Recalculo De Intereses Art 202 De La Ley 24 522 Sentencia Pasada En Autoridad De Cosa Juzgada

JURISPRUDENCIA

Recálculo de intereses. Art. 202 de la ley 24.522. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada

 

En el marco de una quiebra, se admite la apelación subsidiaria interpuesta contra la decisión que tuvo presente el recálculo de sus créditos efectuado por la sindicatura en los términos de la LCQ 202.

 

 

Buenos Aires, 19 de abril de 2016.

1. Los acreedores Eduardo Osvaldo Madrid y Cost Plus S.A. apelaron subsidiariamente la decisión de fs. 1485/1486, mantenida en fs. 1660/1663, en cuanto tuvo presente el recálculo de sus créditos efectuado por la sindicatura en los términos de la LCQ 202.

Los fundamentos de sendos recursos fueron expuestos en fs. 1491/1492 y fs. 1496/1498, y respondidos en fs. 1525 y fs. 1527/1528.

La Fiscal General ante la Cámara opinó que la materia no era de su incumbencia, razón por la cual declinó su dictamen (fs. 1670).

2. Liminarmente cabe señalar que de las constancias obrantes en este proceso universal y en el incidente caratulado “CE-VE Publicidad de Varrenti Hnos. y Cabrera S.C. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Madrid, Eduardo Osvaldo” (que corre por cuerda y se tiene a la vista en este acto), surge que la concursada oportunamente reconoció adeudar a los recurrentes la suma de $ 150.000, comprensiva del saldo adeudado a Cost Plus S.A. en el convenio celebrado en el incidente de revisión promovido por dicha sociedad, el crédito reconocido en favor de Eduardo Osvaldo Madrid en del incidente de revisión referido ut supra y la acreencia oportunamente verificada en favor de Cost Plus S.A. en el concurso preventivo (v. cláusula segunda del “Acuerdo Forma de Pago Deuda Concursal”, obrante en fs. 473/474 del incidente de revisión que corre por cuerda).

En dicho acuerdo se pactó el pago en 60 cuotas y se convino que en caso de mora se aplicaría un interés equivalente a una vez y media la Tasa Activa que para las operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días fija el Banco de la Nación Argentina, capitalizable mensualmente (v. cláusula tercera). Además, se estableció que el referido monto sería percibido en un 48 % por Cost Plus S.A. y en un 52% por Eduardo Osvaldo Madrid (v. fs. 480).

El convenio en cuestión recibió judicial homologación el 28.2.05 (v. fs. 485 del incidente de revisión).

Posteriormente, durante el trámite concursal y habiendo solo abonado las primeras doce cuotas, la deudora cayó en mora (el 12.9.05), restando abonar a los acreedores en concepto de capital la suma de $ 120.000 (fs. 768/770 de las presentes actuaciones).

3. Efectuada esa breve reseña, en tanto resulta conducente para la solución del caso, cabe recordar que, como principio, los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (en el caso, la homologación del acuerdo celebrado en el marco del incidente caratulado “CE-VE Publicidad de Varrenti Hnos. y Cabrera S.C. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Madrid, Eduardo Osvaldo”) no deben dejarse de lado por otra decisión posterior, pues -de lo contrario- se afectaría el derecho de propiedad y defensa de la actora (art. 18 de la Constitución Nacional) y, más ampliamente, la seguridad jurídica.

Es que, según doctrina de la Corte Suprema, el amparo constitucional que se otorga a los derechos reconocidos por una sentencia judicial que goza del atributo de la cosa juzgada, es decir, la inmutabilidad del mandato judicial que ha alcanzado tal condición, no podría ser desconocido por ningún tribunal de justicia, de cualquier instancia y jurisdicción, de la República sin infringir la cláusula de la Constitución Nacional que tutela los derechos que se invocan (conf. CSJN, 329:5178).

Esa imposibilidad de reabrir toda discusión y el respeto que se debe a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (conf. CSJN, Fallos 328:4801); y esa autoridad de la sentencia debe ser inviolable tanto con respecto a la determinación imperativa del derecho sobre el cual se requirió pronunciamiento judicial, cuanto en orden a la eficacia ejecutiva de este último (conf. CSJN, Fallos 330:2964).

La resolución aquí recurrida, y la materia allí contenida (capitalización mensual de intereses), reconoce como antecedente la homologación judicial del acuerdo oportunamente celebrado entre la concursada y los acreedores Madrid y Cost Plus S.A., decisión que se encuentra firme y consentida, por lo que la etapa para cualquier cuestionamiento sobre los aspectos mencionados se encuentra fatalmente precluída, desde que se encuentran alcanzados por el principio de cosa juzgada, que constituye óbice para su modificación.

Así pues, teniendo en cuenta el estadio procesal en que se encuentra este proceso universal, conclúyese que resulta improcedente la morigeración decidida por el Juez a quo, so pena de violentar el principio de cosa juzgada de reconocida raigambre constitucional (conf. esta Sala, 20.6.07, “Banco Itaú Buen Ayre S.A. c/ Añazco, Juan Carlos y otro s/ ejecutivo”).

El tribunal no desconoce la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual en casos excepcionales el respeto a la cosa juzgada debe ceder a la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, si existe evidencia de que la aplicación automática de las pautas de la sentencia quiebra toda norma de razonabilidad, provoca un resultado que excede una razonable expectativa de conservación patrimonial, o violenta los principios emergentes del cciv 953 y 1071 (conf. C.S.J.N., Fallos 316:2054; 8.2.94, “Caja de Crédito Flores Sud Coop. Ltda. c/ Cohelo, J.”, Fallos 317:53; Fallos 318-912, íd., 25.2.03 “Ferro de Goce, H. c/ Asencio, F.”, Fallos 326:259, entre otros).

Pero en el caso no se advierte suficiente evidencia de lo anterior o de la vulneración de dichos principios; máxime, teniendo en consideración las originarias fechas en que la deudora se constituyó en mora y el ulterior acuerdo de pago de la deuda concursal, finalmente incumplido.

4. Las costas generadas en esta Alzada habrán de distribuirse en el orden causado. Ello, en atención a lo posición asumida por la sindicatura en sendas presentaciones de fs. 1525 y fs. 1527/1528 y a que, en defensa de los intereses de la masa, pudo creerse con derecho a peticionar como lo hizo (conf. cpr 68, segundo párrafo y LCQ 278).

5. Por lo expuesto, se RESUELVE:

Admitir las subsidiarias apelaciones de fs. 1491/1492 y fs. 1496/1498 con los alcances que surgen del presente pronunciamiento.

Distribuir por su orden las costas de Alzada.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13) y, oportunamente, devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes.

El Juez Pablo D. Heredia no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN 109). Es copia fiel de fs. 1673/1674.

 

Juan José Dieuzeide

Gerardo G. Vassallo

Horacio Piatti

Prosecretario de Cámara

 

012850E