado a Australia no resultaba desproporcionado teniendo en cuenta la gravedad de los cargos que debía enfrentar allí.

Recientemente, a su vez, la Corte Suprema del Reino Unido se pronunció respecto de tres casos de extradición, en los que los apelantes argüían que la entrega lesionaría sin remedio el derecho reconocido en el mencionado artículo 8. El estándar de protección invocado, al igual que aquí, se nutría de lo previsto en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño (sentencia del 20 de junio de 2012, dictada en los casos: HH [Appellant] v Deputy Prosecutor of the ltalian Republic, Genoa [Respondent]; PH [Appellant] v Deputy Prosecutor of the Italian Republic, Genoa [Respondent]; y F-K [FC] [Appellant] v Polish Judicial Authority [Respondent]; disponible en http://supremecourt.uk/decided-cases/docs/UKSC_011_0128_Judgment.pdf). Entre otras cuestiones, el tribunal tuvo que decidir si el examen de proporcionalidad en casos de extradición debía ser más riguroso que en casos de expulsión de extranjeros.

La jueza Hale, que lideró el acuerdo, consideró que la estructura del test es siempre la misma: los jueces deben determinar si la gravedad de la interferencia en la vida familiar resulta justificada teniendo en cuenta la seriedad del interés público perseguido. A su modo de ver, lo que varía es la preponderancia que, según el caso, pueda asignarse a uno u otro de los intereses comprometidos (cf. párr. 27 ss. [en especial, párr. 32]). Seguidamente, propuso cuatro pautas a tener en cuenta en este tipo de ponderaciones: (i) los intereses del niño deben reputarse una consideración primordial, aunque no siempre la única consideración primordial, y no necesariamente la consideración dirimente; (ii) dada la especial situación de los niños, la protección de su vida familiar exige analizar con especial cuidado qué ocurrirá con ellos si la persona requerida es su único o principal sostén; (iii) sin perjuicio del interés particular de los niños afectados, debe advertirse que existe también un evidente y robusto interés público en que ellos sean criados adecuadamente; y (iv) los tribunales deben evaluar si existe algún medio capaz de satisfacer el interés en la extradición sin perjudicar a los niños (cf. párr. 33). En función de ello, la vocal preopinante concluyó que no era válido desestimar estos casos mecánicamente, con la mera afirmación de que, aunque el interés del niño será irremediablemente afectado con la separación, el interés público en la extradición ostenta casi sin excepción el peso necesario para derrotarlo (cf. párr.34).

-IV-

En el caso bajo examen, parece estar fuera de duda que la extradición de C constituye una medida idónea para alcanzar el fin buscado, esto es, su juzgamiento en el Reino de España por los delitos que allí se le atribuyen. Por otra parte, el desarraigo que supone la entrega parece ser la única injerencia capaz de promover aquel fin; vale señalar al respecto que el tratado aplicable solo habilita al Estado requerido a asumir el juzgamiento de los hechos cuando la persona reclamada sea uno de sus nacionales, y el rechazo de la extradición se funde precisamente en esa cualidad (cf. artículo 7.2. del tratado aprobado por ley 23.708).

Lo decisivo, según he adelantado, es definir si la afectación que la extradición de C producirá en los intereses de las hijas menores guarda proporción en relación con el interés que sirve de sustento al pedido de cooperación, atento las particularidades del caso bajo análisis. Al respecto, obra a fs. 54/90 la sentencia que absolvió a los coimputados en la misma causa; y consta en el expediente la declaración notarial-fs. 172/174-, en la que la victima del atraco exonera a la imputada e, inclusive, se apresta a testificar a su favor en caso de ser necesario.

En las condiciones descriptas, y dado que en el sub examine se ha alegado una importante injerencia en los derechos que gozan las niñas de acuerdo con el estándar especial que les asegura la Convención de los Derechos del Niño, parece pertinente que los magistrados de la instancia anterior profundicen en la indagación sobre la intensidad de dicha afectación.

Desde esa perspectiva, parecería apropiado que, antes de resolver, se ordenaran las medidas necesarias para conocer cuáles son las consecuencias concretas que las niñas experimentarán con motivo de la partida de su madre. Las constancias del expediente referidas a ellas son marginales. A fs. 47/49, la médica forense pone de relieve que P C es madre de dos niñas, de 15 y 11 años de edad. A fs. 223 y 224 obran sus certificados de nacimiento: F N I C , nacida el 20 de abril de 1997; y Y M F C , nacida el 10 de junio de 2001, ambas de nacionalidad argentina.

Pese a los esfuerzos de la defensa, el juez no hizo lugar a las medidas de prueba que hubieran aportado información relevante para conocer la estructura familiar (cf. resoluciones de fs. 181 y 191). Entre ellas, se destacan el informe socio ambiental y la declaración de M. M. I . La recurrente pretendía demostrar que C de L percibía una pensión con la que ayudaba a su familia, que sus hijos y dos nietos residían junto a ella y, fundamentalmente, que su hija de dieciséis años se encontraba en un estado avanzado de gravidez. Sin perjuicio de estas cuestiones, la lectura del expediente no permite saber si las niñas viven en una familia monoparental, si asisten a la escuela, si dependen económicamente sólo del aporte de su madre, si padecen alguna enfermedad o discapacidad, etc.

La decisión cuestionada no ha avanzado sobre cuestiones cruciales para determinar la gravedad de la interferencia y ello impide analizar seriamente la proporcionalidad del traslado.

En razón de lo expuesto, entiendo que la Corte debe revocar la sentencia impugnada y remitir la causa al tribunal de origen para que proceda según lo indicado, sin perjuicio de la decisión que en definitiva corresponda adoptar.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2014.

 

ALEJANDRA MAGDALENA GILS CARBÓ

ADRIANA N. MARCHISIO

Prosecretaria Administrativa

Procuración General de la Nación

 

  Correlaciones:

Ley 23708 - BO: 20/10/1989

Ley 23849 - BO: 22/10/1990

005570E