Convenio De Honorarios Nulidad De Convenio Capacidad Del Otorgante Oportunidad De Homologacion

JURISPRUDENCIA

Convenio de honorarios. Nulidad de convenio. Capacidad del otorgante. Oportunidad de homologación

 

Se confirma el pronunciamiento que declaró la nulidad del convenio de honorarios de abogados, al acreditarse que el cliente no se hallaba en condiciones físicas y psíquicas de comprender la naturaleza del acto celebrado por haber sufrido recientemente un trágico accidente, hallándose en estado vegetativo y con mínima conciencia.

 

 

Buenos Aires, 7 de abril de 2017.-

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.- El pronunciamiento de fs.270/1 admite la solicitud del Sr. Defensor de Primera Instancia a fs.260 y declara la nulidad del convenio de honorarios agregado a fs.244 y que habría celebrado la actora, Sra. F. P., con los Dres. O. A. Y. y D. R. Á., decisión apelada por ambos profesionales a fs.275; el primero de los nombrados funda sus agravios a fs.286/91.

La Defensoría de Menores de Cámara dictamina a fs.422/7 y propicia la confirmatoria del fallo recurrido en tal aspecto.

II.- Toda vez que el Dr. D. R. Á. no cumplió con la carga impuesta por el art.265 del Código Procesal, corresponde declarar la deserción del recurso interpuesto (art.266, cod.cit.).

III.- El art.265 citado exige que el escrito de expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

La presentación de fs.286/91, que el apelante Y. califica como expresión de agravios no es tal, ya que una simple lectura muestra que es transcripción casi textual del escrito de fs.263/5 en que contestó el planteo de la Defensoría y fue admitido por el juzgador con sólidos argumentos. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el art.266 del mismo cuerpo normativo, el recurso debe declararse desierto.

No obstante ello, el Tribunal formulará las consideraciones que siguen, al solo fin de reafirmar el criterio que prima en la decisión cuestionada.

IV.- El recurrente arguye, en líneas generales, que la sentencia es arbitraria por cuanto el magistrado la sustenta en el informe pericial obrante a fs.139/42 de este expediente presentado el 9 de mayo de 2012, siendo que el convenio de honorarios fue suscripto en fecha 27 de diciembre de 2011, es decir, mucho tiempo antes, en razón de lo cual no puede otorgársele al examen efectos retroactivos; así también, alega que la inspección ocular que llevó a cabo el magistrado junto al secretario del Juzgado en el establecimiento donde se hallaba internada la actora aconteció el 21 de agosto de 2012, tiempo después de la data del convenio que se pretende hacer valer (fs.34, expediente n°63.712/12 que se tiene a la vista).

Ante todo se impone recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todos sus argumentos sino sólo en aquellos que considera conducentes al esclarecimiento del litigio. Es decir, no tiene el deber de tratar todas y cada una de las argumentaciones, sino tan sólo aquellas que estime que poseen relevancia para sustentar la decisión (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 310:267, entre otros).

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino las que estime apropiadas para resolver el caso (art.386, C.Proc.).

Por lo tanto, no seguiremos al recurrente en todas y cada una de sus argumentaciones, sino que abordaremos las cuestiones que consideramos sustanciales y conducentes para decidir el conflicto (CNCiv., Sala C, in re “Brunetti, M. c/ Marcacchio, D. s/ interdicto”, del 23-10-14; id.id., in re “G., N. c/ G., J. s/ aumento cuota alimentaria”, del 30-11-15 y sus citas).

Aclarado lo expuesto, a criterio de la Sala, resulta definitorio a los fines de dirimir la cuestión sometida a estudio, el informe expedido por el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” agregado a fs.41/3 de los autos seguidos sobre medidas precautorias (n°63.712/12) y que diera sustento a la resolución adoptada por el magistrado a fs.46/9 (ver esp. fs.47), confirmada por la Sala a fs.86, en la cual se dispuso el traslado de la Sra. P. al Hospital de Rehabilitación “M. Rocca”. Es oportuno poner de resalto que el único agravio que formuló el Dr. Y. en su condición de apoderado de la Sra. P. era el lugar donde se dispuso su traslado, sin efectuar ningún otro cuestionamiento a la decisión.

En el informe suscripto por los Dres. C. B., O. A. R. y O. M., en fecha 22 de agosto de 2012, exponen textualmente: “La paciente F. P.... se encuentra internada en la Unidad ..., Cama ... de la Clínica Médica del Hospital J. M. Penna. Dicha internación data del año 2010. Fue motivada por un accidente en la vía pública que le ocasiona traumatismo encéfalo craneano severo que requirió cirugía descompresiva cerebral. Evolucionó con meningo-encefalitis bacteriana tratada durante un período prolongado con antibióticos. La paciente tuvo como secuela del accidente de tránsito una hemiplejia facio braquio crural izquierda y permaneció en estado vegetativo hasta el mes de agosto de 2011 donde ha pasado a tener conductas y respuestas objetivables, por lo que hoy la paciente se encuentra en un Estado de Mínima Conciencia...”, asimismo “... reducido por la traqueostomía con la que se encuentra realizada por intubación oro traqueal prolongada en terapia intensiva” (ver esp. fs.41).

El citado informe coincidente con el agregado a fs.29/31 en copia certificada se encuentra glosado en el expediente n°75.077/13 promovido por el Sr. Defensor de Menores sobre determinación de la capacidad de la Sra. P., del cual el letrado tuvo pleno conocimiento a poco que se merite que interviene en la causa en carácter de letrado apoderado del curador “ad litem”, hijo de la causante (ver, entre otras, fs.94).

Asimismo, se señala que el Dra. Y. al tiempo de promover la demanda expuso que su defendida: “...como consecuencia del accidente de autos, sufrió gravísimas lesiones (...) donde ha permanecido internada hasta la actualidad luchando por su vida. Las lesiones sufridas por la actora fueron: politraumatismo, fractura de muñeca derecha, traumatismos de cráneo con pérdida de conocimiento, con contusión fronto temporal (...) Permanece internada en gravísimo estado desde el día del accidente (9 de noviembre de 2010) a la fecha, alternando de como con períodos de recuperación del sensorio y de la lucidez (...) su sensorio gravemente disminuido, sin hablar, ni alimentarse por sí, con ayuda respiratoria, alimentada con zonda nasogástrica, y por largos espacios en un estado de inconsciencia... (fs.5 vta.).

De lo expuesto se colige sin hesitación que, en contrario de lo argumentado por el quejoso, la Sra. P. no se encontraba en condiciones físicas y menos psíquicas de comprender la naturaleza del acto celebrado el 27 de diciembre de 2010, un poco más de un mes de acaecido el trágico accidente (9 de noviembre de 2010), puesto que, como quedó dicho, según los propios galenos que la asistieron se hallaba en estado vegetativo y con mínima conciencia.

Ello así, en coincidencia con lo argumentado por el juzgador y de acuerdo con lo dictaminado por el Ministerio Pupilar, no corresponde más que declarar nulo el convenio de honorarios traído a juicio.

En perjuicio de ello, tal como es puesto de resalto por el magistrado, el Dr. Y. en dos oportunidades negó la existencia de un acuerdo sobre honorarios, remitiéndonos a las constancias que informa el expediente seguido por beneficio de litigar sin gastos que se tiene a la vista (n°27.813/11, fs.21 -en carácter de declaración jurada- y 43), conducta ésta que no puede menos que calificarse como reprochable, visto el desarrollo de los acontecimientos.

Para finalizar, es del caso señalar que el convenio en cuestión fue incorporado a la causa con posterioridad al dictado de la sentencia que admitió la demanda de daños promovida, hecho que no se discute (fs.227/39 y fs.244/5). El pacto constituye un contrato aleatorio del pleito; consecuentemente, sólo tiene sentido pendiente la litis y aquél aspecto se esfuma si se pretende -tal el caso de autos- su homologación luego de que el resultado es conocido, como ocurre cuando ya se ha dictado sentencia definitiva.

De ahí, que la queja merece ser desestimada.

Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo dictaminado por la Defensoría de Menores de Cámara, SE RESUELVE: 1) declarar desierto el recurso de apelación concedido al Dr. Á., 2) confirmar el pronunciamiento de fs.270/1. Con costas (art.69, C.Proc.); 3) I.- Con relación al planteo efectuado en el punto III del escrito de fs. 338 en cuanto a que, las regulaciones de honorarios contenidas en el auto de fs. 316 superarían la limitación del 25% del monto del pleito para responder por las costas, impuesta por la ley 24.432, hoy regulado en el art. 730 del Código Civil y Comercial, del 25 %, es del caso señalar que, conforme lo ha sostenido este Tribunal en casos análogos, la retribución de los profesionales debe ser remunerada de acuerdo a las pautas normadas por sus respectivos aranceles y a las tareas realizadas, prescindiendo de la limitación prevista por la normativa mencionada.

Para así decidirlo se ha considerado que no debe olvidarse, en primer lugar, que los honorarios de profesionales revisten el carácter de alimentarios.

Así también, se tiene en cuenta que la última reforma arancelaria sancionada data del año 1995; desde entonces se ha incrementado considerablemente la retribución de los mediadores conforme lo previsto por la ley 26.589, reglamentada por el decreto 1467/2011 con la modificación introducida por el decreto 2536/2015, así como el monto previsto por el art. 242 del Código Procesal y la retribución básica del juez de primera instancia, por lo que, si bien el art. 730 del Código Civil y Comercial de la República Argentina, establece un tope al monto por el que deben regularse los honorarios en un proceso, no limita el derecho de los letrados y procuradores a la percepción integral de las remuneraciones que les corresponde de acuerdo a las pautas arancelarias respectivas. Es que, el texto legal no indica en manera alguna que las regulaciones deban situarse por debajo de las alícuotas arancelarias, las que siguen siendo de aplicación obligatoria para los jueces.

El art. 505 del Código Civil (modificado por el art.1° de la ley 24.432), mantenido en la actualidad en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la República Argentina, en su momento introdujo sí un cambio en la responsabilidad del deudor beneficiado con el privilegio del porcentual máximo determinado en ella. Por ello, las sumas que excedan dicho margen del veinticinco por ciento (25%) deberán ser satisfechas, entonces, por el propio cliente, situación que cabe extender a las retribuciones de los peritos (conf. “Código Civil, comentado y anotado”, Carlos S. Fayt, T° I, pg.57, ed. La Ley, 3° ed. actualizada y ampliada).-

En tal sentido el Dr. Carlos S. Fayt, con criterio que esta Sala se permite compartir, ha sostenido que el texto del art. 505 del C.C.- hoy art. 730 del CC y C -, “no contiene limitación alguna en lo que al monto de los honorarios a regular judicialmente se refiere. Antes bien, se alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas, cuestión distinta de la relativa al monto de los honorarios”, pues “si lo que la ley estuviera disponiendo fuera un tope para el importe de las regulaciones judiciales de honorarios sobreabundante sería el párr. 2°” (conf. Ure, Carlos E.- Finkelberg, O. G., “Honorarios de los Profesionales del Derecho...”, nueva edición revisada, actualizada y ampliada, ed. Abeledo Perrot, pg.731/732 y sus citas).

Siguiendo el criterio expuesto, las pautas establecidas en las respectivas leyes arancelarias deben tomarse en cuenta para establecer los emolumentos de los profesionales del derecho y demás auxiliares para lograr una justa retribución de éstos por los trabajos que conlleva su ejercicio (conf. art.58 del CPCC; CNCiv., Sala B, R. 574.844, del 28//2011; íd. íd., Sala C, H.585.326, del 7/12/2011). Máxime que la misma normativa en su art. 13 autoriza al magistrado a apartarse de los mínimos arancelarios cuando se configuran los supuestos previstos en éste.

En tal sentido, al fijarse la retribución de los profesionales intervinientes, debe ponderarse no sólo las pautas previstas en el art. 6 de la ley 21.839 (modificada parcialmente por la ley 24.432), sino también el lapso que insumió la tramitación de la causa y que las tareas de los letrados que defendieron a los litigantes debieron ajustarse a un comportamiento y prestación, reglada tanto desde el punto de vista ético (art.10 de la ley 23.187) como profesional (art.11 de la ley 10.996) cuyo incumplimiento podría comprometer desde su responsabilidad personal en la conducción del pleito, hasta la evaluación y eventual sanción de su conducta por el órgano encargado de la colegiación. Por ello, resulta por demás justo, como se expuso, que reciban una retribución acorde a su desempeño y a las obligaciones involucradas en su quehacer.

En razón de lo expresado precedentemente y considerando lo prescripto por el art. 730 del Código Civil y Comercial y antes por el art.505 del Código Civil (modificado por el art.1° de la ley 24.432), corresponde que aquellos montos regulados a los abogados y -auxiliares de la justicia que superen el porcentaje previsto en dicha disposición legal sean abonados por su cliente y prorrateados, en el otro caso, entre los litigantes, aún cuando éste haya sido triunfante en el proceso.

II.- Por las consideraciones precedentes, SE RESUELVE: 1) Desestimar el planteo efectuado en torno a la aplicación de la limitación establecida en el art. 730 del actual Código Civil y Comercial de la Nación al monto de los honorarios regulados a fs. 316. Sin costas por no haber mediado sustanciación ( conf. arts. 68 y 69 del CPCC). 2) Disponer que los importes de los honorarios regulados a los letrados de la vencedora, que superen el tope previsto por el art. 730 del Código Civil y Comercial, sean absorbidos por el cliente, criterio que corresponde extenderlo a los emolumentos de los peritos. 2) Teniendo en cuenta el mérito, valor y complejidad de las tareas desarrolladas, etapas cumplidas y monto en juego que surge del acuerdo instrumentado a fs. 293, con las modificaciones introducidas a fs. 315, proporcionalidad que deben guardar los emolumentos de los auxiliares de la justicia con los de los profesionales del derecho, de conformidad con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19, 37 y 38 del Arancel; arts. 6, 80 y 88 del decreto 7887/55; art. 3° del decreto ley 16.638/57 ; art.478 del Código Procesal Procesal y por el Tribunal en Pleno en autos “Murguia E. C/Gree E. S/cumplimiento de contrato” (del 2/10/2001), se confirman los honorarios regulados en el decisorio de fs. 316 a favor de los Dres. O. A. Y. y D. R. Á., en conjunto, apelados sólo por altos; los de los Dres. J. C. E., D. E. D. M., I. S. T., M. L. B. y N. M. C.,, en conjunto, apelados sólo por altos; los del perito contador P. H. M., apelados sólo por altos y los de la consultora técnica médica Dra. N. M. B., apelados sólo por altos; elevándose los regulados a favor de la perito médica Dra. A. T. A. J. G. M., apelados por altos y bajos, a la suma de $ 210.000; los del perito ingeniero L. A. E., apelados por altos y bajos, a la suma de $ 210.000. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo C: Anexo III, art.1° inc. g) del decreto 1467/2011 reglamentario de la ley 26.589, sólo cabe confirmar la retribución fijada a favor de la mediadora Dra. G. I. M., apelada sólo por alta, en tanto ella deriva de expresa disposición legal, los que deberán abonarse en el plazo de diez días corridos. Notifíquese en los términos previstos por la Acordada 38/13 de la CSJN y a la Defensoría de Menores de Cámara en su sede. Oportunamente, devuélvase.- Se deja constancia que la vocalía n° 8 se encuentra vacante.

 

OMAR LUIS DÍAZ SOLIMINE

LUIS Á. JULIÁ

 

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