Competencia Concursal Art 3 De La Lcq

JURISPRUDENCIA

Competencia concursal. Art. 3 de la LCQ

 

En el marco de un pedido de quiebra, se confirma el decisorio mediante el cual la Sra. Juez de Grado se declaró incompetente para continuar entendiendo en estas actuaciones.

 

 

Buenos Aires, 15 de junio de 2017.

Y Vistos:

1. Apeló el acreedor peticionante de la quiebra el decisorio de fs. 233 mediante el cual la Sra. Juez de Grado se declaró incompetente para continuar entendiendo en estas actuaciones (fs. 235).

La a quo, remitiendo a lo dictaminado en fs. 232, adoptó la decisión recurrida sobre la base de lo informado en fs. 228 por la Inspección General de Justicia de la Provincia de Chubut.

2. Los agravios obran glosados en fs. 237/241.

La Sra. Fiscal General ante esta Cámara dictaminó en fs. 246, propiciando la confirmación del pronunciamiento en crisis.

3. Debe señalarse en primer lugar, que en materia concursal la competencia tiene modalidades propias que responden a la naturaleza del proceso (CSJN, 22/10/91, "Custodia Cía. Financiera SA s/Quiebra", consid. 3, T 1992-I, pág. 203). Las normas de competencia no son meras disposiciones para la distribución de las causas entre jueces, sino que atienden a la naturaleza del procedimiento que, en definitiva afecta a una universalidad activa y pasiva, por lo que resulta imprescindible y de gran importancia determinar el juez que va a entender, pues la apertura del concurso produce consecuencias de orden sustancial y formal de enorme relevancia (CSJN, 19/10/95 "Banco de la Prov. de Río Negro c/Otero E s/petición de quiebra", dict. del Procursador General -y su remisión al dictamen de fecha del 14/7/92 en la causa M 106.LXXIV "Manufactura Algodonera Argentina SA", ED T. 167, con nota de A naya J. "Un conflicto de competencia en los concursos" y LL, T° 1996-A, pág. 489 citados por Heredia "Tratado Exegético de Derecho Concursal”, Ed. Ábaco, año 2006, T° 1, pág. 263).

Pues bien, la ley concursal dispone que el juez competente para entender en el caso de concurso de personas de existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, es el del lugar del domicilio (LCQ: 3:3).

Trasladado tal precepto al sub exámine, cabe referir lo siguiente: i) en fs. 153 la IGJ informó que Alpesca SA a la fecha no se encuentra inscripta. Sin perjuicio de ello, detalló que con fecha 16.8.1980 la referida sociedad inscribió trámite de disolución y que en virtud de la Resolución General IGJ 06/2015 aquélla fue incluida en el Registro de Entidades Inactivas; ii) en fs. 228 la IGJ de la Provincia de Chubut respondió el requerimiento de fs. 173, e hizo saber que la mentada sociedad inscribió su cambio de jurisdicción de la ciudad de Mar del Plata -Provincia de Buenos Aires- a Puerto Madryn -Provincia de Chubut-, con fecha 14.12.1995; iii) tal dato es coincidente con lo que se desprende de la constancia de la AFIP obrante en fs. 2; y iv) las notificaciones libradas en autos a los fines de la LCQ: 84 al domicilio sito en la calle Olavarría 1256 CABA (v. fs. 164, 167 y 170/1) -que se desprende del estatuto de fecha 23.5.1978 y sus modificaciones; fs. 129vta., 126, 144- fueron devueltas sin diligenciar.

Tales datos colectados en la causa, conllevan a este Tribunal a concluir en la forma en que lo hizo la magistrada de grado y propicia el Ministerio Público Fiscal en el dictamen que antecede.

Es que, no se puede arribar a una conclusión diversa, si se pondera que el propio peticionante en el escrito inicial manifestó que “una de las sucursales de ALPESCA SA es el establecimiento en tierra, está ubicada en el Parque Industrial Pesquero ... de la ciudad de Chubut ...” (fs. 5vta.), siendo del caso destacar además que -según se desprende de la copia de la sentencia laboral anejada- el actor habría ingresado a trabajar para la demandada en el año 1996, esto es, una vez inscripta aquélla en la Provincia de Chubut, no pudiendo ahora pretender hacer prevalecer una inscripción del ente en esta jurisdicción anterior al año 1980 cuando la propia IGJ informo que en la actualidad Alpesca SA no se encuentra inscripta.

Todo lo expuesto, sin soslayar los efectos que se siguen de la decisión de disolver una sociedad, lo cual excede claramente el marco de este trámite.

4. En razón de lo expuesto y compartiendo los fundamentos expuestos por el Ministerio Público, se resuelve:

Confirmar lo decidido en fs. 233, con costas por su orden, con el alcance sentado en el precedente de esta Sala del 25/9/2014, “Zenobio, Marcela Alejandra s/pedido de quiebra por Delucchi Martín C.” n° 31.445/2011.

Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015); y a la Sra. Fiscal General ante esta Cámara. Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

 

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Julia Morón

Prosecretaria de Cámara

 

 

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