Servicios Publicos Electricidad Instalaciones Peligrosas Legitimidad De La Medida Rechazo De La Accion De Amparo

JURISPRUDENCIA

Servicios públicos. Electricidad. Instalaciones peligrosas. Legitimidad de la medida. Rechazo de la acción de amparo

 

Se revoca la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo deducida contra una empresa de electricidad y el organismo de control por la suspensión del servicio eléctrico en numerosos locales comerciales, pues se advierte la existencia de instalaciones eléctricas peligrosas, que no resisten ninguna condición de seguridad, por las cuales la actora había sido previamente intimada a regularizarlas, sin obtener respuesta.

 

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los 31 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Extraordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-6762-MP0 “CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE EDIFICIO GALERIA CENTRAL DE LURO ESQUINA INDEPENDENCIA c. EDEA S.A. y O.C.E.B.A. s. ACCION DE AMPARO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En fecha 15-06-2016, el titular del Juzgado en lo Correccional N° 3 del Departamento Judicial Mar del Plata resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Consorcio de Propietarios del Edificio Galería Central de Luro esq. Independencia contra EDEA S.A. y O.C.E.B.A. por haber dispuesto de manera manifiestamente irrazonable y arbitraria la suspensión del suministro de energía eléctrica a los locales ubicados en la Av. Independencia N° ... y Av. Luro N° ... de la ciudad de Mar del Plata a partir del día 2 de noviembre de 2015.

II. Notificadas de la sentencia las codemandadas O.C.E.B.A. y EDEA S.A. con fecha 16-06-2016 y 04-07-2016, respectivamente [cfr. cédulas glosada a fs. 95 285 y a fs. 286], la coaccionada Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. interpuso recurso de apelación fundado en su contra mediante presentación de fecha 7-07-2016 [cfr. fs. 288/295].

III. El a quo por auto de fecha 12-07-2016 concedió el recurso incoado en relación y con efecto devolutivo [cfr. fs. 298], ordenado -asimismo- correr traslado del memorial de agravios a la parte actora quien, notificada con fecha 15-07-2016 [cfr. cédula de fs. 299], ejerció su derecho a réplica mediante presentación de fs. 300/305.

IV. Recibidas las actuaciones en esta Alzada [cfr. fs. 306 in fine], y puestos los autos al Acuerdo paraexamen de admisibilidad del recurso y -en su caso- para Sentencia [cfr. fs. 307] -providencia que se encuentra firme-, corresponde plantear la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso?

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:

I.1. A fs. 279/283 el a quo dictó sentencia con el alcance dispuesto en los antecedentes del fallo.

En forma liminar, delimitó el alcance del reclamo remarcando que el Consorcio actor acudía a la jurisdicción postulando la arbitrariedad e ilegitimidad de la decisión de EDEA S.A. [notificada el día 27-10-2015] por la que se le anoticiaba que a partir del día 2-11-2015 procedería a hacer efectiva la orden de suspensión del suministro de energía eléctrica dispuesta por el Organismo de Control de Energía de la Provincia de Buenos Aires [O.C.E.B.A.] mediante Resolución N° 290 de fecha 21-10-2015 con relación a los locales ubicados en la Galería Central sita en Av. Pedro Luro N° ... y Av. Independencia N° ... de la ciudad de Mar del Plata.

Precisado lo anterior, y luego de considerar que resultaba innecesaria la producción de los medios probatorios ofrecidos por las partes para dirimir la contienda, expuso que, ante la amenaza de suspensión del suministro eléctrico que provocaba la comunicación efectuada por EDEA S.A., se ponía en crisis los derechos a ejercer toda industria lícita, a trabajar y de propiedad de los copropietarios, circunstancia que -en su parecer- patentizaba la idoneidad de la vía procesal del amparo.

Luego de delinear -con apoyatura en citas doctrinales y jurisprudenciales- la diferencia entre la arbitrariedad e ilegalidad de los actos administrativos, abordó la defensa de cosa juzgada opuesta por la codemandada EDEA S.A. rechazándola en todos sus términos. Sobre el punto, expuso que si bien en la causa caratulada “Consorcio de Propietarios Edificio Luro esquina Independencia s. Amparo” que tramitara ante el Juzgado en lo Correccional N° 4 del Depto. Judicial de Mar del Plata se resolvió mediante sentencia firme de fecha 13-07-2015 rechazar la acción entablada por el citado Consorcio contra la intimación cursada por EDEA S.A. a fin de que se ejecutara la obra consistente en la remoción de las instalaciones de medidores de energía eléctrica de los locales comerciales ubicados en la Galería Central para que queden instalados sobre la línea municipal, no lo es menos que en el caso de marras lo que se persigue es la nulificación de la “...decisión de EDEA S.A. de hacer efectiva a partir del 2-11-2015 la orden de suspensión del suministro de energía eléctrica a los locales comerciales del consorcio dispuesta por O.C.E.B.A. por Resolución N° 290/15...” y que no fuera materia de pronunciamiento en la sentencia en la que se apuntala la defensa de res iudicata.

Asimismo, resaltó que en cumplimiento de la mentada sentencia -de la que surgía que EDEA S.A. debía otorgar plazos razonables al Consorcio “...para la realización de las obras intimadas...”- la firma distribuidora de energía había otorgado [mediante comunicación de fecha 23-07-2015] “...un último plazo de 60 días corridos para realizar las obras necesarias...” bajo apercibimiento de ordenar la desconexión y que, si bien al momento de articular este proceso el citado término había vencido, no lo era menos que los documentos obrantes en la causa permitían tener por cierto que el Consorcio había : (i) requerido, ya en el mes de abril de 2015, presupuestos para la ejecución de la obra; (ii) notificado a EDEA S.A. con fecha 5-10-2015 el comienzo de los trabajos de albañilería; (iii)celebrado un contrato de locación de obra (de fecha 21-10-2015) a la vez que adquirido, con fecha 5-10-2015 un “conjunto de gabinetes”; y (iv) efectuado una certificación notarial en la que se verifica que el día 29-10-2015 se estaba ejecutando la obra.

Con lo anterior en miras, concluyó que resultaba un dato inexpugnable que el Consorcio accionante había dado un conjunto de pasos orientados a dar cumplimiento a las exigencias de los entes demandados lo que -en su parecer- revelaba una clara intención de solucionar los problemas vinculados con la instalación eléctrica. Y si bien es cierto -ahondó- que el Consorcio venía cumpliendo con demora la adecuación de las instalaciones eléctricas, no lo es menos que esa tardanza resultaba comprensible a tenor de la magnitud de la erogación requerida, la situación económica reinante y lo complejo que resulta la toma de decisiones en las administraciones de edificios de propiedad horizontal.

Con todo, consideró que la Resolución del O.C.E.B.A. N° 290/15, no había sopesado las diversas acciones emprendidas por el Consorcio para ejecutar la reubicación de los medidores de electricidad lo que autorizaba a predicar su ilegitimidad en tanto carecer de adecuada motivación.

A todo evento, agregó que aun cuando pudiera considerase que la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 se encontraba debidamente motivada, lo cierto es que la posterior decisión de EDEA S.A. de notificar con fecha 27-10-2015 que el corte de suministro ocurriría el día 2-11-2015 resultaba irrazonable y arbitraria. Así lo entiende pues, si bien la Resolución de O.C.E.B.A. N° 290/15 tenía un fin constitucionalmente legítimo (garantizar las condiciones de seguridad), la decisión de EDEA S.A. de fijar como fecha de corte del suministro el día 2-11-2015 (notificada al Consorcio el día 27-10-2015) no se adecuaba a los principios de necesidad y proporcionalidad pues existían otros medios idóneos y menos restrictivos de los derechos involucrados.

2. A fs. 288/295 la firma EDEA S.A. interpone recurso de apelación fundado estructurando diversos agravios.

Primeramente, explica que existen irregularidades procesales que patentizan la afectación en el proceso de los derechos de defensa de su parte. Identificando tales yerros, sostiene que la cédula de notificación del fallo de grado porta defectos en su conformación pues transcribe en forma parcial y segmentada la sentencia impidiéndole de tal modo tener cabal acceso al contenido del pronunciamiento; todo ello con el agravante que la diligencia de notificación fue practicada fuera del horario judicial y sin habilitación para ello.

Por otro lado, también denuncia que el a quo, al omitir deliberadamente la producción de los medios de prueba oportunamente ofrecidos arguyendo que “...no versan sobre hechos relevantes para la dilucidación de la cuestión planteada...” incurre en una flagrante violación del derecho de defensa, máxime cuando se ha soslayado la celebración de la audiencia que, prevista de modo imperativo en el art. 11 de la ley 13.928, hubiera permitido encontrar alguna forma de solución de conflicto o, en su caso, obtener el proveimiento de las probanzas.

Por fuera de los defectos procesales reseñados [que en el parecer de la recurrente autoriza a predicar la nulidad del fallo de grado], postula la inidoneidad de la vía intentada por el Consorcio actor. En esa línea, arguye que existen mecanismos procesales idóneos -previstos en la ley 12.008- que, soslayados por el accionante, válidamente hubieran permitido cuestionar la validez tanto de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 como de la actuación de EDEA S.A. -por conducto de la cual se materializa la decisión del organismo de control provincial-.

Asimismo, destaca que el magistrado de grado dispone la nulidad de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 desconociendo la firmeza del citado acto con relación al Consorcio accionante y agrega que, en lo que refiere a la decisión de EDEA S.A. notificada con fecha 27-10-2015, el actor omitió articular el remedio administrativo expresamente regulado por la ley 11.769.

En otro capítulo de la queja se duele de la decisión de grado en cuanto pregona la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones del O.C.E.B.A. y de EDEA S.A.. Sobre el punto, considera que, como consecuencia de haber soslayado el material probatorio, el a quo se ha desentendido del grave riesgo y peligro que presentan las instalaciones eléctricas del Consorcio y que dieran lugar a intervenciones e intimaciones por parte del O.C.E.B.A. y de EDEA S.A. desde el año 2013. Expone que es un dato incontrastable que las instalaciones eléctricas del Consorcio traducen, además de una flagrante violación de las obligaciones que le vienen impuestas en el Reglamento de Suministro y Conexión, un grave riesgo y peligro para los propietarios y terceros.

Por otro lado, sostiene que mal pudo concluir el a quo que el término concedido por EDEA S.A. para efectuar la adecuación de las instalaciones a las exigencias reglamentarias resultara irrazonable cuando la morosidad del Consorcio en efectuar tales tareas resulta pasmosa a tenor de las determinaciones e intimaciones que se le vienen efectuando desde el año 2013 y sobre las cuales el sentenciante guardó absoluto silencio. Agrega que también yerra el magistrado de la instancia cuando estima irrazonable el término fijado por EDEA S.A. y por la cual notifica al Consorcio el día 27-10-2015 que procederá a cortar el suministro eléctrico el día 2-11-2015 hasta tanto se concluyan las obras de adecuación de las instalaciones eléctricas. En tal sentido, resalta que EDEA S.A. solo se ha limitado a cumplir con el mandato que le fuera requerido mediante la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 cuyo artículo primero le ordena “...proceda a la suspensión de los suministros correspondientes a la Galería Central ... hasta tanto se inicien, desarrollen y finalicen las obras necesarias para eliminar en forma definitiva la problemática denunciada y así poder restablecer el servicio eléctrico...”.

Resulta evidente -ahonda- que el Organismo de Control, luego de verificar el peligro y la reticencia del Consorcio en adecuar las instalaciones, expresamente requirió a EDEA S.A. suspendiera el suministro eléctrico. Y eso fue lo que efectivamente realizó la empresa distribuidora por lo que mal pudo el a quo postular que existían otros “...medios idóneos menos restrictivos de los derecho involucrados...”.

Por último, también se duele del fallo de grado en cuanto soslaya la cuestión de la cosa juzgada que fuera planteada como defensa al contestar la demanda. Remarca que el asunto traído a conocimiento de la jurisdicción en estos autos ya fue materia de un pronunciamiento jurisdiccional firme de fecha 13-07-2015 que, recaído en la causa “Consorcio de Propietarios Edificio Luro esq. Independencia s. Amparo” [de trámite por ante el Juzgado en lo Correccional N° 4 del Depto. Judicial de Mar del Plata], dispuso rechazar la acción de amparo entonces interpuesta en tanto surgía que la instalación eléctrica de la Galería Central debía “...ser reacondicionada de modo tal que garantice condiciones de seguridad...”.

3. La parte actora al ejercer su derecho a réplica, controvirtió los dichos de la parte accionada y requirió el rechazo del remedio incoado.

II. El recurso es de recibo.

Sin perjuicio del modo como fueran estructurados por la codemandada EDEA S.A. los agravios que motivan la intervención de este Tribunal, razones de estricta lógica analítica exigen responder, en primer término, la defensa de cosa juzgada impetrada.

Solo sorteado ese liminar agravio corresponderá escrutar, en lo siguiente, la restante crítica que proyecta EDEA S.A. en relación al fallo de grado y que comprende -por un lado- cuestiones de naturaleza procesal (supuesta violación del derecho de defensa por inobservancia en las formas de notificación del fallo e inobservancia de la audiencia de prueba reglada en el art. 11 de la ley 13.928) y -por el otro- un ataque tanto a la procedencia formal (por existir otras vías idóneas) como sustancial del amparo (ante la ausencia de ilegitimidad e irrazonabilidad de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 y de la decisión de EDEA S.A. de disponer la suspensión del servicio eléctrico a partir del día 2-11-2015) que brota del pronunciamiento de fs. 279/283.

1. Siguiendo entonces la línea de trabajo propuesta, responderé la crítica vertida por EDEA S.A. contra el segmento del fallo de grado que desestima el planteo de cosa juzgada.

Puntualmente, la firma apelante esgrime que la pretensión impetrada en este pleito no puede ser abordada por entender que, con respecto a ella, han operado los efectos de la cosa juzgada, óbice legal que veda toda consideración sobre el fondo del asunto, ello en tanto la cuestión aquí planteada ya habría sido objeto de debate y resolución en los autos “Consorcio de Propietarios Edificio Luro esquina Independencia s. Amparo” (expte. N° 4479), de trámite ante el Juzgado en lo Correccional N° 4 del Depto. Judicial de Mar del Plata en el que recayó sentencia -firme- el día 13-07-2015.

Siendo tal el núcleo de la crítica, recuerdo que cuando una sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada -formal y material- cabe reputarla como una solución definitiva, concluyente y determinada. Es la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto que no cabe alterar, variar o modificar (conf. doct. S.C.B.A., causas 54.404 “Gelatti”, sent. del 1-IV-1997; 75.569 “Bonomi”, sent. del 12-VII-2000; 83.827 “Eslaiman”, sent. del 9-X-2003; 80.773 “Gasparoni”, sent. del 11-V-2005; esta Cámara en causa D-2284-MP “Panero”, sent. del 5-VII-2011), por cuanto si una cuestión ha quedado definitivamente resuelta en sentencia firme, no puede ser nuevamente examinada y menos -aún- decidida en distinto sentido, ya que la autoridad de la cosa juzgada responde a una consideración esencial de orden público: la necesidad de que el orden y la paz reinen en la sociedad poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre partes se renueven indefinidamente (conf. doct. S.C.B.A. causas C. 97.288 “Chiapetta”, sent. del 4-XI-2009; C. 105.981 “Seri”, sent. del 4-IX-2013; esta Cámara causa C-6547-BB1 “Fiat Auto S.A. de Ahorro para Fines Determinados”, sent. de 14-7-2016).

En el mentado plexo pretensional, adelanto que la crítica de la firma EDEA S.A. no merece recibo. Es que, basta un simple cotejo de las pretensiones que dieron luz a una como a otra causa para colegir que los fundamentos en que la accionante reposara su reclamo en los dos juicios dista de guardar la marcada e irrefutable identidad que pregona la apelante. Repárese que, como bien lo hiciera notar el magistrado de la instancia, aunque existen entre los procesos una evidente conexión en cuanto a la cuestión ventilada [pues ambos pivotean en derredor de las inspecciones y posible suspensión de suministro eléctrico por parte de EDEA S.A.], no lo es menos que en el caso de marras el Consorcio accionante ha puesto en crisis actuaciones emanadas del Organismo de Control de la Energía de la Provincia de Buenos Aires [Resolución N° 290/15] y de la propia Empresa Distribuidora de Energía Atlántica [decisión en la que se anoticia a la parte actora que procederá a suspender el suministro eléctrico el día 2-11-2015] que no fueron materia de debate en aquel proceso en el que recayera sentencia con fecha 13-07-2015.

Siendo ello así, es dable comprobar que la cuestión ventilada en autos no resulta sustancialmente idéntica a la que fuera objeto del pronunciamiento firme recaído en la causa “Consorcio de Propietarios Edificio Luro esquina Independencia s. Amparo” (expte. N° 4479), de trámite ante el Juzgado en lo Correccional N° 4 del Depto. Judicial de Mar del Plata.

Sin soslayar que la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional [cfr. doct. esta Cámara causa G-813-AZ1 “Pozo Pérez”, sent. de 9-XII-2008], resulta fácilmente perceptible que el asunto que en autos se discute difiere de aquel que fuera debatido y resuelto por sentencia de fecha 13-07-2015 [v. fs. 93/95]. Aquí el Consorcio accionante -acudiendo al cauce procesal del amparo- postula la nulidad de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 y de la decisión de EDEA S.A. -que ejecuta la mentada Resolución del Organismo de Control-, todo lo cual demuestra que aquella cuestión que fuera materia de decisión en la causa que tramitara ante el Juzgado en lo Correccional N° 4 que rechaza la acción de amparo interpuesta por el Consorcio contra EDEA S.A. [en la que puso en crisis la decisión de EDEA S.A. de fecha 10-10-2014 de intimar al Consorcio a desplazar los medidores eléctricos en un plazo de diez (10) días bajo apercibimiento de cortar el suministro] dista de guardar identidad con la debatida en estas actuaciones.

Con todo, habiendo patentizado que el alcance de la pretensión articulada en autos difiere de aquella que fuera objeto del pronunciamiento dictado con fecha 13-07-2015 en la causa “Consorcio de Propietarios Edificio Luro esquina Independencia s. Amparo” (expte. N° 4479), de trámite ante el Juzgado en lo Correccional N° 4 del Depto. Judicial de Mar del Plata, no puedo sino compartir la solución que porta el pronunciamiento de grado en cuanto descartó la configuración en la especie de los efectos de la res iudicata.

2. Precisado lo anterior, corresponde abordar el segundo grupo de agravios esgrimidos por la quejosa y a partir de los cuales se denuncia la existencia de vicios procedimentales que, en su parecer, replicarían negativamente sobre su derecho de defensa. Veamos:

2.1. Defecto en la confección y contenido de la cédula de notificación de la sentencia.

Afirma la recurrente que la cédula de notificación de la sentencia transcribe solo de manera parcial y segmentada la parte resolutiva del pronunciamiento, observándose “...varios puntos suspensivos que hacen pensar, con preocupación, el faltante de varias partes de la propia parte resolutiva...” [v. fs. 288 vta. 5° párrafo]. Todo ello con el agravante que tampoco se transcribieron “...ni los vistos ni los considerandos...” de la sentencia [v. fs. 288 vta. 6° párrafo], todo lo cual patentiza la nulidad palmaria y manifiesta de la diligencia por afectación del derecho de defensa al privársela de “...tomar vista de la sentencia entera...” [v. fs. 288 vta. 7° párrafo].

Circunscripta entonces la queja, adelanto que no habré de compartir la postura de la firma apelante; ello es así pues basta con cotejar el contenido de la cédula de notificación obrante a fs. 297 para postular el cabal cumplimiento del contenido del instrumento a las previsiones contenidas en el art. 136 del C.P.C.C.

Adviértase que la citada normativa procesal establece que: “...La cédula de notificación contendrá: 1° nombres y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste; 2° juicio en que se practica; 3° Juzgado y Secretaría en que tramita el juicio; 4° transcripción de la parte pertinente de la resolución; el objeto claramente expresado si no resultare de la resolución transcrita. En el caso de acompañarse copias de escritos o documental, la cédula deberá contener detalles precisos de aquéllas...”[la negrita y el subrayado son propios].

Y a poco que cotejo el concreto contenido de la cédula obrante a fs. 297 -diligencia cuya nulidad postula la recurrente- verifico que el modo como fuera confeccionado el instrumento satisface en su integridad los recaudos del art. 136 del C.P.C.C., transcribiendo la parte resolutiva de la sentencia de fecha 15-06-2016 de modo tal que ha permitido a la firma EDEA S.A. tener el cabal, puntual y preciso conocimiento de lo resuelto por el a quo.

La notificación de una sentencia definitiva debe efectuarse personalmente o por cédula [art. 135 inc. 12 del C.P.C.C.] y la diligencia se cumple adecuadamente con la transcripción de su parte dispositiva. La realización del acto procesal mencionado en la forma indicada, al poner en conocimiento del interesado que se ha dictado el pronunciamiento definitivo, genera la obligación profesional de que el letrado tome conocimiento de la totalidad del decisorio a los fines de controlar su acierto o error y proceder en consecuencia [cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Depto. Judicial de San Nicolás, in re “Canedo”, sent. de 10-05-2011].

Con lo expuesto no soslayo que, como bien resalta la recurrente, en el cuerpo de la cédula de fs. 297 y al transcribirse la parte resolutiva de la sentencia se incorporaron “puntos suspensivos”; empero, tal modalidad desplegada al elaborarse el instrumento dista de haber cercenado o restringido el contenido de la parte dispositiva del fallo puesto en conocimiento de EDEA S.A. pues, lo único que se ha omitido -al acudir a la técnica de los puntos suspensivos- ha sido la transcripción de los artículos de las Constituciones Nacional y provincial citados en la sentencia de fecha 15-06-2016, circunstancia que carece de toda entidad o virtualidad como para haber puesto en crisis el derecho de defensa de la distribuidora eléctrica.

En suma, la cédula de notificación de fs. 297 ha respetado las pautas sentadas por el art. 136 del C.P.C.C., transcribiendo de modo más que suficiente la parte dispositiva de la sentencia de fecha 15-06-2015 y colocando a los letrados de la firma EDEA S.A. en cabal conocimiento de lo resuelto, a la vez que disparando su exclusiva obligación de tomar conocimiento de la totalidad del fallo.

Y aunque pudiera efectuarse algún reproche, por minúsculo que fuera, al modo como fuera confeccionada la cédula de fs. 297, lo cierto es que estaríamos en presencia de un defecto de intrascendencia y sin entidad para habilitar la nulificación de la diligencia pues es por demás evidente que EDEA S.A. ha tenido, a partir de la notificación de la que se sin razón ni motivo alguno se queja, acceso al pronunciamiento de fecha 15-06-2016, procediendo luego a articular en tiempo y forma el remedio de apelación. De allí que, ningún interés mantiene la recurrente en obtener un pronunciamiento de tal tenor pues declarar la nulidad por la nulidad misma es una solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (argto. doct. C.S.J.N. Fallos 320:1611; S.C.B.A. causa Ac. 91.546 “López”, sent. de 29-XI-2006; esta Cámara, causas P-288-DO1 “Von Humefeld”, sent. del 12-II-2009; P-1853-MP2 “Paseo de Las Toscas”, sent. del 15-IV-2010; P-2058-MP2 “Agrobas S.R.L.”, sent. del 01-III-2011; A-3288-MP0 “Iglesias”, sent. de 16-VIII-2012).

2.2. Diligenciamiento de la cédula de notificación de la sentencia fuera del horario judicial.

Estrictamente conectado con lo anterior, la firma EDEA S.A. arguye otro defecto nulificante vinculado a la diligencia de notificación de fs. 297. En su parecer, el oficial notificador que suscribe el instrumento actuó “...por fuera del horario judicial y sin habilitación para ello...” generando así un defecto que autoriza a privar de validez el acto de la notificación.

Adelanto que ninguna razón asiste a la recurrente. El sello fechador estampado en la cédula de notificación de la sentencia [v. fs. 297 vta.] permite verificar que la diligencia fue efectuada por el oficial notificador a las 16:15 horas del día 4-07-2016; esto es, en día y hora hábil para ello.

Basta cotejar las pautas contenidas en el art. 152 del C.P.C.C. para patentizar el absoluto desenfoque en que incurre la quejosa. Es que, la diligencia fue practicada en un día hábil [lunes 4 de julio de 2016] y dentro del horario expresamente previsto por la ley procesal para efectuar aquellas diligencias que deben ser practicadas fuera del ámbito físico de los tribunales y que corre desde las 7:00 hs. y hasta las 20:00 hs. [cfr. párrafo tercero del art. 152 del C.P.C.C.].

Sin mayores ahondamientos entonces, el cuestionamiento nulificatorio impetrado debe ser desestimado.

2.3. Resta, finalmente, abordar el restante cuestionamiento procedimental que efectúa la recurrente y a partir del cual denuncia que el a quo ha omitido disponer la apertura de la causa a prueba y ordenar la producción de los medios de probatorios oportunamente ofrecidos violentando de tal modo la ley 13.928, máxime cuando con su proceder ha soslayado la celebración de la audiencia imperativamente prevista en el art. 11 de la citada norma.

Liminarmente advierto que, a diferencia de lo que deja traslucir la recurrente, el magistrado de grado expuso cuáles resultaban ser los motivos por los que, en su parecer, resultaba “...innecesaria la producción de las medidas de prueba ofrecidas...”. En tal sentido el a quo aseveró que el objeto del proceso, limitado al cuestionamiento de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 y de la decisión de EDEA S.A. de suspender el suministro eléctrico el día 2-11-2015 [notificada al consorcio con fecha 27-10-2015], bien podía dilucidarse con las constancias de la causa sin necesidad de materializar los restantes medios de prueba ofrecidos “...dado que no versan sobre hechos relevantes para la dilucidación de la cuestión planteada...” [v. Considerando II, 2° párrafo].

En ese contexto, no advierto que el proceder del magistrado de grado hubiera vulnerado las garantías constitucionales de defensa y debido proceso (art. 18 Constitución Nacional y 15 Constitución provincial). Es que, sin desconocer la existencia de visiones controvertidas acerca de los hechos que motivaran la decisión del O.C.E.B.A. y del accionar de EDEA S.A. -ambos aquí enjuiciados-, el a quo brindó adecuadas razones por las que consideró innecesario proceder a evacuar los medios de prueba ofrecidos por ambos contendientes en los escritos constitutivos de la litis.

Recuerdo que en el trámite del amparo los jueces gozan de amplias facultades en materia probatoria pudiendo -por un lado- disponer per se las medidas probatorias que estimen necesarias por fuera de las peticionadas por las partes y -por el otro- pronunciarse sin ataduras sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas propuestas por las partes, desestimando las que considere improcedentes, superfluas o meramente dilatorias [v. art. 12 y 25 de la ley 13.928 y 362 del C.P.C.C.]. Tales facultades, claro está, deben ser ejercidas dentro de ciertas fronteras. La primera de ellas se funda en la vigencia del principio dispositivo, pues les está vedado a los Jueces disponer la producción de diligencias probatorias que no se refieran a los "hechos controvertidos" en el proceso, con lo cual quedan excluidos del ámbito de dichas facultades tanto los hechos no afirmados por ninguna de las partes como los hechos afirmados por una de ellas y expresamente admitidos por la otra; la segunda limitación exige que el ejercicio de las facultades examinadas se ejerza de manera compatible con el derecho de defensa de las partes, lo que significa, en términos generales, que debe darse a los litigantes una razonable oportunidad de controlar el diligenciamiento o el resultado de las medidas probatorias dispuestas de oficio.

En el particular, estimo que las razones brindadas por el juez de la anterior instancia -vinculadas al carácter superfluo de los medios de prueba ofrecidos por los litigantes- no luce el defecto que invoca la firma EDEA S.A. pues ciertamente los elementos obrantes en la causa evidencian que es “innecesaria” [tal como lo expresara el a quo (v. Resultando VII, fs. 279 vta.] la producción de otros medios probatorios diversos a los existentes en el presente expediente.

Por lo demás, hago notar que a diferencia de lo que postula la quejosa, la audiencia prevista en el artículo 11 de la ley 13.928, no resulta imperativa para el juez de la instancia. Por el contrario, esa audiencia persigue -solo en el caso que el magistrado la considere de relevancia y, lógicamente, de existir la necesidad de abrir el juicio a prueba- otorgar una herramienta procesal que habilite la simplificación de los medios probatorios y, de tal modo, satisfacer el carácter urgente y expedito de la acción constitucional.

En suma, entiendo que el proceder del inferior dista de haber importado una conculcación del derecho de defensa en juicio para la firma distribuidora accionada por lo que el planteo nulificatorio aquí examinado no puede acogerse (cfr. doct. esta Cámara causa A-6106-AZ0 “Salinas”, sent. de 8-10-2015].

3.1. Sorteado el agravio precedente corresponde referirse a la idoneidad -en la especie- de la vía del amparo para canalizar la pretensión del Consorcio accionante contra el accionar de EDEA S.A. [anoticiado al Consorcio el día 27-10-2015] por la que se informa a la parte actora que el día 2-11-2015 se haría efectiva la orden de suspensión del suministro de energía eléctrica dispuesta mediante Resolución N° 290 por el Organismo de Control de la Energía de la Provincia de Buenos Aires [O.C.E.B.A.] de fecha 21-10-2015 con relación a los locales ubicados en la Galería Central sita en la calle Av. Pedro Luro N° ... y Av. Independencia N° ... de la ciudad de Mar del Plata.

Para justificar el tránsito por este carril, la parte actora adujo la inexistencia de otras vías previas "...jurídica y fácticamente aptas para la protección de las garantías constitucionales violadas..." a tenor del grave e irreparable perjuicio que emana de los actos impugnados y que no pueden ser saneados en "...instancia distinta a la propuesta por el amparo...". (v. pto. V.f., escrito de demanda de fs. 40/50).

A su vez, el a quo expuso que, ante la amenaza de suspensión del suministro eléctrico se ponían en crisis los derechos a ejercer toda industria lícita, a trabajar y de propiedad de los copropietarios, circunstancia que -en su parecer- resultaba suficiente para justificar la idoneidad de la vía procesal del amparo (v. Considerando I).

La recurrente, poniendo en crisis la parcela del fallo bajo estudio arguye la inidoneidad de la vía intentada por el Consorcio actor en tanto existir -según su parecer- mecanismos procesales idóneos que, previstos en la ley 12.008, válidamente hubieran permitido cuestionar -en un ámbito de amplitud de debate y prueba- la validez tanto de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 como controlar el accionar desplegado por EDEA S.A. en cumplimiento de lo ordenado por aquella Resolución.

3.2. Liminarmente cabe recordar que el art. 20 inc. 2° de nuestro texto constitucional local instituye, en lo que aquí interesa, que la acción de amparo procederá siempre que no pudieran utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable, principio que es reiterado por el art. 2 inc. 1° de la ley 13.928 al reglar las condiciones de admisibilidad de esta vía, previéndose además en el art. 8 de dicha ley que si la acción pretendida fuera “...manifiestamente inadmisible...”, por no satisfacer los recaudos en ella establecidos, el Juez interviniente así lo declarará sin más sustanciación.

De la disposición constitucional citada se desprende con meridiana claridad que quien desee acudir en pos del reconocimiento de su derecho constitucional violado al sendero procesal del amparo, debe saber que sobre él reposa la ineludible carga de precisar y probar que, para el particular planteo incoado, los restantes carriles procesales diseñados por el legislador local no constituyen remedios idóneos y eficaces para la debida tutela de sus derechos (cfr. doct. esta Cámara causas A-416-MP0 “Ledesma”, sent. del 17-IV-2008; A-350-DO0 Bavaro”, sent. de 22-V-2008; A-581-MP0 “Asoc. Civil de Jubilados y Pens.”, sent. del 12-VI-2008; A-1298-MP0 “Kohnen”, sent. del 19-III-2009; A-1305-MP0 “Machi”, sent. de 23-IV-2009; A-3696-AZ0 "Ibarlucia", sent. de 1-VIII-2013; A-6019-BB0 "Alal S.A.", sent. de 6-VIII-2015), habida cuenta que la acción de amparo no puede ser concebida como una vía apta para la solución de todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en sólo una, cuando la Constitución y las leyes marcan la existencia de distintos derroteros (arg. doct. esta Cámara causas A-697-MP0 “Molina”, sent. del 19-VIII-2008; A-1619-MP0 “Industrias Marpasa S.A.”, sent. del 30-XII-2009; A-1912-MP0 “Villar”, sent. del 15-VII-2010;A-2508-BB0 “Roche”, sent. del 13-V-2011; A-3085-AZ0 “Solé”, sent. de 15-V-2012; A-6307-BB0 "Suris", sent. de 11-II-2016).

En el caso de autos, la accionante promovió la presente acción pretendiendo que se declare la nulidad de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 y de la decisión de EDEA S.A. por la que se le comunica que a partir del día 2-11-2015 se haría efectiva la orden de suspensión del suministro de energía eléctrica con relación a los locales ubicados en la Galería Central, en virtud de considerar tales actos arbitrarios e ilegítimos en tanto no existir"...ninguna razón concreta de seguridad..." que autorice la intimación, máxime cuando se otorga un plazo irrazonable para la ejecución de las obras (la notificación es receptada el 27-10-2015). Asimismo, la parte actora considera que los actos impugnados conculcan las garantías constitucionales de propiedad, igualdad, trabajo, no discriminación y a ejercer libremente el comercio en tanto de materializarse la medida se afectarían "...cientos de fuentes de trabajo de pequeños comerciantes que deberían cerrar..." (cfr. fs. 46, 3° párrafo, escrito de demanda).

Para justificar el tránsito por este carril, la parte actora adujo la inexistencia de otras vías previas "...jurídica y fácticamente aptas para la protección de las garantías constitucionales violadas..." a tenor del grave e irreparable perjuicio que emana de los actos impugnados.

En ese lineamiento, y para decidir la suerte del agravio traído sobre el punto, estimo que deben tenerse en cuenta diversas circunstancias relevantes, emergentes tanto del propio texto constitucional como de las normas legales vinculadas: (i) la primera, que el amparo sólo procede si no es posible utilizar, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave e irreparable (cfr. art. 20, ap. 2, segundo párrafo de la Constitución provincial; art. 2 de la ley 13.928); (ii) y la segunda, que en la Provincia de Buenos Aires existe una vía procesal específica, habilitada si se configura en la especie un caso aprehendido por la cláusula general de la materia contencioso administrativa reglada en el art. 166, 5to. párrafo de la Constitución provincial, cuyo conocimiento y decisión -en tal caso- corresponde al fuero contencioso administrativo (art. 1º y sgtes. del C.P.C.A.).

En el caso, la accionante promovió la presente acción de amparo con el objeto de evitar las consecuencias negativas que -tal lo que afirma- podrían derivarse con relación a los más de 100 locales comerciales que integran el Consorcio en caso de aplicarse los, en su parecer, ilegítimos y arbitrarios actos del O.C.E.B.A. y de EDEA S.A.

Siendo ello así, la acción contencioso administrativa -regulada en la ley 12.008 y sus modificatorias- luceprima facie como la vía ordinaria idónea para encauzar el reclamo de la parte actora, toda vez que el mentado ordenamiento procesal prevé una variedad de pretensiones susceptibles de ser articuladas a los fines aquí pretendidos (v. arts. 2, 12 y ccdtes. del C.P.C.A.), permitiendo amplitud de debate y producción de pruebas, y contando -además- con una amplia gama de medidas cautelares -entre las que se cuenta la suspensión de los efectos de los actos impugnados-, las que pueden ser solicitadas -incluso- de modo anticipado a la promoción de la demanda (v. arts. 22, 23, 25 y ccdtes. del C.P.C.A.).

Empero, entiendo que en el caso, mal podría descartarse la vía constitucional elegida cuando se ponderan las restantes circunstancias de la causa. Es que, analizando lo actuado en el presente amparo, observo que la cuestión que lo motiva ha tenido adecuada oportunidad de discusión, que se ha dictado en autos una medida cautelar en favor de la parte actora ordenando a las codemandadas abstenerse de "...suspender, cortar o limitar el servicio eléctrico del Edificio..." hasta tanto se dicte sentencia definitiva (v. fs. 60), que las partes han podido esgrimir sus argumentos y defensas, y que -en definitiva- habiéndose respetado debidamente los principios de bilateralidad y contradicción -como garantías del debido proceso- y el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio, el debate sobre la cuestión litigiosa ha sido agotado (cfr. doct. esta Cámara causa A-291-BB0 "Usina Popular Cooperativa Sebastian de María de Necochea", sent. de 26-V-2009).

De tal modo, y sin pasar por alto las naturales diferencias existentes entre el amparo y la acción contencioso administrativa, desestimar el presente amparo por la existencia de una vía ordinaria -como pretende la EDEA S.A.- implicaría -en el caso- tanto como enviar a la accionante a reeditar -ante otros estrados- la misma cuestión que ya ha sido acabadamente debatida, sustanciada -con las debidas garantías- y resuelta en estas actuaciones, lo que -a mi juicio- constituiría un exceso ritual manifiesto incompatible con el adecuado servicio de justicia que garantizan los arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución provincial, cuyo deber primordial es la búsqueda de la verdad objetiva. Es que, la interpretación de las normas procesales no puede ser realizada de modo que se constituya en un valladar formal frustratorio de la garantía de los justiciables, cercenando sus derechos sustanciales (argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 92.798 “Sandoval”, sent. de 14-II-2007).

En virtud de lo expuesto y dadas las particulares circunstancias que se verifican en la especie, entiendo que el agravio traído en esta parcela debe ser desestimado.

4.1. Precisado lo anterior, corresponde dar tratamiento al restante grupo de agravios que persiguen poner en crisis el segmento del fallo de grado que propugnara, por un lado, la existencia de un vicio motivacional en la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 y, -por el otro- la irrazonabilidad de la decisión de EDEA S.A. de notificar al Consorcio [mediante acta notarial de fecha 27-10-2015] que el día lunes 2-11-2015 procedería a suspender -en cumplimiento de la citada Resolución N° 290/15- el suministro eléctrico a la Galería Central.

En esa tarea, adelanto que en sentido contrario al que brota del fallo de grado, no encuentro razones que autoricen a tachar por ilegítima o arbitraria las actuaciones desplegadas por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (O.C.E.B.A.) y por la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA S.A.).

Inicialmente verifico que las constancias documentales obrantes en autos -en particular del expediente administrativo n° 5074/2014- aportan datos por demás útiles para relevar las reales circunstancias que motivaran la intervención del Organismo provincial de control de energía eléctrica y de EDEA S.A. y que datan del año 2014. Veamos:

4.1.1. Con fecha 10-10-2014 la firma EDEA S.A. conminó al Consorcio a ejecutar, dentro del término de 10 días, la obra consistente en la remoción de las instalaciones de medidores de energía eléctrica de los locales comerciales ubicados en la Galería Central para que queden instalados sobre la línea municipal, bajo apercibimiento de suspender el servicio eléctrico (v. fs. 93).

4.1.2. Con fecha 23-10-2014 personal de EDEA S.A. y de la Delegación Mar del Plata del O.C.E.B.A. materializaron -con intervención de notario- una inspección ocular de reconocimiento en la Galería Central en la que se verificó: (i) que en el ingreso al acceso previo de la sala de medidores ubicada en el segundo subsuelo del edificio se visualizaba un espacio en precarias condiciones estructurales e higiénicas; (ii) que la escalera que conduce a la sala de medidores no posee pasamanos ni iluminación y se encuentra llena de excremento de palomas; (iii) que para acceder al lugar debieron transitar una superficie cubierta de agua y barro, pisando sobre piedras sueltas, observando canaletas en las que circula permanentemente agua proveniente de un supuesto arroyo y que el mentado fluido es desagotado permanentemente con dos bombas; (iv) que en la sala de medidores existe un altísimo grado de humedad, con moho en las paredes y piso; (v) que el tablero de medidores resulta precario, que no resiste ninguna condición de seguridad, con cableado de tela y goma; (vi) que la vertiente de la napa con caudal de agua pasaba por la sala de medidores y que el cableado de la montante se encontraba pelado y revestía peligrosidad para todo el edificio; (vii) se certifican fotografías que permiten visualizar el estado de las instalaciones del tablero de medidores (v. fs. 155/159).

4.1.3. Ante la intimación de fecha 10-10-2014 efectuada por EDEA S.A. el Consorcio interpuso formal acción de amparo que tramitara ante el Juzgado en lo Correccional N° 4 del Depto. Judicial de Mar del Plata y en la que, mediante sentencia firme de fecha 13-07-2015, se dispuso rechazar la acción entablada por el citado Consorcio (cfr. fs. 94/95).

4.1.4. Con fecha 23-07-2015 EDEA S.A. remitió Carta Documento al Consorcio accionante. En la citada misiva se expuso: "...la sentencia dictada el 13-07-2015 por el Dr. Pedro Hooft en la causa "Consorcio de Propietarios Edificio Edificio Luro esquina Independencia s. Amparo" rechazó la acción de amparo y consideró que del acta notarial y fotografías acompañadas a estos autos por parte de EDEA surge al menos prima facie que la instalación eléctrica del Edificio debe ser reacondicionada de modo tal que garantice condiciones de seguridad ... En ese sentido, y sin perjuicio de haber sido intimado por esta empresa en reiteradas oportunidades ... se otorga a vuestro consorcio un último plazo de 60 días corridos para realizar las obras necesarias para que su instalación resulte reglamentaria, segura y salubre, ello bajo apercibimiento de proceder a la desconexión del servicio conforme Reglamento de Suministro y Conexión, en cuyos términos queda debidamente notificado..." (v. fs. 239).

4.1.5. Con fecha 24-07-2015 EDEA S.A. puso en conocimiento de la Municipalidad de General Pueyrredon la existencia de la instalación interna peligrosa ubicada en el Edificio Galería Central. A tal fin, efectuó un reseña de los antecedentes y múltiples intimaciones previas y, seguidamente, requirió a la autoridad municipal arbitre las prerrogativas de control que emanan del decreto ley N° 6967/58. La mentada presentación dio lugar a la formación del expediente administrativo n° 9815-9-2015 (v. fs. 240/241).

4.1.6. Con fecha 18-08-2015 EDEA S.A. reiteró sus anteriores presentaciones ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires con relación a las deficientes condiciones de seguridad y al carácter antireglamentario de la instalación interna peligrosa ubicada en el respectivo subsuelo del Edificio Galería Central. A tal fin, efectuó un reseña de los antecedentes y múltiples intimaciones previas y, seguidamente, requirió a la autoridad provincial "...adopte las medidas que estime corresponder..." (v. fs. 242).

4.1.7. Receptada por el O.C.E.B.A. la presentación de EDEA S.A. de fecha 18-08-2015 -referida en el parágrafo precedente- se dispuso su incorporación al expediente administrativo n° 2429-5075-2014 de trámite por ante el citado organismo de control provincial (v. fs. 154/159).

Seguidamente, con fecha 7-09-2015 la Gerencia de Control de Concesiones del O.C.E.B.A. emitió dictamen estimando -luego de relevar los antecedentes que datan del año 2014- que "...desde el punto de vista regulatorio, estarían dadas las condiciones para que la Distribuidora proceda a la suspensión del suministro de dicho centro comercial..." (v. fs. 161).

4.1.8. En el marco del citado expediente administrativo n° 2429-5075-2014 el Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial dictó, con fecha 21-10-2015, la Resolución N° 290 (v. fs. 166/169) -notificada al Consorcio con fecha 26-10-2015 (v. fs. 172)-.

En los Considerandos de la citada resolución el organismo de control, luego de efectuar una pormenorizada reseña de los antecedentes (inspecciones, actas de constatación, intimaciones ocurridas en el año 2014, sentencia recaída en el amparo promovido por el Consorcio y posterior intimación efectuada por EDEA por el término de 60 días), formó convicción en cuanto a que: "...conforme a todo lo expuesto e informado por la Gerencia Técnica, este organismo de control, considerando la grave situación de peligro para las personas y/o bienes, ante siniestros que pudieran desarrollarse, por las malas condiciones de las instalaciones y acceso al tablero de medidores, existentes en el subsuelo de la Galería Central sita en la Avenida Independencia N° ... de Mar del Plata, se estima que se encuentran dadas las condiciones para ordenar a la distribuidora a que proceda a la suspensión del suministro de dicho Centro Comercial, hasta tanto se inicien, desarrollen y finalicen las obras necesarias para eliminar en forma definitiva la problemática denunciada y así poder restablecer el servicio eléctrico ... que tal decisión se fundamenta en el grave estado de las instalaciones eléctricas del Centro Comercial, las que pueden generar en forma inminente o potencial una situación de peligro común, es decir, cuando las eventuales consecuencias dañosas de esa situación pudieran extenderse a bienes distintos de aquel en que pudiera originarse o a personas distintas del propio usuario ... que no se advierte que el Consorcio de la Galería Central de la localidad de Mar del Plata haya ejercido dicha prevención, muy por el contrario, su omisión en la ejecución de las obras correspondientes, determina la orden de la suspensión del suministro a dicho Centro Comercial ante la previsibilidad de que se produzca el daño ... que el Consorcio, habiendo transcurrido casi un año del hecho planteado, nada hizo al respecto para evitar eventuales siniestros que pudieran tener lugar, manteniéndose hasta el momentos, el mismo estado peligroso de las instalaciones antes descriptas ... que EDEA S.A. intimó al responsable reiteradamente con resultado negativo y solicitó la intervención del Organismo de Control a los fines de verificar in situ las condiciones precarias de la sala de medidores, el estado obsoleto y peligroso de las instalaciones, no solo estructurales sino también de higiene, que ameritan lo determinado por este Organismo de Control, a los efectos de hacer cesar el peligro existente y eventuales responsabilidades que podrían corresponder a la distribuidora de verificarse algún daño...".

Con todo entonces, y con apoyatura en los antecedentes de hecho y derecho supra mencionados, el O.C.E.B.A. resolvió "Ordenar a EDEA S.A. a que proceda a la suspensión de los suministros correspondientes a la Galería Central sito en Avenida Luro ... y Avenida Independencia ... de la ciudad de Mar del Plata, hasta tanto se inicien, desarrollen y finalicen las obras necesarias para eliminar en forma definitiva la problemática denunciada y así poder restablecer el servicio eléctrico". (v. fs. 166/168).

4.1.9. Con fecha 27-10-2015 EDEA S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 -y que ordena a la distribuidora eléctrica la suspensión de los suministros correspondientes a la Galería Central-, procedió a notificar al Consorcio que "...se procederá a suspender el suministro de la citada galería y sus locales y unidades funcionales el día lunes 2 de noviembre de 2015, por lo que se exhorta a tomar los recaudos y medidas necesarias frente a la falta de servicio. Asimismo, se hacer saber que finalizadas las obras necesarias para que la instalación eléctrica interna de propiedad del consorcio resulte reglamentaria y segura, comunicada dicha situación a O.C.E.B.A. y una vez que este organismo así lo disponga, se procederá a restablecer el servicio eléctrico..." (v. acta notarial de fs. 249).

5. Con tales antecedentes en miras, recuerdo que la motivación de los actos de la Administración es un recaudo que tiende a consolidar la vigencia del principio republicano de gobierno, imponiendo a los órganos administrativos la obligación de dar cuenta de sus actos, al tiempo que evita que se afecten los derechos de impugnación de los particulares alcanzados por la resolución y se impida la revisión judicial de su legitimidad y razonabilidad (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 54.506 "Romero", sent. del 13-V-1997; B. 51.646 "Viera", sent. del 2-XII1-997; B. 56.727, "Blasetti", sent. del 3-XI-1998; B. 63.473 “V., H.”, sent. del 19-VIII-2009; B. 66.669 “Juárez”, sent. de 2-VII-2014). La consecuencia jurídica de esta infracción sea que se proyecte sobre actos administrativos de alcance individual o general, es su nulidad.

Así, cuando el acto es infundado, malinterpreta, desvirtúa u omite los motivos determinantes comprobados o aducidos procede, entonces, el control anulatorio de la actuación administrativa enjuiciada (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 53.483 "Gómez", sent. del 6-VIII-1996; B. 55.191 "Espilman", sent. del 16-XII-1997; B. 62.241 “Zarlenga”, sent. del 27-XII-2002; esta Cámara causas C-1786-MP1 “Cura Grassi”, sent. del 05-X-2010; C-2264-BB1 “Martín”, sent. del 08-VIII-2011; C-3419-MP1 “Blois”, sent. del 07-VIII-2013).

Precisado ello, recuerdo también que el débito de motivar el acto administrativo, como modo de reconstrucción del iter lógico seguido por la autoridad para justificar una decisión de alcance particular que afecta situaciones subjetivas, a más de comportar una exigencia inherente a la racionalidad de su decisión, así como a la legalidad de su actuar y ser, también, derivación del principio republicano de gobierno, es postulada prácticamente con alcance universal por el moderno derecho público (cfr. doct. C.S.J.N., Fallos 315:2771, 2930; 319:1379; 320:1956, 2590; 321:174; 322:3066; 324:1860; S.C.B.A. causa B. 62.241, "Zarlenga", cit.; esta Cámara causas G-1163-BB1 “Rapponi”, sent. del 25-VIII-2009; G-1164-BB1 “Scorolli”, sent. del 25-VIII-2009; C-2089-MP1 “González”, sent. del 16-XII-2010; C-2025-MP2 “Schwarzach”, sent. del 09-VIII-2011; C-6554-NE1 “Pierrestegui”, sent. de 14-VII-2016).

El análisis de suficiencia de la motivación no puede desvincularse del alcance de las potestades atribuidas a la autoridad por el ordenamiento, de las características del procedimiento en el que la decisión se inserta, ni de los intereses que su dictado afecta o beneficia. Su específica concreción depende de la atribución involucrada y, por ende, del objeto del acto que la ejercita o expresa (cfr. doct. S.C.B.A. causa A. 70.444 “Decastelli”, sent. de 8-IV-2015).

5.1. Partiendo de tales principios, y ahondando en la actuación del Organismo Provincial de Control de Energía Eléctrica [Resolución N° 290], advierto que los motivos blandidos por el Organismo de Control son por demás consistentes para apuntalar la decisión de suspender el servicio eléctrico.

Repárese que para justificar su proceder el ente provincial, en el marco de las actuaciones administrativas n° 2429-5075-2014, verificó: (i) la existencia de una diligencia de constatación notarial efectuada por EDEA S.A. y el propio O.C.E.B.A. en la que se advierte la existencia de instalaciones eléctricas peligrosas, que no resisten ninguna condición de seguridad, con cableado de tela y goma, con altos grado de humedad e inclusive agua que circula por la sala de medidores y que el cableado de la montante se encontraba pelado y revestía peligrosidad para todo el edificio; (ii) intimaciones previas efectuadas por EDEA S.A. en la que se requiere al Consorcio la adecuación de las instalaciones eléctricas. En particular, se hace referencia a la intimación de fecha 10-10-2014 en la que EDEA S.A. fija a los copropietarios un término de diez (10) días para adecuar la instalación bajo amenaza de suspender el servicio eléctrico y que motivara el dictado de la sentencia firme de fecha 13-07-2015 [recaída en la causa “Consorcio de Propietarios Edificio Luro esq. Independencia s. Amparo” de trámite por ante el Juzgado en lo Criminal N° 4 del Depto. Judicial de Mar del Plata] adversa a los intereses del Consorcio; (iii) la existencia de una nueva intimación de EDEA S.A. de fecha 23-07-2015 en la que se otorga un nuevo plazo de sesenta (60) días para readecuar las instalaciones.

Fue a partir de tales antecedentes que el O.C.E.B.A., contando para ello con el dictamen de la Gerencia de Control de Concesiones [que auspicia la necesidad de proceder por razones de seguridad la suspensión del suministro] dispuso, luego de ponderar: (i) la presencia de una grave situación de peligro para las personas y/o bienes ante el defectuoso estado de las instalaciones eléctricas del Centro Comercial; (ii) el riesgo inminente o potencial una situación de peligro común y capaz de extenderse a bienes distintos del propio usuario; (iii) la reticencia del Consorcio en ejecutar las obras correspondientes para aventar el peligro a pesar de las reiteradas intimaciones, ordenar a EDEA S.A. que proceda a la suspensión del suministro de los locales de la Galería Central hasta tanto “...se inicien, desarrollen y finalicen las obras necesarias para eliminar en forma definitiva la problemática denunciada y así poder restablecer el servicio eléctrico...”.

Lo expuesto precedentemente brinda -en mi parecer- suficiente plafón a la decisión del O.C.E.B.A.. Como bien hiciera notar el organismo técnico, es innegable la morosidad del Consorcio en ejecutar las tareas tendientes a sortear el constatado riesgo que las instalaciones eléctricas presentan [tanto para los copropietarios como para terceros]. Así, desde aquella inicial intimación de EDEA S.A. del día 10-10-2014 [que motivara el proceso de amparo adverso a los intereses de los copropietarios], pasando por la intimación de la distribuidora de fecha 23-07-2015 [en la que se otorga un nuevo plazo de 60 días] y hasta que se le notificara la Resolución N° 290/15, la situación de peligro eléctrico existente en el edificio se ha mantenido. Tal es así que la obra cuya ejecución se reclama al Consorcio, aún al mes de marzo de 2016, no se encuentra finalizada [v. acta notarial de fs. 133/136].

Repárese que -tal como refleja la Resolución N° 290/15- la conducta asumida por el Consorcio traduce el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Sub Anexo E del Reglamento de Suministro y Conexión y que imponen al titular del servicio el deber de: (i) colocar y mantener en condiciones de eficiencia a la salida de la medición y en el tablero principal los dispositivos de protección y maniobra adecuados a la capacidad y/o características del suministro ... las instalaciones propiedad del cliente o las que estén bajo su guarda, así como su utilización y mantenimiento estarán a su exclusivo cargo” [art. 2 inc. c)] y; (ii) “mantener las instalaciones propias en perfecto estado de conservación, como asimismo los gabinetes y/o locales donde se encuentran instalados los medidores y/o equipos de medición deben permanecer limpios, iluminados y libres de obstáculos que dificulten la lectura de los instrumentos” [art. 2 inc. d)].

Por lo expuesto entonces, y siendo que la actuación del O.C.E.B.A. se direcciona a exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los Contratos de Concesión y Subanexos [cfr. art. 62 ley 11.769], surge de manera evidente que, en cumplimiento de tal tarea, el Organismo de Control -luego de constatar los incumplimientos del Consorcio de copropietarios y la entidad de tales irregularidades con potencial compromiso serio de la seguridad- ha procedido con apoyatura en circunstancias fácticas que sobradamente patentizan la demora de los copropietarios en ejecutar una obra que se viene exigiendo desde el año 2014, y en ejercicio de prerrogativas propias, a disponer una medida [la suspensión del suministro eléctrico] que dista de mostrarse ilegítima. Por el contrario, la Resolución N° 290/15 traduce una prudente hermenéutica del marco regulatorio ante el innegable incumplimiento del Consorcio de copropietarios de los arts. 2 inc. c) y f) del Subanexo E -Reglamento de Suministro y Conexión-.

Tal panorama me impone un máximo de sensatez a la hora de ejercer la revisión judicial de lo actuado por el organismo público en el presente escenario puesto que, ante la contundencia de los antecedentes fácticos relevados por el O.C.E.B.A. [que reitero, permiten visualizar el grave peligro de la instalación eléctrica y la demora por parte del Consorcio de efectivizar las obras tendientes a poner fin a la situación de riesgo], mal podría este Tribunal desconocer el considerable peso de convicción que emana del juicio técnico llevado a cabo por el Organismo de Control y que impone a los jueces actuar con una prudente deferencia ante la interpretación que efectúe la agencia estatal de la reglamentación del marco normativo que administra [cfr. doct. Corte Suprema de Justicia de EE.UU. in re United States v. Eurodif, sent. de 26-01-2009; cfr. doct. esta Cámara causas D-4194-BB0 "Torres", sent. de 10-IV-2014; C-4811-DO1 “Napoli”, sent. de 17-VI-2014].

Por último, hago notar que no paso por alto que la parte actora ha intentado descalificar los motivos blandidos por el O.C.E.B.A. arguyendo que habría realizado una ingente cantidad de actos todos direccionados a cumplimentar con el requerimiento de adecuación de las instalaciones eléctricas [a saber: (i) pedido de presupuesto de obra de fecha abril de 2015; (ii) celebración de un contrato de locación de servicio con profesional idóneo de fecha 21-10-2015; (iii) adquisición de materiales] agregando que, al día 29-10-2015 ya se encontraba ejecutando la obra -a tal fin, adjunta acta notarial de fs. 35/36-]; empero, lo cierto es que, allende tales declamaciones del Consorcio, ninguna de las circunstancias denunciadas dan cuenta de la efectiva realización y puesta en práctica de las medidas requeridas para adecuar la instalación eléctrica de la Galería Central a las exigencias de seguridad y salubridad que le vienen siendo reiteradamente exigidas a los copropietarios -como mínimo- desde el mes de octubre del año 2014 y que, se muestran, todavía al mes de marzo del año 2016 [v. fs. 133/136] lejos de estar finalizadas.

Con todo entonces, habré de descartar que la Resolución O.C.E.B.A N° 290/15 se presente contraria o apartada de los recaudos de motivación exigidos por los arts. 103 y 108 del decreto ley N° 7647/70.

6. Descartada entonces la ilegitimidad de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 resta examinar los restantes agravios de la distribuidora eléctrica, por los que se pone en crisis el restante segmento del fallo de grado partir del cual el a quo postula que la decisión de EDEA S.A. [por la que se comunica al Consorcio (con fecha 27-10-2015) que la suspensión del suministro de energía eléctrica dispuesta por la citada Resolución del organismo de control se concretaría el 2-11-2015], resulta irrazonable y arbitraria en tanto lucir exiguo el plazo otorgado y por existir otros “medios idóneos menos restrictivos”. En tal marco de crítica, anticipo que habré de acompañar la postura sostenida por la firma recurrente.

6.1. El punto de partida para enjuiciar el proceder de EDEA S.A. radica en advertir que la medida que la distribuidora eléctrica anoticia al Consorcio de copropietarios mediante la diligencia notarial de fecha 27-10-2015, traduce el estricto cumplimiento del mandato que le fuera impuesto por el Organismo de Control en el art. 1° de la Resolución N° 290/15 -dictada en ejercicio de las prerrogativas contenidas en la ley 11.769 [v. art. 62 y cdtes.]- y que ordena proceder a: “...la suspensión de los suministros ... hasta tanto se inicien, desarrollen y finalicen las obras necesarias para eliminar en forma definitiva la problemática denunciada...”.

En ese contexto entonces, debiendo la empresa concesionaria del servicio de distribución de energía satisfacer el mandato impuesto por el ente regulador, mal puede postular el sentenciante que EDEA S.A. hubiera tenido que adoptar otros “medios idóneos menos restrictivos”. Semejante razonar coloca al concesionario en un enigma de dificultosa solución pues, aun cumpliendo con el mandato impuesto por el controlante [en el caso suspender el servicio] se encuentra ante la latente posibilidad de sufrir el reproche jurisdiccional a pesar de haber actuado conforme a derecho. Y en el supuesto que la distribuidora hubiera decidido actuar por fuera de lo ordenado por la Administración, y procediera a adoptar esa medida menos restrictiva a la que refiere el a quo, pendería sobre ella la latente amenaza de sufrir una sanción por parte del ente regulador.

En suma, como bien pone de resalto EDEA S.A. en su libelo de apelación [v. fs. 293 vta.], mal pudo el a quo exigir a la distribuidora eléctrica que adoptara per se una medida diversa a la que dispusiera O.C.E.B.A. pues, además de lo vago que resulta el reproche -siquiera se indica cuáles serían esas supuestas medidas menos restrictivas en el caso específico analizado-, lo cierto es que la concesionaria solo se limitó a anoticiar la decisión [suspensión del suministro] dispuesta con apoyatura en sólidas razones -como se remarcara supra- por el ente regulador.

6.2. Demostrada la imposibilidad de reprochar la conducta de EDEA S.A. que ejecuta el mandato contenido en el art. 1 de la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15, resta determinar si el termino otorgado por la distribuidora [en ocasión de anoticiar al Consorcio el día 27-10-2015 que procedería a la suspensión del suministro el día 2-11-2015] resulta irrazonable.

Recuerdo que el juicio de razonabilidad de una medida como la que aquí examino consiste en la adecuación de los medios fijados por la reglamentación a la obtención de los fines que determinan la medida con el propósito de que tales medios no luzcan infundados o arbitrarios, esto es, desproporcionados o descalzados de las circunstancias que los motivan y la finalidad que se procura satisfacer [cfr. C.S.J.N. Fallos 322:270]. Traduciéndose la razonabilidad en la elección de la alternativa más racional [aspecto técnico] y más justa o equitativa [aspecto valorativo] de todas las posibles para obtener el fin deseado [cfr. Linares, Juan Francisco; “Razonabilidad de las leyes”, ed. Astrea, 1970, pág. 107], luce irrefutable que para determinar si en un caso dado se observó o no el “principio de razonabilidad” se deben ponderar los datos objetivos [circunstancias fácticas y jurídicas en que se desarrolla la causa] con sensatez y prudencia, de manera tal de armonizar los motivos que justifican la restricción con el principio pro libertate según el cual, las limitaciones a las libertades individuales deben exigir el mínimo sacrificio con el máximo de los resultados [cfr. Fiorini, B.; “Derecho Administrativo”, T.II, Bs. As. Ed. Abeledo Perrot, 2° ed., 1976].

A su vez, examinar la razonabilidad del plazo perentorio acordado por EDEA S.A. para materializar la medida de suspensión dispuesta por O.C.E.B.A. exige un mirada abarcativa de la totalidad de los antecedentes que nutren el pleito y que datan del año 2014. En línea con esto último, no puedo soslayar que reiteradas han sido las intimaciones previas cursadas por EDEA S.A. a fin de que el Consorcio procediera a readecuar las instalaciones bajo apercibimiento de suspensión del servicio. Así, con fecha 10-10-2014 la distribuidora otorgó un plazo de 10 días [que fue soslayado por el actor al interponer una acción de amparo que a la postre fuera rechazada], más tarde, el día 23-7-2015 EDEA S.A. reiteró la intimación otorgando un término de 60 días ante cuyo vencimiento tampoco fue satisfecho el deber del Consorcio de adecuar las instalaciones eléctricas para aventar los riesgos oportunamente constatados.

Acudiendo a tales pautas valorativas, y teniendo en miras los datos fácticos que nutren el sub judice, mal podría tacharse de irrazonable el término fijado por EDEA S.A. para efectivizar la suspensión del suministro pues, lejos de actuar sin contemplaciones, la distribuidora eléctrica agotó todos los medios que tenía a su mano [inclusive a riesgo de sufrir eventuales responsabilidades pues bien pudo materializar per se la suspensión del suministro a partir del vencimiento del término de 60 días fijado en la intimación de fecha 23-7-2015], requiriendo nuevamente la intervención del O.C.E.B.A. con fecha 18-05-2015 [v. fs. 154], organismo que finalmente, y luego de verificar la peligrosidad de las instalaciones y la morosidad imputable al Consorcio en la ejecución de la obra, le impone a EDEA S.A. la obligación de materializar la suspensión del suministro.

En ese marco, en el que como supra destacara, se conjugan incumplimientos graves por parte del Consorcio que datan de varios años, que ponen en riesgo la seguridad no solo de los copropietarios sino incluso de terceros y que, a la vez, traducen una injustificada dilación en la ejecución de las obras que le fueran exigidas para adecuar las instalaciones eléctricas a la reglamentación, no encuentro motivos que autoricen a tachar por exiguo el plazo concedido a los copropietarios para tomar las medidas necesaria cuya definitiva ejecución los resguardaría de afrontar la suspensión del suministro eléctrico hasta tanto se finalicen la obras requeridas.

Por tales razones, estimo que el término de cinco días que otorgara EDEA S.A. [del 27-10-2011 al 2-11-2011] para proceder a materializar la medida dispuesta por la Resolución O.C.E.B.A. N° 290/15 dista de presentarse como irrazonable.

7. Si bien con lo anterior la suerte adversa de la presente acción de amparo aparece ante mí como la única solución jurisdiccional posible en el contexto verificado en la causa, no puedo soslayar cierto cinismo del Consorcio actor a la hora de blandir los derechos constitucionales que alega conculcados a partir de la actuación de los codemandados aquí enjuiciada, práctica cuya tajante desaprobación hubiera sido esperable por parte del sentenciante de grado.

En efecto, las constancias del litigio lejos están de demostrar que los codemandados hayan actuado a lo largo de casi dos (2) años con el innegable propósito de cercenar los derechos constitucionales de los consorcistas, como aquí se denuncia; por el contrario, su accionar no solo ha estado guiado por la verificación previa del escenario analizado, sino que ha traducido por demás mesura en los pasos procedimentales dados a fin de encauzar las medidas para neutralizar el patente riesgo social generado por las instalaciones propiedad del Consorcio y finalmente ha desembocado en una orden concluyente frente a una solapada reticencia del Consorcio actor a enmarcarse en la legalidad.

Con ello en miras, mal puede escudarse en el respeto al principio constitucional de razonabilidad, quien -como los Consorcistas- en un pretendido alcance de los derechos cuyas conculcación invoca, despliega una conducta que, a la par de violentar el marco normativo, hace a la sociedad toda soportar la desproporcionada carga de un serio riesgo o peligro grave y latente para los miembros que la componen.

En suma, las constancias de la causa demuestran que, en todo caso, ha sido la propia desidia y reticencia del Consorcio el que lo ha puesto en la encrucijada de una próxima limitación al ejercicio de sus derechos constitucionales. Ello, por aplicación del principio nemo auditur quad propriam turpitudinem allegans, nunca puede encontrar remedio en una acción como la entablada en el contexto de este expediente.

III. Si los fundamentos precedentemente expuestos se comparten, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por EDEA S.A. a fs. 288/295, revocar el pronunciamiento de fs. 279/283 y, en consecuencia, rechazar íntegramente la acción de amparo interpuesta a fs. 40/50 por el Consorcio de Propietario del Edificio Galería Central de Av. Luro esquina Av. Independencia de la ciudad de Mar del Plata. Las costas de ambas instancias deberían imponerse a la parte actora por su objetiva condición de vencida (cfr. art. 19 ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-).

Voto, consecuentemente, por la afirmativa.

El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la cuestión planteada por la afirmativa.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:

SENTENCIA

1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por EDEA S.A. a fs. 288/295, revocar el pronunciamiento de fs. 279/283 y, en consecuencia, rechazar íntegramente la acción de amparo interpuesta a fs. 40/50 por el Consorcio de Propietario del Edificio Galería Central de Av. Luro esquina Av. Independencia de la ciudad de Mar del Plata. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora por su objetiva condición de vencida (cfr. art. 19 ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-).

2. Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad [art. 31 decreto ley 8904/77].

Regístrese, notifíquese y devuélvanse por Secretaría las actuaciones al Juzgado de origen.

 

  Correlaciones:

Ley 12008 - BO: 03/11/1997

 

 

010027E