Accidente De Transito Incapacidad Sobreviniente Tratamiento Psicologico Dano Moral Gastos De Farmacia Tasa De Interes

JURISPRUDENCIA

Accidente de tránsito. Incapacidad sobreviniente. Tratamiento psicológico. Daño moral. Gastos de farmacia. Tasa de interés

 

Se confirma la sentencia -en lo principal- en cuanto hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios entablada por el accidente sufrido por el actor, cuando fue atropellado por la rueda del vehículo del demandado mientras lo ayudaba, al haber quedado atascado en el barro. Ello así, por aplicación del artículo 1113 del Código Civil derogado. Asimismo, se fija una tasa del 8% anual desde el hecho dañoso hasta la sentencia, y a partir de allí, la tasa de interés activa.

 

 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 4 días del mes de agosto de dos mil diecisiete reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala "E" para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “M.M.A. C/ D.M.A.R. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUCIOS” respecto de la sentencia corriente a fs.359/369 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada es arreglada a derecho?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. DUPUIS.CALATAYUD.RACIMO.

A la cuestión planteada el Dr. Dupuis dijo:

I. La sentencia de fs.359/369 hizo lugar a la demanda intentada por M.A.M. contra A.R.D.M. y M.E.Q. por los daños y perjuicios que sufriera como consecuencia del accidente habido el 21 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 13 horas, cuando se encontraba cuidando autos en las instalaciones del Parque Irigoyen ubicado en la Avenida 25 de Mayo y la colectora de General Paz, localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Ambas partes admitieron que en la ocasión, cuando el codemandado D.M., al mando de un Volkswagen Suran, dominio ..., de propiedad de Q., ingresó al predio, quedó atascado por el barro allí existente. En dichas circunstancias recurrió al actor o este se ofreció, a los fines de colocar una piedra o roca entre el suelo y la rueda delantera izquierda. Y mientras lo hacía, el accionado aceleró imprevistamente el vehículo y pasó la rueda por encima de su mano, causándole los consiguientes daños.

Tanto los demandados como su aseguradora sostuvieron que el accidente se debió a la exclusiva culpa del actor, quien coloca la piedra y le indica expresamente mediante una clara señal que avance, sin sacar la mano, la que fue enganchada entre la maza del freno y la llanta del rodado.

Sin embargo, dicha parte no acreditó su versión. Por el contrario, en autos depusieron dos testigos presenciales, M. D. M. y C. M. M., ambos dependientes del Municipio de San Martín, al igual que el actor. El primero relata que ese día, por ser el día de la primavera, se realizaría un espectáculo y que el auto del demandado que estaba tratando de estacionar queda empantanado en el barro y a la par que se hacen señales con otros muchachos para ayudarlo, observan que M. intenta poner una piedra debajo del auto para que traccione y que éste “le agarra la mano porque el conductor aceleró” (fs.155/6). El segundo brinda parecida versión, puesto que afirma haber visto que M. le pone una piedra para que traccione en la rueda delantera izquierda y le agarra la mano, cree que la izquierda (fs.161). Ello coincide, por lo demás, con el tenor de las manifestaciones que hiciera la víctima ante personal policial que se constituyó en el lugar inmediatamente después de acontecido el accidente (fs. 186), versión que ratifica en sede policial (fs.196).

El a quo tuvo por acreditada la versión del actor. Y en base a ello, y por aplicación del artículo 1113 del Código Civil, consideró único responsable al conductor del vehículo.

De ello se agravian los demandados y su aseguradora, quienes insisten en que el único responsable fue el actor o, al menos, se declare la culpa concurrente en una proporción no inferior al 50%. Sin embargo, dicha parte construye su andamiaje defensivo, dando por cierto que fue el actor quien le hizo una señal para que acelere. No intenta criticar siquiera la valoración de la prueba que hiciera el a quo para llegar a la referida conclusión. En tales condiciones, parece claro que la presentación de fs.383/91, en este aspecto, no contiene la crítica concreta y razonada que exige el artículo 265 del Código Procesal, ni tampoco se demuestra las equivocaciones en que pudo haber incurrido el anterior sentenciante.

Es que dicha crítica, como se ha sostenido reiteradamente, debe consistir en la indicación detallada de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias de hecho y de derecho en que fundó el juez su decisión (conf. esta Sala, L.l6.580 del l9-6-85;ídem, c.l7.l43 del 29-9-85; ídem, c.l3.777 del l9-4-85;nºl2.543 del 2-5-85; nº 44.428 del l5-5-89;etc), por lo que habré de proponer se confirme este aspecto del anterior pronunciamiento.

II. Ambas partes se quejan del “quantum” indemnizatorio que fijó el juez tanto en los rubros incapacidad sobreviniente física y psicológica y daño moral. La demandada y su aseguradora, también lo hacen de los gastos de tratamiento psicológico, gastos no documentados e intereses.

En lo que hace a la incapacidad física y psicológica sobrevinientes, el juez fijó la indemnización en la suma de $150.000.

La pericia médica de fs.270/271 concluyó que el actor como consecuencia del accidente sufrió secuela de fractura de 2ª. falange 2° dedo con deseje y desviación en varo. En 4° dedo varo deseje a expensas de la 2ª. falange, sobre 3ª. falange 4° dedo mano izquierda. Edema crónico global de mano izquierda. Dolor en mano permanente. El 4° dedo muestra signos de haber sido reimplantado según sección no completa, debido a cicatriz infractora circular. A la palpación se constata dolor en diversas zonas mano con más afectación en zonas de cicatrices. Debido al hecho estuvo un año sin poder trabajar. Actualmente no rehabilita, imposibilitado de hacer fuerza o levantar pesos. La incapacidad actual, según baremo del fuero civil de los doctores Altube-Rinaldi, es de un 12%. Durante el primer año del siniestro fue de un 15%. Las secuelas son permanentes sin retorno a la normalidad y fue mayor durante el primer año, en que no pudo realizar actividad laboral.

Dicha pericia fue impugnada por la actora a fs.280, la que contestó el experto a fs.291, ratificando sus conclusiones.

En lo que hace al plano psicológico, la experto concluyó que el actor padece de un Desarrollo Psíquico Post-Traumático de grado moderado, de acuerdo al Baremo de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires o también de los Dres. Castex-Silva, que le genera una incapacidad de un 30%, que podría agravarse si no es tratado adecuadamente (fs.318/22).

Dicha pericia fue impugnada por la demandada y su aseguradora sin apoyo técnico (fs.326/27). Y la experto contestó a fs.329/31, oportunidad en la que ratificó sus conclusiones.

Bueno es recordar que esta Sala ha adherido reiteradamente a la doctrina que ha establecido que, aún cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, si el mismo comporta la necesidad de una apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento ajeno al hombre de derecho- para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiera hecho de sus conocimientos científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado (conf. causas nº 2l.064 del l5/8/86; nºl8.2l9 del 25/2/86; nº ll.800 del l4/l0/85; nº 32.90l del l8/l2/87; nº 5l.447 del ll/8/89, entre otras).

Es que, para que las observaciones puedan tener favorable acogida, es preciso aportar probanzas de mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en la pericia (conf. Palacio,"Derecho Procesal Civil", T.IV,pag.720). Y en el caso, nada de ello sucedió, puesto que, como se señaló, los apelantes no demuestran el error en que pudieron haber incurrido los expertos.

Esta Sala tiene dicho en forma reiterada que a los fines de establecer la cuantía de la indemnización por incapacidad sobreviniente debe apreciarse un cúmulo de circunstancias, entre las que si bien asume relevancia lo que la incapacidad impide presuntivamente percibir durante el lapso de vida útil de la víctima, también es preciso meritar la disminución de sus posibilidades, su edad, cultura, estado físico, es decir, todo aquello que se trasunta en la totalidad de la vida de relación (conf. mis votos en L. 34.743 del l0/3/88; ídem, c.44.825 del 3/5/89). Se habrá de computar especialmente la incidencia en las actividades que concretamente desarrollaba; su estado civil; nivel socio-económico; el hecho de que el resarcimiento contempla la totalidad de los aspectos del ser humano y su incidencia en él (ver c. 6l.903, con voto del Dr. Mirás, del l2/3/90; c.45.086 del l0/5/89, con voto del Dr.Calatayud; mi voto en c.45.623 del 22/5/89, entre varias otras).

En base a tales pautas, computando que el actor a la época del evento tenía 58 años, vive con su pareja, una hija menor y dos hijastras y dijo tener 9 hijos, que al tiempo del accidente se desempeñaba como cuida-coches en la municipalidad señalada, constancias de las pericias, habré de propiciar que se eleve el importe por ambas incapacidades a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($190.000) (art.165, Código Procesal).

III. En lo que hace al tratamiento psicológico, se agravia la demandada y su aseguradora por sostener que el importe de $45.000 resulta desmesurado, teniendo en cuenta el tiempo de duración y el valor por sesión promedio actual, por lo que solicitan se reduzcan.

La perito psicóloga que aquí dictaminó concluyó que el actor deberá efectuar tratamiento psiquiátrico y psicológico a fin de evitar un agravamiento de su estado actual. El mismo constará de una psicoterapia individual de no menos de 3 años con una sesión semanal. Estimó el costo actual en $500 por sesión, el que deberá ser acompañado de un tratamiento medicamentoso, que determinará el médico psiquiatra cuyo costo dependerá de la evolución (fs.321vta.). Si es así, parece claro que el importe de $45.000 fijado en la sentencia de ningún modo resulta elevado, por lo que deberá desestimarse la presente queja.

IV. En lo que hace al daño moral, como lo señalara esta Sala en numerosos precedentes, a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia de perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y de la víctima, etc, quedando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conforme causas nº 43.l69 del l8-4- 89; 8l.l34 del 24-l2-90 y 8l.236 del 25-4-9l;Sala "B", E.D.57-455; Sala "D", E.D. 43-740; Sala "F", E.D. 46-564; etc). En base a tales pautas, teniendo en cuenta el grado de incapacidad que lo aqueja, incluido el sufrimiento que debió soportar durante el año de incapacidad total, el sometimiento a tratamientos médicos, dificultades e incidencia de la incapacidad en su vida diaria y demás circunstancias de autos, es que habré de propiciar que se reduzca este rubro a la suma de $65.000 (art.165, Código Procesal).

V. En cuanto a los gastos médicos, de farmacia y traslados, es doctrina de la Sala que ellos no requieren prueba documental, debiendo ser admitidos siempre que resulten verosímiles en relación con las lesiones provocadas por el evento dañoso (conf. mi voto, c.44.825 del 2-5-89; c.138.134 del 3-2-95; c.146.971 del 16-6-94, con voto del Dr. Calatayud; c. 69.534, con voto del Dr. Mirás, etc). No obsta a la admisión de la partida la pertenencia de la víctima a una obra social o su atención en hospital público, pues existe siempre una serie de gastos que se encuentra a cargo de los afiliados o parientes y que aquéllos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el monto a fijarse deben ser consideradas tales circunstancias (conf. esta Sala, causas 107.157 del 30-4-92, 113.652 del 24- 8-92 y 127.547 del 19-4-93, n1119.174 del 15-12-92 y 146.808 del 18-5-94, con votos del Dr. Calatayud; causas n1154.150 del 6-10-94 y 164.495 del 23-3-95; Sala "M", c.61.766 del 27-3-91; Sala "C", c.129.891 del 2-11-93; etc). En base a ello, y computando las lesiones sufridas, el hecho de que el actor se atendió en hospital público, lo que de ningún modo la exime de determinadas erogaciones es que considero que el importe indemnizatorio fijado de ningún modo resulta elevado, por lo que habré de propiciar que se desestime la presente queja de la demandada y su aseguradora.

VI. La sentencia apelada fijó los intereses a la tasa pasiva promedio del BCRA desde el día del hecho hasta el 31 de julio de 2015, fecha de entrada en vigencia del CCyC y hasta el cumplimiento de la sentencia la tasa activa cartera general (préstamos) nominal actual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. De ello se agravian los demandados y la aseguradora citada en garantía, quienes solicitan se fije una tasa del 6 a un 8% anual hasta la sentencia. Y a partir de ella, la activa mencionada.

Con respecto a los réditos, reiteradamente esta Sala ha decidido que si la tasa activa mencionada en la sentencia se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista -como en el caso- con indemnizaciones fijadas a valores actuales, tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y en desmedro del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de nuestro signo monetario operado entre el hecho y la sentencia, cuando en ésta se contemplan valores a la época de su dictado, en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala interpretando la emanada del plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, incluso después de que perdiera vigencia con el dictado de la ley 26.853. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala interpretando la emanada del plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, incluso después de que perdiera vigencia con el dictado de la ley 26.853. De la misma manera, es la que cuadra adoptar a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ley 29.994 (ver voto del Dr. Calatayud en expediente 80.509-10 del 27-8-15, con cita de Lorenzetti, Código Civil y Comercial comentado, ed. Rubinzal-Culzoni, t.V pág.158, com. art.772).

Ahora bien, no obstante que en situaciones similares la Sala se inclinó por reconocer una tasa “pura” del 6% anual entre la fecha del hecho y la del pronunciamiento de primera instancia (ver, causas 527.451 del 12-5-09, 579.837 del 31-10-11, 615.823 del 14-8-13, expedientes nros. 105.395-10 del 31-8-15 y 85.237-11 del 7-9-15, entre muchas otras), y que un nuevo examen de la cuestión analizada a la luz del nuevo panorama económico que se advierte en el país, nos llevó a propiciar que se fije para el período mencionado una tasa del 8% anual, devengándose con posterioridad la activa prevista en la sentencia (conf. esta Sala voto del Dr. Calatayud expte.69.993/13 del 13/3/2017), por lo que habré de atender a este agravio.

Ello así, por cuanto en el caso de las deudas de valor -como lo son las que integran la indemnización de daños impuesta en este pronunciamiento- es menester aplicar dos tasas de interés diferentes: una desde que la obligación se hizo exigible y hasta que se determinó el valor de la prestación, y otra desde este último momento hasta su pago. La primera debe ser pura, vale decir que no debe contener componentes inflacionarios, ya que el monto de la obligación se determina conforme al valor que ella reviste en el momento de la cuantificación, de modo tal que de aplicarse una tasa que contemple la depreciación del signo monetario, se estaría reconociendo dos veces la desvalorización monetaria operada entre el hecho y la sentencia, con el consiguiente enriquecimiento sin causa del acreedor en desmedro del patrimonio del deudor (ver Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. V págs. 158/59).

Por lo que propicio modificar en este sentido la sentencia de la anterior instancia fijando la tasa del 8% anual desde la fecha del hecho hasta la de la sentencia y a partir de allí la tasa activa fijada por el a quo.

VII. En lo relativo a la pretendida aplicación de la ley 24.432 con relación a las costas el proceso, esta Sala ha señalado que la normativa en análisis se aplica en la etapa de ejecución, sin perjuicio de haber quedado firme un honorario superior (conf. STJRN, SE 202/04 in re "F., M. S. y otros c/Banco Rio Negro S.A. s/ ordinario s/ inaplicabilidad de la ley" (expte. n° 16292/01 - STJ) del 10-08-04 (voto del Dr. Balladini), citado en Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2a Nominación de Santiago del Estero, in re “Palavecino, Humberto Aníbal c. BBV Banco Francés”, del 30-09-08, LLNOA 2009 (febrero), 88, La Ley Online AR/JUR/17431/2008; CNTrabajo, Sala II, in re “Domínguez Nieto, Jose Guillermo c. Informática Tecnologia Servicios S.A. y otros” del 26-02-10, La Ley Online AR/JUR/4074/2010; CNCom., Sala A, in re “Juki S.A. s/ conc. prev. s/ incidente de verificación”, del 28-08-08, La Ley Online AR/JUR/12314/2008; C.N.Civil, esta Sala, c. 51.053/2009/CA2 del 8-3-17, entre otras), razón por la cual la cuestión deberá analizarse en la referida oportunidad.

En suma, si mi criterio fuera compartido, deberá confirmarse la sentencia apelada en lo principal que decide y elevarse la indemnización fijada a la suma total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL ($307.000), debiéndose liquidar los intereses en la forma expuesta en el considerando VI y diferirse el planteo vinculado a la aplicación de la ley 24.432 la etapa de ejecución de la liquidación. Las costas de Alzada se impondrán a la demandada y su aseguradora, vencidas en lo principal, puesto que lo atinente a los intereses se trata de una cuestión accesoria sobre las que no existe criterio jurisprudencial uniforme (art. 68 del Código Procesal).

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Racimo y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el Dr.Dupuis, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

 

F.M. RACIMO

M.CALATAYUD

J.C.DUPUIS

 

Buenos Aires, agosto 4 de 2017.-

Y VISTOS:

En virtud de lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide y se eleva la indemnización fijada a la suma total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL ($307.000), debiéndose liquidar los intereses en la forma expuesta en el considerando VI. Asimismo, en lo atinente a la aplicación de la ley 24.432, deberá efectuarse el planteo en la etapa de ejecución de la sentencia. Las costas de Alzada se imponen a la demandada y su aseguradora. Se difiere la adecuación de los honorarios de los profesionales intervinientes y la fijación de los correspondientes a esta instancia para cuando obre liquidación aprobada. Notifíquese y devuélvase.-

 

Fecha de firma: 04/08/2017

Firmado por: MARIO PEDRO CALATAYUD, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDO MARTIN RACIMO, JUEZ DE CAMARA

 

  Correlaciones:

Maldonado, Alejandra Gabriela c/Troglio, Jorge Omar y otro s/daños y perjuicios - Cám. Civ. y Com. Mercedes - Sala III - 27/ 02/2014 - Cita digital IUSJU216243D

 

 

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