Accidente. Rubros indemnizatorios

Se resuelve revocar la sentencia apelada modificando los montos indemnizatorios establecidos en la sentencia de primera instancia.

En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los TREINTA días del mes de junio de dos mil dieciséis, reunidos en la Sala I del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Liliana Graciela Ludueña y José Eduardo Russo, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “B., H. C/L., G. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y habiéndose practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: doctores LUDUEÑA - RUSSO, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

1ra.: ¿Es justa la sentencia apelada de fs.756/761?

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

VOTACION:

A LA PRIMERA CUESTION: la Señora Juez doctora LUDUEÑA, dijo:

I.- Contra la sentencia definitiva dictada a fs.691/701, interponen recurso de apelación los actores, el demandado y la citada en garantía, que libremente concedidos, son sustentados a fs. 726/744 y 747/751, replicados a fs. 756/761 y 762/768.

La Sra. Juez a-quo actuó la pretensión resarcitoria promovida por H. A. B., N. J. C. y M. S. contra G. D. L, Suplacard Muebles S.A. y Provincia Seguros S.A., condenándolos a pagar a H. A. B. la suma de pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS, a N. J. C. la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS y a M. S. la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS, con más sus intereses y costas.

II.- En forma previa a abordar el recurso que me convoca, considero adecuado precisar cuál debe ser la normativa que subsume al caso en tratamiento, ello así, en virtud de la derogación del Código Civil que rigió hasta el pasado 31 de julio, y la entrada en vigencia, a partir del 1° de agosto de 2015, del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994, B.O. 08/10/2014).

El nuevo ordenamiento resuelve la cuestión del derecho temporario en su artículo séptimo, cuyo texto se asemeja al art. 3 del Código Civil conforme ley 17.711, diferenciándose en el tratamiento que le confiere la flamante normativa a las relaciones de consumo. Así, no ha variado sustancialmente nuestro sistema de derecho transitorio, resultando de aplicación lo establecido por la doctrina en torno al derogado art. 3.

En tal sentido, se ha señalado, que las consecuencias jurídicas aún no ocurridas al dictarse la nueva ley, quedan gobernadas por ésta; en cambio, las consecuencias ya producidas están consumadas y no resultan afectadas por las nuevas leyes, pues lo impide la noción de consumo jurídico (Llambías, Tratado de Derecho Civil-Parte General, pág. 167 bis).

Ello así, pues las relaciones interpersonales se encuentran por regla sometidas a los efectos que a cada evento le asigna el ordenamiento jurídico, en el momento en que los hechos allí previstos se cumplen (art. 7 del CCCN; Fallos 319:1915).

En tal sentido, ha señalado la doctrina más destacada, que cualquiera sea la instancia en la que se encuentre el expediente, hay que aplicar el mismo sistema de derecho transitorio que teníamos y, por tanto, verificar si las situaciones y sus consecuencias están o no agotadas, si está en juego una norma supletoria o imperativa, y ahora sí, como novedad, si se trata o no de una norma más favorable para el consumidor (Kemelmajer de Carlucci Aida, Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015, cita Online AR/DOC/1801/2015).

Por otro lado, se ha dicho que la sentencia -salvo supuestos excepcionales- debe prescindir de los cambios normativos que pudieran sucederse en el interregno entre el acaecimiento del hecho que motiva la litis y la decisión jurisdiccional, en la medida en que dichos sucesos se hayan consumado mientras estuvo en vigencia la norma derogada. Así la nueva ley carece de la posibilidad de gobernar una situación jurídica producida y terminada bajo la ley anterior (Morello Augusto M, Eficacia de la ley nueva en el tiempo, Jurisprudencia Argentina, Tomo 3, pág. 109 y ss., citado en el voto del Dr. Hitters en la causa A. 70.603 del 28/10/2015).

Tal conclusión no varía en el caso que la sentencia carezca de firmeza, ya que tal situación sólo habilita la corrección del error de hecho o derecho en el que pudiera haber incurrido el Juez, más no habilita la aplicación inmediata de la nueva normativa.

De modo tal, teniendo en cuenta que el hecho ilícito invocado en el presente aconteció antes de agosto de 2015, corresponde aplicar la normativa entonces vigente, es decir, el Código Civil derogado. Ello así, en atención a encontrarse la situación jurídica consolidada al amparo del mismo (esta Sala, mis votos cs. 55234 R.S. 4/16; cs. 54302 R.S. 17/16; MO- 2586-08 R.S. 41/16, entre otros).

III. Fijó la Sentenciante la suma de $ 300.000 en concepto de incapacidad sobreviniente para H. A. B., y de $ 370.000 para N. J. C., apelan los actores por considerarlas bajas, y a su turno los demandados, por considerarlas elevadas a la luz de las lesiones padecidas por los coactores.

A raíz del accidente sufrió H. A. B. “escoriaciones en brazo izquierdo... equimosis en región lateral interna de pie derecho... inmovilización con yeso en miembro superior derecho” (informe del médico policial, fs. 23 IPP nº 10-00-0440408-09), diagnosticándosele en el H.I.G.A. Dr. L. Güemes “fractura de radio distal, por lo que se colocó yeso en antebrazo y palma (fs. 396). Dictamina el Perito Médico que presenta en la columna cervical dolor a la palpación, cervicalgia con irradiación braquial izquierda; movilidad: flexión: 30º, extensión: 15º, lateralizaciones y rotaciones: muy disminuidas por el dolor y por el mareo que la maniobra provoca. Codo derecho: flexión 130º, extensión 135º, pronosupinación 70º, supinación 75º. Muñeca izquierda: flexión: 55º, extensión 50º, inclinación latero radial 10º. Inclinación latero cubital 25º. Presenta secuela de fractura de muñeca izquierda, traumatismo cervical con cervicobraquialgia izquierda, epicondilitis postraumática de codo derecho, lo que le acarrea una incapacidad parcial y permanente en lo traumatológico del 28 % (experticia de fs. 664/666, art. 474 CPCC).

A su turno, la Perito Psicóloga dictamina que no presenta incapacidad psíquica derivada del accidente (experticia de fs. 511 vta., ratificada a fs. 534; art. 474 CPCC).

Sufrió N. J. C. “herida cortante suturada en cuero cabelludo región parietal derecha... excoriaciones en región frontal derecha. Dorso de hombro derecho, ambas rodillas, tobillo derecho y dorso de pie izquierdo” (fs.22 IPP referida). Surge de la H.C. glosada a fs. 41º que presentaba “TEC sin pérdida de conocimiento, traumatismo en rodilla derecha y tobillo del mismo lado”. Dictamina el Perito Médico que en la columna cervical: presenta dolor a la palpación de ambas masas musculares paravertebrales, cervicalgia con irradiación braquial derecha y parestesias referidas; movilidad: flexión 20º, extensión 20º, lateralizaciones y rotaciones: muy disminuidas por el dolor y por el mareo que la maniobra provoca. Rodilla derecho: hipotrofia cuadricipital de 2 cm respecto de la contralateral; cepillo (+); se aprecia hidrartrosis; maniobras ligamentarias y meniscales (-) y Bragard y Bado (++) para el menisco interno; movilidad: flexión: 110º; extensión: 5º. Tobillo derecho: flexión plantar 40º. Inversión 15º. Eversión 15º. Codo derecho: flexión 130º. Extensión 125º. Pronosupinación izquierda: Flexión 20º. Muñeca izquierda: Flexión 50º. Extensión 50º. Inclinación latero radial 20º. Inclinación latero cubital 15º. Se aprecia cicatriz en región temporal derecha de 2 cm. de buen aspecto, hiperestésica. Concluye que presenta una incapacidad parcial y permanente del 33,6% de la T.O. (experticia de fs. 664/666, art.474 CPCC).

La Perito Psicóloga dictamina que presenta una depresión neurótica en relación causal con el accidente, estimando en un 10% la incapacidad. (fs.511).

Vengo sosteniendo que la reparación patrimonial comprende tanto lo relativo a las lesiones traumáticas, a las psicológicas como a las estéticas, pues cabe atender a todas las calidades físicas, psicológicas y estéticas que permitan a la persona obrar normalmente, de modo tal que si las mismas se vieron afectadas por el hecho dañoso, el menoscabo debe ser reparado (esta Sala, mis votos, cs. 35393 R.S. 90/96; cs. 38585 R.S. 181/97; cs. 49.388 R.S. 9/04; cs. 52023, R.S. 236/05).

Todas las lesiones de que puede ser víctima un ser humano (a la psiquis, a la estética, entre otras) son distintos rubros del daño indemnizable que en la medida que repercuta en intereses patrimoniales o extrapatrimoniales dará lugar a las correspondientes indemnizaciones (Vázquez Ferreyra, Roberto, Importantísimos Aspectos del Derecho de Daños, en Curso de actualización de Derecho Procesal. Temas de apoyo. Prueba, Ed. Fundesi, pág. 229); o dicho de otro modo “el resarcimiento de las lesiones físicas, psíquicas y estéticas debe, en principio, englobarse en un sólo rubro indemnizatorio, pues la medida del daño causado a la persona debe apreciarse en lo que representa como alteración y afectación no sólo del ámbito físico sino también del psíquico y estético (Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil. El derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica, T.IV-2004, n° 1D, Ed. La Ley; Galdós, Jorge M., Acerca del daño Psicológico, J.A. 09/03/05, pág. 3).

La Corte Federal ha sostenido en reiterados pronunciamientos que las secuelas permanentes de la lesión psíquica incluyen y conforman, junto con la lesión física, la incapacidad sobreviniente, sin diferenciarse si esa incapacidad deriva de la minoración de las aptitudes físicas o psicológicas, sin perjuicio -que cuando proceda- se reconozcan los gastos de atención terapéutica (C.S., 19/8/1999, Fallos 322: 1793; 1/12/92, Fallos 321: 1125; 29/6/04, “Coco Fabián vs. Pcia. de Bs.As. s/ Ds.Ps.”).

En el mismo sentido, nuestro Superior Tribunal en causa Acuerdo 81161, del 23/6/04, “Segovia, María Luisa c/ Roda, Julio Zacarías y otros/ Ds. Y Ps.”, ha precisado el alcance del resarcimiento, sosteniendo el Dr. Roncoroni que si bien en el plano de las ideas no cabe duda de la autonomía conceptual que poseen las lesiones a la psiquis (el llamado daño psíquico o psicológico) y a la integridad del aspecto corpóreo del sujeto (el llamado daño estético), cabe desechar en principio -y por inconveniente- que a los fines indemnizatorios estos daños constituyan un tertium genus, que deban resarcirse en forma autónoma, particularizada e independiente del daño patrimonial y del daño moral. Y ello así porque podría llevar a una injusta e inadmisible doble indemnización, toda vez que el Juez al abordar el daño moral y el daño patrimonial que provoca una lesión incapacitante, pondera y tasa el menoscabo espiritual y patrimonial que la lesión estética o psicológica provoca en la víctima.

Es aconsejable que al tarifar el daño moral y patrimonial se tenga particularmente en cuenta los reflejos disvaliosos que en uno y en otro plano tienen las lesiones estéticas y los daños psicológicos. La determinación final del grado de menoscabo parcial y permanente con que la víctima emerge del hecho dañoso y sus derivaciones, no se logra mediante la suma y yuxtaposición de todos y cada uno de los porcentajes de incapacidad, que los expertos médicos de cada disciplina del arte de curar determinan sobre cada área lesionada del sujeto. De modo tal que, la valoración del índice global se hace adicionando las invalideces parciales calculadas sucesivamente en relación con la capacidad restante que dejan las incapacidades precedentes (Simonin C., Medicina Legal Judicial, pág. 304), doctrina que merece acatamiento al amparo de lo prescripto por el artículo 161 inc. 3ero. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (esta Sala, mi votos cs. 51929 R.S. 221/05; cs. 52023, R.S. 236/05; cs. 52716 R.s. 5/06; cs. 55670 R.S. 99/08; cs. 58029 R.S. 135/2010; cs. MO-6441-2008, R.S. 91/13; MO-23403 R.S. 22/16).

Ello sentado, valorando que B. contaba con 20 años a la fecha del evento dañoso, que trabajaba como verdulero, padre de dos hijos menores y las secuelas incapacitantes, me llevan a proponer reducir el monto indemnizatorio a la suma de pesos ciento setenta mil ($ 170.000), modificando este aspecto del decisorio, acogiendo los agravios de los codemandados y desestimando el del coactor (arts. 1068 y 1086 del Código Civil, 165 in-fine CPCC).

Valorando que N. J. C. contaba con 16 años a la fecha del accidente, estudiante, no desarrollando a esa fecha una tarea remunerada, desempeñándose en la actualidad como ama de casa y las secuelas que presenta me llevan a proponer reducir el monto indemnizatorio a la suma de pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000), modificando este aspecto del decisorio, acogiendo los agravios de los codemandados y desestimando el de la coactora (arts. 1068 y 1086 del Código Civil, 165 in-fine CPCC).

IV.- Fijó la Sentenciante en la suma de $150.000 la indemnización por daño moral para H. A. B. y de $ 150.000 para N. J. C., apelando los accionantes por considerarlas bajas y los demandados por considerarlas altas.

A la luz de lo normado por el art. 1078 del Código Civil, el daño moral debe comprender el resarcimiento de la totalidad de los padecimientos físicos y espirituales derivados del ilícito, su estimación no debe ni tiene porque guardar proporcionalidad con los daños materiales emergentes del ilícito pues la magnitud del daño en tal sentido, sólo depende de la índole especial del hecho generador de la responsabilidad y no del resarcimiento específicamente referido al daño material. El reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión (causa 31042 R.S. 74/94; cs.31.272 R.S. 21/94; cs. 34349 R.S. 214/95; cs. 51258 R.S. 361/05; MO 6441-2008 R.S. 91/13, entre otras).

Ello sentado, a la luz de las constancias objetivas de la causa, las dolencias padecidas por los actores, el tiempo de recuperación y las consiguientes molestias y secuelas, es que considero justo y equitativo mantener los montos fijados en la Instancia de origen, desestimando ambos agravios (art. 165 in fine CPCC).

V.- La indemnización debida por los gastos de tratamiento Kinésico y psicológico, además de los gastos médicos y de traslado fijados en las respectivas sumas de $ 3400 para B. y de $45.800 para C., más que un resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, constituye un reintegro del valor de los gastos hechos por los lesionados, sea que los hubieren abonado con anterioridad o que los adeudaren, ya que al pagar todos los gastos u obligarse a hacerlo, experimentan un menoscabo inmediato en su patrimonio, se trata, en definitiva, de una pérdida real y efectivamente sufrida.

La indemnización debe fijarse a la luz de lo prescripto por el art. 165 in-fine del CPCC, con suma prudencia, pues la falta de una prueba específica -ya que depende de la evolución del paciente- obliga a recurrir a dicha norma y no puede convertirse en una fuente de indebido beneficio. Ello sentado, valorando el tipo de lesiones, la opinión de los especialistas, estimo justo y equitativo mantener los montos fijados en la apelada sentencia, desestimando ambos agravios (arts. 1086 Código Civil y 165 in- fine del CPCC).

VI.- Los intereses deben calcularse, dice la Sra. Juez a.quo, según la tasa que pasiva vigente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se agravian los accionantes solicitando se aplique la tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días.

Tengo dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido como su doctrina legal (a partir de las causas “Ginossi” y “Ponce”, ambas del 21/10/2009) que los intereses moratorios por el periodo posterior al 1º de abril de 1991, deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital, con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 7 y 10 ley 23.928, t.o. ley 25.561; S.C.B.A.. Ac. 43448 del 21/5/1991; Ac. 49439 del 31/8/1993; Ac.68681 5/4/2000; entre otras; esta Sala, mi voto cs. 54766 R.S. 6/14, entre muchos otros).

Sin perjuicio de ello, también ha señalado el Cimero Tribunal Provincial, que no resulta vulnerada la mencionada doctrina legal, por la fijación de la tasa de interés pasiva digital (BIP); ello así pues tal cuestión se encuentra limitada a una ecuación estrictamente económica derivada de la aplicación de una determinada alícuota en el marco de las variantes que puede ofrecer el tipo de tasa de interés pasiva (R.I. 118615 del 11/03/2015, entre otras).

De ahí que proponga que al capital de la condena se apliquen intereses conforme la tasa informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus plazos fijos digitales a 30 días, aclarándose que de existir períodos no comprendidos por la misma, se aplicará la tasa pasiva; ello así pues, la señalada tasa cumple más acabadamente la función resarcitoria que tienen los intereses moratorios, a los fines de lograr la reparación plena de los daños y perjuicios ocasionados (esta Sala, mis votos MO-15778-2010, R.S. 11/2016; MO-23403 R.S. 22/16, entre otros). Por lo que propongo acoger el agravio.

VII.- Como los agravios dan la medida de la competencia de esta Alzada (arts. 260, 261 y 266 CPCC) propongo modificar el monto resarcitorio para H. A. B. en la suma de pesos trescientos veintitrés mil cuatrocientos ($ 323.400): incapacidad sobreviniente $ 170.000; daño moral $ 150.000; gastos y tratamientos $ 3.400. Para N. J. C. en la suma de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos ($ 435.800): incapacidad sobreviniente $ 240.000; daño moral $ 150.000; gastos y tratamientos $ 45.800. Con más sus intereses calculados conforme la tasa informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus plazos fijos digitales, a 30 días, aclarándose que de existir períodos no comprendidos por la misma, se aplicará la tasa pasiva. Costas de esta Instancia a los demandados fundamentalmente vencidos (art. 68 par. 1er. CPCC), difiriendo las regulaciones de honorarios (art. 31 ley 8904).

Voto, en consecuencia parcialmente por la NEGATIVA.-

A la misma cuestión el señor Juez doctor Russo, por iguales fundamentos, votó parcialmente por la NEGATIVA.-

A la segunda cuestión, la Sra. Juez doctora Ludueña, dijo:

Conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde revocar el monto resarcitorio en lo que ha sido materia de agravio, para H. A. B. en la suma de pesos trescientos veintitrés mil cuatrocientos ($ 323.400): incapacidad sobreviniente $ 170.000; daño moral $ 150.000; gastos y tratamientos $ 3.400. Para N. J. C. en la suma de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos ($ 435.800): incapacidad sobreviniente $ 240.000; daño moral $ 150.000; gastos y tratamientos $ 45.800. Con más sus intereses calculados conforme la tasa informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus plazos fijos digitales, a 30 días, aclarándose que de existir períodos no comprendidos por la misma, se aplicará la tasa pasiva. Costas de esta Instancia a los demandados fundamentalmente vencidos, difiriendo las regulaciones de honorarios.

ASI LO VOTO

El Sr. Juez doctor Russo, por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Morón, 30 de junio de 2016

AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el acuerdo que antecede, por unanimidad se revoca parcialmente el monto resarcitorio para H. A. B. en la suma de pesos trescientos veintitrés mil cuatrocientos ($ 323.400): incapacidad sobreviniente $ 170.000; daño moral $ 150.000; gastos y tratamientos $ 3.400. Para N. J. C. en la suma de pesos cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos ($ 435.800): incapacidad sobreviniente $ 240.000; daño moral $ 150.000; gastos y tratamientos $ 45.800. Con más sus intereses calculados conforme la tasa informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus plazos fijos digitales, a 30 días, aclarándose que de existir períodos no comprendidos por la misma, se aplicará la tasa pasiva. Costas de esta Instancia a los demandados fundamentalmente vencidos, difiriendo las regulaciones de honorarios.