Cobro De Pesos Facturas Por Prestaciones Medicas Negativa Al Pago Por Servicio Deficiente Carga De La Prueba

JURISPRUDENCIA

Cobro de pesos. Facturas por prestaciones médicas. Negativa al pago por servicio deficiente. Carga de la prueba

 

Se mantiene el fallo que hizo lugar a la demanda por cobro de pesos correspondientes a la atención hospitalaria que la actora adujo haber brindado a una paciente afiliada a la obra social de la demandada, pues esta última no acreditó que el deceso de la paciente se hubiera producido debido a una mala praxis médica, causal invocada para no abonar las prestaciones médicas facturadas.

 

 

En Buenos Aires, a los 19 días de octubre de 2017, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “ACTIVIDAD MÉDICA S.A. c/ WELL BEING S.A. s/ ORDINARIO”, registro n° 7932/2012, procedente del Juzgado N° 13 del fuero (Secretaría N° 25), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Garibotto, Heredia y Vassallo.

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 167/170?

El Señor Juez de Cámara, doctor Juan Roberto Garibotto dijo:

I. La Litis y la sentencia de primera instancia.

i. Los hechos y el derecho en que las partes sustentaron las posturas que asumieron aparecen suficientemente relacionados en la sentencia.

Alcanza, pues, con mencionar que la actora, Actividad Médica S.A., demandó a Well Being S.A. por cobro de $ 88.351,31 correspondientes a la atención hospitalaria que adujo haber brindado al paciente C. P., afiliado a la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica; que con ese objeto, remitió a aquélla una factura con detalle de las prácticas suministradas al asistido, y que recibida por la demandada que dijo gerenciar, administrar y otorgar prestaciones médico asistenciales, no la sufragó, por considerar que la prestación médica de que se trata fue “penosa y harto reprochable” y provocó el deceso del paciente.

ii. El primer sentenciante, que iuria novit curia encuadró el planteo defensivo como excepción de incumplimiento, hizo lugar a la demanda y, por ende, condenó a Well Being S.A. a pagar a la actora la suma de mención con más intereses que mandó calcular desde la fecha de vencimiento de la factura, y las costas del proceso.

Así lo juzgó, basado en la norma del art. 1145 del Código Civil y Comercial (antes 474 del Código de Comercio), en la ausencia de impugnación de ese papel de comercio por parte de la defendida, y en el resultado de la pericia contable en la que el experto halló asentada en el Libro IVA Ventas n° 2 de la actora la susodicha factura y registrado su importe en el Libro de Inventario y Balances n° 1.

A ello el señor juez añadió que la defensa nada demostró de cuanto ofreció probar, señaló que Well Being S.A. había sido declarada negligente en la producción de la prueba pericial médica y que no puso a disposición del perito en contabilidad sus propios libros mercantiles.

Sustentado en todo ello el a quo se pronunció.

II. El recurso.

La sentencia fue recurrida por la demandada (fs. 172), quien expresó los agravios de fs. 178/181, que merecieron la respuesta de Actividad Médica S.A. de fs. 183/186.

Tres son las quejas que Well Being S.A. expresó.

i. La primera fincó sobre dos extremos.

Basada en la norma del art. 386 del Código Procesal sostuvo la apelante que el sentenciante desconoció por completo la prueba que su parte produjo, hizo especial mención de lo declarado por una testigo -Sonia Inés Flores- y afirmó que de tal modo demostró el incumplimiento en que la actora incurrió, por cuanto fue su obrar negligente lo que provocó el fallecimiento del paciente.

Y criticó la valoración que de la pericia contable fue realizada en la sentencia; afirmó que según fue peritado resulta claro que la deuda reclamada no es atribuible a su parte sino a la Unión Obrera Metalúrgica, y con ese sustento sostuvo que más allá de que ninguna excepción de falta de legitimación pasiva fue interpuesta cupo que el juzgador examinara de oficio ese mismo asunto y le absolviera.

ii. Cuestionó la sentencia que mandó liquidar los intereses a la tasa activa que utiliza el Banco de la Nación Argentina, que tachó de arbitraria y violatoria de lo dispuesto por la ley 25.561.

iii. Se agravió, en fin, por haberle sido impuestas las costas derivadas del litigio.

III. La solución.

Varias son las razones en virtud de las cuales, a mi juicio, el recurso no debe prosperar.

Veamos.

i. La legitimación es la idoneidad de la persona para realizar un acto jurídico eficaz, inferida en su posición respecto del acto, diferenciándose de la capacidad en tanto ésta expresa una aptitud intrínseca del sujeto, mientras que aquélla se refiere directamente a la relación jurídica y sólo a través de ella a los sujetos (cfr. Morello-Sosa Berizonce, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados”, La Plata, 1970, tº. IV, pág. 334; también Alsina, en “Derecho Procesal, Buenos Aires, 1956, t°. I, págs. 388/393; Palacio, en “La excepción de falta de legitimación manifiesta para obrar”, publ. en “Revista Argentina de Derecho Procesal” n° 1, Buenos Aires, 1960, pág. 168).

Así, aún en el caso que no hubiera sido opuesta la excepción de falta de legitimación cual en este caso acaeció, los jueces pueden declarar en la sentencia definitiva la inexistencia de legitimidad para obrar porque de no aceptarse este temperamento, podría llegarse a la ilógica situación de que el magistrado, advirtiendo la carencia de legitimación de la parte dictara de todos modos, so pretexto de una suerte de preclusión, una sentencia inútil, en la medida en que no sería ejecutable por o contra quien, sin ser parte en la relación substancial, figuró como tal en el pleito, lo que es inadmisible por violación al principio de defensa y del debido proceso (esta Sala, “Azzi, María Marcela c/ Cramptel S.A.”, 1.11.16; íd., “Caran Automotores S.A. c/ Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A.”, 14.2.17; íd., “Alba Jet S.A. c/ Constantino D. Tisi y Hno. S.A.”, 7.3.17).

En cuanto a esto, entonces, asiste razón a la quejosa.

Mas sólo en esto le asiste.

(i) Porque los precisos términos con que Well Being S.A. respondió la demanda no dejan duda alguna en cuanto a que ella se halló pasivamente legitimada: en lo que sobre este asunto interesa destacar, el letrado apoderado de esa parte dijo en esa oportunidad “...mi mandante debió contratar al ‘Sanatorio Ateneo', de propiedad de la firma Actividad Médica, a fin de que fuera esa entidad médica y sus profesionales los que llevaran adelante...” la intervención quirúrgica que se practicó al paciente P. (fs. 35, capítulo IV., 3° párrafo); poco después adujo que “...mi mandante solicitó la prestación de los servicios de la parte actora.” (fs. 37, párrafo 1°); e inmediatamente afirmó que “...la prestación médica brindada por Actividad Médica de ningún modo fue ejecutada en el modo en que las partes de marras lo habían pactado.” (misma foja, párrafo siguiente).

Indudable, entonces, resulta que Well Being S.A., en su carácter de gerenciadora, administradora y otorgante de prestaciones médico asistenciales para entidades estatales, privadas y obras sociales según así lo invocó cuando contestó la demanda (fs. 35, capítulo IV., primer párrafo) fue quien contrató con Actividad Médica S.A. la prestación de que da cuenta la factura sobre cuya base ésta demandó.

Y a ese claro y expreso reconocimiento por parte de la demandada de haber sido ella quien contrató la mencionada prestación médica se suma que, dado que lo que la defensa interpuso fue la exceptio non adimpleti contractus (así lo señaló la sentencia que iuria novit curia encuadró la defensa en esa figura sin que tal cosa hubiere sido recurrida) implicó admitir, por lógica consecuencia, que la prestación fue efectivamente brindada por Actividad Médica S.A. porque, de lo contrario, nada podría haberse “excepcionado”.

(ii) Se desmorona de tal modo lo que sobre el asunto concerniente a la falta de legitimación pasiva sostuvo la recurrente en la segunda parte del primero de los agravios que expresó.

Porque el hecho de que en el Libro Inventario y Balances llevado por Actividad Médica S.A. se hubiere registrado como deudora del crédito a la Unión Obrera Metalúrgica (pericia contable, fs. 152 vta., 4° párrafo) no alcanza para decidir que Well Being S.A. careció de legitimación.

Esa novedosa argumentación ensayada por la defensa recién ante esta Alzada, que basó precisamente en lo que se desprende del referido asiento contable, es insuficiente para torcer la suerte de la apelación (i) porque nada demuestra que hubiere sido aquel sindicato quien contrató con la actora la prestación que fue brindada a su afiliado C. P.; y (ii) porque evidente es, y así lo explicó la actora al tiempo en que alegó de bien probado (v. fs. 162 vta., 4° párrafo), que el asiento en cuestión fue producto de un error en que incurrió quien lo confeccionó.

Es todo esto lo que deja sin sustento la articulación de que trato.

Porque frente a tal panorama, la actual negación de lo que antes admitió la defensa implica tanto como receptar un venire contra factum proprium, de suyo inadmisible por contravenir la buena fe que exige a las partes un comportamiento coherente y recíproca lealtad en las relaciones jurídicas, impidiendo que alguien pueda volver contra sus propios actos y pretender desconocer su propio obrar (art. 1198 Código Civil; ahora arts. 9 y 1067 del Cód. Civil y Comercial; esta Sala, “Cellular Time S.A. c/ Telefónica Móviles Argentina S.A.”, 3.11.16; íd., Teshima, Mariano c/ Caja de Seguros S.A.”, 18.5.17; íd., “Dispañal sociedad de hecho de Serral, Luis Alberto y Nasra, Sergio Omar c/ Cartonk S.A.”, 22.6.17).

En efecto: según la denominada “doctrina de los actos propios” nadie puede ir (o volver) válidamente, o lícita, o eficazmente, sobre (o contra) actos o conductas dirigidas voluntariamente en sentido contrario, so pena de infringir la regla moral impuesta por el ordenamiento jurídico para todo el derecho obligacional o, dicho en otros términos, el referido principio implica descalificar el obrar inconsecuente exteriorizado a través de una conducta contradictoria.

Es por todo lo dicho que en mi opinión, esta porción de lo recurrido es, según lo adelanté, improcedente.

ii. Como también lo es lo restante de lo que fue expresado en el primero de los agravios.

Puesto que el cuestionamiento que allí formuló la quejosa, que admitió que por ausencia de impugnación lo que fue facturado por Actividad Médica S.A. devino cuenta liquidada, se centró en la falta de valoración por el magistrado de la instancia anterior de un testimonio en virtud del cual, según lo afirmó Well Being S.A., quedó demostrado “que la actora incumplió su obligación, ya que no sólo el paciente falleció, sino que dicha muerte se produjo como resultado de un obrar negligente de la actora” (fs. 179, in capit).

(i) Es cierto que el testimonio que vertió Sonia Inés Flores en el curso de la audiencia de que da cuenta el acta de fs. 90/91 no fue ponderado en la sentencia.

Esa testigo, que dijo laborar en el Departamento de autorizaciones y auditoría médica y administrativa de Well Being S.A., declaró que por ser necesario efectuar al señor P., afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica, una cirugía cardiovascular, por hallarse en remodelación sus propios quirófanos el paciente fue derivado a Actividad Médica S.A. (respuesta a las 2° y 3° preguntas del interrogatorio de fs. 89); dijo que el enfermo falleció (respuesta a la 4° pregunta); explicó que recibida la factura enviada por la actora, “la auditoría médica fue realizada por la Dra. Mauro, que trabaja conmigo (con la testigo, se comprende) y fue quien me comentó que el paciente había fallecido” (respuesta a la 5° pregunta); y agregó que “... murió infectado, por una infección en la boca. Y lo operaron igual.”.

También es cierto que la parte actora no asistió a la audiencia ni cuestionó la idoneidad de la testigo.

Sin embargo, a mi juicio ese único testimonio no alcanza para considerar demostrado, con el grado de certeza que la cuestión requiere, que el deceso del paciente P. se produjo debido a una mala praxis médica.

Lo explico.

(ii) Cuando contestó la demanda, Well Being S.A. que sostuvo tal cosa como obstativa de su obligación de pagar el costo derivado del servicio médico brindado por la actora, dos cosas hizo: invocación mediante de la norma del art. 388 del Código Procesal pidió se intimara a Actividad Médica S.A. a incorporar al expediente la historia clínica correspondiente al señor P. (fs. 37 vta., capítulo V), y ofreció la producción de prueba pericial médica (misma foja, capítulo VI, apartado 2).

Empero, la requerida intimación no fue dispuesta ni en el curso de la audiencia prevista por el art. 360 del ritual ni luego, cuando en sendas oportunidades fue ordenada la producción de las pruebas ofertadas por los contendientes (fs. 68, 69 y 73).

Nunca Well Being S.A. pidió se salvara esa omisión, como tampoco nada hizo ella cuando, luego, la perito médica designada en las actuaciones solicitó la adjunción al expediente de la susodicha historia clínica (fs. 99; petición que fue hecha saber a las partes mediante providencia de fs. 100), y fue por esto que finalmente, por petición de la actora (fs. 111) y frente al silencio de la defendida, ésta fue declarada negligente en la producción de la prueba a que me refiero (fs. 123).

(iii) Desde siempre fue considerado que la historia clínica debe imperiosamente contener una descripción exacta de todos los estudios y análisis practicados, y en el supuesto de arribarse a una operación quirúrgica una descripción plena de todos los síntomas que aconsejan practicarla; que debe ser fiel reflejo de los pasos cronológicos seguidos por los facultativos y sus auxiliares; y que constituye la información detallada por escrito de todo el proceso médico del paciente por días y horas, consignando estudios realizados, medicación administrada, evolución, etc., y debe ser confeccionada sin enmendaduras y con la firma y sello del profesional que realiza el control (v. entre muchos CNCiv Sala J, “García de Jusím, Adriana c/ Ronchi, Alejandro”, 20.9.94; íd., Sala A, “Ferreyra, Odilia c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario”, 11.4.97; íd., Sala K, “Pla, Silvio c/ Clínica Bazterrica S.A.”, 29.12.98; íd., Sala M, “Ortega Suarez, Denis c/ O.S.P.I.T.”, 7.3.03; íd. Sala C, “González, Roberto c/ FLENI S.A.”, 8.2.07), todo lo cual, ahora, aparece normado por los arts. 15, 16, 17 y 18 de la ley 26.529.

Imprescindible fue, pues, que la historia clínica correspondiente al paciente P. se incorporara a la litis para que la perito en medicina valorara su contenido y produjera el dictamen, por constituir la prueba por excelencia de la acusada mala praxis (art. 457 del Código Procesal).

Esto -quedó dicho- no fue hecho, de modo que carecemos de un dictamen científico que persuada de la veracidad del motivo que invocó Well Being S.A. como obstativo de su obligación de sufragar el costo de la atención médica que la actora prestó y facturó.

A lo cual se suma que la testigo a que arriba aludí no sólo no formó parte del equipo médico que asistió al señor P. , sino que lo que ella aseveró en lo concerniente a la causa del deceso fueron dichos que recogió de boca de otra persona, también ajena a ese equipo profesional.

El extremo a que me refiero, pues, resultó improbado en el expediente.

(iv) Sólo resta recordar que la carga de la prueba actúa como un imperativo establecido en el propio interés de los litigantes. Es, por cierto, una distribución, no del poder de probar que lo tienen las dos partes, sino una distribución del riesgo de no hacerlo. No supone, pues, ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (Chiovenda, en “Instituciones de derecho procesal civil”, trad. Gómez Orbaneja, en “Revista de Dererecho Privado”, 1936-1940, Madrid, t°. III, págs.. 92 y sig.).

En efecto.

De acuerdo con las nuevas orientaciones procesales, la carga de la prueba recae en el litigante que se encuentra en mejores condiciones de ofrecer y producir elementos de juicio que permitan elucidar las cuestiones controvertidas, lo que constituye una exigencia elemental de coherencia y buena fe-lealtad en el marco del proceso que se expresa hoy en la doctrina de la denominada carga dinámica de las pruebas, cuya base normativa aparece regulada en el art. 377 del Cód. Procesal que establece que cada parte soporta la carga de probar los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende.

Como toda carga procesal, esa actividad es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone -lo dije- un imperativo del propio interés del litigante, dado que el juez realiza, a expensas de los elementos probatorios aportados a la causa, la reconstrucción de los hechos invocados, descartando aquéllos que no hayan sido objeto de demostración en la medida necesaria.

En términos llanos, la carga de la prueba es la circunstancia de riesgo según la cual quien no prueba los hechos que invoca pierde el pleito, si de ello depende la suerte de la litis; es una noción procesal que contiene la regla del juicio por la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando se encuentran en el proceso pruebas que le dan certeza sobre los hechos en los que debe fundamentar su decisión, e indirectamente, establece a cuál de las partes le interesa acreditar tales hechos para evitarse consecuencias desfavorables; de lo cual se sigue que negada la situación fáctica por el contradictor, la distribución de la carga probatoria se impone a quien ha afirmado los hechos constitutivos de la pretensión (esta Sala, “Sequeiros Flores, Germán c/ Corico Céspedes, Fernando”, 8.10.08; íd., “Sistemas Analíticos S.A. c/ Becton Dickinson Argentina S.R.L.”, 1.11.16; íd., “Cellular Time S.A. c/ Telefónica Móviles Argentina S.A.”, 3.11.16; también CNCom Sala A, “Daboul, Juan c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.” 7.8.07; íd., “Saenz Valiente Hnos. S.A. c/ Occhiuzzo, Sergio”, 23.10.07; Sala B, “Mociulsky, Héctor c/ Bayser, María”, 30.12.88; íd., “Pisano, Pablo c/ Emprendimientos Inmobiliarios Polígono 7 S.A.”, 25.4.07; Sala C, “Sáenz Valiente Hnos. S.A. c/ Occhiuzzo, Sergio”, 23.10.07; íd., “Visor Enciclopedias Audiovisuales S.A. c/ The Walt Disney Company Argentina S.A.”, 24.6.11; Sala E, “Maxdán S.A. c/ Malfatti, Vilma”, 19.3.96).

iii. Tampoco hallo procedencia a la segunda de las quejas que la defensa expresó.

(i) Suficiente es recordar que según es sabido, el deudor moroso de una obligación dineraria debe, además del capital constitutivo de la obligación, los intereses llamados “moratorios”, lo que significa que en la hipótesis de verse el acreedor impedido, por causa de la mora del deudor, de usar ese capital, la ley apunta a reparar ese impedimento con la generación de un crédito por intereses que se constituye en accesorio del crédito principal por capital.

Esto es así, porque el daño que en estos casos aparece como consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento imputable al deudor consiste en la indisponibilidad de una cantidad determinada de dinero, cuyo resarcimiento primario está dado por los intereses moratorios, aplicables sin necesidad de prueba alguna, tal como lo sostuvo con acierto Bibiloni (en “Anteproyecto”, nota a los artículos que sustituyen los arts. 622 y 1091 a 1094, págs. 216/219 y 398, Edición Oficial, Buenos Aires, 1930).

(ii) Antes de que reconociera vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, invariablemente fue juzgado que la aplicación de tasas de interés equivalentes a la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días a partir de la promulgación de la Ley de Convertibilidad, respondía al criterio según el cual los “intereses judiciales” a que aludía el art. 622 del derogado Código Civil eran los que cobraba el mencionado banco, lo que en materia mercantil venía expresamente impuesto por el art. 565 del también derogado Código de Comercio.

Pues bien.

En la actualidad, el art. 768 del Código Civil y Comercial establece tres criterios para determinar la tasa del interés: por acuerdo de partes, por lo que dispongan leyes especiales y, en subsidio, por las que fije el Banco Central de esta República.

Mas aún siendo esto así, en este caso faltó probar la realidad de la premisa sobre la que el recurso se basó, esto es, la exorbitancia de la tasa fijada en el pronunciamiento de grado, porque ningún cálculo realizó la quejosa ni fórmula alguna de cómputo propuso como modo de demostrar que el resultado al que se arriba, utilización mediante de la tasa fijada en la sentencia, conlleva ese invocado resultado (esta Sala, “González, Juan Rodolfo c/ Coto C.I.C.S.A.”, 1.11.16; íd., “Parodi, Carlos Héctor c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.”, 1.11.16; íd., “Cellular Time S.A. c/ Telefónica Móviles Argentina S.A.”, 3.11.16; íd., “Graziano, Carlos Ignacio c/ Aseguradora Federal Argentina S.A.”, 29.8.17).

Nada de esto hizo la demandada, y por cuanto no parece ser excesiva la tasa del interés fijada en la sentencia que, por otra parte, es la usualmente fijada en esta sede mercantil (cfr. fallo plenario “S.A. La Razón s/ quiebra s/ incidente de pago de los profesionales”, 27.10.94), la solución viene impuesta.

iv. E igual suerte debe correr, en mi criterio, el tercero y último de los agravios que Well Being expresó.

(i) Tal como ocurre en la mayoría de los sistemas procesales y como lo sostiene la doctrina clásica, la imposición de las costas se funda en el criterio objetivo del vencimiento (v., entre muchos, Chiovenda, en “Principios de derecho procesal civil”, Madrid, 1925, t°. II, pág. 404; Alsina, en “Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial”, Buenos Aires, 1942, t°. II, pág. 472; y Palacio-Alvarado Velloso, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente”, Santa Fe, 1989, t°. 3, pág. 85).

Este criterio ha sido receptado, también como principio, en la ley procesal vigente (art. 68 del Código de rito), lo que implica que el peso de las costas debe ser soportado por quien provocó una actividad jurisdiccional sin razón suficiente (cfr. Fassi, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Buenos Aires, 1971, t°. I, nro. 315; Fenochietto-Arazi, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado...”, Buenos Aires, 1983, t°. 1, pág. 258, nro. 3); y así lo ha juzgado invariablemente esta Sala (v., entre muchos, “Sistemas Analíticos S.A. c/ Becton Dickinson Argentina S.R.L.”, 1.11.16; “Somnitz, Évelyn c/ Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles (Ospedyc)”, 24.11.16; “Quantc Geoscience Argentina S.A. c/ Catgold S.A.”, 6.12.16; “Cornejo, Cristián c/ Dátola, Christian”, 22.12.16; “Serviur S.A. c/ Serus Construcciones S.R.L.”, 27.12.16; “Va-No-Li S.A. c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.”, 10.8.17).

Y si bien no olvido que el criterio según el cual el vencimiento es el presupuesto esencial para imponer las costas no es rígido, pues véase que el 2º párrafo de la norma arriba citada faculta al magistrado para eximir de costas al vencido cuando encontrase mérito para ello o cuando mediare razón fundada para litigar, esto es, cuando el vencido hubiere actuado sobre la base de una convicción razonable y objetiva acerca del derecho invocado en el litigio, lo que descarta la actuación basada en una creencia meramente subjetiva, resulta que tal facultad es de carácter excepcional (esta Sala, “Torres, Guillermo Enrique c/ HDI Seguros Argentina S.A.”, 25.4.17).

(ii) Empero, no advierto en este caso causa o motivo que justifique apartarse de aquella regla procesal.

A lo cual se añade que el argumento basal de esta porción de lo recurrido, que se sustentó en la previa estimación de las dos quejas anteriores (dijo la quejosa “Va de suyo decir que, si se solicita la exoneración [...] concomitantemente solicito a V.E. que se modifique la imposición de costas, obligando a la contraria al pago de las mismas”; fs. 180 vta., último párrafo) se muestra insuficiente.

En primer lugar, porque la premisa sobre la que se apoyó la articulación no se ha dado en el caso.

Y, en segundo término, porque ese fundamento si bien constituye modalidad propia del debate dialéctico no lo es de la impugnación judicial, por carecer de base jurídica que autorice a proceder de modo diverso (esta Sala, “Tetra Pak S.R.L. c/ Gemmo América S.A.”, 12.4.16; íd., “Pfeiffer Romina Constanza y otros c/ Crucero Este S.A.”, 23.8.16; íd., “Alvarez de Cardarelli, Olga Irene c/ Universal Assistance S.A.”, 3.11.16; íd., “Somnitz, Evelyn c/ Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles”, 24.11.16).

IV. La conclusión.

Propongo, pues, al Acuerdo que estamos celebrando desestimar el recurso introducido por Well Being S.A. y, por consecuencia, confirmar la sentencia en todos sus términos. Con costas de Alzada a la recurrente, en su calidad de vencida en la apelación.

Así voto.

Los señores Jueces de Cámara, doctores Heredia y Vassallo adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Rechazar el recurso introducido por Well Being S.A.;

(b) Confirmar la sentencia de primera instancia;

(c) Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

 

Gerardo G. Vassallo

Juan R. Garibotto

Pablo D. Heredia

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara

 

021836E