Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Excarcelacion Rechazo Ante Los Intentos De Obstruir El Curso De Las Investigaciones Judiciales

JURISPRUDENCIA

Asociación ilícita. Lavado de dinero. Excarcelación. Rechazo ante los intentos de obstruir el curso de las investigaciones judiciales

 

Se mantiene el rechazo de la excarcelación solicitada por la defensa del contador involucrado en una causa por asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito, pues ha desplegado un certero accionar tendiente a que el cobro de los alquileres de los bienes que integran el condominio conformado por Máximo y Florencia Kirchner sean derivados a una esfera extraña, ajena al ámbito de estas actuaciones, burlando la medida cautelar dispuesta por el juez; ello con el único fin de evitar que esas rentas -que podrían resultar en principio los instrumentos para llevar a cabo el delito imputado- sean alcanzadas por la acción jurisdiccional.

 

 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2017.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

El Dr. Jorge L. Ballestero dijo:

I. Llega la presente incidencia a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Carlos Alberto Beraldi (fs. 14/20), contra la resolución dictada por el Juez Claudio Bonadío el día 18 de julio del año en curso (fs. 6/10), que dispuso rechazar el planteo de excarcelación formulado en favor de Víctor Alejandro Manzanares.

II. Resolución impugnada.

En primer lugar, el Juez de grado tuvo en cuenta al momento de denegar la excarcelación al imputado la escala penal prevista para el concurso de delitos cuya comisión prima facie se le adjudica.Valoró, como primer obstáculo para la concesión de la excarcelación, que el mínimo y el máximo de la pena en abstracto superaban los parámetros fijados en el art. 26 del CP y 316 del CPPN, respectivamente.

Es importante recordar, en ese sentido, que el día 3 de abril de 2017 fue dictado su procesamiento como autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizador, en concurso real con el delito de lavado de activos de orígen ilícito agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts. 45, 55, 210 segundo párrafo y 303 inc. 1 y 2 a. del CP). Las apelaciones contra la mentada resolución se encuentran actualmente a revisión de esta Sala.

Luego, el a quo se concentró en la evaluación de la existencia de riesgo procesal (art. 319 del CP). En lo medular, sostuvo que si bien al dictar el procesamiento de Manzanares no había advertido ninguna razón objetiva que justificara la imposición del encierro preventivo como medida accesoria, la situación había variado frente a la verificación de un comportamiento que revelaría la intención del imputado de obstaculizar la investigación en curso. Ese mismo motivo era el que había considerado recientemente al ordenar en el expediente la detención de Manzanares (ver fs. 4795/6 del legajo principal).

Para contextualizar el caso, recordó que la decisión de intervenir las administraciones de Los Sauces S.A. y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, respondió a la comprobación de distintas transacciones entre ambas, como también entre la primera y algunas empresas de los grupos “Báez”, “Indalo” y “Sanfelice”, que podrían ser asociadas con actos de lavado de activos de origen ilícito.

Destacó, paralelamente, que aquel entramado de operaciones fue el que permitió tener por acreditados los comportamientos ilícitos que, a la postre, sustentaron el auto de procesamiento de los imputados, por la conformación de una asociación ilícita o por la realización de conductas de lavado de activos de origen ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Continuó relatando que la interventora administradora que fue designada para la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, Dra. Raquel Moyano, había informado que para el 31 de diciembre de 2016 no existían alquileres que cobrar en el marco de ese proceso; que Máximo y Florencia Kirchner habían formado un condominio con las propiedades heredadas y cedidas por su madre Cristina Fernández, y que Víctor Manzanares, contador de la familia, lo había inscripto en la AFIP con posterioridad a la intervención de la sucesión. Ese escenario, señaló el a quo, fue el que lo impulsó a extender la intervención al nuevo condominio con fecha 30 de mayo del año en curso -que luego fue prorrogada por seis meses-y a disponer el desplazamiento de sus autoridades, ya que los bienes que lo conformaban integraban el acervo hereditario.

Expresó que el comportamiento obstructivo que atribuía a Manzanares se ubicaba al final de ese derrotero, y consistía en haber instruido a uno de los locatarios para que abonara los alquileres en una cuenta a nombre de Carlos Alberto Sancho, a pesar de encontrarse notificado de la intervención judicial del condominio y su prórroga. Esa directiva se habría materializado a través de la suscripción de una nota con fecha 7 de junio de este año.

Con ese accionar, destacó el a quo, el contador había derivado dinero a cuentas ajenas al condominio, eludiendo de esa manera la medida cautelar impuesta, extremo que permitía avizorar de su parte comportamientos semejantes en caso de resultar excarcelado, máxime cuando la investigación aún se encontraba en curso y restaban por producirse diversas medidas de prueba tendientes a esclarecer un hecho en el que el imputado había tenido un rol predominante.

Como corolario, indicó: “(...) al momento de disponer el procesamiento de Manzanares se estableció que un modo de llevar a cabo las maniobras de lavado de activos era a través de alquileres de las propiedades”.

“(...)Así, con la intervención se busca establecer todas las maniobras y que los encausados no sigan enriqueciéndose con los bienes de origen ilícito, lo cual fue entorpecido por Manzanares pues haciendo oídos sordos de lo ordenado continuó alquilando las propiedades y cobrando las locaciones”.

“(...)Por ello, es posible sostener, que el nombrado, atento a sus vínculos con los altos funcionarios de la Provincia en la que vive (...), donde se encuentran muchos de los bienes del condominio intervenido, de continuar en libertad podría seguir entorpeciendo el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad”.

Por los motivos reseñados, el Juez resolvió, en línea con la opinión del Ministerio Público Fiscal, rechazar la excarcelación de Víctor Alejandro Manzanares.

III. Agravios.

La defensa indicó en su escrito de apelación que la primera medida cautelar dictada con relación al “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner” tuvo lugar el 30 de mayo del corriente año, pero que previo a ello no existía ninguna restricción sobre las propiedades a él incorporadas, como tampoco impedimentos legales que alcanzaran la percepción del dinero derivado de sus alquileres, situación ésta que era conocida en el expediente desde mediados de enero de 2017.

A través de referencias teóricas, cuestionó la validez de la intervención judicial del condominio y la forma en que fue designada la interventora administradora Raquel Moyano. A su vez, hizo hincapié en la vaguedad e imprecisión de los alcances de esa medida cautelar, defectos que, desde su perspectiva, habrían incidido en el defectuoso desempeño de la nombrada.

En ese sentido, destacó que la interventora no tenía claro cuál era su función, no conocía a los inquilinos, no tenía contacto con ellos y tampoco con Manzanares, situación que condujo a este último a procurar que los locatarios de los inmuebles continuaran pagando los alquileres adeudados para así evitar perjuicios innecesarios para el condominio. Ese fue, a criterio del impugnante, el verdadero sentido de la nota de fecha 7 de junio de 2017, y no el que se le atribuía de manera tergiversada en el fallo puesto en crisis.

Continuó con su crítica expresando que el cobro de los alquileres de manera bancarizada y con la utilización de una cuenta perteneciente al apoderado de los copropietarios de los inmuebles resultaba incompatible con la hipótesis sobre la implementación de un by pass orientado a la sustracción del dinero de los alquileres.

Por otra parte, adujo que la actuación del condominio tuvo lugar a partir del mes de enero de este año, es decir, con posterioridad a la finalización de la supuesta actividad de la asociación ilícita que se investiga en el expediente principal, que fue temporalmente fijada en el día 14 de diciembre de 2016, según los propios términos del auto de procesamiento dictado por el Juez.

Finalmente, dijo que los bienes constitutivos del condominio tampoco podían ser vinculados con maniobras de lavado de activos, al no poder cuestionarse la licitud de su origen en función del momento de su adquisición por parte del ex Presidente Néstor Kirchner, y por haber sido investigados en tres procesos judiciales que culminaron con el dictado de sobreseimientos por inexistencia de delito, los cuales se encuentran firmes.

A partir de lo expuesto, tildó de ilegal la detención de su defendido y la atribuyó a una maniobra de persecución y hostigamiento.

Ya en esta instancia, se celebró el día 27 de julio del año en curso la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN, acto que se desarrolló a través de la modalidad de videoconferencia. En dicha ocasión, hizo uso de la palabra el imputado Manzanares, alojado en el Complejo Penitenciario Federal N°2 de Marcos Paz, para luego dar paso a la exposición de su abogado defensor, quien amplió los fundamentos que estructuraron el recurso de apelación y planteó, además, la nulidad del fallo por vicios en su fundamentación.

Finalmente, la Fiscalía de Cámara se expidió en punto al planteo de nulidad articulado por la defensa en el marco de la referida audiencia, considerando, en lo sustancial, que la objeción introducida no encontraría respaldo en las circunstancias de la causa y reflejaría, en definitiva, la no aceptación de los términos del resolutorio, extremo insuficiente para considerar inválido el pronunciamiento recurrido.

IV. Me abocaré, en primer término, a los cuestionamientos sobre la validez de la resolución impugnada que ha formulado las defensa y que se vinculan centralmente con supuestas deficiencias en su fundamentación y con su carácter arbitrario.

Al respecto, considero que esas objeciones, que encierran en definitiva un disenso con la cuestión de fondo decidida por el a quo, se exhiben insuficientes como para justificar la sanción procesal reclamada.

Ocurre que el juzgador ha expresado las razones de hecho y de derecho que lo condujeron a adoptar la decisión criticada, y se advierte, más allá de su acierto o error, la existencia de una conexión lógica entre la medida dispuesta y las premisas valoradas, lo que permite tener por satisfechas las exigencias de motivación que establece el art. 123 del CPPN.

Como señalé anteriormente, los argumentos vertidos por la defensa se refieren, en rigor de verdad, al mérito o contenido de dicha decisión, atacable por la vía que se ha intentado en el presente; encontrándonos, en consecuencia, frente a la absorción de la nulidad por la apelación, tal como lo apuntó el Fiscal General Germán Moldes al contestar la vista conferida (fs. 81/2).

Por lo demás, es preciso recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir supuestos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida ponderar al pronunciamiento de los jueces del proceso como la “sentencia fundada en ley” a que hace referencia nuestra Constitución Nacional (cfr. CSJN, Fallos 325: 3265; CFCP, Sala II, causa N° 1.416, reg. N° 1.826, rta. 2/2/98; y Sala III, causa N° 2.318, reg. N° 223, rta.: 2/5/00 citadas anteriormente por esta Sala en C.N° 46.206, reg. 176 del 08/03/12, entre otras).

V. Este Tribunal ha sostenido en materia de libertades que la Constitución Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria, atributo fundamental de todas las personas. De igual modo, ella impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme -art. 14 y 18 CN- (cfr. de esta Sala, causa n° 37.956, rta. el 14/7/05, reg n° 719; causa n° 41.976, rta. el 17/7/08, reg. n° 812 y causa 37.964, rta. el 8/9/05, reg. n° 703, entre otras).

Sin embargo, y así como no existen derechos absolutos, también estas libertades pueden verse relativizadas si se comprueba la existencia de causas objetivas que hicieren presumir al juez que la persona sometida a proceso criminal intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones judiciales.

Precisamente ese fue el criterio adoptado por el legislador en el artículo 280 del C.P.P.N., mediante el cual estableció los principios generales que deben observar todas las medidas de coerción, y en particular la restricción a la libertad personal, la cual sólo podrá ser coartada “en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley”.

Considero, a partir de los parámetros exegéticos señalados, que el Juez de la instancia anterior ha brindado en la resolución apelada razones suficientes y valederas para justificar el encierro preventivo de Víctor Alejandro Manzanares, razón por la cual votaré por homologar el rechazo del planteo de excarcelación formulado por su defensa.

Más allá de la amenaza de pena que nace de la significación jurídica de los hechos por los cuales el imputado ha sido procesado, entiendo que la cautela personal que se le ha impuesto proviene de la comprobación de un comportamiento que, en el contexto en el que se produjo, no puede dejar de ser interpretado como un accionar dirigido a obstruir los fines del proceso.

Me refiero con ello a la instrucción dada por Manzanares a los inquilinos de los inmuebles que componen el “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner”, para que transfirieran el monto de los alquileres adeudados a una cuenta bancaria a nombre de Carlos Alberto Sancho, no obstante conocer de manera efectiva que se encontraba vigente una intervención judicial sobre el mencionado condominio, que había sido ordenada por el Juez instructor en el marco de esta investigación.

La nota dice textualmente: “nos dirigimos a Uds., a los efectos de detallar los datos de la cuenta bancaria de la inmobiliaria Sancho, a los fines de que se transfiera a la misma los montos adeudados en concepto de alquileres del inmueble propiedad del Condominio Kirchner Máximo y Kirchner Florencia, en función a que el Banco Santa Cruz S.A. aún no ha efectuado la apertura de la cuenta bancaria solicitada. Dicha Inmobiliaria se encuentra debidamente autorizada para recibir los pagos en concepto de alquileres” (ver fs. 1956 del incidente N°13).

Ese proceder, a mi juicio, fue interpretado razonablemente por el Juez Bonadío en clave de riesgo procesal, ya que Manzanares se encuentra implicado, como Contador de Los Sauces SA y de la familia Kirchner, en una investigación que tiene, entre sus hipótesis centrales, precisamente la utilización del cobro de alquileres como engranaje dentro de una presunta actividad dirigida al lavado de activos de origen ilícito.

Por ende, considero que asiste razón al a quo cuando afirma que el imputado, al impartir una precisa directriz tendiente a lograr la percepción de los cánones locativos por fuera de la intervención judicial, demostró una clara postura negativa frente a los objetivos del proceso, ya que era más que evidente que el Juez, a través de dicha medida cautelar y con la designación de la Dra. Raquel Moyano como administradora del órgano, buscaba entre otros objetivos controlar la realización de ese tipo de operaciones para eventualmente asegurar su producido (arts. 23 y 305 del CP).

A su vez, entiendo que las explicaciones vertidas por la defensa, frente al marco de situación descripto, resultan insuficientes para demostrar la inocuidad del proceder cuestionado como factor de riesgo procesal.

Lo primero que debo señalar es que la crítica recursiva desliza una serie de cuestionamientos vinculados con la validez y procedencia de la intervención judicial ordenada por el Juez Bonadío y la forma en que fue designada la Dra. Raquel Moyano como interventora administradora. Incluso advierto que algunas objeciones se relacionan con circunstancias relativas a la cuestión de fondo discutida en el marco del expediente principal. Considero que no corresponde en esta oportunidad abordar dichos tópicos, en la medida que exceden con creces el estricto margen del presente incidente.

Ahora bien, el apelante señaló que Manzanares obró del modo cuestionado impulsado por la intención de evitar que se produjese un perjuicio para el condominio por la no percepción del dinero de los alquileres. Pero esa explicación, del modo que ha sido presentada, resulta por demás estéril para revertir la interpretación que el a quo ha hecho del comportamiento del encartado.

En efecto, más allá de la alegada intención, ante la existencia de constancias que demuestran que la medida cautelar que alcanzaba al condominio no podía ser desconocida por el Contador, es lógico que se haya catalogado su intencional actitud como riesgosa para el normal desarrollo del proceso (ver fs. 1727 y 1757 del incidente N°13 y recurso de apelación articulado por el Dr. Carlos Beraldi el día 6 de junio de 2017, en el marco del incidente N° 3732/2016/13/2/CA12 -fs. 3/5-, orientado a cuestionar la extensión de la intervención judicial al condominio).

Puede concluirse, entonces, que el causante intentó sortear de manera intencional los influjos de la medida precautoria dispuesta sobre el condominio, al articular un procedimiento para la percepción de los cánones locativos en una cuenta bancaria no alcanzada por el control de la administradora del órgano y del Magistrado instructor.

A su vez, la ausencia de una comunicación posterior por parte de Manzanares tendiente a poner en conocimiento de la situación tanto a la interventora como al Juez, refuerza la teoría sobre el carácter encubierto del medio escogido para la canalización de aquellos cobros.

Y si bien la defensa sostiene precisamente lo contrario, es decir, que el accionar de su asistido se desarrolló de un modo ostensible, lo cierto es que esa discusión para la solución del caso termina siendo irrelevante, por cuanto lo central en materia de riesgo procesal es la postura adoptada frente a una cautela jurisdiccional conocida y no el carácter idóneo o burdo del mecanismo empleado para sortearla.

En suma, la restricción preventiva de la libertad del imputado, como medio para asegurar los fines que persigue el presente proceso, luce en la actualidad proporcional y razonable a la luz de las circunstancias reseñadas por el Juez en el pronunciamiento impugnado, motivo por el cual voto por confirmar la decisión de rechazar el planteo de excarcelación formulado por la defensa.

El Dr. Leopoldo Bruglia dijo:

I) Sin perjuicio del estudio de admisibilidad de las medidas cautelares decretadas por el Juez de grado, que resulta ajeno al objeto del presente recurso y serán materia de análisis en otro incidente, surge de las actuaciones, que el a quo dispuso la intervención de varias sociedades relacionadas con los imputados y, en particular -a lo que hace a esta cuestión del condominio conformado por Máximo y Florencia Kirchner.

Conforme se desprende del fundamento del resolutorio originario, estas medidas tienen por objeto obtener las pruebas necesarias que permitan dilucidar la cuestión de fondo, impedir que se siga cometiendo algún ilícito relacionado con el objeto de imputación y asegurar aquellos bienes que podrían haberse y/o estar utilizado para la comisión de los hechos, como así también el producto o provecho de los mismos, para que se mantengan -por el momento- inalterables.

El magistrado interviniente, encuadró legalmente estas cautelares en los arts. 23 y 305 del Código Penal de la Nación que regulan el instituto del decomiso y, entre otras cuestiones, la preservación de los bienes y sus frutos para hacerlo efectivo y no tornarlo ilusorio.

Entiendo que por las particularidades que revisten los tipos penales en los cuales -conforme lo estableció el Juez- podría encuadrarse el accionar reprochado a las personas que se encuentran imputadas en autos, sería de aplicación -en caso de recaer condena- la sanción de decomiso sobre los bienes que hayan sido el instrumento, provecho o efectos de ese accionar ilícito.

Cabe señalar que el a quo circunscribió las conductas que los imputados en autos habrían llevado a cabo en el marco de esta causa, tanto en el auto que decreta las intervenciones referenciadas: “...maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones juradas de la sociedad, falsificación de documentos públicos, entre otras”, como así también en el respectivo auto de procesamiento -en particular con relación al apelante-: “...Víctor Alejandro Manzanares...autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de organizador, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (arts. 45, 55, 210 segundo párrafo, 303 inc. 1, 2, todos del Código Penal de la Nación)”.

Sin perjuicio del grado de provisionalidad que revisten los resolutorios citados, en virtud de hallarse pendientes de tratamiento las apelaciones interpuestas con relación a estas cuestiones, corresponde subsumir el análisis de la materia traída a estudio a este marco jurídico, que limita el objeto de imputación y los fines tenidos en cuenta por el magistrado interviniente para el dictado de las medidas cautelares.

II) a. Ahora bien, específicamente respecto a la excarcelación solicitada por Víctor Alejandro Manzanares, en primer lugar, respecto a las nulidades introducidas por su letrado, adhiero a lo expuesto en el voto del Dr. Ballestero.

b. En segundo término, considero que la resolución por la cual se agravia la defensa, reviste una motivación suficiente en los términos del art. 123 del CPPN y coincido con los fundamentos dados por el Juez en cuanto a la aparición de un riesgo procesal concreto que avala las razones que lo llevaron a adoptar la decisión que restringe la libertad de Manzanares. Por lo cual, corresponde confirmar el auto objeto de este recurso.

Sin perjuicio de ello, trataré los cuestionamientos formalizados por la parte y efectuaré algunas aclaraciones que entiendo adunan los fundamentos sostenidos por el a quo.

Cabe aclarar que, desistida que se tuvo la habilitación de la feria judicial y la abreviación de plazos solicitada oportunamente por el Dr. Beraldi, se llevó a cabo la audiencia prevista en el art. 454, donde fue escuchado tanto el letrado como el imputado, dejando constancia que si bien me encontraba en uso de licencia por vacaciones, he tomado conocimiento del contenido del respectivo audio de grabación.

A los efectos de analizar la procedencia del beneficio peticionado por Manzanares, se debe evaluar si se ha o no acreditado algún accionar por parte del nombrado que evidencie un riesgo procesal, circunscripto jurisprudencialmente a la posibilidad de eludir el accionar de la justicia o entorpecer de algún modo la investigación que se viene llevando a cabo.

Los riesgos procesales que pueden dar fundamentos a la detención del imputado en un proceso penal, no sólo son aquellos que relacionados con su imputación en la causa, sino que también debe ponderarse la actitud que éste adopta frente al proceso penal, relacionada con el entorpecimiento de la investigación o a la obstrucción a la acción de la justicia en cuanto a la debida concreción del derecho.

En virtud de ello, entiendo que cualquier maniobra desplegada por alguno de los imputados que tienda a evitar la concreción de la posible pena a aplicar en caso de recaer condena, ya sea la principal (prisión) o la accesoria (decomiso), constituye un claro indicio de obstrucción del proceso penal y una innegable intención de impedir-esquivar el accionar de la justicia.

En este caso, advierto que la valoración efectuada en la resolución cuestionada, relacionada con el accionar llevado a cabo por Manzanares, constituye un riesgo procesal concreto que amerita la adopción de restringir su libertad a los efectos de resguardar el debido accionar de la justicia y evitar que el nombrado, continúe realizando conductas tendientes a sustraer del ámbito de esta jurisdicción los bienes y/o el provecho de los mismos que, eventualmente podrían ser objeto de decomiso en los términos previstos en los arts. 23 y 305 del Código Penal de la Nación.-

Ello es así, ya que de acuerdo a la hipótesis delictiva delineada por el juez instructor, tanto los bienes como los frutos producto de los mismos -en este caso específico el cobro de los alquileres de las propiedades que componen el condominio conformado por Máximo y Florencia Kirchner podrían constituir el objeto, instrumento y/o el producto de en un hecho delictivo.-

Manzanares ha desplegado un certero accionar teniente a que, el cobro de los alquileres de los bienes que integran el condominio conformado por Máximo y Florencia Kirchner, sean derivados a una esfera extraña, ajena al ámbito de estas actuaciones, burlando la medida cautelar dispuesta por el Juez. Ello, justamente con el único fin de evitar que esas rentas - que podrían resultar en principio los instrumentos para llevar a cabo el delito imputado- sean alcanzadas por la acción jurisdiccional.

Lo medular, que entiendo no admite cuestionamiento, es que Manzanares, por las razones que sean, resolvió adoptar una decisión, desestimando y transgrediendo las medidas -acertadas o no, pero vigentes- adoptadas por el juez de la causa donde se encuentra imputado, evidenciando esta conducta, un claro desapego a la justicia y a la aplicación de la ley, generando con su cuestionada actividad un importante riesgo procesal sobre objetos que eventualmente podrían ser materia de decomiso.-

III) Conforme surge de las constancias de autos, la interventora administradora de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner -designada por el a quo- informó en el expediente que, para el 31 de diciembre pasado no había alquileres que cobrar por parte de la sucesión, toda vez que Máximo y Florencia Kirchner conformaron un condominio con las propiedades heredadas y cedidas por su madre Cristina Elizabet Fernández.

En virtud de ello, y dado que los bienes eran los del acervo hereditario, con fecha 30 de mayo del corriente año el Juez de grado dispuso extender la intervención al condominio, desplazando a todas las autoridades del mismo (conf. fs. 1726 del incidente Nro. 13).

Con posterioridad al dictado de dicha medida cautelar, el a quo se anoticia que el procesado Manzanares, el 7 de junio del corriente año, invocando representar al condominio, indicó a los inquilinos que debían efectuar el pago de los alquileres en una cuenta a nombre de Carlos Alberto Sancho (fs. 1956 del incidente Nro. 13), cuando su representante legal en esta causa ya estaba en conocimiento de la extensión de la intervención y, por ende, el propio imputado no puede aducir ignorarlo.-

Esta última circunstancia -cuestionada por la defensa sin advertir su responsabilidad de mandatario- se corrobora en las fs. 1727 y 1757 del incidente Nro. 13, donde se encuentra la constancia de diligenciamiento de cédulas, en el Incidente de Apelación Nro. 3732/2016/13/2/CA12, radicado en esta Sala, en el cual se halla agregado el escrito de apelación respecto a la intervención del condominio, suscripto por el Dr. Beraldi, que registra fecha de presentación 6 de junio del corriente año, es decir un día antes de que Manzanares emitiera la comunicación referenciada y, en los dichos del propio imputado, quien en la audiencia (art. 454) nunca refirió que desconocía la medida cautelar.

IV) Esta maniobra desplegada por el imputado establece un claro y certero riesgo procesal en el sentido ya señalado, que impone la necesidad de mantener la restricción a su libertad.

Si lo hizo en forma autónoma, por consejos de terceros o respondiendo a instrucciones de otros supuestos interesados, es una cuestión aún no aclarada, pero que en absoluto -de lo advertido hasta el momento- lo eximen de su responsabilidad en el accionar.

V) Seguidamente trataré los agravios expuestos por el Dr. Carlos Alberto Beraldi, los cuales algunos ya han sido contestados precedentemente.

El letrado cuestionó que los bienes que integran el condominio ya fueron investigados en las causas donde se trató el enriquecimiento ilícito del matrimonio Fernández-Kirchner, que culminaron con el dictado de sus respectivos sobreseimientos y, por lo tanto a su criterio, nunca podrían ser considerados como provenientes de un origen ilícito.

Al respecto, sólo señalaré que, en el supuesto que las propiedades en cuestión provengan de un origen lícito, no las exime de ser pasibles de ejecución ante una eventual pena de decomiso. Ello, en atención a que el objeto de imputación prevé un perjuicio establecido en un importante monto económico, cuya eventual confiscación podía efectivizarse sobre cualquier bien, tanto de origen lícito o ilícito, teniendo en consideración el carácter fungible que revisten naturalmente las sumas dinerarias. (Conf. sentencia en Causa Nro. 248 “ALSOGARAY, María Julia s/ enriquecimiento ilícito” -TOF 4- en la que intervine conformando el voto mayoritario).

Pero sin entrar en una análisis profundo de esta cuestión que excedería esta incidencia, sin duda -como ya lo señalé- tanto estos bienes (sin perjuicio de la licitud o no de su adquisición) como el provecho obtenido de los mismos, podrían constituir los instrumentos utilizados para la maniobra de lavar activos, delito por el cual Manzanares y sus consortes de causa se encuentra imputados, e integrar por ello la posible pena accesoria.

Manzanares y su defensa explicaron los motivos por los cuales, el primero, llevó a cabo la conducta que hoy provoca su detención y, criticaron la actuación de la interventora designada en el condominio -tema objeto de otra incidencia-, explicaciones éstas que no logran revertir la certeza de la creación de un riesgo procesal, evidenciado y provocado cuando el imputado emitió la comunicación a los inquilinos para que efectuaran los pagos a una cuenta bancaria no abarcada por medidas cautelares, esquivando de esta manera el accionar de la justicia.

Si su intención hubiere sido asegurar la continuación del cobro de las rentas y no entorpecer la acción de la justicia, su debida actuación debería haber estado dirigida a poner en conocimiento de ello a la interventora y/o al Juez y no generar con su actividad un manejo autónomo de esas sumas dinerarias, por afuera del ámbito específicamente ceñido por el juez, burlando así su accionar.-

También el Dr. Beraldi criticó la continuidad de la intervención del a quo en estas actuaciones, en las cuales ya se ha declarado incompetente.

Sin perjuicio que el letrado, sobre este tema no ha efectuado ningún pedido concreto, el Dr. Bonadio en el mismo resolutorio donde dictó el auto de procesamiento de los respectivos imputados, ha declarado su incompetencia para continuar interviniendo en estas actuaciones, supeditando dicha decisión a la firmeza del citado auto de mérito.

Si bien ese condicionamiento a la confirmación del auto de procesamiento podría ser cuestionado, cierto es que el punto específico del resolutorio de la declaración de incompetencia citada no ha adquirido firmeza, ya que fue recurrida por al menos una de las partes (fs. 4051/4062vta. del principal) quedando esta cuestión pendiente de ser tratada en esta instancia, circunstancia que impide al Juez de grado efectivizar la remisión de las actuaciones al Juzgado que estima competente.

En cuanto a los agravios relacionados con la intervención del condominio y con la actuación de la licenciada Raquel Moyano -como ya lo señalé en el punto I-, esta cuestión resulta ajena a este recurso.

Por otra parte, la circunstancia de que los cobros de los alquileres hayan sido bancarizados, no diluye el riesgo procesal que significó la maniobra en cuestión, ya que fueron destinados a una cuenta ajena al ámbito cautelado en el proceso y -reitero- en franca trasgresión a la manda judicial relacionada con la intervención dispuesta.

Además de ello, el abogado parcializa los objetivos tenidos en miras por el a quo al disponer las intervenciones respectivas, remitiéndome en este sentido a lo ya expuesto en este voto.

VI) Sin perjuicio de ello queda claro que, en estas actuaciones donde el Juez había dispuesto la intervención del condominio, ha quedado vedado -a partir de ese momento- toda actuación por parte de los administradores del mismo y/o de terceros.-

En este escenario, el contador Manzanares nunca podía suponer que la maniobra de desvío de los pagos de los alquileres constituía una potestad que se hallaba en su cargo y, mucho menos, que con ello, no provocaba un entorpecimiento en la actuación de la justicia.

Contrario a lo sostenido por el Dr. Beraldi, como ya lo señalé, consideró que la conducta de Manzanares no fue razonable ya que, hallándose intervenido el condominio, debió -en todo caso- si advertía una situación que ameritaba adoptar alguna medida, ponerla en conocimiento de la interventora o del Juez, quienes serían los encargados de decidir al respecto. Así debía proceder, conforme su nivel de instrucción, capacitación personal y cargos especializados desempeñados -especialmente el de síndico- (conforme él mismo detallara en la audiencia).-

Conocía entonces que el Juez había dictado medidas cautelares, que había designado interventor y que a partir de ese momento no podían disponerse ni administrarse fondos por circuitos externos a esas autoridades. Nadie con mediana capacitación podría pensar lo contrario. Su decisión de desviar los fondos del ámbito de la intervención especialmente designada por el Juez, demuestra -por el momento- una actividad de riesgo procesal elevado que amerita la confirmación del temperamento adoptado por el magistrado de grado.-

Por lo expuesto, corresponde señalar que se encuentran dados en el caso los presupuestos que permiten suponer que, de concederse la libertad solicitada, el nombrado podría continuar entorpeciendo el accionar de la justicia y las medidas cautelares que al momento se encuentran vigentes, poniendo con ello en riesgo la concreción del derecho, plasmada eventualmente en una posible condena de pena accesoria de decomiso (arts. 23 y 305 CP).-

VII) Corresponde, como consecuencia de lo aquí señalado, confirmar la resolución adoptada por el Juez de grado, por el cual rechaza el beneficio excarcelatorio solicitado por Víctor Alejandro Manzanares.

El Dr. Eduardo R. Freiler dijo:

I. Contrariamente a lo opinado por mis colegas, considero que no existen razones objetivas que justifiquen el encarcelamiento preventivo de Víctor Alejandro Manzanares, y a la par de ello, advierto que el fallo puesto en crisis no sólo fracasa en el intento por demostrarlas, sino que además contiene vicios de fundamentación que incluso impiden considerarlo un pronunciamiento jurisdiccional válido (art. 123 del CPPN).

II. En reiteradas ocasiones he procurado poner énfasis en el carácter excepcional que revisten las medidas cautelares, en tanto implican la restricción de derechos de raigambre constitucional con anterioridad al dictado de una sentencia.

Así, en el precedente “García” expuse que “...el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional establece que ‘Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso'. Es por ello que las decisiones cuya consecuencia es la limitación del ejercicio de derechos, cuando son dictadas durante el trámite de un proceso penal, resultan excepcionales, debiendo aplicarse un criterio restrictivo, aventando así todo riesgo de que aquellas se conviertan en una pena anticipada” (c/n° 45.987, “García, Alberto Marcelo”, rto. 24/11/11, reg. n° 1342, el destacado no está en el original).

En tal ocasión señalé también que su dictado en el marco de un proceso en trámite debía efectuarse con suma prudencia pues “...las medidas cautelares consisten, en esencia, en restricciones de derechos fundamentales, constitucionalmente reconocidos -ya sea la libertad ambulatoria, en el caso de las medidas de cautela personal, o bien la propiedad, cuando se trata de cautelas reales-, y la regla general que rige en la materia impone que la privación de tales derechos sea consecuencia de una sentencia”, para luego explicitar que “... como es sabido, los derechos pueden ser objeto de determinadas restricciones o limitaciones, en los casos y de acuerdo a las condiciones establecidas expresamente por las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 C.N.)”.

Es la naturaleza de las medidas cautelares y la finalidad específica que ellas persiguen lo que explica la necesidad de tolerar, en ciertos casos, tales restricciones anticipadas.

Ahora bien, en el presente caso se discute la procedencia de una medida de coerción de extrema gravedad como la restricción de la libertad ambulatoria de una persona, por lo cual la tarea debe concentrarse en la rigurosa verificación de causales objetivas y comprobables que resulten indicativas de la existencia de riesgo para los fines del proceso, esto es, el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (arts. 280 y 319 del CPPN).

III. En el fallo recurrido, el Juez Bonadío ha concentrado sus esfuerzos en demostrar que Manzanares, al instruir a los inquilinos de los inmuebles que componen el “Condominio Máximo y Florencia Kirchner” para que abonaran los cánones debidos en la cuenta personal de Carlos Alberto Sancho, tuvo la intención de frustrar los objetivos que llevaron a imponer la intervención judicial de ese órgano, a partir de lo cual dedujo que la libertad del Contador constituía un riesgo cierto para el normal desarrollo de la investigación.

Sin embargo, a partir de los motivos que han sido expuestos en el pronunciamiento, entiendo que el Juez ha arribado a esa conclusión de manera arbitraria, edificando su razonamiento con la acumulación de afirmaciones falsas y utilizando como peldaños premisas inconexas y un criterio de interpretación sumamente forzado, vicios éstos que se contraponen, claro está, con la restringida exégesis que debe primar en materia de excarcelación.

Veamos,

Al comenzar su desarrollo argumental, el Magistrado dejó entrever que detrás de la creación del condominio subyació la intención de extraer los bienes del juicio sucesorio que eran administrados por Máximo Kirchner. Sin embargo, a pesar de la clara connotación negativa que le imprimió a tal aseveración - que podría leerse, según los propios términos del fallo, como un intento de vaciamiento-, termina por reconocer, párrafo seguido, la legalidad de dicha conformación por haber sido efectivizada con posterioridad a la declaratoria de herederos.

La contradicción es palmaria e incomprensible.

Pero más allá de ello, la sospecha sembrada por el Juez logra ser disipada a través del simple ejercicio de observar algunas de las presentaciones que en el expediente efectuó la Licenciada Raquel Josefina Moyano, designada como interventora administradora del condominio.

En la primera que considero relevante, que corresponde al día 10 de febrero de este año, la nombrada señaló: “El trámite sucesorio está prácticamente concluido y la declaratoria de herederos y cesión de derechos de Cristina Fernández a favor de sus hijos fue inscripta en el registro de la propiedad inmueble tal como resulta de los informes de dominio obrantes en la documentación reservada en Secretaría del Juzgado. Los inmuebles están ya inscriptos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner y es muy probable que también esté registrada la declaratoria de herederos y cesión en libros de accionistas de las sociedades de lo que podrán informar los interventores designados en las mismas. Así las cosas no hay razón alguna para que se mantuviera la administración de los bienes a través de la sucesión y que los dueños de los mismos no la ejercieran en forma directa” (ver fs. 359/60, el resaltado me pertenece).

Por otro lado, en la presentación del día 17 de mayo del corriente año, la administradora expresó en ese mismo sentido: “(...)inmediatamente de asumir informé a V.S. que en realidad nada había para administrar en la sucesión de Néstor Carlos Kirchner ya que se había perfeccionado el traspaso del dominio a favor de los herederos y cesionarios de los herederos, que percibían directamente las rentas y alquileres por lo que la sucesión carecía de ingresos y los fondos depositados a su nombre estaban inmovilizados por orden judicial” (ver fs. 1656 vta., el resaltado me pertenece).

De este modo, queda demostrado que la hipótesis sobre un intento de vaciamiento de la sucesión carece de apoyatura en las constancias objetivas que componen el legajo.

La inconsistencia de la sospecha deslizada por el juzgador, sumado a la contradicción interna que en ese aspecto exhibe el pronunciamiento, dan cuerpo a los primeros vicios de fundamentación que, por su relevancia, no pueden pasar inadvertidos, en tanto constituyeron el punto de partida del arbitrario razonamiento que, finalmente, sirvió para justificar la detención preventiva del imputado.

En párrafos siguientes, el Juez recuerda que la intervención judicial de la sucesión fue trasladada al condominio con fecha 30 de mayo de 2017, que posteriormente fue prorrogada, y que “El procesado Manzanares, el día 7 de junio del corriente año, invocando representar al condominio, indica que se paguen los alquileres en una cuenta a nombre de Carlos Alberto Sancho (...), cuando el nombrado estaba notificado de la intervención y su prórroga (fs. 1727 y 1757 del inc. 13)”. A partir de ello, dedujo: “Lo expuesto ha dejado en evidencia que el encausado obstruyó la labor de la justicia pues sabiendo de la intervención celebró contratos de alquileres de propiedades y derivó dinero a cuentas ajenas al condominio que alega ilegítimamente representar”.

Se colige de lo expuesto que el Magistrado consideró determinantes, a los efectos de atribuirle carácter obstructivo al accionar de Manzanares y justificar el rechazo de su excarcelación, dos circunstancias puntuales que, tal como lo señaló la defensa en el marco de esta incidencia, son falsas.

En primer lugar, no existe ningún elemento de juicio que permita sostener que el encartado celebró contratos de alquiler, y el a quo no identifica en su resolución cuáles habrían sido esas operaciones, a pesar de haberle otorgado a esa circunstancia una singular importancia al momento de considerar configurado el cuadro de riesgo procesal.

A su vez, constituye una tergiversación de la realidad el otro pilar utilizado como sostén de su argumentación, esto es, la afirmación de que los cánones locativos han sido derivados por el Contador a una cuenta de una persona ajena al condominio. Sobre este tópico en particular, no puede desconocerse que el titular de la cuenta de destino, lejos de resultar un tercero desconocido o ajeno al órgano, resulta ser el legítimo apoderado de los copropietarios de los inmuebles alquilados, y este extremo resulta vital por cuanto se contrapone con la hipótesis central del fallo impugnado, que paradójicamente gira en torno al carácter encubierto del mecanismo que habría ideado Manzanares para supuestamente lograr la sustracción del dinero de los alquileres de la órbita de la intervención judicial.

En este punto, es preciso detenernos en las explicaciones vertidas por la defensa dirigidas a negar, en línea con lo dicho precedentemente, el carácter subrepticio del comportamiento objetado al imputado. Para ello, debemos focalizarnos en el contexto que sirvió de marco a tal accionar, cuestión que ha sido totalmente soslayada por el a quo al denegar el pedido de excarcelación.

A través de una presentación de fecha 8 de junio del año en curso, es decir, el día posterior a la confección de la nota por parte de Manzanares, la Licenciada Raquel Josefina Moyano requirió al Juez que aclarara una serie de cuestiones vinculadas con su función como administradora de la intervención judicial del “Condominio Máximo Carlos Kircher y Florencia Kirchner”.

Los interrogantes que planteó en esa ocasión fueron los siguientes: “(...)1. Si el embargo que oportunamente se decretó respecto de los fondos de las cuentas y de los herederos de la sucesión de Néstor Kirchner se deben hacer extensivos a los fondos que se recauden de los inquilinos de los inmuebles del condominio. 2. Si como administradora del mismo quedará a mi cargo la confección de las presentaciones impositivas pertinentes y el pago de las mismas, en el supuesto de que los fondos recaudados no se encuentren trabados por medida de embargo u otra cautela que restrinja su utilización (...)” (ver fs. 1751/2 del incidente N°13).

Las inquietudes plasmadas por la propia administradora permiten ubicarnos en el estado de situación reinante al tiempo de desarrollarse el comportamiento cuestionado a Manzanares. Es evidente que la Licenciada Moyano desconocía en ese momento los detalles puntuales de las funciones que le habían sido asignadas, ignoraba los precisos alcances y objetivos de la intervención judicial y no tenía contacto ni con los inquilinos ni con el Contador. La nota citada resulta, en ese sentido, elocuente.

Al mismo tiempo, existían cánones locativos pendientes de pago en favor del condominio y no se contaba con una cuenta que permitiera su percepción. En ese contexto, se explica la actitud asumida por Manzanares con el objetivo de facilitar a los locatarios la cancelación de sus obligaciones y evitar un innecesario perjuicio para el órgano.

No advierto ninguna razón sensata para interpretar el proceder descripto como un intento malicioso por burlar el control jurisdiccional derivado de la intervención, máxime frente al carácter ostensible y burdo del mecanismo escogido, aspectos que, a mi modo de ver, convierten a la hipótesis de desvío de fondos en irrisoria.

A pesar de ello, el juzgador encontró en ese accionar un motivo lo suficientemente contundente como para disponer una medida preventiva de extrema gravedad, la más lesiva para los derechos del individuo, sin examinar siquiera la posibilidad de echar mano previamente a otras herramientas alternativas que se encontraban a su alcance para solucionar el conflicto, como cursar una simple intimación para que los alquileres percibidos fuesen informados y puestos a disposición de la jurisdicción.

Pero aquí es preciso detenernos en una cuestión que puede ser considerada la más alarmante.

Por las razones que apunté anteriormente, el trabajo de la licenciada Moyano ha sido uno de los principales blancos de la crítica defensista, que procuró desnudar la falta de comprensión de la nombrada de las funciones que le fueron encomendadas y, en definitiva, un mal desempeño en su tarea como administradora.

Los cuestionamientos a la gestión de la nombrada incluso se extendieron a su actuación en el marco de la intervención judicial de la sucesión de Néstor Kirchner, ordenada también por el Juez Bonadío. Así, en los expedientes 3732/16/9/CA2 y 3732/16/13/1/CA11 han sido comunicados ciertos conflictos producidos por su pasividad frente a determinados requerimientos efectuados por la AFIP en materia impositiva, con la consecuente generación de perjuicios concretos para los herederos. Esa situación, junto con otras de similar tenor, dieron motivo a la formulación de una denuncia penal en su contra, que actualmente se halla radicada en el Juzgado N° 4 de este fuero.

Ahora bien. Lo cierto es que la alegada desorientación de la administradora en la tarea por comprender sus funciones específicas no puede ser desconectada del alto grado de imprecisión con el que fueron ordenadas las medidas cautelares por parte del Juez Bonadío.

En efecto, nótese que tanto la intervención judicial del proceso sucesorio como su extensión al condominio “Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner” tienen en su génesis los mismos defectos de indeterminación y vaguedad, los cuales terminaron por impregnar la actuación de la licenciada Moyano. Esto permite inferir que ni siquiera el Magistrado que ordenó tales diligencias preventivas supo, a ciencia cierta, cuáles eran los alcances específicos que quería imprimirles.

Por estos motivos, puede concluirse que en la actualidad Víctor Alejandro Manzanares, en su calidad de imputado procesado, se encuentra privado de su libertad ambulatoria desde mediados del mes de julio por supuestamente haber eludido de manera intencional una medida cautelar cuyos alcances y objetivos eran lisa y llanamente ignorados tanto por la persona designada para su administración como por el propio Juez que la dispuso, lo que cristaliza una paradoja que considero inconcebible desde todo punto de vista.

Dicho ello, corresponde ingresar nuevamente en el análisis de los restantes vicios de motivación que el fallo del Magistrado exhibe.

En otro de los pasajes de su pronunciamiento, el a quo se limitó a mencionar de manera genérica que la excarcelación del encartado no resultaba procedente en pos de la protección de los fines del proceso, frente a “la existencia de medidas en trámite y otras por realizarse, en virtud de la totalidad de la documentación reservada y los informes en trámite”. No obstante, omitió especificar de qué modo podría imputado poner en riesgo el resultado de esas diligencias en caso de recobrar la libertad y tampoco por qué razón su éxito no podría ser asegurado a través de instrumentos menos lesivos para sus derechos, ignorándose por completo el criterio de proporcionalidad que impera en materia cautelar (CCCF, Sala I,CFP 7186/2014/11/CA7, rta. 21/01/15, entre muchas otras).

Tampoco fueron materia de evaluación las condiciones personales del Contador y la actitud positiva y de colaboración que ha asumido a lo largo de este proceso, cuando la ponderación de esos antecedentes resulta un paso ineludible en el examen concerniente a la verificación del cuadro de riesgo procesal y la procedencia de una medida preventiva de ultima ratio, como la restricción de la libertad de una persona.

De este modo, al cúmulo de afirmaciones desprovistas de anclaje objetivo y contradicciones intrínsecas, se adiciona en el pronunciamiento la omisión de cuestiones relevantes para la solución del tópico discutido y una interpretación antojadiza del comportamiento asumido por Manzanares en términos de riesgo procesal, dando lugar, al menos y por el momento, a la configuración de una decisión jurisdiccional arbitraria (C.S.J.N., Fallos, 318:634, 228:161, 235:156, 233:147, entre muchos otros).

Por las razones expuestas hasta aquí, y frente a los graves defectos de motivación detectados, voto por declarar la nulidad de la resolución impugnada y por apartar al Magistrado del entendimiento de las actuaciones, conforme lo autoriza expresamente el art. 173 del CPPN.

En virtud del Acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE:

CONFIRMAR el pronunciamiento impugnado, que resuelve rechazar el planteo de excarcelación formulado por la defensa de Víctor Alejandro Manzanares.

Regístrese, notifíquese conforme lo dispuesto por las acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hágase saber a la Secretaría de Comunicación Pública y Gobierno Abierto (Acordada 42/15 de la C.S.J.N.) y devuélvase a la anterior instancia.

 

Dr. Jorge L. Ballestero

Dr. Leopoldo Bruglia

Dr. Eduardo Freiler (en disidencia)

Ante mi: Darío A. Pozzi

 

 

 

019961E