Extradicion Procedencia Recurso Ordinario De Apelacion Organizacion Terrorista Tratado Bilateral Republica Del Peru Facultades Del Juez

JURISPRUDENCIA

Extradición. Procedencia. Recurso ordinario de apelación. Organización terrorista. Tratado bilateral. República del Perú. Facultades del juez

 

Se revoca la resolución apelada y se declara procedente el pedido de extradición del imputado a la República del Perú, para ser sometido a proceso por un acto de terrorismo como integrante de una organización terrorista, al haberse dado cumplimiento con las exigencias del tratado bilateral aplicable -aprobado por la L. 26082- respecto de los hechos delictivos presuntamente cometidos, y la calificación legal que le corresponde.

 

 

Buenos Aires, 26 de abril de 2016.-

Vistos los autos "Q. C., O. C. s/ extradición - art. 54".

Considerando:

1°) Que, contra la resolución del juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7 que declaró improcedente la extradición de O. C. Q. C. a la República del Perú (fs. 1986/1987 cuyos fundamentos lucen a fs. 1992/2033), el apoderado del Embajador de ese país acreditado en la República Argentina interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 2355/2371) que, concedido (fs. 2373), fue fundado en esta instancia (fs. 2382/2386)

2°) Que, contrariamente a la valoración que efectuó el a quo, el Tribunal interpreta que la República del Perú dio cumplimiento a las exigencias del tratado bilateral aplicable, aprobado por ley 26.082, al acompañar junto con la solicitud de extradición la documentación requerida por el artículo VI que incluye, en lo que aquí concierne, una "relación sumaria de los hechos delictivos" (inciso 2.b.).

3°) Que, según se desprende de esa documentación, las autoridades jurisdiccionales extranjeras le imputan a O. C. Q. C. haber cometido, siendo integrante de la organización terrorista "Sendero Luminoso", el acto de terrorismo que tuvo lugar el 9 de julio de 1989 con la toma de un vehículo de transporte interprovincial de la empresa "Mendoza", que condujo a la muerte de los efectivos policiales M. L. E. y J. C. P., en las circunstancias de modo y lugar reseñadas a fs. 2018 vta./2020 vta. de la resolución apelada.

4°) Que cualquier duda que pudo existir en el ánimo del juzgador en relación a los hechos alcanzados por la imputación extranjera, debió quedar esclarecida con lo explicitado, en el sentido expuesto, por la Sala Penal Nacional de la República del Perú en el "Informe Complementario" obrante a fs. 1624/1940 cuyas copias certificadas obran a fs. 2037/2059 (conf. aquí fs. 1629 y 2040, respectivamente).

5°) Que, por lo demás, esa delimitación fáctica está en concordancia con el encuadre legal en que se sustentó la imputación extranjera contra el requerido en el marco de este pedido de extradición: el tipo penal del artículo 228-B del Código Penal de 1924 con las modificaciones introducidas por la ley 24.953 que castiga al agente que "perteneciere a una organización que para lograr sus fines, cualesquiera que sean, utilice como medio el delito de terrorismo tipificado en el artículo anterior" -en referencia al tipo penal base del artículo 228-A(1) - con la agravante, además, de "internamiento" "cuando se causare muerte o lesiones graves" (conf. texto legal a fs. 1264).

6°) Que los hechos imputados encuadran, según el derecho argentino y a los fines del principio de "doble incriminación", en los artículos 79 y 210 bis del Código Penal.

7°) Que, en otro orden de ideas, son inadmisibles los reparos esgrimidos por el juez apelado a fs. 2020 vta./2021 con sustento en la insuficiencia de la prueba que vincula a Q. C. con el hecho imputado. Ello a la luz de las consideraciones vertidas por esta Corte Suprema en la causa CSJ 919/2013 (49-C)/CS1 "Caballero de López, Pablina s/ extradición", resuelta el 16 de febrero de 2016, a las que cabe remitir en honor a la brevedad (considerandos 6° y 7° Y sus citas).

8°) Que, por lo demás, el argumento de que el reclamado no va a tener garantías judiciales suficientes en la sustanciación del proceso extranjero aparece formulado desde una perspectiva que solo conduce a poner en tela de juicio el valor probatorio de actos procesales sustanciados en extraña jurisdicción, sin que lo argüido posea entidad para privar de efectos a la decisión jurisdiccional extranjera que solicita la extradición ni a aquellos actos acompañados según las exigencias del artículo VI del tratado aplicable.

Ello es así máxime si se tiene en cuenta que el requerido reviste la calidad de imputado en el proceso extranjero y, a partir de esa situación, la Sala Penal en lo Nacional de la República del Perú, al par que hizo saber que "las manifestaciones policiales son fuente de prueba", aclaró que "serán valoradas en conjunto una vez introducidas a proceso conjuntamente con otros medios probatorios que los corroboren". Asimismo, que "se otorga garantía de que se hará valer el derecho del reclamado en caso de ser extraditado, de interponer los recursos que viese por conveniente contra los referidos instrumentos (tachas y otros) y ser tramitados por los causes correspondientes" (conf. "Informe Complementario" de la Sala Penal en lo Nacional, fs. cito aquí fs. 1642/1643 y 1650. Asimismo, fs. 2053/2054 y 2061, respectivamente).

Por ende, los reparos que pudiera merecer el punto deben ser esgrimidos en el proceso que se sustancia en la República del Perú (Fallos: 329:2523, considerando 7° y 331:2249).

9°) Que, en la misma línea, las objeciones que pueda merecerle lo actuado en su ausencia en el país requirente y el temor de persecución esgrimido en oportunidad del acto de debate no tienen sustento en ninguna probanza incorporada al trámite, siendo meramente conjetural los pronósticos que allí ensaya sobre su devenir en extraña jurisdicción.

10) Que la Sala Penal en lo Nacional de la República del Perú también manifestó, en el "Informe Complementario" antes referido, que "se descarta plenamente que el reclamado será sometido a algún acto de tortura" (fs. cit. aquí fs. 1647 y 2058) y brindó, como destaca el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no solo un pormenorizado informe en cuanto a la forma de selección del establecimiento en el cual el extraditable será alojado, sino -además- aceptando imposiciones que no se encuentran previstas en el tratado bilateral, asumiendo así el compromiso de instalar un dispositivo de monitoreo judicial del cumplimiento de las condiciones de detención compatibles a las vigentes en la legislación argentina, además de garantizar que se computará en el proceso de origen el tiempo que permanezca detenido en el marco de este trámite (fs. cit. aquí fs. 1908/1930 y 2061).

11) Que, por ende, la valoración que efectuó el a quo a fs. 2023/2027 para reputar "insatisfactoria" la respuesta brindada por el tribunal extranjero sobre el punto, solo tiene sustento en una apreciación fragmentada del citado documento desatendiendo el contexto en que fue formulada.

12) Que, por último, toda vez que la respuesta del a quo a los demás agravios esgrimidos por la defensa técnica de Q. C. en este trámite no merecieron reparos de esa parte, no cabe entrar en mayores consideraciones sobre el particular.

Por lo expuesto, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, el Tribunal resuelve: Declarar admisible el recurso de apelación ordinaria interpuesto por la República del Perú y revocar la resolución de fs. 1986/1987, cuyos fundamentos lucen a fs. 1992/2033, y procedente el pedido de extradición formulado por ese país respecto de O. C. Q. C. para ser sometido a proceso por los hechos en que se sustentó este pedido de extradición. Notifíquese, tómese razón y devuélvase al juez de la causa para que prosiga con el trámite.

 

RICARDO LUIS LORENZETTI

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

 

Suprema Corte

-I-

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 rechazó la extradición de O. C. Q. C., solicitada por las autoridades de la República del Perú, en relación con su actividad dentro del grupo terrorista denominado "Sendero Luminoso", al entender que del pedido formal y la documentación complementaria no surgiría con precisión la base fáctica de la cual se lo acusa, así como tampoco se advertirían garantías suficientes para considerar que serán respetados sus derechos a un debido proceso y que se resguardará su integridad física (fojas 1992/2033).

Contra esa decisión, el apoderado de la embajada del país requirente interpuso recurso ordinario de apelación (fojas 2355/2371), que fue concedido por el a quo a fojas 2373, y tras la presentación del memorial de fundamentación (fojas 2382/2386), V.E. corrió vista a esta Procuración General.

El letrado sostiene, en síntesis, que el Estado peruano brindó una satisfactoria descripción del hecho objeto de imputación, que el juez de instancia se excedió en sus facultades al analizar cuestiones que atañen al fondo del proceso que origina este trámite y que las seguridades brindadas por su mandante son adecuadas.

Adelanto que en mi opinión, asiste razón al recurrente y corresponde, por tanto, revocar la sentencia y conceder la entrega.

-II-

El Tratado de extradición con la República del Perú (cfr. ley 26.082), que rige esta asistencia jurídica internacional (artículo 2 de la ley 24.767), exige que se acompañe al pedido formal una relación sumaria de los hechos delictivos (artículo 6.2.b).

Para decidir si la descripción de los acontecimientos proporcionada satisface la demanda de la cláusula, debe tenerse en mira que la finalidad que persigue es que el extraditable tenga certidumbre sobre los hechos por los cuales habrá de defenderse en el marco del proceso que se le sigue en el Estado requirente (Fallos: 332:2203), razón por la cual no se exige que la conducta delictiva tenga una fijación temporo-espacial delimitada en un día, hora y domicilio específico, sino que es suficiente su ubicación en un lapso y en un lugar, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso (Fallos: 330:2065).

Del pedido formal y la sucesiva documentación acompañada a solicitud del a quo, surge que el 9 de julio de 1989, un grupo de personas perteneciente al grupo terrorista "Sendero Luminoso", en el cual estaba O. C. Q. C., obstaculizó la carretera en el sector de Viraco y Pampacola, distrito de Viraco, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, a consecuencia de lo cual retuvo el vehículo de la Empresa de Transporte Público "Mendoza", con pasajeros a bordo, a quienes les sustrajeron sus pertenencias, les solicitaron cupos y los obligaron a arengar a la agrupación subversiva.

En ese contexto, se percataron de la presencia de agentes policiales en el interior de la unidad -el cabo R. J. S. C., el teniente E. M. L. E. y el guardia J. C. P.- a quienes bajaron del vehículo y, tras maniatarlos, los tomaron como prisioneros, para conducirlos a pie al sector de Antahunco, Huacallo Cando, dentro del mismo distrito, donde los despojaron de sus prendas y decidieron matarlos. Así, le dispararon inicialmente con un arma de fuego por la espalda al teniente L. E. (fallecido), luego cuando se disponían matar al guardia Casa Pucapuca se trabó el arma, situación que aprovechó para intentar escapar pero fue alcanzado por dos balas de uno de los senderistas, mientras que el cabo S. C. sí pudo beneficiarse de la confusión y escapó ileso.

El 11 de julio, después de caminar varias horas, los terroristas llegaron a Pampachacra, donde ingresaron en la casa del ciudadano A. A. S., a quien obligaron a prepararles alimento y darles alojamiento. Mientras descansaban, aproximadamente a las cinco de la tarde, fueron intervenidos por el Escuadrón Subversivo de la Policía, produciéndose un enfrentamiento del cual resultaron muertos los senderistas Z. Z., Q. H. y A. M. G. mientras que los demás se dieron a la fuga. Posteriormente, algunos de ellos fueron capturados en la ciudad de Aplao.

Estas conductas fueron calificadas por parte de las autoridades judiciales peruanas como constitutivas del delito de terrorismo agravado, previsto y sancionado por los artículos 288.A (que describe la conducta) y 288.B.f (que describe la modalidad agravante) de su Código Penal.

El a quo y el representante de este Ministerio Público, sostuvieron que la reseña no era suficientemente precisa, en atención a que surgirían dudas en cuanto a la participación del extraditurus al momento de la ejecución del personal de seguridad.

Sin embargo, para arribar a esas conclusiones olvidaron que la conducta de Q. C. en esos hechos constituye aún una hipótesis a confirmar, propia del estadio procesal en el que se encuentra la investigación a su respecto, por cuanto, huelga mencionarlo, se solicita su entrega para que sea sometido a un juicio, en el que los jueces competentes en ejercicio del ius puniendi del Estado soberano reclamante, determinaran el grado de su intervención y la eventual responsabilidad que le quepa en ellos.

Es precisamente por esta razón que las autoridades del país requerido tienen vedado discutir sobre otras cuestiones que las referentes a la identidad de la persona cuya entrega se reclama y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y, en su caso, los tratados que gobiernan el proceso (Fallos: 324: 1694), en virtud de que el trámite de extradición no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, pues no envuelve el conocimiento del proceso en el fondo, ni implica decisión alguna sobre la culpabilidad o inculpabilidad del individuo requerido en los hechos que dan lugar al reclamo (Fallos: 329: 1245).

En este sentido, cabe recordar que la extradición es un procedimiento de asistencia judicial internacional cuyo fundamento radica en el interés común de todos los Estados de que los delincuentes sean juzgados en el país a cuya jurisdicción internacional corresponde el conocimiento de los respectivos hechos delictivos, por lo que en las actuaciones sobre extradición el criterio judicial debe ser favorable al propósito de beneficio universal que la inspira (Fallos: 324:3484; 156:169).

Esta doctrina cobra mayor relevancia en supuestos como el presente, donde el argumento del a quo está dirigido en última instancia a cuestionar la calificación de la conducta efectuada por las autoridades del país requirente en la normativa extranjera, decisión que de acuerdo a inveterada doctrina de la Corte los tribunales del país requerido no pueden modificar (Fallos: 329:1245 y 320:1775), por tratarse de una cuestión que se refiere al fondo del asunto, ajena por su naturaleza al trámite de extradición (Fallos: 331:2249).

La misma tesitura debe aplicarse al extenso análisis referido a la validez de las pruebas colectadas en el marco de la investigación que dio origen a este proceso, efectuado tanto en la audiencia de debate por el representante de este Ministerio Público como en la sentencia del juez de la extradición.

Más allá de señalar que prima facie mal pueden considerarse inválidas las distintas declaraciones brindadas ante la unidad policial denominada DECOTE, cuando en todos los casos se realizaron con la presencia del fiscal de la causa y del abogado defensor del imputado (ver fojas 2079, 2085 y 2089), fueron ratificadas posteriormente ante un juez y confirmadas luego por el Tribunal Constitucional del Perú (ver fojas 1765/1826), debo recordar que estas son cuestiones que se encuentran vedadas de analizar a las autoridades del país requerido.

A este respecto, se ha dicho que no incumbe al procedimiento de extradición, por constituir defensas que han de ser interpuestas en la causa que motiva la asistencia jurídica internacional, la revisión de los aspectos probatorios valorados por el juez extranjero que habrían justificado la orden de detención y posterior pedido de extradición (Fallos: 329:2523, considerando 7°), así como tampoco la validez de la prueba incorporada al proceso extranjero y/o de los actos procesales allí celebrados (Fallos: 331:2249), ni determinar que la prueba para vincular al requerido con el hecho atribuido resultaba notoriamente insuficiente (S.C. V. 414, L. XLIV, in re "Valenzuela, César s/detención para extradición internacional", resuelta el 3 de agosto de 2010).

Estos mismos conceptos, a su vez, son los que desvirtúan la afirmación del a quo en el sentido de que el extraditurus no cuenta con garantías de que será respetado su derecho a un debido proceso en el país requirente.

En primer lugar, además de la subsistencia en el Perú de la prueba señalada anteriormente, en tanto las decisiones judiciales adoptadas en el marco del proceso de origen pasibles de cuestionamientos, como las acusaciones y sentencias emanadas de "magistrados sin rostro", fueron invalidadas y subsanadas por el propio sistema legal y jurisdiccional del Estado solicitante (ver fojas 1765/1826 y 2119/2138).

En segundo término, desde que es impropio del juicio de extradición introducirse en la valoración de las defensas que se dirigen a cuestionar la legalidad del procedimiento de origen (Fallos: 314:1132), o de ciertos institutos propios del sistema de investigación del Estado requirente (Fallos: 330:2065), siempre que no importen una afrenta al orden público nacional (Fallos: 319:2557 y 327:5597), circunstancia que no se configura en el caso.

Finalmente, en lo que se refiere al aludido riesgo de que Q. C. sufra por parte de las autoridades requirentes un trato incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos, más allá de que el sistema penitenciario del Perú mereció cuestionamientos anteriormente (disidencia del Ministro Zaffaroni en Fallos: 328:3233), lo cierto es que mucho ha progresado desde aquel entonces, como se advierte de los informes de la Comisión contra la Tortura en los que se destacan los numerosos esfuerzos del país requirente por subsanar las falencias acusadas e incorporar a su ordenamiento jurídico las reformas sugeridas por el organismo internacional ("Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Perú, aprobadas por el Comité en su 49° período de sesiones (29 de octubre a 23 de noviembre de 2012)", CAT/C/PER/CO/5-6, distribuida el 21 de enero de 2013).

Por esta razón es que la Corte concedió solicitudes de extradición emanadas del Estado requirente en recientes oportunidades, en concordancia con el temperamento propiciado desde este Ministerio Público (CSJ 108/2013 (49-R)/CS1 in re "Rodríguez Valdivia, Jorge Juan s/ extradición", resuelta el 19 de mayo de 2015; U. 1, L. XLIV in re "Ureta Santander, Luis Eduardo y/o Gallardo Susanibar, Víctor s/ extradición", resuelta el 30 de agosto de 2011; L. 148, L. XLIV in re "Lossi, María Teresa s/extradición", resuelta el 8 de febrero de 2011; y Fallos: 331:1352; 329:2532 y 1245).

Pero además de lo señalado, en lo que se refiere al presente trámite, las autoridades peruanas no sólo brindaron un pormenorizado informe en cuanto a la forma de selección del establecimiento en el cual el extraditable será alojado, sino que han llegado incluso a aceptar imposiciones que no se encuentran previstas en el tratado bilateral, asumiendo así el compromiso de instalar un dispositivo de monitoreo judicial del cumplimiento de las condiciones de detención compatibles a las vigentes en la legislación argentina, además de garantizar que se computará en el proceso de origen el tiempo que permanezca detenido en el marco de esta extradición (fojas 1908/1930 y 2061).

-III-

En merito a lo expuesto, solicito a V.E. que revoque la sentencia apelada y conceda la extradición.

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2015.

 

EDUARDO EZEQUIEL CASAL

ADRIANA N. MARCHISIO

Subsecretaria Administrativa

Procuración General de la Nación

 

  Correlaciones:

Ley 26082 - BO: 15/03/2006

E. P., R. s/extradición - Corte Sup. Just. Nac. - 04/02/2016

 

Nota:

  (1) Ello en referencia al artículo 228-A que castiga a quien "provocara, creara o mantuviera un estado de zozobra, alarma o terror en la población o a un sector de ella, realizando por medio de actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la seguridad personal o la integridad física de las personas; al patrimonio de éstas, contra la seguridad de los edificios públicos vías o medios de comunicación, de transporte de cualquier índole, torres de energía o trasmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando métodos violentos, armamento, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o de ocasionar grave perturbación de la tranquilidad pública, de afectar las relaciones internacionales o la seguridad social o estatal"

 

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