Cobro De Pesos Tacha De Testigo Relacion Laboral Testigos Ley 25 323 Ley 24 013 Art 93 Cpl Extension De Responsabilidad Socios

JURISPRUDENCIA

COBRO DE PESOS. Tacha de testigo. Relación laboral. Testigos. Ley 25.323. Ley 24.013. Art. 93 CPL. Extensión de responsabilidad socios.

 

Se confirma la sentencia de primera instancia que rechazó la tacha de testigo interpuesta por la demandada y condenó solidariamente a los demandados a pagar a la actora la suma que resulta según los rubros admitidos.

 

 

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 29 días de Diciembre de dos mil dieciséis, se reunieron en Acuerdo los señores vocales de la Sala Tercera -integrada- de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral, Dres. A. Ana Anzulovich, Ángel Félix Angelides y de la Sala Primera, Dr. Nicolás J. R. Vitantonio, para resolver en autos caratulados “GIOVANNIELLO LUCIANA C/ CABRERA FABIO NESTOR Y OTROS S/ COBRO DE PESOS” Expte. N° 14 Año 2016, venidos en apelación y nulidad del Juzgado de Distrito en lo Laboral de la Tercera Nominación de Rosario. Hecho el estudio de la causa se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1.-¿ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA?

2- ¿ES JUSTA LA RESOLUCIÓN APELADA ?

3.-¿CUAL ES EL PRONUNCIAMIENTO A DICTAR?

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debe realizarse en el siguiente orden: Dres. Anzulovich, Angelides y Vitantonio.

1.- A la primera cuestión. La Dra. Anzulovich dijo: La demandada interpuso recurso de nulidad (cfr. fs. 218 y vta.) y concedido el mismo, lo mantuvo en esta instancia (fs. 257/258 y vta.).

La recurrente pretende la declaración de nulidad del decreto dictado el 09/11/2009; de la resolución N° 1896 de fecha 25/11/2009 y de todas las actuaciones posteriores. Alega que ocasionan a su parte graves perjuicios, en tanto se ordenó el desgloce del alegato complementario con costas.

En primer lugar, corresponde destacar que tal como establece el art. 112 del CPL “...el recurso de nulidad sólo procederá contra sentencias definitivas y autos posteriores a ésta...”, y en el caso de marras, la nulidicente solicita la invalidación de providencias y resoluciones anteriores a la sentencia definitiva.

Si bien parte de la doctrina sostiene la posibilidad de instaurar el recurso en cuestión ante resoluciones que fueron precedidas de un procedimiento defectuoso, para que el mismo pueda proceder con el éxito pretendido, previamente deberá impugnarse en tiempo y forma el acto defectuoso mediante la revocatoria o el incidente respectivo. De no ser así, dicho acto deberá entenderse como convalidado.

En ese sentido, encuentro que a fs. 212/214 la recurrente interpuso la revocatoria y nulidad conjunta de los decretos y resoluciones aquí atacados. El a quo ordenó el traslado de los recursos interpuestos y la demandada optó por no impulsar el incidente suscitado. De tal modo, quedaron convalidados los actos impugnados. En esta instancia no puede pretender la declaración de nulidad cuando previamente adoptó una actitud inactiva y desinteresada, tornándose aplicable las consecuencias de la teoría de los actor propios.

Al respecto, doctrina especializada dice que “si en tiempo y forma se pueden cuestionar las actuaciones y se guarda silencio, ello hace presumir conformidad con el trámite. Razones de economía y, consecuentemente, de celeridad procesal así lo imponen” (Maurino, Alberto Luis; “Nulidades procesales”; editorial Astrea; año 2009; pág. 66).

Enfatizo además, que es criterio de esta Sala y como concepto general, que el recurso de nulidad tiene carácter excepcional, y debe ser de interpretación restrictiva y taxativa, y considerarse limitado a los supuestos expresamente previstos por la ley.

Por último, en beneficio adicional para el pretenso nulidicente y como una nueva posibilidad interpretativa, verifico de oficio la posibilidad de que existan violaciones subsumibles en la vía intentada; pero no se advierte la configuración o existencia de vicios sustanciales en las formas -ni en el procedimiento ni en el pronunciamiento- que amerite su declaración (art. 114 CPLSF).

Al primer interrogante, voto por la negativa.

A idéntica cuestión el Dr. Angelides dijo: Comparto los fundamentos expresados por la vocal que me precede, por lo cual voto en su mismo sentido.

A igual cuestión el Dr. Vitantonio dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advirtiendo la existencia de dos votos totalmente coincidentes, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art.26 ley 10.160).

2.- A la segunda cuestión. La Dra. Anzulovich dijo:

I.- La Sentencia.

La resolución de primera instancia N° 563 del 14/05/2010, obrante a fs. 201/204, rechazó la tacha de testigo interpuesta por la demandada e hizo lugar parcialmente a la demanda; condenó solidariamente a Fashion Week S.R.L. y a Fabio Néstor Cabrera a pagar a la actora la suma que resulte según los rubros admitidos en los considerandos, con más los intereses fijados y las costas. Difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

Contra la sentencia, apeló en forma parcial la demandada (fs. 218 y vta.). Concedidos los recursos y elevadas las actuaciones, la recurrente expresó sus agravios (fs. 257/261), los que fueron contestados en tiempo y en forma (cfr. fs. 264/265).

II.- AGRAVIOS.

Preliminarmente, la demandada se siente agraviada por cuanto la sentencia de grado rechazó la tacha incoada por su parte respecto de la testigo Chianalino, y pretende convencer la recurrente que, a todas luces, se evidencia la parcialidad y actitud tendenciosa de la misma.

En su segundo agravio, critica que el a quo tuviera por acreditada la relación laboral tan sólo con las declaraciones de testigos. Dice de ellos que no son coincidentes ni precisos a los fines de determinar si existió realmente una relación laboral.

Su tercer agravio reprocha que en la sentencia se condenó solidariamente al socio gerente Fabio Cabrera cuando la actora no lo había solicitado. Aduce el apelante que el reclamo fue impetrado contra Fashion Week S.R.L. y a sus socios Fabio Cabrera y Estela Maris Gorosito en forma directa y personal, sin peticionar en ningún momento que se corriera el velo jurídico de la S.R.L. ni tampoco que se condenara de manera solidaria a sus socios.

Por último, expresa su disconformidad ante el exceso del sentenciante en la aplicación de las multas previstas por la ley 25.323 y 24.013, que -según dice- deben ser interpretadas con carácter restrictivo y entiende que no puede penarse dos veces la misma infracción.

III.- TRATAMIENTO.

Adelanto que, cotejada la sentencia de grado con la normativa de aplicación al caso en examen, las pruebas rendidas y las quejas vertidas, estas últimas carecen de entidad suficiente, como para modificar la sentencia impugnada, como seguidamente expondré.

Abordaré en primer término el agravio planteado por la demandada respecto de la tacha de testigo formulada, continuando por la existencia del vínculo laboral y sus características por considerarlo metodológicamente más adecuado.

III.1.-

Respecto al primer agravio, cabe señalar que conforme el art. 93 del CPL, a las partes les asiste el derecho de tachar a los testigos por motivos fundados en su inhabilidad, como también, en hechos que hicieran presumir la parcialidad de sus declaraciones.

En autos, la recurrente destaca que la testigo Chianalino fue empleada de la codemandada Fashion Week S.R.L., y que al responder sobre las generales de la ley manifestó que “...le parecería justo que gane el juicio Luciana” (fs. 93 vta.). Por tal motivo la apelante considera que existe una evidente parcialidad y actitud tendenciosa en el testimonio.

No obstante ello, la expresión de la testigo no implica que como declarante haya falseado su exposición o lo haga de mala fe, o reñido con la verdad real. Entiendo que no puede invalidarse sin más el testimonio en base a los argumentos articulados, pues dudar de la veracidad de quien declaró bajo juramento -si no se aduce y comprueba concretamente la falsedad o inexactitud de lo referido- determina que la tacha del testigo fundada en las razones esgrimidas, resulte un mero cuestionamiento abstracto. La supuesta parcialidad que la demandada intenta atribuir a la referida testigo -para ser considerada como causal de tacha-, debió surgir en forma clara e indubitable, revelando animosidad o intención de favorecer -en este caso- a la actora, situación que no advierto como acontecida en el texto de su declaración (fs. 93/95).

Por lo demás, el hecho de que Chianalino trabaje para la demandada, no enerva su eficacia probatoria cuando expone sobre circunstancias que, por tal motivo, puede conocer. Por el contrario, tal circunstancia permite acordarle mayor crédito a su relato, siempre que el mismo sea valorado con la debida rigurosidad.

Por tanto, queda rechazado el agravio.

III.2.-

En la segunda crítica se pretende atacar que la única prueba producida y dirigida a demostrar la relación laboral, sean simplemente las declaraciones de los testigos que declararon en autos.

Desde su particular ponderación probatoria, la recurrente pretende debilitar las declaraciones de los testigos de la causa, calificando sus expresiones de imprecisas y de escasa entidad como medio de comprobación del vínculo y sus caracteres.

Sin embargo, de un minucioso examen acompasado mediante las reglas de la sana crítica, merituado el pliego y sus respuestas, surge que las declaraciones de los testigos Finatti, Chianalino y Saenz, no carecen de eficacia probatoria como pretende el recurrente.

Por el contrario, Finatti dijo conocer a la actora ya que la misma “...trabaja en un local al que yo solía ir que solía asesorarme con ella...”, y que “...sabe que la actora en el local mencionado atendía el local y cobraba” (cfr. 1° y 5° preg. respectivamente, fs. 93).

Chianalino otorga mayor precisión en su relato en razón de haber sido compañera de trabajo de Giovanniello, y manifestó que “...si se que trabajaba para Fabio Cabrera en el local de Pilar Cabrera en un principio y después pasa a la fábrica mencionada anteriormente pero la situación de ella en relación a Fashion Week SRL la desconozco, ella pasa a la fábrica una o dos semanas antes de que yo deje de trabajar ahí... (cfr. 3° preg. fs. 93 vta.). Finalmente, la testigo Saenz sostuvo que trabajó en el local ubicado en el “Palace Garden” con la actora, la que dice que se desempeñó allí “...unos días...” (cfr. 1° y 4° preg. fs. 122).

En consecuencia, los testimonios referidos -que no fueron desvirtuadas por otros medios de prueba ni resultan discordantes entre sí- generan convicción en cuanto a su coherencia y razón del dicho aportada, que justifican las circunstancias de modo, tiempo, causa y lugar en que adquirieron tales conocimientos, por lo que corresponde otorgarles credibilidad, y por tanto, atribuirles pleno valor probatorio.

Ésta apreciación es conteste con el examen que hizo el juez de grado (fs. 203 vta., punto 2.2). Y aún cuando fueron objetados por la aquí recurrente (incidente de tacha rechazado, conforme tratamiento que precede), reflejan suficiente coherencia y precisión en sus relatos.

Entonces, es razonable afirmar que existió una prestación de servicios efectuada por la actora en favor de la aquí apelante, como concluyó el a quo. En consecuencia, resulta aplicable la presunción del art. 23 de la L.C.T.

En ese mismo sentido, y teniendo en cuenta el carácter iuris tantum de la norma citada, condición que el propio apelante invoca -y cuya carga probatoria estaba en la esfera de su conducta procesal-, es válido advertir que, atento la falta de prueba en contrario, dicha presunción no fue desvirtuada. Cabe, entonces, confirmar lo resuelto y tener por acreditada la relación de trabajo invocada en la demanda.

Tampoco le asiste razón al agraviado al manifestar que el juez de grado resolvió las tareas, jornada y remuneración del contrato de trabajo en base a la presunción de la norma anteriormente citada. Es que, atento a la falta de exhibición por el demandado de la documental intimativa en la audiencia de trámite, por aplicación del art. 55, LCT, el juez de grado consideró ciertas las características denunciadas en el libelo inicial (cfr. fs. 203 vta., punto 3).

Ante la falta de crítica eficiente de los fundamentos esgrimidos por el a quo en cuanto a la existencia de la relación de trabajo habida entre las partes, queda firme su resolución.

Por todo lo expuesto, se rechaza el segundo agravio.

III.3.-

En su tercer cuestionamiento la recurrente ataca la extensión de responsabilidad al Sr. Fabio Nestro Cabrera con fundamentos en el art. 59 de la ley 19.550, y basa su tesis apelatoria argumentando que la actora no solicitó la condena solidaria de los socios.

En este punto, la violación del Sr. Cabrera a las disposiciones que atañen a su función de socio gerente -a saber aplicación del art. 59, 127 y 274 de la Ley de Sociedades- no se encuentra en discusión y se evidencia ante su conducta de emplear a la actora y no registrar la relación de trabajo establecida.

Es que se equivoca la demandada al expresar este agravio, ya que el direccionamiento hacia la condena solidaria del co-demandado Cabrera fue objeto concreto de la presente litis. Todo de conformidad a lo esgrimido por el actor al solicitar su condena en forma personal al interponer la demanda (cfr. fs. 2).

Doctrinariamente se ha dicho que “Distinta es la situación en el supuesto en que se imputa responsabilidad a administradores, directores, u otros funcionarios con base en los arts. 59 y 274 LS, en que no se involucra la inoponibilidad de la persona jurídica sino que se trata de establecer los presupuestos en que los administradores deben responder en forma personal, por mal desempeño, violación de la ley o del estatuto.” (Dres. Falistoco Roberto y Cava Claudia, “Responsabilidad de Socios, Administradores y otros dentro de la sistemática de la Ley de Sociedades” - Taller de jueces laborales 2 - Clínica de casos. Jurisprudencia, pág. 214, editorial Juris).

En virtud de ello rechazo el agravio.

III.4.-

En último lugar, se agravia el apelante en cuanto el sentenciante admite el incremento indemnizatorio estipulado en el art. 2 de la ley 25.323 y los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

En el caso de autos verifico que, en lo que respecta a la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323, se acreditó la deuda de las sanciones por despido indirecto injustificado y se intimó su pago, así como que la demandada no abonó lo que correspondía (fs. 143). Tal omisión hizo que la actora reclamara en juicio su procedencia.

Asimismo, en lo atinente a los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, corroboro que en autos se cumplieron tanto los requisitos formales (el actor cursó la intimación del art. 11 estando vigente la relación laboral) como los sustanciales (culminación de la relación por despido indirecto dentro de los dos años posteriores a la recepción de la intimación). Ambos, exigidos por la norma para su procedencia. Además se anexa que el actor acreditó la remisión de la comunicación a la AFIP dentro de las 24 hs. (cfr. TCL de fs. 141).

Atento ello, deviene procedente la aplicación de los incrementos cuestionados por la recurrente, en tanto no hay norma que vulnere su aplicación conjunta y por lo tanto los mismos son acumulables, siendo que sancionan incumplimientos diferentes.

Por todo lo expuesto, a la segunda cuestión, voto por la afirmativa.

A similar cuestión el Dr. Angelides dijo: Coincido con las razones manifestadas por lo cual voto en similar sentido.

A igual cuestión el Dr. Vitantonio dijo: Por análogas razones a las expresadas respecto de la primera cuestión, me abstengo de votar.

3.- A la tercera cuestión. La Dra. Anzulovich dijo: Corresponde: 1. Desestimar el recurso de nulidad interpuesto por las demandadas. 2. Rechazar el recurso de apelación de la misma parte. 3. Confirmar, en cuanto fue materia de recursos y agravios, la sentencia impugnada. 4. Imponer las costas a las demandadas recurrentes, regulándose los honorarios de la Alzada en el 50% de aquellos que resulten fijados en la primera instancia (art. 19, ley 6767).

A idéntica cuestión el Dr. Angelides dijo: Adhiero a la decisión propuesta por la Dra. Anzulovich, por lo cual voto en igual sentido.

A igual cuestión el Dr. Vitantonio dijo: Que como dijera precedentemente y de conformidad al art.26 de la ley 10.160, me abstengo de emitir opinión.

Practicada la votación pertinente, la Sala Tercera -integrada- de la Excma. Cámara de Apelación en lo Laboral;

RESUELVE: 1. Desestimar el recurso de nulidad interpuesto por las demandadas. 2. Rechazar el recurso de apelación de la misma parte. 3. Confirmar, en cuanto fue materia de recursos y agravios, la sentencia impugnada. 4. Imponer las costas a las demandadas recurrentes, regulándose los honorarios de la Alzada en el 50% de aquellos que resulten fijados en la primera instancia (art. 19, ley 6767). Insértese, hágase saber y oportunamente, bajen (Autos “GIOVANNIELLO LUCIANA C/ CABRERA FABIO NESTOR Y OTROS S/ COBRO DE PESOS” Expte. N° 14 Año 2016).-

 

ANZULOVICH

ANGELIDES

VITANTONIO

 

  Nota:

  (*) Sumarios elaborados por Juris online

  

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