Corte De Energia Electrica Danos Y Perjuicios

JURISPRUDENCIA

Corte de energía eléctrica. Daños y perjuicios

 

Se confirma la sentencia apelada en cuanto admitió la demanda por los daños y perjuicios ocasionados a la actora a raíz de los reiterados cortes de suministro de energía eléctrica en su domicilio, y se elevan las sumas correspondientes al daño moral y al daño punitivo.

 

 

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Benitez Ríos Natalia Elizabeth c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Graciela Medina dijo:

I. La señora juez a quo resolvió admitir la demanda promovida por Natalia Benítez Ríos, con el objeto de que le fueran resarcidos los daños y perjuicios sufridos a raíz de diversos cortes de energía que tuvo en su domicilio, a partir de diciembre de 2010 y en distintos períodos hasta febrero de 2014. En consecuencia, condenó a Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) y a su aseguradora Generali Argentina Compañía de Seguros S.A., a pagarle la suma de $14.500, con más sus intereses y costas. Para así decidir, tuvo por acreditada tanto la relación contractual entre las partes como los cortes del suministro eléctrico alegados. La reparación incluyó la suma de $4.000 en concepto de daño material, $6.500 por daño moral y $4.000 por el rubro daño punitivo (ver fs. 267/276).

Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora a fs. 291/294, recurso que fue concedido a fs. 313. Expresó agravios a fs. 320/323, que fueron respondidos por la contraria a fs. 325/338. Asimismo se han presentado recursos contra la regulación de honorarios (ver fs. 287, 289, 294vta., 296, 298 y 304 concedidos a fs. 288, 290, 295, 297, 299 y 305), que en caso se corresponder serán tratados en conjunto al final del Acuerdo.

II. Previo al análisis de los agravios articulados, corresponde que me expida sobre el derecho aplicable a la resolución del presente conflicto atento a que a partir del 1° de agosto de 2015, se encuentra vigente un Código Civil y Comercial Unificado que reemplaza al Código Civil y al Código de Comercio que se encontraban en vigor tanto al momento de los hechos, como al tiempo de la traba de la litis. En el caso, nos encontramos frente a una relación generada por un contrato y por ello en este caso la ley que rige la responsabilidad civil es la vigente al momento de la producción del hecho generador del daño, es decir el incumplimiento contractual (causa 6.681/1999 del 10/03/2016). No obstante que propicio aplicar a este conflicto el Código Civil de Vélez Sarsfield no descarto citar algunas normas del nuevo ordenamiento como doctrina corroborante con la fundamentación jurídica que adoptaré.

III. Dicho esto cabe señalar que resulta materia de apelación las sumas indemnizatorias por daño material y moral que considera insuficientes en atención a la duración y la época en que se produjeron los cortes, y los múltiples padecimientos que ha debido afrontar. Asimismo, indica que dichas sumas son claramente inferiores a las que el tribunal ha dispuesto en casos similares y que no ha tenido en cuenta que la actora vivía junto con su hija de corta edad.

En tal sentido, corresponde apreciar que de acuerdo a lo informado por el ente regulador la actora sufrió 42.141 minutos de corte, lo que representa más de 700 horas de corte. En este punto, le asiste razón al declarante en cuanto a que el juez de grado hizo referencia sólo a 546 horas (ver fs. 270), que corresponden a cortes entre diciembre de 2010 y febrero de 2014, cuando en realidad se había reclamado por 10 años de cortes, iniciando en el año 2005 (ver fs. 7). Es cierto que la propia actora estableció en la demanda que por su intensidad y magnitud se destacaban los ocurridos a partir de diciembre de 2010, pero los otros cortes también fueron objeto de reclamo.

Ahora bien, una cosa es considerar la totalidad de los cortes reclamados y otra es su valoración a los efectos del daño moral. En efecto, entre octubre de 2005 y noviembre de 2010, la mayoría de los cortes fueron en días diferentes y muchos de ellos de una duración inferior a las 3 horas, aspectos estos que deben ser también tenidos en cuenta. En este sentido, las declaraciones testimoniales de fs. 154/155 han sido contestes en destacar los padecimientos de la actora y su pequeña hija a raíz de los cortes, destacando especialmente los ocurridos desde fines del año 2010. Finalmente, debe considerarse especialmente que al vivir en un segundo piso, se producen molestias adicionales más aún con una hija muy pequeña que demanda atención permanente, todo lo cual se incrementa en las épocas de alta temperatura. Adviértase que tuvo corte de suministro eléctrico entre el 25 de diciembre del 2013 hasta el 5 de enero de 2014 (ver fs. 164 vta.).

En estas condiciones, estoy convencida que la suma establecida por la jueza de grado resulta insuficiente en atención a lo prolongado de los cortes sufridos por la actora y los múltiples padecimientos que ha debido afrontar por tratarse de época estival. Por ello, si mi opinión es compartida, corresponde elevar a $20.000 el daño moral.

b) Daño punitivo: El apelante cuestiona por insuficiente la suma de $4.000 dispuesta en la sentencia de grado. Sostiene que la reparación no se corresponde con la establecida en casos análogos y destaca la inutilidad del instituto si a la empresa le resulta más económico pagar exiguas indemnizaciones que realizar las inversiones correspondientes. Asimismo, destaca otras situaciones en las cuales la empresa ha actuado con premura para resolver los cortes, lo cual demostraría su despreocupación por gran parte de los usuarios del servicio.

Sobre este punto, el tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse in extenso en la causa “Roldán, Silvia B. T. c/Edesur S.A. s/daños y perjuicios” (causa 5.719/12 del 03/9/15) a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad y que en copia acompaña a la presente, sin perjuicio de que puede ser consultada en el sitio http://scw.pjn.gov.ar perteneciente al Sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial de la Nación. Interesa puntualizar que la remisión aludida constituye fundamento suficiente de este pronunciamiento, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 300:916; 300:1020; y 308:1206, entre otros).

En dicha oportunidad se puso de manifiesto la dificultad en la cuantificación de este tipo de daños y la conveniencia de tener en cuenta al menos tres parámetros fundamentales: la gravedad de la falta cometida por el demandado, la posición de mercado del infractor y la consideración de los efectos que la sanción a aplicar tendrá en la resolución de casos posteriores similares. Ello sin dejar de advertir que la ley 24.240 opta definitivamente por aquel sistema que destina la totalidad del monto a la víctima del hecho lesivo, descartando por lo tanto el denominado “sistema mixto”, mediante el cual se divide en determinada proporción el monto de la sanción entre la víctima y el Estado o alguna entidad de bien público.

Considero que en el caso se justifica otorgar un monto por este daño. En efecto, de acuerdo al informe suministrado por el ENRE, al que ya hice referencia, el actor no sólo ha sufrido una importante cantidad de cortes desde octubre de 2005 hasta junio de 2014 (junio de 2008 hasta febrero de 2016) (fecha del informe), sino que entre el 2 de diciembre de 2010 y el 25 de febrero de 2014, tuvo más de 546 horas de corte, es decir, casi 23 días. De hecho, tuvo cortes casi 10 días seguidos de corte entre el 25 de diciembre de 2013 y el 5 de enero de 2014.

Esto muestra a las claras la falta de voluntad de la demandada y su actitud desaprensiva para dar una respuesta adecuada al problema, y los múltiples contratiempos que en época estival, ha generado a la actora y su pequeña hija. De allí que propongo admitir el rubro y fijar la suma de $28.000.

IV. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo modificar el fallo apelado con el siguiente alcance: a) elevar las sumas correspondientes al daño moral y al daño punitivo a las de $20.000 y de $28.000, respectivamente. Las costas se imponen a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Así voto.

Los Dres. Ricardo Gustavo Recondo y Guillermo Alberto Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar el fallo apelado con el siguiente alcance: a) elevar las sumas correspondientes al daño moral y al daño punitivo a las de pesos VEINTE MIL ($20.000) y de pesos VEINTIOCHO MIL ($28.000), respectivamente. Las costas se imponen a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Una vez que se encuentre firme la liquidación del crédito que se manda pagar con sus intereses, vuelvan las actuaciones a los efectos de proceder a las regulaciones de los honorarios profesionales (art. 279 del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

Graciela Medina

Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo

 

  Correlaciones:

Lavalle, Marta Amanda c/Edesur SA s/daños y perjuicios - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. Sala I - 15/07/2014 - Cita digital IUSJU219904D

 

 

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