Contratos Comerciales Concesion Gratuita Rescision Por Expiracion Del Plazo Rechazo De Los Danos Reclamados

JURISPRUDENCIA

Contratos comerciales. Concesión gratuita. Rescisión por expiración del plazo. Rechazo de los daños reclamados

 

Se mantiene el rechazo de la demanda de daños por la denunciada rescisión unilateral del contrato de concesión comercial gratuita, pues se trató de un contrato con plazo expresamente determinado que feneció por el simple transcurso del tiempo.

 

 

En Buenos Aires a los 13 días del mes de julio de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “BRUGNOLA NELIDA MARÍA CONTRA UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA SOBRE ORDINARIO” (Registro de Cámara 35944/2011; Juzg. 18 Sec. 35) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalías N°17, N°16, N°18.

La Dra. Alejandra N. Tevez interviene en su carácter de subrogante de la vocalía N°17 que se encuentra a la fecha vacante.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 1204/1216?

La Sra. Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

a. Nélida María Brugnola (en adelante, “Brugnola”) demandó a UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (en adelante, “UADE”) por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual que le imputó y estimó en $ 4.000.000, con más intereses y costas.

Explicó que tiene una franquicia de la marca “Delicity” y brinda servicio de cafetería, panadería y pastelería en el predio de la UADE.

Señaló que, con este emprendimiento, se mantiene ella y toda su familia y que lo realizó desde el año 2000 en dos locales en la universidad. Dijo que en el año 2009 debió entregar uno de ellos porque, según le dijo la accionada, habría perdido la licitación y por eso comenzó a funcionar un “Starbucks”.

Con relación al restante local, relató que a principios del año 2010 la demandada le comunicó su decisión de rescindir el contrato de concesión. Explicó que luego de varias reuniones lograron suscribir un nuevo convenio por un término de dos años. Agregó que se trató de un contrato de adhesión, con condiciones rigurosas impuestas por la demandada en situación de desequilibrio.

Señaló que la UADE rescindió ilegítimamente este acuerdo, pues se le había comunicado que el contrato continuaría debido a su óptimo rendimiento.

Arguyó que, considerando el tiempo de duración de la relación contractual, fue irrazonable el plazo de preaviso. A su vez, calificó de insuficiente el lapso de cinco días que la demandada le concedió desde la fecha de conclusión del contrato para que desocupara el local.

Aludió a los abusos de la reclamada, quien la obligó a sacrificar uno de los dos locales, a garantizar el contrato con su única vivienda y a aceptar una fraudulenta limitación en el precio de los productos.

Relató que cumplió con todas las obligaciones que le fueron impuestas y realizó todo lo necesario para mantener indemne a la demandada. Adujo que brindó un servicio impecable y por eso 3000 alumnos suscribieron el petitorio para que continuara con su emprendimiento.

Reclamó el pago de una indemnización por: 1) daño moral ($600.000); 2) falta de preaviso ($1.700.000); y, 3) lucro cesante - pérdida de chance ($ 1.700.000).

Ofreció prueba y fundó en derecho.

Solicitó que se dicte la medida de no innovar pues adujo que se cumplieron los requisitos para su procedencia. Esto fue rechazado por la magistrada de grado en su resolución de fs. 545 y confirmado por esta Sala en fs. 557/559.

b. UADE contestó demanda y solicitó su rechazo, con expresa imposición de costas.

Formuló una negativa pormenorizada de los hechos expuestos por su contraria y desconoció la documentación acompañada al escrito de inicio con excepción de la que reconoció expresamente.

Explicó que suscribió con la actora un contrato de concesión el 19 de febrero de 2010 y que, en consecuencia, le cedió a título gratuito la tenencia de un local ubicado en el piso cuarto del edificio Lima I para que prestara servicios de la marca que gira comercialmente bajo la denominación “Delicity”.

Resaltó que la concesión gratuita tenía por finalidad otorgar a los alumnos y profesores que estudian y trabajan en la universidad un servicio de venta de productos de buena calidad y precios accesibles.

Mencionó que nunca pudo prometer a la actora que continuaría con la relación contractual y negó que pudiera haber actuado de manera que esto pudiera ser inferido por aquélla.

Rechazó que el acuerdo fuera abusivo y adujo que, si el negocio no era rentable para Brugnola, no hay razones para que ella insistiera en renovarlo.

Destacó que el contrato se extinguió por la expiración del plazo convenido. Aclaró que UADE no decidió finalizarlo de manera unilateral, intempestiva e ilegítima, sino aplicar y cumplir lo que habían acordado: que el vencimiento operaría el 23 de diciembre de 2011.

Agregó que el pacto no preveía la prórroga automática; por lo que, si querían que la relación continuara, debían suscribir uno nuevo.

Indicó que el 26 de octubre de 2011, es decir, dos meses antes de la fecha de conclusión prevista en el contrato, le comunicó por carta documento su decisión de rescindir y le concedió un plazo de cinco días hábiles a partir de ese día para que desocupara el local.

Arguyó que no puede admitirse la falta de tiempo para vaciar el local pues desde que comenzó el contrato la demandante conocía la fecha de vencimiento y pudo prever esa contingencia.

Señaló que, en tanto se trató de un contrato de concesión gratuita, UADE tenía la posibilidad de efectuar un control de precios para poder ofrecer un servicio de calidad a los integrantes de la comunidad.

Mencionó que el 12 de marzo del 2012 la accionante repartió volantes en la puerta de la Universidad mediante los cuales, luego de realizar preguntas a los alumnos, les sugería que exigieran a la universidad que volviera “Delicity”.

Resaltó que el contrato sobre el otro local que tenía la actora fue rescindido por mutuo acuerdo de las partes.

Dijo que era falso que hubiera felicitado a la contraria constantemente por el cumplimiento de sus obligaciones.

Contrariamente, destacó que tuvo que soportar ser demandada en juicios laborales promovidos por los empleados de Brugnola y que ella utilizara la marca UADE en diversos medios de difusión además de haber sido acusada de obrar de modo ilegítimo.

Transcribió el extenso intercambio epistolar entablado con la contraria y solicitó el rechazo de los rubros indemnizatorios pretendidos.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

II. La sentencia de primera instancia.

La sentencia de fs. 1204/1216 rechazó la demanda entablada por Nélida María Brugnola contra Universidad Argentina de la Empresa y le impuso las costas del juicio.

Para decidir en el sentido indicado, la primer sentenciante juzgó que, de acuerdo con los reconocimientos efectuados, las partes se vincularon mediante un contrato de concesión privada sobre un espacio otorgado por la accionada de forma gratuita, por un período de dos años y cuya fecha de finalización era el 23.12.2011. Valoró, además, que las litigantes no controvirtieron que habían suscripto antes otros tres contratos de concesión por un plazo determinado de tres años a fin de prestar el servicio gastronómico en distintos locales.

Consideró que la demandada comunicó a la concesionaria oportunamente su decisión de no renovar el acuerdo y que lo hizo con más dos meses de anticipación a la fecha prevista para su conclusión.

Juzgó que se trató de un contrato con plazo expresamente determinado y que, en tales condiciones, no se configuró una “rescisión ilegítima” sino que feneció por el simple transcurso del tiempo.

Concluyó que la accionante contó con tiempo suficiente para readecuar la estructura de su empresa y ocuparse de los vínculos laborales que mantuvo con sus empleados.

Decidió, entonces, que no correspondió indemnización alguna en concepto de ausencia de preaviso.

Analizó la jueza todos los contratos que habían celebrado las partes y valoró que no se configuró tampoco un supuesto de relación estable entre ellas que hubiera podido generar en la actora una expectativa de continuidad. Ello pues -destacó- el último acuerdo fue suscripto por la accionante a nombre propio y no como titular de la franquicia “Delicity”.

En sustento de esa conclusión, mencionó que la demandante tampoco demostró la existencia de supuestas promesas de su adversaria relativas a un llamado a licitación para el mes de octubre de 2011. Puntualizó que los correos electrónicos, aunque desconocidos por la demandada, contienen propuestas de Brugnola dirigidas a prorrogar el contrato por un plazo de cinco años; y que el hecho de contar con la conformidad de los clientes para que prosiguiera el servicio, en nada predica sobre la procedencia de su continuidad.

Para decidir este aspecto, analizó la virtualidad probatoria de los testimonios rendidos en el expediente, especialmente el de la Sra. Naveyra Insúa y el del Sr. Barreiro. Ambos refirieron conversaciones que habrían mantenido ocasionalmente con personal de la demandada pero que son insuficientes para considerar las supuestas expectativas alegadas por la actora. Además, en punto a la idoneidad de la Sra. Naveyra Insúa estimó relevante que se hubiera presentado en varias oportunidades en estas actuaciones como letrada de la Sra. Brugnola.

Decidió que no había sido acreditado el ejercicio abusivo del derecho de la demandada ni que tampoco hubiera forzado a la actora a celebrar el contrato.

Concluyó, entonces, que no se demostraron los hechos constitutivos de su reclamo: la resolución intempestiva y abusiva del contrato de concesión.

Reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

III. El recurso

1- Contra la sentencia apeló la actora en fs. 1219; y su recurso fue concedido libremente en fs. 1220.

Expresó agravios en fs. 1253/1256 y fueron respondidos por la contraria en fs. 1261/1264.

En fs. 1266 se llamaron autos para dictar sentencia y el sorteo previsto en el art 268 del Cpr. se practicó en fs. 1267.

2- A su vez, apeló en fs. 1217 contra la regulación de honorarios por bajos el perito licenciado en análisis de sistemas y su recurso fue concedido en fs. 1225.

IV. Los agravios.

Se quejó la actora argumentando que la decisión de grado: i) juzgó que la accionada ejerció de manera legítima la facultad de rescindir el contrato y que su parte contó con tiempo suficiente para readecuar su estructura empresarial; y ii) no consideró que las partes se encontraban en una relación de desigualdad y que las diferencias de poder económico y negocial justificaban la protección de la parte más débil.

V. La solución.

a.1. Aclaro, liminarmente, que el análisis de los agravios esbozados por la quejosa no seguirá necesariamente el método expositivo por ella adoptado; y que no atenderé todos los planteos recursivos, sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (conf. CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica”, del 13.11.1986; ídem, in re:”Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas”, del 12.02.1987; bis ídem, in re:”Pons, María y otro” del 06.10.1987; ter ídem., in re:”Stancato, Carmelo”, del 15.09.1989; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

b. Rescisión del contrato.

b.1.La demandante señaló que UADE obró de mala fe al rescindir el contrato que las vinculara, pues existieron ciertas prácticas que evidenciaban su intención de continuar con la relación comercial. Argumentó, por otro lado, que el tiempo de preaviso fue insuficiente, teniendo en cuenta la duración del contrato.

Adelanto que postularé el rechazo del recurso planteado por la Sra. Brugnola.

Para fundar mi anticipada postura, considero útil principiar el análisis transcribiendo lo que las partes acordaron sobre la conclusión del contrato de concesión. El convenio, suscripto el 19/2/2010, fue acompañado por la actora en fs. 235/239 y reconocido por la contraria en fs. 840 vta.

Establecieron allí las partes que “el presente contrato tendrá vigencia desde el día 19 de febrero de 2010 hasta el 23 de Diciembre de 2011, pudiendo ser prorrogado únicamente mediante la suscripción de otro contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo” (Cláusula segunda, fs. 235).

De la literalidad del convenio surge claro que se trató de un contrato suscripto por tiempo determinado, pues los litigantes habían previsto que concluiría el 23.12.2011.

De allí que no cabe admitir el análisis elaborado por la recurrente en punto a la virtualidad que tiene la comunicación de la rescisión cursada por la demandada.

En ese orden de ideas, UADE comunicó en la carta documento dirigida a la actora el 26.10.2011 (entregada el 1.11.2011; v. fs. 974) que conforme los términos de la cláusula segunda, el 23.12.2012 operaría la finalización de la vigencia del contrato celebrado el 19.2.2010. Y le concedió el plazo de 5 días hábiles a partir de esa fecha para desocupar el local afectado a la prestación de sus servicios.

En esa misiva, la reclamada simplemente le notificó con antelación a la fecha de conclusión prevista en el contrato, que no ejercería la opción de renovarlo.

Se advierte con meridiana claridad, entonces, que a pesar de la posibilidad de reconducción por las partes, se trató de un contrato a término. En consecuencia, el hecho de haber ejercido la demandada la facultad de reconducción anteriormente, no implica que fuera a ser ejercida nuevamente (cfr. esta Sala “Total Cell SA c/ Telefónica Móviles Argentina SA s/ ordinario”, del 26.3.2013).

De allí que no resulta atendible el argumento de la apelante, en tanto que al existir un plazo cierto fijado en el contrato, no puede admitirse que resultara sorprendida con su conclusión.

No se me escapa que en la cláusula décimo primera del contrato había sido pactada la posibilidad de rescindirlo en cualquier momento “debiendo para ello notificar fehacientemente a EL CONCESIONARIO con sesenta días de anticipación” (v. fs. 229).

Sin embargo, lo cierto es que la accionada también cumplió con esa notificación, aun cuando en rigor de verdad no era necesaria porque lo que ocurrió en el caso fue que operó, como quedó dicho, la fecha prevista para su conclusión.

En definitiva, no puede predicarse aquí, la rescisión del contrato de concesión, sino su fenecimiento por el simple transcurso del plazo acordado.

Ello así, habida cuenta la inexistencia de una conducta antijurídica reprochable a la demandada en orden a la finalización del vínculo de concesión, cabe desestimar el reclamo indemnizatorio por daño moral y lucro cesante o pérdida de chance.

La misma solución deberá adoptarse en relación al resarcimiento pedido en concepto de falta de preaviso adecuado.

Recuérdese que el preaviso apunta a que la concesionaria halle otro medio de subsistencia, es decir, está impuesto por la necesidad de que una y otra parte prevean los medios sustitutivos del ingreso o del servicio del cual se ven privados (Marzoratti, Osvaldo J. “Sistemas de distribución comercial”, Bs.As., Astrea, 1992, pág. 82). O, dicho de otro modo, la concesión de un plazo razonable de preaviso lo es con el objeto de compensar las expectativas generadas por la estabilidad de la relación y dar al perjudicado la posibilidad de reorganizar su actividad (CNCom., Sala B, “Austral SRL c/ Nestlé Argentina SA”, del 31.5.2000).

Y en el caso, reitero, se trató de una relación que tuvo un plazo determinado de duración, conocido por la actora. De allí que contó con tiempo suficiente para readecuar su estructura empresaria -o, al menos, prever alguna otra alternativa negocial- ante el conocido fenecimiento del vínculo mantenido con su contraria.

A todo evento, agrego que tampoco puede concluirse en la existencia de una continuidad en la relación contractual de las partes (v. contratos de fs. 225/234, 248/255, 241/247, 235/239, reconocidos por la demandada en fs. 840 vta.).

Es que, tal como fue referido por la primer sentenciante, el último contrato fue firmado por Brugnola a título personal y no como titular de la franquicia “Delicity”, carácter asumido en los anteriores acuerdos (fs. 235/239, 241/247 y fs. 248/255).

Ello habría acontecido porque, según relató la demandada, aquélla había perdido la franquicia de “Delicity”.

Si bien la actora nada dijo para aclarar ese cambio, tampoco rebatió lo afirmado por la demandada.

Tal situación impide entonces aseverar que se hubieran vinculado contractualmente a lo largo de 11 años del modo en que fue invocado por la reclamante y que, en consecuencia, debiera ella contar con un mayor tiempo para reorganizar su actividad.

Además, el hecho de que hubieran suscripto ese último contrato por un período inferior al año -aunque el suficiente para cumplir con el plazo pactado en el acuerdo anterior: 23.12.2011- descarta que la actora hubiera podido representarse la posibilidad cierta de que el vínculo comercial no concluiría en la fecha prevista.

b.2. Vinculado con lo anterior, sostuvo la recurrente que la reclamada realizó ciertos actos que evidenciaron su intención de renovar el contrato. Afirmó que ello la indujo a pensar que la relación continuaría.

Como quedó dicho, mal pudo Brugnola suponer tal cosa.

Nótese que la accionante le manifestó en su carta documento del 4.11.2011 que “...posee prueba suficiente que acredita las tratativas extrajudiciales que hicieron que la suscripta tuviera una razonable expectativa de la continuación del contrato que nos une” (fs. 296).

Sin embargo, ello no encuentra sustento en las constancias de la causa; y lo cierto es que del propio relato de la demandante se desprende el desacierto de su afirmación.

En efecto. Brugnola dijo en sus agravios que cada tres años negociaba el contrato de concesión con su contraria, y señaló que “las negociaciones siempre fueron duras...sin embargo se llegaba, después de un difícil intercambio de ideas, a buen término” (fs. 1253).

Y señaló que a principios del año 2010, previo a celebrar el último acuerdo -que es el que motivó el presente reclamo-, “UADE comunica a la suscripta su intención de no renovar el contrato de concesión...Después de varias reuniones mi parte logra suscribir un nuevo contrato de concesión por un término de dos años” (fs. 3).

Así las cosas, es evidente que la actora contó con motivos más que suficientes para representarse que era incierta la posibilidad de continuar la relación negocial.

Además, abona ese estado de incertidumbre el hecho de que la demandada utilizara el sistema de licitaciones para celebrar los contratos, pues ellas podían ser ganadas o no por la accionante, según afirmó el Sr. Fasulino en su inimpugnado testimonio (pregunta sexta, fs. 1065).

En el mismo orden de ideas, la declaración testimonial de la Sra. Naveyra Insúa (fs. 1039/1041) cuya valoración por la anterior sentenciante fue objeto de agravios, en modo alguno lleva a pensar que la accionante contara con una ”razonable expectativa” de renovación del contrato.

En efecto, la deponente se refirió a una conversación que tuvo con el Sr. Fasulino, cuando éste representó a la UADE en una audiencia de conciliación laboral de un empleado de la Sra. Brugnola. En la misma, le habría dicho a la Sra. Naveyra Insúa que “la UADE estaba intranquila por tener que ir a esas conciliaciones como demandados, que los empleados los citaran a estas conciliaciones. Por lo que le dijo el Dr. Fasulino que como él tenía mucha injerencia en la toma de decisión en relación a la renovación de las concesiones le solicitó que hiciera un informe con los procesos litigiosos para dar claridad y tranquilidad a la UADE” (respuesta primera, fs. 1040). La testigo dijo que cumplió con la presentación de ese listado en julio/agosto de 2011.

Así las cosas, ese testimonio nada predica en orden a que efectivamente se renovaría el contrato. Es que el Sr. Fasulino lo único que le habría manifestado era la posibilidad de colaborar para la renovación del convenio. Pero no puede soslayarse que esa ayuda habría sido ofrecida luego de advertirle sobre la preocupación de la concedente por la existencia de juicios laborales iniciados en su contra por empleados de la accionante.

De modo que, a las duras negociaciones que entablaban cada vez que renovaron el contrato -según la versión de la propia recurrente-, se sumaron algunas contingencias que tornaron aún más dificultoso el panorama.

Y es que mal puede apreciarse como irrazonable que UADE, luego de recibir la información de los reclamos laborales contra la accionante, tomase la decisión de no renovar el contrato.

En este sentido, advierto que, según el relato de Brugnola, habría enviado el listado de juicios laborales el 4.10.2011 y poco tiempo después recibió la carta documento de UADE comunicándole que el contrato no sería renovado.

En consecuencia, aún si se considerara, eventualmente, que la conversación con el Sr. Fasulino generó en la actora una expectativa de renovación, ello no puede haber durado más que unos pocos días, pues casi inmediatamente luego de remitir el listado de juicios recibió una carta documento notificándole que la concesión finalizaría en la fecha prevista.

En otro orden de ideas, y más allá de la eficacia de los dichos de la Sra. Naveyra Insúa para demostrar los hechos invocados por la apelante, no cabe omitir tampoco la cuestionada idoneidad de esta testigo (fs. 1051), que se desempeñó como abogada suya en este conflicto (fs. 1058/1059 y 1065/1066).

c. Abuso de posición dominante

La magistrada de grado concluyó que no se configuró el abuso de posición dominante que invocó la actora. Especialmente, valoró que la accionante no demostró que: a) fuera forzada a la celebración del contrato; b) resultara abusiva la exigencia a constituir una fianza -sobre todo considerando que se trataba de un contrato de concesión de un espacio gratuito-; y c) hubiera incumplido con la garantía de indemnidad, pues la demandada se vio perjudicada por reclamos laborales dirigidos a la actora.

La recurrente reiteró el discurso efectuado en la demanda. Adujo que se encontraba en una clara situación de desigualdad respecto de la demandada, quien le había impuesto todas las condiciones de contratación y fijado los precios de los productos, además de obligarla a garantizar el vínculo hipotecando su única vivienda.

Ahora bien. Corresponde señalar que la recurrente no formuló una crítica concreta y razonada de lo decidido en la sentencia de grado. Así pues se limitó, como fue dicho, a reiterar los capítulos planteados en su escrito inicial (v. fs. 3/4) pero no rebatió, siquiera mínimamente, los argumentos que utilizó la magistrada para decidir como lo hizo.

Recuérdese que el contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica concreta y razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 836/37, Astrea, Bs. As. 1985).

En razón de lo expuesto, se impone la deserción de este planteo recursivo (Cpr. 266).

VI. Conclusión

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mi distinguido colega del Tribunal, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de agravio. Con costas de Alzada a la apelante vencida (Cpr. 68).

Así voto.

Por análogas razones el doctor Rafael F. Barreiro adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

 

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

 

Buenos Aires, 13 de julio de 2017.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de agravio. Con costas de Alzada a la apelante vencida (Cpr. 68).

II. Finalmente y con relación a la apelación de los honorarios regulados a favor del perito informático Salvador Orsini a fs. 1215/6, no puede soslayar este tribunal que aplicar mecánicamente la escala arancelaria sobre la base regulatoria fijada en la regulación de honorarios en estudio, conduciría a una inequitativa desproporción entre la labor realizada por el beneficiario (consistente en la pericia de fs. 1094/1114) y la retribución correspondiente.

Por ello, deberá estarse a lo establecido por el ordenamiento procesal en su art. 478 y al art. 13° de la ley 24.432 que autoriza: "Los jueces deberán regular los honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la justicia, por la labor desarrollada en los procesos judiciales o arbitrales, sin atender los montos y porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder...".

Bajo dichos parámetros, se elevan a cincuenta mil pesos ($ 50.000) los estipendios del perito licenciado en análisis de sistemas, Salvador Orsini.

III. Notifíquese (Ley n° 26.685, Ac. C.S.J.N. n° 31/2011 art. 1° y n° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13 y n° 42/15).

Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la Vocalía N° 17 de esta Cámara (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

 

Alejandra N. Tevez

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

  

019790E