Pedido De Quiebra Agotamiento De La Via Individual Via Colectiva Art 80 De La Ley 24 522

JURISPRUDENCIA

Pedido de quiebra. Agotamiento de la vía individual. Vía colectiva. Art. 80 de la ley 24.522

 

En el marco de un pedido de quiebra, se revoca la resolución que había rechazado la pretensión prefalencial.

 

 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2016.

Y Vistos:

1. La peticionante de la quiebra apeló la decisión copiada a fs.5 que rechazó la pretensión prefalencial, que motivara la queja y posterior consideración del recurso en función de lo decidido por esta Sala a fs. 12.

2. Asiste razón al apelante. Es que aún cuando las cuestiones pudieren versar sobre hechos y derechos dirimidos en el expediente iniciado con anterioridad tal como se señala a fs. 5, lo cierto es que, en los términos en que ha quedado ceñida la cuestión litigiosa, y a partir de los elementos de convicción incorporados en la causa, no se aprecia que las contingencias procesales invocadas en la resolución en crisis pudieran perjudicar la tramitación del nuevo pedido de quiebra.

Es que -aún cuando pudiere no compartirse el criterio adoptado por el magistrado- en el sentido de resultar necesario agotar la vía individual antes de acudir a la vía colectiva- (v., fs. 25/27 del expediente n° 38302/2014), lo cierto es que el peticionante de la falencia ha acompañado prueba suficiente que demuestra haber agotado la vía individual, que sustentara el rechazo del anterior pedido.

En efecto, las constancias del expediente n° 76257/2005 venido ad effectum videndi, dan cuenta de las distintas diligencias tendientes a embargar los bienes del deudor para la percepción del crédito proveniente de una condena firme (v., fs. 88/92). En igual sentido también se evidencian diligencias tendientes a localizarlo. Ello así sumado a las demás constancias incorporadas a la solicitud de falencia: informe de Veraz; estado crediticio proveniente del Banco Central de la República Argentina e informe de dominio que deja traslucir la inexistencia de bienes del presunto falente.

Como se ve y sobre cualquier consideración formal, el acreedor cumplió con los recaudos solicitados por el propio tribunal en su oportunidad. Ergo la decisión de fs. 5 pierde virtualidad, máxime cuando el art. 80 de la ley 24522 sólo exige la verificación sumaria de la existencia del crédito y el acreedor cuenta con una sentencia firme a favor, por cierto suficiente para sustentar la petición que formula en los términos de la norma apuntada.

En este contexto, cercenar la posibilidad de que el accionante pueda ocurrir a la vía colectiva con un crédito firme a su favor, en clara contraposición a la requisitoria normativa del art. 80 de la ley 24.522 se advierte como un exceso ritual que no se compadece con el sentido de justicia y acceso a la jurisdicción.

Habida cuenta de ello, y sin soslayar que un proceso ordenado y predecible exige el debido respeto de la formas procesales: que cada uno realice, pues de modo, en el tiempo y lugar que a tal efecto la ley ha preestablecido, ello no autoriza a exigir que la norma procesal se cumpla a pie juntillas cuando el acto procesal, aunque irregularmente realizado, alcanzó la finalidad, sin afectación del derecho de defensa de las partes. (Cfr. “Principios del Derecho Procesal” pag.75 Rev. Jurisp. Arg. número especial, del 2010, Director Alejandro P.F Tuzio, coordinado por Jorge W Peyrano, Abeledo Perrot).

Y en tanto esta Sala comparte la posición adoptada por el Alto Tribunal en el sentido que no cabe regirse por principios estrictamente formales de modo que ello lo torne incompatible con el adecuado servicio de Justicia, ya que desde antaño se ha criticado la actuación mecánica de los principios rituales si su adopción conduce a la afectación de la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio- de rango constitucional- (CSJN, in re “ Colalillo”, Fallos 238:550),corresponde revocar la decisión cuestionada por el apelante.

3. Por las consideraciones expuestas, corresponde admitir el recurso de apelación y revocar la decisión de fs. 5.

Notifíquese al domicilio electrónico denunciado o en su caso, en los términos del art. 133 CPCC (Ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1, 38/2013 y R.P. de esta Cámara Nº 71/2014) y devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber a la Dirección de Comunicación Publica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley Nº 26.856, art.4 de la Ac. 15/13 y Ac. Nº 24).

 

Rafael F. Barreiro

Juan Manuel Ojea Quintana

Alejandra N. Tevez

María Eugenia Soto

Prosecretaria de Cámara

 

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