Establecimientos Educativos Alumno Menor De Edad Responsabilidad Contractual Lesion En Un Ojo Rubros Indemnizatorios Caso Fortuito

JURISPRUDENCIA

Establecimientos educativos. Alumno. Menor de edad. Responsabilidad contractual. Lesión en un ojo. Rubros indemnizatorios. Caso fortuito

 

Se elevan los montos indemnizatorios reconocidos a favor de un alumno menor, con motivo de las lesiones sufridas en uno de sus ojos por el accidente ocurrido en una clase de tecnología cuando se le incrustó el alambre que estaba manipulando. Así se resolvió, al encuadrarse el supuesto en las previsiones del artículo 1117 del Código Civil derogado, norma que consagra una responsabilidad de tipo objetiva, por lo que estaba a cargo de la demandada la prueba del caso fortuito.

 

 

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “F. J. Y OTROS C/ S. BUENOS AIRES ASOC. CIVIL SOCIAL CULT. DEPORT. Y S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia corriente a fs. 245, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS. RACIMO.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

1.- En la sentencia de fs. 245/53, el señor juez de primera instancia, luego de considerar que el hecho acontecido encuadraba dentro de la responsabilidad contractual, hizo lugar a la demanda entablada a raíz del accidente acaecido el 4-12-12, oportunidad en la cual el menor J. F. sufrió un accidente cuando en una clase de tecnología un alambre que estaba manipulando se le incrustó en el ojo izquierdo, produciéndole lesiones por las que debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades. Condenó al colegio demandado a abonarle al damnificado los siguientes importes: $ 138.400 en concepto de incapacidad sobreviniente y tratamiento psicológico; $ 5.000 por gastos médicos y farmacéuticos y $ 50.000 por daño moral, cantidades a las que se deberían adicionar intereses a la tasa pasiva promedio desde la fecha del evento dañoso y hasta la del citado pronunciamiento, debiendo devengarse con posterioridad la activa del Banco Nación y las costas del proceso.

Contra dicha decisión se alzan el actor, la demandada, su aseguradora y la Defensora Pública de Menores. El primero, al igual que la citada en garantía y la Defensora Oficial, cuestionan los montos indemnizatorios (ver fs. 291/93, 297/98 y dictamen de fs. 306/10), mientras el segundo además de tales cuestiones, se agravia también por la responsabilidad que se le atribuyera.

Por una lógica razón metodológica, comenzaré por el examen de las críticas formuladas acerca de la responsabilidad para luego -y en su caso- analizar las restantes cuestiones debatidas.

2.- Adelanto desde ya que no asiste razón a la demandada en su planteo destinado a revertir su responsabilidad. En efecto, preciso se hace destacar que no negó la existencia misma del hecho dañoso que ocurriera dentro del recinto de la institución educativa, más allá de que diera una versión distinta a la relatada en el escrito inicial pretendiendo imputar a una circunstancia fortuita el lamentable suceso o al descuido del niño que para ese entonces contaba con 11 años de edad. Pero lo concreto es que no controvirtió el encuadre jurídico que diera el magistrado en orden a que su responsabilidad, derivada de lo prescripto por el art. 1117 del Código Civil, era de tipo objetivo, por lo que estaba a su cargo la prueba de la eximente contemplada por dicha disposición legal: el caso fortuito.

Así lo dispuso la citada norma legal luego de la reforma introducida por la ley 24.830, cuando contempló diversas modificaciones que aclararon la confusa redacción original al circunscribir la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños “causados” o “sufridos” por los alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad (ver Borda, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, 8ª ed., t. II pág. 262 y sigtes.; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio - Zannoni, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 8 pág. 1118 y sigtes.).

Es decir, reconocida la existencia del hecho dañoso, no le cabe al damnificado la prueba de la culpa del establecimiento educativo -como parece entender la demandada-, sino a éste la de la configuración del caso fortuito como eximente. Sobre el punto, cabe recordar que -de acuerdo con la definición contenida en el art. 514 del Código Civil- se entiende por caso fortuito aquel evento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido evitarse, siendo sus notas esenciales la imprevisibilidad y la irresistibilidad, en el sentido de que el hecho supera la aptitud normal de previsión que es dable exigir del responsable, y que posea tal envergadura que sea imposible de obviarse (conf. Borda, op. cit., 7a. ed., pág. 117 nos. 110 y 111; Llambías, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. I pág. 234 nos. 190 y 191 y Código Civil Anotado, t. II-A pág. 125; CNCiv. Sala “A” en E.D. 90-302; esta Sala, causas 115.157 del 28-9-92 y 122.967 del 29-4-93, entre otras), en tanto que queda a cargo de quien alega el caso fortuito o de fuerza mayor la prueba de la existencia de tal eximente, pues la culpa se presume en las hipótesis que -como la de autos- medie incumplimiento de la obligación (conf. Busso, Código Civil Anotado, t. III pág. 329 nos. 232 y 233; Llambías, obras y lugares citados, pág. 249 n° 206 y pág. 127 n° 22, respectivamente; Mayo en Belluscio, op. cit., t. 2 pág. 670 n° 12; CNCiv. esta Sala, mis votos en causas 72.378 del 20-9-90 y 110.970 del 24-6-92).

Y, en el sub exámine, la demandada no sólo no acreditó el casus, sino que tampoco intentó hacerlo pese a que tal era su deber, lo que hace más clara aún la conclusión anticipada. Corresponde, pues, examinar los agravios atinentes a las partidas indemnizatorias.

3.- Incapacidad sobreviniente

El perito médico oftalmólogo designado de oficio por el juzgado, Dr. L. D. L., tras los estudios complementarios requeridos y el examen del paciente, concluyó que el menor J. presenta en la actualidad opacidad corneal del ojo izquierdo cicatrizal, lineal de 4 mm de longitud paracentral, con diplopía en mirada lateral izquierda. Señala que la adherencia del iris al cristalino da riesgo potencial de catarata, así como también de padecer de un glaucoma agudo por aumento brusco de la presión ocular y puede ocasionar pérdida visual de dicho ojo. Refiere que la visión y estudios oftalmológicos son normales en ambos ojos, no obstante que de acuerdo a la lateralidad de la lesión cicatrizal corneal existe compatibilidad con la visión doble que refiere el menor en la mirada extrema lateral izquierda. De acuerdo al baremo que menciona, estima el grado de incapacidad, parcial y permanente, en el 12%. Informa que se le realizaron tres intervenciones quirúrgicas y que necesita la utilización de lentes protectoras en actividades deportivas y de riesgo traumático (ver fs. 206/09).

En el aspecto psíquico, la licenciada L. D., también designada de oficio, tras las entrevistas pactadas y los test a que lo sometió, refirió que J. presenta un trastorno por estrés postraumático que autoriza a calcular su discapacidad según baremo que cita, también de tipo parcial y permanente, del 20%, aconsejando un tratamiento psicoterapéutico de dos años de duración a razón de una sesión semanal y un costo aproximado de $ 500 cada una (ver fs. 144/49).

Tales dictámenes, si bien en un principio fueron cuestionados (ver al respecto presentaciones de fs. 182, 184, 213/14), debidamente respondidos por los expertos (ver fs. 192/93 y 217/18), lo cierto es que ya no merecieron observaciones en esta instancia, de manera que al no obrar en autos elementos científicos de similar o mayor rigor científico, las reglas de la sana crítica aconsejan aceptar las conclusiones periciales (arts. 386 y 477 del Código Procesal; ver Palacio, Derecho Procesal Civil, t. IV pág. 720).

Ello establecido, sabido es que para fijar el quántum indemnizatorio de esta partida debe valorarse la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también la edad del damnificado, cómo habrán aquéllas de influir negativamente en sus posibilidades de vida futura e, igualmente, la específica disminución de sus aptitudes laborales, dado que la incapacidad sobreviniente comprende no solamente la minusvalía de la capacidad laborativa del individuo propiamente dicha, sino también todo menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 5 pág. 219 nº 13 y pág. 220 y citas de la nota 87; Llambías, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. IV-A pág. 120; CNCiv. Sala “F” en E.D. 102-330; íd., en E.D. 105-452; esta Sala, causas 119.627 del 4-12-92 y 127.457 del 19-4-93, entre muchas otras).

Así las cosas, habida cuenta la entidad de las lesiones y sus secuelas, edad del demandante a la época del evento dañoso (11 años), estudiante, que vivía con sus padres y actualmente lo hace con su madre y dos hermanos, siendo de presumir el nivel socio-económico del grupo familiar (ver constancias del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos), la suma reconocida por este concepto me parece algo reducida, de modo que propicio se la incremente hasta la de $ 154.000, al que deberá añadirse el tratamiento psicoterapéutico sugerido, que estimo en la suma de $ 30.000, lo que hace ascender esta partida a la suma de $ 184.000, que resulta más equitativa y adecuada a las particularidades que he reseñado.

Gastos médicos y farmacéuticos y de movilidad

Como surge de la sentencia y es doctrina de la Sala, ellos no requieren prueba documental, debiendo ser admitidos siempre que resulten verosímiles en relación con las lesiones provocadas por el evento dañoso (conf. mi votos en causas 157.723 del 1-3-96 y 204.192 del 23-12-96; voto del Dr. Mirás en causa 69.534 del 13-7-90; votos del Dr. Dupuis en causas 44.825 del 2-5-89 y 138.134 del 3-2-95, entre muchas otras).

No obsta a la admisión de la partida la pertenencia de la víctima a una obra social, adhesión a un sistema de salud pre-pago o su atención en hospital público, pues existe siempre una serie de gastos que se encuentra a cargo de los afiliados o parientes y que aquellos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o parcial orfandad de prueba documental, en el monto a fijarse deben ser consideradas tales circunstancias (conf. esta Sala, causas 107.157 del 30-4-92, 113.652 del 24-8-92, 127.547 del 19-4-93, 119.174 del 15-12-92, 146.808 del 18-5-94, 154.150 del 6-10-94 y 164.495 del 23-3-95; Sala "M", causa 61.766 del 27-3-91; Sala "C", causa 129.891 del 2-11-93).

De la misma manera, es reiterada la jurisprudencia que ha admitido la procedencia de los gastos de traslado en función de la prerrogativa del art. 165 del ritual, cuando puede presumirse, dada la índole de las lesiones, que la víctima se ha visto necesitada de recurrir a gastos extraordinarios de movilidad, como podría ser, por ejemplo, la utilización de autos taxímetros (conf. CNCiv. Sala “D” en E.D. 34-328; esta Sala, causas 81.236 del 25-4-91, 96.383 del 13-11-91 y 121.482 del 14-12-92, entre otras).

Y en el caso, si se repara en la importancia de las lesiones, gastos que debió encarar los progenitores del menor, más allá de su atención en el Hospital Italiano a través de su obra social, el importe fijado en la sentencia resulta una prudente valoración de este perjuicio.

Daño moral

Para fijar su cuantía, reiteradamente los tribunales han decidido que deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen ser citados, a modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala “B” en E.D. 57-455; Sala “D” en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16-11-94).

Por tanto, en atención a la forma como sucediera el accidente, la importancia de las lesiones y sus secuelas, inconvenientes y sufrimientos que seguramente ha debido soportar J., quien debió ser sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, también en lo que a este rubro el importe reconocido me parece reducido, de modo que propongo se lo eleve a la suma de $ 80.000, más justa y apropiada a las circunstancias del caso.

4.- Solamente los demandantes se agravian por la tasa de interés, que el señor juez estableciera en la pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central desde la fecha del accidente y hasta la de la sentencia y de allí en más la activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde esa última fecha y hasta la del efectivo pago (ver considerando V).

Acerca del punto, es doctrina de la Sala que si la tasa activa mencionada se devengara desde el momento mismo de producido el evento dañoso y hasta el del efectivo pago, en la medida que coexista con indemnizaciones fijadas a valores actuales, tal proceder representaría lisa y llanamente un enriquecimiento indebido a favor del acreedor y en desmedro del deudor, que la Justicia no puede convalidar. Es que, sin lugar a dudas, en tal caso se estaría computando dos veces la pérdida del valor adquisitivo de nuestro signo monetario operado entre el hecho y la sentencia, cuando en ésta se contemplan valores a la época de su dictado, en tanto la referida tasa capta, en cierta medida y entre otros elementos, la depreciación de la moneda. Esta es la doctrina que en forma reiterada aplicó la Sala interpretando la emanada del plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, incluso después de que perdiera vigencia con el dictado de la ley 26.853. De la misma manera, es la que cuadra adoptar a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, ley 29.994 (ver mi voto en expediente 80.509-10 del 27-8-15, con cita de Lorenzetti, Código Civil y Comercial comentado, ed. Rubinzal - Culzoni, t. V pág. 158, com. art. 772).

Y si bien este tribunal en situaciones similares resolvió reducir la tasa establecida entre la fecha del hecho y la del pronunciamiento de primera instancia a la del 8 % anual a partir del pronunciamiento dictado en el expediente n° 69.993/13 del 13/3/17, toda vez que existen agravios únicamente de la parte vencedora, nada cabe modificar del pronunciamiento a fin de no incurrir en un supuesto de reformatio in peius.

5.- Por último, atento lo solicitado por la señora Defensora Pública a fs. 309, letra d), los importes indemnizatorios fijados en favor del menor J. F. deberán quedar depositados en una cuenta en el Banco de la Nación Argentina hasta tanto sus representantes legales, con intervención del Defensor de Menores, soliciten una inversión redituable (conf. C.S.J.N. en L.L. 1988-A, 217; CNCiv. esta Sala, causas 91.749 del 22-4-92, 145.411 del 27-5-94 y 337.001 del 13-3-02, entre otras).

6.- En definitiva, voto para que se modifique la sentencia de fs. 245/53, elevándose las partidas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral a las sumas de $ 184.000 y de $ 80.000, respectivamente, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Las costas de alzada deberán imponerse a la demandada, parte sustancialmente vencida (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Racimo por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

 

FERNANDO M. RACIMO

MARIO P. CALATAYUD

JUAN CARLOS G. DUPUIS

 

Este Acuerdo obra en las páginas Nº 1060 a Nº 1063 del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

 

Buenos Aires, septiembre veintisiete de 2017.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 245/53, elevándose las partidas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral a las sumas de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS (son $ 184.000.-) y de OCHENTA MIL PESOS (son $ 80.000.-), respectivamente, confirmándosela en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Las costas de alzada se imponen a la demandada, difiriéndose la adecuación de los honorarios y los correspondientes a esta instancia para una vez que obre en autos liquidación definitiva aprobada. Not. y dev.-

 

Fecha de firma: 27/09/2017

Firmado por: MARIO PEDRO CALATAYUD, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JUAN CARLOS GUILLERMO DUPUIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDO MARTIN RACIMO, JUEZ DE CAMARA

 

  Correlaciones:

Martínez, Rosa Inés c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y otro s/ordinario - daños y perjuicios - Cám. Civ. Com. y Lab. Gualeguaychú - Sala I - 03/07/2015 - Cita digital IUSJU003802E

 

021646E