Maltrato Animal Aplicacion De Pena Natural Improcedencia Del Archivo De Las Actuaciones

JURISPRUDENCIA

Maltrato animal. Aplicación de pena natural. Improcedencia del archivo de las actuaciones

 

Se confirma la resolución que no hizo lugar a la solicitud de archivo de la investigación penal por maltrato animal, por la aplicación de una “pena natural”.

 

 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2016.

El Dr. Jorge A. Franza dijo:

VISTOS:

Vienen los autos a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 386/391vta. por el Dr. Ezequiel Bernardo Maradeo, letrado defensor de M. M. A. J. O. y K. A. J. O., imputadas en estas actuaciones, contra la resolución de fecha 14 de octubre de 2015, obrante a fs. 374/383 mediante la cual la magistrada de grado resolvió: “I. NO HACER LUGAR a la solicitud de archivo de la presente investigación penal por la aplicación del concepto de pena natural, incoada por la defensa, en base a los argumentos expuestos en el punto II, A) de los considerandos. II. NO HACER LUGAR a la solicitud de archivo de la presente investigación penal por el vencimiento del plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), en base a los argumentos expuestos en el punto II, B) de los considerandos. III. NO HACER LUGAR a la solicitud de archivo de la presente investigación penal por la afectación del principio de plazo razonable, en base a los argumentos expuestos en el punto II, C) de los considerandos. IV. NO HACER LUGAR a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito en relación con la perra ‘Frida'. V. NO HACER LUGAR a la excepción por falta de acción por inexistencia de delito en relación con la perra ‘Morena'. VI. NO HACER LUGAR al pedido de restitución a favor de las imputadas M. M. A. J. O. y K. A. J. O. de la perra de la raza coker conocida como ‘Morena'” (ver fs. 374/383).

Con respecto al agravio producido por el rechazo de la aplicación del instituto de pena natural, el recurrente consideró que “del legajo surge claramente las amenazas de las que fueron víctimas mi asistidas (sic) y por las cuales se inició un expediente en el cual se investigan las conductas delictivas de numerosas personas que durante un tiempo considerable se obsesionaron en hostigar y amedrentar a K. y M. J. O. al punto tal que ellas debieron mudarse del domicilio en el cual habitaron durante más de 15 años” (fs. 387vta./388vta.). Ello, a su entender, constituye una pena natural -que suple a la que podría imponerse oportunamente luego del debido trámite de este proceso-, por lo que correspondería archivar las actuaciones.

En segundo lugar, el Defensor afirmó que el plazo perentorio previsto en el art. 104 del C.P.P.C.A.B.A. para la duración de la investigación penal preparatoria se encuentra vencido, en tanto su cómputo inició el día 31 de julio de 2014, momento en el cual las imputadas tomaron conocimiento de la existencia de la causa y manifestaron su intención de ser asistidas por el Dr. Maradeo (ver el acta de fs. 80 y fs. 388vta./389).

Asimismo, sostuvo que se había vulnerado la garantía del plazo razonable que protege a sus asistidas durante el procedimiento. Para fundar su postura, refirió que “se encuentra acreditado en el presente expediente que mis asistidas sufrieron el día 30 de julio de 2014 un allanamiento ilegal (...) En definitiva, desde el inicio de la presente causa transcurrió un año y tres meses sin que el Señor Fiscal haya podido determinar quien ingresó en forma irregular en la vivienda de mis pupilas y se llevó a la perra ‘Frida'...” (fs. 389/vta.).

Asimismo, se agravió contra el rechazo de la excepción por falta de acción en lo que respecta a ambas perras. En el caso de “Frida”, refirió que había quedado comprobado que el can tenía -al momento de su sustracción- “una edad de diecisiete (17) años, lo que por sí solo demuestra que la misma no fue objeto de malos tratos, ya que si hubiera recibido malos tratos nunca podría haber alcanzado tal edad” (fs. 389vta./390). Con relación a la perra “Morena”, sostuvo que al haberse dictado la nulidad del ingreso a la vivienda de las imputadas y la posterior sustracción de dicho animal, no existe un cauce alternativo de investigación, por lo que corresponde desvincular a las hermanas J. O. respecto de la investigación por la conducta que se les achaca (fs. 390/vta.).

Por último, el recurrente atacó el punto del decisorio que resolvió no hacer lugar a la restitución de “Morena”. Para fundamentar su postura, afirmó que “las consideraciones efectuadas por el a quo (sic) en relación a un supuesto proceso de rehabilitación de índole conductual no puede ser fundamento válido para denegar la restitución de la perra, toda vez que “...Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder se retiraron o a quien acredite su derecho” (artículo 114, CPP)” (fs. 390vta/391).

Al dictaminar, el Dr. Martín Lapadú -interinamente a cargo de la Fiscalía de Cámara Este- solicitó se rechace el recurso intentado. Ello, pues en relación a los puntos “II, III, IV y V de la resolución apelada, si bien la impugnación presentada se articuló en debida forma, por quien es parte legitimada para ello, por escrito, y ante la juez competente y contra una resolución que resulta apelable, dicho remedio procesal fue deducido extemporáneamente”, en tanto el Dr. Maradeo fue notificado del decisorio el día 15 de octubre de 2015, y el recurso fue presentado el día 22 de ese mismo mes y año, superando el plazo de tres días previsto por el art. 198 del C.P.P.C.A.B.A. Asimismo, consideró que debían rechazarse los agravios que se dirigen contra los puntos I y VI del pronunciamiento atacado, en tanto -a su juicio- el recurrente no había logrado fundarlos adecuadamente (fs. 396/397vta.).

Finalmente, el Defensor de las imputadas contestó la vista conferida en los términos del art. 282 del C.P.P.C.A.B.A. y mantuvo su voluntad recursiva (fs. 401/402vta.).

Así, a fs. 403 pasaron los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

I. Primera Cuestión: De la admisibilidad del recurso

Llegado este punto, de conformidad con la modalidad empleada por el Fiscal de Cámara al momento de dictaminar, será preciso analizar individualmente los agravios que introdujo el apelante, a los efectos de decidir si resultan formalmente admisibles o no.

En este sentido, comparto la postura adoptada por el Dr. Lapadú en lo relativo a los puntos identificados en el recurso de apelación como “2” -excepción de falta de acción por el vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria (art. 195 inc. “b” del C.P.P.C.A.B.A.)-; “3” -excepción por falta de acción en virtud de la violación de la garantía del plazo razonable (art. 195 inc. “b” del C.P.P.C.A.B.A.)-; “4” -excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, con relación al hecho vinculado con la perra Frida (art. 195 inc. “c” del C.P.P.C.A.B.A.)-; y “5” -excepción de falta de acción en relación al hecho concerniente al can llamado Morena (art. 195 inc. “b” del C.P.P.C.A.B.A.)-.

Así, tal como señala el titular de la acción, lo cierto es que el art. 198 del C.P.P.C.A.B.A. no representa mayores dificultades interpretativas en cuanto dispone que “[e]l auto que resuelva la excepción será apelable dentro del término de tres (3) días”. Así, considerando que la resolución atacada (1) fue notificada al letrado de confianza de las encartadas con fecha 15 de octubre de 2015 (fs. 384/vta.), resulta claro que el día 22 de ese mismo mes -cuando se interpuso el recurso de apelación contra dichos puntos- el plazo previsto en la norma había fenecido (ver fs. 391vta.). Por resultar los planteos señalados extemporáneos, considero que los mismos deben ser rechazados.

Con respecto a los puntos de agravio identificados como “1” - rechazo del archivo por “pena natural”- y “6” -rechazo de la solicitud de restitución a las imputadas de la perra “Morena”-, el escrito recursivo ha sido interpuesto en tiempo y forma, por una de las partes legitimadas para hacerlo, y ante quien dictó la resolución atacada, habiendo explicado el recurrente las razones por las cuales considera que la decisión judicial le genera a sus asistidas un gravamen de imposible reparación ulterior. Por ello, resulta formalmente admisible (cfr. art. 279 C.P.P.C.A.B.A.).

II. Segunda Cuestión: Del archivo de las actuaciones por la aplicación de una “pena natural” que recayó sobre las imputadas

Como se ha hecho referencia, el recurrente sostiene que las Srtas. J. O. han sido víctimas de reiteradas amenazas y hostilidades por parte de “numerosas personas” desconocidas, conductas delictivas éstas que habrían sido motivadas en razón de los hechos que se investigan en el presente legajo y cuya comisión se les achaca a las mismas.

Adelanto que comparto en un todo las consideraciones realizadas por la a quo en la resolución atacada, en tanto “el instituto de la pena natural es de aplicación sumamente excepcional y para casos complejos, circunstancias éstas que a todas

A fin de evitar extender el desarrollo de este análisis, habré de señalar que el instituto de la “pena natural” encuentra regulación en el inc. i) del art. 199 del C.P.P.C.A.B.A. -sin perjuicio de que el Defensor omitió mencionarlo-. La norma establece que “El archivo de las denuncias y de las actuaciones de prevención procederá cuando: (...) i) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara en los delitos culposos, cuando el imputado hubiera sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena”. Esta facultad del Ministerio Público se rige por el principio de oportunidad, y su ejercicio tiene por objeto evitar la doble punición de la persona sometida a proceso. Ello, en tanto si esa circunstancia se verificase, se podrían vulnerar los principios de proporcionalidad y humanidad que deben primar al momento de imponer una pena.

Ahora bien, de conformidad con el requerimiento de elevación a juicio agregado al expediente, el Fiscal encuadró la conducta que se les achaca a las hermanas J. O. en las disposiciones del art. 2 inc. 1), en función del art. 1 de la Ley N° 14.346. El tipo penal contenido en el art. 1 establece que “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”, y se complementa con el art. 2 que reza: “Serán considerados actos de mal trato: 1) No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos”.

Resulta evidente, entonces, que el legislador no previó una modalidad imprudente o culposa para el delito en danza, especificidad que -de conformidad con la estructura de nuestro derecho penal- debe surgir con total claridad de la letra de la norma, lo cual torna improcedente la aplicación del instituto de la pena natural.

Amén de lo expuesto, quisiera poner de resalto que el Congreso Nacional representa, justamente, las distintas opiniones de los ciudadanos que componen la Nación Argentina. Además, debe recordarse que por imperio del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, dicho organismo tiene la atribución de dictar el Código Penal, por lo que en definitiva decide qué conductas son repudiadas y las penas que las mismas merecen.

Así, considerando que el pueblo tiene la posibilidad de elegir las conductas que considera ilícitas y la sanción que les corresponderá a aquellos que las desplieguen, es esperable que el conocimiento de un accionar delictivo genere malestar o disconformidad por parte de la sociedad con respecto a quienes infringen la ley. Sin embargo, afirmar que dicha reacción por parte de “numerosas personas” debe traer aparejado el archivo automático de las actuaciones por aplicación de la “pena natural”, no sólo resulta inadecuado -por la naturaleza excepcional del instituto mismo- sino además peligroso: podría significar que cualquier manifestación de descontento por parte de la sociedad respecto de una conducta prima facie típica, convertiría al imputado en víctima de un “grave daño psíquico” y habilitaría la aplicación de la pena natural y posterior cierre definitivo de la investigación.

Por las consideraciones efectuadas, es que entiendo que el planteo debe ser rechazado.

III. Tercera Cuestión: De la restitución a las imputadas del canino raza cocker llamado “Morena”

Como se hizo referencia precedentemente, el recurrente se agravia por el rechazo de la restitución de la perra “Morena” a sus propietarias -las Srtas. J. O.- pues, con cita del art. 114 del C.P.P.C.A.B.A., la acción seguida contra las imputadas ya no se encontraría vigente con relación a este canino.

Una vez más, adelanto que no comparto la postura del Defensor, por lo que habré de rechazar este petitorio, de conformidad con la decisión adoptada por la magistrada de grado.

Recientemente, he tenido la posibilidad de expedirme(2) respecto a los cambios de paradigmas que, en materia de protección de animales víctimas del maltrato, se encuentra atravesando nuestra sociedad.

Como allí mencioné, considero que la cuestión resulta particularmente relevante a la luz de la decisión que adoptó la Sala II de la Cámara de Casación Penal integrada por la Jueza Angela Ledesma y los Jueces Pedro David y Alejandro Slokar, el 18 de diciembre de 2014 en la causa “Orangutana Sandra s/ habeas corpus”, en donde sostuvieron que “... a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente” (Zaffaroni, E. Raul y et. Al., “Derecho Penal, Parte General”, Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 493; también Zaffaroni, E. Raul, “La Pachamama y el humano”, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2011, p. 54 y ss).

En esa línea jurisprudencial se enroló la titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que con fecha 21 de octubre de 2015 resolvió hacer lugar a la acción de amparo impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, con el objeto de que se reconozca el derecho de la mencionada orangutana Sandra.

Ahora bien, al igual que lo expresa Zaffaroni (3), resulta particularmente interesante la intuición afortunada, aunque quizás inconsciente del legislador, al emplear el término “víctima” en el art. 1 de la Ley N° 14.346. En este sentido, y sin perjuicio de la discusión suscitada en torno a la subsistencia o no de la acción penal respecto de la imputación que involucra a la perra “Morena”, entiendo que no corresponde aplicar las disposiciones del art. 114 del C.P.P.C.A.BA.

En primer lugar, asiste razón al Fiscal de primera instancia, quien a fs. 347/348 afirmó que “aun asumiendo que todo lo relativo a la perra ‘Morena' no podría ser utilizado como prueba de cargo en contra de las mencionadas, no puede perderse de vista que a la luz del bien jurídico tutelado por la norma, se presenta cuanto menos prematuro hacer lugar a la entrega reclamada. Ello así pues, de confirmarse luego de la celebración del debate oral y público la hipótesis que esta Fiscalía viene sosteniendo, habremos llegado a la conclusión de que las imputadas, en virtud de los actos realizados, no están en condiciones de desarrollar una tenencia responsable de los animales”.

Asimismo, tampoco es posible soslayar la declaración de la Dra. Susana Dascalaky -apoderada de la asociación civil “Centro de Prevención de Crueldad Animal”-, quien dio cuenta del paradero y del estado de salud del canino, afirmando con total claridad que “la perra Morena estaba baja de peso, que tenía sus molares destruidos y que era más joven que Frida, que el problema no estaba en la salud física del animal sino que estaba en la salud psíquica pues tenía problemas de comportamiento de agresividad (...) Morena está en un centro de rehabilitación, más precisamente por su afección relativa a la parte emocional y psíquica” (fs. 371/372).

Vale recordar que, amén del criterio de la magistrada respecto a la valoración de la perra como elemento probatorio necesario, lo cierto es que como Estado Argentino no podemos soslayar que nos hemos comprometido a proteger a los animales de los maltratos infligidos por los propios seres humanos. Ergo, restituir a “Morena” a sus propietarias -siendo que éstas se encuentran imputadas en la presente causa por el despliegue de, precisamente, conductas relacionadas con el maltrato animal- significaría poner en peligro el bien jurídico “bienestar animal” que al legislador le interesó proteger sancionando la mentada Ley N° 14.346.

Por tanto, coincido con el temperamento de la a quo, en cuanto a que “la entrega de la perra solicitada podría resultar perjudicial para dicho animal pues, se estaría ante un cambio de gran importancia que podría llevar a un retroceso en sus avances logrados hasta el momento” (fs. 382vta.).

Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, propongo al acuerdo: I) RECHAZAR por extemporáneo los puntos de agravio identificados con los números “2”; “3”; “4”; y “5” del recurso de apelación interpuesto a fs. 386/391vta. por el Dr. Ezequiel Bernardo Maradeo, letrado de confianza de las Srtas. M. M. A. J. O. y K. A. J. O. (cfr. art. 195 inc. b) y c), en función al art. 198 del C.P.P.C.A.B.A.); II) RECHAZAR los puntos de agravio identificados con los números “1” y “6” del mentado recurso de apelación; y en consecuencia III) CONFIRMAR la resolución dictada por la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 9 el 14 de octubre de 2015, en todo cuanto fuera materia de agravio (fs. 374/383). III) TENER PRESENTES las reservas efectuadas por la parte recurrente.

Sergio Delgado dijo:

Primera cuestión:

El recurso ha sido interpuesto por parte legitimada, mediante escrito fundado y contra decisiones expresamente apelables (conf. art. 198 del ritual) o que ocasionan un agravio que no podrá ser subsanado en otra oportunidad, dado que el rechazo de considerar en el caso la existencia de una pena natural importa obligar a las imputadas a continuar sometidas a un proceso que, se alega, les ha irrogado ya más perjuicios que la sanción que les puede corresponder, lo que no podrá subsanar siquiera una sentencia final absolutoria. El rechazo a restituir la perra “Morena”, la cual no es objeto de acción penal alguna actualmente, tampoco podrá ser subsanado por la sentencia definitiva de esta causa, que nada tendrá que decir respecto de una cuestión que ya no integra lo que corresponderá decidir durante el juicio.

Si bien el art. 198 del ritual prevé un término breve para recurrir el auto que resuelve las demás excepciones cuestionadas por el recurso, lo hace para dar ágil tratamiento a las cuestiones menos complejas que sean resueltas directamente en la audiencia en la que se sustancia la excepción (conf. art. 197 del CPP). No es lo que ocurrió en estos autos, donde la complejidad y novedad de los planteos a tratar (dado que se pidió considerar que en el caso se había operado una pena natural), seguramente, motivó que la jueza de grado no dictara dicho auto al término de la audiencia respectiva sino que se limitó a informar el 6 de octubre de 2015 que “la decisión será por resolución y su notificación será cursada por cédula”. La resolución respectiva se emitió, dada la complejidad del asunto, recién el 14 de octubre de 2014 y la cédula se diligenció el siguiente día hábil. Por ello, entiendo que dicho término no puede aplicarse a estos autos, en los que no se siguió el procedimiento oral para el que fue previsto, debiendo aplicarse el término común de cinco días previsto por el art. 279 primer párrafo del CPP, por lo que corresponde considerar el recurso interpuesto en tiempo oportuno.

Segunda cuestión:

Pena natural: en el caso se han invocado distintas circunstancias que demuestran que las aquí imputadas han sufrido ya perjuicios superiores a la sanción prevista para el delito que aquí se les reprocha. Alegan haber sido víctimas de amenazas actualmente investigadas en este fuero, es decir, víctimas de un delito más severamente reprimido que el que se les reprocha, y también que, debido a dichas amenazas debieron mudarse de su domicilio, perjuicio evidente cuando se advierte que debió anularse un ingreso ilegal al mismo (a raíz del cual les ha sido decomisada la perra “Morena”) y que el procedimiento policial que originó esta causa también se originó y desarrolló de modo irregular. Si bien todo ello es exacto y, en mi opinión, habría que haber puesto ya fin a esta causa, que ha aprovechado un ingreso al domicilio de las imputadas no autorizado por la autoridad ni justificado por razones de urgencia, coincido con el Dr. Franza en que este instituto no está previsto en el ritual local para los delitos dolosos, aun para el que aquí nos ocupa, que se encuentra conminado con una pena inferior a la que reprime los delitos culposos.

Vencimiento del plazo de investigación preparatoria y plazo razonable: este proceso se inició el 30 de julio de 2014, día en que se ingresó al domicilio de las imputadas. Las aquí imputadas se presentaron al día siguiente ante la Unidad Fiscal Este (fs. 57yvta.), oportunidad en las que se les notificó la existencia de la causa en su contra, en la que propusieron a su letrado defensor. Luego de aceptar el cargo dicho letrado (fs. 59) el fiscal determinó el objeto procesal el mismo día e hizo saber a las imputadas su derecho a aclarar su situación en la causa (art. 147 del CPP), según consta a fs. 80 y vta.

Luego de ello se practicaron distintas diligencias probatorias hasta que, con motivo de la tramitación de una excusación primero (fs. 215/6, 233yvta. y 237/9vta.) y de un planteo de nulidad y de los recursos interpuestos contra lo resuelto al respecto, luego (fs. 191/5, 286/89vta., 311/3vta. y330/4vta.), se abandonó el impulso de la acción penal, recién retomado el 31 de agosto de 2015, fecha en la que se citó a las imputadas para intimarles la conducta que se les reprocha en los términos del art. 161 del ritual (fs. 347/8).

Aun si se considera que el mes y días que llevó resolver la cuestión introducida por la excusación de la juez de grado impidió el normal ejercicio de la acción penal, ello no puede decirse del planteo de nulidad, que tiene previsto un procedimiento expedito (art. 73 segunda parte del CPP), ni de los recursos contra él interpuestos, dado que deben seguir la vía incidental. No debieron suspender de hecho, como ocurrió en estos autos, por más de un año, la continuación del proceso. Así lo impone expresamente la ley al disponer el art. 218 del CPP que cuando la remisión de las actuaciones necesaria para la sustanciación del recurso de apelación “entorpezca el curso del proceso se elevará copia de las piezas relativas al asunto, agregadas al escrito del apelante. Ni siquiera la sustanciación de excepciones de previo y especial pronunciamiento puede suspender la instrucción preparatoria que, conforme la ley, sin perjuicio de su sustanciación, debe continuar (arg. Art. 197 primer párrafo del CPP).

No estando justificado el abandono de la investigación preliminar durante el tiempo transcurrido entre el 15 de agosto de 2014 (fs. 198), en que se solicitó audiencia para resolver el planteo de nulidad formulado por la defensa y el 31 de agosto de 2015, en que se retomó el curso de la investigación preliminar citando a las imputadas para intimarles el hecho investigado (fs. 347/8), corresponde aplicar al caso el criterio ya sentado por el Tribunal Superior de Justicia en la causa: “Expte. n° 9446/13 Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘C., P. M. s/ infr. art(s) 183, daños, CP (p/L 2303)'”, resuelta el 21 de mayo de 2014, respecto a la garantía de plazo razonable.

La Dra. Alicia Ruiz afirmó allí que “...el Código (Procesal Penal) nada dice en relación con los plazos anteriores que van desde la formalización del decreto de determinación de los hechos del art. 92 CPPCABA a la intimación del hecho (art. 161, CPPCABA). Al respecto, he dicho (entre otros, cf. mi voto en el expte. n° 8418/11, decisión del 23/05/2012) que “la no citación del imputado de acuerdo al artículo 161 del CPPCABA no es criterio para desconocer la garantía constitucional de cualquier persona imputada a ser juzgada en un plazo razonable. La satisfacción de la garantía quedaría, de lo contrario, ilegítimamente condicionada por la actividad o inactividad de los representantes del Ministerio Público Fiscal...no puede concluirse que la ausencia de regulación del plazo en este último tramo implique que el Ministerio Público Fiscal tenga una discrecionalidad absoluta para demorar sine die la concreción del acto regulado en el art. 161, CPPCABA. Si así fuera...el órgano acusador podría sustraerse de las regulaciones temporales, diferir en forma indeterminada la intimación del hecho y de ese modo distorsionar el régimen de regulación de plazos hasta el extremo de derogarlo de facto ... es imperioso analizar la cuestión según las circunstancias del caso y evaluar si el tiempo transcurrido sin que dicha intimación se hubiera producido es o no razonable. Los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fijados a lo largo de varias décadas (Fallos: 287:248; 289:181; 305:913, entre muchos otros), así como las pautas consolidadas en la jurisprudencia de los organismos internacionales de protección de derechos humanos: 1) la complejidad del asunto; 2) la conducta de las autoridades; 3) la actividad procesal del interesado; y 4) "la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso" (cf. Corte IDH “Luna López c. Honduras, sentencia del 10 de octubre de 2013, parágrafo 147), son guías de interpretación relevantes (apartado 5).

La Dra. Inés M. Weinberg agregó que “...la duración de esta investigación dejó de ser razonable aunque no se haya llevado a cabo la audiencia de intimación del hecho prevista en el art. 161 del CPP. De lo contrario, habría que suponer que la garantía recién opera a partir del arbitrio del Ministerio Público Fiscal en fijar dicha audiencia, lo cual resulta insostenible” (apartado 3 de su voto).

Y, por último la Dra. Ana María Conde sostuvo que el tribunal a quo había desconocido la efectiva vigencia de la garantía constitucional de plazo razonable ya que “... no ha tenido en cuenta el menoscabo y la situación de total incertidumbre en la que ha sido colocado el involucrado como consecuencia de la dilatoria actuación de los funcionarios públicos que han tomado intervención en el caso. Para determinar una posible afectación de la garantía del plazo razonable de duración del proceso resulta ineludible que la persona que se asume como agraviada demuestre convincentemente lo irrazonable que le ha resultado la prolongación del proceso, que la tiene como protagonista (Fallos 330:4539 y sus citas...”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido, también, de modo amplio que “en materia penal este plazo (el plazo razonable de enjuiciamiento) comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito” (caso “López Alvarez vs. Honduras” del 1º de febrero de 2006, párrafo 129).

También el Comité contra la Tortura al examinar el informe de la Argentina presentado conforme lo previsto por el art. 19 de Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles que integra el texto constitucional (conf. art. 75 inc. 22), el 16 de septiembre de 1998, nos recomendó revisar la legislación procesal penal con miras a establecer plazos máximos razonables de duración de la instrucción y señaló que estima “que la prolongación excesiva en la condición de inculpado, aun en el caso de no encontrarse privado de libertad, constituye una forma de trato cruel...” (Suplemento n° 44 (A/53/44) de los Documentos Oficiales de la Asamblea

General de la Organización de las Naciones Unidas del quincuagésimo tercer período de sesiones, punto 68).

Estos criterios, que se aplican en los casos de imputaciones graves, no pueden ser abandonados cuando se trata de imputaciones de menor cuantía, como la que motiva estos autos, en los que no reprocha una conducta directamente lesiva de intereses subjetivos humanos, en especial cuando también pueden conllevar la privación de la libertad personal como sanción.

La morosidad en que se incurriera para intimar el hecho a las imputadas, sin que ninguna causa atendible la justifique, ha vulnerado el plazo razonable dentro del cual debieron ser juzgadas las imputadas, conforme las normas rituales que regulan el debido proceso en esta ciudad (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 13 de la Constitución local), debiendo archivarse las presentes actuaciones.

Falta de acción respecto de las perras “Frida” y “Morena”: la solución que propongo torna abstracto tratar este planteo de la defensa.

Restitución de la perra “Morena”: la solución que propongo obliga a restituir ambas perras a sus propietarias. Es mi voto.

El Dr. Marcelo Pablo Vázquez dijo:

1. Comparto en análisis de admisibilidad efectuado por mi colega preopinante, Dr. Jorge A. Franza, así como también la solución a la que arriba.

2. En efecto, la impugnación dirigida hacia los dispositivos II), III), IV) y V) de la resolución cuestionada, en cuanto rechazan planteos de excepción formulados por la defensa, debió haber sido presentada dentro del tercer día del notificada, conforme claramente lo establece el art. 198 del CPPCABA por ese motivo, el recurso dirigido a cuestionar tales puntos resulta extemporáneo.

Distinta suerte corre la impugnación orientada a cuestionar los dispositivos I) y V) de la resolución de fs. 374/383, pues para ellos rige el plazo establecido en el art. 275 del CPPCABA, entonces, habiendo sido presentado el libelo recursivo en tiempo y forma, contra una resolución que, si bien no es una sentencia definitiva, tiene capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior, corresponde declararlo admisible.

3. Puntualmente con relación a la solicitud de archivo por aplicación del instituto de la “pena natural”, coincido también con lo expuesto por mi colega preopinante en cuanto resuelve rechazar el recurso de apelación y confirmar lo resuelto por la Sra. Juez de grado.

En efecto, tal como señalara el Dr. Jorge A. Franza, en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el instituto cuya aplicación se pretende, encuentra expresamente regulado en el art. 199 inc. i del CPPCABA, encontrándose previsto exclusivamente para los supuestos de delitos culposos y, delegando la potestad de su aplicación en el Ministerio Público Fiscal, lo que en autos no se verifica, como bien señalara el voto precedente.

Por lo demás, también asiste razón a la Sra. Magistrada de grado, en tanto el planteo de la defensa resulta carente de todo sustento factico, pues no ha acreditado ni siquiera mínimamente el estado actual de las denuncia por amenazas radicadas por la aquí imputadas, así como tampoco efectuó esfuerzo alguno por demostrar que la aludida mudanza del domicilio donde ocurrieron los hechos hubiera sido ocasionada por el trato hostil recibido como consecuencia de la presente investigación.

En función de lo expuesto es que corresponde confirma lo el punto I) de la resolución de fs. 374/383.

4. Finalmente, corresponde analizar el agravio relativo al rechazo del pedido de restitución de la perra llamada “Morena”.

Al respecto, comparto también los argumentos y conclusiones a las que arriba el Dr. Franza, pues tal como expusiera extensamente in re “Incidente de apelación en autos G. B., R. s/inf. ley 14346” (Sala I, causa Nº 17001-06-00/13, rta. el 25/11/2015), “[...] la categorización de los animales como sujetos de derechos, no significa que éstos son titulares de los mismos derechos que poseen los seres humanos, sino que se trata de reconocerles sus propios derechos como parte de la obligación de respeto a la vida y de su dignidad de “ser sintiente”.

De esta forma “los animales secuestrados en las presentes actuaciones no se tratan de objetos inmateriales sino de seres vivientes susceptibles de derechos [...] En consecuencia, a fin de decidir el destino de los perros secuestrados en autos, se requiere la realización un análisis más profundo que cuando lo que se reclama es un simple bien material”.

Así entiendo que se ajusta a derecho la resolución adoptada por la a quo, en cuanto rechaza la solicitud de restitución formulada por la defensa priorizando la salud física y psíquica de la perra cocker identificada con el nombre de “Morena”, colocándola por sobre los intereses particulares de las imputadas.

Sin perjuicio de ello, y como cuestión secundaria, no puedo dejar de advertir que si bien no se configuran los requisitos para hacer lugar a la excepción planteada por la Defensa o restitución de la perra “Morena”, la defensa de los derechos de los animales de ningún modo habilita a que particulares tomen vías de hecho o “supuestas venganzas” a fin de castigar a los presuntos “autores”, pues tal proceder no es compatible con un Estado de Derecho y constituyen eventuales conductas reprochadas penal o contravencionalmente.

5. Por todo ello entiendo que corresponde: I. RECHAZAR POR EXTEMPORANEO el recurso de apelación deducido respecto de los puntos dispositivos II), III), IV) y V) de la resolución de fs. 374/383; II. CONFIRMAR los puntos I) y IV) de la resolución puesta en crisis y III. TENER PRESENTES las reservas efectuadas.

Así voto.

Por todo lo expuesto, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I) RECHAZAR por extemporáneo los puntos de agravio identificados con los números “2”; “3”; “4”; y “5” del recurso de apelación interpuesto a fs. 386/391vta.

II) RECHAZAR los puntos de agravio identificados con los números “1” y “6” del mentado recurso de apelación

III) CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 374/383, en todo cuanto fuera materia de agravio.

IV) TENER PRESENTES las reservas efectuadas por la parte recurrente.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al juzgado de origen.

En.../.../2016 se remitieron las actuaciones a la Fiscalía de Cámara Este a los efectos de notificar la resolución dictada en autos. Conste.

 

  Correlaciones:

F. c/S. R. M. R. s/maltrato y crueldad animal - Sup. Corte Just. Mendoza - 20/04/2015.

Z., C. M. s/recurso de casación - Cám. Nac. Casación Penal Sala IV - 04/10/2010.

Notas:

  (1) Resolución que resulta una consecuencia procesal de las excepciones y los panteos efectuados por el Defensor.

  (2) C.A.P.C.y F., 23/11/2015, “ARCE, Alejandro José s/ infr. Art. 1° Ley N° 14.346 (Protección Animal)”, causa n° 0016875-01-00/14 del registro de esta Sala III.

  (3) Zaffaroni, E. Raul, “La Pachamama y el humano”, Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2011, p. 55.

 

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