Entidades Financieras Fusion Y Exclusion De Activos Y Pasivos Depositos Reprogramados

JURISPRUDENCIA

Entidades financieras. Fusión y exclusión de activos y pasivos. Depósitos reprogramados

 

Se mantiene el fallo que hizo lugar parcialmente a la acción por considerar que, si bien el banco demandado había asumido los depósitos en dólares de la actora en otra entidad, lo había hecho ya reprogramados, instrumentados y contabilizados regularmente en pesos, con más el CER estimado y los intereses de conformidad con la normativa aplicable.

 

 

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “Ogara María Teresa c/ Banco Comafi S.A. s/ ordinario” (expediente N° 11869/2008/CA1), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Julia Villanueva (9) y Eduardo R. Machin (7).

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 274/280?

La Señora Juez de Cámara Doctora Julia Villanueva dice:

I. La sentencia.

1. Mediante el pronunciamiento de fs. 274/280, el señor juez de grado hizo lugar parcialmente a la acción entablada por María Teresa Ogara contra Banco Comafi S.A., y condenó a este último a abonar a la actora la suma de $41.058,23, con más intereses.

Impuso las costas en el orden causado.

2. Para decidir del modo en que lo hizo, el magistrado tuvo en consideración la información que había sido proporcionada por el Banco Central de la República Argentina, en cuanto a que Banco Comafi S.A. y Banco Bansud S.A. habían asumido -mediante la suscripción de los contratos de fideicomiso y transferencia que refirió- los pasivos que pesaban sobre el Scotiabank Quilmes S.A. en virtud de ciertos depósitos bancarios a la vista reprogramados, incluido el CER estimado y los intereses devengados.

En tal contexto, y por considerar que los depósitos de titularidad de la actora habían quedado así afectados -información que se correspondía con lo que también surgía de las dos causas que habían sido ofrecidas ad effectum videndi-, hizo lugar a la demanda hasta la suma de $41.058,23, con más intereses a computar desde el 28 de febrero de 2002 -fecha en que la actora había promovido el juicio caratulado “Ogara, María Teresa c/ P.E.N., ley 25.561 s/ amparo”- hasta el día de efectivo pago.

Impuso las costas en el orden causado con sustento en que la señora Ogara se había podido creer con derecho a iniciar la demanda contra la entidad accionada en su calidad de receptora de sus depósitos.

II. Los recursos.

1.Ambos litigantes apelaron el pronunciamiento.

La señora Ogara lo hizo a fs. 283, expresando agravios a fs. 293, que no fueron contestados por su contraria.

De su lado, Banco Comafi S.A. hizo lo propio a fs. 281, sosteniendo el recurso a fs. 295/296, el que tampoco mereció respuesta de la actora.

2. Tras definir como “insólita” la situación que se ha exhibido en este expediente -en la que un banco privado, con el consentimiento del Estado, se ha apropiado de los depósitos de los administrados-, se queja de que no le haya sido reconocida la suma total reclamada ni sus intereses.

Cuestiona también la distribución de las costas con sustento en que se desconoce el motivo por el que el juez decidió apartarse del principio general de la derrota.

3. De su lado, Banco Comafi S.A. critica los intereses fijados por el señor magistrado.

Sostiene que la actora tuvo a su entera disposición la suma que le correspondía desde mucho tiempo antes de haber promovido la acción de amparo que precedió a este juicio.

Explica que el pago se demoró por razones imputables sólo a la nombrada, que pretendió cobrar en dólares estadounidenses sabiendo que su mandante no era continuadora de Scotiabank Quilmes S.A. y su responsabilidad se hallaba limitada legalmente.

Por lo demás, señala que el dinero se hallaba depositado en una cuenta cuya titularidad era de la accionante, por lo que, de querer percibirlo, no era necesaria la promoción del presente juicio.

Solicita, en ese marco, que se modifique este punto de la sentencia y se rechacen los intereses reclamados.

III. La solución.

1. La actora reclamó en autos la restitución de las sumas de dinero correspondientes a dos depósitos -por u$s9.500 cada uno- que adujo haber constituido en el Scotiabank Quilmes S.A.

El señor juez de grado hizo lugar parcialmente a la acción por considerar que si bien el “Banco Comafi” había asumido tales depósitos, lo había hecho ya reprogramados, instrumentados y contabilizados regularmente en pesos, con más el CER estimado y los intereses de conformidad con la normativa aplicable.

Condenó a este último, entonces, a pagar a la nombrada las sumas en moneda de curso legal que allí estimó, con más los réditos a la tasa que también allí fijó.

2. A mi juicio, la sentencia debe ser confirmada.

Así lo juzgo, por cuanto la expresión de agravios de la actora ha dejado firme prácticamente todas las consideraciones que llevaron al señor magistrado a decidir del modo en que lo hizo.

Ninguno de los extremos que conformaron la plataforma fáctica y normativa ponderada por el juez han sido destinatarios de la más mínima crítica por parte de la nombrada, cuyos agravios sólo contienen calificaciones generales carentes de aptitud para exhibir los errores de razonamiento que se atribuyen al pronunciamiento.

Nótese, en tal sentido, que la apelante se limita a criticar la sentencia haciendo referencia a lo “insólita” que es la decisión y a lo difícil que le resulta creer en la justicia, apreciaciones que, en sí mismas, sólo trasuntan posiciones subjetivas no susceptibles de evidenciar ninguna equivocación del sentenciante.

Finalmente, la recurrente sostiene que la normativa aplicada es “ridícula”, pero no proporciona ni un solo motivo que justifique su posición y, lo que es más relevante, prescinde del hecho de que ella misma consintió esa normativa toda vez que no solicitó que se declarara su inconstitucionalidad.

Por lo demás, a la misma conclusión arribo en lo que hace al cuestionamiento vinculado a las costas, toda vez que el agravio prescinde de que la demanda fue admitida sólo parcialmente, por lo que la afirmación de que el juez prescindió del principio general según el cual esas costas deben pesar sobre el vencido, no se condice con lo que lo que ocurrió en este caso.

En tales condiciones, es mi conclusión que el recurso en análisis debe ser rechazado.

3.Igual suerte ha de tener el recurso de la demandada.

Como es sabido, la ley de entidades financieras prevé la posibilidad de que, dado alguno de los supuestos contemplados en su art. 44, el Banco Central disponga la “reestructuración” de una entidad en crisis, mecanismo en cuyo contexto puede adoptar cualquiera de las medidas previstas en el art. 35 bis de la misma ley.

Una de esas medidas que el ente rector puede adoptar es la de excluir ciertos activos y pasivos de la entidad en crisis a los efectos de transferirlos a otro sujeto (ver, entre otros, Ambrogi Guillermo, “La exclusión de activos y pasivos en la ley bancaria”, L.L., t. 1998-B, p. 1191 y sgtes.; Moiseeff Marcos E. y Viviani Jorge “Nuevo régimen legal de liquidación y quiebra de bancos”, J.A. 1998-II, p. 1052 y sgtes.; Moiseeff Marcos Eduardo y Estoup Luis Alejandro, “Bancos en crisis: balance de las soluciones jurídicas implementadas”, L.L. 1998-D, p. 966 y sgtes.; Raúl Ubeid-Julio Ubeid-H. David Zamar, “Cese de la actividad reglada, liquidación y quiebra de las entidades financieras”, Ad-Hoc, 2000; Esparza Gustavo “La legislación por insolvencia de los bancos y entidades financieras”, en Ghersi-Weingarten-Esparza-Barbier, “Responsabilidad del Banco Central por la actividad financiera”, L.L., 1999, p. 83; Ferrari Argañaraz, Gustavo “Los procesos de fusión y exclusión de activos y pasivos de entidades financieras: dos instrumentos necesarios para la estabilidad financiera”, J.A. del 15/06/2000. Asimismo, es imprescindible la lectura de la medulosa sentencia dictada por el juez mendocino Guillermo Mosso, in re “Buci S.A. p/ liq. Jud. hoy quiebra” del 7/8/98, Tercer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de Mendoza, E.D. del 6/4/99).

En lo sustancial, el instituto consiste en habilitar a que se separen del patrimonio de la primera esos activos y pasivos entre cuyos importes debe existir equivalencia: los primeros son afectados a la cancelación de los segundos, y todos transferidos en bloque a otra entidad financiera, que es la que debe efectuar los pagos pertinentes.

En el presente caso, ello sucedió con el Scotiabank Quilmes S.A., cuyos activos y pasivos excluidos en el marco de ese régimen fueron transferidos al banco aquí demandado.

De lo que se trata aquí es de dilucidar si este último puede ser responsabilizado por los intereses dispuestos en la sentencia, los que excederían el concreto “pasivo” que por tal concepto le fue transferido.

4.A mi juicio, la respuesta es afirmativa.

En primer término, en razón de que, contrariamente a lo que parece entender el demandado, la expresión “exclusión de pasivos” debe ser interpretada en el sentido de que, en casos como el que me ocupa, lo que se excluye del patrimonio de la entidad cesante son las relaciones jurídicas de las que resultan tales pasivos.

Lo contrario conducía a la asistemática solución de considerar posible el “fraccionamiento” de tales relaciones en términos que sólo ciertos aspectos suyos fueran imputados a la entidad sucesora, quedando los demás en cabeza de la entidad originante, lo cual atentaría contra la seguridad jurídica de los depositantes, en protección de los cuales fue creado el instituto.

Esta interpretación es coherente, además, con las reglas que gobiernan la regulación de marras.

Nótese que, como surge claramente del texto del art. 35 bis, el legislador no vinculó los pasivos a excluir con bienes determinados, sino que autorizó al ente rector a “disponer la exclusión de activos a su elección” (art. 35 bis, apartado II, inc. a).

De ello se deriva que, aun cuando la ley contempla la necesidad de que el ente rector procure cierto equilibrio entre los activos y los pasivos que excluye, ese equilibrio es sólo contable, lo cual deja en claro que la operación no excluye la asunción de cierto riesgo por la entidad adquirente; que, del mismo modo que puede beneficiarse con la recepción de bienes cuyo valor real supere (como por lo general ocurre con la cartera impaga de un banco) el valor contable por el cual los toma, puede también verse perjudicada por una deficiente estimación del importe adeudado por causa de las relaciones pasivas que le son transferidas.

5. Estos presupuestos me conducen a la conclusión de que lo actuado por la actora en el marco de los otros juicios que inició, fue correctamente ponderado por el sentenciante como vicisitud susceptible de incidir en el aspecto que me ocupa.

En lo que aquí interesa, la actora promovió inicialmente acción de amparo a efectos de cobrar los plazos fijos también reclamados.

Esa acción fue admitida en primera instancia, pero, ante la denuncia del Scotiabank Quilmes S.A. de que se había dispuesto su liquidación judicial, el tribunal de alzada en esa causa revocó la sentencia e indicó que la controversia sobre los fondos depositados debía ser dilucidada por el señor juez que entendía en el juicio universal de la entidad.

Ante esa decisión, la señora Ogara no tuvo más remedio que iniciar una nueva acción ante el juez de la quiebra, que tampoco prosperó porque éste la consideró improcedente con sustento en que se trataba de un pasivo excluido en los términos del art. 35 bis de la ley de entidades financieras.

Fue así que, finalmente, la demandante inició la presente acción contra Banco Comafi S.A., quien no puede considerarse ajeno a las vicisitudes que sufrió la relación, aun cuando| ellas se hubieran iniciado antes de la transferencia en cuestión, lo cual me conduce a sostener que él debe hacerse cargo de los intereses en cuestión, en tanto derivaciones del incumplimiento de su sucesor.

Pero, con prescindencia de lo expuesto, existen otros argumentos para rechazar el recurso que me ocupa.

Me refiero al hecho de que, aun cuando se prescindiera de la mora del banco antecesor y se considerara que el apelante, en sí mismo, no incurrió en ningún incumplimiento, es un hecho innegable que él permaneció en el uso de los fondos reclamados, lo cual habilitaría a reconocer a la actora el derecho a cobrarle los intereses compensatorios, esto es, aquellos que se deben por el solo uso de un capital ajeno.

Esa solución se aprecia especialmente justa en este caso, dado que, si no fuera reconocido a la demandante el derecho a cobrar ningún rédito, el solo paso del tiempo habría desmerecido la consistencia de su crédito hasta tornarlo virtualmente inexistente en comparación con su significación original.

En tales condiciones, encuentro que la pretensión del banco de estar al monto nominal original y pesificado, sin pagar a su adversaria ningún rédito por haber usado de ese capital durante todos estos años, parecería encuadrar en una situación de abuso que, por ser inadmisible (art. 10 del CCyC), habilita a proceder en el sentido adelantado.

IV. La conclusión.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo confirmar en su integridad la sentencia apelada. Sin costas de Alzada por no haber mediado contradictorio.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara, doctor Eduardo R. Machin, adhiere al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva y Eduardo R. Machin. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala "C".

 

Rafael F. Bruno

Secretario

 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve confirmar en su integridad la sentencia apelada. Sin costas de Alzada por no haber mediado contradictorio.

Notifíquese por Secretaría.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Hecho, devuélvase al Juzgado de primera instancia.

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art. 109 RJN).

 

Julia Villanueva

Eduardo R. Machin

Rafael F. Bruno

Secretario

 

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