Haber De Retiro Obligatorio Recurso De Inconstitucionalidad Queja Principio De Razonabilidad Tutela Judicial Efectiva

JURISPRUDENCIA

Haber de retiro obligatorio. Recurso de inconstitucionalidad. Queja. Principio de razonabilidad. Tutela judicial efectiva.

 

Se rechaza la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad pues el recurrente no logra persuadir de que se configure un caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.

 

 

Santa Fe, 14 de febrero del año 2017.

VISTA: La queja por denegación de los recursos de inconstitucionalidad y de casación interpuestos por la actora contra la resolución dictada en fecha 18 de abril de 2016 por la Cámara de lo Contencioso administrativo Nro. 2 de la ciudad de Rosario en autos "DI MATTEO, Luis y otra contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 4/15)" (Expte. C.S.J. CUIJ Nro. 21-00510853-2); y,

CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 18.04.2016 la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de Rosario resolvió declarar la caducidad de la instancia.

Contra dicho pronunciamiento deduce la parte actora recursos de inconstitucionalidad y de casación expresando que la resolución afecta los derechos reconocidos en los artículos 14 bis; 75 incisos 22 y 23 (Constitución nacional) y artículo 21 de la Carta Magna provincial, así como en Tratados Internacionales protectorios de la ancianidad (artículo 1, incisos 1, 2 y 3, ley 7055; artículo 37, ley 11330). Indica que los agravios que expone guardan pertinencia para ambos recursos.

Postula la declaración de inconstitucionalidad en el caso del artículo 30 de la ley 11330. Señala que mediante la invocación de la seguridad jurídica se deja ritualmente firme el decreto del Poder Ejecutivo denegatorio del goce de la jubilación, en lugar de dar lugar a la solución de la causa por sentencia fundada en el derecho sustancial, lo que conlleva a la pérdida de aquél.

Aduce que la disposición procesal de naturaleza ordenatoria y residual carece de jerarquía normativa para dejar sin efecto de la cobertura de la prestación de naturaleza previsional amparada por una norma de mayor rango, mediante la constatación de un término tan breve como el transcurrido en la causa (artículo 31, C.N.).

Menciona fallos de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1 en autos "Vacca"; "Sarmiento"; "Calabrese" y "Cosentino", en los que se rechazó el pedido de perención de la instancia atendiendo a la índole previsional de lo pretendido.

En apoyo de su tesitura, invoca además los pronunciamientos del más alto Tribunal nacional en los casos "Olmedo"; "D'Angelo" y "Benitez".

2. Por auto del 18.08.2016 el Tribunal denegó la concesión de los recursos interpuestos (fs. 102/105) por entender que los planteos del compareciente constituían mera discrepancia con lo resuelto, por la falta de configuración de los agravios articulados, ponderando la disimilitud de las situaciones fácticas con los precedentes invocados. Ello motivó la presentación directa del recurrente ante esta sede.

3. Cabe señalar, en primer término que no cabe subsumir el presente recurso en el inciso 1° del artículo 1 de la ley 7055. Ello es así, atento a que dicho inciso requiere la colisión entre una norma condicionante de la Constitución provincial y otra de jerarquía inferior, siendo la decisión favorable a esta última y en el sub examine no surge que se haya puesto en tela de juicio la congruencia con la Carta Magna de preceptos de la referida jerarquía. Antes bien, toda la sustancia recursiva está enderezada a cuestionar la interpretación y aplicación del artículo 30 de la ley 11.330 que efectuó la Cámara en el caso concreto, planteando la compareciente la incongruencia de la disposición legal con las garantías de integralidad e irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social, por lo que lo resuelto resulta arbitrario.

En relación a la invocación de cláusulas constitucionales supuestamente vulneradas, no es suficiente a los fines de fundamentar la cuestión constitucional, si no se justifica la necesaria dependencia que debe existir entre ésta y la solución del litigio, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Ley fundamental.

Siendo ello así, cabe tener por reducido el ámbito del presente remedio extraordinario a la previsión estatuida por el inciso 3) del citado artículo, esto es: "violación del derecho a la jurisdicción".

Aclarado lo precedente, se adelanta que la presente queja no ha de prosperar. Se advierte que el cometido que impone al quejoso el artículo 8 de la ley 7055 -quien tiene la carga de rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación- no ha sido idóneamente asumido en autos (A. y S. T. 42, pág. 365; 92, pág. 157; T. 124, pág. 114, entre otros).

En efecto, en cuanto a la tacha de inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 11330 el Tribunal la desestimó con fundamento en doctrina y fallos dictados por esta Corte y evaluó "que en el caso un actuar diligente de la parte actora hubiera aventado cualquier posible efecto nocivo respecto del cual pretende ahora agraviarse".

De la lectura del decisorio surge que la Cámara declaró la caducidad de la instancia al examinar que desde el 23.09.2015 -fecha en la que la actora solicitó la apertura de la causa a prueba- hasta el 05.02.2016 -fecha de ofrecimiento de los medios probatorios por parte de la recurrente- no existió actividad alguna para impulsar el trámite, aseveración que no resulta controvertida por el impugnante, que basa su agravio en la naturaleza previsional del derecho pretendido, invocando jurisprudencia en la que se excepcionó la perención del trámite.

Al respecto, se observa que la Cámara al denegar la concesión del remedio extraordinario, sostuvo que no resultan aplicables los precedentes mencionados por el compareciente y señaló que el objeto del recurso es que se deje sin efecto la sustitución en el goce del haber de retiro obligatorio acordado en favor de los derechohabientes del señor Di Matteo, y las diferencias entre esta prestación y la pensión, citando la resoluciones en las que se fundó la decisión administrativa, en las que se tuvo en cuenta que el titular de autos había sido exonerado de la Policía de la Provincia (arts. 19 y 59, ley 6830).

Frente a tales razones, la recurrente argumenta que lo decidido vulnera el principio de razonabilidad, de defensa, de tutela judicial efectiva, al no permitir que se resuelva sobre el fondo de la cuestión, siendo que la naturaleza de la pretensión exige una interpretación exenta de rigor formal, alegando que existe un apartamiento de precedentes del más alto Tribunal, más sin hacerse cargo de demostrar la identidad fáctica y jurídica con las causas analizadas en aquellas decisiones que menciona. Así en "Olmedo" (Fallos: 329:2166) se evaluó que la actividad pendiente de ejecución era un oficio reiteratorio dirigido al Organismo Previsional; en "D'Angelo" (Fallos: 329:4213) se ponderó que se encontraba vencido el plazo legal para producir pruebas y agregado dictamen médico que asignaba una incapacidad permanente total, se denegaba el acceso a la prestación; y en "Benitez" (Fallos: 333:380) se analizó que se trataba de la caducidad del plazo para deducir la demanda y la situación particular de la actora a la que se dejaba sin derecho a la pensión.

Similares consideraciones merecen los cuestionamientos referidos a los fallos dictados por la Cámara de lo Contencioso Administrativo Nro. 1. Específicamente, en relación al antecedente "Vacca" sostuvieron los Sentenciantes que difiere en aspectos que impiden trasladar el criterio adoptado, por las consideraciones particulares que el Tribunal hiciera respecto de la edad, condiciones personales de la actora y el estado avanzado de la causa judicial (cfr. A. y S. T. 269, pág. 95, 113, 124), señalando asimismo en el auto denegatorio de los recursos, la falta de similitud de los casos "Sarmiento" y "Calabrese", sin que el compareciente justifique en esta instancia que guarden pertinencia con el sub examine.

Conforme a los expuesto, tampoco se configuran las causales previstas en el artículo 37 de la ley 11330.

En suma, el recurrente en su presentación directa no logran persuadir de que se configure un caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

 

FDO.: FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)

  

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