Danos Y Perjuicios Peaton Vereda En Mal Estado Responsabilidad De La Municipalidad Y De La Responsable De La Obra

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Peatón. Vereda en mal estado. Responsabilidad de la Municipalidad y de la responsable de la obra

 

Se mantiene el fallo que condenó a la empresa de aguas y a la Municipalidad a resarcir los perjuicios sufridos por el actor al caer en la vía pública por el mal estado en el que se encontraba.

 

 

Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre de 2017, reunidas las eñoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados “Baldeon, Raúl c/ Agua y Saneamientos Argentinos SA y otros s/ daños y perjuicios”

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs. 1384/1405, se alzan AYSA S.A. quién expresa agravios a fs. 1510/1516 y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien expresa agravios a fs. 1517/1526. Corridos los traslados de ley pertinentes los mismos fueron evacuados a fs. 1528/1532, 1533/1539, 1540/1542, 1544/1546 y 1548/1549. Con el consentimiento del auto de fs. 1552 quedaron los presentes en estado de resolver.

I. El Código que nos rige ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior.

Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación ya existente, en este caso, el hecho ilícito imputado. Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, ella es la que regula el presente.

II.- RESPONSABILIDAD.-

II. a) Se agravian el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa AYSA S.A. por la atribución de responsabilidad.

La empresa AYSA S.A. fundan su queja en que no ha quedado en autos debidamente acreditado el hecho, tanto la supuesta caída del actor como que la codemandada haya tenido alguna responsabilidad en el supuesto evento.

Sostiene que lo que se ha acreditado mediante la prueba desarrollada es el mal estado de la vereda, más no que la tapa en cuestión haya sido de AYSA.

Entiende que se ha basado la sentencia principalmente en la prueba de testigos, aunque sólo dos de los seis declarantes dicen haber presenciado el hecho.

II. b) En principio cabe señalar que no se encuentra discutida en esta instancia la caída del accionante en la acera en cuestión por la anomalía que presentaba, que atento las constancias de la causa (prueba testimonial a fs. 940, informativa, documental e historia clínica acompañada) ha quedado debidamente acreditada.-

Puntualmente el testimonio obrante a fs. 940, el Sr. Ferraro refiere haber presenciado el accidente y que en el lugar en cuestión había una boca abierta de Aguas que permaneció así durante mucho tiempo, inclusive, posterior al hecho que se ventila.

Por su parte el testimonio de fs. 943/945 da cuenta de que en esa vereda siempre estuvo con arreglos, la rompen y la arreglan por reparaciones y es coincidente con el relato del actor y de los otros testimonios citados, en cuanto a que el Sr. Baldeon introdujo el pie en una tapa floja que estaba en esa vereda. A su turno el testimonio de fs. 955/956 también avala que la tapa en cuestión pertenecía a la empresa AYSA S.A.

Es dable destacar que en el terreno de la apreciación de la prueba y en especial de la prueba testimonial, el juzgador puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado.

La credibilidad de una prueba testimonial no depende del número de deponentes llamados a esclarecer a la justicia, sino de la verosimilitud de sus dichos, probidad científica del declarante, latitud y seguridad del conocimiento que manifiesta, razones de la convicción que declara, confianza que inspira, etc. Por ello, carece de importancia que uno de los testimonios sea individual o singular con relación a las circunstancias del caso, pues la verdad se examina ponderando todas las circunstancias que, analizadas con criterio objetivo, valoran el dicho de los declarantes (CNCiv. Sala H, “Esteban, Héctor Eduardo y otro c/ Arcena, María Susana s/ daños y perjuicios, 13-3-96).

No se advierten en los testimonios brindados contradicciones o incongruencias de trascendencia que permitan invalidarlo, máxime cuando el mismo se condice y se encuentra corroborado con el resto del plexo probatorio rendido en autos (ver historias clínicas y constancias de atención médica, entre otros).

Es así que en casos como el presente, corresponde aplicar el art. 1113, última parte, 2° párrafo del Código Civil, pues aunque no aluda a las condiciones de la cosa cuando ésta es inerte, como lo sería una vereda o calzada, acompañado de una tapa en mal estado como en el supuesto, si ésta tiene una deficiente construcción o se encuentra deteriorada y no bien conservada, se constituye el factor de riesgo o peligrosidad que prevé el mencionado artículo. Siendo así, a la víctima sólo le incumbe la prueba del hecho, corriendo por cuenta de la emplazada desbaratar la responsabilidad presumida legalmente, conforme a las únicas causales de eximición previstas en ese artículo( Conf. CNCiv., esta sala, 9/3/2007, Expte Nº 3.170/99 "Peralta, Petrona c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”) es decir la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.-

El carácter inerte de la cosa no impide la aplicación del art. 1113 del Cód. Civil, ya que no es una condición del hecho de las cosas su movimiento. Si bien desde un punto de vista cuantitativo, la idea de riesgo creado parecería estar estadísticamente más asociada a cosas en movimiento que a las que se encuentran inertes, ya que existe una probabilidad de intervención causal más relevante en aquel supuesto, cualitativamente, nada permite disociar al riesgo creado del carácter inerte de una cosa, dado que ella puede haber intervenido activamente en la producción del resultado (Conf. Pizarro, Ramón Daniel: "Cosas inertes, riesgo creado y arbitrariedad judicial", en RC y S, 1999-305 y "Responsabilidad civil derivada de cosas inertes ubicadas riesgosamente", p. 415 en Alterini, A. López Cabana, R. (Dir.), "La responsabilidad: Homenaje al Profesor doctor Isidoro Goldenberg", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1995, Martínez Garbino, Carolina, "Cosas inertes, riesgo y culpa", L.L.B.A. 2001-1051).-

Cuando el accidente, sobreviene por el vicio o riesgo de la cosa, su dueño o guardián debe responder por las resultas del hecho salvo que se acrediten fehacientemente y sin lugar a dudas la concurrencia de las eximentes legales, puesto que la presunción de culpa del art. 1113 del C.C. no cae ante cualquier indicio o inducción no muy claros ni precisos, sólo se levanta con pruebas incuestionables y convincentes.-

Máxime nótese que a fs. 710 se ha dejado constancia de que se han emitido permisos de apertura en la acera en cuestión.

Por ello, no habiendo la codemandada AYSA S.A. demostrado el quiebre del nexo causal, lo que estaba a su cargo probar, sólo cabe el rechazo de los agravios sobre el particular y en consecuencia, firme la sentencia a su respecto.

Respecto a los agravios vertidos por el GCBA en cuanto a que no se condenara a los propietarios frentistas, cabe referir que, en lo atinente al tema que nos ocupa, la comuna es la propietaria de la acera, ahora bien, ésta ha delegado por medio de la Ordenanza Nº 33.721 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas a los propietarios frentistas, de allí que no obstante el hecho de que aquellas sean bienes del dominio público, lo cierto es que tal extremo no impide analizar la responsabilidad por el hecho dañoso que podría caberle a aquel, sea éste propietario, locatario o usufructuario (Conf, esta Sala, 25/6/2009 Expte. Nº 44.104/08 “Bengolea Margarita Delia c/ Fundación Favaloro s/ Daños y Perjuicios”).-

Con respecto a la responsabilidad del frentista, no puede dejar de ponderarse que la Ordenanza nº 33721 al referirse al "frentista", por más que mencione únicamente al propietario, es indudable que lo ha hecho teniendo en mira su calidad de custodio de la vereda, toda vez que le impone la obligación de mantener y conservarla en buen estado.

Sentado ello, es cierto que el frentista, es quien tiene la obligación de conservar las veredas en buenas condiciones, de modo que no ponga en riesgo a los peatones que la transitan.-

Sin embargo hemos sostenido que "El deber de conservación de la acera que tiene el propietario frentista, no puede obviar la obligación que tiene la Municipalidad, en cumplimiento de sus fines específicos, de vigilar el estado de las calles y aceras de la ciudad; responsabilidad sí ésta de carácter primario y fundamental, que debe traducirse ante todo en advertencias y/o requerimientos a los propietarios para que procedan a efectuar las reparaciones del caso" (Brebbia, Roberto, Responsabilidad por el daño sufrido por un peatón a consecuencia del mal estado de la acera, LL 1988 E, pág.509; CNCiv, esta sala, 16/4/2002, “Silver Carlos Enrique c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios”.-

El Estado local resulta ser propietario de las aceras y guarda para sí el ejercicio del poder de policía, que le impone el deber de asegurar que las veredas tengan una mínima y razonable conformación, para evitar que la deficiente conservación de la cosa, se transforme en fuente de daños para terceros. Por tal razón la responsabilidad que pueda atribuirse al frentista no releva la correspondiente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gass, Susana Teresa c/ G.C.B.A. (Dirección General de Obras Públicas) y otros s/ Daños y perjuicios", 8/10/2009/,Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).-

Es criterio reiterado que el uso y goce de los bienes de dominio público por los particulares importa la correlativa obligación de la autoridad respectiva de colocarlos en condiciones de ser utilizados sin riesgos para los habitantes. Es por ello que el ejercicio del poder de policía impone a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el deber de actuar directamente o de ejercer su autoridad para que se adopten las medidas de seguridad apropiadas con el objeto de evitar que una deficiencia manifiesta en la vía pública se transforme en fuente de daños a terceros. (Ver “El Cóndor E.T.S.A. c/ M.C.B.A. y otro s/ daños y perjuicios”. Sentencia Definitiva - CNCiv - Sala H - Nro. de Recurso: H194928 - Fecha: 29-11-96 - Vocal Preopinante: Dr. Kiper. El Dial, CNCiv: 14038. Publicación: Rev. L.L. del 7/12/98, pág. 4, con nota al fallo de Manuel Cuiñas Rodríguez, Idem Id, esta 16.769/08. “Tucci, Norma Haydee c/ Gobierno de laSala, 7/10/2010, Expte. N Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” Ídem id 9/3/2011, Expte. N° 43.434/05, “Rivainera, María Cristina c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios” entre otros).-

En el caso de autos, la anomalía de la vereda y su carácter de cosa riesgosa, así como su aptitud causal para provocar el resultado dañoso, han resultado acreditadas mediante la prueba desarrollada en autos, como ser las declaraciones testimoniales brindadas.

Asimismo, a contrario de lo señalado por la quejosa, los propietarios frentistas llevaron a cabo numerosos reclamos ante la autoridad competente a los fines de solicitar el arreglo de la vereda en cuestión, datando el primero de los requerimientos del año 2008, esto es dos años antes del hecho que se ventila (ver fs. 710 y siguientes y fs. 1173/1174).

En virtud de ello en definitiva, el propietario frentista logró demostrar que llevó adelante por su parte las diligencias necesarias para cumplir su deber de cuidar el estado de su vereda.

Por lo tanto, incumbía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la demostración de alguna de las eximentes, que en el caso podrían configurarse por la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder o por un caso fortuito, más ninguna de ellas fue acreditada en el expediente.

Es así que los argumentos vertidos por la parte apelante no alcanza a conmover los fundamentos brindados por la primer sentenciante en el fallo en recurso.-

Por lo que la conclusión a la que arribara la jueza de la anterior instancia, resulta adecuada a derecho y a las constancias de autos, proponiendo se desestime la queja planteada en este aspecto y se confirme el fallo recurrido sobre el particular.

III. Teniendo que entrar a conocer en el “sub examine” en lo atinente a los rubros indemnizatorios, es dable destacar que la doctrina de la reparación integral del daño ha sido desplegada por la Corte Suprema en numerosos y sucesivos fallos, como un derecho de raigambre constitucional que se aplica a todas las ramas del ordenamiento jurídico. Con fallos como en el caso “Arostegui”, (CSJN, 08/04/2008, "Arostegui, Pablo Martín c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Peluso y Compañía S.R.L") y “Aquino” (CSJN, "Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A" (21/09/2004), entre muchos otros, el Máximo Tribunal jerarquizó este Derecho a la reparación integral del daño injustamente sufrido.

El Código Civil y Comercial de la Nación, ha recepcionado los fundamentos de tales fallos en su art. 1738, él que enumera en forma cabal los perjuicios a reparar de los damnificados de lesiones: la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Asimismo, refiere a la reparación plena en el art. 1740.

IV.- INCAPACIDAD FISICA.-

IV. a) Se agravian el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la codemandada AYSA S.A. por la cuantificación de este rubro, solicitando su disminución.

IV. b) En la sentencia en recurso se estableció una indemnización de $ 200.000 en concepto de incapacidad física.

IV. c) En primer lugar, debe establecerse que es criterio reiterado de esta Sala que la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación. (Ver Expte. Nº 76.437/1999, “Sosa, Jorge Alberto c/ López, Carlos Alberto y otros s/daños y perjuicios” del 02/03/2010; Expte. Nº 34.996/07, “Chiaradia de Carecchio, Rosa c/ Transporte Larrazabal y otros s/daños y perjuicios” del 23/03/2010; Expte. Nº 69.932/2002, “Ledesma, Ramona Graciela c/Acosta, Miguel Angel y otros s/ daños y perjuicios” del 30/03/2010, entre muchos otros).

En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el art. 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).

A fs. 1212/1214 consta la pericia médica de oficio, en la que se dictaminó que el actor padece una incapacidad física parcial y permanente del 25% como consecuencia de cuadro secuela por traumatismo costal izquierdo con fractura de 5° arco costal.

Agrega el experto que hay antecedentes de fracturas costales previas. Considera que la fractura costal le generó un agravamiento del cuadro general del actor.

El actor tiene antecedentes de reemplazo de cadera derecha que le genera una limitación en la movilidad, lo que se sumó al infortunio que se ventila en autos.

Asimismo, el damnificado presenta preexistencias de consideración como ser antecedentes de obesidad mórbida, habiendo sido sometido posterior al hecho de marras, a una delicada cirugía de by pass gástrico. También presenta hipertensión, diabetes, y un cuadro de insuficiencia respiratoria derivado de un traumatismo costal previo.

A su turno, se designó también un perito médico cirujano que a fs. 1358/1361 explica que el antecedente de fracturas en el hemitórax izquierdo, secundarias a una neumonía y afección infecciosa, por lo que estuvo internado unos quince días cuatro años antes del hecho de marras. Este antecedente explica que un traumatismo como el denunciado a causa del evento dañoso, haya producido fracturas complicadas de costillas, dobles, en esas costillas, acompañado de una hernia diafragmática que permitió a posteriori, el pasaje de vísceras abdominales a la cavidad torácica.

Agrega que producto de las lesiones preexistentes, ha quedado más frágil, por lo que un traumatismo posterior de menor intensidad produce lesiones más graves.

No cabe duda que las lesiones que le ha ocasionado el infortunio, se suman a una lista importante de antecedentes previos que, han condicionado la gravedad del cuadro.

La caída que hace al evento dañoso por el cual se reclama, ha operado de manera concausal con todas las preexistencias que padecía el actor, por lo que sus secuelas no son estrictamente producto del lamentable episodio en la vía pública sobre la Av, Corrientes.

Finalmente, debe recordarse en este punto, lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc. Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.

Ahora bien, en cuanto al monto, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, la entidad de la lesión y las condiciones personales de la víctima, tales como sexo (masculino), edad (64 años actualmente), ocupación (administrador de consorcios), contador, situación socioeconómica, concausalidades detectadas atentos las diversas preexistencias físicas y entidad de las mismas, consultada la base de datos de ésta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para supuestos similares, se considera la suma fijada en concepto de incapacidad física sobreviniente elevada, por lo que se propicia su reducción a $ 145.600. (Art. 165 CPCC).

V. DAÑO MORAL.-

V. a) Se agravian el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa AYSA S.A. por el monto concedido en este carácter, considerándolo elevado, solicitando su disminución.

V. b) La jueza de la anterior instancia concedió una indemnización de $ 20.000 por este concepto. (Ver fs. 1403/1403vta.).

V. c) En cuanto al daño moral, debe decirse que este se define como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro.

Como ya sostuviera este Tribunal "si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, "satisfacer", en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria" ( autos "Corzo de Torres, C.P. c/ Lumicot S.A. y otros s/sum" del 31.03.81).

Asimismo, y como ha resuelto reiteradamente este Tribunal, no existe razón lógico-jurídica que obligue a relacionar porcentualmente las indemnizaciones correspondientes al daño material con el moral. (Ver esta Sala, en recientes fallos en los que se ha se ha explayado mi distinguida colega Dra. Marta del Rosario Mattera: Expte. Nº 89.021/2003, “Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/daños y perjuicios” del 11/02/2010; Expte. Nº 89.107/2006, “Ivanoff, Doris Verónica c/Campos, Walter Alfredo s/daños y perjuicios”, del 22/03/2010, y que tiene el aval de numerosos fallos de nuestro Máximo Tribunal (me remito a las menciones efectuadas por la Dra. Mattera en las citadas causas)).

De las constancias médicas de autos surge que el actor ha padecido una fractura costal izquierda que, aparejado a las preexistencias en su salud, le trajo aparejado secuelas.

En los agravios vertidos por las partes apelantes no emergen elementos que permitan modificar el despliegue argumental desarrollado por la primer sentenciante, ya que no se aportan elementos que aconsejen variar la solución adoptada.

Ahora bien, en cuanto al monto, teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima, entidad de las lesiones, circunstancias particulares del caso, padecimientos experimentados en la esfera extrapatrimonial, así como los demás dolores y sufrimientos padecidos, y el alcance de los recursos y agravios esgrimidos, lo considero ajustado a derecho y a las constancias de autos, por lo que propicio su confirmación. (Art. 165 CPCC).

VI. GASTOS MEDICOS, FARMACEUTICOS Y DE TRASLADOS.-

VI. a) Se agravian el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el monto concedido en este carácter, considerándolo elevado y solicitando su disminución.

VI. b) En la sentencia en recurso se estableció una indemnización de $ 8.000 por este rubro.

VI. c) Reiteradamente se ha pronunciado este Tribunal en el sentido de que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela, máxime si la víctima recurrió a los servicios de instituciones públicas, sin olvidarnos igualmente que ninguna obra social ni institución pública cubre por completo estos gastos.

Por otra parte, la inflexibilidad del sistema impositivo ha incrementado los requisitos de contralor en estos últimos años, lo que ha llevado a la obligación no sólo de los contribuyentes a orquestar sus movimientos con más adecuación y precisión, sino a hacer recaer sobre aquél que participa en compraventas, con la obligación de exigir la respectiva factura o recibo.

De las constancias médicas de autos emerge la entidad de las lesiones padecidas por la víctima, por lo que cabe inferir que haya incurrido en erogaciones por los conceptos que aquí reclama (compra de medicación analgésica y antiinflamatoria, uso de vehículos de alquiler, taxis o remises para movilizarse, etc.).

Ahora bien, en cuanto al monto, teniendo en cuenta las consideraciones precedentemente reseñadas, se lo considera ajustado a derecho, por lo que se propicia su confirmación. (Art. 165 CPCC).

VII. INTERESES.-

VII. a) Se agravia el GCBA, por la tasa de interés dispuesta por la magistrada “a quo”, solicitando la aplicación de la tasa de interés pasiva.

VII. b) La sentencia apelada dispone la aplicación de la tasa activa desde el hecho hasta el efectivo pago.

VII. c) Caber señalar que según la doctrina y jurisprudencia mayoritaria vigente en el fuero corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido. Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 “Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo”; entre otros).Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando todos los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte. Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro”; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro”; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín”, entre otros).

Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plenario Samudio, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte. Nº 69.941/2005, “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”).

Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación se ha fijado una indemnización a “valor actual”, es decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el reconocimiento de un quantum por lo que en el caso de autos, retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado.

En tal caso, se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su misma formulación.

Ello implica que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, corresponde que desde la fecha de la mora, hasta la fecha de la sentencia de primera instancia se devengarán intereses calculados mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina y recién a partir de allí y hasta el pago efectivo, se liquidarán con sujeción a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

VIII. PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

VIII. a) El art. 22 de la Ley 23.982 dispuso que a partir de su entrada en vigencia -23/08/91- el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de las obligaciones de causa o título posterior al 1ro. de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuestos del año siguiente al del reconocimiento.

Tal disposición resulta de aplicación a los casos en los que la Ciudad Autónoma fuere parte, como continuadora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos y en tanto la legislación nacional o municipal, existente a la entrada en vigencia del estatuto organizativo, al que se refiere el art. 129 de la Constitución Nacional, no fuere derogada (art. 5, Ley 25.488).

En base a ello, como ha sostenido ya este Tribunal (“Baez, Pedro Germinal c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/cobro de sumas de dinero”, expte. N° 50.223/98, 13/8/2002), si bien el crédito de autos se trata de una deuda no consolidada y por tanto alcanzada por la Ley 23.982 (arts. 2, 16 y 22), debe considerarse que la legislatura local ha sancionado específicamente sobre el punto en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 189/99.

La norma citada sigue los lineamientos de la Ley 23.982, estableciendo en el capítulo correspondiente a la ejecución de sentencias en causas seguidas contra las autoridades administrativas, que para el cumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero deberá cumplirse el procedimiento de previsión presupuestaria contemplado en los art. 399 y 400, a excepción de los créditos de naturaleza alimentaria, cuyo importe no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno.

Sentado ello, corresponde acoger favorablemente el agravio de la accionada, dejando sin efecto el plazo para el cumplimiento de la condena establecido, y disponiendo que el mismo se ajustará al procedimiento previsto por los arts. 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

En consecuencia, doy mi voto para que:

I. Se modifique parcialmente la sentencia recurrida:

I.a) Reduciendo la suma concedida en concepto de “Incapacidad física Sobreviniente” a $ 145.600.-

II. Se disponga la aplicación de los intereses conforme lo dispuesto en el apartado VII.

III. Se deje sin efecto el plazo de cumplimiento de la sentencia respecto del GCBA y se ajuste al procedimiento previsto por los arts. 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

IV.- Se rechacen los restantes agravios vertidos conforme lo estipulado en los considerandos.

V.- Se confirme la sentencia en todo lo demás en cuanto decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

VI. Se impongan las costas de esta instancia a los demandados, vencidos en lo principal (art. 68 CPCCN).

La Dra. Beatriz A.Verón adhiere al voto precedente.-

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).-

 

Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, ZULEMA WILDE, JUEZ

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA J

 

Buenos Aires, septiembre 21 de 2017.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I. Modificar parcialmente la sentencia recurrida:

I.a) Reduciendo la suma concedida en concepto de “Incapacidad física Sobreviniente” a $ 145.600.-

II. Disponer la aplicación de los intereses conforme lo dispuesto en el apartado VII.

III. Dejar sin efecto el plazo de cumplimiento de la sentencia respecto del GCBA y se ajuste al procedimiento previsto por los arts. 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

IV.- Rechazar los restantes agravios vertidos conforme lo estipulado en los considerandos.

V.- Confirmar la sentencia en todo lo demás en cuanto decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

VI. Imponer las costas de esta instancia a los demandados, vencidos en lo principal (art. 68 CPCCN).

Para conocer los honorarios regulados en la sentencia, apelados en los presentes.

En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y conc. de la ley 21.839, por considerarlos ajustados a derecho, se confirman los honorarios regulados a los letrados intervinientes, peritos y demás profesionales actuantes.

Por la actuación en ésta Alzada, se regulan los honorarios de la Dra. Julieta Contreras en la suma de pesos veintisiete mil quinientos ($27.500); los Dres. Diego Omar Vázquez, Héctor De Palma, Guillermo Cappelletti y Jorge Djivaris, en conjunto, en la suma de pesos diecisiete mil quinientos ($17.500); los de la Dra. Silvia Bianchi en la suma de treinta mil cien ($30.100) y los del Dr. Christian Piñeyro, en la suma de pesos treinta y dos mil quinientos ($32.500).-

Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).-

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

 

Fdo. Dra. Zulema Wilde-Dra. Beatriz Verón

 

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