Falsedad Ideologica De Documento Publico Supresion De Identidad

JURISPRUDENCIA

Falsedad ideológica de documento público. Supresión de identidad

 

Se confirma el auto que ordenó el procesamiento de los imputados, por considerarlos prima facie penalmente responsables de los delitos de falsedad ideológica de documento público, destinado a acreditar la identidad de las personas, en concurso ideal con el de supresión de la identidad de un menor de diez años.

 

 

San Martín, 3 de agosto de 2017.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Llega la presente causa a conocimiento de esta Alzada, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de E. E. A. y de M. S. R., contra el auto que ordenó el procesamiento de los nombrados, por considerarlos prima facie penalmente responsables de los delitos de falsedad ideológica de documento público, destinado a acreditar la identidad de las personas, en concurso ideal con el de supresión de la identidad de un menor de diez años, al primero en carácter de coautor en ambas figuras, mientras que respecto de la segunda, como autora y participe necesaria, respectivamente, en los términos acuñados en los Arts. 45, 54, 139, Inc. 2, y 293, primero y segundo párrafos, en función del Art. 292, segundo y tercer párrafos, del Código Penal; mandando trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez mil pesos (Cfr. Fs. 611/624 Vta. y 643/644 Vta. y 668/669).

II. Señalada la audiencia prevista en el Art. 454 del ordenamiento adjetivo para la defensa de E. E. A., el Dr. Gustavo Jorge Zapata no compareció, no obstante hallarse electrónicamente notificado, por lo que corresponde tener por desistido el recurso oportunamente deducido, con arreglo a lo dispuesto en el segundo párrafo de dicha norma.

III. Tuvo inició la presente causa, en la denuncia formulada el 18 de noviembre de 2003, por N. S. B. -actualmente fallecida- ante la Comisaría de la Matanza, Seccional XIX -Villa Dorrego-, en la que dio cuenta que E. E. A. le había quitado a su hijo, E. M. M., fruto de su relación con L. A. M. -muerto en 2001-, y que podría estar viajando con el menor a Sudáfrica, ya que el denunciado había vivido allí. En respaldo de sus dichos, acompañó fotocopia legalizada de la partida de nacimiento, expedida por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Delegación José León Suarez, y aportó el número del teléfono celular de A.

Luego de que la prevención entablara comunicación con el causante, éste se hizo presente en la dependencia junto al impúber y manifestó que conoció a B. a través de su hermana. Que aquella al conocer su buen pasar económico le ofreció entregarle a su hijo E., comunicándole que no poseía documentación alguna, pues nunca había sido inscripto. Entonces ambos, de común acuerdo, anotaron al menor, bajo el nombre de R. D. A., nacido el 8 de agosto de 2001, utilizando para ello una partida de nacimiento del Hospital Teresa Germani, de la localidad de La Matanza, la cual aportó junto al documento de identidad del menor, una autorización para viajar cedido a A. por parte de B., y un acta de tenencia a su favor (Cfr. acta de Fs. 1/3).

IV. Sentada esta apretada reseña, puesto a resolver sobre lo que ha sido motivo de agravio (Art. 445 del CPPN), debe señalarse, en forma liminar, que la selección de las pruebas es facultad privativa del magistrado, quien puede optar por aquellas que a su juicio sean decisivas para fundar la solución que adopte, sin que esté obligado a referirse indispensablemente a todos los elementos que se pongan a su consideración.

Así, puede descartar algunas y sustentarse en otras, siempre que con ellas arribe, con la convicción suficiente, a tener por acreditados los hechos y la responsabilidad preliminar de aquellas personas que se encuentran imputadas en la causa (Art. 199 del CPPN).

En cuanto al modo de apreciación, puede inclinarse por las que le merecen mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito que obren en el sumario, no estando obligado a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes para resolver lo planteado (Fallos: 258:304; 262:222; 272:225; y 278:271, entre otros).

También es menester señalar que su valoración debe realizarse conforme las reglas de la sana crítica racional que, amalgamado a la exigencia constitucional de fundamentación de las sentencias, requiere no sólo se expresen las premisas del juicio y las reglas jurídicas aplicables, sino también las circunstancias de hecho verificadas, las reglas jurídicas aplicables y la exposición de las razones de hecho y de Derecho que justifican la decisión. Entiende Julio B. J. Maier en su obra Derecho Procesal Penal, que una sentencia está fundada “al menos en lo que hace a la reconstrucción histórica de los hechos, cuando menciona los elementos de prueba a través de los cuales arriba racionalmente a una determinada conclusión fáctica, esos elementos han sido válidamente incorporados al proceso y son aptos para ser valorados (legitimidad de la valoración), y exterioriza la valoración probatoria, estos es, contiene la explicación del por qué de la conclusión, siguiendo las leyes del pensamiento humano (principios lógicos de igualdad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente), de la experiencia y de la psicología común” (Cfr. Tomo I, Editorial Ediciones del Puerto, segunda edición, 2002, Pág. 48172).

De acuerdo con ello, se estima que el a quo no apreció y valoró las pruebas de forma fragmentada o aislada, tal como sostiene la defensa de M. S. R., sino que realizó una visión de conjunto de todas ellas, según las reglas de la sana crítica, siendo que las conclusiones a las que arriba derivan, precisamente, de los elementos de convicción que ha invocado en su sustento. Además, en este caso, las pruebas obrantes en la causa resultan claras, directas y determinantes en cuanto a la participación que tuvo la encausada en el hecho.

Siguiendo ese lineamiento, es claro que el planteo se endereza a dejar expresada una mera disconformidad subjetiva con lo resuelto, no pudiendo invocarse, en su auxilio, la doctrina de la arbitrariedad.

V. Ceñida la Sala al objeto en debate, conforme surge de las constancias de autos, el 9 de septiembre de 2003, E. E. A., junto con N. S. B., alteraron la identidad del menor E. M. M., nacido el 2 de enero de 2001, hijo de esta última y de L. A. M., al inscribirlo nuevamente ante la Delegación González Catán del Registro Provincial de las Personas, como hijo de ellos y con el nombre de R. D. A. Para llevar a cabo esta maniobra y a sabiendas de la falsedad de los datos que hacían insertar al oficial público, aportaron documentación apócrifa, entre la que se encontraba la constancia de parto rubricada por la obstetra M. S. R., en la que constaba el nacimiento del menor acaecido el 8 de agosto de 2001, en el Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de dicho trámite, se expidió la partida de nacimiento pertinente y se le asignó la matrícula individual (D.N.I) N° ....

Ahora bien, como se señala en doctrina, mediante las acciones descriptas en el inciso 2 del Art. 139 del Código Penal, se procura sacar a la persona del estado de familia que posee, y al que tiene derecho con base constitucional, y colocarla en otro, según el criterio y la voluntad del sujeto que lo hace, lo cual trae aparejado la imposible o muy dificultosa determinación de su estado civil y de su identidad (Cfr. Edgardo A. Donna, Derecho Penal Parte especial, Tomo II-A, Edit. Rubinzal. Culzoni Editores, 2001).

Ingresando al examen de las críticas del apelante, habrá de adelantarse que no tendrán favorable acogida en la instancia, ya que las pruebas incorporadas al sumario permiten concluir -a esta altura- que la encausada, mediante la falsificación en estudio, brindó un aporte esencial para la sustitución del estado civil del menor, por otro distinto, lográndose con ella, la expedición por parte de las autoridades pertinentes, de testimonio de nacimiento, la asignación de un nuevo documento de identidad, así como la obtención de un pasaporte y una cédula de identidad.

Es que el derecho a la identidad tutelado por la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme el Art. 75, Inc. 22, de la Constitución Nacional, se materializa en el derecho de establecer la filiación para que toda persona obtenga aquella que le corresponde en el orden biológico y la misma aparezca instrumentada en los registros correspondientes.

Se puede afirmar, en base a tal Convención y al artículo 17 del Pacto de San José de Costa Rica, que los artículos 33 y 75 de la Constitución Nacional reiteran que hay un derecho de toda persona a conocer su identidad de origen. Poder conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural al ser humano, que incluyendo lo biológico lo trasciende. Tender a encontrar las raíces que den razón del presente a la luz de un pasado que permita reencontrar una historia única e irrepetible, es movimiento esencial, de dinámica particularmente intensa en las etapas de la vida en las cuales la personalidad se consolida y estructura (obra citada, Págs. 90/91).

Adviértase que, como jefa de obstétricas del Hospital Materno Infantil Teresa Germani, y más allá de las explicaciones que dio y de los intentos por desvincularse, señalando que los datos insertos en la constancia de parto se los había facilitado la titular del registro civil del nosocomio, Rosa Olmedo (circunstancia que fue negada por ésta), lo cierto es que, conforme reconoció y fue confirmado por el peritaje caligráfico de Fs. 452/453, las grafías literales y numéricas que integran el texto y la firma del médico que obra en el certificado, pertenecen a su patrimonio gráfico, y no se determinó la intervención de Olmedo.

A ello cabe sumar, que el hospital informó que en los libros de parto del año 2001, así como también en el año anterior y posterior, no consta que N. S.  B., madre del menor, haya sido paciente; así como también que la encausada M. S. R. no registró asistencia al nosocomio el presunto día del parto, que se consignó en el instrumento, esto es, 8 de agosto de 2001 (Cfr. Fs. 287).

Frente a este panorama, la prueba reunida, analizada a la luz de la sana crítica, junto al mérito desarrollado por el señor juez a quo -que la Sala comparte y da por reproducidoresulta suficiente para homologar el pronunciamiento cuestionado, con el grado de probabilidad requerido en la etapa procesal que se transita.

VI. Finalmente, y en cuanto al cuestionamiento acerca del monto de la medida de cautela real dispuesta, toca indicar, liminarmente, que la crítica sobre la falta de fundamentos introducida por la defensa de M. S. R., debe ser desechada, ya que la concreta referencia brindada en la decisión habilitó el adecuado ejercicio del derecho de defensa, como lo refleja la pieza de Fs. 643/644, no correspondiendo entonces, abordar su tratamiento ante la ausencia de gravamen o perjuicio para la parte.

En cuanto al quantum fijado, cabe señalar que, si bien la nocente fue cautelada por ilícitos que no prevén pena de multa, ya sea alternativa o conjunta, el Art. 518 del código de forma, dispone que al dictar el auto de procesamiento, el juez deberá ordenar la medida cautelar sobre los bienes del imputado, en cantidad suficiente para la eventual indemnización civil; tratándose del acto procesal en el que se establece, precisamente, la preliminar responsabilidad del causante.

Además, vista la finalidad del instituto, que tiende a garantizar, también, las costas causídicas y los honorarios profesionales, se estima que el monto determinado en la instancia de origen se ajusta, más que razonablemente, a las circunstancias del proceso y a los parámetros de la norma señalada, por lo que la queja, en tal sentido, tampoco habrá de ser favorablemente atendida en la instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

I. TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación deducido por la defensa de E. E. A. a Fs. 668/669 (Cfr. Art. 454, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación).

II. CONFIRMAR los puntos dispositivos III y IV del auto apelado en cuanto fueran materia de recurso.

Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley 26.856) y devuélvase.-

 

MARCOS MORAN

MARCELO DARIO FERNANDEZ

 

Nota: para que conste que el Dr. Juan Pablo Salas no suscribe la presente por haber sido aceptada su inhibición, sin perjuicio de hallarse en uso de licencia.-

 

021295E