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JURISPRUDENCIA

Espectáculos deportivos. Organizadores. FIFA. Derechos de autor. Reproducción de imágenes. Mundiales de fútbol. Otorgamiento de licencias

 

Se confirma la sentencia que ordenó el cese inmediato de la utilización de las imágenes de mundiales de fútbol sin autorización de la FIFA y dispuso una reparación civil por la difusión de las mismas, al quedar acreditada la relación causal entre el daño padecido y la infracción cometida.

 

 

En Buenos Aires, a los días del mes de junio de 2017, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos “Federation Internationale de Football Association y otro C/ Imagen Video Series S/ propiedad intelectual Ley 11723” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Fajre dijo:

I.- Contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 2020/2026, que hizo lugar a la demanda entablada por Federation Internationale de Football Association (F.I.F.A.) contra Video Series S.A., se alzó esta última, quien, por los motivos que expone en su presentación de fs. 2101/2114, intenta obtener la modificación de lo decidido. A fs. 2117/2128 fue contestado el pertinente traslado, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento definitivo.

II.- Cabe en primer término señalar que en cuanto al encuadre jurídico que habrá de regir esta litis, atendiendo a la fecha en que tuvieron lugar los hechos que la originaron, entiendo que resulta de aplicación al caso lo dispuesto la normativa contenida en el Código Civil, hoy derogado, por aplicación de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio de señalar, claro está, que a idéntica solución se arribaría aplicando las normas pertinentes de este último cuerpo legal.

III.- Sentado ello, diré que el objeto de la demanda radica en el cese en la explotación de los derechos de autor que detenta la Federation Internationale de Football Association (F.I.F.A.) y la reparación de los daños causados por la difusión de material filmográfico relacionado con los mundiales de futbol.

A continuación formularé un breve relato de las versiones de las partes enfrentadas por este conflicto.

Afirma la actora ser el órgano rector del futbol a nivel mundial, encontrándose bajo su órbita adaptar los reglamentos del deporte, supervisar las transferencias de los jugadores entre clubes y organizar una larga serie de torneos internacionales, siendo el más importante la Copa Mundial, que le provee ganancias en concepto de publicidad, derechos televisivos y regalías por el uso de sus distintivos en indumentaria y demás productos, como los DVD que reproducen imágenes licenciadas de los distintos partidos disputados, dado que se trata del espectáculo con mayor audiencia a nivel mundial.

Precisamente por ello, la actora ha registrado más de 220 registros de marcas, entre las que se encuentran “World Cup” y “FIFA World Cup”, y posee los derechos exclusivos para todo el mundo sobre las filmaciones de los partidos de cada mundial, aunque a fin de explotarlos, desde hace tiempo decidió otorgar licencias por su uso a diversas firmas.

En tales términos, el 5 de diciembre de 2001 se firmó un contrato, por poco más de 7 años, que regiría desde el 1 de marzo de 2002, hasta el 31 de marzo de 2009, por el que se le otorgó a “JMA Media Limited” una licencia por la que le concedía el derecho no exclusivo de utilizar un máximo de 60 minutos de material derivado de las filmaciones oficiales correspondiente a los mundiales de 1954, 1958 y 1962, del mismo modo que le concedió un máximo de 40 minutos por los mundiales de 1966 a 1994. A su vez facultaba a “JMA” a sublicenciar a nivel mundial los derechos siempre que su uso se ajustara a las pautas del acuerdo suscripto. Mas frente a la falta de pago del canon por parte esta última, en 2005 resolvió el contrato, y con ello se terminaron todas las eventuales sublicencias que “JMA Media Limited” pudo haber concedido desde el momento mismo de la terminación de la relación entre ésta y la F.I.F.A.

Señaló además, que con la demandada que gira bajo el nombre de fantasía “Imagen Video Series”, no mantuvo ni mantiene ninguna relación contractual, ni tampoco tiene constancia de que cuente con una sublicencia por parte de “JMA”, durante el lapso que existió tal contrato. Menos aún respecto de las imágenes de los mundiales de 1998, 2002 y 2006, que estaban excluidos del aludido contrato de licencia.

Desde ese enfoque, considera que la empresa demandada realizó una utilización no autorizada de sus imágenes de los diferentes mundiales de futbol, las que comercializa en el mercado a través de diversas películas en formato DVD, sobre las cuales no tiene derecho alguno, sin poder alegar bajo ningún punto de vista buena fe al respecto.

En síntesis, para poder comercializar sus productos, la accionada debió ostentar un contrato firmado por F.I.F.A. o por su agente al efecto, la firma Prisma o su continuadora Infront Sport & Media, o en su defecto debió demostrar la tenencia de un contrato de sub licencia suscripto por JMA Media Limited y aprobado por la actora.

Por su parte, Videos Series S.A. señaló que en el año 2000 concurrieron a “Sportel América”, la feria más importante en lo que a deportes se refiere, ámbito en el que empresas reconocidas ofrecen sus productos vinculados con el plano deportivo, entre los que se encuentran licencias sobre imágenes de competiciones para ser vendidos al público en formatos “Home video”, lo que comprende a los DVD y videocasete.

Así fue concurrieron al stand de una empresa italiana mundialmente conocida como “Logos Video Entertainment S.R.L.”, a la cual le adquirieron el 16 de febrero de 2000 licencias por un plazo de 10 años por la suma de U$S 85 mil, por las que se incluían imágenes de los mundiales de futbol, por lo que dice que siempre actuó de buena fe y en ningún modo se la puede considerar como “pirata”. No obstante, en 2004 firmó otro convenio con “Logos” por siete años más, a través del que se le confirió otra licencia para reproducir imágenes.

De acuerdo con ello, agrega que en virtud de la fama de “Logos” nunca pudo haber dudado de la legitimidad de los derechos que exhibía sobre los mundiales de futbol, por lo que insiste en que adquirió la licencia en forma lícita y obrando con buena fe y diligencia.

No obstante, sostiene que la FIFA no tiene ningún derecho de autor sobre los partidos de los mundiales, toda vez que no desarrolló ninguna tarea creativa ni tampoco es “fruto de su espíritu”, por lo que no puede considerársela como “autor”. Reitera que firmó el contrato con “Logos” de acuerdo a los usos y costumbres en la materia, por lo que no incurrió en ninguna negligencia, y a su entender la actora no podía desconocer que “Logos” ofrecía sus licencias.

IV.- El Sr. juez de la instancia anterior, en base a las razones que expone en su pronunciamiento, hizo lugar a esta acción por haber considerado que estaba acreditada la titularidad de los derechos de reproducción de imágenes en cabeza de la aquí actora, extremo en el que radica el primer agravio de la sociedad accionada.

En efecto, dice la quejosa que no hay un solo documento, informe o elemento que avale tal afirmación, en cuanto a que la F.I.F.A. habría acreditado ser la propietaria o titular de tales derechos.

Sin embargo, y como bien los señala el sentenciante, es ella misma quien, en oportunidad de responder a esta acción, en el ap. IV - C), -fs. 436 vta-, a renglón seguido de negar terminantemente que aquélla tenga derecho alguno sobre las imágenes objeto de esta litis, aludió al folleto acompañado como Anexo V, y señaló que “... LOGOS manifiesta ser licenciado de la FIFA. Véase que dice: Oficial licensing: Fifa, T.E.A.M., U.E.F.A, ISLPRODUCTIONS, LEGA CALCIO” (párrafo 3°).

A mi modo de ver, tal manifestación, importa un reconocimiento de la titularidad de la actora sobre los derechos de reproducción de tales imágenes, con el que intenta justificar haber actuado de buena fe, al contratar con una empresa reconocida mundialmente y pagado por ello una sublicencia (párrafo 4°), que junto con la normativa citada y la documentación agregada a estos autos, a la que alude el a quo y a las que me remito brevitatis causae, resultan suficiente para sellar la suerte del recurso en este aspecto.

Es que tal actitud me lleva a la doctrina de los actos propios, en virtud de la cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Ello resulta realmente inadmisible, porque constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad derivada del principio de la buena fe y particularmente de la exigencia de observar dentro del tráfico jurídico un comportamiento coherente (Conf. CNCivil, Sala A, 3-8-83, LL 1983-C- 440; id. sala F, 22-6-82, LL 1983-D-146; id. Sala D, 13-2-84, LL 1985-A-243, Sala D, 28-4-94, LL 1994-E-395; id. Sala J, 18-2-93, JA 1994-I-492).

Una conducta como la asumida por la demandada aparece como incompatible con el principio general de la buena fe, que impregna todo el ordenamiento jurídico y condena la adopción por el sujeto de actitudes reñidas con las que ha observado anteriormente en la misma relación jurídica (Conf. Moisset de Espanes, Luis, La teoría de los propios actos y la doctrina y jurisprudencia nacionales, LL 1984-A-152).

Esta doctrina guarda correspondencia con el postulado de la buena fe, por cuanto el ordenamiento jurídico impone a los sujetos el deber de proceder con rectitud y honradez, tanto en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, como en la celebración y ejecución de los negocios jurídicos. Así resulta inadmisible que un litigante pretenda fundamentar su accionar, aportando hechos y razones de derecho que contravengan sus propios actos, asumiendo una actitud que lo venga a colocar en contradicción con su conducta anterior jurídicamente relevante (esta cámara, Sala F, 4-9-85, LL 1986-A-225).

Además, basta para corroborar aquel acerto relativo a la titularidad, acudir al informe emitido por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial que luce a fs. 497 con el que se remite un listado completo de todas las solicitudes y registros de marcas vigentes que posee Federation Internationale de Football Association.

Asimismo, y como lo menciona el Sr. magistrado de la instancia de grado, se verifica en el sitio web de la FIFA, la mención del copyright (es.fifa.com/worldcup/index.html). Similares constancias obran en la documentación acompañada, de las que surge, “la FIFA, como titular de los derechos de su competición más emblemática y de las marcas comerciales correspondientes” (fs. 38), “el departamento de televisión de la FIFA no solo ofrece derechos de la cartera de certámenes de fama mundial de la FIFA, sino también muchas otras oportunidades de programación: el archivo de películas de la FIFA ... Las ventas globales de los derechos de difusión de las ediciones 2010 y 2014 de la copa mundial de la FIFA están muy avanzadas ...”(fs. 44), en la que la actora aluden en concreto a los derechos de televisión.

Por otra parte, lo afirmado por esta misma parte, en cuanto a que para poder comercializar sus productos, la accionada debió ostentar un contrato firmado por F.I.F.A. o por su agente al efecto, la firma Prisma o su continuadora Infront Sport & Media, o en su defecto debió demostrar la tenencia de un contrato de sub licencia suscripto por JMA Media Limited y aprobado por ella, se encuentra acreditado por la declaración del testigo T. O., abogado jefe del Departamento legal de Infront desde junio de 2006, que luce traducida a fs. 1685/1689.

A mayor abundamiento, diré que es de público y notorio conocimiento que la F.I.F.A. fue quien organizó y organiza actualmente los campeonatos mundiales de fútbol, cada cuatro años, poniendo de su parte los medios humanos, materiales y económicos para lograrlo, por lo que la discusión que propone la demandada en torno del alcance de la ley 11.723 y del Convenio de Berna, en alusión a que aquélla no sería “autor de las obras sobre las cuales reclama protección” es irrelevante, pues no está en juego la autoría de la obra, sino su titularidad. Y, desde esa perspectiva, es por su propio carácter de exclusiva organizadora del evento, que le es conferida la titularidad de todos los derechos que se derivan del mismo.

Prueba acabada de ello, es que del mismo modo en que los organizadores de eventos ostentan la titularidad de todos los derechos que de los mismos se derivan, asumen la totalidad de las responsabilidades, y ello se ve reflejado en los numerosos pronunciamientos judiciales sobre la materia en todos los ámbitos, deportivo, artístico o cultural.

Y dentro de tales derechos, indudablemente, como en el caso, se encuentran los relativos a la reproducción de las imágenes de los partidos disputados por la Copa del Mundo, sin que de los argumentos ensayados por la agraviada se adviertan las razones por las que deba interpretarse que no merecen protección legal para el creador y organizador del evento.

Además, desde el plano legislativo, dispone el art. 1° de la ley 11.723 (texto según art. 1° de la Ley N° 25.036): “A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas..., en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”.

Es claro que por su propia redacción, dicha norma no contiene una enumeración taxativa sino meramente enunciativa de los elementos amparados por la ley, cuyo objeto genéricamente protegido se advierte en su parte final, al indicar que la protección del derecho intelectual se extiende a "toda producción científica literaria, artística o didáctica que constituye una expresión personal, original y novedosa de la inteligencia "sea cual fuere el procedimiento de su reproducción".

Por otra parte, tal protección está contenida en la ley 17251, por la que nuestro país adhiere a la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la que luego se señalar en su art. 1° que “Los países a los cuales se aplique la presente Convención se constituyen en una Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias o artísticas”, refiere, en cuanto a su objeto, que “Los términos "obras literarias y artísticas" comprenderán ... las obras cinematográficas y aquellas obtenidas por un proceso análogo a la cinematografía ... ”(art. 2°, párrafo 1°). Protección cuyo goce y ejercicio no están sujetos a ninguna formalidad y son independientes de la existencia de la protección en el país de origen (art.4°, párrafo 2°), de modo tal que no requiere ningún tipo de asiento registral o inscripción formal, bastando la acreditación de su titularidad por cualquier medio probatorio.

En síntesis, de acuerdo con lo expuesto puede tenerse por acreditado que la F.I.F.A. en su carácter de organizadora, es la titular de los derechos audiovisuales representativos de las imágenes derivadas de los partidos disputados en la Copa del Mundo, y que como tal tienen protección, independientemente del género al que pertenezcan, en resguardo de la comunicación al público de sus emisiones y retransmisiones, ya que, como bien lo señala el a quo no puede desconocerse que la venta y las licencias por esos derechos son la fuente principal de ingresos para organizarlos y contribuir a la difusión del deporte.

V.- Se agravia la misma parte por haber sostenido el sentenciante que le alcanzaba con corroborar con la FIFA a qué personas le había otorgado licencias.

Ahora bien, partiendo de la base que la demandada ha sido declarada negligente en la producción de su prueba informativa a diligenciarse por la vía del exhorto diplomático a la ciudad de Milán, Italia (fs. 1996), no puedo sino concluir que no ha sido acreditada la legitimidad y mucho menos el contenido del contrato que habría suscripto con la firma Logos Video Entertainment S.R.L. De este modo, si se quiere, la buena o mala fe de la que la demandada se agravia es irrelevante para decidir como lo hizo el a quo, pues lo que aquí interesa es que ningún vinculo ha logrado acreditarse entre la actora y Logos Video Entertainment S.R.L., y mucho menos que esta firma haya estado autorizada para comercializar las imágenes bajo la titularidad de la actora.

Si comparto la apreciación formulada por el sentenciante, en cuanto a que atendiendo a la profesionalidad que debe exigírsele a una empresa, como es la demandada, que tiene como objeto la difusión de imágenes, es de esperar que obre con el debido conocimiento y diligencia acorde a las circunstancias del caso (art. 902 del Código Civil) lo que claramente no se ha verificado.

Finalmente, diré que no está discutido que la demandada distribuyó videos a gran escala que contenían imágenes editadas de los mundiales de futbol, cuyas copias lucen en los sobres de documentación reservada, las que se dan cuenta en Anexo 8 acompañado por la actora, además de los títulos comercializados por Gativideo, que se informan a fs. 493/495. Como puede verse la comercialización de tales imágenes sin la debida autorización de la aquí actora prueba por sí la relación causal entre el daño padecido por ésta y la infracción.

VI.- La sentencia dispuso cese en el uso de las imágenes, y de ello también se queja la demandada.

Para así decidir el Sr. magistrado señaló que esa pretensión se encuentra reconocida en el art. 14 del AADPIC, que dispone que “los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna”.

Al respecto debo señalar que esta sala ha sostenido reiteradamente que para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, el planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, se analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. Ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea conceptualización, ni de rigidez insalvable. En el fecundo cauce de la razonabilidad, y sin caer en un desvanecedor ritualismo de exigencias, deben indicarse los equívocos que se estiman configurados según el análisis -que debe hacerse- de la sentencia apelada (esta sala, 11/2013 “Gini, Marcela Alejandra c/ Ponce, Jorge Gustavo y otro s/ daños y perjuicios”, L. 629.142; 20/5/2013, “Ávila, Gustavo José c/ Transporte Automotor Plaza SACI y otros s/ Daños y perjuicios” L. 616.334”; ídem, 8/2/2013, “Abraham, Christian Walter c/ Rodríguez, Diego Cristian y otros s/ Desalojo por vencimiento de contrato” L. 604.274; entre muchos otros).

En su escrito, los apelantes deben examinar los fundamentos de la sentencia y concretar los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan las quejas. Su función consiste en mantener el alcance concreto del recurso y fijar la materia de reexamen por el ad quem, dentro de la trama de las relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio.

Luego de analizar la pieza presentada por el recurrente, no puedo menos que concluir en que, en lo atinente a esta cuestión, no cumple con los requisitos de suficiencia técnica exigidos por los arts. 265 y 266 del Código Procesal, pues se limita a que hace años la demandada cesó en la aludida comercialización, sin que ello surja acreditado a lo largo del proceso, por lo que no deja de constituir un mero desacuerdo con lo decidido sin formular una crítica concreta y razonada de los fundamentos tenidos en cuenta por el magistrado de grado.

Siendo así, propiciaré la deserción del recurso en este aspecto.

VII.- También se agravia la demandada respecto de la extensión del resarcimiento, para lo cual, alude al concepto de lucro cesante y pérdida de chance con citas de doctrina y jurisprudencia. Entiende que el sentenciante ha utilizado de modo antojadizo la pauta contenida en el art. 165 del C.P.C.C. y que incurrió en una contradicción al señalar que no puede determinar cuántas películas se vendieron para luego fijar el monto en función del precio que la demandada abonó por cada título.

Sobre el particular, es claro que de la peritación contable que luce a fs. 1151, ningún dato pudo extraerse, pues para sorpresa del experto, los libros Inventario y Balances N° 1, estaban completamente en blanco y sin registro alguno. Además al requerir la exhibición de los libros IVA compras e IVA ventas, se le solicitó al experto a través del Sr. Raffo un plazo para tal presentación, pero lo cierto es que luego de transcurrido más de un mes de espera los volvió a solicitar y en esa oportunidad le informaron, a través del Gilberto Cuestas, quien dijo ser el abogado del estudio, que tales libros no existían.

Así, el Sr. juez de grado, dijo contar “ ... con los informes de “Gativideo” (fs. 495) y “Musimundo” (fs. 496) que muestran -en promedio- el valor de las imágenes comercializadas por la demandada, sin que existan registros contables en los libros de la sociedad en lo atinente a la cantidad de películas vendidas y a los ingresos de la sociedad, algo que llamó la atención del perito contador (v. fs. 1966/1967). Por ello, estimó de utilidad “... tomar como pauta el primer contrato suscripto por la accionada con la firma “Logos”, en donde abonó U$S 5 mil por cada título del que obtenía una licencia (ver copias traducidas del contrato)”.

A mi modo de ver el sentenciante ha hecho una correcta aplicación al caso de lo que dispone el art. 165 del C.P.C.C.

En efecto, nuevamente aquí la demandada al no haber acreditado su situación contable debido a la falta de asientos en los libros de inventario y balance, y la inexistencia del relativo al IVA, no le dio otra opción al sentenciante mas que hacer uso de la única herramienta de la que disponía sobre la base de los informes obrantes en autos, cuando ha sido la propia demandada quien señaló la diversidad de los productos por ella comercializados sin la debida autorización.

Desde esta perspectiva, considero que la queja analizada ha quedado vacía de contenido, por lo que habré de propiciar su desestimación.

VIII.- La demandada critica que se le hayan impuesto las costas en la instancia de grado.

El art. 68 del Código Procesal establece como principio general que las costas se imponen al vencido, y luego expresa que “el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello”.

La imposición de costas en el orden causado sólo es procedente en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis o en atención de la conducta de las partes, su regulación puede efectuarse mediante un apartamiento de la regla general (Kiper, Claudio M.- Colombo, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado, La Ley, 2011, 3ª. ed. actualizada y ampliada, Tomo I, pág. 476).

A mi modo de ver, no se presentan en este litigio ninguno de tales motivos que justifiquen el apartamiento del principio general, además de señalar que la agraviada, para sostener su queja, invoca argumentos de orden genérico que rayan la deserción del recurso.

En consecuencia, propondré al acuerdo la desestimación de los agravios en tratamiento.

Igualmente, las costas generadas en esta instancia se impondrán a la demandada por haber resultado sustancialmente vencida (conf. art. 68 del CPCCN).

IX.- Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo de mis distinguidos colegas que se confirme la sentencia de grado en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios. Con costas de la Alzada en los términos del considerando VIII.

El Dr. Kiper y la Dra. Abreut de Begher, por las consideraciones expuestas por el Dr. Fajre, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

 

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.

 

///nos Aires, de junio de 2017.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: I.- confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios. Con costas de la Alzada en los términos del considerando VIII.

II.- En relación a la apelación interpuesta a fs. 2083, ha de señalarse que la parte actora a través de su letrado apoderado quedó notificado de la regulación de honorarios de la sentencia, mediante cédula electrónica el día 16 de mayo de 2016. En razón de ello, la apelación ha de entenderse temporánea únicamente en los términos del art. 49 y 62 del Arancel en lo que se refiere a los honorarios de sus letrados y extemporánea en lo que hace al resto de los profesionales.

III.- A fin de conocer en los recursos de apelación contra las regulaciones de honorarios de fs. 2026 vta. y fs. 2060, se tendrá en cuenta el objeto de las presentes actuaciones y el interés económicamente comprometido, resultante del capital de condena y los intereses reconocidos en la sentencia (conforme lo resuelto por este Tribunal en autos “Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/Medina Juan José y otros s/cobro de sumas de dinero”, del 27/09/2011), así como la naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas por cada uno de los profesionales y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 9, 10, 19, 33, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.

En consecuencia, por resultar reducidos se elevan a la suma de pesos doscientos treinta mil ($ 230.000) los honorarios regulados a los Dres. Luis A. D. Horvath y Ricardo Richelet, letrados apoderados de la parte actora, en conjunto, por sus actuaciones en las tres etapas del proceso.

IV.- En cuanto a los honorarios de la perito, se tendrá en consideración el monto del proceso conforme lo decidido precedentemente, la entidad de las cuestiones sometidas a su dictamen, mérito, calidad y extensión de la tarea, incidencia en la decisión final del litigio y proporcionalidad que debe guardar con los estipendios regulados a favor de los profesionales que actuaron durante toda la tramitación de la causa (art. 478 del CPCC).

Por lo antes expuesto, por resultar reducidos se elevan a la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) los honorarios regulados a la traductora pública Eleonora Paula Fernández.

III.-Por las tareas realizadas en esta instancia que culminaron en la presente sentencia, regúlanse los honorarios de los Dres. Luis A. D. Horvath y Ricardo Richelet en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000), en conjunto. Los del Dr. Alfredo José Raffo en la suma de pesos veintisiete mil ($ 27.000), (art. 14 del Arancel).

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

 

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.

 

Correlaciones:

Federation Internationale de Football Association c/Imagen Video Series s/daños y perjuicios - Juzg. Nac.. Civ. N° 98 - 12/05/2017 - Cita digital IUSJU018013E 

 

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