Danos Y Perjuicios Bicicleta En Mal Estado Caida De La Actora Obligacion De Seguridad De La Demandada Defensa Del Consumidor

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Bicicleta en mal estado. Caída de la actora. Obligación de seguridad de la demandada. Defensa del consumidor

 

Se mantiene el fallo que hizo lugar a la demanda de daños deducida a raíz de la caída de la actora mientras andaba en bicicleta, pues su utilización como parte de los servicios ofrecidos y el daño ocurrido en el predio de la emplazada son suficientes elementos para tener por acreditado el incumplimiento del deber de seguridad y, por ende, para desplazar sobre la demandada la carga de demostrar el uso indebido por parte de la víctima o en condiciones tales de provocar la rotura y de autoinferirse el daño.

 

 

En Buenos Aires, a los … días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, hallándose reunidas las señoras jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. María Isabel Benavente, Mabel De los Santos y Elisa M. Diaz de Vivar, a fin de pronunciarse en los autos “Garrobo, Estela c/Asociación Cristiana de Jóvenes de la República s/daños y perjuicios”, expediente n° 106.826/2013, la Dra. Benavente dijo:

I.- La sentencia de fs. 227/236 hizo lugar a la demanda y condenó a la emplazada -con extensión a su seguro- a abonar la suma que indica, con más sus intereses y las costas del juicio.

Viene apelada por la actora y la citada en garantía. En tanto la primera procura se eleve el quantum de las indemnizaciones concedidas, el seguro cuestiona la responsabilidad que se le endilgó a la demandada y, en subsidio, solicita se reduzcan los montos indemnizatorios.

II.- Ante todo, examinaré las normas a la luz de las cuales corresponde estudiar el caso. El art. 7° del Código Civil y Comercial reproduce -en lo sustancial y en lo que aquí interesa- el art. 3° del código derogado, según la modificación introducida en su momento por la ley 17.711. Rigen, entonces, los principios de irrectroactividad y de aplicación inmediata de la ley, en virtud de los cuales la nueva disposición se aplica hacia el futuro, pudiendo alcanzar los tramos de situaciones jurídicas que no se encuentran aprehendidas o alcanzadas por la noción de consumo jurídico (conf. ROUBIER, PAUL, Le droit transitoire (Conflicts des lois dans le temps), 2ª ed. Pariz, ed. Dalloz et Sirey, 1960, nro. 42, p. 198 y nro. 68, p. 334, citado por Kemelmajer de Carlucci, El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, La Ley Online AR/DOC/1330/2015). La nueva normativa mantiene, sin embargo, la excepción al principio de aplicación inmediata cuando se trata de contratos en curso de ejecución. En tal caso, se aplica la ley vigente al momento de la celebración del acuerdo, que regirá durante toda la vida de la relación jurídica hasta su extinción. Es lo que se conoce como principio de ultractividad de la ley, esto es, la ley supletoria ha sido derogada y modificada por otra pero, por aplicación del principio de libertad contractual, perdura hasta la extinción de la relación jurídica (conf. Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Parte general”, La Ley, 13º ed. Bs.As. 2008, t. 1, p. 169). Siempre, claro está, que no se trate de normas supletorias más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.

En tales condiciones, las leyes de protección de los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata, pues dicha norma es de raigambre constitucional y está estructurada sobre la base de una razonable aplicación del principio protectorio propio del Derecho del Consumo, que el Cód. Civil y Comercial de la Nación recoge no sólo para los contratos en general (arts. 1096 a 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación), sino que también extiende a ámbitos específicos (conf. Aída Kelmemajer de Carlucci “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, 1era. edición, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 61).

III.- Por estrictas razones de orden metodológico, corresponde examinar en primer lugar las quejas de “La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA”.

Al contestar la citación en garantía, la recurrente admitió expresamente que la actora y su marido adquirieron una estadía en el Centro Turístico vacacional Ymcapolis, que la demandada posee en Villa Arcadia, Sierra de la Ventana (Provincia de Buenos Aires). También sostuvo que mientras Garrobo andaba en una bicicleta proporcionada por el establecimiento experimentó una caída y sufrió una fractura en el brazo, aunque afirmó que se trató de un infortunio casual, tal vez por falta de dominio del rodado. Asimismo, reconoció que fue atendida en una sala de primeros auxilios de la zona y que se le colocó un yeso.

Con sustento en la declaración de Pazos (fs. 85), la sentencia recurrida tuvo por acreditado que el siniestro obedeció a una deficiencia en la bicicleta cuya cadena se salió y provocó el infortunio por el que reclama Estela Garrobo. La compañía aseguradora -que no cuestionó el encuadre jurídico efectuado por el primer juzgador-afirmó que la actora debió probar que el biciclo no se encontraba en condiciones previsibles y normales de uso y que esa fue la causa adecuada del accidente, extremo que, a su modo de ver, no puede ser acreditado con la única prueba ofrecida por la víctima.

Recuerdo que según el art. 377 del Cód. Procesal, corresponde la carga de la prueba a quien afirme la existencia de un hecho controvertido; y "cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción". Vale decir, dicha disposición requiere la existencia de la compatibilidad entre los presupuestos de hecho contenidos en las normas de las cuales las partes persiguen la obtención de un efecto jurídico favorable.

Para acreditar la deficiente prestación del servicio, la actora ofreció prueba de testigos. De los tres propuestos, sólo compareció Pazos, quien declaró a fs. 85. Explicó que si bien no se hospedaba en el predio de la demandada, se encontraba recorriendo el parque junto a su esposo, por estar permitido el ingreso de terceros. En esas circunstancias, dijo haber presenciado la caída de Garrobo y, al acercarse para ayudarla, vio que la bicicleta estaba caída. Señaló que “la “señora decía que se había salido la cadena y efectivamente... estaba salida...”. Esta declaración no fue impugnada por la emplazada, que sólo se limitó a considerar que era insuficiente para probar que las lesiones experimentadas obedecieron a un vicio de la cosa.

A partir de esos elementos, coincido con el Sr. Juez de grado, en que las circunstancias en que tuvo lugar el accidente se encuentran suficientemente acreditadas. No se diga que los dichos de ésta carecen de fuerza convictiva, toda vez que por más que Pazos no estuviera alojada en el predio, la emplazada no cuestionó que éste sea de acceso público -como afirma la testigo- y, por ende, nada impedía que pudiera caminar por el interior del complejo (art. 456 CPCCN). En tales condiciones, la aseveración formulada -cuya sinceridad está fuera de discusión- es suficiente para tener por probado el hecho y el deficiente funcionamiento de la cosa y, por ende, para desplazar sobre la demandada la carga de acreditar el uso indebido o en condiciones tales de provocar la rotura.

Repárese que cuando un hecho tiene lugar en forma súbita o inesperada es razonable que la víctima encuentre dificultades para acreditar de manera incontestable cómo sucedió. Si solamente pudiera probarse el infortunio por prueba directa, muchos daños injustos quedarían sin reparación, pues no sería correcto obligar al damnificado -sobre todo cuando ha sido dañado en su integridad física- a que en medio de su desconcierto y dolor se ocupe de preconstituir prueba para un futuro juicio. Precisamente, uno de los méritos más relevantes de la responsabilidad objetiva es aligerar la carga probatoria de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o debilidad para hacerlo (conf. Josserand, Louis, "Derecho Civil", t. II, v. I (Teoría general de las obligaciones), p. 378, trad. de Santiago Cunchillos y Manterola, Buenos Aires, 1950). La respuesta del derecho en estos casos es presumir la responsabilidad para favorecer a quienes sufren daños y tropiezan generalmente con dificultades para probar los factores de atribución subjetivos. El otro mérito importante es trasladar el costo del daño sobre quien está en mejores condiciones para soportarlo. En palabras de Lambert-Faivre, esto implica la evolución de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización (conf. Lambert-Faivre, Yvonne, "La evolución de la responsabilidad civil de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización", trad. Eliana Núñez, en: Alterini, Atilio- López Cabana, Roberto, "Derecho de daños (y otros estudios)", p. XIII, Buenos Aires, Argentina, 1992). Así entendida, la responsabilidad civil no es una forma de sancionar al culpable sino de trasladar las consecuencias dañosas a un sujeto distinto del que las sufrió cuando existe una razón que justifique tal desplazamiento (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída-Parellada, Carlos, "Factores objetivos de atribución", p. 187, en: Mosset Iturraspe (dir.), "Responsabilidad civil", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1992).

Pues bien, a la luz de lo expuesto, si de la protección de la parte débil del contrato se trata, no es extraño que el régimen aplicable a los daños causados en las relaciones de consumo se asiente en el factor objetivo de atribución (art. 5,6 y 40 de la ley 24.240 y sus modificatorias), que es la respuesta más adecuada para satisfacer la directiva que establece el art. 42 CN. En este sector del derecho, es decir, tratándose de una relación de consumo, el prestador del servicio asume un deber de seguridad de resultado, esto es, debe suministrar el servicio en condiciones tales que no se produzcan daños a la persona o a los bienes del contratante (conf. Trigo Represas, Félix A. “Responsabilidad por daños sufridos por la caída de un consumidor en un supermercado, provocada por pisos en mal estado” LA LEY 2011-C, 1). En estos casos, a diferencia del régimen de la responsabilidad extracontractual que prevé el art. 1113 del Código Civil, que obliga al pretensor a probar el contacto material entre la cosa riesgosa o viciosa y la sede del daño, basta con acreditar la sola existencia de un menoscabo, experimentado en el ámbito del contrato para tener por configurado un incumplimiento de esa obligación, sin que sea necesario probar, además, cuál fue la cosa generadora de ese perjuicio y qué características tenía.

De lo expuesto se infiere que más allá de si la bicicleta en movimiento es o no una cosa inerte, en el caso, su utilización como parte de los servicios ofrecidos y el daño ocurrido en el predio de la emplazada, son suficientes elementos para tener por acreditado el incumplimiento del deber de seguridad y, por ende, para desplazar sobre la demandada la carga de demostrar el uso indebido por parte de la víctima o en condiciones tales de provocar la rotura y de autoinferirse el daño. Sólo así se hubiera podido acreditar la alegada culpa de la víctima (art. 40 ley 24.240).

En efecto, no se discute que como parte del atractivo para los turistas, en el complejo de la demandada se facilitan o alquilan bicicletas. De allí, cuanto menos, éstas deben encontrarse en buenas condiciones para evitar daños a los usuarios, presupuesto que no se verifica en el caso pues la testigo presencial pudo observar que la cadena estaba fuera de su sitio. Repárese que no es habitual que una simple caída tenga entidad para desarmar el mecanismo que permite la tracción de un biciclo. Si ello sucede con facilidad y sin la intervención activa de quien la conduce, es dable presumir que tenía un vicio que lo hacía impropio para su destino y que la entidad accionada no verificó ese extremo antes de poner las bicicletas a disposición de los turistas, generando -así- un peligro potencial para la integridad física de éstos.

En la especie, la emplazada no ha ofrecido ninguna prueba tendiente a demostrar la causal de exoneración articulada. Pretender -como se infiere de las quejas- que sea la actora quien demuestre en forma pormenorizada y exhaustiva, que la caída no obedeció a su impericia o falta de cuidado, importa desvirtuar el funcionamiento de las reglas de la responsabilidad objetiva -deber de seguridad- aplicable al caso.

En consecuencia, propongo al Acuerdo rechazar los agravios de la citada ene garantía y confirmar en este punto la sentencia.

IV.- Ambas partes se agravian por la cuantía de los daños establecida en el pronunciamiento.

a) Incapacidad sobreviniente:

Por incapacidad sobreviniente debe entenderse cualquier alteración del estado de salud física o psíquica de una persona que le impide gozar de la vida en la medida en que lo hacía con anterioridad al hecho, con independencia de cualquier referencia a su capacidad productiva (conf. Alpa-Bessone, “Il fatti illeciti”, en Tratatto de Diritto Privato (dir. Resigno), XIV-6, p- 9. La protección de la integridad corporal y la salud estuvo implícitamente consagrada en la Constitución Nacional de 1853 (S.C.J.Mendoza, sala I, marzo 1- 1993, “Fundación Cardiovascular de Mendoza c/Asociación de Clínicas de Mendoza” E.D. T. 153 pág. 163 con nota de Susana Albanese) y, explícitamente, en el art. 42 de la Carta Magna y a través de la incorporación de los tratados internacionales, en la modificación de 1994. Así, tal protección resulta, entre otros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1: “Todo ser humano tiene el derecho a un nivel de vida que le permita a él mismo y a su familia gozar de salud y bienestar; tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia”); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12.1: “Los Estados se comprometen al reconocimiento de derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”); de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y art. 11.1: “Toda persona tiene el derecho... al reconocimiento de su dignidad”); del art. 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”).

Por otro lado, participo de la opinión según la cual el “daño psicológico” carece de autonomía (CNCiv., Sala G, LA LEY 1995-E-, págs. 461/277, “T.I.A. c/ Casagrande”, del 22 de marzo de 1995, entre otros). Esto significa que tales afecciones no configuran un tercer género independiente de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, porque se distingue previamente el bien jurídico lesionado -integridad corporal, derecho de la personalidad- de las consecuencias que su ilegítima afectación provoca; lo que no impide, desde luego, que si un hecho lesivo de esa naturaleza genera disminución de posibilidades de obtención de ganancias mediante actividad retribuida, comporte un daño patrimonial indirecto que pasará a integrar la partida “incapacidad”.

A raíz de la caída, Estela Garrobo se fracturó la muñeca izquierda y se lesionó el codo del mismo lado. Fue asistida primero en un establecimiento de Sierra de la Ventana, en donde se le colocó un yeso. Luego, consultó con un médico traumatólogo, se le practicó una corrección quirúrgica y, finalmente, el 8 de marzo de 2012 se realizó una cirugía de la muñeca izquierda. Debió permanecer con el brazo inmovilizado y recibió tratamiento kinésico.

Luego de practicados los estudios de rigor, el Dr. Magaldi -designado perito médico de oficio- comprobó una cicatriz de 7 cm., con protuberancia blanda visible en el extremo discal, por la que estimó una minusvalía del 4% TO. Al realizar el examen de funcionalidad de ambas manos encontró pérdida en la potencia de apriete de la mano izquierda, equivalente a la limitación de 40 grados de la articulación metacarpo falángica. Como la articulación interfalángica proximal no se encuentra afectada, el experto asignó otro 4% TO por esta limitación. En ambos casos, atribuyó relación causal a las secuelas con el hecho (ver fs. 130/134). El informe fue observado a fs.137ss y fs. 206.

Desde el punto de vista psicológico, la Lic. Chambo no encontró discapacidad de carácter permanente pues señaló que el cuadro neurótico desapareció. De todos modos, consideró que existen aún indicadores de trastornos de la autoestima, por lo cual aconsejó realizar tratamiento psicoterapéutico (conf. fs. 121/123).

Para fijar el monto de este perjuicio, cuadra tener primordialmente en cuenta que el derecho a la reparación del daño injustamente experimentado tiene jerarquía constitucional, toda vez que el neminem laedere, reconoce su fuente en el art. 19 CN (CSJN, “in re” “Santa Coloma” (Fallos 308:1160); Ghünter”, (Fallos 308:111; “Aquino” (Fallos 327:3753). Por otra parte, la indemnización debe ser adecuada para dar satisfacción al principio de la reparación plena, al que se refiere el art. 1740 del nuevo Código Civil y Comercial. Esta se asienta en cuatro reglas fundamentales: el daño debe ser fijado al momento de la decisión; la indemnización no debe ser inferior al perjuicio, la apreciación debe formularse en concreto y no debe ser superior al daño sufrido (conf. Pizarro, Ramón D., “El principio de reparación plena del daño. Situación actual. Perspectiva”, en Separata de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 199.

No debe soslayarse que una lectura sesgada del art. 1746 del CCyC hace referencia a la adopción de determinadas pautas que darían cuenta de que debería emplearse un criterio matemático para calcular el resarcimiento. Así, según dicha disposición, en el caso de lesiones, la indemnización debe consistir en una suma de capital que, debidamente invertido, produzca una renta que permita al damnificado continuar percibiendo durante su vida útil una ganancia que cubra la disminución de su aptitud para realizar actividades productivas o económicamente favorables, y que se agote al término del plazo que razonablemente pudo continuar realizando esas tareas. Como se advierte, esta fórmula, prevista para el caso de incapacidad permanente, en base a la función resarcitoria (arts. 1708 y 1716), al principio de inviolabilidad de la persona humana (art. 51) y al de la reparación plena (art. 1740), todos ellos objetivos de la responsabilidad civil, junto con el deber de prevención (arts. 1708 y 1710), forman un dispositivo que es necesario tener primordialmente en cuenta para cuantificar el perjuicio producido (conf. Galdós, en Lorenzetti (dir) “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, 1º ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 294). Se trata de una herramienta, es decir, de una pauta orientadora para lograr acercarse en forma objetiva a la reparación adecuada pero que no descarta la aplicación de las particularidades del caso que son, justamente, las que permiten a los jueces resolver con justicia cada situación individual.

En la especie, la única incapacidad irreversible que ha sido peritada es la de índole física por la que el perito estimó el 8% TO. Para ello tomó en consideración el problema funcional -afortunadamente de menor importancia- y las cicatrices remanentes en el brazo. En este punto considero que la demandada y su seguro tienen bastante razón, porque el 4% computado por este último menoscabo parece excesivo, sobre todo si no inciden sobre la vida productiva sino sólo en la vida de relación. Por tanto, sólo tomaré en cuenta el 6% TO, comprensiva de las proyecciones que esas cicatrices irregulares pueden traer aparejadas en el diario vivir (art. 477 CPCCN), aunque como daño a un bien de la personalidad, habré de justipreciarlas al valorar el daño extrapatrimonial.

Por tanto, en función del art. 1746 citado tomaré en cuenta las variables del caso, esto es, la edad de la víctima al momento del hecho -57 años- su estado civil -casada- y las circunstancias vitales que surgen de estos autos y del incidente sobre beneficio para litigar sin desembolso de gastos (expte. N. 106.820/2013). Computaré -asimismo- el salario mínimo vital y móvil -$ 8.060- y una tasa de descuento del 8%. Sobre esa base estimo que deberá reducirse la reparación a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000).

b) Daño moral:

Desde siempre, me incliné por la corriente que asigna al daño moral carácter resarcitorio (conf. CSJN, del 24-8-95, “Pérez, Fredy c/ Ferrocarriles Argentinos”, JA 1997-III, síntesis; CNCiv., Sala A, del 1-10-85, LL 1986-B, pág. 258; ídem, Sala C, del 8-6-93, JA 1994-IV-síntesis; ídem, Sala F, JA 1988-IV, pág. 651), ya que busca en definitiva contribuir a compensar la conmoción que el padecimiento genera mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga (conf. Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría Gral. de la Responsabilidad Civil", Buenos Aires, 1989, p. 179 y sigtes., Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, F.A., "Derecho de Obligaciones", La Plata, 1969, t. I, p. 251 y sgtes.). No queda reducido al clásico "Premium doloris" (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.), sino que además de ello, apunta a toda lesión del espíritu que se traduce en alteraciones desfavorables para las capacidades del individuo de sentir -"lato sensu"-, de querer y de entender (conf. Bueres, Alberto J., "El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general", en Revista de Derecho Privado y Comunitario", Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, Nº 1, 1992, pág. 237 a 259; Pizarro, Ramón Daniel, "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", JA, 1986-III- 902 y 903; Zavala de González, Matilde, "El concepto de daño moral", JA, 1985-I- 727 a 732). Este criterio es el que finalmente prevaleció en el Código Civil y Comercial (art. 1740 “in fine”).

A partir de la perspectiva señalada, no abrigo dudas del menoscabo que la víctima debió experimentar mientras disfrutaba sus vacaciones. El hecho no sólo terminó con la ilusión de tener un apacible descanso, sino que derivó en atenciones médicas, con intervención quirúrgica, dolores y limitaciones en el movimiento. Por todo ello, corresponde reconocer la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) que estimo adecuada para proporcionar las satisfacciones compensatorias que mitiguen el daño causado.

V.- En síntesis. Propongo al Acuerdo confirmar la sentencia en lo principal que decide y modificarla en los siguientes puntos: a) reducir el monto de la incapacidad a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000) y b) elevar la cuantía del daño moral a la cantidad de PESOS CUARENTA MIL ($40.000).

De compartirse, las costas de Alzada serán impuestas a la citada en garantía que resulta vencida, por aplicación del criterio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN) del que no encuentro motivos para apartarme.

Las Dras. Mabel De los Santos y Elisa M. Diaz de Vivar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando las señoras jueces por ante mi que doy fe. Fdo.: María Isabel Benavente, Mabel De los Santos, Elisa M. Diaz de Vivar. Ante mí, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

 

MARIA LAURA VIANI

 

Buenos Aires, agosto …  de 2017.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) confirmar la sentencia en lo principal que decide y modificarla en los siguientes puntos: a) reducir el monto de la incapacidad a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000) y b) elevar la cuantía del daño moral a la cantidad de PESOS CUARENTA MIL ($40.000). 2) Imponer las costas de Alzada serán impuestas a la citada en garantía que resulta vencida, por aplicación del criterio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN). 3) En atención a la forma en que se resuelve que modifica la base regulatoria, déjase sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior (conf. art.279 del Código Procesal) y en consecuencia, procédese a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal mencionada.

I - Por la labor letrada realizada en la instancia anterior se tendrá en consideración la naturaleza del asunto, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, la eficacia y la extensión de los trabajos realizados, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido, la trascendencia jurídica y moral del litigio, el monto del proceso y las pautas legales de los arts. 6, 7, 9, 14, 19, 37 y cc. de la ley 21.839 -t.o.24.432.

En consecuencia con lo expuesto, fíjanse los honorarios del Dr. Gonzalo Patricio Riquelme en su carácter de letrado patrocinante de la parte actora por su labor en la primera etapa, en la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000) y los de la Dra. Graciela Irene Faldetta, en el mismo carácter por su labor en la segunda y tercera etapa, la suma de PESOS VENTIDOS MIL $22.000). Al letrado apoderado de la parte la citada en garantía, Dr. Alberto José Bunge, por su labor en las tres etapas, la suma de PESOS VENTISEIS MIL ($26.000). Al Dr. José María Ojea, por su labor en las dos primeras etapas, en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada, la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000).

II.- En el caso de los peritos intervinientes se ponderará la naturaleza del peritaje, apreciado por su calidad, importancia, complejidad, extensión y mérito técnico-científico del mismo, monto económico comprometido, proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos en relación a los de los letrados actuantes en el juicio (cf. art. 478 del CPCCN).

Se fijan los honorarios del perito médico, Dr. Pablo Magaldi, por su informe pericial de fs. 130/4, la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) y a la perito psicóloga, Lic. Amalia Cecilia Chambo por su dictamen de fs. 121/3, la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800).

III- Ponderando las constancias de autos, naturaleza del asunto, monto económico comprometido y pautas legales del art.2, inciso e) del Anexo I del Decreto Reglamentario 2536/2015, regulase los honorarios del Dr. Hernán Gabriel Sosto, en la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($6.240).

IV- Finalmente y por la labor profesional realizada en esta instancia y que culminó con el dictado de la presente sentencia definitiva, regúlase a la Dra. Graciela Irene Faldetta, la suma de DIEZ MIL ($10.000) y al Dr. Alberto José Bunge, la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500; conf. art.14, ley de Arancel).

Regístrese, notifíquese por Secretaría y oportunamente devuélvase.-

 

MARIA ISABEL BENAVENTE

MABEL DE LOS SANTOS

ELISA M. DIAZ de VIVAR

MARIA LAURA VIANI

 

020981E