Libertad Condicional Rechazo Homicidio Calificado Personalidad Del Condenado Psicopatologia Incumplimiento Del Reglamento Carcelario

JURISPRUDENCIA

Libertad condicional. Rechazo. Homicidio calificado. Personalidad del condenado. Psicopatología. Incumplimiento del reglamento carcelario

 

Se rechaza el beneficio de la libertad condicional pedido por el condenado en orden al delito de homicidio calificado en concurso con robo calificado, al juzgarse que por el momento no se encontraba en condiciones de serle concedido conforme al consejo criminológico institucional, fundado en serias y válidas razones de la historia carcelaria y en aspectos psicológicos de la personalidad del encausado -referidos a rasgos psicopáticos-, que motivaron una revocación previa de salidas transitorias.

 

 

Junín, a los 09 días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Andrés Francisco Ortiz, Karina Lorena Piegari y Esteban Melilli, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, se trajo a despacho para pronunciar Sentencia la Causa Nº 9359 del Juzgado de Ejecución Deptal., caratulada "C. J. L. S/INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL".

Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden: Doctores Piegari, Melilli y Ortiz, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes.

ANTECEDENTES

Que, en autos, J. L. C. V., en fecha 17 de septiembre del año 2.001, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 Departamental, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por el mismo término, por ser hallado autor penalmente responsable del delito de Homicidio Calificado Criminis Causa en concurso real con el delito de Robo Calificado por el empleo de arma (símil) y Portación de arma de uso civil sin la debida autorización, por hechos ocurridos, en esta ciudad de Junín , partido del mismo nombre, en fecha 15 de enero del año 2.000, del que resultara víctima C. S. C. y damnificada la Compañía aseguradora Unión Berkley.

Que, la firmeza de la sentencia operó el día 1/12/2.009, (conforme fs. 456 del Incidente de pena a cumplir N° 6925), habiéndose concretado la detención del encausado el día 17 de enero del año 2.000.Que con fecha 30 de julio del año 2.010, le fue concedido , por la Sala I de feria del Excmo. Tribunal de Casación Penal (incidente N° 43.526 del mencionado organismo), el beneficio de salidas transitorias, desde su lugar de alojamiento, de lunes a viernes , por doce horas, sin custodia y bajo su palabra de honor, con el fin de continuar sus estudios universitarios en varias facultades de la Universidad Nacional de la Plata.

Que, en fecha 5 de octubre del año 2.011 (fs.162/166 vta. del Incidente de Salidas Transitorias n° 7292), la Sra. Juez de Ejecución resolvió revocar sus salidas transitorias por no resultar alumno regular ni haber rendido materia alguna de las carreras que refería estudiar, destacando en su resolución que, la documentación agregada para gestionar el beneficio no guardaba correspondencia con la expedida por el Centro de Estudios aludido, resolución confirmada por esta Alzada y por el Excmo. Tribunal de Casación Penal, circunstancia que dio origen a una nueva causa que culminó con su sobreseimiento.

Que, con fecha 13 de febrero del año 2.017, (fs.940/941 del Incidente de la causa 6925 s/ Pena a Cumplir) la Sra. Jueza de Ejecución Departamental, tras declarar que, por imperio del art. 227 ter del C. Penal, la pena impuesta al condenado operará a los 37 años y seis meses de prisión, plazo que acaecerá el 29 de agosto de 2.029, denegó su libertad asistida por no reunir el requisito temporal. Dicha sentencia que fue confirmada por esta Alzada, actualmente se encuentra recurrida por ante el Excmo. Tribunal de Casación Penal.

Que, con fecha 6 de abril del año 2.017, en el Incidente de Libertad Condicional n° 9359, la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Ejecución Departamental, resolvió -fs.214/217-, conceder a J. L. C. V., el beneficio de la libertad condicional bajo pautas de conducta, por el término de cinco años, siendo las mismas las siguientes: 1) Residir en el domicilio familiar sito en calle Carhue N° ... de Villa Tesei, partido de Hurlingham, 2) Adoptar en tiempo prudencial oficio y/o profesión propuesto para el presente. En caso de no darse esa posibilidad , deberá el Patronato de Liberados arbitrar los medios para realizar ese objetivo creando las condiciones propicias para una correcta inserción laboral (arts. 177, 178, 179, texto s/ Ley 14.396 y 180 de la Ley 12.256), 3) Abstenerse de la ingesta de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, 4) No frecuentar persona y/o lugares y abstenerse de conductas inconvenientes para su adecuada inserción social, 5) No cometer nuevos delitos, 6) No portar armas de ningún tipo, 7) Realizar tratamiento psicológico en el Servicio de salud Mental del Hospital Público de su domicilio, con la frecuencia que el profesional interviniente disponga y previa coordinación del patronato de liberados, quien deberá informar mensualmente sobre la evolución y cumplimiento 8) Abstenerse de mantener contacto con la familia de la víctima por cualquier medio, 9) Someterse al control de la Delegación Hurlingham del Patronato de Liberados donde deberá presentarse dentro de las 24 horas de efectivizada la libertad. Esta sentencia ha sido apelada, ante esta Alzada, por el Ministerio Público Fiscal -fs. 227/229 y 240 y es la que motiva el presente Acuerdo.

Se agravia la parte recurrente, fundamentalmente porque la sentenciante no ha tenido en cuenta la opinión del Depto. Técnico Criminológico, en su acta dictamen , donde se valora como inviable la posibilidad de acceso de interno al beneficio de la libertad condicional. En base a dichos argumentos sumando la inconducta que registró C., mientras usufructuaba las salidas transitorias que le fueron concedidas, peticiona la revocatoria de la sentencia dictada en su favor.

Que, en razón de lo antes expuesto, el Tribunal resolvió votar las siguientes cuestiones:

1) Conforme fuera materia de impugnación por el Ministerio Público Fiscal, ¿Corresponde revocar la resolución de fs. 214/217, dictada por la Sra. Juez de Ejecución?.

2) En caso afirmativo, ¿se impone la efectivización inmediata de la decisión adoptada?

A LA CUESTION PLANTEADA, la Sra. Juez Dra. Karina Lorena Piegari dijo:

Conforme constan en los antecedentes reseñados, llegan los autos a esta Alzada Departamental, a consecuencia de la interposición del recurso de apelación materializada por el Representante del Ministerio Público Fiscal, impugnando el decisorio pronunciado por la Sra. Juez Subrogante del Juzgado de Ejecución Departamental, en cuanto concede el beneficio de la libertad condicional al condenado J. L. C. (V.), el que se efectivizó en la misma fecha de su dictado (06/04/17).

De la mera lectura del decisorio cuestionado, surgen expuestos los fundamentos que cimentaron la concesión de la libertad condicional al mencionado C. (fs. 214/217), tal es el caso del requisito temporal (art. 13 del C.P. previo a la reforma de la ley 25.982), que el mismo no reviste la condición de reincidente, que no se le ha revocado libertad condicional concedida con anterioridad, la observancia de los reglamentos carcelarios en consideración de los informes emanados del Servicio Penitenciario obrantes a fs. 197/208vta. Al mismo tiempo, la Juez de grado, con una constatación socio-ambiental en el domicilio indicado para su residencia que data del año 2013 (ver fs. 39/40), en fecha 29/12/16 recabó las voluntades y compromisos de los moradores del mismo (hermana y cuñado del encausado) respecto de recibirlo y brindarle la contención necesaria (ver fs. 189). También valoró características de su personalidad, reseñadas en el informe pericial elaborado en la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul (ver fs. 192/193. Finalmente y contando con el dictamen N°214/2017 emitido por el Departamento Técnico Criminológico de la U.P. N°2 de Sierra Chica (fs. 208/vta), que indicaba la inconveniencia de que C. V. acceda al beneficio de la libertad condicional dado el contenido de los informe psicológico y el quebrantamiento de las salidas transitorias otorgadas en el año 2010, previa definición del carácter no vinculante del dictamen referido, la Magistrada consideró que la necesidad que C. V. realice tratamiento psicológico, lejos de configurar un impedimento para la obtención de la libertad condicional, el aludido tratamiento podía cumplirse en el medio libre, sorteando las dificultades intramuros que el propio interno le manifestó a la Juez interviniente en su detención. Por último, respecto del quebrantamiento al régimen de salidas transitorias, lejos de considerarlo un impedimento para la procedencia de la libertad condicional, lo contrastó afirmando que desde la revocación de aquel beneficio, C. ha dado “suficientes muestras de confianza” cumpliendo regularmente reglamentos carcelarios “gozando de muy buen concepto y conducta” y ponderando su adaptación institucional, contando en el afuera con contención familiar y posibilidades laborales, concluyó en la concesión al mencionado C. del egreso anticipado -libertad condicional- sujeto a estricta supervisión y asistencia del Patronato de Liberados.

Por su parte, el impugnante define en la pieza recursiva los agravios generados a su parte por el decisorio aludido, sin negar la presencia de la exigencia temporal que viabilizaría la procedencia de la libertad condicional y en idéntico sentido al dictamen negativo previo a la decisión del beneficio referido (fs. 210/211vta.), consideró que la inconveniencia dictaminada por el Departamento técnico Criminológico resultaba impeditivas del goce de la libertad condicional al encausado C. V., fundada en aspectos psicológicos de la personalidad del encausado y en el quebrantamiento al régimen de salidas transitorias oportunamente gozadas, sumado a la falta de contacto real con su familia de origen; tales razones derivaron en su reclamo ante esta Alzada de inmediata revocación de la libertad condicional oportunamente concedida en primera instancia (ver fs.227/229vta. y 240/vta.).

Habiendo sido definidos los agravios del impugnante, los que habilitan el ámbito de decisión de esta Alzada (art. 434 del C.P.P), así como los términos del decisorio impugnado, se impone un minucioso análisis a fin de dar respuesta a la cuestión planteada.

En primer lugar, debo señalar que la presente incidencia se suscita en el ámbito de la ejecución de una pena de prisión perpetua impuesta en fecha 17/09/2001, al encausado J. L. C. V., por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de Homicidio Calificado Criminis Causa en concurso real con el delito de Robo calificado por el empleo de arma y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización (ver fs. 1/25 de los autos principales). Que dicho pronunciamiento adquirió firmeza, luego de transitar -a instancia del propio condenado- múltiples vías recursivas jurisdiccionales contempladas por el ordenamiento jurídico. Luego de lo cual, devenida la firmeza del mentado pronunciamiento, comenzó la etapa ejecutiva de la pena de prisión perpetua impuesta (ver fs.58/59vta. de las actuaciones principales).

Que recientemente, en fecha 30/03/17, en Acuerdo de esta Alzada (ver fs. 953/956 de los autos principales), se ha establecido el agotamiento temporal de la pena de prisión perpetua impuesta a C., una vez transcurridos treinta y siete años y seis meses de prisión, en tanto dicho cuantum temporal importa el máximo legal de pena vigente al tiempo de comisión del hecho motivante de la pena que se ejecuta y por imperio de la interpretación exegética de las normas vigentes a luz del principio de ley penal más benigna (arts. 2, 227ter, 55 -anterior a ley 25928- del C.P.), estableciéndose que el agotamiento de la pena perpetua impuesta operará el día veintinueve de agosto del año dos mil veintinueve (29/08/2029), ello contabilizando el tiempo de detención cumplido conforme decisorio del Tribunal de Casación Pcial. de fecha 26/07/2012 en cuanto definió la aplicación del cómputo privilegiado establecido por la hoy derogada ley 24.390 (comúnmente conocida como ley del 2x1) -ver fs. 40/45 del incidente respectivo N°53839- y decisorio de fs. 456 de los autos principales. Destacando que el reciente pronunciamiento de esta Alzada Departamental, confirmó pronunciamiento de primera instancia que atesoraba idéntico sentido. Y, si bien, en la actualidad la referida decisión en instancia de apelación se encuentra impugnada por la Defensa del encausado C. por ante el Tribunal de Casación Penal Pcial. (ver fs. 1001/1002 del principal), no resulta menos cierto, destacar que respecto del agotamiento temporal de la pena perpetua impuesta a C. V., hoy existen dos decisiones jurisdiccionales coincidentes que definen la cuestión -insisto- sin perjuicio de la firmeza.

No obstante la referencia que antecede, lo medular de la cuestión en tratamiento consiste en recordar que la libertad condicional, resulta ser un instituto legal que tiene su génesis hace casi doscientos años en el presidio Petit Roquette en Francia (1832) y en el Presidio de Valencia en España (1835), existiendo certezas respecto de que su nacimiento y continuidad se relaciona directamente con la instrumentación de regímenes de encierro penitenciarios progresivos y desde entonces a la actualidad se ha extendido por los diversos países de este planeta que conciben ese régimen en la ejecución de las penas de encierro. Postura ideológica que ante el encierro carcelario que ha sido adoptada por nuestro ordenamiento jurídico, con su primer antecedente en el art. 18 de la Constitucional Nacional (texto originario del año 1853) y de manera explícita en el año 1994 con la jerarquización constitucional de los Pactos Internacionales (arts. 10.3 del P.I.D.C. y P., 5.6 de la C.A. D.H. y 11 de la D.U.D.H.). Con esa visión ideológica que en materia de ejecución de penas de prisión, de manera innegable, ha adoptado el ordenamiento jurídico argentino, debe destacarse que al tiempo de la sanción del Código Penal Argentino de 1886, se concibe un sistema de gracia, sin condicionamientos conductuales a esa libertad ni la posibilidad de revocación instaurándose como un verdadero acto de perdón o conmutación de pena. Este sistema fue derogado, adoptándose el régimen de la libertad condicional en el Código penal de 1921, que durante algo más de nueve décadas vigencia ha registrado sólo dos modificaciones legislativas, a saber ley 22.156 (B.O. 11/02/80) y ley 25.892 (B.O. 26/05/04) -antecedentes extraídos de La Libertad Condicional en el Código Penal Argentino, de Ruben Alderete Lobo, Editorial Lexis Nexis, Capítulo I-.-

Sin olvidar la larga historia y el sentido que posee en nuestro ordenamiento jurídico y en el mundo entero, la libertad condicional, estimo adecuado señalar que vinculado al caso concreto y a la pena que se ejecuta, la previsión legal de la libertad condicional, requiere como uno de los requisitos de procedencia, que previo a evaluar el egreso anticipado, el condenado haya cumplido un tiempo -definido legalmente en el art. 13 del C.P.- que resulta significativamente considerable a la luz de la pena impuesta. Que tal como ha quedado definido por la Sra. Juez de grado en la resolución de fs. 214/217 y aceptado por el propio impugnante, por imperio del principio de aplicación retroactiva de ley penal más benigna previsto en los art. 2 del Código Penal y art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso de marras resulta aplicable la exigencia temporal para las penas perpetuas de veinte años de prisión cumplidos para viabilizar la consideración de la procedencia de la libertad condicional, es decir el contenido del art. 13 del C.P. previo al vigente e integrado por la ley 25.892. Que, a la luz del cómputo del tiempo de detención cumplido por el encausado J. L. C., resulta incuestionable que ese tiempo de encierro exigido por el Código Penal para la concesión de la libertad condicional, se encuentra cumplido por el detenido, tal como surge de cómputo obrante a fs. 456 de los autos principales, extremo en el que -insisto- no existe agravio del impugnante.

Tampoco existe agravio del recurrente, respecto de otros requisitos de procedencia de la libertad condicional que la Sra. Juez de grado consideró acreditados en autos, a saber la condición de no reincidente de J. L. C. y la ausencia de libertad condicional revocada con anterioridad al presente. Invocaciones que tienen sustento en el contenido de los informes de fs. 13, 14/16 del incidente de libertad condicional N°9359.

Avanzando en el objeto del recurso en tratamiento y en la definición de la cuestión planteada, debo destacar que el agravio central del recurrente gravita en la circunstancia que el decisorio atacado se apartó de las consideraciones que determinaron al Departamento Técnico Criminológico concluir en la inviabilidad o inconveniencia de que el detenido C. V. sea beneficiado con la libertad condicional (acta dictamen N°214/2017 obrante a fs. 208/vta.).

Con esa tónica, vale destacar que los informes institucionales del lugar de encierro carcelario así como el consejo pertinente del Departamento Técnico Criminológico vinculados a la externación anticipada de C. V., fueron requeridos por la Magistrada interviniente, previo a la decisión del requerimiento de libertad condicional, conforme manda del art. 512 del C.P.P., 13 del Código Penal, art. 95, ss. y 103 de la ley 12.256 y art. 28 de la 24.660 (ver fs. 186/vta. del presente incidente). En la misma oportunidad la Magistrada actuante, requirió intervención a la Dirección General de Asesoría Pericial, a los fines de la realización de una pericia psicológica-psiquiátrica en la persona del condenado C. V. De tal modo, la magistrada recabó elementos exigidos por el ordenamiento jurídico para formar su convicción ante el tema a decidir.

Previo a ahondar respecto de la valoración de tales extremos, debo señalar que la normativa aplicable al caso concreto, en relación a los informes institucionales necesarios para decidir la libertad condicional, resulta aplicable el art. 13 del Código Penal -texto previo a la ley 25.892- por imperio del mentado principio de la ley penal más benigna, por ende quedan excluidas de las exigencias las determinaciones periciales respecto del pronóstico de reinserción social del liberado, contenida en la última modificación normativa del art. 13 del C.P. norma referida.

Definida la cuestión y avanzando en la dilucidación de la misma, debo señalar que lucen glosado a fs. 201, Informe de desempeño institucional del condenado C. V., emitido por el Área de Asistencia y tratamiento de la U.P. N°2 de Sierra Chica, cuyo contenido indica que el mencionado posee una conducta que ha sido calificada por las autoridades de la Unidad Penitenciaria de alojamiento como Ejemplar (10), resultando merecedor de un concepto bueno, dado que el condenado “ha demostrado adaptarse al régimen y a las normas de convivencias del establecimiento”. Ante el contenido del informe referido, varias son las reflexiones que se imponen, así debe repararse que las determinaciones allí contenidas se encuentran vinculadas, al período de estadía del detenido C. en aquel establecimiento carcelario, que data desde 14/10/16 -fecha de ingreso- y que abarcan hasta el tiempo de suscripción de tal informe (18/01/17), es decir son determinaciones acotadas temporalmente a un exigüo término de tres meses. Existiendo sólo la referencia de una sanción disciplinaria en el año 2008, valoración que indudablemente responde a la observación del legajo disciplinario del detenido, en tanto excede considerablemente al ingreso en esa dependencia. Asimismo, debe reconocerse que el informe de desempeño institucional aludido responde a las exigencias en materia de libertad condicional de los arts. 13 del C.P. -aplicable al caso-, 512 del C.P.P. y 28 de la lay 24.660. En tal sentido la calificación de la conducta carcelaria que el detenido ha observado en el encierro, así como la regularidad de la observancia de los reglamentos carcelarios, son criterios absolutamente relevantes al tiempo de definir la procedencia de la libertad condicional.

Pero aquella, no resulta ser la única determinación relevante a meritar al tiempo de definir una cuestión tan trascendental como es la procedencia de la libertad condicional, repárese que así lo ha definido el propio legislador en materia específica de las leyes que regulan la ejecución de las penas restrictivas de la libertad, así el art. 28 de la ley 24.660 requiere que previo a la decisión jurisdiccional obren informes de los organismos técnicos criminológicos y dictámenes criminológicos desde el inicio de la ejecución (estos integrando los antecedentes de conducta y concepto). Mientras que la ley 12.256 en su art. 103 indica que los organismos técnicos carcelarios informaran -a requerimiento del Juez interviniente- respecto de aquellos internos que se encuentren en condiciones de acceder a la libertad condicional. Con tales plataformas normativas, es que cobra indudable relevancia la meritación del dictamen emitido por el Departamento Técnico Criminológico obrante a fs. 208/vta.

Adentrándome en el análisis del mismo, debo señalar que en su contenido se indica como aspecto favorable la conducta ejemplar (10) y un concepto bueno, conforme adaptación al régimen y normas de convivencia, relevado por el Informe de Asistencia y Tratamiento, con inserción laboral y educacional institucional. Al respecto, debo señalar que de manera coincidente con la conclusión contenida en el Informe técnico Criminológico, considero tales circunstancias como favorables al tiempo de evaluar la procedencia del beneficio libertario en tratamiento. Pero ello, en modo alguno autoriza a la valoración parcial del dictamen técnico referido, en tanto en su contenido también se registra la existencia de aspectos desfavorables en el historial carcelario de C. y en proyecciones que realizaran los diversos abordajes psicológicos materializados sobre la psiquis del mismo.

Siguiendo el razonamiento del informe técnico obrante a fs. 208/vta., también estimo que existe en el historial carcelario de C. una peculiar y poco usual situación que se ha registrado y que innegablemente configura un aspecto desfavorable, al tiempo de proyectar su concepto en miras a la obtención anticipada de la libertad condicionada. La misma se ha cristalizado cuando se le concedió al condenado C. V. el beneficio de las Salidas Transitorias conforme decisión del Excmo. Tribunal de Casación Penal Provincial de fecha 30/07/2010 (incidente N°43.526 del mencionado organismo), que comenzó a usufructuar el 05/08/2010, con la finalidad de insertar en el devenir de la progresividad del encierro carcelario la continuidad de estudios universitarios, concesión que respondió ampliamente a ese cometido, otorgándosele con absoluta generosidad y confianza institucional -a mi criterio- salidas de lunes a viernes durante doce (12) horas, sin ningún tipo de custodia y bajo su “palabra de honor”. Que luego de usufructuar esa laxa concesión, durante algo más de un año, el 05/10/2011 se revocaron tales salidas transitorias al comprobarse que el condenado no revestía la condición de alumno regular, ni rindió materias en ninguna de las carreras que refería estudiar, y que la documentación aportada por el mencionado C. al gestionar el beneficio no se correspondía con los registros oficiales de Universidad Nacional de La Plata, habiendo desvirtuado el sentido y el objetivo de las laxas salidas transitorias usufructuadas (ver fs. 162/166 del incidente respectivo N°7292).

Es indudable -según mi criterio- que ese episodio ha importado el “engaño de un condenado a un sistema judicial y penitenciario durante algo más de un año, que le permitió usufructuar fraudulentamente de salidas de doce horas diarias desde el lugar de encierro”, y si bien reconozco que desde tal episodio a la fecha ha transcurrido algo más de cinco años y desde entonces como lo indica la Juez de grado ha tenido disciplina carcelaria, lo cierto es que -a mi criterio- la incidencia de tal episodio cobra sentido en la proyección de su libertad y no en la disciplina del encierro, donde siempre ha mostrado adaptabilidad, hallándose su desajuste en el ámbito de la libertad (salidas transitorias). Que tal como lo expresé supra, el mentado resultó un episodio absolutamente peculiar, excepcional e inusual, sobre el que aventuro afirmar que no se recuerdan precedentes en este Departamento Judicial de un obrar de semejante talla de fraudulencia. Por esas razones, estimo que tal circunstancia no puede ser menguada en la consideración respecto de si el detenido C. se encuentra en condiciones de obtener la libertad de manera excepcional y anticipada al agotamiento de la pena.

Considero que ese obrar, con el cual C. supo obtener y usufructuar ardidosamente un beneficio que no le correspondía, demuestra tal como lo afirma el informe de la Dirección de Salud Penitenciaria y Adicciones dependiente de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria “... una forma de operar que se manifiesta constantemente, mencionando mecanismos psíquicos de orden psicopático con los que insidiosamente y en forma sostenida maneja las situaciones para el logro de sus cometidos con una marcada exacerbación de componentes narcisistas de la personalidad...” -lo resaltado me pertenece- (ver cita de dictamen de fs. 208/vta.). Certeramente, esa forma de obrar propia del psiquismo del detenido C. han motivado las conclusiones emitidas en el ámbito de la Psicología que indican “rasgos psicopáticos, querellantes, sin registros de angustia con ausencia de repercusión afectiva...”, registrándose como “...aspectos desfavorables y de reserva respecto de su posicionamiento subjetivo respecto del hecho que se le imputa y de su tránsito en el proceso de detención...”. Todos esos indicadores configuraron aspectos desfavorables para la consideración criminológica institucional, y han derivado en que el Departamento Técnico Criminológico de la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, concluyera en la inconveniencia de conceder al condenado J. L. C. V. el beneficio de la libertad condicional, proponiendo en consonancia con el Grupo de Admisión y Seguimiento de la misma dependencia, la continuidad de propuestas tratamentales, educativas y laborales desde la institución carcelarias.

Estimo, que el consejo criminológico institucional, se encuentra fundado en serias y válidas razones afincadas en la historia carcelaria y en aspectos psicológicos de la personalidad del encausado que derivan la inconveniencia de que el detenido sea beneficiado con la Libertad Condicional y la imperiosa necesidad de continuar con la implementación de instancias tratamentales institucionales, como único medio de intentar revertir ese posicionamiento que define la inconveniencia referida. Tales cuestiones, derivan en mi lógica y consecuente adhesión a la conclusión del mentado informe criminológico carcelario, en tanto estimo que el mismo se encuentra suficientemente fundado.

Desde esa indicación criminológica, respecto de la necesidad de continuidad tratamental institucional carcelaria de C. V., circunstancia que obsta a la viabilidad de la libertad condicional, no puede obviarse en la consideración que impone este decisorio, que a la luz del tiempo de detención cumplido y contabilizable que registra el condenado C. V., se imponen varias consideraciones: 1) que en término de “calendarios reales” a la fecha han transcurrido poco más de diecisiete años, tres meses y veintidós días desde su detención (17/01/2000); 2) que en términos jurídicos contabilizables conforme resolución del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. De Buenos Aires, con aplicación de la ley 24.390, esos 17 años reales, constituyen 25 años, un mes y 25 días a la luz de la ficción impuesta por el cómputo privilegiado contenido en la mentada norma; 3) que recién en fecha 01/12/09 C. V. adquirió la condición de penado, dada la firmeza el pronunciamiento condenatorio que le impusiera la pena de prisión perpetua antes referida y que a partir del 25/01/11 (es decir hace poco más de seis años) comenzó la etapa de ejecución de la pena y con ello ha nacido la potestad del Estado de someter al condenado C. al régimen de tratamiento resocializador, ya que previo a ello su condición de procesado sólo habilitaba al Estado a implementar un régimen de asistencia sin tratamiento resocializador (conforme arts. 6 , 7, 8, 67 y ss. y 94 y ss. de la ley 12.256). Desde esa perspectiva, aunque el tiempo real de detención del detenido C. pueda resultar considerable, más aún el contabilizable en términos jurídicos, no puede desconocerse ante tales determinaciones temporales que resulta menor el tiempo de sometimiento al régimen de tratamiento carcelario resocializador registrado por el detenido, configurándose desde que adquiriera su condición de penado hasta la actualidad. Circunstancia que, sobradamente, justifica y legitima la pretensión de los organismos técnicos criminológicos carcelario, en cuanto a necesidad de continuar en la implementación de dispositivos tratamentales carcelarios y a partir de aquellas transformaciones que en el obrar y en el psiquismo del condenado puedan registrarse, llegada la oportunidad reevaluar la viabilidad de los avances en la progresividad extramuros.

A modo corroborante, de las determinaciones efectuadas por los organismos técnicos, respecto del condenado J. L. C. V., se impone la meritación de las conclusiones del dictamen pericial psicológico-psiquiátrico, realizado por profesionales de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul, abordaje que se inserta en la plataforma normativa del art. 512 del C.P.P. como elemento válido para la valoración judicial en la definición de la procedencia de la libertad condicional. A fs. 192/193 del presente incidente los peritos actuantes expresaron en relación al entrevistado J. L. C. que “...De sus relatos surge una modalidad expansiva de vinculación de tipo utilitaria, con elevado autoconcepto, autoconfianza, rigidez, impostura. Con evasión de estímulos afectivos y escasa introspección. Egocentrismo, emociones superficiales, utiliza su capacidad discursiva para tomar el control de una situación vincular. Sin trastorno mental de base, características narcisistas, frialdad afectiva, omnipotencia, tendencia crítica dirigida al otro, sin hábito de autocrítica... personalidad de características psicopáticas al polo narcisista...”.

Tampoco puedo concluir este razonamiento sin advertir, el nítido valor corroborante que sobre los informes de los organismos técnicos criminológicos y el dictamen pericial psicológico-psiquiátrico que posee el contenido de la comunicación que ha formalizado el Patronato de Liberados de Hurlingham al Juzgado de Ejecución Departamental y que ese órgano remitiera a esta Alzada en el día de ayer. Repárese que la aludida comunicación luce agregada a fs. 254/257 del presente incidente, y sin desconocer que sobre tal informe no ha existido bilateralidad procesal dada coetaneidad de su presentación con el pronunciamiento de la presente, estimo que su contenido debe ser armonizado en la valoración de este decisorio a modo confirmatorio de las conclusiones a las que se arribara. En lo medular del informe emitido por el Patronato de Liberados, autoridad estatal sobre la cual la Sra. Juez de Grado impuso el control y la supervisación de la libertad condicional de mencionado C., puede detectarse que se indica una presentación espontánea del mismo, que excede la exigencia contenida en el decisorio de fs. 214/217. Posteriormente sucede la concurrencia de personal de ese organismo al domicilio indicado como de residencia del condenado C., donde la asistente entrevista a dos personas que desconocen a J. L. C. y a G. C. (hermana de aquel), luego se interroga respecto de “un hombre que viva ahí”, y se llega a la persona que se identifica como J. L. C., y se lo notifica de una entrevista psiquiátrica a la que deberá asistir. De la observación de tales aconteceres resulta -al menos llamativo- que la indicada G. C., quien asumiera la obligación de recibir y brindar contención al liberado, resulta desconocida por los moradores del lugar, que sí lograron identificar al liberado como “un hombre que vive ahí”. No obstante tales referencias, que puedo calificar como “llamativas”, lo relevante -a mi criterio- y en lo estrictamente vinculado a este decisorio, está configurado por los hallazgos detectados por la Psiquiatra Dra. Yabor, en su primer y única entrevista mantenida con el detenido C. -ya en el medio libre a consecuencia de la libertad condicional concedida-, oportunidad en la que la profesional aludida logró calificar el psiquismo del condenado de manera idéntica con las descripciones efectuadas por los profesionales que emitieron los informes previamente valorados (fs.192/193 y 207/208vta. del presente incidente), circunstancia que -según mi entender- dotan de fiabilidad y credibilidad tales descripciones, en tanto cada una de esas determinaciones efectuadas por diversos profesionales intervinientes (psicólogos y psiquiatras) con diversos cometidos (pericial, criminológico, acompañamiento en el medio libre), logran cristalizar de un modo especular la psiquis del condenado C.. Más allá de tales circunstancias, debo señalar que resulta absolutamente relevante en la consideración -insisto- a modo corroborante de lo razonado precedentemente, cuando la Psiquiatra integrante del Patronato de Liberados -autoridad encargada por mandato judicial del seguimiento del liberado-, describe el estado actual del condenado C. (al 03/05/17, es decir cuando transitaba sus primeros días en el medio libre), consignando que en el entrevistado “...se advierte indiferencia afectiva y falta de implicación subjetiva, por lo tanto no hay arrepentimiento ni reconocimiento de conductas inapropiadas,... que... podría llevar(lo) a transgredir las normas sociales...” (lo resaltado me pertenece). Ante ello, debo señalar la relevancia y contundencia de la apreciación profesional, toda vez que evaluando el psiquismo del condenado C. en su inserción el medio libre halló materializados los indicadores desfavorables advertidos por los profesionales que lo evaluaron al tiempo de su antecesor encierro carcelario, estableciendo una clara vinculación entre aquellos y la potencial trasgresión de normas sociales, lo cual no hace más que reafirmar la inconveniencia de que el encausado C. se inserte en el medio libre, hasta tanto esos aspectos no sean objeto de tratamiento institucional resocializador, conforme el fin exclusivo que persigue el Estado en la imposición de pena, consistente en la evitación de la reiteración de conductas delictivas.

Finalmente y antes de concluir mi razonamiento, siento la obligación de señalar que aquellos aspectos que hoy se valoran como desfavorables, al tiempo de definir la libertad condicional del condenado C. V., en modo alguno importan una mácula estigmatizante que perdurará el tiempo que le resta al condenado C. en el cumplimiento de la pena perpetua, por el contrario, aquellos aspectos de su historia carcelaria y psicológicos de su personalidad, deberán ser materia de un enfático tratamiento resocializador que debe imponerse en el ámbito del cumplimiento de la pena restrictiva de la libertad en una institución carcelaria, ya sea ante la posibilidad de una futura externación anticipada o del mero agotamiento de pena impuesta; en tanto ello justifica y legitima, el fin último del Estado en el ejercicio del poder punitivo, que consiste en la prevención de nuevas conductas delictivas desde la readaptación individual de la persona que padece la pena, con el fin de modificar aquellos aspectos de su personalidad que derivaron en su obrar delictivo.

Todas esas razones, derivan en mi más sincera convicción, que el detenido C. V., por el momento, no se encuentra en condiciones de gozar del beneficio de la libertad condicional, siendo necesario e ineludible su reintegro al encierro carcelario -concretamente a la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica-, donde de manera inmediata, constante y continua deberán instrumentarse las herramientas tratamentales institucionales indicadas por el Grupo de Admisión y Seguimiento y por el Departamento Técnico Criminológico en acta dictamen N°214/2017, como un modo válido de tratar y trabajar sobre los aspectos que -por resultar desfavorables- obstaron la procedencia de la externación anticipada. Imponiéndose al primero de los organismos mencionados información trimestral de la evolución y seguimiento en la implementación de los mecanismos tratamentales.

Consecuente a lo razonado, arribando a mi más sincero y auténtico convencimiento, estimo que en el ámbito del recurso de apelación en tratamiento, debe revocarse la decisión de grado que concedió al condenado C. V. la libertad condicional. Por ello, respondo de manera afirmativa a la cuestión planteada, y así se lo propongo a los colegas que me acompañan en este pronunciamiento.- (arts.106, 434, 439, 440, 441, 530, 531 y cc. del C.P.P.).

A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Juez, doctor Esteban Melilli, dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Piegari, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Juez, doctor Ortiz, dijo:

Lo argumentado en el voto anterior, me lleva en la actividad revisora a determinar, en principio, lo atinente a la definición de la observancia regular de los reglamentos carcelarios. Es mi opinión que tal exigencia debe entenderse estrictamente, en función de la valoración de la conducta. Ello por cuanto, sólo de esa manera se puede asegurar que, dicha apreciación, tendrá un carácter netamente objetivo, en el sentido de que parte del comportamiento exterior del penado (cfr. José Daniel Cesano, Concesión de la libertad condicional. Observancia de los reglamentos y calificación de concepto, Mediterránea, Córdoba, 2002, ps. 87/87). Sobre esta base interpreto que "la observancia de los reglamentos carcelarios" que menta el art. 13 del Código Penal alude al respeto, por parte del interno, de las normas que rigen el orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento (art. 100 de la ley 24.660); conceptos éstos que no pueden ser definidos positivamente sino en función de su faz negativa; ésto es la imposición de sanciones disciplinarias por inobservancia de aquellas normas reglamentarias. Que de los antecedentes e informes cumplidos respecto al interno C., emerge que el mismo se ha adaptado correctamente a la vida carcelaria, respetando las normas que la rigen, ha aceptado los tratamientos brindados y cuenta con apoyo familiar en el afuera. Las irregularidades constatadas en el año 2011, cuando cumplía salidas transitorias, ni siquiera han provocado una merma calificatoria y conceptual por parte del consejo correccional del servicio penitenciario.

Considero como lo hace la jueza "A quo" que las irregularidades cometidas por el interno hace más de cinco años, no constituyen un obstáculo para la posibilidad de acceder al beneficio que se solicita. En esa línea se hace necesario realizar dos precisiones: En primer lugar, debe destacarse la inexistencia de sanciones contra el penado. Esa circunstancia determina, desde el inicio de la tarea evaluativa, una situación muy favorable al peticionante. Pues aún en la hipótesis de que existieran, no permiten per se tener por insatisfecho el requisito objetivo que se analiza. En ese sentido mayoritariamente se considera "que no cualquier inobservancia reglamentaria que dé lugar a una sanción disciplinaria, será suficiente para denegar la libertad condicional por defecto de esta exigencia. En esa línea el artículo 13 del Código Penal ha sido claro al utilizar la expresión "regularmente". Como bien lo puntualiza Laje Anaya: "No es exacto pues, entender a la ley en el sentido de que los reglamentos deban siempre, en todo caso, y sistemáticamente haber sido observados para que pueda obtenerse la libertad condicional. Es que, el artículo 13 no dice, ni expresa ni implícitamente, que el condenado deba observar (los) ejemplarmente (...) Por el contrario, la ley parece conformarse con algo mucho menos exigente: "La observancia no debe ser en un grado absoluto, sin infracciones de ninguna especie. Debe ser una observancia con regularidad: una adaptación del gobierno de las acciones..."..."(Cesano, ob. cit., ps. 90/91 y bibliografía y doctrina judicial citadas en notas N° 155 Y 156). Sobre tal base la exigencia en análisis debe darse como satisfecha.

La otra ponderación que estimo necesario realizarse vincula con el período cronológico que debe tenerse en cuenta para evaluar esta exigencia (observancia regular de los reglamentos). Lo notable de este caso es que de acuerdo a su historia en prisión, el interno ha mantenido un comportamiento progresivo de ese exigido cumplimiento a lo largo de todo el tiempo del encierro. Y en una adecuada proporción, con el quantum punitivo que se viene ejecutando (cfr. Derecho Penal Parte General, 2°ed. Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 960). Conducta que se mantuvo en el último período, lo que debe ser valorado prioritariamente. Tenemos entonces que, desde el inicio del cumplimiento de la condena, que es el período más dificultoso pues implica la adaptación del interno a las normas de convivencia de un ambiente particular como la prisión ( y salvo esa fase intermedia del incumplimiento de los estudios que motivaron en su momento las salidas transitorias por lo que ya fue sancionado) y hasta el momento actual, C. ha observado regularmente las normas. A partir de esta base hermenéutica, no puedo coincidir con lo dictaminado en este punto por la Sra. Juez preopinante. Criterio ya sustentado por esta Alzada en causa n°14.584 "Mantegna, Martín Arnoldo s/ Incidente de Libertad Condicional", con fecha 6 de mayo de 2014, sentencia firme y consentida.

Despejado el punto conflictivo del cumplimiento de los reglamentos carcelarios, paso a valorar la incidencia del tratamiento resocializador, en la ejecución de esta pena, que ha sido ya tratada en el voto anterior. Pero, a los fines de enmarcar convenientemente lo actuado y resuelto por la Dra. Claudia Dana, en la decisión apelada agregaré lo siguiente:

El artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados") y el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados") gozan ambos de rango constitucional, según el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994. Así, nuestro sistema de ejecución penal se formula -al menos desde la letra expresa de los textos en que se basa- desde una misión de resocialización del condenado.

En este punto es importante señalar que esa reinserción constituye únicamente el fin de la pena, independientemente de cuál sea el fundamento que se dé a ella. Es que, tal como ha apuntado Donna, (Derecho Penal Parte General. 2006 , T I p.315) "la pena es, sin duda alguna, una pérdida de bienes jurídicos del sujeto que ha sido condenado de acuerdo a la ley previa y mediante el procedimiento respetuoso de los derechos fundamentales, dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho (...) Estos requisitos, por decirlo de alguna manera, esenciales, no le quitan a la pena la calidad de un mal, por más que se la rodee de calificativos, aun en el caso de que se intente la resocialización o reinserción social del condenado (...) La idea esencial es que una cosa es fundamento de la pena y otra el de sus fines". En efecto, al margen de las discusiones en torno a las teorías de la pena y que es lo que aceptablemente puede entenderse por resocialización en un marco respetuoso de los derechos del individuo, lo cierto es que la Ley 24.660 de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad (LEP); sancionada en 1996, recoge el objetivo de aquellos tratados internacionales al establecer en su artículo 1º que "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad". Esta reinserción social se pretende lograr a partir de un sistema progresivo (art. 6º), que se entiende como "la posibilidad de que el condenado pueda, conforme su evolución en el tratamiento aplicado, ser incorporado paulatinamente desde una situación de rigidez carcelaria hasta estadios de autodisciplina, para así ingresar a modalidades de confianza que le permitan egresar periódicamente del ámbito penitenciario con el propósito de afianzar sus vínculos sociofamiliares y poder trabajar extramuros en iguales condiciones a las de la vida libre y, finalmente, acceder a institutos que signifiquen su soltura anticipada y condicionada". (López Axel y Machado Ricardo, Análisis del régimen de ejecución penal, Buenos Aires,2004, pag.55).

En forma coincidente, el decreto 396/99 que estableció el Reglamento de Modalidades Básicas de la Ejecución (RMBE) declara en su artículo 1º que la progresividad "consiste en un proceso gradual y flexible que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad, sin otros condicionamientos predeterminados que los legal y reglamentariamente establecidos. Su base imprescindible es un programa de tratamiento interdisciplinario individualizado".

Con ello, se busca morigerar los efectos negativos de un encierro prolongado, que al debilitar el rol activo del condenado como integrante de la sociedad conspira contra el objetivo constitucional asignado a la pena. En esa inteligencia, el fallo en crisis se ha ceñido y ha respetado la progresividad de la ejecución penal. No puede interpretarse de otra manera lo cumplido a lo largo de este frondoso expediente, y lo previsto en el artículo 12 de la LEP, que ordena que el régimen penitenciario que se aplica a los condenados conste de cuatro períodos progresivos:

a) Período de observación: se trata de una etapa diagnóstica donde se analizan las características del interno, de modo de lograr individualizar los factores que incidieron en su conducta y acorde a ello elaborar un plan de tratamiento ajustado a sus propias circunstancias, tal como se concluye del artículo 13.

b) Período de tratamiento: el artículo 14 de la ley permite que este período sea dividido en fases, de lo que el art. 14 del decreto 396/99, reglamentario de la ley 24.660, hizo uso estatuyendo las siguientes: 1. Fase de socialización: donde se aplican intensivamente técnicas individuales y grupales tendientes a consolidar y promover los factores positivos de la personalidad del interno y a modificar o disminuir sus aspectos disvaliosos (art. 15 del decreto). 2. Fase de consolidación: iniciada una vez satisfechos los objetivos de la anterior, consiste en la aplicación de una supervisión atenuada que permita verificar la cotidiana aceptación de pautas y normas sociales, así como la posibilidad de asignarle labores o actividades con menores medidas de contralor (art. 19 del decreto). 3. Fase de confianza: le otorga al interno una creciente auto determinación a fin de evaluar la medida en que internaliza los valores esenciales para una adecuada convivencia social conforme la ejecución de su tratamiento (art. 22 del mismo).

c) Período de prueba: el artículo 15 de la Ley de Ejecución Penal, determina que en esta etapa el condenado sea sucesivamente incorporado a establecimientos donde rija el principio de autodisciplina, se le posibilite obtener salidas transitorias (arts. 16/22 de la Ley referida y 28/38 del Reglamento indicado). d) Período de libertad condicional: el artículo 28 de la ley reenvía a las estipulaciones que sobre este instituto contiene el Código Penal (arts. 13/17 y 53). No todos los condenados pueden alcanzarla, dados los requisitos que la habilitan, por lo que se sostiene que en realidad este período está fuera de gradación respecto de los restantes que conforman el régimen progresivo. (López y Machado, ob.cit. ps.87/89 y 129). Y por esta última cuestión, que el tema de la libertad condicional se abre a múltiples enfoques, tanto en la consideración del cumplimiento de los reglamentos carcelarios, como a la situación especial que puede darse en cada caso; en particular como el presente, donde deben evaluarse rasgos de personalidad de características psicopáticas.

El artículo 10 de la Ley de Ejecución Penal establece que durante la ejecución de la pena, la conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen penitenciario serán de competencia y responsabilidad administrativa, en tanto no estén expresamente asignadas a la autoridad judicial.

Sin embargo, y como producto de un intento por asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los penados en esta etapa final del proceso penal, la ley establece en su artículo 3º un control permanente de todas las modalidades de la ejecución de la pena privativa de la libertad por parte del Poder Judicial a través de los jueces de ejecución, quienes velarán por el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la Nación y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por ley. Particularmente, el art. 4º señala que será competencia judicial resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado y autorizar todo egreso del ámbito penitenciario. Esta judicialización de la ejecución ha sido puesta de relieve por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Romero Cacharane, Hugo A. (9/3/2004, R.230.XXXIV).

Ahora bien, de lo dicho anteriormente , se comprende que será a partir del período de prueba con las salidas transitorias, donde comienza a ser realidad para el condenado la idea de obtener paulatinos egresos del establecimiento carcelario, los que posteriormente se ampliarán en el período de libertad condicional, o libertad asistida.

Para acceder a tales derechos, la ley en su artículo 17 establece que será preciso encontrarse en período de prueba, haber cumplido una determinada parte de la pena privativa de libertad, no tener en trámite otra causa penal en la cual interese la detención u otra condena pendiente de unificación, gozar de conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación y, finalmente, el contar con un concepto favorable del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento respecto de la evolución registrada y sobre el efecto benéfico que las salidas periódicas puedan tener para el futuro personal, familiar y social. No obstante, quien tiene la última palabra sobre ello es el Juez de Ejecución, quien decide su aceptación o rechazo, puesto que la administración sólo propone la incorporación del condenado a dichos institutos, tal como surge de los artículos 18 y 19 de la Ley de Ejecución Penal.

Y aquí es precisamente donde puede plantearse la cuestión sobre de qué forma debe valorarse el hecho de que el interno que pretende el egreso presente características psicópaticas. Y es el punto de mi incoincidencia con la Dra. Dana.

Lo atinente a la psicopatía o rasgos psicopáticos del penado: El difícil problema de la peligrosidad siempre ha campeado y lo sigue haciendo sobre todo el Derecho Penal. Sin embargo, nunca podrá omitirse del todo su consideración, puesto que, como señala Ziffer, "si la peligrosidad es definida, en general, como la valoración de la posibilidad de que el sujeto sobre quien recae el juicio cometa un hecho antijurídico relevante, peligroso para la generalidad, o bien, en el ámbito de las medidas, para sí mismo, se advierte que se trata de una ponderación de la que el Derecho difícilmente pudiera prescindir de forma absoluta".

Dicha autora, luego de analizar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de detenciones fundadas en la peligrosidad del afectado, sean penas o medidas, encuentra "la voluntad de alcanzar un equilibrio entre las exigencias sociales de seguridad y la posibilidad de estar afectando injustificadamente los derechos de la persona, a través de la implementación de controles y aseguramientos procesales que tiendan a neutralizar las posibilidades de un pronóstico erróneo". (Ziffer, Patricia. Pronósticos de peligrosidad en Derecho Penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pag.139). En este sentido, dicho tribunal exige que se controle periódicamente la subsistencia de la necesidad del encarcelamiento y que se garanticen recursos jurídicos suficientes para provocar la revisión amplia de la legalidad de la detención.

A partir de ello, Ziffer concluye que si bien los países miembros de la Convención Europea de Derechos Humanos pueden ser calificados básicamente como Estados de Derecho , "la lectura de los fallos indica que el enfoque jurídico que hacen del conflicto que plantean los 'sujetos peligrosos' puede llegar a apartarse considerablemente de los parámetros generalmente aceptados en la doctrina argentina, y no obstante ello continuar siendo aceptables" a la luz de la mencionada convención.

La ejecución de la pena no es la excepción a estos problemas, pero a menudo se encuentran en este campo ocasiones en las que ese dificultoso concepto parece arrasar por sí solo con todo lo demás. Para ejemplificar ello, basta citar un fallo (S.T.J. de Rio Negro "Incidente de libertad condicional" Exp. N° 2048/C.C. 1° s/ Casación, S.E.77/04 del 05/05/04); en el que se dijo: "si bien el consejo correccional propicia la solicitud interpuesta, es relevante el informe criminológico que establece que se trata de un interno de personalidad psicopática y rasgos antisociales, ya que tal solicitud tiene como objetivo la libertad del condenado sujeta a condiciones. Sin embargo, 'la principal característica del psicópata es su conducta agresivamente antisocial originada en una profunda perturbación de la esfera emocional que impide o dificulta que internalice pautas de conducta y se motive en la norma. El psicópata no puede asimilar valores, porque todas sus valoraciones están fijadas conforme a sus requerimientos de satisfacción y provecho inmediato' (Carlos Borinsky, Psicopatía y responsabilidad penal, en L.L. 1989-E-465). En consecuencia, la denegatoria encuentra fundamento adecuado, compatible también con el delito cometido -robo con armas en despoblado y en banda con resultado de homicidio en concurso ideal-, cuya tipicidad manifiesta un alto grado de agresividad".

Decisión a mi juicio errónea, pues deja de lado toda consideración sobre evolución del sujeto durante la ejecución (precisamente lo que pretende la ley), decidiendo en base a cuestiones materia de un análisis anterior en el proceso. Estimo que la legislación vigente en materia de ejecución penal hace que en verdad en esta etapa, se tengan mayores seguridades que en otras como al momento de la condena. Ello se debe a que existen aquí dos claras premisas recogidas normativamente, las mencionadas resocialización y progresividad, que deberían darle a esta etapa una precisión de la que carece la cesura del juicio.

En efecto, como quieran que persistan cuestionamientos sobre el fundamento de la privación de libertad adjudicada por el Estado, el cumplimiento de la pena ha logrado hallar una regularización legal que tal vez recorta en algún punto la posibilidad de excursos teóricos y apunta concretamente a conseguir una disminución escalonada del tiempo de encierro a condición de que el interno responda favorablemente al tratamiento que se proyectó en base a sus condiciones personales.

De tal manera, al margen del cumplimiento de los requisitos objetivos (tiempo mínimo de ejecución cumplido y ausencia de otras causas donde interese su detención o condena pendiente), se deberá comprobar en cada caso también el de los subjetivos (es decir, gozar de conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación y contar con un concepto favorable del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional) para acceder a institutos como los previstos en el período de prueba.

Sostiene Luciano A. Covelli, en su trabajo La psicopatía en la Condena y en la Ejecución de la pena privativa de libertad (Revista de Derecho Penal. 2009-2 "Consecuencia Jurídicas del Delito II". pág. 335): "El concepto psiquiátrico de psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad ha evolucionado notablemente desde que comenzara a estudiárselo entre finales del siglo XIX y principios del XX hasta la actualidad. Así, hemos visto como en el aspecto médico las investigaciones han arrojado mayores dudas que certezas sobre su verdadera entidad, su diagnóstico y su casi nulo tratamiento, al punto tal que hoy día existen opiniones que rechazan tal categorización por ser sumamente vaga y esquiva, relegándola incluso a una mera calificación. Sin embargo, las características tradicionalmente atribuidas al psicópata como la dificultad para experimentar emociones, para proyectar una dimensión ética en los otros, para internalizar pautas objetivas de conducta y la agresividad, pueden efectivamente darse como rasgos de algunas personalidades aunque no importen una determinada patología".

Sentado ello caben los siguientes interrogantes: 1) Cómo determinar en este caso concreto un pronóstico de peligrosidad?. 2) El delito por el cual recayó la pena impuesta, es en realidad un reflejo de las características personales de C.?. 3) La extrema gravedad del ilícito, es tan sólo la forma en la que la peligrosidad de la persona se dejó traslucir?. En esa hipótesis 4) ¿podría alegarse que la denegación del beneficio sería exclusiva consecuencia de un determinado modo de ser? 5) ¿Podría alegarse que en la etapa de ejecución de la pena se estaría admitiendo un Derecho Penal de autor?. Tengo respuesta certera únicamente para esta última pregunta; y es negativa. Ya que aún con el más apegado respeto por el Derecho Penal de Acto, resulta indudable que la valoración de la personalidad del autor, debe mantenerse dentro de ciertos límites; es decir, únicamente pueden evaluarse aquellos aspectos de la personalidad que estén vinculados en forma directa al hecho que concluyó en la pena impuesta. Sin embargo, lejos se está de poderse estatuir esta conclusión, como regla para todos los casos de psicopatía dada la heterogeneidad de cualidades que se agrupan en tal denominación. La mentada heterogeneidad me hace desembocar en esta necesaria digresión, que intenta abordar el aparente dilema que actualmente deben afrontar los jueces penales en general, y los jueces de ejecución en particular; y que tiene su origen en la confluencia de dos vectores opuestos: por un lado la aplicación de la LEY (en el caso art. 13 del Código Penal y las normas ya citadas); y por el otro la proliferación psicológica de cada penado, propia de la naturaleza humana.

Se pretende que el juez acierte en cada caso (cuando concede una libertad en cualquiera de sus formas) de una manera certera, adivinando cualquier futura recaída en el delito. Se pretende en definitiva, que como un semidios adelante la certeza acerca de un comportamiento humano. Pregunto ¿quién está en condiciones de hacerlo?. Creo que nadie levantaría la mano. Ya hace mucho tiempo, Albert Camus abordó este tema con su genial maestría. Al valorar porqué, ni aún la pena de muerte es capaz de contener el crimen dijo: "Los instintos que se combaten en el hombre no son, como quiere la LEY, constantes fuerzas en estado de equilibrio. Son fuerzas variables que tan pronto mueren como triunfan, y en los cuales los desequilibrios sucesivos alimentan la vida del espíritu; como las oscilaciones eléctricas que suficientemente aproximadas establecen una corriente. Imaginemos la serie de oscilaciones por las cuales pasamos en una jornada (el deseo, la inapetencia, la decisión, el renunciamiento). Multipliquemos al infinito esas variaciones y tendremos una idea acerca de la proliferación psicológica. Esos desequilibrios son demasiados fugitivos para permitir a una sola fuerza reinar sobre el ser completo. Pero, suele suceder que una de las fuerzas del alma se desencadena, hasta ocupar todo el campo de la conciencia; ningún instinto, ni aún el de la vida, puede entonces oponerse a la tiranía de esa fuerza irresistible..." ("La pena de muerte, un problema siempre actual" Camus y Koestler, Pag. 128)..

En esa inteligencia, para que los jueces penales pudieran siempre acertar en este punto, "seria necesario que la naturaleza humana fuera diferente, y también tan estable y serena como la LEY misma. Pero sería entonces naturaleza muerta". Y lo dicho por Camus, entiendo que es aplicable a toda clase de personas.

Sin perjuicio de todo ello, voy a acompañar en la presente cuestión, y en el caso concreto, lo expuesto por la magistrada del primer voto, en tanto ha advertido con lucidez que J. L. C. adquirió la condición de penado hace poco más de seis años, como resultado del accionar impugnativo que sucesivamente realizó. Y que a partir de allí se originó estrictamente la potestad del Estado de someter al condenado C. al régimen del tratamiento resocializador; por lo que no puede desconocerse que comparado con todo el extenso período de encierro, el tiempo de sometimiento al régimen de tratamiento carcelario resocializador ha sido menor. Por lo que en virtud de las conclusiones del dictamen de fs. 208/vta., surge la necesidad de continuar con la implementación de instancias tratamentales institucionales a fines de revertir la inconveniencia de externación que emerge fundada en el mencionado informe.

Voto por la Afirmativa.

II

A la segunda cuestión planteada, la Dra. Piegari dijo:

Dada la unanimidad alcanzada en este Acuerdo al votar afirmativamente la cuestión que antecede, se impone la decisión de la segunda cuestión inicialmente planteada. Ahondando en el análisis de la misma, debo señalar que el tema en consideración consiste en definir si las resoluciones jurisdiccionales adquieren el imperio de efectividad de manera inmediata desde su pronunciamiento; o sí -por el contrario- su efectividad se encuentra diferida a la firmeza de la misma, es decir al tránsito legal impugnativo propio del control jurisdiccional. En términos particulares y simples, la cuestión planteada apunta a develar si la decisión adoptada precedentemente -por unanimidad- que en el ámbito del recurso de apelación, en cuanto revoca la decisión de grado que concedió la libertad condicional al condenado J. L. C. V., debe ser efectivizada de manera inmediata, o si su efectivización (implementación) y con ella la detención del condenado, deberá aguardar la firmeza de la decisión que aquí se adoptó.

Avanzando en el análisis de la presente cuestión, debo señalar el Código de Procedimiento Penal de la Pcia. de Buenos Aires, recepta como principio general en materia de impugnaciones que las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiere dispuesto la libertad del imputado (art. 431 del mentado cuerpo legal). De ello fácil resulta colegir que, conforme el principio aludido, por regla las resoluciones jurisdiccionales podrán ser ejecutadas, una vez firme, en tanto la vigencia del plazo o del trámite recursivo obsta a ello. Las excepciones a ese principio legal, están dadas por la disposición de la libertad del imputado (supuesto opuesto al contenido en la presente resolución), o por la previsión legal expresa de la excepción a ese principio.

Desde esta última perspectiva excepcionante del principio aludido, y en lo atinente al instituto de la libertad condicional, vale reseñar el contenido del art. 516 del C.P.P., en cuanto ante supuestos de revocación de libertad condicional conforme el Código Penal, se habilita -a consideración del magistrado interviniente- la detención preventiva del liberado hasta tanto se arribe a la resolución definitiva la cuestión. Y si bien, la norma específica en materia de libertad condicional, se refiere a supuestos de revocación por incumplimientos al régimen del mentado -supuesto diverso al motivante de la presente decisión-, no debe obviarse que la norma en materia vinculada a la revocación de una decisión que concedió oportunamente la libertad condicional, habilita la detención preventiva -leáse, cautelar- aún cuando no haya habido determinación del fondo de la cuestión, medida que encuentra exclusivo fundamento en el resguardo en el cumplimiento de la pena que se ejecuta, todo ello sin olvidar que para el Código Penal la libertad condicional importa un modo peculiar y atenuado de cumplimiento de pena de prisión, equiparable al encierro efectivo, en términos del agotamiento de penas restrictivas de la libertad de ejecución efectiva.

Contando con ese prisma y en relación a la cuestión en tratamiento, no puede soslayarse en la valoración, la pena pendiente de ejecución que pesa sobre C., que a la luz de la determinación del agotamiento de la pena prisión perpetua impuesta (según resolución -no firme- de esta Alzada de fs. 953/956 del principal), resulta absolutamente signiticativo el tramo temporal de cumplimiento de pena de prisión que le resta integrar para arribar a su agotamiento. Circunstancia que, indudablemente -en esta peculiar oportunidad procesal en la que nos hallamos- habilita su cautela procesal, a través de un efectivo encierro preventivo que resguarde estrictamente el tramo de pena que resta cumplir, sin que con ello se vea afectada la proporcionalidad que necesariamente debe existir entre ambos extremos, circunstancia que indudablemente legitima la imposición de una medida cautelar preventiva de encierro carcelario.

Pensarlo de otro modo, indudablemente lesionaría el sentido común, la equidad y la en el ámbito de la ejecución de la pena de prisión preceptos de derecho positivo, y sin olvidar que el motivo de la revocación de la libertad condicional que aquí se adopta -con la contundencia de la unanimidad de voluntades de este Acuerdo- ha estado fundado en cuestiones individuales del interno C. registradas durante su vida intramuros, que indican -según consejo especializado del Departamento Técnico Criminológico- la necesidad de la continuidad tratamental institucional carcelaria en el ámbito del cumplimiento de la grave pena que pesa sobre sus espaldas, razones que han derivado en la imposición del encierro efectivo malogrando -en esta oportunidad- la viabilidad del egreso anticipado, en su modalidad progresiva del encierro conocida como Libertad condicional. Retomando el razonamiento, si las invocadas y valoradas cuestiones individuales aludidas tuvieron idoneidad y entidad suficiente para conjurar el anticipo de la libertad del encausado C., derivando en la imperiosa necesidad de su continuidad en la vida carcelaria bajo dispositivos tratamentales que permitan trabajar desde la perspectiva resocializadora inherente al en el ámbito de la ejecución de la pena de prisión -instaurada con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico-; estimo resultaría un contrasentido con lo decidido, diferir el retorno al encierro carcelario del penado hasta tanto adquiera firmeza este decisorio, en tanto ese camino desvirtuaría el contenido de la decisión adoptada y con ello la entidad y validez de las razones fundantes de la misma.

Insisto, con la mayor claridad posible, si las razones esgrimidas fueron absolutamente relevante para concluir en la revocación de la decisión de grado, bajo ningún argumento podría sostenerse la viabilidad de la libertad condicional -hasta tanto el presente decisorio adquiera firmeza- cuando existen razones válidas que justifican su revocación; menos aún cuando debe primar la imperiosa necesidad -de parte del propio Estado- de no malograr el fin último del proceso penal que es el cumplimiento de la pena más grave que legalmente ha sido concebida por el ordenamiento, respecto de la cual -no puede olvidarse- le resta a C. un importante tiempo de cumplimiento desde la definición de su agotamiento -según decisorios de fs. 456 y 953/956 del principal-. Tampoco puede pensarse que el ámbito prolongado de tiempo que puede demandar el ejercicio del derecho recursivo en las diversas instancias legales, que en cabeza del encausado nacerá a partir de este decisorio, pueda atentar contra el cumplimiento de la pena de prisión perpetua, cuando existen razones suficientes y válidas que indican que el mismo debe -por el momento- desarrollarse en el ámbito del encierro carcelario, con expresa exclusión de una posible externación carcelaria.

En consecuencia, cúmulo de las razones expuestas, derivan en mi más íntimo convencimiento que se impone la inmediata efectivización de la decisión que precedentemente se adoptó de manera unánime en este Acuerdo, en cuanto se impone la revocación de la resolución de grado que otrora concediera la libertad condicional del condenado C. V., ello de modo cautelar respecto del tramo temporal de la pena de prisión perpetua que le resta cumplir al mencionado y sin perjuicio de la firmeza del presente decisorio (conforme arts. 431 y 516 del C.P.P). Así lo voto y de tal modo, se lo propongo a los jueces que integran este Acuerdo.

Consecuentemente a la cuestión planteada doy mi voto por la afirmativa, por ser ello mi sincera convicción (arts. 106,431, 434, 439, 440, 441, 516, 530, 531 y cc. del C.P.P.).

A la misma segunda cuestión planteada, el Sr. Juez, doctor Esteban Melilli, dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Piegari, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

A la misma segunda cuestión planteada, el Sr. Juez, doctor Ortiz, dijo:

Sin perjuicio de las atendible razones expuestas por la Sra. juez del primer voto, doy mi voto por la negativa.

Me remito para ello a los fundamentos exteriorizados al tratar la primera cuestión, y a la estricta manda del art. 431 del C.P.P., que establece que las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del imputado, como ha ocurrido en el presente caso en el carácter de libertad condicional.

Voto por la Negativa.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:

I.- HACER LUGAR al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia, REVOCAR, por UNANIMIDAD, la decisión de grado que concedió al condenado C. V. la libertad condicional, obrante a fs. 214/217 del presente, ello por los fundamentos expuestos (arts. 13 C.P., 511 y ss. del C.P.P., 103 y ccs. de la ley 12.256 y 28 y ccs. de la ley 24.660).-

II.- EFECTIVIZAR DE MANERA INMEDIATA -POR MAYORIA- la REVOCACION de la resolución aludida en cuanto concedió la libertad condicional del condenado C. V., ello sin perjuicio de la firmeza del presente decisorio. Disponiéndose, en su consecuencia, la DETENCION INMEDIATA del mismo, de modo cautelar respecto del tramo temporal de la pena de prisión perpetua que le resta cumplir al mencionado (conforme arts. 431 y 516 del C.P.P). A los fines de su cumplimiento, ofíciese al Sr. Jefe Departamental de Policía, encomendándole a su persona o a quien él designe, la detención efectiva del condenado J. L. C. V. (D.N.I. N°...), domiciliado en Carhue n° ... de Villa Tesei, partido de Hurlingham, y la notificación del presente decisorio, conforme normas del C.P.P. Hágase saber a la autoridad requerida que, una vez efectivizada la detención del mencionado, su detención deberá ser anotada a disposición de la Sra. Juez de Ejecución Departamental, concretándose su alojamiento -de manera provisoria- en una dependencia policial de este Departamento Judicial, hasta tanto la Magistrada aludida gestione -de modo urgente- el cupo carcelario correspondiente a su condición de penado.-

III.- Ante lo decidido supra y sin perjuicio de la firmeza del presente decisorio, efectivizada que sea la detención del condenado C. V., encomiéndese a la Juez interviniente en la ejecución de la pena de prisión perpetua, que una vez reintegrado el mencionado al sistema penitenciario de manera inmediata y continua se implementen las herramientas tratamentales institucionales indicadas por el Grupo de Admisión y Seguimiento y por el Departamento Técnico Criminológico en acta dictamen N°214/2017 de fecha 06/03/17, ambos organismos pertenecientes a la Unidad Penitenciaria N°2 de Sierra Chica, ello como un modo válido de tratar y trabajar sobre los aspectos que -por resultar desfavorables- obstaron la procedencia de la externación anticipada. Imponiéndose al primero de los organismos mencionados, la información trimestral de la evolución y seguimiento en la implementación de aquellos mecanismos tratamentales.-

IV.- Regístrese, cúmplase, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase el presente incidente al órgano de origen.

 

Dr. Andrés Francisco Ortiz

JUEZ DE CAMARA

Dra. Karina Lorena Piegari

JUEZ

Dr. Esteban Melilli

JUEZ

ANTE MI: Dra. Analia G. Bornic

SECRETARIA

 

Nota:

No intervino en la sentencia el Sr. Juez Dr. Carlos Mario Portiglia, integrante de esta Cámara de Apelación y Garantías, por encontrarse excusado en la presente por haber actuado como Defensor Oficial de J. L. C.- 

 

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