Pension De Veterano De Guerra Rehabilitacion Del Beneficio Costas Por Su Orden Debido Proceso Adjetivo Defensa En Juicio

JURISPRUDENCIA

Pensión de veterano de guerra. Rehabilitación del beneficio. Costas por su orden. Debido proceso adjetivo. Defensa en juicio

 

Se confirma la resolución que dispuso que la ANSeS rehabilite al actor el beneficio suspendido de Pensión de Veterano de Guerra, al haberse violado la garantía de la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a ser oído y a ofrecer pruebas durante el trámite que había suspendido el beneficio.

 

 

Córdoba, 29 de diciembre de dos mil quince.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “FIDELA, PABLO RAUL C/ A.N.SE.S. - VARIOS” (Expte. Nº 11060062/2011) venidos a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación articulado por la parte demandada, en contra de la Resolución de fecha 28 de abril de 2015 dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, que dispuso en lo pertinente, admitir la procedencia de la acción articulada por el señor Pablo Raúl Fidela en contra de la Administración Nacional de la Seguridad Social y en consecuencia dispuso que la demandada rehabilite al actor el beneficio suspendido Pensión de Veterano de Guerra otorgado por la misma con fecha 7/12/07. Asimismo revocó la resolución mediante la cual se suspendió el pago de dicho beneficio y ordenó a la A.N.SE.S. que abone las mensualidades adeudadas al accionante, desde la fecha de la suspensión, con más los intereses allí dispuestos. Con costas a la accionada.

Y CONSIDERANDO:

I.- La recurrente expresa agravios en su escrito de fs. 61/66. Sostiene que conforme surge del expediente administrativo acompañado, y más específicamente del informe del Ministerio de Defensa, el señor Fidela no figura en el padrón de Veteranos de Guerra de Malvinas. Es por ello que la Gerencia de Control decidió suspender preventivamente el pago de la prestación que percibe el titular. Sostiene que la Administración consideró que no concurrieron los extremos exigidos por la ley para acceder a la prestación, por lo que la resolución mediante la cual se la otorgó, resultó ser un acto administrativo viciado de nulidad absoluta e insanable, por afectación de uno de los requisitos esenciales, como es la causa. En consecuencia, argumenta que es legítima la revocación del beneficio debido a que el acto administrativo adolece de vicios formales o sustanciales y fue dictado sobre presupuestos fácticos irregulares. Finalmente, solicita que las costas del juicio sean impuestas en el orden causado (artículo 21 de la Ley 24.463).

Corrido el traslado de ley, el actor lo contestó a fs. 77/82, solicitando por los argumentos que allí expone el rechazo de la impugnación deducida por la contraria

Este Tribunal con fecha 10 de noviembre de 2015 (fs. 84), dispuso como medida para mejor proveer incorporar las actuaciones administrativas acompañadas por la demandada en oportunidad de expresar de agravios, ordenando correr traslado de las mismas al actor, lo cual fue cumplimentado conforme surge de lo actuado a fs. 84vta./85, quedando la causa en estado de ser resuelta.

II.- De los agravios reseñados se desprende que las cuestiones a resolver en esta instancia se circunscriben a los siguientes puntos: a) Determinar si resulta procedente o no la decisión del Juez de grado de declarar la procedencia de la acción entablada por el señor Pablo Raúl Fidela en contra de la A.N.SE.S., ordenando a esta última que rehabilite el beneficio suspendido Pensión de Veterano de Guerra otorgado por la misma con fecha 7/12/07, como asimismo el pago de dicho beneficio y las mensualidades adeudadas con más intereses y b) Régimen de costas.

A tales fines, resulta oportuno señalar que la presente causa se origina a raíz de la demanda interpuesta por que el señor Pablo Raúl Fidela en contra de la Administración Nacional de la Seguridad Social impugnando la resolución de la demandada que le suspendió el Beneficio de Pensión como Veterano de Guerra otorgada con fecha 7 de diciembre de 2007 por Decreto 1357/2004. Señaló que oportunamente presentó recurso de revisión y pronto despacho sin obtener respuesta. (ver escrito inicial de fs. 11/13vta.).

Corrido el traslado de ley, la demandada no contestó la acción entablada en su contra, conforme da cuenta el proveído de fecha 31 de agosto de 2012 (fs. 21)

El Juez de grado en su sentencia de fecha 28 de abril de 2015 (fs. 48/50vta.), decidió hacer lugar a la demanda, ordenando la rehabilitación del beneficio suspendido Pensión de Veterano de Guerra, como asimismo el pago del mismo y las mensualidades adeudadas con más intereses. Para así resolver, tuvo en cuenta que la A.N.SE.S. mediante resolución fundada consideró cumplidos los requisitos para la obtención del beneficio que luego, sin motivo aparente, suspendiera administrativamente, causándole un daño injusto al accionante. Agregó asimismo, que de las constancias documentales aportadas a la causa se desprende que efectivamente el señor Fidela tiene derecho al cobro del beneficio en discusión y ese es un derecho adquirido por el actor.

Ahora bien, a los fines de dar solución a la presente causa resulta necesario analizar la potestad revocatoria de oficio que tiene la A.N.SE.S. para dejar sin efecto actos administrativos firmes. A tal efecto, existe una norma que es el artículo 15 de la Ley 24.241 reglamentada por el artículo 2º del Decreto Nº 1.287/97 que en lo pertinente dispone:... Cuando la resolución otorgante de la prestación estuviere afectada de nulidad absoluta que resultara de hechos o actos fehacientemente probados, podrá ser suspendida, revocada, modificada o sustituida por razones de ilegitimidad en sede administrativa, mediante resolución fundada, aunque la prestación se hallare en curso de pago”.

A su vez, hay que compatibilizar esta norma con las disposiciones de los artículos 17 y 18 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo que consagran la garantía de “estabilidad” del acto administrativo establecida a favor del administrado, consistente en la imposibilidad de la Administración de revocar libremente sus actos administrativos, siendo de destacar que ello es así en garantía de la seguridad jurídica y de los derechos de los administrados. En este punto oportuno es recodar lo resuelto por la C.S.J.N. en el precedente “Carman de Cantón, Elena c/ Nación Argentina” (Fallos 175: 368), caso en el cual el actor promovió acción contenciosa administrativa cuestionando un Decreto del P.E.N. en el cual se había dispuesto dejar sin efecto la jubilación otorgada a su marido 20 años antes, con fundamento en que existieron errores de hecho en el cómputo de los servicios prestados. En este pronunciamiento el Máximo Tribunal defendió la “inexistencia de precepto alguno que dejara los derechos ya reconocidos o consolidados a merced del arbitrio o diferente criterio de las autoridades”, con lo cual se dio inicio a la evolución de la doctrina de la irrevocabilidad del acto administrativo o de la mal denominada “cosa juzgada administrativa”, receptada a en la L.N.P.A. a través del artículo 17 (T.O. Ley 21.686), que dispone: “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad”. Asimismo vemos que el artículo 18 de la L.N.P.A., prescribe en lo que aquí importa que: “El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros, y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario....” En definitiva, se trata de garantizar la seguridad jurídica y la necesidad que sea oído el interesado con las máximas garantías, salvo que de su parte haya existido dolo.

En el caso de autos, para obtener el Beneficio Nº ... otorgado con fecha 7 de diciembre de 2007 en el expediente administrativo Nº 024-2017040463-8-147 (fs. 36), se tuvo en cuenta el certificado emitido por el Ejército Argentino -Regimiento de Infantería 1 “Patricios”- en donde se deja constancia que el ciudadano Pablo Raúl Fidela prestó servicios en el mencionado Regimiento como Cabo en Comisión, siendo movilizado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, con motivo del conflicto armado con el Reino Unido de Gran Bretaña, desde el día 3 de mayo del año 1982 al 25 de junio del año 1982 (fs. 15). Asimismo también se analizó el Informe de Calificación del cual se desprende que el actor estuvo en el T.O.S. -Teatro de Operaciones del Sur, también denominado T.O.A.S.: Teatro de Operaciones del Atlántico Sur-.

Se advierte además que se suspende el beneficio porque el actor no figura en el Registro de Veteranos de Guerra, y efectuadas las valoraciones pertinentes, la Administración como medida para mejor proveer (fs. 29 del expediente administrativo) pidió que se verificara la autenticidad de la documentación de fs. 16 por el cual se le concedió el beneficio, reeditada a fs. 16 del expediente en el cual se lo revocó. En definitiva, nunca se determinó como falsa esa documentación y más allá de que la que se acompañó a fs. 15 no sea la adecuada para obtener el beneficio, el lugar donde estuvo destinado el actor no fue cuestionado.

Ahora bien, el hecho que haya estado en el T.O.A.S. tampoco de por si implica que le corresponda el beneficio toda vez que a partir de lo preceptuado mediante Resolución Nº 426/2004 del Estado Mayor de la Armada, se requería haber estado en combate.

En conclusión, existió un error de derecho imputable a la A.N.SE.S. porque debió acreditar que el actor además de encontrarse en el T.O.A.S. estuvo efectivamente en combate. A lo que cabe agregar, que no puede imputarse dolo del interesado a partir de la subsistencia de la autenticidad de la documental de fs. 16 que a su vez es concordante con la de fs. 15, porque dicha documental alude no a que el señor Fidela es veterano de guerra a los fines de la pensión, sino que estuvo en el T.O.A.S..

Establecida la ausencia de mala fé por parte del accionante, corresponde examinar si se ha garantizado el derecho de defensa en las actuaciones que suspendieron en un primer término y luego revocaron el beneficio previsional de que se trata.

El artículo 1, inciso “f” apartados 1, 2 y 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549 establece el respeto por el debido proceso adjetivo y comprende el derecho a ser oído, ofrecer y producir pruebas y una decisión fundada, todo lo que se enmarca actualmente en la llamada garantía de la tutela administrativa efectiva reconocida por la Corte I.D.H. en el caso “Baena, Ricardo y otros” del 2 de febrero del 2001 y por la C.S.J.N. en el precedente “Astorga Bracht, Sergio y otro c/ CONFER -Decreto Nº 310/98 s/ Amparo Ley Nº 16.986” del 14 de octubre de 2004.

Confrontando estos puntos con lo actuado en sede administrativa no se verifica dicho estándar de protección, toda vez que con motivo de la suspensión del beneficio se lo citó al señor Fidela (ver carta documento agregada a fs. 8) y seguidamente obra agregada a fs. 9 nota emitida por el Coordinador del Área Notificaciones de la A.N.SE.S. en la que señaló, en lo que aquí importa que: “...Atento los términos de la carta documento, cuya copia antecede, se remite el presente a fin de conceder al titular y/o su apoderado de la vista de los actuados... En caso de que la Carta Documento sea devuelta por el Correo Argentino a esta Coordinación, se comunicará lo sucedido mediante e-mail dirigido a la Jefatura de esa UDAI para indicar el procedimiento a seguir...”. A continuación compareció la letrada patrocinante del señor Fidela y manifestó que su patrocinado no había recibido la carta documento que antecede ni notificación alguna (ver fs. 9vta.). Posteriormente el interesado interpuso recurso de revisión en contra de la suspensión del beneficio, el que nunca fue resuelto. Después hubo una serie de actuaciones que terminaron en la revocación del beneficio de las cuales nunca se le corrió vista ni se lo escuchó, lo cual demuestra una manifiesta violación al derecho de defensa.

A eso se suma la actitud de la A.N.SE.S. en este juicio que no contestó demanda, acompañando como prueba el expediente administrativo recién al momento de expresar agravios sin dar justificación alguna, el que fue incorporado por este Tribunal como medida para mejor proveer y es valorado en esta instancia, todo lo cual por un lado torna procedente las presunciones legales que implican la falta de contestación de la demanda, y por otro lado si bien se incorporaron las actuaciones administrativas en la Alzada y se corrió traslado al actor de las mismas, no es posible suplir en este estadio procesal la actividad de conocimiento propia de la instrucción de la causa ante la instancia anterior sobre la cual habrá de girar la sentencia de mérito; orden lógico que en los presentes se encuentra trastocado, puesto que aparece este elemento de juicio, por exclusiva responsabilidad de la A.N.SE.S., una vez fenecida la instancia respectiva.

Las razones expuestas, inducen a confirmar por estos fundamentos la sentencia impugnada.

III.- En lo atinente a la revisión de la imposición de costas a la demandada dispuesta por el Juez de Grado, resulta necesario señalar que esta Sala en el precedente “Ramos, Miguel Efraín c/ ANSES - Reajustes por Movilidad” (Expte. N° FCB 11190072/2007/CA1, www.cij.gov.ar) de fecha 14 de diciembre de 2015, ha declarado inconstitucional el artículo 21 de la Ley 24.463 por el cual las costas en el procedimiento judicial de la Seguridad Social se imponen por su orden, y en consecuencia dispuso que será de aplicación el régimen general previsto en el C.P.C.N.. En función de ello, resulta improcedente la pretensión de la demandada, por lo que corresponde confirmar la condena en costas a la accionada dispuesta por el Juzgador, debiendo imponerse las de esta instancia de igual modo. Los honorarios de la asistencia letrada del actor, se difieren hasta tanto exista base económica firme para ello. No se regulan honorarios a la representación jurídica de la demandada por ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2 de la Ley 21.839).

IV.- La presente resolución es emitida por los señores jueces que la suscriben, conforme los términos del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Por ello,

SE RESUELVE:

1) Confirmar por los fundamentos expuestos en el presente decisorio la sentencia de fecha 28 de abril de 2015 dictada por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, en todo lo que decide y ha sido motivo de agravios.

2) Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (conforme artículo 68 primera parte del C.P.C.N.) conforme los argumentos dados en el considerando III, difiriéndose la regulación de honorarios de la asistencia letrada del actor, hasta tanto exista base económica firme para ello, no haciendo lo propio para la representación jurídica de la demandada por ser profesional a sueldo de su mandante (art. 2 de la Ley 21.839).

3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-

 

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUIS ROBERTO RUEDA

MARÍA ELENA ROMERO

Secretaria

 

Co rrelaciones:

Ley 24463- 08/03/1995

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