Despido Abandono De Trabajo Requisitos Falta O Defecto De Registracion Intimacion Telegrama Afip Responsabilidad Del Administrador

JURISPRUDENCIA

Despido. Abandono de trabajo. Requisitos. Falta o defecto de registración. Intimación. Telegrama. AFIP. Responsabilidad del administrador

 

Se hace lugar a la demanda por despido iniciada por la trabajadora, dado que para que se configure el despido por abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la L.C.T., es necesario, además de la previa intimación al trabajador, que quede evidenciado su propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios. Dicha circunstancia no fue probada, pues la trabajadora procuró en todo momento que la demandada registrara la relación laboral conforme a los reales datos de la misma, haciéndole saber que estaba ejerciendo el derecho a retener tareas hasta tanto la empresa demandada diera cumplimiento a sus reclamos. Asimismo, se reconoce la indemnización agravada por embarazo, habida cuenta de que la dependiente notificó su estado de gravidez previamente a su despido (art. 182, LCT). Por último, se extiende la responsabilidad solidaria a los administradores de la sociedad, pues se acreditó la existencia de serios defectos registrales respecto de la relación laboral con la actora.

 

 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017.

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

I- Contra la sentencia dictada en la anterior instancia, que hizo lugar parcialmente al reclamo, recurren la codemandada Dexbond S.A., el codemandado Pablo Humberto Frasca y la parte actora, según los escritos de fs. 648/663, fs. 664/666 y fs. 671/681, respectivamente, que merecieron réplica a fs. 675I/678I y fs. 679I/683, en ese orden.

Por su parte, la codemandada Dexbond S.A. cuestiona la forma en que fueron impuestas las costas y los emolumentos discernidos a la representación letrada de la parte actora por considerarlos elevados (ver fs. 662 vta.).

Asimismo, la representación letrada del codemandado Pablo Humberto Frasca y la representación letrada de la parte actora apelan por bajos los honorarios regulados a su favor (ver fs. 667 y fs. 681, respectivamente).

Por último, a fs. 644 la perito calígrafa apela por reducidos los emolumentos que le fueron discernidos, y a fs. 668/669 hace lo propio el perito contador.

II- Cuestiona la codemandada Dexbond S.A. la decisión de la Sra. Juez “a quo” de considerar injustificada la medida rescisoria por ella adoptada. Sostiene al respecto que no se valoraron adecuadamente las pruebas colectadas.

Estimo que no le asiste razón. Ello es así, por cuanto la recurrente no refuta eficazmente los argumentos del fallo atinentes a la falta de justificación del despido. En concreto, se señaló en la sentencia que no se cumplieron con los requerimientos para considerar que se dio en el caso la figura del abandono de trabajo y lo cierto es que aquélla no asume en definitiva que no resulta respaldada la causal específica por la cual puso fin al contrato (cfr. arts. 242, 243 y concordantes de la L.C.T.).

En efecto, comparto el criterio de la magistrada de grado anterior en cuanto a la insuficiencia de los elementos probatorios aportados para acreditar en forma fehaciente una inequívoca voluntad de la trabajadora de hacer abandono de su puesto de trabajo, por cuanto el intercambio cablegráfico y la actitud asumida por las partes impiden así considerarlo.

Cabe destacar que para que se configure el despido por abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la L.C.T. es necesario, además de la previa intimación al trabajador, que quede evidenciado su propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna y la nota que lo caracteriza es en principio y generalmente, el silencio del dependiente. Ahora bien, en el caso de autos los elementos probatorios colectados resultan insuficientes para acreditar en forma fehaciente una inequívoca voluntad de la trabajadora de hacer abandono de su puesto de trabajo y una concreta intención de la demandante de no asistir más a sus labores.

En efecto, tal como sostuvo la Sra. Juez “a quo”, la actora no solamente no adoptó una actitud que pudiera traducirse en abandono, sino que previo al distracto (ver a fs. 119 telegrama de fecha 17/07/2012) interpeló a su empleadora a fin de que procediera a registrar la relación laboral y denunció su estado de gravidez con fecha probable de parto el 18/12/2012, poniendo a su disposición el respectivo certificado, intimación que fue reiterada con fecha 25/07/2012 (ver fs. 120) y con fecha 8/08/2012 (ver fs. 123). En dichas misivas rechazó que se hubiera ausentado injustificadamente desde el 27/07/2012, denunció que le fueron negadas tareas y, luego, notificó la retención de tareas en los términos del art. 1201 del Código Civil.

Es así que, si bien la demandada intimó en reiteradas oportunidades a la trabajadora a fin de que -dentro del plazo de 48 horas- se presentara a cumplir servicios, bajo apercibimiento de considerarla incursa en la situación de abandono de trabajo, de los términos en que quedó trabada la litis, surge que ésta le hizo saber que se encontraba haciendo uso del derecho a retener tareas hasta tanto la empresa registrara la relación laboral. Vale decir, fundó su defensa en las prerrogativas del artículo 1.201 del Código Civil -en su redacción vigente al momento en que se promovió el presente reclamo-.

En consecuencia, no encontrándose controvertido ante esta alzada que la actora intentó justificar sus inasistencias en incumplimientos que atribuyó a su empleadora, va de suyo que ello impide formar convicción en grado concluyente e inequívoco de que su intención haya estado direccionada a abandonar la relación, presupuesto insoslayable que condiciona la legitimidad de la causal extintiva.

En efecto, reiteradamente se ha sostenido que para que se configure la causal de abandono a la que alude el artículo 244 de la L.C.T., debe verificarse una clara y concreta intención del trabajador de no continuar la relación laboral que lo ligaba con su empleador, es decir, debe demostrarse cabalmente que el ánimo de éste ha sido de no retomar sus tareas ni reintegrarse al empleo, ya que no toda ausencia permite inferir tal determinación.

Ahora bien, en la especie, ha quedado demostrado que la trabajadora procuró en todo momento que la demandada registrara la relación laboral conforme los reales datos de la misma, haciéndole saber que estaba ejerciendo el derecho de retener tareas hasta tanto la empresa demandada diera cumplimiento a sus reclamos. Esta circunstancia excluye sin lugar a dudas el desinterés por la prosecución del vínculo que subyace en la situación de abandono contemplada en el art. 244 de la L.C.T., por cuanto la conducta asumida por la trabajadora -y los argumentos que invocó- en respuesta a las intimaciones de las que había sido objeto deben ser leídos como manifestación de su voluntad de preservar la fuente de trabajo. En ese entendimiento, no puede imputársele incumplimiento.

Todo ello basta y resulta suficiente, a mi entender, para demostrar la voluntad de la trabajadora de continuar con el vínculo laboral, lo cual descarta la configuración en el caso de la figura del abandono de trabajo invocada en sustento del distracto.

Cabe destacar que para que se demuestre la situación de abandono, no deben quedar dudas en cuanto al ánimo del trabajador de no retomar su puesto de trabajo, extremo que no puede entenderse configurado cuando, como acontece en el caso de autos, la actora demostró en todo momento su intención de mantener el vínculo, respondiendo al emplazamiento cursado por la empleadora, y exponiendo los motivos que motivaron sus inasistencias (en la especie aquélla se abstuvo de prestar servicios en los términos del artículo 1.201 del Código Civil), revelando una intención que no puede ser asimilada a la que contempla el artículo 244 de la L.C.T.

Estas circunstancias, no pueden ser desconocida por la demandada quien, debidamente notificada de los emplazamientos efectuados pero evidenciando una actitud rupturista y contraria a los principios previstos en los arts. 10, 62 y 63 LCT, intimó a la trabajadora reintegrarse a sus tareas y prestar servicios -a pesar de la irregularidad en la registración que mantenía con ella- y luego -y sin que la relación estuviera correctamente registrada- y en virtud de que la Sra. Castillo invocó el artículo 1.201 del Código Civil, remitió la comunicación de despido con fecha 17/08/2012 (ver fs. 96 y 129), considerándola incursa en situación de abandono de trabajo.

En efecto, si bien no soslayo que frente a la intimación de la trabajadora, la empresa demandada accedió a registrar el vínculo, lo cierto es que, como bien puntualizó la magistrada de grado anterior -en términos no contradichos eficazmente en el recurso que se analiza y que comparto (cfr. art. 116 de la L.O.)- , esta última no podía exigirle que se reintegrara a su puesto de trabajo, cuando no había registrado correctamente la relación conforme los reales datos de la misma y conforme le había sido requerido, es decir, sin que la relación laboral estuviera debidamente registrada, lo que conduce a concluir que la conducta asumida por la actora se encontraba legalmente amparada por la norma citada y distaba bastante de constituir el “abandono de trabajo” que se le imputó en sustento del distracto, de suerte que la medida rescisoria dispuesta por Dexbond S.A. no resultó ajustada a derecho (cfr. art. 242 y 244 de la L.C.T.).

En dicha inteligencia, resulta razonable concluir que la actitud de la trabajadora no pudo válidamente interpretarse - tal como lo hizo la demandada- como un abandono voluntario de la relación laboral, toda vez que -como quedó dicho- en todo momento demostró su intención de conservar el contrato pues, reitero, le hizo saber los motivos que determinaron sus inasistencias, y que se encontraba efectuando retención de tareas hasta tanto aquélla diera cumplimiento a sus reclamos (en concreto, que registrara debidamente la relación laboral), reclamos éstos que, por otra parte -y conforme lo que analizaré en los apartado subsiguientes-, resultaron plenamente válidos y justificaron la referida retención de servicios, todo lo cual excluye la configuración en el caso de la situación contemplada en el mentado art. 244 de la L.C.T.

Todas estas consideraciones que resultó injustificada la decisión de la demandada de rescindir el contrato de trabajo por abandono de trabajo careció de justa causa y que, por ende, el despido decidido resultó injustificado (cfr. art. 242, 243, 244 y concordantes de la L.C.T.).

En virtud de todo lo expuesto, y sin que adquieran relevancia otras circunstancias que la apelante pretende enfatizar -en especial lo alegado en el recurso en torno a la supuesta ausencia de prueba que acredite la negativa de tareas invocada por la demandante-, corresponde confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto pudo considerarse objeto de agravio en los aspectos tratados, lo que así dejo propuesto.

III- Igual suerte desestimatoria correrá el disenso esgrimido por la codemandada Dexbond S.A. frente a la remuneración mensual que se tuvo por acreditada en el fallo de grado.

Ello es así por cuanto, a mi modo de ver, la ponderación de la prueba colectada -en especial la testifical- que se llevó a cabo en el decisorio de grado ha sido correctamente realizada conforme los lineamientos impuestos por la sana crítica (cfr. arts. 90 de la L.O. y 386 y 456 del C.P.C.C.N.), y en términos que comparto. Así, coincido con el criterio de la Sra. Juez “a quo” en cuanto a la suficiencia de la prueba testifical aportada a la causa por la demandante (ver declaraciones testificales de Gorosito a fs. 191 y de González a fs. 478) para acreditar la percepción de sumas en forma clandestina o como comúnmente se denomina “en negro”, en tanto proporcionaron elementos suficientes a tal fin.

En efecto, la lectura de las declaraciones que sobre este tópico brindaron los testigos Gorosito (fs. 191) y González (fs. 478) contribuyen a verificar la existencia de pagos clandestinos que por el monto de sus haberes hace deducible que el salario que se asignó la demandante en el inicio resulte proporcionado y razonable en función de la apreciación global de las características probadas e inferibles de la prestación desarrollada y de la relación laboral de que se trata, y en orden a la índole y modalidad de las tareas y categoría laboral desempeñadas por la trabajadora, horario de trabajo cumplido y tiempo de prestación de servicios (cfr. arts. 56, L.O. y 57, L.C.T. y C.S.J.N Fallos 308:1078 in re "Ortega, Carlos c/Seven Up Concesiones y otra" del 10/7/86).

A mi entender, las referidas declaraciones testificales (de Gorosito y González), respaldan la decisión adoptada en el fallo de grado, pues, analizadas íntegramente y en sana crítica (cfr. arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N. y 90 de la L.O.), se observan suficientemente objetivas y verosímiles como para justificar la trascendencia probatoria que les fue asignada por la Sra. Juez “a quo” para tener por demostrada la existencia de retribuciones no registradas, permitiendo formar convicción en orden a la cuestión objeto de discrepancia.

Lo digo porque, los citados testigos fueron coincidentes y concordantes respecto de la metodología y modalidad de pago de los salarios instrumentada por la accionada, y fueron contestes en que era práctica común y habitual en la empresa el pago de remuneraciones en forma indocumentada, revistiendo sus dichos plena fuerza probatoria y valor convictivo suficiente en este aspecto, por haber sido compañeros de trabajo de la actora. Tales declaraciones constituyen -en mi opinión- prueba idónea para acreditar los hechos que describen, por resultar verosímiles, coherentes, convincentes, dar debida razón de sus dichos, y reflejar de manera directa el contexto fáctico en el que se desarrolló la prestación de la actora, por coincidir en lugar y tiempo con éste y, por tanto, referir a sucesos que fueron percibidos en forma directa y personal por los declarantes, con indicación circunstanciada de tiempo, modo y lugar, sin que las impugnaciones recibidas y las apreciaciones con las que la apelante intenta desvalorizar sus testimonios logren conmover sus dichos (cfr. art. 90 de la L.O. y arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N.).

En efecto, a mi juicio, las declaraciones reseñadas lucen convictivas por haber brindado los testigos detalles que no me llevan a dudar de la veracidad de sus dichos, y asimismo se observan objetivas -pese a los motivos que invoca la apelante-, ya que declararon sobre hechos concretos de los que, reitero, tuvieron conocimiento directo mediante sus sentidos, sin que se trate de interpretaciones o evaluaciones subjetivas.

Cabe destacar que el hecho de que los referidos testigos tengan juicio pendiente con la demandada no basta para descalificar sus testimonios y privarlos de eficacia, sino que lleva a apreciar y valorar sus manifestaciones con mayor rigurosidad y dentro del marco probatorio integral, puesto que no se trata de testigos excluidos. Debe tenerse presente que los sucesos laborales se dan en una comunidad de trabajo y por eso quienes participan de ella son los que pueden aportar datos al respecto, y en muchas ocasiones la prueba testifical constituye el único elemento de convicción del cual depende el magistrado para esclarecer la cuestión en debate.

Dicha circunstancia (vale decir, que sean titulares de una pretensión judicial contra la demandada), no constituye por sí sola un elemento que impida acoger sus declaraciones como útiles para la dilucidación de la litis, ni lleva a dudar de la veracidad de sus testimonios si, como en el caso, sus manifestaciones -apreciadas, como dije, con mayor rigurosidad y estrictez- se exhiben idóneas y convincentes a los fines que interesan.

Desde esta perspectiva estimo que los embates de la apelante en orden a la ponderación de dicha prueba testifical, se revelan ineficaces e insuficientes en cuanto apuntan a quitar valor convictivo a tales declaraciones -y a justificar su descalificación-, frente a los elementos concordantes que surgen de éstas. En efecto, las apreciaciones que formula en su escrito recursivo relativas al mérito probatorio de los referidos testigos carecen de la relevancia pretendida para desmerecer y conmover tales declaraciones, y no alcanzan para desvirtuar la valoración que efectuó la magistrada anterior, toda vez que los aspectos en los cuales habría -a criterio de la apelante- falta de coincidencia en los testimonios referenciados, no revisten una gravedad tal que quite convicción a los aspectos sustanciales de los mismos. Ello, por cuanto las declaraciones señaladas se complementan entre sí de tal modo que, unidas, llevan a tener por cierta la postura del demandante, por cuanto existe y se observa -en mi criterio- concordancia en los aspectos fundamentales de sus testimonios. Es así que, a mi juicio -y pese a las razones que invoca la apelante-, tales declaraciones testificales lucen suficientemente idóneas y convincentes a los fines que interesan, y por ende, revisten plena fuerza probatoria y valor convictivo suficiente a fin de corroborar la versión de los hechos dada en el inicio en orden a la existencia de pagos “en negro” (cfr. art. 9 de la L.C.T.).

No obsta a dicha conclusión lo manifestado por los testigos aportados por la demandada, pues -a mi entender- sus declaraciones carecen de entidad convictiva y valor probatorio suficiente para desvirtuar las testificales precedentemente aludidas, dado que por provenir de personal dependiente y jerárquico de la demandada aparecen influenciadas con el ánimo de no perjudicarla, circunstancia que ante el relato concordante y circunstanciado de los testigos precedentemente señalados, conduce a descartar sus testimonios (cf. art. 90 L.O y 386 y 445 del C.P.C.C.N.).

De tal modo, considero que las constancias de la causa, apreciadas -reitero- íntegramente y en sana crítica (cfr. art. 386 del C.P.C.C.N.), se exhiben eficaces y suficientes en orden a lo que la accionante (según lo que con razonabilidad cabe exigirle como carga probatoria respecto de la remuneración que afirmó haber percibido) debió objetivar mediante prueba concreta (cfr. art. 386 del C.C.C.C.N.). La accionada insiste en la conclusión contraria, pero su planteo no logra revertir el panorama adverso que surge de la sentencia apelada, dado que los cuestionamientos efectuados en el recurso, en su apreciación a la luz de los elementos que surgen de la totalidad de la prueba ponderada, no generan -en mi opinión- convicción suficiente en sentido contrario al resuelto.

En efecto, cabe desestimar la trascendencia recursiva de las manifestaciones de la apelante en torno a que la mejor remuneración de la actora ascendió a la suma de $4.600.-, en tanto dicho monto es el que surge de sus registros (conforme lo informado por el experto contable en su informe de fs. 457/459), en los cuales -obviamente- no se encuentran asentados los pagos fuera de registración (o bajo la modalidad comúnmente denominada “en negro”) que han sido probados en la causa.

En tales condiciones, teniendo en cuenta los términos en que se trabó y planteó la litis sobre este tema y dada la existencia de datos y pruebas concretas que permiten respaldar el salario invocado en la demanda (cfr. art. 9 de la L.C.t.), no advierto motivos suficientes para modificar lo resuelto, por lo que voto por confirmar el decisorio de grado en el punto materia de agravios.

IV- Tampoco merece aceptación la divergencia esgrimida por la codemandada Dexbond S.A. frente a la fecha de ingreso al empleo que se tuvo por reconocida en la anterior instancia.

Lo digo, porque en el caso resulta insoslayable, en apoyo de lo afirmado en el escrito de demanda en orden a que la accionante ingresó a trabajar para la accionada con anterioridad a la fecha en la que se encontraba registrada, la declaración testifical de la testigo Gorosito (ver fs. 191).

En efecto, considero que -aun apreciada con la estrictez que sugiere la apelante-, resultan suficientes las referencias de la citada testigo (quien ilustró haber visto a la accionante desempeñarse para la empresa demandada a partir de marzo de 2011) acerca de la época en que la actora comenzó a prestar tareas, por lo que sus dichos contribuyen a verificar y respaldar la fecha de ingreso denunciada al demandar y, por ende, a quitar sustento a la postura de la recurrente sobre el punto.

La mera circunstancia de que la referida testigo revista el carácter de “único testigo” no basta para descalificar sus dichos y privarlos de eficacia y, por ende, descartar la validez probatoria de su declaración, sino que lleva a apreciar y valorar sus manifestaciones con mayor rigurosidad y dentro del marco probatorio integral. Es así que, si bien no soslayo que la única prueba hábil a fin de acreditar la fecha de ingreso invocada en el escrito inicial lo es la declaración testimonial rendida a instancias del demandante por la Sra. Gorosito (fs. 191), tampoco puedo pasar por alto que sus dichos se observan suficientemente convictivos y objetivos para corroborar dicho extremo pues la declarante proporcionó elementos suficientes a tales fines. Ello por cuanto, su relato, además de resultar coincidente -en lo sustancial- con lo afirmado en la demanda (en punto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la prestación desarrollada), no evidencia ninguna circunstancia que permita dudar de la veracidad de su declaración, toda vez que, además de referir a hechos concretos de los que -reitero- tomó conocimiento en forma directa y personal, mediante sus sentidos -sin incurrir en interpretaciones o evaluaciones subjetivas-, brindó suficiente razón de sus dichos.

Ahora bien, las afirmaciones de la citada testigo en orden a que la actora comenzó a prestar servicios para la empresa demandada con anterioridad a la fecha en la que la demandada, no logran ser enervadas por los dichos de los testigos en cuyas declaraciones procura sustentarse la apelante, en tanto -tal como señalé- por provenir de personal dependiente de aquélla aparecen influenciadas con el ánimo de no perjudicarla.

Asimismo, resultan insuficientes a tales fines las constancias emergentes de los libros y registros que obran en poder de la demandada, las cuales tienen un valor relativo frente a la invocación de hechos como los que constituyen materia de controversia en esta contienda, por cuanto dichas constancias constituyen declaraciones unilaterales de la parte, que resultan inoponibles al trabajador -que no interviene ni en la confección ni el en control de los datos que allí se asientan-, cuando median elementos de prueba en contrario, tal como acontece en el caso de autos.

Por lo demás, si bien no soslayo la prueba documental que invoca la apelante en aval de su postura (ver fs. 79/81 y pericia caligráfica de fs. 450/453), lo cierto es que en el caso no puede pasarse por alto la declaración testifical de Gorosito (fs. 191). De tal modo, el contexto probatorio reseñado debe ser valorado teniendo en cuenta la directiva que emanada del 9º de la L.C.T. (texto según ley 26.428, B.O. 26/12/2008), que en su parte pertinente dispone que “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla decidirán en el sentido más favorable al trabajador”, reforma que materializa la expresión del principio protectorio que tiene fundamento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional cuando dice que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes” consagrando el principio in dubio pro operario esencia misma del derecho que nos ocupa.

En tal marco, de conformidad con los parámetros del art. 9 de la L.C.T., reformado por la ley 26.428, considero que cualquier duda debe despejarse a favor de los dichos de la trabajadora, de modo que, en mi opinión, corresponde rechazar el planteo recursivo de la demandada y confirmar la sentencia de grado en cuanto tiene por probada la fecha de ingreso al empleo invocada por la demandante en el inicio.

V- Lo resuelto en los apartados anteriores, conduce a desestimar también la oposición manifestada por la codemandada Dexbond S.A. frente al progreso de las indemnizaciones reclamadas con sustento en los artículos 9 y 10 de la ley 24.1013, en tanto se verifica en autos la defectuosa registración de la relación laboral con una fecha de ingreso posterior a la real y con una remuneración inferior a la efectivamente percibida por la trabajadora que habilita el andamiaje de las indemnizaciones en cuestión.

Cabe destacar, frente a lo alegado por la apelante en su escrito recursivo (en punto a que la accionante no acreditó en la causa haber dado cumplimiento con la exigencia establecida por el inciso “b” del artículo 11 del referido cuerpo normativo (t.o. según ley 25.345, art. 47 inc. b) 2do. párrafo) -que impone al trabajador la obligación de remitir a la AFIP copia del requerimiento efectuado al empleador-, que si bien no soslayo que ante el expreso desconocimiento formulado por la codemandada Dexbond S.A. (ver fs. 168), la parte actora no produjo la pertinente prueba informativa al Correo Argentino a fin de acreditar la autenticidad, envío y recepción del telegrama -dirigido a la AFIP- que luce acompañado a fs. 118, lo cierto es que la mencionada pieza postal posee carácter de instrumento público en los términos del art. 289 inciso “B” del CCyCN (antes art. 979, inciso 2º del CCN), por lo que, no sólo demuestra su contenido, sino también que el destinatario la ha recibido (en igual sentido ver S.D. Nº 67.937, del 29/09/2015, recaída en autos “L. D. O. C/ GESTION FINANCIERA SA S/DESPIDO”, del registro de esta Sala VI, entre otras).

Por lo demás, amén del carácter de instrumento público del telegrama de fs. 118, teniendo a la vista la documental en cuestión, observo que el formulario utilizado, la tipografía, los sellos y el sticker numerado adhesivo que lleva revisten las características propias de todo despacho telegráfico cursado a través de la empresa de correos. A su vez, el sello y la etiqueta adhesiva insertados en el anverso también son los que utiliza el correo habitualmente para esos actos, por lo que el referido documento reviste las inconfundibles características de los comprobantes que emite el correo cuando se cursa un telegrama.

Al respecto esta Sala ha sostenido que cuando el telegrama está redactado en el formulario de estilo, con el sello de la oficina postal y demás recaudos formales, debe razonablemente entenderse que lleva ínsita la prueba de su autenticidad, y en consecuencia de su remisión (ver S.D. Nº 69.717 del 24/05/2017, recaída en autos “GONZALEZ ANIBAL RUBEN C/ TENDIDO DE REDES Y ELECTRO CONSTRUCCIONES S.R.L. Y OTROS S/ DESPIDO”, del registro de esta Sala VI, entre otras).

En tal marco, puede afirmarse que al ofrecerse dicha prueba documental (ver fs. 118), el cumplimiento del recaudo establecido por el art. 47 inc. b) 2do. párrafo de la ley 25.345 (modificatorio del mentado artículo 11) se encuentra acreditado en la causa, por lo que corresponde confirmar el progreso de las indemnizaciones previstas en los artículos 9 y 10 de la ley 24.013 decidida en la anterior instancia.

VI- Cabe desestimar también la oposición manifestada por la codemandada Dexbond S.A. frente a la admisión de la indemnización agravada prevista por artículos 178 y 182 de la L.C.T.

Lo digo porque, a fs. 119 y fs. 193 luce agregado el telegrama que acredita que la trabajadora notificó a su empleadora su estado de embarazo con anterioridad a la ruptura del vínculo, tal como lo exigen los arts. 177 y 178 de la L.C.T.

Por otro lado, de la contestación de oficio emanada de la Municipalidad de Tres de Febrero (ver fs. 404/414) -en la que se adjunta la historia clínica prenatal de la Sra. Castillo-se desprende que ésta se encontraba embarazada al momento en que se produjo la disolución del vínculo (con fecha 17/08/2012).

En consecuencia, dado que el despido decidido por la empleadora se produjo durante el período de protección previsto en la norma en cuestión (cfr. art. 178 de la L.C.T.), rige en toda su dimensión la presunción legal contenida en la misma -la cual, no ha logrado ser desvirtuada por la demandada-, por lo que corresponde confirmar la procedencia de la indemnización que prevé el artículo 182 de dicho cuerpo normativo, lo que así voto.

VII- Igual temperamento corresponde adoptar frente al planteo que procura revertir la admisión de la indemnización por despido discriminatorio (cuya condena la magistrada de grado fundó en lo normado por la ley 23.592 y la “Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer”), pues no cumplimenta con las exigencias del artículo 116 de la L.O.

La recurrente se limita a hacer referencia a citas jurisprudenciales que, por sí solas, no constituyen un agravio debidamente fundado en los términos de dicha norma procesal, amén de que tales antecedentes jurisprudenciales carecen de una aplicabilidad razonada en las específicas circunstancias de autos.

A ello se añade que las restantes consideraciones expuestas constituyen una mera expresión de disconformidad de la apelante (quien se limita a esbozar un parecer discrepante con lo resuelto en el fallo apelado), carente de argumentos serios y fundados que permitan advertir el desacierto de la decisión cuestionada y, por ende, lograr su revisión ante esta alzada(cfr. art. 116 de la L.O.).

En consecuencia, dado los reparos formales que merece la queja en este aspecto en orden a lo normado por el artículo 116 de la L.O. (en tanto, reitero, los cuestionamientos efectuados en el punto no trascienden el marco de una oposición genéricamente discrepante, que no se exhibe eficaz para revertir el pronunciamiento recurrido en este aspecto), propongo desestimar también este segmento de la queja y confirmar lo decidido en origen a su respecto.

VIII- Tampoco resulta atendible el cuestionamiento vertido por el accionante frente al rechazo de la sanción conminatoria prevista en el artículo 132 bis de la L.C.T. - incorporado por el artículo 43 de la ley 25.345-, toda vez que -tal como se destacó en el fallo de grado, en términos no contradichos eficazmente en el recurso que se analiza (cfr. art. 116 de la L.O.)- no se ha demostrado en la causa el presupuesto fáctico al que la aludida normativa supedita el progreso de la sanción en cuestión -esto es, la retención de aportes de la trabajadora-, sin que la exposición recursiva desvirtúe tal conclusión con la indicación de elementos probatorios concretos, concluyentes y eficaces a tales fines, extremo que sella en sentida adverso la suerte de este segmento de la queja.

En efecto, la apelante omite oponer constancia alguna de la que se derive el incumplimiento de la empleadora apto para brindar andamiaje al reclamo en cuestión.

Por lo demás, frente a lo alegado en el escrito recursivo, señalo que no soslayo que la empleadora abonó a la trabajadora parte de su remuneración fuera de registración, pero lo cierto es que respecto de dicha parte del salario (es decir, de la parte abonada como comúnmente se denomina “en negro”) no hubo retención indebida de aportes, sino que directamente no existió pago de aportes al sistema,

En consecuencia, toda vez que de las pruebas colectadas en la causa no surge acreditada la configuración cabal del supuesto de incumplimiento que dicha norma sanciona -pues el apelante no invoca ni señala los elementos de prueba que darían sustento a su pretensión-, carece de andamiaje la aplicación de la sanción conminatoria prevista en la misma, por no encontrarse reunidos los presupuestos fácticos requeridos en el mentado artículo 132 bis de la L.C.T. como condición para su procedencia.

Consecuentemente, propondré que en este aspecto se confirme lo resuelto en el fallo de grado.

IX- En cambio, obtendrá favorable recepción el disenso de la parte actora tendiente a revertir el rechazo de la indemnización reclamada con sustento en el artículo 80 de la L.C.T. -modificado por el artículo 45 de la ley 25.345-, toda vez que del intercambio telegráfico habido entre las partes surge que en el telegrama de despido la codemandada Dexbond S.A. puso a disposición de la trabajadora los certificados previstos en la citada norma, sin que hubiera hecho oportuna entrega de tales instrumentos, pues recién los acompañó al momento de contestar la presente acción (ver fs. 97/98).

Al respecto, cabe destacar que, tal como reiteradamente ha sostenido este Tribunal, la mera puesta a disposición en forma telegráfica de los certificados a los que alude el citado artículo 80 de la L.C.T., no constituye el cumplimiento de la obligación de entrega prevista en dicha norma, debiendo la empleadora arbitrar los medios para que se haga efectiva le entrega, recurriendo de ser necesario a la consignación judicial, lo que no aconteció en el caso de autos (ver, entre otras, S.D. Nº 67.118 del 11/12/2014, recaída en autos “TORRES OSCAR JESÚS C/PRENAVL SEGURIDAD S.R.L. S/DESPIDO”, del registro de esta Sala VI). En efecto, el cumplimiento de la obligación prevista en el art. 80 de la L.C.T. no depende de que el trabajador se apersone en la sede de la empresa, toda vez que, si ello no ocurre, el empleador, previa intimación, puede consignar la documentación judicialmente.

Por lo demás, en el caso no puede pasarse por alto que el hecho de que en los instrumentos acompañados a la causa la empleadora hubiere consignado una remuneración insuficiente y una fecha de ingreso posterior a la real, implica (a priori) que tales certificados no contienen los reales datos de la relación habida entre las partes, por lo que carecen de la validez requerible a los fines de tener por cumplida la obligación prevista en el artículo 80 citado.

En efecto, la sola puesta a disposición o en su caso, la consignación, de documentos que no fueron confeccionados de conformidad con las exigencias legalmente previstas (tal como acontece en el caso de autos, en tanto -reitero- los certificados acompañados en el responde contienen datos de la relación laboral que no se corresponden con los reconocidos en el presente pronunciamiento judicial en base a lo que surge de las constancias de la causa), no permite tener por cumplida en forma adecuada la obligación impuesta al empleador, y en consecuencia permite subsumir dicho proceder en el supuesto contemplado en el propósito sancionatorio de la mencionada normativa.

En consecuencia, dado que fue la propia empleadora quien puso a disposición de la trabajadora las constancias previstas por la norma, resultÓ innecesaria la intimación requerida a tal efecto en la misma, por lo que corresponde hacer lugar a la queja impetrada por la parte actora y admitir la indemnización prevista por el artículo 80 de la L.C.T., la cual prospera por la suma de $21.000.- ($7.000.- x 3, conforme remuneración mensual determinada en el pronunciamiento apelado -que aquí se sugiere confirmar, de conformidad con lo resuelto en el apartado III del presente pronunciamiento-).

En tal marco, resulta de tratamiento abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/01 que plantea la apelante en su escrito recursivo.

X- Como corolario de lo que he dejado resuelto en el apartado anterior, de prosperar mi voto, corresponde modificar parcialmente la sentencia dictada en la anterior instancia, y elevar el capital de condena a la suma de $201.132,49.- ($180.132,49.- diferidos a condena en la anterior instancia - ver liquidación de fs. 641 y punto 1º de la parte resolutiva del fallo de grado a fs. 642, lo cual conduce a dar respuesta al planteo deducido por la codemandada Dexbond S.A. a fs. 661/661 vta., “Décimo agravio”- + $21.000.-, que se fijan en esta alzada en concepto de indemnización prevista en el artículo 80 de la L.C.T.).

XI- En cuanto a la tasa de interés fijada en la anterior instancia, el planteo de la codemandada Dexbond S.A. no resulta atendible, pues en la especie no puede perderse de vista que la decisión de la magistrada de grado anterior en el punto tiene por objeto paliar de algún modo los efectos de la desvalorización monetaria en el momento actual, y evitar el deterioro del crédito alimentario reconocido a la trabajadora.

Cabe destacar que de acuerdo con lo dispuesto por esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al intervenir en el dictado del Acta Nro. 2601/14, la “...tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses...”, que comenzó a regir el 21/05/2014, es “...desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador” y, en el “sub lite”, el pronunciamiento de origen fue dictado el 5/02/2016 (ver fs. 636), es decir, durante la vigencia de la citada acta. Por lo demás, siguiendo esta misma línea se dictó, posteriormente con fecha 27 de abril de 2016, el Acta Nro. 2630.

Obsérvese asimismo que la mayoría de los integrantes de esta Cámara, en oportunidad de debatir el cambio, se expidieron en sentido contrario a la tesis que expone la codemandadas en torno a que la aplicación del acta, en casos como el presente, no resultaría “retroactiva”, pues -reitero-el parámetro que se tuvo en cuenta fue que la nueva tasa debía calcularse desde que cada suma era debida respecto de aquéllas causas que se encontraran sin sentencia.

En consecuencia, dado que la tasa de interés fijada en la referida Acta 2630 compensará adecuadamente la rentabilidad frustrada y actuará como un factor de conminatorio cumplimiento, corresponde confirmar el decisorio de grado en este aspecto.

XII- Resta analizar el disenso de la parte actora que procura obtener la extensión de responsabilidad por la condena de marras a la persona física codemandada Pablo Humberto Frasca, el cual, en mi opinión, ha de prosperar, atento a que se verifican en autos los presupuestos que justifican la aplicación al caso de la normativa emergente de los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales.

En efecto, en el caso no resulta controvertido que la mencionada persona física ocupa el cargo de Presidente del Directorio de Dexbond S.A. (ver fs. 73 y fs. 641, apartado X). A su vez, ha quedado demostrado en autos que el contrato de trabajo de la actora no se encontraba registrado y que, ante la interpelación de ésta, la empleadora accedió a registrar la relación laboral, pero lo hizo de modo deficiente, con una fecha de ingreso posterior a la real y una remuneración inferior a la efectivamente percibida por la trabajadora.

Ahora bien, tales extremos (en concreto, la comprobada falta de debida registración del contrato de trabajo), sumada a otros comportamientos reprobables de la sociedad, involucran - en el marco de los hechos afirmados en la sentencia anterior y los que surgen de la prueba producida- a la persona física de que se trata. Ello, permite inferir una actuación encuadrable en los supuestos que contemplan los arts. 59, 157 y 274, primer párrafo, de la ley 19.550 para responsabilizar a los socios, administradores, representantes y directores, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción y/u omisión.

Esto es así, porque los reproches que se verifican en el “sub lite” -incluidos en los reclamos que dieron origen a los créditos judicialmente reconocidos- hacen suponer el incumplimiento por parte de la personas física codemandada de deberes a su cargo, sin haberse demostrado una oportuna participación contraria a la decisión de la sociedad (cf. art. 274, segundo párrafo, ley 19.550).

En efecto, tanto los administradores como los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios y, en caso de que incumplan sus obligaciones, deben responder ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios resultantes de su acción u omisión, ello de conformidad con lo previsto en el art. 59 de la Ley 19.550, disposición que debe interpretarse armónicamente con el artículo 274 de la Ley General de Sociedades, que responsabiliza a los directores de las sociedades anónimas y, por remisión del artículo 157, a los gerentes de las sociedades de responsabilidad limitada, que hayan tenido un mal desempeño en el cargo o que, a través de sus conductas u omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna del ente societario, violen la legislación vigente.

En tal marco, no puede considerarse que la conducta del codemandado Frasca se hubiera ajustado al estándar antes referido, toda vez que no pudo desconocer y tampoco lo invocó concretamente, la existencia de las irregularidades denunciadas por la actora en torno a la falta de reconocimiento de su verdadera fecha de ingreso y su real remuneración, ni el perjuicio económico que ello representó para la dependiente.

Es así que, en mi opinión, en el presente caso se verifican circunstancias de gravedad suficiente que resultan encuadrables en los supuestos de excepción que permiten establecer la responsabilidad de la aludida persona física codemandada (cf. arts. 59, 157 y 274 de la ley 19.550, toda vez que parece incuestionable que el codemandada Pablo Humberto Frasca, en virtud de su calidad de Presidente del Directorio de la empresa demandada, hizo posible -o al menos permitió- la actuación de la sociedad mediante la cual se produjo la violación aludida (tanto a la ley, al orden público y a la buena fe como para frustrar derechos de terceros), al mantener una relación laboral que, conforme se ha demostrado en la causa, en un primer momento no fue registrada y, posteriormente lo fue pero de modo deficiente.

Las circunstancias expuestas, emanadas de los términos en que se trabó y desarrolló la litis, demuestran que al haber admitido una relación laboral al margen de toda registración (vale decir, en forma clandestina) y luego, deficientemente registrada, la mencionada persona física -en su carácter de directivo de la sociedad-, no actuó de buena fe y con la diligencia que corresponde a un buen hombre de negocios (cfr. art. 59 de la ley 19.550) -ni tampoco expresó su voluntad en contrario a tal situación-, resultando la admisión de dicha circunstancia fáctica no solo un mal desempeño en sus funciones (cfr. art. 274 de dicho cuerpo legal) sino también un perjuicio para la trabajadora -que era su obligación evitar- y, por ello, incurrió en las conductas previstas por los citados arts. 59 y 274 de la ley 19.550, lo cual impone que deba responder en forma solidaria por el reclamo de autos.

Tal como ha afirmado este Tribunal en casos que presentaban circunstancias similares a las que aquí se debaten, la persona física codemandada, en su carácter de Presidente del Directorio de Dexbond S.A., al no registrar en forma debida la relación laboral, ha violado las leyes laborales de orden público y las normas de seguridad social provocando perjuicios al trabajador y a la comunidad en general, lo que justifica la extensión de responsabilidad solidaria por mal desempeño de su cargo, en los términos del art. 274 de la ley 19.550, que remite al criterio del art. 59 de la citada norma legal, en tanto dispone que “los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios” (ver, entre otras, S.D. Nº 62.819 del 20/04/2011, recaída en autos “AUMASQUE EDUARDO HÉCTOR C/TABACALERA SARANDÍ S.A. Y OTROS”).

En virtud de todo lo expuesto, considero que en el caso corresponde hacer lugar al agravio bajo análisis, y extender la condena en forma solidaria al codemandado Pablo Humberto Frasca Paula Carolina Andrada, responsabilizándolo solidariamente por la condena de autos, lo que así voto.

XIII- En lo atinente a la condena a hacer entrega de los certificados previstos por el artículo 80 de la L.C.T. (que ha sido objeto de reclamo en el inicio, ver fs. 23 vta.), la objeción formulada por la codemandada Dexbond S.A. no resulta atendible, pues ésta deberá dar cumplimiento con la obligación que impone la referida norma, conforme lo datos que se desprenden de la sentencia firme, y con arreglo a lo decidido en el presente juicio a partir de lo que surge de las constancias de la causa.

Cabe señalar que los instrumentos acompañados en el responde no se ajustan ni adecuan a lo decidido en el presente juicio con carácter firme ni se compadecen con las reales constancias de la vinculación habida entre las partes -en tanto no reflejan los verdaderos datos de la relación-, de modo que no satisfacen los requisitos establecidos por el mentado artículo 80 de la L.C.T., y en consecuencia, no resultan idóneos para tener por cumplida la obligación de hacer dispuesta en dicha norma.

XIV- Las conclusiones que anteceden me eximen de analizar las restantes alegaciones que efectúan las apelantes en sus respectivos escritos recursivos, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (doct. Fallos 272:225; 280:230; entre otros), y en tanto no las encuentro eficaces para rebatir lo resuelto en la anterior instancia en los aspectos precedentemente tratados ni las consideraciones que he dejado expuestas en los anteriores apartados.

En tal marco, lo alegado por la codemandada Dexbond S.A. en punto a que dicha empresa no es un laboratorio de especialidades medicinales sino que es una empresa que confecciona camisolines, barbijos, cofias y ropa descartable de uso hospitalario (ver fs. 648 vta., carece de consideración, en tanto no se advierte en forma concreta qué es lo que la apelante pretende modificar a través de tal extremo, y en que variaría la suerte del litigio de receptarse su postura, careciendo el planteo de una pauta imprescindible para establecer la medida y alcance del presunto agravio y el interés concreto del recurso.

XV- Atento la modificación que he dejado propuesta y lo normado por el artículo 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la distribución de costas y regulación de honorarios practicadas en la anterior instancia y proceder a su determinación en forma originaria, adecuando ambos tópicos al nuevo resultado del litigo, lo cual transforma en abstracto el tratamiento de las apelaciones formuladas en torno a estos puntos.

A tal fin sugiero imponer las costas de la anterior instancia a cargo de las codemandadas Dexbond S.A. y Pablo Humberto Frasca, por resultar vencidas en lo principal y sustancial del reclamo (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N.), y dado que ello se compadece el principio general que emana del artículo 68 del citado cuerpo legal, con excepción de las costas derivadas de la actuación de la perito calígrafo, pues de acuerdo al resultado de su informe, considero equitativo imponerlas en su totalidad a exclusivo cargo de la parte actora.

En efecto, conforme se desprende del informe de dicha profesional (ver fs. 450/451) las firmas cuestionadas en la documentación acompañada por la codemandada Dexbond S.A. a fs. 79/81 y fs. 85/92 pertenecen al puño y letra de la Sra. Castillo. De tal modo, dado que fue la actora quien con su accionar motivó la participación en autos de la perito calígrafo (pues a fs. 193 desconoció las firmas insertas en los documentos en cuestión, obligando a que interviniera dicha experta -ver fs. 193 y fs. 450/451-, quien se expidió por la falsedad de aquélla negativa y determinó que las autógrafas cuestionadas pertenecen a la Sra. Castillo), a mi entender, debe hacerse responsable de los gastos ocasionados por dicha intervención, y por ende, debe soportar y cargar con los gastos ocasionados por la producción de dicho medio probatorio, lo que así voto.

En cuanto a las retribuciones de los profesionales actuantes, teniendo en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, las pautas arancelarias de aplicación (arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-, 3 y concs. del dto. ley 16.638/57 y lo dispuesto en el art. 38 de la L.O.), como así también el mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, estimo adecuado regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la codemandada Dexbond S.A., y del codemandado Pablo Humberto Frasca, y de los peritos contador y calígrafo, en el ...%, ...%, ...%, ...% y ...%, respectivamente, del monto total de condena, comprensivo de capital e intereses.

XVI- Por idénticos fundamentos que los expuestos precedentemente, sugiero imponer las costas originadas en esta sede a cargo de las codemandadas Dexbond S.A. y Pablo Humberto Frasca que han resultado vencidas en lo principal y sustancial (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la codemandada Dexbond S.A., y del codemandado Pablo Humberto Frasca, por sus actuaciones ante esta alzada, en el ...%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la anterior instancia, y elevar el capital de condena a la suma de PESOS DOSCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($201.132,49.-), con más los intereses que allí se establecieron; 2) Extender la condena en forma solidaria a la persona física codemandada Pablo Humberto Frasca; 3) Dejar sin efecto la distribución de costas y regulación de honorarios practicadas en origen, e imponer las primeras a cargo de las codemandadas Dexbond S.A. y Pablo Humberto Frasca, con excepción de las costas derivadas de la actuación de la perito calígrafo, que serán soportadas por la parte actora; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la codemandada Dexbond S.A., y del codemandado Pablo Humberto Frasca, y de los peritos contador y calígrafo, en el ...%, ...%, ...%, ...% y ...%, respectivamente, del monto total de condena, comprensivo de capital e intereses; 5) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 6) Imponer las costas de la alzada a las codemandadas Dexbond S.A. y Pablo Humberto Frasca; 7) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la codemandada Dexbond S.A., y del codemandado Pablo Humberto Frasca, por sus actuaciones ante esta alzada, en el ... %, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia.

Oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

 

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

 

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