Sociedades Disolucion Social Retiro De Autorizacion Para Funcionar Empresa De Servicios Eventuales Efectos

JURISPRUDENCIA

Sociedades. Disolución social. Retiro de autorización para funcionar. Empresa de servicios eventuales. Efectos

 

Se hace lugar a la demanda de disolución y liquidación promovida por la Inspección General de Justicia, en los términos del art. 94, inciso 10, de la Ley 19550, con motivo de la previa cancelación de la sociedad por parte del Registro Especial de Empresas de Servicios Eventuales y toda vez que no resulta posible para la misma la realización de alguna otra actividad, pues este tipo de compañías deben tener un objeto social único, en virtud de lo establecido por el art. 77 de la Ley 24013.

 

 

En Buenos Aires a los 29 días del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: "INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA contra OLCE CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L. EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES sobre ORDINARIO" (COM 33124/2011) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctor Juan Manuel Ojea Quintana; Doctor Rafael F. Barreiro y Doctora Alejandra N. Tevez.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 537/541?

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

I El relato de los hechos

1.- Se presentó, a fs. 326/334, por intermedio de su apoderado, la Inspección General de Justicia promoviendo demanda de disolución y liquidación contra la Olce Consultores de Empresas S.R.L. Empresa de Servicios Eventuales, de conformidad con lo establecido en los artículos 94, incisos 4 y 10, y 303, inciso 3, de la Ley 19.550.

Sustancialmente indicó que por la Disposición D.I.F. N° 120 del 28/12/2006 la empresa demandada fue cancelada por el Registro Especial de Empresas de Servicios Eventuales -disposición que se encuentra firme- y que aquello le fue comunicado a su parte por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco del trámite administrativo IGJ N° 337253 correspondiente a la sociedad requerida. Dijo que ello a su vez fue notificado por su parte a la demandada para que realizara el descargo que considerase pertinente, bajo el apercibimiento de resolver con las constancias obrantes en las actuaciones, pero que no recibió respuesta.

Indicó que en tales circunstancias la sociedad Olce se encuentra incursa en la causal de disolución prevista en el artículo 94, inciso 10, por cancelación de la autorización para funcionar; y que la operatividad de esa causal se produce ipso iure al tiempo en que queda firme la disposición administrativa que así lo establece.

Agregó que no resulta posible considerar que la demandada pueda realizar alguna otra actividad porque, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 24.013, las empresas de servicios eventuales deben constituirse únicamente como personas jurídicas con objeto único.

Concluyó que por las razones expuestas el Sr. Inspector General de Justicia dictó la Resolución IGJ Nº 688 mediante la que ordenó en su artículo 1 la promoción de esta acción de disolución y liquidación de la sociedad individualizada, conforme lo previsto en el artículo 303, inciso 10, de la Ley 19.550.

Requirió, asimismo, la designación de un liquidador -por cuanto propuso al Sr. Inspector General de Justicia o a cualquiera de los apoderados de la IGJ que aquél establezca en su remplazo- para que se le encomiende la liquidación en los términos del artículo 102 y sucesivos de la norma recién citada.

Descalificó también la continuidad de la sociedad en atención a su imposibilidad de realizar una actividad económica y social que justifique su existencia.

Finalmente fundó su legitimación activa en distintas normas entre las que citó los artículos 6 y 7 de la Ley orgánica de la IGJ Nº 22.315 y el artículo 300 de la Ley 19.550.

Citó jurisprudencia. Ofreció prueba.

2.- Se imprimió a las actuaciones el trámite de juicio ordinario (v. fs. 335/337).

3.- Corrido el traslado de la demanda -ya subsanado el defecto atribuido a su notificación (v. fs. 344/345, 346, 347 y 348)- se presentó a fs. 367/373 la demandada Olce Consultores de Empresas S.R.L. Empresa de Servicios Eventuales, a través de su apoderada, contestándola y solicitando su desestimación con costas.

En primer lugar formuló por imperativo legal una negativa de los hechos y documentos de su contraria.

De seguido relató su versión de los hechos. Indicó que en oportunidad de presentar el reajuste anual correspondiente al año 2006 (conforme nota del 31/3/2006), ante el Ministerio de Trabajo, en fecha 15/6/2006 dicho organismo despachó la presentación y tuvo por incumplidos dos requisitos (puntos 6 a y b): el monto de la garantía principal (cotización en bonos) y la acreditación de la garantía accesoria; y la intimó a acreditar su satisfacción. Adujo que por ello su parte el 28/7/2006 repitió lo expresado en su primera nota en orden a que la empresa se hallaba pasando dificultades económicas y financieras para obtener la caución requerida por $... y que igualmente no se encontraba realizando tareas de colocación de personal temporario. Agregó que requirió una prórroga para el cumplimiento exigido en razón de esas explicaciones y de la antigüedad de la sociedad que data de 1978.

Puntualizó que el 28/8/2006 se le notificó la resolución del Ministerio de Trabajo adoptada el 15/8/2006 mediante la que se le otorgaba un nuevo plazo para la presentación de lo omitido y que elevó la garantía accesoria a $.... Señaló que, luego, el 27/10/2006 se le notificó también la resolución asumida por dicho organismo el 17/10/2006 a través de la cual se la intimaba a cumplir en el plazo de 15 días hábiles con la garantía principal, la garantía accesoria y la ratificación trimestral de la no colocación de personal eventual.

Afirmó que antes del vencimiento de ese último plazo el Ministerio inició el Expediente sumario Nº 4025/2006 y estableció audiencia para el 6/12/2006.

Dijo que el 16/11/2006 respondió la intimación y solicitó a su vez las consideraciones del caso y las respectivas instrucciones; y que en la audiencia del 6/12/2006 reiteró las anunciadas dificultades así como la ausencia de actividades desde el 1/7/2005.

Manifestó que, en ese contexto, en el que su parte atendió cada uno de los requerimientos del Ministerio de Trabajo y puso siempre en conocimiento del organismo la verdadera situación económica de la empresa, correspondió hacer lugar a la tramitación de la baja voluntaria de la habilitación -más aun teniendo en consideración la reconducción pretendida por la sociedad-.

Expresó que el 10/9/2007 recibió una notificación de la IGJ (con copia de la presentación del Ministerio ante esa Inspección del 30/4/2007 y la disposición de dicho ministerio del 28/11/2006) pero que "NUNCA" su parte se anotició de la providencia del 7/6/2007. Sostuvo que el 21/9/2010 recibió la cédula de notificación mediante la que la aquí demandante puso en su conocimiento la resolución del 30/3/2010 que dispuso el inicio de esta acción judicial de declaración de disolución y liquidación de la sociedad.

Destacó que se encuentra en trámite ante la Inspección General de Justicia su pedido de anotación de la reforma del estatuto que prevé el cambio de objeto y de denominación.

Se explayó en orden a las razones que aconsejan el rechazo de la disolución de la sociedad y reafirmó la voluntad de los socios de "reactivar" el ente. Agregó, de otro lado, que la causal invocada por su contraria no ha operado pues se requiere a tal fin resolución judicial firme. Refirió a la procedencia de la reconducción decidida e invocó en su apoyo el principio de conservación de la empresa.

Se opuso enfáticamente al nombramiento como liquidador del Inspector General de Justicia.

Ofreció prueba.

II.- La sentencia de primera instancia.

Mediante la decisión dictada el día 19 de mayo de 2014, obrante a fs. 537/541, el Sr. Juez a quo admitió la pretensión articulada por Inspección General de Justicia contra Olce Consultores de Empresas S.R.L. Empresa de Servicios Eventuales -inscripta ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro bajo el N° 3504 del Libro 76 de S.R.L. el 15/12/1978- y dispuso su disolución a partir del 28/11/2006 -fecha de la resolución que dispuso la pérdida de la habilitación administrativa y la cancelación de su inscripción en el registro de empresas de servicios eventuales, conforme el artículo 97 de la Ley 19.550- con su consecuente liquidación en los términos de los artículos 102 y siguientes de la citada norma. Determinó que, en su oportunidad, se designará el liquidador judicial respectivo. Impuso las costas a la demandada vencida (Cpr. 68). Difirió la consideración de los honorarios hasta tanto haya base patrimonial cierta.

Para decidir como lo hizo el magistrado de grado ponderó que, conforme se desprende de las causas administrativas seguidas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social bajo el N°54256/92 y en la Inspección General de Justicia bajo Nº108.240/5039 -según los antecedentes que detalló precisamente-, el retiro de la autorización para funcionar de la sociedad demandada y la cancelación de su inscripción en el registro de empresas de servicios eventuales había quedado firme. Concluyó, a partir de allí, que había operado ipso iure la causal de disolución prevista en el inciso 10 del artículo 94 de la Ley de Sociedades. Precisó que no resulta óbice la pretendida inscripción de la reforma del estatuto del ente puesto que ello sucedió luego de que la IGJ dispusiera el inicio de la acción de disolución con fecha 30/7/2010 y fue justamente por ese motivo que se observó la inscripción y se supeditó a la existencia de resolución judicial administrativa que dejara sin efecto lo dispuesto en la última disposición citada.

Juzgó, con apoyo de la jurisprudencia y doctrina que citó, que el cambio de objeto debió operar antes del retiro de la autorización administrativa y que luego de ello ya nada pudo determinar la voluntad social, por donde la pérdida de la autorización condujo inevitablemente a la disolución de la persona jurídica. Destacó que la demandada no impugnó la decisión del Ministerio de Trabajo mediante la cual se le reiteró la autorización para funcionar y se dispuso la cancelación de la inscripción.

De seguido restó validez a algunas de las defensas invocadas por la demandada en tanto la actividad probatoria había arrojado evidencia en contrario.

Por último estimó que, contrariamente a lo sostenido por la requerida, aquella si se anotició de la decisión de la IGJ asumida el 7/6/2007 pues en el cuerpo de la cédula se había precisamente consignado ello.

III.- El recurso

De esa sentencia apeló la demanda a fs. 544 y su recurso fue concedido libremente, de acuerdo con el Cpr. 243,2. Elevadas las actuaciones a esta Alzada, la quejosa expresó agravios a fs. 553/557 y su contraria, la Inspección General de Justicia, los respondió a fs. 568/574.

Adujo primeramente que las críticas formuladas podían aparejar implícitamente la nulidad del pronunciamiento y de seguido sostuvo, en síntesis, que: a) resulta arbitraria la interpretación de la causal disolutiva y el efecto del cambio de objeto social; b) es errada la valoración de la prueba producida en la Litis; c) también media error en la determinación de la fecha de disolución; y d) de acuerdo con las quejas precedentes, la condena en costas aparece injusta.

De su lado la demandante ratificó la configuración de la causal de disolución invocada y la procedencia de la pretensión formulada en ese sentido.

IV.- La vista a la Fiscalía General

La Sra. Fiscal ante este Tribunal se expidió a fs. 585/587. Dijo que su intervención en el caso se verificaba por el interés público comprometido. Afirmó la causal analizada exhibía tal especificidad que determinaba la necesaria disolución de la sociedad, estimó que dicha causal operaba de pleno derecho y concluyó que por todo ello no resultaban válidos los actos posteriormente celebrados por la sociedad.

V.- La solución propuesta

(i) Viene apelada la decisión de la anterior instancia a través de la cual el juez de grado admitió la pretensión de la Inspección General de Justicia y dispuso, consecuentemente, la disolución y posterior liquidación de Olce Consultores de Empresas S.R.L. Empresa de Servicios Eventuales. La recurrente procura en sustancia la revocación íntegra de la sentencia en tanto considera que la causal de disolución invocada no operó de puro derecho y que, además, es posible la reconducción de la sociedad mediante el cambio de objeto y demás modificaciones del contrato social cuya inscripción requirió ante la actora.

(ii) Pues bien, es preciso señalar liminarmente que la quejosa acusó la nulidad de la sentencia en términos condiciónales e imprecisos (“la procedencia del recurso podrían implícitamente traer aparejada -en base a los mismos fundamentos-, la nulidad de la sentencia..."), lo que torna dudosa la viabilidad formal de su planteo.

Igualmente no se aprecia en el sub lite que el pronunciamiento atacado exhiba vicios o irregularidades en su forma, que lo descalifiquen como acto jurisdiccional. Por el contrario, se observa que la decisión del magistrado de grado se ajustó a los requisitos impuestos por el Cpr. 163.

Agréguese que el recurso de nulidad de la sentencia puede quedar absorbido por el de apelación si el agravio puede ser reparado por la Cámara, por donde corresponde modificar el decisorio antes de decretar la nulidad.

Debe estarse al principio de validez del acto jurisdiccional, como unánimemente lo viene decidiendo la jurisprudencia (Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación…”, Astrea, Bs. As., 1985, T.1, pág. 792). Y en ese sentido ya se ha pronunciado este Tribunal al fallar, verbigracia, en la causa “Rodríguez Marcelo Eduardo c/ Banco de Galicia SA y otros s/ ordinario” del 21/8/2012.

Es por tales razones que cabe ingresar directamente en el análisis del recurso de apelación interpuesto, dentro del cual quedaría aprehendida de todos modos aquella primera objeción nulidificante.

(iii) Dicho ello, adelanto que el recurso debe ser desestimado de acuerdo sustancialmente con los argumentos desarrollados por la Sra. Fiscal General en el dictamen de fs. 585/587 y con sujeción a los aquí reproducidos.

La Inspección General de Justicia requirió la disolución de la demandada por entender verificada la causal prevista en el inciso 10 del artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales.

La norma estipula: "La sociedad se disuelve:... 10) por resolución firme del retiro de la autorización para funcionar cuando leyes especiales la impusieran en razón de su objeto". Vale recordar que ello fue fruto de incorporación mediante la Ley 22.903 en reconocimiento de una situación ya imperante en el medio para ese entonces, que se daba en virtud de disposiciones legales regulatorias de la constitución jurídica de ciertas actividades; cuerpos legales que dejaban claramente establecido que el retiro de la autorización para funcionar determinaba la disolución y consecuente liquidación de la sociedad (conf. Verón-Zunino, "Reformas al régimen de sociedades comerciales", Astrea, Bs. As., 1984, pág. 162).

Ahora bien, como señaló el juez a quo, se encuentra cumplido en el sub lite el requisito de que se encuentre firme la resolución administrativa que dispuso el retiro de esa autorización. En efecto, de la Revisión de las copias certificadas de las actuaciones T.I. N° 54.256/92 -que se tienen a la vista y que se encuentran reservadas bajo sobres grandes N° 82210- se desprende que: a) la sociedad demandada tenía por objeto único la prestación de servicios eventuales (conf. artículo 2 del Decreto N2 1.694/06), a cuyo fin requería de la pertinente autorización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (otorgada el 18/6/1993 conforme Disposición D.N.P.T. N° 97/93; v. fs. 95); y b) en función de ciertos incumplimientos apuntados por dicha autoridad de contralor, luego de emitido el dictamen acusatorio circunstanciado respectivo (v. fs. 606), el 28/11/2006 la demandada fue sancionada con el retiro de la autorización para funcionar de acuerdo con la disposición D.I.F. N° 120 (v. fs. 616/618). Esa decisión administrativa no mereció impugnación alguna y se encuentra firme (conf. expediente administrativo citado y oficio remitido por el referido Ministerio de Trabajo en respuesta al requerimiento cursado por la IGJ en el expediente 108.240 -que también se tiene a la vista y se halla reservado en sobre grande N° 82210- y agregado a fs. 25).

En ese contexto operó, de pleno derecho, la disolución de la persona jurídica en cuestión; ello en tanto comparto la doctrina mayoritaria, citada por el juez de primera instancia y por la Sra. Fiscal General, que postula la verificación ipso iure de la causal prevista en el artículo 94:1 inciso 10, LSC (conf. Roitman Horacio, "Ley de Sociedades Comerciales 19.550 comentada", Tomo II, La Ley, Bs. As., 2006, págs. 439; Halperin Isaac -Otaegui Julio C, "Sociedades Anónimas", Depalma pág. 837; Jorge A. Zunino, "Sociedades Comerciales. Disolución y liquidación", Tomo 2, Astrea, Bs. As., 1987, pág. 258; entre otros). Así pienso -sin desconocer la posición minoritaria que existe en contrario- habida cuenta que ninguna declaración adicional correspondía al órgano de gobierno del ente para que se tornase operativa su disolución pues el retiro de la autorización -entendido como ejercicio de la potestad estatal legalmente otorgada- constituyó razón suficiente para que se active su fenecimiento.

Aporta claridad para la solución del conflicto cuanto ha sido expuesto en la Expresión de Motivos de la referida Ley 22.903 sobre el agregado del inciso 10 en el artículo 94: "...parece propio que estando condicionada a una autorización expresa la admisión un determinado sector de la actividad empresaria, su cancelación debe acarrear la disolución de la sociedad; de lo contrario perduraría estructuras como una mera forma, inhábiles para el cumplimiento del objeto de su creación" -fundamento citado y ponderado tanto por el magistrado de grado como por la Fiscal General.

Ahora bien, ¿es posible que esa inhabilidad o la perduración de una estructura fútil quede superada -en el caso- por la pretendida modificación del objeto de la sociedad?

En un primer análisis de la cuestión podría pensarse que nada impediría reconducir la persona jurídica en los términos que procura la demandada -a través de la inscripción de ciertas modificaciones estatutarias-; ello, claro está, si desde un plano conjetural se asumiera un criterio flexible en orden a las causales de disolución susceptibles de reconducción y sin ingresar en la problemática inherente a la naturaleza y alcance de las facultades del ente jurídico para decidir sobre el punto -esto es, si su objeto muta a los fines de la liquidación (conf. Butty en su célebre y precursor fallo lo -anterior a la Ley 22.903- en autos: "Distribuidora Musical S.R.L.", del 4/6/1980; LL 1980-C, 446) o si sufre una minoración de su personalidad (conf. Favier Dubois, Eduardo M., "La 'cuasi' personalidad jurídica y su graduación en las sociedades comerciales", VIII Congreso Argentino de Derecho Societario y IV Congreso Ibero Americano de Derecho Societario y de la Empresa, Rosario, Octubre/01, T.1- de ponencias, pág. 199)-. Bien por el contrario, el principio de conservación de la empresa impreso en el LSC 100 conduciría a una interpretación amplia de las circunstancias de la litis y aconsejaría estar a la subsistencia de la sociedad.

No obstante, me convence la respuesta negativa, en atención a "la especificidad" de la causal de disolución que se verificó en el sub lite -según lo precisado en el dictamen del Ministerio Público- y el carácter sancionatorio del retiro de la autorización plasmado en la resolución que así lo decidió: "ARTÍCULO 1°.- Sanciónase a la empresa "OLCE CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L. EMPRESA DESERVICIOS EVENTUALES" con la pérdida de la habilitación administrativa N° 1085/342 y la cancelación de la inscripción que posee en el Registro Especial de Empresas de Servicios Eventuales..." -v. fs. 618 de las fotocopias certificadas del expediente 54256/92 ya citado-. Recuérdese que el otorgamiento a determinados sujetos de la exclusividad en la oferta de bienes y servicios -aquí, en particular, la de prestar servicios eventuales- tiene como contrapunto, justamente, la potestad del Estado de retirar tal autorización cuando un sujeto no cumple con los imperativos legales (conf. Roitman Horacio, op. cit., págs. 438/439).

Por tanto resulta insustancial la apelación de la demandada -en lo principal que recurre- pues el retiro de la autorización para funcionar condujo inevitablemente a la disolución ipso iure de la persona jurídica.

(IV) Para fallar en el sentido anticipado tampoco constituyen un óbice las demás argumentaciones de la quejosa respecto de falencias o irregularidades en cierta notificación que le fue cursada por la Inspección General de Justicia.

Ello no solo porque comparto la explicación brindada por el a quo en este sentido (v. fs. 540 y vuelta) sino también porque, de acuerdo con lo dicho precedentemente, la disolución operó una vez que el retiro de la autorización adquirió firmeza y en orden a ello ninguna modificación podría traer la posterior notificación del inicio del trámite incoado por ese organismo a los fines de su pertinente declaración judicial. Agréguese a lo expuesto que las defensas que pudo oponer fueron de todos modos abordadas en sede judicial, habiéndose resguardado adecuadamente el ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio que asiste a cualquier litigante (CN 18).

(V) Finalmente nada cabe decir con respecto a la cuestión de la designación del liquidador - aspecto sobre el que se queja la demandada - pues aun ello no fue juzgado en la anterior instancia. Véase que el magistrado difirió su consideración para cuando fuera oportuno (v. punto V, a, fs. 540 vta.) por cuanto parece prudente dejar que en ese entonces se manifiesten las hipotéticas disconformidades de las partes.

(VI) Habida cuenta la solución que se propone, confirmatoria de la decisión de grado, no encuentro razón para apartarme del principio objetivo de la derrota (Cpr. 68). En ese orden corresponde rechazar la queja articulada sobre el punto y confirmar la imposición de costas a la agraviada en su carácter de vencida.

VI.- La conclusión

Por las consideraciones precedentes, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas en el Acuerdo que celebramos, debe desestimarse enteramente el recurso de la sociedad demandada y confirmarse la sentencia de la anterior instancia en cuanto fue materia de apelación. Con costas a la perdidosa (Cpr. 68).

El Dr. Rafael F. Barreiro dice:

Concuerdo con la solución propiciada por mi apreciado colega, el Dr. Juan Manuel Ojea Quintana. Sólo emitiré un breve disenso conceptual que en nada altera la conclusión expuesta en el voto que abrió este Acuerdo.

No es menester indagar acerca de la operatividad inmediata de la causal de disolución que describía el art. 94, inc. 10 LSC, aplicable al caso bajo estudio en razón de haberse promovido este proceso y dictado sentencia con antelación a la vigencia del nuevo ordenamiento de derecho privado (arg. Art. 7 CCYC). Ello en razón de que: i) el acto declarativo que revoca la autorización para funcionar debe emanar de la autoridad de aplicación respectiva y adquirir firmeza; y ii) en el caso, la decisión administrativa que postergó la decisión relativa al cambio de objeto no aparece cuestionada, según surge de las constancias de la causa. Ello así, sea por virtud de la causa descripta por el mencionado inc. 10 o la descripta por el inc. 4 del mismo art. 94, el ente societario debe entenderse disuelto. En atención a la particularidad que ofrece su objeto social, que debe ser único y exclusivo (art. 2 del Decreto 1694/06), y a que la tramitación de su modificación quedó supeditada a la decisión jurisdiccional sobre la disolución pretendida.

De otro lado, es claro para mí que, con sujeción a las vicisitudes ocurridas en este diferendo, la sociedad se disuelve por la declaración que se hace en este acto, que aunada a la ausencia de modificación del objeto impone considerar, en consecuencia, que la causal reseñada carece de operatividad con efectos inmediatos.

Tal es el sentido de mi voto.

Por análogas razones a las expuestas en su voto, la Dra. Alejandra N. Tevez adhiere a la propuesta del Dr. Juan Manuel Ojea Quintana.

Con lo que finalizó este Acuerdo en el que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

 

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015.

Y Vistos:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: desestimar enteramente el recurso de la sociedad demandada y confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto fue materia de apelación. Con costas a la perdidosa (Cpr. 68).

Notifíquese a las partes, a la Sra. Fiscal General y devuélvase a la instancia de grado. Hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. N° 15/13 y Ac. N° 24/13).

 

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

 

  Correlaciones:

Ley 19550 - BO: 25/04/1972 

005290E