Enfermedad Profesional Mobbing Incapacidad Psiquica Pericia Medica Valoracion De La Prueba Relacion De Causalidad Facultad Del Juez

JURISPRUDENCIA

Enfermedad profesional. "Mobbing". Incapacidad psíquica. Pericia médica. Valoración de la prueba. Relación de causalidad. Facultad del juez

 

Se rechaza la demanda por despido y enfermedad profesional iniciada por la trabajadora, ya que no logró acreditar la relación de causalidad entre su patología psiquiátrica y los supuestos maltratos recibidos en el ámbito laboral. Se destaca que la acreditación de la relación de causalidad entre los trabajos realizados por el dependiente o el ambiente laboral en el que se llevan a cabo y el padecimiento por el que se acciona, escapa a la órbita médico legal, siendo facultad del juez, en cada caso, la determinación de dicho aspecto.

 

 

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 27 de abril de 2017 , reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior se alza la parte actora y las codemandadas Asociart ART S.A. y R.P.C. a tenor de los respectivos memoriales obrantes a fs. 403/411, fs. 399 y fs. 414/415. También apela la perito psicóloga sus honorarios (fs. 397), por considerarlos reducidos.

Razones de orden metodológico me llevan a dar liminar tratamiento a la queja que plantea la parte actora, quien controvierte en primer lugar que el Judicante de grado no hubiera considerado acreditadas las injurias invocadas para poner fin al vínculo laboral, pese a que -según considera la quejosa- la accionante sufrió una enfermedad profesional en ocasión de cumplir sus tareas propias y habituales. Refiere que no se tuvo en cuenta en la anterior instancia que las tareas se llevaban a cabo en un ambiente hostil e insalubre, debido al abuso de poder y malos tratos que le profería E.L., hijo de la demandada y superior de la accionante. Menciona los telegramas en los que documentó dicha situación y controvierte el análisis que efectuó el Dr. Alberto Calandrino de la prueba testimonial rendida en la causa, por testigos ofrecidos por la demandada que fueron impugnados por su parte. En cuanto al informe vertido por la perito psicóloga designada en la causa, sostiene la recurrente que, tal como se extrae de la información dada por la experta, la actora padece un cuadro de reacción vivencial anormal neurótica con manifestación fóbica grado II, con nexo causal con el ámbito hostil de trabajo.

Reseñados los agravios precedentemente expuestos, cabe memorar que llegó firme a esta instancia, que el vínculo laboral habido entre las partes se extinguió el 3/8/09 y la causa alegada fueron “las reiteradas injurias” de la empleadora, sentadas en las misivas anteriores de la accionante en las que denunciaba el maltrato sufrido por parte de E.L. -hijo de la demandada- e intimaba a otorgar tareas en las que no tuviera contacto con aquél, a regularizar su relación laboral conforme su fecha de ingreso 1/11/08, su categoría laboral de ayudante de cocina, su remuneración de $ 873 y su horario de trabajo de martes a domingo de 18,00 a 24,00 hs. y a abonar la suma de $ 669,30 en concepto de salario adeudado del mes de junio de 2009 (fs. 58).

En tal contexto, corresponde señalar que, tal como concluyera el Judicante de grado, ningún elemento de prueba obra en la causa que demuestre el maltrato ni las agresiones verbales que dijo haber sufrido la trabajadora por parte del hijo de la aquí demandada. Adviértase que la accionante no aportó declaración testimonial alguna que avalara su posición, en tanto los tres testigos que comparecieron a declarar a propuesta de C. (Cugliani a fs. 323/324, Belvedere a fs. 325/326 e Iglesias Pouso a fs. 332) dieron cuenta de un trato normal y hasta cordial entre la trabajadora, la demandada y su hijo, no refiriendo situaciones hostiles ni malos tratos respecto de los últimos para con la accionante.

De tal modo, y pese al esfuerzo argumental desplegado por la quejosa en su presentación recursiva con relación al análisis que efectuara el Sr. Juez de grado de los testimonios obrantes en autos, no puede soslayarse que era la demandante quien tenía a su cargo la prueba de las causas que motivaran su decisión resolutoria (art. 377 CPCCN), pese a lo cual ninguna prueba produjo en la causa en tal sentido.

No cabe tener en consideración las intimaciones practicadas por la trabajadora acreditadas mediante la documental agregada a las actuaciones, por constituir meras manifestaciones unilaterales carentes de la fuerza probatoria adecuada.

Por lo demás, tampoco se demostró en la causa -ni se invocó debidamente en el libelo inicial- la existencia de incumplimientos registrales relacionados con la fecha de ingreso o la remuneración de la dependiente, lo que sumado a la conclusión del Judicante a quo relativa a que el salario del mes de junio de 2009 se encontraba debidamente abonado -que no fue controvertida ante esta alzada-, me lleva a confirmar lo resuelto en grado, en cuanto consideró injustificado el despido dispuesto por la accionante.

Ahora bien, en cuanto al reclamo tendiente a la reparación de la incapacidad psiquiátrica que dice padecer la trabajadora, obra en autos el informe brindado por la perito psicóloga designada en la causa, quien dio cuenta de que A. padece una incapacidad parcial y permanente del 10% de la total obrera como consecuencia de un cuadro de Reacción Vivencial Anormal Neurótica con Manifestación Fóbica de grado II. Sostuvo la experta que dicha afección guarda relación causal con el mobbing laboral sufrido, el que tuvo lugar cuando la actora se encontraba en el período de gestación, esto es cuando la mujer se encuentra, por razones psico-orgánicas, más vulnerable.

Ahora bien, reiteradamente he sostenido que la apreciación del informe pericial es facultad de los jueces y que debe ser ejercida conforme las reglas de la sana crítica (art. 477 CPCCN), por lo que el judicante tiene respecto de ella, la misma libertad de ponderación que le asiste para el análisis de los demás medios probatorios.

En ese entendimiento, cabe recordar que, como es sabido, la acreditación de la relación de causalidad entre los trabajos realizados por el dependiente o el ambiente laboral en el que se llevan a cabo y el padecimiento por el que se acciona, escapa a la órbita médico legal, siendo facultad del juez, en cada caso, la determinación de dicho aspecto. De tal modo, más allá de la apreciación vertida por la perito psicóloga respecto de la vinculación entre la lesión constatada y “el mobbing laboral sufrido” lo cierto y concreto es que la relación de causalidad determinada por la experta lo fue sobre la base del relato efectuado por la propia trabajadora al facultativo, siendo el juez quién debe establecer la relación causal en el caso, luego de analizar los elementos probatorios aportados en la causa.

Como se ponderó al dar tratamiento a la queja vertida en torno al despido, ningún elemento de prueba aportó la dependiente a fin de demostrar el ambiente laboral hostil y los maltratos denunciados como causa de la afección psíquica constatada por la perito psicóloga, que permitirían establecer la existencia de relación causal adecuada entre la minusvalía en cuestión y un factor objetivo o subjetivo de responsabilidad atribuible a la empleadora, en los términos del art. 1.113 del Código Civil.

De tal modo, tal como concluyó el Sr. Juez de grado, la acción por accidente fundada en los términos de la ley civil habrá de ser desestimada.

En cuanto a los agravios que esgrime la parte actora respecto del reconocimiento de gastos médicos y farmacéuticos y de la pretendida responsabilidad de Asociart ART S.A., los mismos también habrán de ser rechazados, por cuanto la ausencia de elementos probatorios en torno a las circunstancias apuntadas por la accionante como generadoras de su incapacidad psíquica, impiden otorgar a la afección carácter laboral, susceptible de ser indemnizado en los términos de la ley de riesgos del trabajo.

Se agravia asimismo la parte actora por cuanto el Judicante de la anterior instancia desestimó la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. en el entendimiento de que no se había dado cumplimiento a la intimación que dispone el decreto 146/01. Refiere que la demandada no puso a su disposición los certificados de trabajo ni en el intercambio telegráfico ni al celebrarse la audiencia ante el SECLO y cita jurisprudencia relacionada con la inconstitucionalidad del decreto precedentemente mencionado.

Sin perjuicio de señalar que la accionante no efectuó planteo de inconstitucionalidad de dicha norma en la demanda, lo cierto es que, tal como sostuvo esta Sala en forma reiterada, “el decreto reglamentario 146/01, al establecer un plazo razonable para el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 de la LCT y exigir un requerimiento fehaciente, no resulta contrapuesta a la directiva legal ni se aparta del espíritu de la norma, porque la confección del certificado y la posterior certificación de firmas son diligencias necesarias que pueden llegar a insumir un cierto número de días. Desde esa perspectiva y en la inteligencia de que la reglamentación no altera en lo sustancial el contenido de la norma, entiendo que, aun cuando -por hipótesis- se considerara oportuno el planteo constitucional (que en el caso no expuso argumentos que permitan verificar con la precisión que la importancia de la cuestión merece, el menoscabo que habría originado la aplicación de la disposición reglamentaria cuestionada sobre derechos constitucionalmente garantizados) no correspondería admitir el pedido de que sea declarada la inconstitucionalidad del decreto 146/01” (S.D. Nº 95.865 del 26/06/2008 in re “Bestilleiro, Mónica Graciela c/ Metlife Seguros de Vida S.A. s/ despido”, del registro de esta Sala).

Así las cosas, teniendo en cuenta que, tal como sostuvo el Dr. Alberto Calandrino, la actora no requirió la entrega de los certificados de trabajo vencido el plazo dispuesto en el decreto 146/01, e inició el reclamo ante el SECLO el mismo día en que cursó la comunicación rescisoria (lo que impide considerar la interposición del reclamo administrativo como fehacientemente constitutivo del requerimiento que prevé la norma en cuestión), corresponde confirmar lo resuelto en grado en cuanto desestima la multa que emana del art. 80 de la L.C.T.

El cuestionamiento efectuado por Asociart ART S.A. respecto de la imposición en el orden causado de las costas correspondientes a la acción por accidente no habrá de prosperar, toda vez que, concuerdo con lo que sostuvo el Judicante a quo, en el sentido que la accionante pudo verse asistida de mejor derecho para litigar en esta causa del que finalmente le fue reconocido (art. 68 2º párrafo CPCCN). En dicho entendimiento, el cuestionamiento vertido por la parte actora quien solicita la imposición de costas en el orden causado, deviene de abstracto tratamiento.

Se queja a su turno la demandada R.P.C. por cuanto el Sr. Juez a quo omitió dar tratamiento a la excepción de prescripción opuesta en el libelo inicial e hizo lugar a los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto de 2009 y al SAC y a las vacaciones proporcionales (con incidencia del SAC) 2009, pese a que dichos conceptos se encontraban prescriptos.

Liminarmente corresponde analizar los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto y, en este sentido, destaco que el monto por el que la demandada resultó condenada en la anterior instancia y que ahora apela, que asciende a $ 1.341,66, resulta menor al límite de apelabilidad fijado por el ordenamiento adjetivo.

En efecto, el art. 106 de la ley 18.345 -reformado por la ley 24.635-establece que “Serán inapelables todas las sentencias y resoluciones, cuando el valor que se intenta cuestionar en la Alzada, no exceda el equivalente a 300 veces el importe del derecho fijo previsto en el art. 51 de la ley 23.187. El cálculo se realizará al momento de tener que resolver sobre la concesión del recurso”. En tal inteligencia y dado que a la fecha en que se concedió el recurso en cuestión, el importe del derecho fijo previsto en la citada norma era de $ 90 y que multiplicado por 300, lleva el mínimo exigido a la suma de $ 27.000, surge nítidamente que el valor que se encuentra involucrado en el cuestionamiento ante esta Alzada, no alcanza esa base.

En su mérito, y dado que no se verifica en autos ninguna de las excepciones previstas en el art. 108 inc. ch) de la L.O., ni se ha mencionado ni establecido con claridad en el memorial alguna de las hipótesis de excepción a la norma, no cabe otra alternativa que declarar mal concedido el recurso en cuanto a este aspecto se refiere, lo que así dejo propuesto.

Igual suerte correrá la queja vertida por la demandada C. con relación a la imposición de costas correspondientes a la acción por despido, habida cuenta que “la forma en que se distribuyen las costas no es una decisión que tenga un valor en sí misma, sino que establece quien responderá por los gastos causados por la sustanciación del proceso, siendo éstos los que tienen contenido patrimonial. Para que la forma en que fueran impuestas las costas resulte apelable, primero deberá establecerse si los rubros que la integran (entre ellos, principalmente los honorarios), lo son” (CNAT Sala III, sentencia Nº 76.345 del 29/6/98 in re “Madrid, Fabiana c/ Coto CISCA s/ despido”), extremo que no se verifica en la especie, a poco que se examinen los montos de las regulaciones de honorarios dispuestas en el fallo de grado.

Por lo mismo, corresponde declarar también mal concedidas las apelaciones vertidas con relación a los honorarios regulados en la anterior instancia respecto de la acción por despido, ello de conformidad a lo dispuesto en el art. 107 de la L.O.

Habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora no resultan elevados, por lo que propicio su confirmación. Sin embargo, considero que los emolumentos fijados a favor de las representaciones letradas de las codemandadas C. y Asociart ART S.A. y de los peritos contador y psicóloga, correspondientes a la acción por accidente, resultan reducidos, por lo que propongo elevarlos a las sumas de $ 15.000, $ 15.000, $ 6.000 y 7.000 que, respectivamente, se fijan a valores del presente pronunciamiento.

Asimismo propongo que las costas de alzada se impongan en el orden causado y que los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 399, 403/411 y 414/415, por las labores cumplidas en esta instancia, se regulen en el ...% respectivamente, de la suma que le corresponda percibir a cada uno, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide; 2°) Declarar mal concedido el recurso interpuesto por la parte demandada C. con relación a la acción por despido; 3º) Confirmar la imposición de costas correspondientes a la acción por accidente; 4º) Elevar los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de C. y de Asociart ART S.A. y de los peritos contador y psicóloga -por la acción por accidente-, en las sumas de $ 15.000, $ 15.000, $ 6.000 y 7.000 que, respectivamente, se fijan a valores del presente pronunciamiento; 5º) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 6º) Fijar los honorarios de Alzada de la parte actora y de cada una de las demandadas en el ...% de lo que a cada una le corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 6º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

 

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

 

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