Ejecucion De Sentencia Emergencia Economica Demanda Contra El Estado Declaracion De Inconstitucionalidad Igualdad Ante La Ley

JURISPRUDENCIA

Ejecución de sentencia. Emergencia económica. Demanda contra el Estado. Declaración de inconstitucionalidad. Igualdad ante la ley

 

Se declara la inconstitucionalidad de la ley 7751, y se desestiman los recursos de inconstitucionalidad deducidos por la demandada contra la sentencia que rechazó la excepción de espera interpuesta por el Estado fundada en la emergencia pública dispuesta por ley 5054, pues volver a posponer el cumplimiento de su obligación bajo el manto de la Emergencia, incluso sometiendo al beneficiario para acceder a la satisfacción de su derecho adquirido a un nuevo procedimiento, representaría un sacrificio adicional abusivo e irrazonable.

 

 

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los siete días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo las Señoras Ministras integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO y MARÍA VIRGINIA ISE, asistidas por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver la presente causa: “GONZALEZ KRIEGEL, MARIA DEL CARMEN; DOSSO, OSCAR ALBERTO Y DOSSO, MARCELO ALEJANDRO C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ EJEC. DE SENT. ART. 97 LEY 848”, Expte. Nº 1797/15-1-C, año 2015 y su acumulado Expte. Nº 1797/15-1-CL, año 2016, caratulado: “GONZALEZ KRIEGEL, MARIA DEL CAR-MEN; DOSSO, OSCAR ALBERTO Y DOSSO, MARCELO ALEJANDRO C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ EJEC. DE SENT. ART. 97 LEY 848 (LEGAJO DE APELACIONES)”, venidos en apelación extraordinaria en virtud de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la parte demandada en los autos principales a fs. 202/208 vta., contra la sentencia que obra a fs. 182/193 vta. dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad; y en su acumulado a fs. 159/171 vta., contra la sentencia de fs. 136/149 vta. de la misma Sala. Que habiendo la Dra. Iride Isabel María Grillo emitido su voto con anterioridad a la vigencia del Acuerdo Extraordinario del Superior Tribunal de Justicia Nº 19 del 06/12/16 que la designó como Presidente de este Alto Cuerpo y de consuno a lo dispuesto por el Acuerdo Nº 1712/80, pto. XV), la sentencia será dictada con la presente integración, no obstante la nueva prórroga de la ley 7751 mediante ley 7949, y los trámites procesales vinculados al Decreto Nº 2092/16 reglamentario de la Ley Nº 7751 que en nada conmueven la solución que obra a continuación.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

1º) Relato de la causa principal. A fs. 209 y vta. se declaró admisible el remedio impetrado y a fs. 230 y vta. fue concedido, luego de que el pertinente traslado fuera contestado por la contraria a fs. 213/229. Se reciben las presentes actuaciones en esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia a fs. 237. A fs. 239/252 la parte actora plantea la inconstitucionalidad de la ley Nº 7751, lo que es contestado a fs. 278/282 por la Provincia del Chaco. A fs. 293/297 obra Dictamen Nº 608/16 de la Procuradora General Subrogante. A fs. 298 se llamó a autos, quedando firme la integración conforme lo dispuesto a fs. 285/288. Relato del legajo de apelaciones, Expte. Nº 1797/15-1-CL, año 2016. A fs. 173/174 se declaró admisible el recurso deducido por la Provincia del Chaco y a fs. 194 y vta. fue concedido, luego de que la contraria contestara el traslado a fs. 178/193. Se reciben las presentes actuaciones en esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia a fs. 200. A fs. 208/211 vta. obra Dictamen Nº 16/17 del Procurador General Subrogante. A fs. 215 se llamó a autos.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del recurso en trato, constatamos que ha sido interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir y contra sentencia definitiva de la causa, por lo que corresponde ingresar a la consideración del mismo en su faz sustancial.

3º) El caso. A través de la presente se persigue la ejecución de la planilla aprobada en autos “GONZALEZ KRIEGEL, MARIA C/ PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO S/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº 31/02 (registro interno de la Sala Primera de la Cámara Contenciosa Administrativa), la que asciende a la suma de $1.092.639,92 más los honorarios de los profesionales intervinientes en dicha causa.

El Estado accionado opuso excepción de espera fundada en la emergencia pública dispuesta por la ley Nº 5054 y prorrogada por ley 7411 hasta el 31/12/15. El juez de primera instancia desestimó la defensa inter-puesta y la Alzada confirmó la sentencia apelada; lo que motivó el recurso extraordinario sub estudio.

4º) Los agravios extraordinarios. Sostiene que se incurre en arbitrariedad porque no se valoró la situación de emergencia en la que se encuentra la Provincia. Agrega que la excepción de espera debía ser evaluada en forma amplia teniendo presente el carácter y naturaleza del Estado Provincial como deudor. Además, tampoco se contempló el plazo que se necesita para efectuar el depósito de los fondos y los actos preparatorios para presupuestar y elaborar los instrumentos que prevén las leyes contables. Dice que debieron las juezas tener presente en el examen el principio de razonabilidad de las leyes en cuanto a su constitucionalidad en relación a las constancias de la causa y que no resulta de gravitación el tiempo transcurrido sin efectivizar la condena, toda vez que su parte realizó las defensas que legalmente le asistían. Que en tiempos de emergencia prima el interés público por sobre el individual, en razón de lo cual debe otorgarse otro plazo para el cumplimiento de la obligación.

5º) Metodología. No obstante ello, por razones de orden lógico corresponde en primer lugar el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad incoado a fs. 239/252.

Manifiesta la parte actora que la declaración de emergencia económica y financiera mediante la ley Nº 7751 tiene como único objetivo demorar la ejecución de las prestaciones alimentarias en curso impidiendo el embargo de los fondos y/o bienes del Estado, vulnerando -entre otros- el derecho de propiedad protegido por la Carta Magna.

Señala que la ley Nº 7751 establece un tratamiento diferencial y discriminatorio a los acreedores por haberes y honorarios adeudados como consecuencia del juicio basado en la ilegitimidad de la Acordada 858/91 del S.T.J., respecto de los restantes acreedores del Estado Provincial, sin que se den razones que lo justifiquen. Por último critica la emergencia por ser perpetua o indefinida, ya que el plazo previsto por el artículo 5 produce incertidumbre sobre el tiempo que deberán esperar para poder satisfacer sus necesidades alimentarias.

Solicita, además la inaplicabilidad de la norma de emergencia a la relación de empleo público y/u honorarios profesionales en virtud de que constituye la más flagrante violación de la manda constitucional del art. 76 de la Carta Magna provincial.

A su turno la Fiscal de Estado Subrogante, en representación de la Provincia contesta el traslado oportunamente corrido peticionando su rechazo por los motivos que allí expresa y que en honor a la brevedad nos remitimos.

6º) La solución propiciada. Debe tenerse presente como pauta interpretativa básica del Derecho Constitucional que en un estado democrático la libertad entendida como posibilidad de hacer lo que las leyes permiten, debe ser la regla, mientras que su limitación debe ser la excepción y como tal debe estar expresamente prevista. Este principio se halla consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional cuando expresa que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe.

No obstante, en determinados momentos de la vida de un Estado pueden acaecer circunstancias graves y excepcionales que conmueven sus instituciones y lo colocan en un estado de necesidad, que justifica la aplicación de medidas también excepcionales y transitorias para paliarlas o superarlas. En estos supuestos el poder de limitación de los derechos se ensancha y el ámbito de las libertades se reduce.

Cuando se configura una situación de grave perturbación económica, social o política que representa máximo peligro para el país, el Estado democrático tiene la potestad y aún el imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional, pudiendo valerse de todos los medios que le permitan combatirlos con éxito, aunque sus poderes no son ilimitados y han de ser utilizados siempre dentro del marco del art. 28 de la Constitución Nacional y bajo el control de los jueces independientes, pues la emergencia no crea potestades ajenas a la Constitución, pero sí permite ejercer con mayor hondura y vigor las que ésta contempla” (cf. Videla Cuello, Marcelo c/ La Rioja, Provincia de - 27/12/90 - Fallos: 313:1638).

Sin embargo, esas limitaciones o restricciones -en virtud de lo expuesto por el art. 28 de la C.N.- no autorizan el cambio en la esencia de los derechos ni la invocación del poder de policía para autolegitimar instrumentos de gobierno que se manifiesten irrazonables o arbitrarios.

El control de razonabilidad que como límite infranqueable en la emergencia, se asigna en nuestro sistema al Poder Judicial (arts. 28, 43 y 116 conc. de la Constitución Nacional y arts. 9, 19, 161 y conc. de la Constitución Provincial), impone a los Jueces velar por la supremacía del orden jurídico constitucional privando de efectos jurídicos a los actos ilegales.

El efecto de la legislación de emergencia es inhibir, suspender o modificar los principios generales del derecho vigente en la República o Provincia, pero sin afectar en ningún caso los principios constitucionales. Es lo que luminosamente sienta la Suprema Corte Norteamericana en el caso A. L. A. Schechter Poultry Corp. v. United States: “Las condiciones extraordinarias pueden exigir remedios extraordinarios. Pero necesariamente el argumento se detiene bruscamente ante un intento de acción justificada que se halla fuera de la esfera de la autoridad constitucional” (295 U. S. 490).

Es también lo que el mismo tribunal determina nítidamente en el caso citado de Home Building: “La Constitución establece un gobierno nacional con poderes considerados como adecuados, como han demostrado serlo, tanto en la guerra como en la paz; pero estos poderes del gobierno nacional están limitados por las normas constitucionales. La emergencia no crea poder” (290 U. S. 398). (cf. Linares Quintana, Segundo, “La legislación de emergencia en el derecho argentino y comparado”, publicado en La Ley 30, 907 - Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo I, 01/01/2009, 5, cita Online: AR/DOC/2732/2009).

7º) Bajo tales premisas y a fin de dilucidar la cuestión traída ante este Tribunal analizaremos la legislación atacada a efectos de verificar si la Ley Provincial Nº 7751 -dictada por la legislatura provincial-, prorrogada por ley 7825, limita razonablemente los derechos individuales reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución Nacional, en función del interés general y con el objeto de promover el bienestar de la comunidad toda.

En primer lugar (artículo 1º) declara la Emergencia Económica y Financiera de la Provincia del Chaco hasta el 30 de junio de 2016, en atención a deudas a cargo de la misma, emergentes de sentencias judiciales firmes originadas y/o motivadasen la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, por lo cual se consolidan estas deudas, como así también aquellas obligaciones que surjan por el pago de costos, costas y honorarios profesionales de dichas causas y que se encuentren regulados judicialmente, firmes y consentidos (artículos 2º y 3º).

Asimismo, se instituye a esta norma como única vía para el pleno cumplimiento de las obligaciones a que refieren los artículos precedentes, las que tendrán carácter meramente declarativo frente al Estado Provincial, limitándose esa decisión judicial al reconocimiento del derecho pretendido (artículo 4º).

Por su parte el artículo 5º establece un plazo de máximo de 10 años para el cumplimiento de tales obligaciones, mientras que el artículo 8º faculta a la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y la Contaduría General de la Provincia a intervenir y acordar los respectivos pagos. Estos, a su vez, tendrán un orden de prelación en consideración a la edad, incapacidad o enfermedad grave que afecte a los acreedores, así lo indican los incisos a) y b) del artículo 10º); mientras que las personas no comprendidas en esos supuestos percibirán sus respectivas acreencias conforme lo determine la reglamentación.

Finalmente, instaura la inembargabilidad de los fondos del Estado -como ser los ingresos coparticipables de naturaleza federal, programas nacionales de naturaleza específica, recaudación propia generada en rentas provinciales, como también de los recursos pertenecientes al Tesoro Provincial, comprendiendo a las diferentes tesorerías y cuentas de las distintas dependencias centralizadas, descentralizadas o autárquicas, cualquiera sea su origen o naturaleza- y suspende las ejecuciones de las sentencias iniciadas como toda medida cautelar y ejecutiva ordenada, debiendo el juzgado interviniente disponer su levantamiento sin sustanciación y notificarse de oficio. En caso de que existan fondos embargados, cualquiera sea el estado procesal de la causa, se dispondrá su inmediata restitución al Estado Provincial.

Decreta también la inadmisibilidad de toda medida cautelar respecto de las obligaciones consolidadas en esta ley y, citando normas constitucionales y leyes de emergencia (artículo 76 de la Constitución Provincial, ley Nº 7411 de emergencia pública y ley Nº 4474 que da efecto declarativo de las sentencias contra el Estado), determina la inembargabilidad y la no sujeción a medida cautelar alguna de los fondos genuinos y/o coparticipables y otros bienes pertenecientes al Estado Provincial.

Los términos y condiciones de las operaciones que se instrumenten por aplicación de la presente ley quedan sujetas a las normas reglamentarias que dictará el Poder Ejecutivo.

8º) Los requisitos exigibles a toda ley de emergencia son: a) la existencia de una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; b) que la ley tenga por finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos; c) la postergación o suspensión (en el caso la prórroga en el cumplimiento de una obligación estadual) debe ser razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; d) su vigencia debe ser temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria (C.S.J.N. in re “Peralta”).

Uno de los primeros puntos que debe entonces abordarse es el relativo al “plazo razonable”, las denominadas leyes de emergencia para ser consideradas tales deben caracterizarse por su transitoriedad, ya que un “permanente” estado de emergencia desvirtúa los fundamentos mismos en que se apoya la medida. “La finalidad de la emergencia es superar las circunstancias que la motivaron y volver a la normalidad. La continuación progresiva e indefinida de la emergencia, como ha ocurrido en nuestro país, es el mayor atentado a la seguridad jurídica. La temporalidad de la declaración de emergencia y de las medidas adoptadas para superarla, como ya lo señalara, es uno de los rasgos singulares que la definen. Si bien esa temporalidad dependerá de la superación de las circunstancias fácticas que la motivaron, también es cierto que no es dable vivir en estado permanente de emergencia, transformando lo excepcional y patológico en lo normal y frecuente” (sentencia del 13/02/2003 dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de Resistencia, Iride Isabel María Grillo en autos: “MONTAÑO MERCEDES MARTA C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PRESTAMOS (INSSSEP) S/ ACCION DE AMPARO”, Expte. Nro. 17881/02).

9º) La normativa bajo estudio si bien declara la emergencia hasta el 30 de junio del 2016, la misma ha sido prorrogada por ley Nº 7825 hasta el 31 de diciembre del presente año.

Sin embargo, más allá del término formal consignado expresamente en la ley y su prórroga, lo cierto es que la misma impone un plazo de 10 años para la percepción de los créditos allí contemplados.

A tal circunstancia -no menor- debe adicionarse que la legislación sub examine coloca sólo a un grupo de acreedores, compuesto por empleados y funcionario judiciales, en una situación desigual en relación a otras personas que también han demandado a la Provincia y han obtenido sentencia favorable, pues sólo respecto de aquéllos establece un mecanismo determinado de pago, cuyo plazo estará sujeto a la valoración del Poder Ejecutivo y a la “mejor fortuna” que puedan tener las arcas que componen el tesoro provincial (artículos 5 y 6 de la Ley 7751).

Esta manifiesta inequidad atenta contra el artículo 16 de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Constitución Provincial, ya que únicamente a los comprendidos en esta ley se les ha impuesto además de la obligación de transitar por el procedimiento prescripto por la ley 4474 -como a todos los que han obtenido una condena judicial contra el Estado-, la necesidad de someterse a los plazos y procedimientos de la ley 7751, en tanto el artículo se erige como única vía para el pleno cumplimiento de las obligaciones emergentes de las sentencias firmes a que refieren los artículos precedentes.

Valga recordar que el principio substancial que rige acerca de la igualdad y que la Corte ha venido aplicando desde antiguo, es el que afirma que la garantía del art. 16 de la Constitución Nacional no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria, ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o de grupos de personas (Fallos: 271:124, 320; 274:207, 300; 277:357; 300:1084; 301: 64, etc.), situación que no se verifica en estos actuados.

No se trata entonces de una cuestión de hermenéutica. Por el contrario el mismo texto normativo violenta en forma flagrante el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de la seguridad jurídica al desconocer la estabilidad de las sentencias y la inalterabilidad de la cosa juzgada.

Es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “...el derecho adquirido a obtener mediante la ejecución de una sentencia firme lo que ésta determina no puede ser substancialmente alterado por una ley posterior, pues para que el acto judicial de la sentencia firme, es decir de aquella respecto a la cual están agotados los recursos que el régimen procesal establezca, consume su misión propia que es afianzar la justicia discerniendo de modo concreto y particularizado lo propio de cada uno, tiene que ser, en lo esencial de él, intangible. Y como sin ese afianzamiento no hay orden público, la alteración de los derechos adquiridos que las leyes puedan llegar a disponer circunstancialmente para asegurar el bien común comprometido en la emergencia por desequilibrios económicos o sociales u otros motivos de análogo carácter extraordinario (Fallos: 204,195) no puede alcanzar a la inmutabilidad de la cosa juzgada, porque no hay bienestar general posible fuera del orden” (Fallos 209:405, “Roger Balet v. Alonso”, sent. del 3-XII-1947 de la CSJN).

El control judicial debe tender a verificar en cada caso concreto de conformidad a lo establecido por el art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 4º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos con rango constitucional supremo a tenor del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional: la existencia de un peligro excepcional, o sea que la emergencia sea tal que amenace la vida de la Nación; que exista proporcionalidad, pues las medidas deben estar limitadas a las exigencias de la situación; la temporalidad, ya que deben aplicarse por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación; no discriminación, no debe entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, sexo, color, religión u origen social; y finalmente la intangibilidad de ciertos derechos fundamentales.

10º) La parte actora ha iniciado un juicio contra la Provincia del Chaco por diferencias salariales, luego de haber obtenido un fallo favorable debió cumplir con lo prescripto por la ley 4474, es decir intimar por sesenta (60) días a la demandada para que pague o bien comunique la forma en que lo hará. Ante la falta de respuesta, la aquí recurrente se vió conminada a iniciar otro proceso para lograr la efectivización de aquél pronunciamiento, y ahora frente a esta nueva legislación, debe someterse a un nuevo mecanismo -la ley 7751- para lograr la percepción de lo que es suyo.

Así el artículo 4º prevé que la decisión judicial se limitará al reconocimiento del derecho pretendido -lo que ya ha hecho la Cámara en lo Contencioso Administrativo al dictar la sentencia Nº 175 de fecha 23/04/2009-, mientras que el artículo 9º establece que los titulares de los derechos que hubieren sido reconocidos -como en el caso de autos-, deberán solicitar el pago de las deudas que se consolidan presentando copia certificada de la planilla judicialmente aprobada ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Provincia, quien formulará el requerimiento del crédito presupuestario conforme lo determine la reglamentación aplicable, la cual hasta la fecha no ha sido dictada.

Es decir que los accionantes -luego de dos juicios y varios años (catorce desde la promoción de la demanda)- deben presentar ante el Ministerio de Hacienda la planilla aprobada judicialmente y esperar el pago que se realizará en “algún momento” dentro de los próximos diez (10) años y en “alguna forma” que se determinará en una reglamentación que todavía no existe y hasta tanto ella no cobre vida tampoco se sabrá el modo y/o el tiempo de tal percepción.

Este camino sin fin -semejante al cuento de la buena pipa- al que el Estado somete a sus ciudadanos, mejor dicho, a una parte de ellos, violentando las funciones que le son propias y que hacen a su esencia misma, no puede ni debe subsistir en el mundo jurídico. Permitirlo, tolerarlo, autorizarlo, tácita o expresamente es ignorar y deshonrar la responsabilidad que como jueces nos ha dado la sociedad toda de ejercer en debida forma las atribuciones propias del Poder Judicial dentro de la división de poderes que caracteriza al estado de derecho.

Ningún estado de emergencia puede justificar el apartamiento de los límites que imperativamente fija el constituyente, violando las fronteras de lo razonable. Entendiendo por tal, todo aquello que evidencia adecuada proporcionalidad, razón suficiente, y que se ajusta al sentimiento de justicia. Las leyes resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad.

Cualquiera sea la gravedad de la situación originaria de las leyes emergenciales, las garantías constitucionales, a diferencia de lo que acontece en el estado de sitio, no se encuentran suspendidas. Por el contrario, es reiterada la jurisprudencia (incluso de la Suprema Corte) que sujeta la validez constitucional al cumplimiento de varios requisitos que deben ser celosamente vigilados por los jueces, pues la utilización de la policía de emergencia no aleja, sino que acentúa el control de constitucionalidad (Conf. ST Córdoba, 17.09.98, LLC 1998, 1484).

“La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales” (Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo Nacional - 02/06/2000 - Fallos: 323:1566).

11º) Acápite aparte merecen los últimos artículos, ya que no sólo decretan la inembargabilidad de los fondos del Estado y suspenden las ejecuciones de las sentencias iniciadas como así también toda medida cautelar y ejecutiva ordenada, sino que además imponen al juzgado interviniente que ordene de oficio y sin sustanciación su levantamiento. Y como si ello no fuera suficiente, en el supuesto de que existan fondos embargados, cualquiera sea el estado procesal de la causa, se dispondrá su inmediata restitución al Estado Provincial.

Todo ello conforma una clara denegación de la tutela judicial efectiva pues cercena toda posibilidad de utilizar aquellas herramientas procesales creadas justamente con la finalidad de efectivizar el contenido de las sentencias.

Sabido es que el acceso a la tutela judicial efectiva no se limita a la “efectiva” posibilidad de tener acceso a un proceso judicial, es decir, de plantear o reclamar directamente ante el Juez la defensa de aquellos derechos que se consideran de alguna manera afectados, sino que va mucho más allá. Su contenido es más amplio, ya que comprende, además la posibilidad cierta de un debido proceso, el aseguramiento de la defensa en juicio, una sentencia fundada, etc.; y se extiende también fuera del proceso principal, a través de la protección cautelar y la posibilidad de hacer ciertos los derechos reconocidos en la sentencia, mediante su ejecución si ello fuera necesario.

En síntesis, la tutela judicial efectiva reconoce tres etapas: a) el acceso a la jurisdicción mediante la interposición de la demanda; b) la garantía del debido proceso y de una sentencia fundada en tiempo oportuno; y c) el cumplimiento del fallo.

De lo expuesto al inicio de este considerando deviene incuestionable la vulneración de esta garantía reconocida por nuestra Carta Magna (art. 18 del C.N.), más precisamente derivada de la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio, y consagrada expresamente en tratados internacionales - artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.

El denominado Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellos (art. 8), para eso toda persona debe tener a su alcance un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, por lo que los Estados partes se comprometen a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (art. 25).

La violación de los derechos reconocidos por los tratados internacionales, ya sea por los organismos del Estado federal o por los actos provenientes de autoridades locales, trae aparejada la responsabilidad internacional del Estado Nacional. El art. 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece para el Estado adherido la obligación de controlar el cumplimiento de las disposiciones de aquel tratado por parte de todos los estados locales que lo integren (cf. Gelli, María Angélica “Constitución de la Nación Argentina”-Comentada y Concordada. La Ley, Buenos Aires, Tomo II p. 599.).

Corresponde a los jueces no sólo el control de constitucionalidad de las normas aplicables sino también el control de convencionalidad, es decir si se ajustan a lo establecido por los tratados internacionales que integran hoy nuestra Constitución Nacional, ya sea los expresamente enumerados en el art. 75, inc. 22 o los que por ley son incorporados posteriormente.

El control de convencionalidad es lo que la Corte Interamericana ha denominado, a partir del caso Myrna Mack Chang, como la tarea que deben efectuar los Estados adheridos al Pacto de San José de Costa Rica y demás convenciones a la que el país se ha plegado con las disposiciones del derecho interno (Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2003).

En tal sentido se expresó la Corte en el caso Trabajadores Cesados al sostener que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana...” (Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia de 24 de noviembre de 2006).

Así se expidió en el caso Almonacid Arellano, ahora la Corte en pleno, sostuvo que: “...cuando el Estado ha ratificado un Tratado, como el Pacto de San José, sus jueces como parte del aparato Estatal, también están sometidos a ella” (Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006).

A través del control de constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad del poder público y, eventualmente, de otros agentes sociales al orden que entraña el Estado de Derecho en una sociedad democrática.

Es por ello que los jueces tienen la obligación de efectuar este control de convencionalidad debiendo tener presente a tal fin no sólo el texto expreso de los tratados internacionales, sino también la exégesis que de ellos ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es ella la interprete natural de dichas normas, criterio reconocido por nuestro Máximo Tribunal Nacional en la causa “Mazzeo” (Fallos: 330:3248).

Bajo esta premisa corresponde recurrir a lo dicho por la Corte Interamericana en relación a la tutela judicial efectiva en la ejecución de fallos, doctrina que fue creada a través de innumerables pronunciamientos. Así, ha expresado que un recurso es considerado ilusorio cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica al faltar los medios para ejecutar sus decisiones” (Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, parágrafo 24; Cfr. Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, parágrafo 136; Cfr. Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, parágrafo 125; Cfr. Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242, parágrafo 107; entre otros).

En la misma línea precisó que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia, sino que requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. El Tribunal Interamericano cita para ello la Corte Europea de Derechos Humanos, para la cual el derecho sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte permitiera que una decisión judicial final y obligatoria permanezca inoperante en detrimento de una de las partes. La ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales debe ser considerada como parte integrante del “juicio” (cf. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104; Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198).

Declaró también la violación del artículo 25.2.c, pues el hecho de que una sentencia se encuentre en etapa de ejecución no excluye una posible vulneración al derecho a un recurso efectivo. En este sentido, el Tribunal reconoce que en la ejecución de sentencia se tengan que realizar determinaciones para dar cumplimiento a lo ordenado y emitir diversas resoluciones, pero ello no es una justificación razonable ante un retraso de más de siete años en la ejecución de la sentencia firme. “Asimismo, las normas de presupuesto no pueden justificar la demora durante años del cumplimiento de las sentencias”. Es que el retraso en la ejecución de la sentencia no puede ser tal que permita un deterioro a la esencia misma del derecho a un recurso efectivo y, por consiguiente, también cause una afectación al derecho protegido en la sentencia” (Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, parágrafo 225).

Indica el Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora. La Corte asevera que en un ordenamiento basado sobre el principio del Estado de Derecho todas las autoridades públicas, dentro del marco de su competencia, deben atender las decisiones judiciales, así como dar impulso y ejecución a las mismas sin obstaculizar el sentido y alcance de la decisión ni retrasar indebidamente su ejecución (Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011 Serie C No. 228. En similar sentido Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, parágrafo 211).

12º) Delineado el marco jurídico dentro del cual se efectuará el test de constitucionalidad y convencionalidad de la ley 7751, se verifica, sin mayor esfuerzo, que la misma no ha logrado superarlo. Por el contrario, pone en evidencia a lo largo de todo su articulado una manifiesta transgresión de lo preceptuado por el artículo 25, inciso 2, apartado c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) al vulnerar la tutela judicial efectiva en la ejecución del fallo.

Luego de haber transcurrido más de veinticinco años desde que se promovió la acción judicial y mas de ocho años desde el dictado de la sentencia condenatoria, y luego de haberse dado cumplimiento con los pasos previstos en la ley Nº 4474, la ley Nº 7751 posterga nuevamente el cumplimiento del pronunciamiento y cercena la posibilidad de embargar recursos del Estado provincial a fin de hacerlo efectivo; además, supedita el pago a una reglamentación que no ha sido creada, lo cual conlleva a la postergación indefinida de su concreción.

Al respecto, la Sra. Procuradora General Subrogante ha dicho que: “En efecto teniendo en cuenta la finalidad de la norma, resulta inocultable que a la ejecutada ya se le ha otorgado -por mandato legal- (Ley Nº 4474 y sus sucesivas prórrogas entre las que se encuentran las leyes Nº 5054 y 7411) un plazo para cumplir lo dispuesto por resolución firme y consentida”, y agregó que entiende que la finalidad perseguida “...resulta inocultable dado que vuelve a posponer el cumplimiento de su obligación bajo el manto de la Emergencia, incluso sometiendo al beneficiario, para acceder a la satisfacción de su derecho adquirido, a un nuevo procedimiento que representa un sacrificio adicional abusivo e irrazonable, pues el mismo sería el resultado de la condición impuesta por el Estado Provincial, de que en la medida que el presupuesto acredite los fondos para ello, lo irán cumpliendo (arts. 5º, 9º y 10º)”. Consideraciones efectuadas en el Dictamen Nº 608/16, que obra a fs. 293/297, y al que adherimos en su totalidad.

No debe olvidarse que se trata de un crédito de carácter alimentario y que no es legítimo que las variables de ajuste pasen siempre por los salarios de los agentes públicos y/o por los haberes jubilatorios. Como tampoco es legítimo apelar de manera recurrente a las medidas de emergencia como mecanismos de solución paliativa a problemas que pasan por la aplicación racional de medidas vinculadas a una más justa y solidaria distribución de la riqueza.

Velar por la supremacía formal y material del sistema constitucional es un imperativo moral y jurídico de los jueces, que en ningún caso puede ser soslayado al punto que a partir de la enmienda constitucional de 1994 la doctrina y jurisprudencia admite la posibilidad de su ejercicio aún de oficio.

La Constitución es el estatuto organizativo supremo, contenedor del pacto social de convivencia y del proyecto de vida de una sociedad, y en la que se funda la legitimidad tanto fundacional como de ejercicio de los poderes y libertades. Debe ir acompañada de la fuerza normativa para imponerla, la imperatividad de los preceptos constitucionales y su supremacía sobre las demás normas y actos que de ellos derivan debe constituir una verdadera ley sociológica, es decir una regla de gobierno de las instituciones. La fuerza normativa de la Constitución es actualmente concebida como su aptitud para reglar no sólo las relaciones políticas sino el comportamiento global de una sociedad.

La fuerza vinculante directa de la Constitución supone que las cláusulas constitucionales no son meros programas, expresiones de deseos, ni consejos políticos, sino mandatos imperativos y por ende dispositivos, tanto en su parte dogmática como en su parte orgánica. Los principios constitucionales e instituciones allí consagrados son origen inmediato de derechos y obligaciones y vinculan a todos los poderes públicos y a los particulares. En los casos en que la propia Constitución establece el cumplimiento de alguna condición expresa a los fines de su operatividad, si tal recaudo no se cumplimentara, autoriza a tener por configurado el supuesto de inconstitucionalidad por omisión.

La Carta Magna organiza y regula las relaciones conflictivas entre el ejercicio de los poderes y el ejercicio de las libertades, y en este sentido constituye una garantía; entendida esta como un conjunto de instituciones creadas para la tutela efectiva de los derechos que conforman las libertades civiles, políticas y los derechos económicos, sociales y culturales.

La ley fundamental como norma suprema, está por encima de las demás normas y actos que de ella derivan y debe encontrar en los ciudadanos, en las autoridades públicas y fundamentalmente en los tribunales de justicia fuerza normativa suficiente para no frustrar dicha supremacía. Como alguna vez lo sostuviera la dependencia de la ley e independencia de los jueces son las dos caras de la misma moneda. La de estos últimos se exterioriza en el desempeño de sus funciones administrando justicia para todos, con valentía y activismo, pero también con prudencia y moderación.

13º) Por las razones expuestas, deviene procedente hacer lugar al planteo efectuado por la parte actora a fs. 239/252 y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad de la ley Nº 7751.

14º) El recurso de inconstitucionalidad. La solución propiciada Dilucidada la cuestión precedente, corresponde ingresar al tratamiento del remedio extraordinario impetrado por la provincia demandada.

De la lectura del libelo impugnaticio se desprende que las quejas expuestas solo reeditan los puntos ya puestos a consideración de la Alzada y que giran en torno a la particular situación de emergencia en la que se encuentra la Provincia, reiterando su solicitud de una especial apreciación de los hechos en función de la valoración de la prueba rendida en autos, lo que resulta insuficiente a la luz del vicio invocado, ya que se trata de conclusiones que pertenecen a la esfera particular de los jueces de la causa, contando el pronunciamiento cuestionado con sustento suficiente para sostenerlo como un acto jurisdiccional válido.

15º) La parte recurrente omite rebatir en forma certera, concreta y racional todos y cada uno de los fundamentos independientes en que se apoyan las Sras. Camaristas, en particular que “...la presente ejecución deriva de deudas que no se encuentran comprendidas en el plexo emergencial invocado por la recurrente, no pudiendo obviarse que se trata de obligaciones que tienen su origen en salarios de un sector del Estado Provincial y de honorarios devengados como consecuencia de un largo litigio que debió seguirse para su reconocimiento. Todo ello de clara naturaleza alimentaria” (v. fs. 186 vta., 2º párrafo).

Esta Sala, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha venido precisando reiteradamente los requisitos esenciales para habilitar esta instancia extraordinaria. Como lo ha señalado el Alto Cuerpo “La lectura del escrito de interposición del recurso extraordinario debe permitir apreciar su procedencia y cuáles son las pautas sometidas a la Corte. Para ello no es suficiente la fundamentación que se limita a invocar la existencia de normas constitucionales, legales o reglamentarias violadas, ni la remisión genérica a ellas o a los antecedentes de la causa o a lo sostenido precedentemente en ella, ni la agregación de recaudos usuales. El recurso debe bastarse a sí mismo, lo cual exige: “1) cita específica de las normas cuya interpretación y aplicación pudiera comprender la causa; 2) enunciación de los hechos necesarios para puntualizar su vinculación con las cuestiones en litigio, por su relación directa con éstas; 3) explicación clara y precisa de la cuestión federal que se desea someter a pronunciamiento de la Corte; 4) especificación clara, expresa y concreta de las pruebas demostrativas de los derechos constitucionales que se pretenden vulnerados; 5) impugnación de todas las consideraciones del fallo recurrido, pues su impugnación parcial es ineficaz si restan otras consideraciones no impugnadas que sean bastantes para sustentarlo” (cit. en Sent. Nº 384/09, Nº 208/11, Nº 186/12, Nº 98/14, entre muchas otras).

16º) Lo dicho determina el rechazo de los agravios extraordinarios en virtud de la deficiencia técnica que exhibe el recurso sub examine. Consecuentemente, corresponde desestimar el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 202/208 vta. por la Provincia del Chaco, contra la sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 182/193 vta.

17º) Costas de la instancia extraordinaria. Por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia) se imponen a la parte recurrente vencida.

18º) Regulación de honorarios. Tomando en consideración que el planteo de inconstitucionalidad de la ley Nº 7751 fue tratado en el marco del recurso extraordinario, corresponde una única regulación que comprenderá la totalidad de la actuación desarrollada por los abogados intervinientes en esta instancia de excepción. Utilizando la misma base que la Alzada (Expte. Nº 1797/15-1-C, año 2015 y su acumulado Expte. Nº 1797/15-1-CL, año 2016), la cual no fuera cuestionada por las partes, y aplicando las pautas previstas por los arts. 3, 5, 6, 11 y 27 de la ley arancelaria, se estiman las sumas que se consignan en la parte dispositiva.

En razón al modo en que se imponen las costas y de acuerdo a lo normado por el art. 2 bis de la ley 2868 introducido por ley 5652, no se fijarán emolumentos a favor de los abogados de la Fiscalía de Estado.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA Nº 121

I.- DECLARAR la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley Nº 7751, por los motivos expuestos en los considerandos del Acuerdo que anteceden.

II.- DESESTIMAR los recursos de inconstitucionalidad deducidos por la demandada Provincia del Chaco fs. 202/208 vta. de la causa principal y a fs. 159/171 vta. de su acumulado contra las sentencias de fs. 182/193 vta. y de fs. 136/149 vta., respectivamente, ambas dictadas por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad.

III.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la recurrente vencida. IV.- REGULAR los honorarios profesionales de los abogados Oscar Alberto Dosso (M.P. Nº 377) y Marcelo Alejandro Dosso (M.P. Nº 3058) en las sumas de PESOS VEINTITRES MIL ($23.000) y de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($9.200) como patrocinantes y apoderados, para cada uno de ellos, respectivamente. Todo con más IVA, si correspondiere.

V.- INSERTAR por Secretaría copia de la presente en la causa acumulada “GONZALEZ KRIEGEL, MARIA DEL CARMEN; DOSSO, OSCAR ALBERTO Y DOSSO, MARCELO ALEJANDRO C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ EJEC. DE SENT. ART. 97 LEY 848” (LEGAJO DE APELACIONES), Expte. Nº 1797/15-1- CL, año 2016.

VI.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

 

MARÍA VIRGINIA ISE, jueza Subrogante

IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO, presidenta Sala 1 Civ., Com. y Lab.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

FERNANDO ADRIAN HEÑIN

Abogado - Secretario

Sala 1ra. Civ., Com. y Lab.

 

 Co rrelaciones

Ley 5054 – BO: 21/06/2002

Fente, Natalia, LA INAPLICABILIDAD DEL ESTÁNDAR DE RAZONABILIDAD JURÍDICA EN MATERIA DE EMERGENCIA ECONÓMICA SOBRE LA REGULACIÓN Y VIGENCIA PRÁCTICA DE LAS LEYES DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDA PÚBLICA, Temas de Derecho Administrativo, Mayo 2017. Colección Compendio Jurídico. Erreius. Cita digital: IUSDC285145A

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