Deberes Previsionales Sobreseimiento Arts 142 Y 144 De La Ley 24 241

JURISPRUDENCIA

Deberes previsionales. Sobreseimiento. Arts. 142 y 144 de la ley 24.241

 

Se resuelve hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la querella y se revoca la resolución impugnada.

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Alejandro W. Slokar como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 323/334 vta. de la presente causa CPE 921/2012/CFC2 del registro de esta Sala, caratulada: "BOSSIO, Diego s/ recurso de casación"; de la que RESULTA:

I. Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de esta ciudad, en la causa CPE 921/2012/CA3 de su registro, con fecha 15 de noviembre de 2016, en lo que aquí interesa, resolvió: confirmar la resolución de fs. 201/203 por la que, a su vez, el “a quo” dictó el sobreseimiento de Diego BOSSIO por considerar que su conducta no encuadra en una figura legal (art. 336, inc. 3º del C.P.P.N.). (fs. 308/312)

II. Que contra dicha decisión, el doctor Ricardo R. Balestra, letrado patrocinante de la parte querellante, interpuso recurso de casación, el cual fue concedido por el “a quo” a fs. 339/340 y mantenido en esta instancia a fs. 345.

III. Que el recurrente fundó sus agravios invocando ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

En primer lugar, manifestó que en la resolución recurrida se incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, toda vez que se realizó una interpretación arbitraria de lo dispuesto por el artículo 142 y ccdtes. de la ley 24.241, y que prescindió de cuestiones decisivas y oportunamente planteadas, respecto de la aplicación de dicha ley.

Por otra parte, solicitó la nulidad de la resolución por carecer de debida fundamentación y en consecuencia no constituir una derivación razonable del derecho vigente, lo cual configura un supuesto de arbitrariedad (art. 123 C.P.P.N.).

Luego, realizó una reseña de los antecedentes de la causa y un relato de lo sucedido en las anteriores instancias.

Posteriormente, expuso un análisis de los cambios legislativos en materia previsional y su aplicación al caso de su representado Miguel Ángel Padilla.

En esa línea argumental, expresó que ”en el caso de autos donde la ley 18.037, por la que el Dr. Padilla obtuvo su beneficio previsional, debió necesariamente seguir criterios de movilidad distintos, entre ello, los que adoptaron luego las leyes sucesivas 24.241 y 24.463 aplicables al caso, todas cuyas leyes debían, sin embargo, ser interpretadas razonablemente por la Justicia a fin de preservar, en lo posible, cierta relación de equidad entre los haberes activos y pasivos”. (cfr. fs. 327 vta.)

Así también, señaló que el trámite del proceso judicial de Padilla, comenzó en el año 2004 durante la plena vigencia de dicha ley, más allá de la incidencia de preceptos anteriores para los primeros años de su reajuste (1987 a 1995).

Por ello destacó que no hay ni debiera haber dos categorías de pasivos, una frente a los cuales el ANSéS tuviese obligaciones, cuyo incumplimiento no fuera objeto de sanción penal y otra categoría que si estuviese penalmente reprimido el incumplimiento, porque de ese modo se comprometería el derecho a la igualdad ante la ley garantizada por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Citó jurisprudencia avalando su postura.

También, cuestionó el voto de la mayoría que se pronunció en favor del dictado del auto de sobreseimiento, prescindiendo de la opinión jurisprudencial contraria. Sostuvo que corresponde sólo cuando el imputado ha sido citado a prestar declaración indagatoria, como lo señaló el voto de la minoría. En consecuencia, respaldó su postura con jurisprudencia.

Por otra parte, la decisión del sobreseimiento se apoyó en el artículo 336, inciso 3º del C.P.P.N., supuesto en que “el hecho investigado no se encuadra en una figura legal”; sin embargo, a su criterio, indicó que es clara la aplicación al caso en estudio de las disposiciones de la ley 24.241 y, en particular, de su artículo 142 que sanciona expresamente la conducta tipificada en el incumplimiento por los responsables, del pago de obligaciones previsionales.

Por ello, manifestó que el sobreseimiento dictado resulta prematuro, y causa un perjuicio definitivo e irreparable.

En conclusión, solicitó se case la resolución cuestionada y se resuelva el caso ordenando la prosecución de la presente causa.

Hizo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó el abogado defensor Marcelo A. Sgro, en representación de Diego Luis Bossio, solicitando fundadamente en primer lugar se declare inadmisible el recurso de casación interpuesto y de manera subsidiaria se confirme la decisión recurrida y se rechace el recurso -cfr. 347/351-.

V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., ocasión en la cual el recurrente presentó breves notas (fs. 354/365 y 366) quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Alejandro W. Slokar.

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

I. Satisfechos los requisitos objetivos y subjetivos de admisibilidad previstos en el ordenamiento ritual (art. 463 C.P.P.N.) en torno a la procedencia de este medio impugnaticio, me adentraré a responder a los agravios introducidos por el recurrente.

II. Ahora bien, previo a ingresar al análisis de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional habré de reseñar los sucesos de la causa a fin de alcanzar un análisis más acabado de la cuestión.

En el sub examime, conforme surge de la resolución de fs. 308/312, el 15 de noviembre de 2016 la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de esta ciudad, resolvió, por mayoría, confirmar la resolución de fs. 201/203 dictada por el Juzgado Penal Económico Nº7, Secretaría Nº13, donde el juez sentenciante declaró el sobreseimiento de Diego Bossio en orden al hecho denunciado por no encuadrar en una figura legal (artículo 336, inciso 3º del C.P.P.N).

En ese sentido, es dable recordar que la presente causa “...se inició por la denuncia incoada contra Diego Bossio en calidad de Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, por la comisión posible del delito tipificado por el art. 142 de la ley Nº24.241, por el incumplimiento presunto de las obligaciones previsionales de la Administración Nacional de la Seguridad Social con Miguel Manuel PADILLA derivada de la falta de pago oportuno de la actualización del haber jubilatorio establecida el 30/05/06 por la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº9 recaída en el expediente 29749/4, la cual fue confirmada por la Sala III del la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social con fecha 11/12/08 pese a haber sido intimado” -cfr. fs. 308-

III. El acusador particular tildó de contario a derecho el decisorio desincriminante adoptado por el juzgado y confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones, por lo que corresponde analizar los argumentos allí desarrollados.

En la instancia anterior se entendió que “toda vez que por el art. 142 de la ley Nº24.241 [...] se reprime la omisión por parte de quien resulte obligado para el cumplimiento de las prestaciones previsionales establecidas por la ley Nº 24.241 dentro del término de cinco días de notificada la intimación respectiva, y que en el caso en estudio las prestaciones previsionales que no se habrían cumplido en debida forma habrían estado reguladas por la ley Nº 18.037 (confr. expediente 29.749/2004 del Juzgado Federal de Seguridad Social Nº9 [...]), resulta ajustada a derecho la resolución del juzgado “a quo” en cuanto consideró que la conducta imputada a Diego BOSSIO resulta atípica, porque no se trata de la efectivización de una de las prestaciones establecidas por la ley Nº 24.241, como lo requiere el tipo penal en estudio”. (fs. 309).

Por otra parte, los jueces sentenciantes que resolvieron por mayoría, también hicieron hincapié en lo dispuesto en el artículo 161 de la ley Nº24.241, el cual establece “El derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario: a) para las jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese de la actividad o a la fecha de solicitud, lo que ocurra primero, siempre que a esa fecha el peticionante fuera acreedor a la prestación...”. Por otro lado, también citaron el artículo 158 de la citada ley donde se establecieron modificaciones a la ley Nº 18.037, confirmando la vigencia de esta última y asimismo, por el art.156 de la ley Nº24.241 se dispuso: “Las disposiciones de las Leyes 18.037... y sus complementarias que no se opongan ni sean incompatibles con esta ley, continuarán aplicándose supletoriamente en los supuestos no previstos en la presente...”.

Frente al panorama señalado, adelanto que habré de compartir con los jueces sentenciantes que la conducta imputada en autos a Bossio no encuadra dentro del tipo penal previsto en el art. 142 de la ley 24.241, pues no se configuran los elementos del tipo.

De las presentes actuaciones, surge que el beneficio jubilatorio le fue concedido a Padilla, el 31 de julio de 1987, bajo el régimen de jubilaciones establecido por la ley Nº18.037.

En ese sentido, vale destacar que la ley aplicable es aquella vigente al momento del cese de actividades para las prestaciones de jubilación o la ley vigente a la fecha de la muerte del causante en caso de pensión (art. 161 ley 24.241).

Entonces, considero que las prestaciones de la ley 18.307 no integran el sistema de la ley 24.241, ya que ésta tiene su propia regulación y como tal debe ser considerada.

Por ello entiendo, que sólo en casos de incumplimiento de las prestaciones previsionales previstas en la ley 24.241 resulta aplicable el art. 142 de la citada ley, no así como se denunció en el caso de autos cuya falta de integración en tiempo y forma se vinculan con las obligaciones establecidas por la ley Nº18.037.

En virtud de ello, comparto los argumentos brindados en las anteriores instancias, en cuanto señalaron que la conducta imputada a Bossio resulta atípica, pues no se trata de la efectivización de una de las prestaciones establecidas por la ley Nº24.241, como así lo requiere el tipo penal en estudio.

IV. Sin perjuicio de lo antes expuesto, considero por prematuro, descartar con carácter definitivo, tal como lo hicieron los magistrados de las instancias precedentes al dictar el sobreseimiento impugnado, que el imputado Bossio no hubiese tenido responsabilidad en los hechos ventilados en autos, toda vez que corresponde analizar su conducta dentro del concepto de incumplimiento de funcionario público, art. 248 del C.P..

La conclusión a la que arribo, la construyo en base a la opinión de reconocida doctrina que enseña que: “las únicas causas que autorizan el sobreseimiento son las que, de modo taxativo, [...] enuncia [...] el art. 336 del código adjetivo, [...entre las que] no se encuentra la duda [...]” (confr. Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, “Código Procesal Penal de la Nación”, editorial Hammurabi, Bs. As., 2010, Tomo 2, pág. 616), siempre y cuando, claro está, “[...] la incorporación de nuevas pruebas [...] no permita proclamar [...] conmovido [dicho estado...]” (confr. Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, op. Cit, Tomo 2, págs..617/618).

En consonancia, con la reflexión de Julio B. J. Maier (confr. “Derecho Procesal Penal”, Tomo I “Fundamentos”, Ed. Del Puerto, 2da. Edición, 1ra. Reimpresión, Bs. As., 199, pág. 496), no se ha alcanzado en autos la certeza negativa o probabilidad negativa con agotamiento de la investigación, habilitantes para adoptar un temperamento remisorio de carácter definitivo en esta etapa procesal.

No debe olvidarse que el sobreseimiento interrumpe en forma definitiva el normal desarrollo del proceso penal a la sentencia, cerrando definitivamente el juicio, creando una situación que en ningún caso podrá modificarse, particularidad, que amerita la profundización de la investigación al extremo posible.

Por ello, es que las circunstancias valoradas y tenidas por ciertas en la resolución impugnada para concluir en la desvinculación del imputado del proceso, lucen por demás controvertidas, siendo que de las pruebas presentadas durante el proceso no se desprenden elementos que permitan sostener la presencia de certeza negativa que requiere el ordenamiento procesal para dictar un sobreseimiento (art. 336 C.P.P.N.).

Nótese, que teniendo en cuenta las circunstancias señaladas, es que el pronunciamiento traído a estudio resulta prematuro y no satisface las exigencias del art. 123 del C.P.P.N..

Por ende, el sobreseimiento decretado en favor de Bossio se alza prematuro, falencia que torna a ambas decisiones que así lo decidieron, carentes de motivación (art. 123 y 404, inc. 2º, del C.P.P.N.).

Por ello, propongo al acuerdo: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 323/334 vta. por el letrado de la parte querellante, doctor Ricardo R. Balestra, y en consecuencia revocar el sobreseimiento de Diego Bossio, y remitir las actuaciones a la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que tome razón de lo resuelto por el Tribunal, y después la remita al juez de grado “a quo” a los efectos de que continúe con la sustanciación del proceso de acuerdo a las pautas expuestas en este sufragio; sin costas en la instancia (art. 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

I. Inicialmente, corresponde señalar que el recurso de casación deducido por la parte querellante a fs. 323/334vta. resulta formalmente admisible, pues ha sido deducido contra una sentencia definitiva -sobreseimiento confirmado-, por una parte que tiene legitimidad para recurrir - ver resolución de fs. 289/296, Reg. nº 883/16.4 de esta Sala IV- y con invocación de los motivos casatorios (arts. 438, 456, 457 y 463 del C.P.P.N.), por lo que corresponde ingresar al examen de los agravios allí expuestos.

II. Sentado ello, y para una más acabada comprensión del tema a estudio de esta Alzada, corresponde repasar que el doctor Ricardo R. Balestra, ejerciendo el patrocinio letrado de Miguel Manuel Padilla, promovió querella contra el Ex Director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social, Diego Luis Bossio, y/o quien resulte obligado al cumplimiento de las obligaciones previsionales correspondientes a Miguel Manuel Padilla y no las hubiere efectivizado en forma oportuna.

Concretamente, indicó que su mandante, el señor Padilla, tramitó y obtuvo su jubilación luego de haberse desempeñado como Gerente de Asuntos legales de la Empresa Segba y en la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, determinándose fecha incial de pago de dicho beneficio el día 01/08/1987.

En el año 2004, el nombrado promovió los autos judiciales “PADILLA, Miguel M. c/ANSéS s/reajuste de haberes” -expte. nº 29.749/04- ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social nº 9 por considerar que el haber mensual asignado a Miguel Manuel Padilla no guardaba la razonable proporcionalidad que debe existir entre la situación del pasivo y la que resultaría de continuar en la actividad.

En el marco de dicho expediente, con fecha 30 de mayo de 2006, se dictó sentencia favorable a sus reclamos, haciéndose lugar a la acción promovida y ordenándose a la ANSéS que practique la liquidación pertinente, la cual comprendía la actualización del haber jubilatorio; decisión que fue confirmada, con fecha 11 de diciembre de 2008, por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social (cfr. copia de ambas resoluciones judiciales obrantes a fs. 14/20 y 21/23 -respectivamente- de la presente causa).

Efectuada la liquidación correspondiente, la misma fue aprobada por el juzgado y se ordenó su pago, no obstante lo cual, el organismo demandado no cumplió con dicha intimación.

En tal escenario, en el año 2012, se promovió ante la justicia en lo penal económico, la querella criminal antes aludida, por incumplimiento de las obligaciones previsionales respecto del señor Miguel Manuel Padilla; conducta que, a criterio de la parte querellante, podría encuadrar provisoriamente en la tipificada en el art. 142 y 144 de la ley 24.241 y que se extiende a los funcionarios públicos, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social que no hubieren efectivizado en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a que se encuentren obligados, a quien resulte beneficiario de las mismas, o que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, hubiesen dado lugar a que el hecho se produjera (cfr. fs. 2/8vta.).

De seguido, con fecha 12 de julio de 2012, la titular del Ministerio Público Fiscal formuló el correspondiente requerimiento de instrucción en los términos del art. 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación (ver fs. 57/58vta.).

El 8 de julio de 2013, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 7 resolvió sobreseer totalmente a Diego Luis Bossio por no encuadrar el hecho denunciado en una figura legal (art. 336, inc. 3º del C.P.P.N.). Para así decidir, consideró que “toda vez que las prestaciones previsionales cuya falta de integración en tiempo y forma se denunció en autos, no se corresponden con aquéllas establecidas por la ley Nº 24.241, sino que se vinculan con las obligaciones establecidas por la ley Nº 18.037, se permite concluir que la omisión denunciada es atípica.” (cfr. fs. 202 y vta.).

Apelado dicho pronunciamiento por la parte querellante, el mismo fue confirmado por la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico por entender, al igual que el juzgado de origen, que “la conducta imputada a Diego BOSSIO resulta atípica, porque no se trata de la efectivización de una de las prestaciones establecidas por la ley Nº 24.241, como lo requiere el tipo penal en estudio.” (cfr. fs. 309).

Dicho fallo de la cámara “a quo” motivó la interposición por parte de la querella (los sucesores de Miguel Manuel Padilla), representada por Ricardo R. Balestra, del recurso de casación ahora a estudio.

III. Que coincido en lo sustancial con las consideraciones efectuadas en el punto IV del voto efectuado por el distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Juan Carlos Gemignani, por cuanto la decisión que confirmó el sobreseimiento de Diego Luis Bossio por atipicidad -art. 336, inc. 3º del C.P.P.N.- resulta prematura.

Ello es así, en la medida en que, si bien la hipótesis imputativa que se siguió en las presentes actuaciones se subsumió en lo dispuesto en los arts. 142 y 144 de la ley nº 24.241 en materia de delitos por incumplimiento de las obligaciones previsionales, lo cierto es que -al menos por el momento- no puede descartarse que el objeto procesal investigado en el presente legajo pueda configurar otro delito.

En ese orden, los jueces de la instancia anterior limitaron el análisis del caso a un juicio de subsunción legal determinado (arts. 142 y 144 de la ley 24.241), omitiendo establecer si los hechos ventilados en el “sub examine” podrían configurar una posible infracción al art. 248 del Código Penal (no ejecutar las leyes y órdenes cuyo cumplimiento le incumbiere), como así también, al art. 239 del mismo cuerpo normativo (desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones) y al art. 264 (rehusarse a entregar una cantidad o efecto depositado o puesta bajo custodia o administración). Ello se encuentra en consonancia con lo resuelto por el suscripto como juez de la Sala I de esta C.F.C.P., en el expediente nº CFP 10474/2013/CFC1, caratulada “BOSSIO, Diego s/recurso de casación” (Reg. nº 785/16.1 del 12/05/2016).

Al respecto, cabe recordar que “[e]l sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. Procede cuando el tribunal no le quede duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena” (CLARIA OLMEDO, Jorge, Derecho Procesal Penal, Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, p. 16). La necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho resulta un mandato procesal esencial (C.S.J.N., M.1232.XLIV, “Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ denuncia Las Palomitas - Cabeza de Buey s/ homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros”, rta. el 26/9/2012, y C.F.C.P., Sala IV, causa nº 946/2013, “Pereyra, Mario Ariel s/recurso de casación”, Reg. nº 672/2014 del 24/4/2014 y Sala I, causa nº 76000339/2009/1/CFC2, "Ferreira, Alicia Andrea s/recurso de casación", Reg. nº 1529/16.1 del 25/08/2016); extremo que, de momento, no se verifica en el “sub lite”.

En esa inteligencia, no es posible soslayar que, a los efectos del dictado del auto desvinculatorio en estudio, lo relevante no consiste en poder afirmar la existencia de un delito, sino - en sentido inverso- estar en condiciones de negarlo con certeza, extremo que, por el momento, resulta prematuro aseverar en el caso de autos (cfr. causa nº 16.411, caratulada: “González, Gabriel Enrique s/recurso de casación”, Reg. nº 1129.14.4 del 12/06/2014).

En tal sentido, la resolución recurrida carece de eficacia como acto jurisdiccional válido pues resulta prematuro descartar -al menos en este estadío procesal- que el hecho investigado pueda ser subsumido legalmente en otros tipos penales; circunstancia que obsta al dictado de un pronunciamiento en los términos del art. 336, inc. 3º del Código Procesal Penal de la Nación.

IV. Por ello, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte querellante a fs. 323/334vta., REVOCAR la resolución impugnada, y REMITIR las actuaciones al tribunal “a quo” para que tome conocimiento de lo aquí resuelto y, oportunamente, devuelva la causa al juzgado de primera instancia a fin de que se continúe con la investigación de la presente causa, con el alcance expresado en el presente. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:

Que, sellada la suerte del recurso, habrá de precisar -en prieta síntesis- su posición divergente con la de los colegas preopinantes.

Ello así, pues partiendo de considerar que nada obsta a un reexamen de admisibilidad del remedio impugnaticio antes o después de sustanciada la audiencia para informar o en el mismo momento de dictar sentencia, ni a que -en su caso- sea declarado mal concedido (cfr. Sala II, causa nº 15.433, caratulada: “Monteros, Fabio Hernán s/ recurso de casación”, reg. nº 1694/13, rta. 23/10/13, y sus citas, entre tantas otras), considera que en la oportunidad así debe declararse.

En este sentido, el escrito de interposición del recurso de casación carece de la fundamentación mínima necesaria para demostrar su procedencia exigible según el art. 463 CPPN, toda vez que no se hace cargo el recurrente de rebatir todos y cada uno de los fundamentos de la decisión que se impugna, de modo de demostrar en qué consistiría el defecto de ese pronunciamiento.

En efecto, el impugnante no consigue confutar aquellas razones dadas por el a quo, como así tampoco demostrar la arbitrariedad de los fundamentos sostenidos en la resolución impugnada.

En esa línea, el recurrente no logra revelar de modo expreso en qué consiste su concreto agravio, limitándose su presentación a la expresión de su disconformidad con la solución adoptada.

Por lo demás, el pronunciamiento cuestionado ha sido sustentado razonablemente y el recurso sólo evidencia una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (Fallos 302:284; 304:415; entre otros).

En definitiva, si bien se alega arbitrariedad, la censura se reduce a criticar el rechazo a su pretensión pero no se emprende, siquiera mínimamente, un esbozo de crítica concreta de la decisión recurrida para intentar demostrar en qué consistiría. En este aspecto el escrito de interposición no satisface las exigencias del ceremonial.

En suma, se postula al acuerdo declarar mal concedido el recurso de casación deducido por la querella, con costas (arts. 444, 530 y ccds. CPPN).

Así vota.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría

RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte querellante a fs. 323/334vta., REVOCAR la resolución impugnada obrante a fs. 308/312, y REMITIR las actuaciones al tribunal “a quo” para que tome conocimiento de lo aquí resuelto y, oportunamente, devuelva la causa al juzgado de primera instancia a fin de que se continúe con la investigación de la presente causa, con el alcance expresado en la presente. Sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese (Acordada CSJN 15/13 y Lex 100). Remítase la causa al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

 

MARIANO HERNÁN BORINSKY

JUAN CARLOS GEMIGNANI

ALEJANDRO W. SLOKAR

Ante mí:

HERNAN BLANCO

SECRETARIO DE CAMARA

 

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