Conflictos Colectivos De Trabajo Suspension Salarios Caidos Derecho De Huelga Titular Libertad Sindical

JURISPRUDENCIA

Conflictos colectivos de trabajo. Suspensión. Salarios caídos. Derecho de huelga. Titular. Libertad sindical

 

Se hace lugar a la demanda por diferencias salariales interpuesta por los trabajadores, quienes había participado en una medida de fuerza gremial -paro de doce horas-, no convocada por alguna entidad gremial reconocida, habida cuenta que si bien los trabajadores del caso no gozaban de la tutela sindical prevista en la ley 23.551, ello no los priva de la protección genérica que el art. 14 “bis” de la CN, que establece a favor de los gremios y los trabajadores en el ejercicio de la libertad sindical, entendida esta como el conjunto de derechos, potestades, privilegios e inmunidades otorgadas por las normas constitucionales, internacionales y legales a los trabajadores (en la faz individual) y a las organizaciones voluntariamente constituidas por ellos (en la faz colectiva), para garantizar el desarrollo de las acciones lícitas destinadas a la defensa de sus intereses y al mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo.

 

 

Buenos Aires, 11/03/2016

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

I. Llegan estos autos a la alzada con motivo de los agravios que contra la sentencia de fs. 759/775 formula la demandada Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. a fs. 779/782, mereciendo réplica adversaria a fs. 789/793. También apela a fs. 776 y vta. el perito contador por estimar bajos los honorarios que fueron regulados a su favor.

II. La magistrada que precede hizo lugar al reclamo de los salarios caídos reclamados por los actores por considerar que la sanción de suspensión de la que fueron objeto por el hecho de haber participado en una medida de fuerza no convocada por alguna entidad gremial reconocida resultó injustificada. La decisión se encuentra recurrida por la demandada, quien pretende el íntegro rechazo de la demanda con costas. Adelanto opinión desfavorable a la pretensión revisora de la accionada.

Las partes han sido contestes en que los actores fueron suspendidos durante 29 días por el hecho de haber participado y colaborado en forma activa en un paro que se extendió durante doce horas a partir de las 14:00 horas del día 25 de junio de 2009, en reclamo de una mejora de las condiciones de trabajo. Resulta asimismo indiscutido que la convocatoria a ese paro había sido efectuada por nueva e incipiente asociación gremial (ATRANA) que integraban los actores, que había sido previamente constituida en marzo y cuya inscripción ante el Ministerio de Trabajo de la Nación fue posteriormente requerida en noviembre de ese año.

El hecho atribuido por la demandada a los trabajadores para justificar la suspensión fue, en definitiva, el haber desarrollado una actividad de naturaleza gremial. Esto es, se invocó una alegada participación de los trabajadores del caso en la convocatoria y realización de una medida de fuerza durante la jornada laboral con motivo de reclamos salariales, sin alegación de ninguna otra circunstancia fáctica que resulte reprochable. En concreto, los actores fueron suspendidos por haber ejercido un derecho que goza de amparo constitucional, lo cual evidencia el carácter injustificado de la sanción.

Cabe memorar que el art. 14 “bis” de la Constitución Nacional garantiza el libre ejercicio de los derechos colectivos del trabajo y que la Convenio de la OIT Nº 98 del año 1949 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y negociación colectiva y que fue ratificado por nuestro país mediante el decreto-ley 11.594 (B.O. 12/07/1956), el cual posee jerarquía superior a la ley interna (art. 75 inciso 22 Constitución Nacional), dispone la protección de todo trabajador contra el trato discriminatorio gremial, al establecer en su artículo 1º: 1. “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga objeto: (...) b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera las de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.

Si bien los trabajadores del caso no gozaban de la tutela sindical prevista en la ley 23.551, ello no los priva de la protección genérica que el art. 14 “bis” de la Constitución Nacional establece a favor de los gremios y los trabajadores en el ejercicio de la libertad sindical, entendida ésta como el conjunto de derechos, potestades, privilegios e inmunidades otorgadas por las normas constitucionales, internacionales y legales a los trabajadores (en la faz individual) y a las organizaciones voluntariamente constituidas por ellos (en la faz colectiva), para garantizar el desarrollo de las acciones lícitas destinadas a la defensa de sus intereses y al mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo.

Con esa amplitud ha sido interpretada la norma constitucional citada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos precedentes “Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo de la Nación” (ATE I) del 11/11/2008, “Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional- Armada Argentina” del 9/12/2009 y "Asociación de Trabajadores del Estado s/ declaración de inconstitucionalidad" ("ATE II") del 18/06/2013, a cuyos fundamentos cabe remitirse en razón de brevedad.

No creo ocioso señalar a esta altura de mi voto que el art. 14 “bis” de la Constitución Nacional garantiza “a los gremios” el derecho de huelga y tal normativa se proyecta hacia la polémica jurisprudencial y doctrinaria acerca de la titularidad del derecho de huelga según la cual, en una postura, se sostiene que la titularidad la ostenta la respectiva asociación sindical, aunque la otra tiene como aval a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el conocido caso “Leiva, Horacio y otro c& Swiff Armour S.A.” (dictada con fecha 6/07/1984).

Sin embargo, un análisis del contenido de los debates en la Convención Constituyente de 1957, a mi ver, permite disipar el interrogante en tanto que el vocablo “gremio” fue utilizado como un sinónimo de pluralidad de trabajadores que precisamente están agrupados por el hecho de pertenecer a un mismo gremio (y al margen de si están o no afiliados al sindicato con o sin personería gremial). El miembro informante de la mayoría en la referida Convención Constituyente, el convencional Bravo, hizo aclaración que la palabra “gremio” alude a una situación de hecho en la que se encuentran los trabajadores participantes de la huelga porque se pertenece, por ejemplo, al gremio de los zapateros por el hecho de desempeñar efectivamente el oficio de zapatero. Asimismo el convencional Palacios postuló en el mentado debate que la palabra “gremios” fuese sustituida por “trabajadores” ya que “puede existir huelga sin que existan gremios”.

Me parece útil mencionar un ejemplo que en doctrina explicita Eduardo Álvarez y que define la cuestión según es mi parecer. En ese sentido, propone una imaginaria medida de acción directa que fuese instalada por un grupo de trabajadores “en negro” que no figuran como tales y no se encuentran por lo tanto afiliados a la asociación sindical y que concretamente conciertan la medida para lograr colectivamente la regularización de las respectivas relaciones laborales (ÁLVAREZ, Eduardo, Derecho Colectivo del Trabajo, editorial La Ley, 1988, pág. 577).

La existencia del daño patrimonial del empleador como consecuencia de la adopción de medidas de acción directa resulta inherente a la situación del conflicto colectivo. La huelga es el derecho constitucional “de dañar” en la producción de bienes y servicios del empleador y consiste precisamente en la abstención colectiva y concertada de la prestación laboral, con carácter temporal y con abandono del lugar de tareas, como forma de presión sobre la voluntad del empleador, con el propósito de conseguir un beneficio mediante la sanción de nueva disposición o la reforma de una vigente, o bien el cumplimiento de una norma en vigor. En el caso, no se alegó (ni se evidencia) que haya mediado un exceso o ejercicio abusivo del regular derecho de la acción sindical por parte de los trabajadores del caso. Por el contrario, de las declaraciones de Sgro, Miño, Marin, Higa, Lammardo y Burgueño (fs. 402, 404, 407, 410, 414 y 418, respectivamente) se extrae que la medida de fuerza en cuestión consistió en un quite de colaboración de doce horas, sin daños en personas ni bienes y que durante su desarrollo la programación radial continuó en el aire porque la conducción fue asumida por el personal jerárquico.

Como consecuencia, dado que las suspensiones disciplinarias dispuestas por tal motivo resultan injustificadas, la pretensión de pago de los salarios caídos durante el lapso de la suspensión resulta procedente. En consecuencia, propongo confirmar la sentencia en lo principal que decide.

III. La imposición de las costas de la primera instancia a la demandada que resultó vencida se ajusta al principio objetivo de la derrota que consagra el art. 68 del CPCCN, de modo que debe mantenerse.

En atención al mérito y extensión de las tareas profesionales cumplidas y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, los honorarios regulados al perito contador resultan equitativos, razón por la cual sugiero confirmarlos (art. 38 LO y cctes. ley 21.839, modif. ley 24.432; arts. 3º y 12 del dec.-ley 16.638/57).

En mérito a la forma de resolverse el recurso, propongo que las costas de alzada sean asimismo a cargo de la demandada (art. 68 CPCCN), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el … de los que les correspondan por sus actuaciones ante la primera instancia (art. 14 ley arancelaria ya cit.).

Por las razones expuestas, voto por: 1º) Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravios; 2º) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el ... de los que les correspondan por sus actuaciones ante la primera instancia.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Adhiero a los fundamentos del voto que antecede.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125, LO).

Como resultado del acuerdo alcanzado, este Tribunal RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravios; 2º) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada, fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el … de los que les correspondan por sus actuaciones ante la primera instancia.; 3º) Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN Nº 15/2013 y, oportunamente, devuélvase a la primera instancia.

ANTE MÍ:

A.U.

 

Firmado por: GREGORIO CORACH, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: DANIEL EDUARDO STORTINI, JUEZ DE CÁMARA

 

  Correlaciones:

Abad, María Isabel y otros c/Municipalidad de Neuquén s/sumarísimo art. 47 Ley 23551 s/incidente apelación -Cám. Civ. Com. Lab. y Min. - Neuquén - SALA I - 28/11/2000

 

 

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